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Senado aprueba “ley antimemes”; oposición acusa censura

La bancada de Morena aseguró que la reforma no persigue la sátira humorística, sino combatir el plagio masivo y la desinformación generada mediante manipulaciones digitales

El Pleno del Senado aprobó en lo general la reforma conocida como “ley antimemes” que castiga con cárcel de hasta cinco años a quien promueva parodias con la identidad gráfica del gobierno.

La votación se definió con 72 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones. De esta manera se aprobó en lo general las reformas legales para combatir y sancionar la piratería y el uso de logotipos de cualquier institución de gobierno con fines comerciales.

Legisladores de la oposición bautizaron el dictamen como la “ley antimemes”, advirtiendo que la ambigüedad en la redacción atenta contra figuras clave de la cultura digital como la parodia, la sátira política y la libre recreación de imágenes.

Para la oposición, esta reforma abre la puerta para criminalizar la libertad de expresión.

Mayulli Martínez, del PAN, consideró que se trata de una nueva “ley censura”, porque si un ciudadano o un periodista hace un cartón con logotipos del gobierno, será sancionado con cárcel.

Por Movimiento Ciudadano (MC), la senadora Alejandra Barrales afirmó que, en un régimen democrático, “el poder tiene que aprender a convivir con la crítica. Una sociedad libre no se construye protegiendo al gobierno de memes y de parodias”.

Mientras que la bancada de Morena defendió que la reforma no persigue la sátira humorística, sino combatir el plagio masivo, la desinformación generada mediante manipulaciones digitales, la suplantación de identidad gráfica y la explotación comercial no autorizada del trabajo de creadores en México.

Reforma busca combatir la piratería y la falsificación física y digital
La propuesta tiene por objetivo combatir la piratería y la falsificación física y digital, así como también sancionar a quien copie, imite o use sin autorización logotipos, escudos, símbolos o sitios web gubernamentales de cualquier nivel, para engañar o confundir a las personas a gran escala.

Durante la sesión, se suavizó la propuesta original que planteaba hasta siete años de prisión y se bajó a cinco años. El dictamen fue modificado después de las advertencias vertidas por la posible censura que podría ocurrir en la publicación de memes y parodias, para delimitar las sanciones al uso comercial de elementos institucionales y cuando hay una intención de inducir al error o engaño.

La propuesta fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum a finales de mayo de 2026 y contempla modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI).

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de reformas, las cuales, de acuerdo con lo que ha señalado el gobierno federal, tienen como propósito fortalecer el marco penal en materia de propiedad intelectual y que se encuentre en sincronía con compromisos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
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https://grupoanimal.mx/politica/senado-ley-antimemes-oposicion-acusa-censura

DEA ubica al “Mayito Flaco” en CDMX y actualiza sus datos

La agencia antidrogas actualizó la ficha de búsqueda e identificó la capital mexicana como sitio donde el capo se mueve. Los registros oficiales modificaron los datos de estatura y peso del fugitivo

La Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos actualizó la ficha de búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, identificado con el alias de Mayito Flaco, e incluyó a la Ciudad de México como la ubicación donde fue localizado por las autoridades estadounidenses.

El reporte publicado por la oficina de la DEA en San Diego presentó una fotografía reciente y modificó los registros numéricos sobre la fisonomía del individuo, asignándole una estatura de 1.80 metros y un peso de 81.64 kilogramos.

La modificación en los archivos de la agencia antidrogas ocurrió el 30 de septiembre de 2026, un día después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitiera sanciones administrativas contra 21 personas físicas y 25 entidades corporativas vinculadas con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Los datos difundidos por la agencia de seguridad muestran una variación respecto a la descripción emitida por la misma institución el 23 de junio de 2023.

En aquella fecha, la DEA declaró a Zambada Sicairos como fugitivo de la semana y difundió una cédula de identificación que atribuía al sujeto una estatura de 1.75 metros y un peso superior a los 79 kilogramos, especificando su año de nacimiento en 1982, con tono de cabello y ojos color marrón.

Las autoridades estadounidenses indicaron entonces que la última presencia documentada del investigado había sido en territorio mexicano, sin precisar entidad o coordenada geográfica.

El expediente judicial contra Zambada Sicairos registra antecedentes procesales iniciados el 3 de febrero de 2022, fecha en que la DEA lo incorporó de manera formal a su nómina de fugitivos internacionales tras la radicación de acusaciones por conspiración para la distribución de sustancias controladas en la Corte Federal del Distrito Sur de California.

Investigaciones de los organismos de persecución penal señalan que las operaciones imputadas abarcan periodos comprendidos entre los años 2005 y 2014, con actividades extendidas hacia territorios de Asia, Canadá, Estados Unidos y Sudamérica.

Asimismo, documentos oficiales consignan que el señalado tramitó en el año 2001 la modificación legal de sus apellidos para registrarse bajo la identidad de Fernando Sicairos Aispuro.

La reestructuración en el mando de la organización delictiva se produjo en julio de 2024, momento en que se registró la detención en territorio estadounidense de su padre, Ismael Zambada García.

Tras dicho acontecimiento, Zambada Sicairos asumió la conducción de la facción de Los Mayos, lo que desencadenó disputas internas contra el grupo de Los Chapitos por el control de zonas operativas en el estado de Sinaloa y otras demarcaciones geográficas.

En el contexto de la ofensiva financiera del 29 de septiembre de 2026, el Departamento del Tesoro aplicó la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224 para ordenar la congelación de bienes e instrumentos patrimoniales de operadores logísticos, financieros y enlaces políticos en los municipios de Tijuana y Mexicali.

De manera paralela, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), procedió a la inclusión de los sancionados en la Lista de Personas Bloqueadas para inmovilizar cuentas bancarias en el sistema financiero nacional.

Un día posterior a las determinaciones del Tesoro, la ficha técnica de la DEA reiteró la condición de prófugo de la justicia para Zambada Sicairos, manteniendo a México como país de origen y señalando la localización en la capital del país como un dato de rastreo sin que esto represente la ejecución de un arresto formal o una aprehensión por parte de las fuerzas de seguridad.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.
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https://zetatijuana.com/2026/09/dea-ubica-al-mayito-flaco-en-cdmx-y-actualiza-sus-datos/

'Ya se está construyendo la exculpación' en el caso Ayotzinapa: Ángela Buitrago

La exintegrante del GIEI cuestionó que se prioricen las líneas sobre telefonía y funerarias mientras permanecen pendientes indagatorias sobre autoridades, inteligencia militar y tortura

Ángela María Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), advirtió que en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “ya se está construyendo la exculpación de varias de las líneas en donde es clarísimo que hay responsabilidad”, luego de que las autoridades presentaran nuevas líneas de investigación relacionadas con la telefonía de los jóvenes, funerarias y presuntos vínculos entre autoridades locales y grupos criminales.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Buitrago cuestionó que esas líneas, aunque pueden ser investigadas, sean presentadas como elementos novedosos cuando algunas llevan años dentro de las indagatorias. Consideró que esto puede desviar la atención de otras líneas que cuentan con información técnica y avances que deberían profundizarse.

“La verdad pues los elementos que ponen sobre la mesa en este nuevo informe terminan siendo etéreos, generan distracciones que en mi criterio debían ser miradas con mucho cuidado”, afirmó.

Sobre la investigación de los teléfonos de los estudiantes, explicó que el GIEI ya había documentado que los aparatos continuaron activos después de la desaparición y que se logró identificar a personas que estuvieron en posesión de algunos de ellos.

“Llegamos hasta incluso la determinación de personas que tuvieron en su mano los celulares. Hay declaraciones, hay verificaciones técnicas, hay seguimiento en términos de las personas que tuvieron los celulares de los chavos”, señaló.

Buitrago recordó que el segundo informe del GIEI documentó que los teléfonos de los estudiantes continuaron registrando actividad después de su desaparición y que los expertos realizaron trabajos para identificar las antenas con las que tuvieron comunicación.

Esto permitió establecer que los teléfonos “no estaban en poder de los chavos después, sino que estaban en poder de una serie de personas que tendrían que dar explicaciones”.

En cuanto a la línea relacionada con funerarias y posibles cremaciones, Buitrago consideró que debe abordarse con especial cuidado debido al impacto que tiene cualquier información sobre posibles restos en las familias de los estudiantes desaparecidos.

“Ni siquiera se ha verificado a quién pertenecen estos restos”, dijo al referirse a los restos óseos que fueron mencionados dentro de las nuevas indagatorias.

La exintegrante del GIEI señaló que expresiones como que fueron encontrados restos óseos, sin contar todavía con una identificación genética, pueden generar incertidumbre y expectativas entre los familiares.

“Se encontraron restos óseos, pero aquí a quiénes corresponde y eso significaría que tendríamos que tener información corroborada y clara para darle a los padres”, dijo.


Líneas sobre autoridades y fuerzas de seguridad

Buitrago sostuvo que existen otras líneas de investigación relacionadas con la actuación de autoridades estatales, municipales y federales que deberían continuar.

Mencionó que existen elementos técnicos para acreditar la presencia de integrantes de las fuerzas militares, de la entonces Procuraduría y del Ministerio Público estatal en zonas donde se desarrollaron hechos relacionados con los estudiantes durante la noche del 26 de septiembre de 2014.

“Tenemos evidencia técnica de que estas personas estuvieron en el momento en que fueron bajados los muchachos tanto del automotor o el camión que estaba en Palacio de Justicia como en la Juan N. Álvarez”, afirmó.

También señaló que existen declaraciones que pueden contribuir a establecer qué ocurrió con los estudiantes y hacia dónde fueron trasladados.

Buitrago hizo referencia además a información generada por los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI), incluido el CRFI de Iguala, y a comunicaciones que fueron analizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y por el comandante de esa institución.

De acuerdo con la exintegrante del GIEI, esa información incluye comunicaciones relacionadas con estudiantes que se encontraban en una cueva el 28 de septiembre de 2014, dos días después de la desaparición.

“Hay mucha información que nos permitiría, yo no estoy diciendo que se dejen líneas, al contrario, sino que se investiguen todas las líneas y que se miren a todos los presuntos responsables en este caso de la desaparición y que nos puedan dar información de hacia dónde se llevaron los muchachos”, planteó.

La exintegrante del grupo de expertos también mencionó evidencias relacionadas con una salida hacia Taxco, Huitzuco y la presencia de personas provenientes de Ciudad de México. Por ello, consideró que las líneas relacionadas con teléfonos, funerarias y la presencia de estudiantes en barandillas no deberían desplazar otras indagatorias.

Sobre los teléfonos, recordó que desde etapas anteriores de la investigación se había identificado a personas que los utilizaron después de la desaparición. “Quiénes tenían los teléfonos está conformado desde el cuaderno, calculo yo, 170 de la investigación, en donde inclusive se llevó a muchas personas a declarar porque se les encontraron los celulares en uso”, explicó.

Buitrago insistió en que la información que se presente públicamente debe estar comprobada y corroborada, particularmente cuando pueda tener consecuencias para las familias.

Cuestiona que no se investigue el supuesto montaje en Cocula

Buitrago también criticó que, si las autoridades concluyen que el basurero de Cocula fue utilizado para montar una versión de los hechos y encubrir la verdad, no se estén desarrollando líneas de investigación dirigidas contra los funcionarios que habrían participado en ese montaje.

“Ellos concluyen que el basurero de Cocula está demostrado que fue un montaje, que fue una actividad que se hizo para encubrir la verdad, pero no hay una sola línea de investigación que continúe las investigaciones sobre los funcionarios que montaron esta verdad”, afirmó.

Mencionó específicamente elementos relacionados con la presencia de policías estatales y de otras personas en el basurero y señaló que también permanece pendiente esclarecer qué ocurrió con Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que estuvo en el río San Juan y que actualmente se encuentra fuera del país.

Para Buitrago, estos asuntos forman parte de una serie de elementos que, pese a estar documentados, no han derivado en consecuencias jurídicas.

También cuestionó la utilización de testimonios de personas que, según dijo, habían declarado previamente en sentido distinto y posteriormente fueron incorporadas como testigos de cargo. En particular, se refirió a una magistrada del tribunal administrativo que declaró cuatro veces durante la investigación.

“Eso es falso testimonio clarísimo y nunca ha seguido una investigación ni una línea de investigación por las mentiras que dijo en su momento de que no conoció los vídeos cuando sí los conoció, los tenía, los tuvo”, sostuvo.

Buitrago vinculó este punto con los videos de las cámaras del Palacio de Justicia, que consideró una fuente de información relevante para esclarecer lo ocurrido con los estudiantes.

La exintegrante del GIEI también se refirió a la utilización de inteligencia artificial para analizar la investigación y señaló que puede ser una herramienta útil, pero no sustituye el conocimiento acumulado durante años.

Explicó que el expediente está compuesto por más de 2 mil 500 tomos, además de otros expedientes relacionados, y que la investigación se encuentra fragmentada en más de 250 averiguaciones previas, investigaciones abiertas, juicios e indagatorias.

“La inteligencia artificial nos sirve para muchas cosas, pero quien no tenga el contexto y no tenga la claridad de lo que ha pasado durante todos estos años en una investigación de esa naturaleza también puede perder elementos fundamentales que llevarían a la responsabilidad que debe hacerse en un delito de esta naturaleza”, afirmó.

Recordó que los siete informes elaborados por el GIEI contienen elementos probatorios y que, además, quedaron alrededor de 900 solicitudes de investigación relacionadas con distintas líneas.

“Nosotros no somos dueños de esas investigaciones, somos parte de un grupo que pidió el gobierno mexicano con los padres de familia”, señaló.

Afirmó que el grupo entregó información y planteó líneas de investigación que todavía pueden ser utilizadas por las autoridades. También sostuvo que después de la salida del GIEI se entregaron 33 folios adicionales y consideró que esto demuestra que existía información que todavía no había sido incorporada a la investigación: “Así sea un folio más tienen esa información”.

Buitrago sostuvo que los órganos de inteligencia pueden contar con información obtenida mediante distintas herramientas y mencionó los sistemas de georreferenciación, Pegasus e infiltración, entre otros mecanismos.

Según la exintegrante del GIEI, esa información podría incluir comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades presuntamente cooptadas.

Sobre la posibilidad de incorporar a nuevos expertos internacionales a la investigación, Buitrago consideró positivo que se sumen especialistas de otros organismos y países, siempre que su participación contribuya a profundizar las indagatorias existentes. “A mí con tal de que lleguen a sumar pueden venir de cualquier parte”, afirmó.

Mencionó la posibilidad de que participen especialistas impulsados por Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) o Amnistía Internacional, entre otros organismos.

“Que lleguen todos, bienvenidos, no sólo la ONU, la OEA, Amnistía Internacional, ojalá, pero que lleguen a sumar y desde ese punto de vista que no se resten los elementos que ya están demostrados en la investigación”, señaló.

Buitrago insistió en que cualquier nuevo equipo necesitará tiempo para estudiar la investigación y conocer el trabajo acumulado durante más de una década.

Explicó que incluso con herramientas de inteligencia artificial para resumir documentos, el análisis de las hipótesis y líneas de investigación requiere conocer el contexto completo del expediente.

Sostuvo que no se puede establecer una conclusión definitiva mientras permanezcan abiertas líneas de investigación relevantes. “Mientras no se agoten todas las líneas y todas las hipótesis nadie puede concluir realmente qué pasó en cada una de las partes de los intervinientes”, señaló.

La exintegrante del GIEI sostuvo que existen elementos relacionados con autoridades municipales, estatales y federales y que la investigación debe determinar qué ocurrió y quiénes tuvieron participación.

Cuestionó las consecuencias que han tenido los casos de tortura documentados dentro de la investigación y la falta de indagatorias contra quienes habrían participado en esos hechos. Se refirió particularmente a las resoluciones judiciales relacionadas con personas procesadas por el caso y rechazó que se atribuya su liberación a una decisión discrecional de los tribunales.

“Quienes torturan son criminales y el Estado no puede ser criminal”, dijo, al tiemp que señaló que existen al menos 17 personas cuya tortura habría sido confirmada, por lo que deben investigarse las responsabilidades correspondientes.

“¿Qué pasó contra los que torturaron? Están todas las evidencias, están los videos”, concluyó.

FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 29 SEPTIEMBRE 2026.
ENLACE: 
https://aristeguinoticias.com/2909/mexico/ya-se-esta-construyendo-la-exculpacion-en-el-caso-ayotzinapa-angela-buitrago/

Caso Ayotzinapa: Familia de Julio César Mondragón exige a la CIDH acciones para esclarecer el crimen

Los familiares urgieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dar respuesta al litigio emprendido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el que piden que se considere la tortura a la que fue sometido el normalista antes de morir

A 12 años de los ataques armados contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, la familia de Julio César Mondragón Fontes, joven asesinado cuyo rostro desollado se viralizó la mañana del 27 de septiembre de 2014, exigió el esclarecimiento pleno de las circunstancias de su muerte y del hallazgo de su cuerpo.  

A través de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC), los familiares urgieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dar respuesta al litigio emprendido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el que piden que se considere la tortura a la que fue sometido el normalista antes de morir.

En un comunicado, la organización que es encabezada por el obispo Raúl Vera López, recordó que hace 12 años el normalista de 22 años originario de Tenancingo, Estado de México, “fue perseguido tras el ataque armado contra sus compañeros en el cruce de Juan N. Álvarez y Periférico Norte”, en Iguala, y a la mañana siguiente fue localizado sin vida con el rostro desollado y múltiples fracturas.

“Doce años después, no se sabe con certeza quiénes lo privaron de libertad, quiénes lo torturaron y lo asesinaron ni qué autoridades supieron de ello”, puntualizó la RSDCIAC, tras señalar que a la fecha las autoridades no han reconocido que antes de su muerte el joven fue torturado, como concluyó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). 

La organización resaltó que en la investigación de la muerte de Mondragón Fontes, tampoco se han esclarecido “las contradicciones en los reportes militares sobre el lugar, la hora y las personas que encontraron su cuerpo”.  

La RSDCIAC explicó que ante las deficiencias en la investigación, en representación de la madre del estudiante asesinado, Afrodita Mondragón Fontes, el 16 de diciembre de 2022 presentó la petición P-2382-22 ante la CIDH. 

El organismo regional notificó el traslado de la petición al Estado mexicano el 27 de diciembre de 2023, sin que el gobierno mexicano haya dado respuesta al documento, según le informó la CIDH a la familia Mondragón Fontes el 12 de agosto de 2024.  
“El silencio del Estado ante la CIDH no es un trámite pendiente; es la continuación de la misma impunidad que ha marcado este caso desde la noche de Iguala”, señaló la Red Solidaria en su comunicado.  
Ante las omisiones, la RSDCIAC exigió a la CIDH emitir “a la brevedad el informe de admisibilidad de la petición P-2382-22”, y de ser posible “que acoja la solicitud de acumular admisibilidad y fondo ante la falta de respuesta del Estado”.
A las autoridades responsables de la indagatoria de la muerte de Julio César, la organización pidió que se “reclasifique la investigación reconociendo la tortura y la ejecución extrajudicial”, así como que se investigue “a todos los actores y niveles de responsabilidad, incluida la actuación de las fuerzas armadas, y se esclarezcan las circunstancias del hallazgo del cuerpo”.
Los representantes de los familiares de Julio César Mondragón Fontes exigieron también “la reparación integral a su familia y el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado, con garantías de no repetición”.

“A 12 años, la familia de Julio César sigue esperando verdad y justicia. Ni perdón ni olvido”, concluyó el pronunciamiento firmado por los representantes de los familiares, Ericka Zamora Pardo, Ernesto Rodríguez Cabrera y Magdalena López Paulino.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
ENLACE: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/9/28/caso-ayotzinapa-familia-de-julio-cesar-mondragon-exige-a-la-cidh-acciones-para-esclarecer-el-crimen-380818.html

Padres de los 43 no fueron convocados al informe de Ayotzinapa; Sheinbaum dice que ya conocían los avances

La presidenta aseguró que el contenido del reporte ya había sido presentado a los familiares en agosto. El abogado de los padres sostuvo días antes que no conocían el informe que el gobierno presentará este lunes

Las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa no fueron convocados a la presentación pública del nuevo informe sobre los avances de la investigación, confirmó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum, quien argumentó que los familiares ya conocían su contenido.

Sostuvo que el reporte que presentarán autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de la República contiene información que ya fue expuesta a los padres durante la reunión que sostuvo con ellos el pasado 27 de agosto en Palacio Nacional.

Sin embargo, el abogado de las familias, Isidoro Vicario Aguilar, afirmó el pasado viernes que los padres no conocían el contenido del nuevo informe y que durante la reunión de agosto únicamente recibieron información sobre las últimas detenciones, acciones de búsqueda e investigaciones relacionadas con telefonía celular.

El abogado también señaló que los familiares no habían recibido el documento completo que sería presentado públicamente este lunes.

La diferencia entre ambas versiones ocurre cuando se cumplen 12 años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014.

El gobierno federal ha insistido en que la presentación de este informe no implica el cierre de la investigación. Sheinbaum afirmó que se expondrán nuevas líneas de investigación, las detenciones realizadas y las pruebas que sustentan esas líneas.

Los familiares, por su parte, han reclamado avances que permitan establecer el paradero de los 43 estudiantes y han insistido en mantener abiertas las líneas de investigación, incluida la relacionada con la actuación del Ejército.

“Estamos muy desgastados”: Sinaloa reclama paz y apoyo económico tras la visita de Sheinbaum

La presidenta prometió mantener las fuerzas federales y gestionar recursos extraordinarios. Empresarios y agricultores entrevistados por Animal Político describen el desgaste de dos años de violencia, mientras Mazatlán enfrenta un repunte de asesinatos

La promesa de respaldo llegó a una ciudad que una semana antes había salido otra vez a pedir paz. El 13 de septiembre, miles de personas marcharon por Culiacán al cumplirse dos años de la guerra entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, las dos facciones del Cártel de Sinaloa enfrentadas tras el secuestro del capo Ismael “El Mayo” Zambada y su posterior entrega a Estados Unidos. El domingo 20, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó la capital sinaloense y anunció que las fuerzas federales permanecerán en el estado, junto con nuevas medidas de apoyo económico.

Entre quienes participaron en la movilización estuvo Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa. En entrevista con Animal Político, la empresaria describe lo que hay detrás de la exigencia de seguridad: miles de negocios que han consumido sus ahorros para mantenerse abiertos o que ya tuvieron que cerrar, familias que se separan y habitantes que se van del estado porque ya no encuentran cómo sostenerse.

“Ya estamos desgastados todos: anímicamente, económicamente. Familias perdidas, familias desgarradas”, lamenta durante la conversación con este medio.

En el campo, Martín Lim, productor del Valle de Culiacán y Navolato e integrante de Campesinos Unidos de Sinaloa, habla de otra combinación: deudas, apoyos pendientes y grupos armados que, denuncia, despojan a sus compañeros de maquinaria, cosechas y tierras.

“Nosotros no tenemos nada que ver con ellos, pero estamos en medio de su guerra”, resume.

Las dos entrevistas muestran reclamos que van más allá del despliegue de soldados: poder trabajar, sembrar y pagar una nómina. Aunque ambos cuestionan la respuesta institucional, sus expectativas frente a Sheinbaum son distintas. Martha exige resultados y no más promesas, y acusa simulación tras la acusación de vínculos con el narco que hizo el gobierno de Estados Unidos en contra de  diez políticos sinaloenses, incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Martín, por su parte, conserva la confianza en la presidenta, pero considera que sus colaboradores no le transmiten la gravedad de los problemas.

“La injerencia no resuelve problemas, los crea”

El respaldo federal se expresó el 20 de septiembre en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa. Como parte de su gira por el segundo informe de gobierno, Sheinbaum aseguró que no retirará a los elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina mientras sean necesarios, y refrendó su apoyo a la gobernadora Graciela Domínguez Nava.

También anunció visitas de integrantes de su gabinete para atender directamente las demandas de la población, recursos extraordinarios mediante Hacienda, apoyos al campo, 20 nuevas preparatorias y un mes adicional de subsidio eléctrico. El 21 de septiembre, Domínguez precisó que la ampliación del subsidio se contemplaba, de manera tentativa, a partir de abril de 2027.

Durante su visita, la presidenta vinculó la violencia con la intervención extranjera: “la injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia”.

Al día siguiente, en la conferencia matutina, atribuyó la escalada al rompimiento del grupo criminal tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, en un señalamiento al papel de Estados Unidos. Sostuvo que esa violencia se ha contenido, aunque reconoció que Sinaloa mantiene niveles delictivos importantes. También aclaró que su explicación no significa renunciar a detener a quienes cometen delitos: defendió que la información extranjera se utilice mediante las instituciones mexicanas.

Martha rechaza que esa explicación sea suficiente. En su lectura, la crisis también responde a las omisiones de las autoridades mexicanas.

“Esto ya era una bomba de tiempo. Tarde o temprano iba a explotar”, plantea. A su juicio, los apoyos sociales tampoco resuelven por sí solos el deterioro de los negocios: reclama créditos accesibles y facilidades fiscales para evitar más cierres.

La marcha del 13 de septiembre reunió precisamente a sectores afectados de distintas maneras. Según la cobertura de Noroeste, colectivos de búsqueda, familiares de víctimas, empresarios, agricultores y otros ciudadanos recorrieron la avenida Álvaro Obregón, desde La Lomita hasta Catedral. Los organizadores calcularon alrededor de 50 mil asistentes; Martha estima en esta entrevista más de 35 mil. Ambas son estimaciones de participantes y organizadores, no un conteo independiente.

“Si no hay oportunidades para generar empleos y que esa gente pueda llevar el sustento a sus familias, pues se van”, señala la dirigente empresarial.

La violencia repunta en Mazatlán

El saldo de la violencia permite dimensionar ese reclamo. En su reporte publicado el 25 de septiembre, Noroeste presentó un acumulado de 3 mil 892 muertes violentas, 4 mil 424 personas privadas de la libertad y 12 mil 570 vehículos robados. El recuadro del diario fija el periodo del 9 de septiembre de 2024 al 23 de septiembre de 2026. Se trata de un seguimiento periodístico elaborado con fuentes oficiales, colectivos de búsqueda y trabajo de sus reporteros.

La cifra de privaciones de la libertad requiere una distinción: no equivale automáticamente al número de personas que continúan desaparecidas. El reporte no ofrece un desglose actualizado de cuántas fueron localizadas. Por ello, ese acumulado no debe presentarse como un registro de personas que siguen sin volver a casa.

El gobierno federal, por su parte, destaca una reducción de la violencia homicida respecto de 2025. El informe presentado el 8 de septiembre por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, registró una caída de 26.1 % en el promedio diario de homicidios dolosos de Sinaloa al comparar enero-agosto de 2026 con los mismos meses del año anterior. En ese balance, el estado acumulaba 866 homicidios y ocupaba el cuarto lugar nacional por número de casos.

La mejora frente al año pasado convive con un deterioro más reciente en el sur del estado. Noroeste documentó que Mazatlán pasó de alrededor de 36 homicidios dolosos en julio a 61 en agosto: un incremento aproximado de 69 %. El diario recordó que, según el vicefiscal regional Isaac Aguayo Roacho, entre enero y junio el municipio registraba de cinco a nueve homicidios mensuales.

La violencia contra las mujeres también aumentó. Para agosto, Noroeste contabilizó 12 casos que identificó como feminicidios en Mazatlán, mientras que el registro de la Fiscalía citado en esa nota sumaba siete hasta el día 30 y otro caso ocurrido el 31. La diferencia entre ambos conteos impide tratarlos como una misma estadística.

A escala estatal, la información de la Fiscalía recogida por Línea Directa reportó 122 homicidios dolosos y 20 feminicidios en agosto. Los homicidios aumentaron respecto de los 106 de julio, mientras que las denuncias por robo de vehículos bajaron de 256 a 245. Es decir, los delitos no evolucionaron de la misma manera.

Para Martha, incluso los periodos de menor incidencia no han disipado la incertidumbre. Reconoce que percibió una baja de algunos delitos, pero cuestiona que se atribuya a una estrategia que, desde su perspectiva, no ha devuelto la tranquilidad a la población.

La visita presidencial ocurrió después de un nuevo reforzamiento de seguridad. El 18 de septiembre, el Gabinete de Seguridad informó que Sinaloa ya tenía más de 20 mil elementos federales desplegados. El refuerzo incluyó a 836 integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mil efectivos de Marina y mil 600 de Defensa, destinados a fortalecer las operaciones en Mazatlán y los principales tramos carreteros del estado.

Las autoridades sostienen que este reforzamiento sí está produciendo resultados. El 22 de septiembre, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó de la detención en Mazatlán de Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, junto con otras tres personas. Lo identificó como presunto operador de “Los Chapitos”, relacionado con la logística y los recursos de esa facción, además de privaciones de la libertad.

El viernes 25 reportó otros resultados de operativos realizados el día anterior en el puerto: ocho detenidos, 19 armas de fuego, 14 artefactos explosivos, más de 2 mil cartuchos y 415 pastillas de fentanilo. Señaló que el refuerzo continuaba por instrucciones de Sheinbaum.

Ese mismo viernes, la gobernadora Domínguez Nava afirmó en Mazatlán que los hechos de alto impacto habían disminuido tras el trabajo con el gabinete de seguridad. Reconoció, sin embargo, que la tarea no estaba concluida y que los operativos debían mantenerse, con atención especial en Mazatlán y Escuinapa.

Entre las deudas y el miedo a sembrar

El reclamo empresarial también tiene una dimensión presupuestal. Martha dice que ha pedido a Domínguez gestionar créditos blandos y alivios fiscales ante la Federación.

“Porque o pagas los impuestos o pagas la nómina”, resume. “No hay de otra”.

La gobernadora anunció el 21 de septiembre que solicitaría recursos a Hacienda para fortalecer el Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad y ampliar las capacidades del centro de vigilancia estatal, del C4i al C5i. Explicó que pospuso la presentación del plan para incorporar propuestas sociales y asegurar respaldo presupuestal. El comunicado no detalló el monto requerido.

El 25 de septiembre, después de reuniones con sectores productivos en Mazatlán, Domínguez sostuvo que las necesidades económicas requieren medidas específicas para cada actividad, además de dinero. Reiteró que revisaría con Hacienda una posible ampliación presupuestal, principalmente para seguridad, y anunció continuidad a las mesas con agricultores, pescadores y empresarios.

En las parcelas, la espera tiene consecuencias concretas, según Martín Lim. Afirma que algunos productores venden tierras y maquinaria para pagar deudas. En su caso, estima en 5 mil 600 pesos el costo de producir una tonelada de maíz en tierra propia, frente a los 3 mil 900 que recibió por venderla, antes de sumar los apoyos. “Los números no dan”, resume.

A ese problema económico se añaden los despojos. El productor aclara que los hechos que relata les ocurrieron a compañeros, no a él personalmente. Describe amenazas de hombres armados para impedir que los agricultores regresen a sus tierras o recojan sus cosechas.

“Ya te quitaron la tierra, ya te quitaron un tractor, un camión para levantar la cosecha, una cosechadora, pero no te quitaron la vida. Dices tú: ‘No, pues prefiero mi vida’”.

Lim dice que participó en la protesta de agricultores durante la visita presidencial: levantaron las vallas para hacer llegar sus exigencias a Sheinbaum. Interpreta la reacción de la mandataria como una señal de que sus subordinados no la mantienen informada. Es su percepción del encuentro.

“Yo sí estoy creyendo en un cambio a partir de la vista de Sheinbaum”, sostiene. “Ella le está poniendo ganas, pero como que sus subalternos no le están poniendo tantas ganas”.

En particular, reclama la demora del apoyo estatal de 400 pesos por tonelada de maíz, comprometida por el gobernador con licencia Rocha Mocha, aunque reconoce que hay pagos: “A cuentagotas, pero los están entregando”.

La contraparte oficial reconoce pendientes. El 22 de septiembre, el subsecretario estatal de Agricultura, Ramón Gallegos Araiza, dijo a Línea Directa que se agilizaría la dispersión y explicó que el apoyo de 400 pesos no estaba incluido en el presupuesto de 2026, por lo que se pagaba conforme ingresaban recursos de la recaudación. Su previsión era avanzar sustancialmente esa semana, incluso concluir; esa declaración no acredita por sí misma que todos los productores hayan cobrado.

La visita de la secretaria federal de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, anunciada por Sheinbaum, también tuvo seguimiento: el 25 de septiembre, la gobernadora informó de tres días de trabajo de esa dependencia en el estado y del compromiso de retomar las mesas con los sectores productivos en un mes.

Para Martín, el apoyo económico y la seguridad son condiciones inseparables para volver a sembrar. Su descripción del dilema no depende de una estadística:

“Si no siembras, te mueres de hambre. Y si siembras, te quitan tu camioneta, te la queman; te quitan tu tractor, te lo queman. El campo sinaloense está agonizando”.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: MANU URESTE.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/estados/sinaloa-pide-paz-apoyo-economico-visita-sheinbaum

Monreal pide aceptar resultados de encuestas de Morena y preservar la unidad rumbo a 2027

Ricardo Monreal llamó a respetar los resultados de las encuestas de Morena para definir sus coordinaciones estatales y a preservar la unidad del movimiento rumbo a las elecciones de 2027, en medio de diferencias con el PT

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, llamó este lunes a respetar los resultados de las encuestas con las que su partido define las coordinaciones estatales y a preservar la unidad del movimiento, en medio de las diferencias con el Partido del Trabajo (PT) por el proceso de selección de perfiles rumbo a las elecciones de 2027.

En un video difundido a través de sus redes sociales, el legislador se refirió a la jornada de hoy en la que la dirigencia nacional de Morena prevé designar a los siete coordinadores estatales que aún están pendientes de definición.

“Deseo que todo sea aceptado y que la encuesta sea respetada de quien resulte, solo cuidando la unidad, que es lo que tenemos que lograr”, dijo Monreal.

Pugna por las candidaturas de 2027

Su posicionamiento ocurre después de que Morena y el PT han expresado diferencias por el método utilizado para definir a los perfiles que encabezan las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, que posteriormente quedarán perfilados para las candidaturas de Morena en las elecciones de 2027.

Morena ya presentó diez coordinaciones estatales, mientras que el PT ha sostenido que todavía debe realizarse una medición que incluya a sus propuestas. La dirigencia morenista, en cambio, ha señalado que los nombres de los partidos aliados sí fueron incluidos en las encuestas, pero no superaron el primer filtro.

El valor estratégico de la alianza

En días anteriores, Monreal había planteado mantener la alianza entre ambos partidos y señaló que los legisladores del PT, al igual que los del PVEM, han sido necesarios para que el oficialismo reúna los votos requeridos para aprobar reformas constitucionales. En ese contexto, llamó a alcanzar acuerdos para conservar la coalición electoral rumbo a 2027.

Las diferencias se hicieron públicas después de que el PT no acompañó la presentación de algunas de las personas anunciadas por Morena como coordinadoras y coordinadores estatales y reclamó que sus propuestas fueran consideradas en una segunda encuesta.

Entre los casos mencionados estuvieron Zacatecas, donde Morena designó a Verónica Díaz frente a la propuesta petista de Geovanna Bañuelos, y Michoacán, donde la coordinación quedó a cargo de Carlos Torres Piña, mientras el PT respaldaba a Raúl Morón.

El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, planteó además la posibilidad de que su partido postulara a personas inconformes con las decisiones de Morena y advirtió que podría competir por separado si no eran atendidos sus reclamos. Hasta el 25 de septiembre, el PT no había anunciado una ruptura ni alguno de los aspirantes mencionados había aceptado una candidatura petista.

Balance del proyecto político

En su video de este lunes, después de referirse al proceso de selección de coordinaciones estatales, Monreal abordó el balance de la llamada Cuarta Transformación y las reformas aprobadas durante la actual legislatura.

Monreal destacó el discurso pronunciado el domingo por la presidenta Claudia Sheinbaum y señaló que, desde su perspectiva, la actual legislatura se convirtió en los hechos en un Congreso constituyente por la cantidad de reformas aprobadas, así como por su contenido y naturaleza.

El coordinador de Morena sostuvo que durante este periodo se revirtió la tendencia neoliberal que, afirmó, se había construido en las décadas anteriores a 2018. A partir de ello, planteó la continuidad de la agenda política de su movimiento.

“Por eso hay que seguir avanzando y seguir construyendo la agenda progresista y liberal que nos propusimos desde hace muchos años, muchas décadas y que ahora estamos concretando”, afirmó.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: 
https://grupoanimal.mx/politica/monreal-resultados-encuestas-morena-preservar-unidad-2027

Morena designa a Lorenia Valles para Sonora y supera su cuota de género para candidaturas

Morena supera la cuota de género que se había propuesto para las 17 gubernaturas, pues con dicha designación alcanzó a 10 coordinadoras territoriales (de al menos nueve que había propuesto)

Lorenia Valles, cercana al actual gobernador Alfonso Durazo, ganó la carrera interna por la coordinación territorial de la 4T para la eventual candidatura de Sonora.  

El anuncio se dio en medio de una disputa de porras de las comitivas de las y los aspirantes Celida López y Javier Lamarque. López evitó dar declaraciones, a pesar de que se le vio llorando durante la presentación. Mientras que Lamarque aseguró que está conforme con el resultado y que se sumará a lo que requiera la 4T.

Con este anuncio, Morena supera la cuota de género que se había propuesto para las 17 gubernaturas, pues con dicha designación alcanzó a 10 coordinadoras territoriales (de al menos nueve que había propuesto): Sonora, Tlaxcala, Nayarit, Guerrero, Zacatecas, Sinaloa, Colima, Baja California, Nuevo León y Aguascalientes.

PAN-CDMX propone observatorio ciudadano para vigilar a sus cinco alcaldías rumbo a 2027

La instancia estaría integrada por vecinos, especialistas y organizaciones sociales con el fi de evaluar a los gobiernos panistas en las demarcaciones

A dos semanas del inicio formal del proceso electoral de 2027 en la Ciudad de México, el PAN capitalino propuso crear un Observatorio Ciudadano Autónomo para vigilar y evaluar el desempeño de los cinco gobiernos de alcaldía que encabeza el partido.

La propuesta fue presentada por Miguel Errasti, secretario de Gobierno del PAN CDMX, como parte de #EscuchandoAvanzamos, una estrategia que el partido puso en marcha en enero para evaluar sus gobiernos, recoger las demandas de los vecinos y construir su ruta legislativa y de gobierno rumbo a las elecciones de 2027. 

El anuncio ocurre después de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México declaró formalmente el inicio del proceso electoral local el 8 de septiembre. El 6 de junio de 2027 se elegirán 16 alcaldías, 204 concejalías y 66 diputaciones al Congreso capitalino. 

El PAN gobierna actualmente Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Coyoacán, alcaldías que obtuvo en 2024 como parte de la alianza con PRI y PRD.

La propuesta de Errasti plantea que el observatorio esté integrado por vecinos, especialistas, académicos, organizaciones sociales y ciudadanos, con reglas de participación, transparencia y acceso a la información.

Sus funciones serían vigilar obra pública, contratos, servicios, presupuesto, programas y cumplimiento de compromisos; evaluar los resultados de las políticas públicas; proponer recomendaciones, e informar mediante reportes ciudadanos sobre las acciones realizadas, los recursos ejercidos y sus resultados.

Monitoreo de políticas

La figura propuesta por el PAN tiene antecedentes en la propia Ciudad de México. El IECM establece que los observatorios ciudadanos son órganos plurales y especializados de participación que pueden funcionar de manera autónoma e independiente y que tienen entre sus objetivos vigilar, analizar y difundir información sobre asuntos públicos, así como monitorear y evaluar políticas y fenómenos de interés general. 

Sin embargo, el planteamiento presentado por Errasti no detalla todavía cómo se integraría el organismo, qué mecanismos garantizarían su autonomía, quién definiría sus indicadores, cómo se financiaría o si buscaría registrarse ante el IECM. 

“No se trata solamente de decir si un gobierno lo está haciendo bien o mal. Se trata de tener herramientas ciudadanas para saber qué funciona, qué no funciona y qué tenemos que cambiar”, señaló Errasti.

El PAN plantea que el observatorio permita pasar de la escucha al seguimiento y comprobar si las soluciones implementadas por los gobiernos producen resultados. 

“La ciudadanía no debe ser consultada solamente cuando llegan las elecciones. Debe tener herramientas para vigilar, evaluar, proponer e informar durante todo el tiempo que dura un gobierno”, afirmó Astrid Espinosa, secretaria de Formación y Capacitación del PAN CDMX. 

La propuesta se presenta en un escenario en el que PAN y Morena se disputan el control político de la capital rumbo a 2027. El PAN mantiene cinco de las 16 alcaldías, mientras las fuerzas de oposición y Morena han comenzado a definir alianzas y estrategias para la elección.

En septiembre, la dirigencia panista capitalina dejó abierta la posibilidad de competir con el PRI o hacerlo sin ese partido.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2026/9/28/pan-cdmx-propone-observatorio-ciudadano-para-vigilar-a-sus-cinco-alcaldias-rumbo-a-2027-380796.html

Oaxaca investiga a seis autoridades por posibles nexos con el crimen organizado

Las indagatorias se suman al caso del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, detenido como parte de la Operación Sable

Además del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, ya detenido, la Fiscalía general del estado tiene seis carpetas de investigación en proceso en contra de otras autoridades municipales por sus posibles nexos con la delincuencia organizada, dijo el titular Bernardo Rodríguez Alamilla. 

Reconoció que, en los últimos cuatro años, se han cometido 957 homicidios dolosos en la región del Istmo de Tehuantepec, de los cuales dijo estimar que un 70% de esos están relacionados con este grupo delincuencial denominado “Los Cromos”, que opera como un brazo operativo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Los municipios en los cuales operan Los Cromos son:  Juchitán de Zaragoza, Tehuantepec, Salina Cruz, Ixtepec, Espinal, Magdalena Tequisistlan y Unión Hidalgo, donde realizan actividades ilícitas como el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso, los homicidios, secuestro y portación de armas. 

Respecto al caso de Juchitán de Zaragoza que derivó en la detención de Miguel Sánchez Altamirano alias “Quetu” y a Carlos Alberto Paz López “La Parka”, así como del ex comisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, Jhon Keni Moreno Segura, el Fiscal señaló que las acciones resultaron del trabajo realizado durante 11 meses a través de la Operación Sable; 250 personas han sido detenidas en total, entre ellos operadores financieros y de confianza ligados al “comandante Cromo”.

Recalcó que este trabajo se viene realizando de manera conjunta con la Federación, y particularmente en las últimas intervenciones también con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, Omar García Harfuch. 
“En estas últimas justamente dieron por origen la detención de tres personas, entre ellas, el presidente municipal, el ex comisionado también de la Secretaría de Seguridad, el municipio de Juchitán y una tercera persona que tenemos identificada también como agente generador de violencia en esta región", dijo Bernardo Rodríguez. 
Mencionó que el presidente municipal solicitó la ampliación del término constitucional para ofertar pruebas, por lo que se le programó para el martes 29 de septiembre, mientras tanto quedó en prisión preventiva oficiosa, mientras que Jhon Keny su audiencia se programó para el día 30 de septiembre.

Los detenidos son acusados de extorsión agravada y delitos cometidos contra la investigación y seguridad del Estado. 

El presidente municipal de Juchitán fue recluido en el penal del Altiplano y La Parca en Perote, Veracruz.

Informe Ayotzinapa del gobierno apunta a red criminal en funerarias

Las autoridades lograron identificar y detener a un testigo que se desempeñó como vigilante a los 14 años para la organización criminal, que presuntamente se desempeñaba como 'halcón'

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación presentaron cuatro nuevas líneas de investigación científica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que permitieron detener al exgobernador de Guerrero y descubrir una red criminal vinculada a servicios funerarios.

El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial Mauricio Pazarán explicaron que la indagatoria reanalizó documentos y registros telefónicos acumulados durante 12 años mediante nuevas tecnologías.

El reanálisis telefónico de las comunicaciones ocurridas en septiembre de 2014 identificó a 17 nuevos objetivos que conectan a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos con policías locales y empresarios funerarios.

Las autoridades señalaron que el propietario de la Funeraria El Ángel utilizó el teléfono celular del estudiante Julio César Mondragón Fontes pocos días después de su desaparición.

Los cateos realizados en la funeraria y en el Servicio Médico Forense de Iguala revelaron la existencia de un horno crematorio clandestino, restos óseos en un colchón y certificados de defunción firmados en blanco.

Los peritajes establecieron que un resto óseo enterrado detrás del forense de Iguala coincidió genéticamente con fragmentos recuperados en 2021 en el municipio de Taxco.

Se informó que la fiscalía detuvo y obtuvo la vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero por el delito de desaparición forzada tras las declaraciones de exservidoras públicas del Tribunal Superior de Justicia sobre el ocultamiento de videos del Palacio de Justicia.

Los análisis telefónicos demostraron que exservidores públicos utilizaron los teléfonos de los estudiantes desaparecidos después de los hechos ocurridos en Iguala. La revisión del uso de los dispositivos reforzó la hipótesis de que un grupo de normalistas ingresó a la barandilla municipal de Iguala antes de su desaparición.

Las autoridades lograron identificar y detener a un testigo que se desempeñó como vigilante a los 14 años para la organización criminal, que presuntamente se desempeñaba como ‘halcón’.

Según el reporte oficial, las acciones judiciales emprendidas entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 sumaron 168 personas procesadas, entre ellas 130 que permanecen en prisión preventiva.

Además, se reportó que el Gobierno de México acordó una nueva ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para incorporar a expertos independientes en la investigación.



A doce años, Ayotzinapa no se olvida

Los papás y las mamás de los 43 normalistas de Ayotzinapa lamentan que a doce años de los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2014 siga sin haber información sobre el paradero de sus hijos. Han pasado más de 4,380 días con sus mañanas, con sus medios días, con sus tardes, con sus noches interminables, con la esperanza naciendo y muriendo en cada madrugada. En este tiempo les ha tocado lidiar con los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum. Y la pregunta que se hicieron desde el primer momento permanece sin respuesta: ¿Dónde están nuestros hijos?

“Hombro con hombro. Codo con codo: Ayotzi somos todos”. No es consigna: es el sentir de los miles de manifestantes que los acompañan, de los cientos que forman vallas a lo largo de todo Paseo de la Reforma, de Avenida Juárez y de 5 de mayo, y, respetuosamente, los miran pasar.

El poeta David Roura, del Comité 68, hace una estimación: Más de 8,000 personas marcharon este 26 de septiembre del 2026. Y va más allá: “Si llegaron 42 camiones de pasajeros y en cada uno viajan 45 estudiantes normalistas de Guerrero y Michoacán, tenemos nada más de esos camiones a 1,900 personas”. Más los que llegaron a pie, en Metro, en bicitaxi y los que se estacionaron por ahí…

Las mamás y los papás caminan en la descubierta, encarnan la dignidad. Su dolor pesa más que sus enfermedades crónicas. Sostienen los carteles con las fotos de sus hijos y a ellos los sostienen sus familiares, sus otros hijos, algunos de sus nietos que vienen con ellos. Pero no están todos: ocho padres han muerto a lo largo de estos doce años sin saber la verdad de lo ocurrido. Hace un mes falleció en Tixtla, Guerrero, el papá de Everardo, el que se parecía a Kalimba, Don Francisco Rodríguez Morales.

“Fue el Estado”. La creencia está bien cimentada en el ánimo colectivo. No sólo fueron palabras escritas con veladoras encendidas en el Zócalo hace muchos años o pintadas en un vagón de Metro haciendo su interminable recorrido, de ida y vuelta, en el que leímos “Fue el Estado”. Esa noche del 26 al 27 de septiembre, la autoridad, la que tiene por obligación proteger a la ciudadanía, atacó a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos con armas de fuego. Luego vino la desaparición forzada y las frases lamentables. “La verdad histórica”. El imperdonable “Ya supérenlo”.

Doce años de impunidad. De entorpecer la investigación, de impedir el acceso a la información en poder del ejército, de nomás abrir líneas de investigación para aparentar que se hace algo. De desprestigiar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuyo trabajo debería de contar con las facilidades y apoyo estatal pues es el que ha dado los mejores resultados. Su regreso es una de las peticiones de los padres y madres de los +43.

Una cartulina pintada a mano lo resume: “El gobierno encubre a los culpables.”

“Ayotzi vive, la lucha sigue, sigue, sigue”. A ritmo de batucada se oye un “Qué feo debe ser reprimir al pueblo para poder comer”. Con una manta se pide que el presupuesto sea para la educación y no para la Guardia Nacional. En otra se lee: “Educación no es adoctrinamiento”.

El clamor se eleva: “No, no, no. No es un hecho aislado. Las desapariciones son un crimen de Estado”. Se intercala con el muy conmovedor: “¿Por qué los buscamos? Porque los amamos”. La marcha pasa junto a la Glorieta de las y los Desaparecidos. Hace apenas un mes se limpiaron las vallas y se hizo una pega masiva de fichas de búsqueda. Ana Lucía Lagunes, cuyo hermano Ricardo Arturo Lagunes Gasca, está desaparecido desde el 13 de enero del 2023 le comentó en entrevista al fotorreportero de Desinformémonos, Mario Meneses Candelaria, que si pegaran las fichas de búsqueda de todas y todos los desaparecidos, “Esto se desbordaría y llenaría todas las calles”.

Según las cifras oficiales hay más de 135 mil personas desaparecidas en el país. Las caras de cientos de ellos miran pasar la Marcha. En las fichas de búsqueda hay rostros sonrientes, adustos, serios, pícaros, seductores. Hombres y mujeres que son buscados por sus familiares, pero que para las autoridades son una cifra nada más, una cifra que han intentado reducir, desaparecer incluso el registro de su desaparición.

“No estamos todos, nos faltan 43”. Y brota un recuerdo: A mediados de octubre del 2014 Cristina Pacheco entrevistó al grupo musical Los Folkloristas y cerró su programa de Canal Once con esta frase: “Esta noche estuvimos todos, pero siguen faltando 43 mexicanos”. La alusión era, es, evidente.

“No somos uno. No somos cien. Pinche gobierno, nos faltan 43”. Se avanza hacia el Antimonumento a los 43 donde se hizo el acostumbrado pase de lista pidiendo la aparición con vida de cada uno de los muchachos. Los granaderos se apersonaron. Se dice que ya no existen, pero su sola presencia causó tensión y hubo enfrentamientos con el llamado Bloque Negro.

La entrada al Zócalo por la Avenida 5 de mayo fue de lo más emotiva. Imposible no recordar cuando los jóvenes del 68 tomaron el Zócalo por primera vez, jubilosos y asombrados por su hazaña, gritaron: “Sal al balcón, hocicón” que tanto hizo enojar al aludido, a Gustavo Díaz Ordaz. Imposible no recordar cuando en febrero de 1995 tres veces se llenó el Zócalo al grito de “Marcos somos todos” y “Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él” o en 1997 cuando una delegación integrada por 1,111 zapatistas, la primera gran marcha indígena hacia la capital, exigió el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés firmados entre zapatistas y el gobierno de Zedillo o cuando en marzo del 2001 entró la Caravana de la Dignidad Indígena también llamada de la Marcha de la Tierra con los 24 comandantes zapatistas y el Subcomandante Insurgente Marcos pidieron que se reconocieran constitucionalmente los derechos de los pueblos indios. Ese mismo Zócalo se ha teñido de morado cada 8 de marzo demandado se haga justicia en los casos de violencia de género y feminicidios.

Y desde el templete levantado en la plaza mayor resuenan las preguntas: ¿Qué fue lo que realmente pasó la noche del 26 de septiembre? ¿Quiénes agredieron a los 43? ¿Quiénes se los llevaron, por qué se los llevaron? ¿A dónde están? Se exige respuesta. ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Magdalena, una de las mamás, se dirige a la presidenta y le aclara que las líneas de investigación fueron asentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Sólo pide que se sigan éstas porque ellos ya están desgastados por las búsquedas infructuosas. Le pide que ella haga que el ejército entregue los más de 800 folios donde -esperan- están las respuestas.

Y estas peticiones se reiteran, una y otra vez, suplicando y a veces llorando, lo han exigido: que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes pues han sido contundentes en sus líneas de investigación al punto que los gobiernos no han tenido argumentos serios para desacreditarlas. Tenían esperanza en la presidenta pues ella venía de un movimiento estudiantil, es mujer, es madre y que entendería el dolor de estos padres y madres. Pero se han topado con autoritarismo e insensibilidad.

Antes se decía que un tema tabú era el Ejército. Ahora queda claro que no se le puede tocar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lo ha exonerado. Pero a doce años de la desaparición forzada de su hijo, Don Mario César pide que le demuestren que el ejército no tuvo nada que ver. “Nosotros sí podemos decir que había un miembro del Ejército Mexicano adentro del camión de nuestros hijos y que iba informando en tiempo y forma de lo que estaban haciendo nuestros hijos. También podemos decir que estaban los de Inteligencia en el Palacio de Justicia y en la calle Juan N. Álvarez. Tenemos fundamentos y pruebas de que el ejército mexicano fue a barandillas a preguntar. Tenemos pruebas, no estamos con dichos.

“Pido a los colectivos, a los ciudadanos, a los universitarios, a los intelectuales, a todo el pueblo de México que nos ayude a exigir el regreso de los expertos y que se abran esos más de 800 folios. Sin ustedes no podemos hacer nada. No hay justicia en México. El gobierno juega con el dolor de los padres, nos golpetean con la intención de dividirnos.”

Un grito lo interrumpe: “Fue el Estado” y el grito se vuelve eco: Fue el Estado. Fue el Estado.

26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa.

FUENTE/MEDIO: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: BEATRIZ ZALCE.
ENLACE: https://desinformemonos.org/a-doce-anos-ayotzinapa-no-se-olvida/

Ana Lilia Rivera coordinará Tlaxcala: para variar, no es cercana a la gobernadora

Ana Lilia Rivera Rivera, de un grupo distinto al de la gobernadora Lorena Cuéllar, es designada coordinadora de Morena en Tlaxcala. "Aquí nadie se excluye", dice al ofrecer su mano a los aspirantes perdedores. Su trato con la prensa no es su fuerte

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera será coordinadora de Morena en Tlaxcala, así lo dieron a conocer sus dirigentes, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández. A diferencia de otros nombramientos, esta vez la designada no es cercana a la gobernadora en turno, Lorena Cuéllar, de hecho se han consignado distanciamientos, aunque también llamados a la unidad.


Ariadna Montiel dijo que Ana Lilia Rivera será la encargada de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Tlaxcala. “Felicidades para ella porque el pueblo ha decidido que sea quien coordine estas tareas gracias a su cercanía, conocimiento del territorio y de los problemas que aquejan a las personas. Eso permitirá organizar a nuestro movimiento”. 

SUS PALABRAS

Al punto del llanto, Rivera dijo: “Hace unos minutos toda mi vida pasó ante mis ojos. Porque en esta vida todo pasa y todo queda. Lo nuestro es andar. Andar haciendo camino que es lo que he hecho toda mi vida”.

“Agradezco profundamente, con humildad, con respeto y con profunda responsabilidad al gigante pueblo de Tlaxcala. Indomable, guerrero, invencible y un pueblo de convicciones libre por encima de cualquier cosa. Agradezco al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, estimada presidenta”.

Agradeció a quienes fueron sus rivales, en especial a Chava Santos. “Aquí nadie se excluye, aquí todos somos necesarios porque lo más grande y con esa emoción hoy lo sigo reconociendo el discurso que ayer la presidenta diera al finalizar su recorrido por el país en su segundo informe de gobierno, donde nos ha dicho con claridad que el momento que le toca vivir a México, después de las luchas que hemos tenido revolucionarias para construir la patria que somos, nos convoca a ponernos de pie a todas y a todos los mexicanos. Que ninguna aspiración personal puede ser más grande que la aspiración a que México siga siendo dueño de su destino y sus decisiones”.

Agregó: “Qué mejor momento para ser tlaxcaltecas que al escuchar el sonido de las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum nos quede claro que podemos tener diferencias, pero en una cosa debemos estar todas y todos de acuerdo. Tlaxcaltecas, en México, mandamos las y los mexicanos”.

SU BIOGRAFÍA

Citlalli Hernández, presidenta del Comité de Elecciones de Morena, compartió la biografía de Ana Lilia Rivera Rivera. Es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con diplomados en políticas públicas con enfoque de género, estrategias de campaña y técnicas legislativas, además de cursos en armonización legislativa con perspectiva de género y proceso penal acusatorio oral. Su trayectoria política y social se ha desarrollado principalmente en Tlaxcala.

“Ha participado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas del campo y maíz nativo. Como diputada de la 59 legislatura del Congreso del Estado impulsó la ley de fomento y protección al maíz nativo como patrimonio alimentario y en diversificación constante de Tlaxcala, aprobada por unanimidad y promovió fondos de semillas y organizaciones campesinas. En Morena se ha desempeñado como secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal en Tlaxcala y secretaria nacional de asuntos indígenas y campesinos en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena”.

SUS POLÉMICAS: EL TRATO A LA PRENSA NO ES SU FUERTE

Calificó de “estúpidos” a los medios que cuestionaban su labor legislativa, aunque después dio marcha atrás y aclaró que se refería a campañas anónimas, bots y desinformación, no al pueblo ni a la prensa. Optó por la salida común en estos casos: denunció una “campaña negra” pagada en su contra. 

Ignoró una orden del CEN de Morena de frenar asambleas informativas. En una en Zacatelco, sus escoltas y operadores presuntamente empujaron y corrieron a un reportero de un medio local que documentaba el evento. Esto se suma a críticas previas por su trato a la prensa.

DISTANCIA CON LA GOBERNADORA

La relación entre la senadora Ana Lilia Rivera y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar (ambas de Morena), ha estado marcada por un distanciamiento político y señalamientos de falta de piso parejo en procesos internos, aunque Rivera ha llamado públicamente a la unidad. Figuras como Gerardo Fernández Noroña han puesto énfasis en esa lejanía y han instado a Cuéllar a corregir esta situación y promover la cohesión dentro del movimiento. 

Alfonso Sánchez García (exsecretario de Infraestructura y exalcalde de Tlaxcala) era señalado en medios locales como uno de los perfiles con mayor cercanía y respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

COORDINADORES ANUNCIADOS
  • Aguascalientes: Nora Ruvalcaba
  • Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus
  • Colima: Rosa María “Rosi” Bayardo
  • Sinaloa: Imelda Castro
  • Querétaro: Santiago Nieto
  • Guerrero: Beatriz Mojica (14 de septiembre)
  • Michoacán: Carlos Torres Piña (14 de septiembre)
  • Quintana Roo: Eugenio “Gino” Segura (15 de septiembre)
  • Zacatecas: Verónica Díaz Robles (15 de septiembre)
  • Baja California: Julieta Ramírez Padilla (15 de septiembre)
  • San Luis Potosí: Elí Cervantes Rojas (28 de septiembre)
  • Tlaxcala: Ana Lilia Rivera Rivera (28 de septiembre)
LOS QUE FALTAN (5)
  • Baja California Sur
  • Chihuahua
  • Nayarit
  • Nuevo León
  • Sonora
FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: 
https://emeequis.com/al-dia/ana-lilia-rivera-coordinara-tlaxcala-para-variar-no-es-cercana-a-la-gobernadora/

Ruffo aún no está libre, pero sí en su casa

El saldo político le salió al revés a quienes celebraron que Ruffo terminara en el Altiplano. La oposición encontró una causa alrededor de la cual reunirse. El gobierno volvió a exhibir su doble rasero al defender con pasión a los suyos mientras exige severidad inmediata para los de enfrente.

Ernesto Ruffo Appel ya está en su casa, en Ensenada. Llegó después de 40 horas por carretera desde el Altiplano. Sigue sujeto a un proceso penal y a las restricciones de la prisión domiciliaria, pero pudo abrazar a su familia. Después de estos dos meses, eso significa mucho.

El cambio de medida cautelar es una gran noticia. También me devuelve a una pregunta que hice al comenzar este caso. Escribí entonces que ni Sherlock Holmes lograría explicarme la trama huachicolera en la que se involucró al primer gobernador de oposición en la historia de México. La Fiscalía lo acusa de delitos graves y tiene la obligación de probarlos. Ruffo, por su parte, tiene derecho a defenderse sin que la prisión preventiva se convierta en una condena adelantada.

Su detención llegó en un momento muy oportuno para quienes necesitaban cambiar la conversación en Baja California. Los audios y los cuestionamientos alrededor de Marina del Pilar Ávila ocupaban los titulares. De pronto apareció el caso de un exgobernador panista acusado de huachicol. En términos de comunicación política, parecía que habían encontrado con qué empatar los cartones.

No tengo un documento que pruebe que alguien ordenó detenerlo para distraer la atención. Lo que sí puedo hacer es señalar la coincidencia y preguntarme por qué la justicia se muestra tan enérgica con unos y tan comprensiva con otros. Esa diferencia la ha visto demasiada gente como para pedirle que ahora finja sorpresa o que deje de desconfiar.

Lo que quizá no calcularon fue la reacción de Verónica Ruffo. Defendió a su padre con coraje, claridad y un amor que se nota incluso cuando está enojada. Guadalupe Acosta, Jorge Romero, Vicente Fox, Felipe Calderón, numerosos comunicadores y actores políticos también mantuvieron el caso en la conversación. No todos piensan igual ni tienen los mismos motivos para respaldarlo. Coincidieron, eso sí, en exigir que el Estado respetara sus derechos y que la acusación se resolviera con pruebas.

Hasta ahora, el saldo político le salió al revés a quienes celebraron que Ruffo terminara en el Altiplano. La oposición encontró una causa alrededor de la cual reunirse. El gobierno volvió a exhibir su doble rasero al defender con pasión a los suyos mientras exige severidad inmediata para los de enfrente. Además, si la Fiscalía no consigue sostener el caso, habrá contribuido a otro fiasco de la procuración de justicia. Al huachicol hay que investigarlo en serio. Precisamente por eso, una acusación de este tamaño no puede descansar en el impacto de los titulares.

Está también el traslado. Cuarenta horas por tierra desde una prisión de máxima seguridad hasta su domicilio en Ensenada. Hablamos de un hombre de 74 años cuya edad y condiciones de salud fueron razones para reconsiderar su permanencia en el penal. ¿Quién decidió llevarlo por carretera? ¿Qué riesgo se buscaba evitar? ¿Cuántos agentes, vehículos y recursos se emplearon durante casi dos días? Las autoridades deben explicar una decisión que, vista desde fuera, cuesta mucho justificar.

He dirigido operativos y sé lo que significa custodiar a una persona durante un recorrido tan largo. Hay que asegurar vehículos, rutas, relevos y paradas. Cada kilómetro agrega trabajo y riesgos para el detenido y para quienes lo acompañan. Por eso no encuentro una razón operativa evidente para someter a Ruffo a ese viaje. En cambio, sí entiendo la imagen que deja: la de un poder que quiere hacerse sentir hasta el último momento. Me recuerda aquellas épocas en que se paseaba al acusado para que todos vieran lo que podía pasarles.

El expediente sigue abierto. Ruffo tendrá que responder a la acusación y la Fiscalía tendrá que demostrarla ante un juez. Si hay pruebas de que cometió un delito, que se presenten. Si no las hay, que se diga y que se investigue cómo se construyó este caso. No estoy pidiendo un trato especial para un exgobernador. Estoy pidiendo que se aplique el mismo criterio a todos, incluidos los personajes cercanos al poder. Eso, que debería ser lo normal, hoy parece una exigencia excesiva.

Aprecio la templanza con la que Ernesto ha enfrentado estos meses. Muchos bajacalifornianos recordamos además lo que significó su triunfo en 1989, cuando la alternancia todavía parecía imposible. Esa trayectoria no lo exime de rendir cuentas. Tampoco da derecho a tratarlo como culpable antes de que exista una sentencia.

A Verónica le reconozco la tenacidad, la determinación y el amor con que defendió a su padre cuando más la necesitaba. Si todos los padres de este país tuvieran una hija como ella, nuestro México sería mejor. Ernesto Ruffo aún no está libre, pero ya está en su casa. Después del Altiplano y de 40 horas de camino, para él y para su familia ésa es la mejor noticia con la que podíamos empezar la semana.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL).
AUTOR: ALBERTO CAPELLA.
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/ruffo-aun-no-esta-libre-pero-si-en-su-casa/

Ayotzinapa, contra la impunidad y por la justicia

"Los padres y madres de los 43 normalistas siguen reclamando la entrega de más de 800 folios de los centros de inteligencia de la Defensa en Iguala"

El sábado se cumplieron 12 años de la trágica Noche de Iguala en la que un operativo entre fuerzas de Estado y células del crimen organizado, desaparecieron a 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, asesinaron a seis personas y dejaron a decena de heridos de bala por agresiones de policías de los tres niveles de gobierno. Recuerdo que cuando leí la primera nota de los hechos, no daba crédito a un evento de tal magnitud: ¿43 estudiantes normalistas desaparecidos en un solo episodio? ¿cómo era posible un operativo de esta magnitud? Lamentablemente pasaron los días y la desaparición masiva se confirmó.

Conforme pasaron los días, la evidencia de esa desaparición masiva golpeó la conciencia de millones de mexicanos para situarnos en la realidad que vivíamos en México: una crisis humanitaria de graves proporciones que se manifestaba crudamente con este caso de desaparición masiva.

La desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa marcó el destino político del sexenio del priista Enrique Peña Nieto. Su empeño primero en minimizar el hecho al responsabilizar sólo a autoridades locales y su posterior maniobra de crear una supuesta “verdad histórica” con el relato de la cremación de los estudiantes en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero, terminaron de hartar a la sociedad lo que alentó un movimiento de solidaridad en torno a los 43 estudiantes desaparecidos que movilizó a millones de mexicanos y personas solidarias en distintas partes del mundo.

Este movimiento de solidaridad en torno a los 43 terminó de sepultar la credibilidad del gobierno del priista Peña Nieto y alentó las posibilidades electorales de la oposición. Con firme determinación este movimiento señaló la responsabilidad gubernamental con el lema: “Fue el Estado” que se pintó a gran escala en el Zócalo de la Ciudad de México y en muros de prácticamente todas las ciudades del país. Y esa consigna desmontó la llamada “verdad histórica” de la Procuraduría de Peña Nieto que quiso enterrar el caso Ayotzinapa, con la supuesta incineración de los normalistas en un basurero municipal.

Y de esta realidad política de deslegitimación del anterior régimen se colgó el líder opositor Andrés Manuel López Obrador quien prometió a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos que de llegar a Presidente buscaría la verdad y la justicia para este caso. Los familiares de los normalistas desaparecidos le creyeron y le dieron una oportunidad para que cumpliera su palabra.

Ya como Presidente, López Obrador inició su Gobierno dando pasos positivos hacia la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas. Se creó una Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa (Covaj) así como una fiscalía especial dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar el caso (Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, UEILCA). Se permitió, además, el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que tenían la confianza de los padres y madres de los 43 normalistas. En los primeros cuatro años del sexenio de López Obrador hubo avances significativos hasta que ocurrió un cambio radical en agosto de 2022.

En apenas unas semanas de agosto de ese año, el titular de la Covaj, Alejandro Encinas, presentó un informe de avances sobre el caso, luego renunció (o se hizo renunciar) a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda Karla Quintana, y también se pidió la renuncia del titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo.

Todo indica que estas dependencias del Estado mexicano se aproximaron demasiado a los muros del Ejército mexicano y que desde la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) hubo un golpe de mano para detener las investigaciones que apuntaban hacia la participación de los militares en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Desde entonces, ya cuatro años, hay pocos o nulos avances en la investigación de la Noche de Iguala. Si bien la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ha dejado de reunirse con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que escuchan de ella y de otras autoridades es un intento de repetición de la verdad histórica. Lo que presentan como avance es la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero por supuestamente ordenar la destrucción de videos del Palacio de Justicia de ese estado que habían captado escenas de la detención de los normalistas la trágica noche del 26 de septiembre de 2014 por parte de policías estatales y federales.

Pero los padres y madres de los 43 normalistas siguen reclamando la entrega de más de 800 folios de los centros de inteligencia de la Defensa en Iguala, Guerrero que podría revelar información sobre el paradero de sus hijos, así como la versión de que al menos 25 de los 43 normalistas habrían sido trasladados al 27 Batallón de la Defensa en Iguala al día siguiente de la desaparición.

La Presidenta Sheinbaum prometió que presentaría un informe sobre los avances del caso antes del 26 de septiembre, pero al final no cumplió y hoy el caso se encuentra en una encrucijada en la que la exintegrante del GIEI, la jurista colombiana Ángela Buitrago, sostiene que el caso Ayotzinapa “no avanza hacia la verdad, sino a un callejón sin salida”. Lo cierto es que a 12 años de la desaparición de los 43, seguimos sin saber dónde están los normalistas y sigue prevaleciendo la impunidad y seguimos esperando que la justicia llegue a sus familias y a toda la sociedad mexicana.

En tanto, el reclamo de los padres sigue siendo el mismo que desde 2014: verdad y justicia para sus hijos: “Queremos saber a dónde se llevó el Estado mexicano a nuestros hijos. Es lamentable que sigamos batallando porque el gobierno no quiere darnos verdad y justicia. Está llevando las líneas de investigación sin tocar al ejército, pero mientras tengamos vida seguiremos señalándolos y no vamos a perder el derecho a la verdad. Tenemos que luchar como padres para que haya luz y sepamos dónde están”, dijo la semana pasada don Emiliano Navarrete, padre del estudiante José Ángel Navarrete González, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: RUBÉN MARTÍN.
ENLACE: 
https://www.sinembargo.mx/4877232/ayotzinapa-contra-la-impunidad-y-por-la-justicia/