La propuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto de crear la
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano pretende extinguir las
tierras de propiedad común y los asentamientos humanos de los núcleos de
población ejidal y comunal, como ya sucedió en el estado de México, cuando Peña
se desempeñó como gobernador, asegura el Frente Mexiquense en Defensa para una
Vivienda Digna (FMDVD).
José Humbertus Pérez Espinoza, vocero y presidente del
organismo, quien hizo un análisis sobre las consecuencias que traerá para los
ejidatarios la probable desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria,
sostiene en su escrito presentado a la Cámara de Diputados que “en ninguna de
las políticas que aplicará la nueva Secretaría propuesta por Peña se protegerá
la figura jurídica constitucional de los núcleos de población ejidales y
comunales, ni la protección de sus tierras para el asentamiento humano y sus
actividades productivas.
El análisis elaborado por el presidente del FMDVD añade que
el objetivo central de la nueva dependencia propuesta por Peña Nieto “es
dividir, fraccionar y enajenar los ejidos en las tierras para el asentamiento
humano y sus actividades productivas, sin haber realizado la reforma al
artículo 27 fracción VII de la Constitución”.
Agrega que lo que está de fondo es “un despojo a los
ejidatarios. Será el regalo de Navidad y Año Nuevo para los grandes
desarrolladores urbanos y turísticos que apoyaron la campaña política de
Enrique Peña Nieto”, sostuvo el FMDVD, organización civil que representa legalmente
a unos 15 mil ocupantes de los conjuntos habitacionales más grandes construidos
en el estado de México, y que denunció penalmente a diversas Sofoles por haber
otorgado préstamos hipotecarios sobrevaluados en 50 por ciento de su valor
real.
Entrevistado sobre dicho análisis, Pérez Espinoza,
especialista en técnica jurídica y legislativa, aseguró a La Jornada que
el Senado ya devolvió a la Cámara de Diputados la minuta para reformar los
artículos 26, 41 y décimo transitorio de la Ley Orgánica de la Administración
Pública federal, por lo que pidió a todas las fracciones políticas de oposición
al PRI, fundamentalmente el bloque de izquierda, que tomen especial interés en
los aspectos agrarios de dicha reforma, y no sólo en los temas de seguridad
pública y gobernación.
“Si los diputados del bloque de izquierda, y en general de
oposición al PRI, avalan la reforma a la Ley Orgánica de la Administración
Pública federal, en los términos presentados por Peña Nieto, estarán avalando
también el despojo de 31 mil núcleos agrarios (más de 100 millones de hectáreas
en México), y con su voto beneficiarán a las grandes desarrolladoras
inmobiliarias urbanas y turísticas del país, como Urbi, Geo, Ara, Sadasi,
Promotora de Viviendas Integrales, entre otras”, afirmó Pérez Espinoza.
El estudio del presidente del FMDVD, en poder de los
legisladores, refiere que “para demostrar aún más la subordinación de la figura
jurídica constitucional de los núcleos de población ejidales y comunales al
desarrollo territorial y urbano, sólo basta seguir analizando los datos
estadísticos que nos proporciona la exposición de motivos de la iniciativa
peñista, cuando señala que el Censo de Población y Vivienda 2010 nos dice, que
de los 112.3 millones de habitantes del país, 62.5 por ciento, es decir
alrededor de 70 millones de personas viven en 383 localidades de más de 15 mil
habitantes de las cuales 56 son consideradas ya como zonas metropolitanas.
“Estas 56 zonas metropolitanas en su mayoría tienen
alrededor o colindan con núcleos de población ejidales y comunales, con la
presenta reforma inconstitucional los arrasaran, los grandes desarrolladores
inmobiliarios, urbanos y turísticos tendrán sumas millonarios de ganancias
ilícitas e inconstitucionales como las que obtuvieron en los dos últimos sexenios
panista quienes impusieron la aniquilación de los ejidos.
“Los diputados del PAN forman parte de la aplanadora que han
impuesto los legisladores del PRI en Comisiones, para no discutir nada y
legislar al vapor, esta postura la asumen los panistas porque son parte del
gran negocio territorial y urbano de las zonas metropolitanas.
“En las zonas metropolitanas del país por la marcha del
desarrollo urbano desordenado, los desarrolladores y constructores de conjuntos
habitacionales, se convirtieron en avecindados o ejidatarios contraviniendo la
legislación agraria, el objetivo obtener los beneficios del Dominio Pleno y
mediante esta figura adquirieron las tierras: parcelarias, de asentamientos
humanos, productivas y se las vendieron a sus propias empresas inmobiliarias”,
indica el FMDVD.
Para Humbertus Pérez no hay duda de que los grandes
desarrolladores inmobiliarios del país “realizaron jugosos negocios millonarios
con la complicidad de autoridades municipales y funcionarios de los gobiernos
estatales, donde los gobernadores del estado de México, Arturo Montiel y
Enrique Peña Nieto fueron grandes promotores y beneficiarios de estas políticas
corruptas del desarrollo urbano y territorial”.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ
