martes, 11 de agosto de 2015

Entrega 'el Piojo' Herrera declaración por escrito ante Fepade

México, DF. Miguel el Piojo Herrera, ex director técnico de la selección mexicana de futbol entregó este martes una declaración por escrito ante a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el caso de los mensajes de texto que mandó mediante una red social, en los que se manifestó en favor del Partido Verde en plena veda electoral.

Funcionarios de la Procuraduría General de la República confirmaron que Herrera acudió a la Fepade acompañado de con un abogado, para entregar su escrito.

La PGR mantiene abierta la averiguación previa 751/AP/FEPADE/2915, para ser valorada por los fiscales de delitos electorales.

La Fepade tiene la obligación de determinar si Herrera continúa en calidad de testigo o cambia su situación jurídica a indiciado.

Además de el Piojo, algunos de los que promovieron el hashtag #VamosVerdes fueron las actrices y actores Galilea Montijo, Raúl Araiza, Andrea Legarreta, Daniel Bisogno, Gloria Trevi, Ninel Conde y Raquel Bigorra.


También los futbolistas Oribe Peralta y Marco Fabián, la conductora Inés Sainz, el cantante Aleks Syntek, el boxeador Julio César Chávez.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.

EL TPP: asalto a la democracia

Cada vez más los gobiernos se debilitan frente al poder de las grandes corporaciones que a través de los acuerdos comerciales avanzan imponiendo sus intereses sobre los colectivos.

Los resultados de estos acuerdos pasan a afectar directamente la vida de cada uno de nosotros, permitiendo a la industria realizar sus prácticas sin que los gobiernos puedan o quieran intervenir cuando éstas prácticas representan un riesgo para la población.

Estos acuerdos pueden volver los medicamentos más caros, con patentes que duren más y con regulaciones que compliquen la introducción de genéricos. Estos tratados han ido dando mayor poder a las transnacionales y afectando cada vez más a los pequeños productores, a las pequeñas y medianas empresas.

A través de ellos, la industria extractiva minera, petrolera, forestal, del agua, tiene un mayor poder sobre las comunidades para extraer sus recursos y debilitar las herramientas legales para que los pobladores puedan evitar este saqueo y demandara las empresas por la destrucción y contaminación que generan.

El Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP, es la mayor expresión en este proceso que representa un asalto a lo que nos queda de democracia. El TPP es el acuerdo regional de comercio más grande en el mundo que va a gobernar 40 por ciento de la economía mundial.  Sin embargo, este acuerdo está siendo negociado a puertas cerradas.

La propia senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, cuerpo legislativo que debe aprobar todo tratado internacional, declara que no tiene acceso al Acuerdo. Existen sólo versiones que se han filtrado, sin saberse cuáles son verdaderas, cuáles son las más avanzadas, qué corchetes corresponden a quién, a dónde va.

Los únicos que tiene acceso a las definiciones de este instrumento internacional, que representa una amenaza contra los derechos ciudadanos, son los representantes de las grandes corporaciones transnacionales y los ministros de economía de los países participantes. EL TTP incluye a México, los Estados Unidos, Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malaysia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Según los proponentes el objetivo es profundizar el comercio y la inversión entre los 12 países y reducir las barreras de comercio y tarifas, pero el acuerdo va mucho más allá del comercio: afecta la salud, el ambiente y las condiciones laborales y productivas de los pueblos.

Algunos ejemplos nos dan la dimensión del TTP y su efecto:

Los medicamentos: El TPP es un gran paso atrás para la salud pública. El acuerdo va a disminuir y retrasar el acceso a medicamentos genéricos. Documentos que han sido filtrados señalan que el acuerdo está dominado fuertemente por los intereses de las grandes farmaceúticas dando una mayor protección para sus patentes, prolongando su vigencia,  favoreciendo los intereses privados, no la salud pública.  Los negociadores de las farmaceúticas están introduciendo  un lenguaje en el acuerdo que hace más fácil  prolongar la vida de una patente usando un término técnico referido como “evergreening” a través del cual los productores de drogas cambian levemente un producto (un cambio que no da beneficios adicionales terapéuticos) para obtener una nueva patente sobre el mismo medicamento.  Además, están introduciendo en el TPP la “exclusividad de datos” de 12 años para un tipo de medicinas que incluye medicamentos contra el cáncer y vacunas, este prohíbe a los productores de alternativas genéricas usar los estudios clínicos existentes que fueron presentados para aprobar las marcas no genéricas. Esto tendrá efectos deprimentes e impedirá a los medicamentos genéricos entrar al mercado o hacerlo a mucho mayor costo. Resultado para los consumidores: medicamentos cada vez más caros y sin opciones genéricas accesibles.

Los medicamentos accesibles han sido fundamentales para salvar millones de vidas. Por ejemplo, hace una década el tratamiento antirretroviral por un año costaba aproximadamente $161,617 pesos (10,000 USD) mientras que con una alternativa genérica que está accesible hoy en día el costo para un paciente en un país de desarrollo puede ser de 3,232.34 (200 USD). Hay que subrayar que la industria farmacéutica es una de las industrias que mayores ganancias obtiene y que una parte importante de sus principales medicamentos patentados fueron desarrollados, en principio, en instituciones públicas con fondos federales.

El Tabaco. En materia de salud destaca el caso del tabaco. Esta industria obtiene una ganancia aproximada de 10 mil dólares por cada fumador a lo largo de su vida. Uno de cada dos de esos fumadores muere por una enfermedad causada por el tabaco: la sociedad en su conjunto es la que paga los costos en salud. La industria tabacalera utiliza todo tipo de tácticas y herramientas en los acuerdos de comercio para bloquear las políticas públicas que los gobiernos establecen para el control de tabaquismo. Por ejemplo, Australia y Uruguay enfrentan demandas por parte de la industria tabacalera que está usando estos acuerdos de comercio para bloquear medidas para el control de tabaco o intimidar a los países a no actuar. No obstante, estas medidas son recomendadas en el Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco. No importa que el tabaco vaya a matar 1 mil millón de personas este siglo de no implementarse estas políticas públicas. Los mayores daños en salud y en las finanzas públicas por el tabaco se presentarán en las naciones en desarrollo.

La estrategia que la industria tabacalera está usando se basa en una provisión conocida como Sistema de Arbitraje Inversor (Investor State Dispute Settlements o ISDS, en inglés) que está en varios acuerdos de comercio y que le permite a la industria demandar a un gobierno si tiene medidas que considera una barrera de comercio. Por lo tanto, esta provisión permite a las empresas extranjeras pasar por encima de la soberanía del estado. EL TPP fortalecerá este proceso dando mayor poder a las empresas para desafiar las medidas del estado para la protección de la salud.

Los Alimentos: El TPP también pone en riesgo la seguridad alimentaria. Borradores del acuerdo señalan que etiquetados—y medidas estatales sobre pesticidas, aditivos, organismos genéticamente modificados y otros etiquetados que explican de donde viene un producto y como fue producido—no pueden ser establecidos argumentando que son barreras al comercio. Esto puede implicar que un estado perderá la soberanía para establecer reglas más estrictas que los estándares internacionales. Y como vemos, estos estándares internacionales son elaborados por las corporaciones en contubernio con los ministerios de economía. Actualmente, los etiquetados frontales de alimentos desarrollados en Ecuador y Chile para que los consumidores tengan la información sencilla y útil que les indica que un producto es alto en azúcar, grasas y/o sodio, están siendo demandados por las grandes industrias de alimentos y bebidas como barreras al comercio. El derecho básico a que sepamos los consumidores que un producto es alto en azúcar es combatido por las grandes trasnacionales de la comida chatarra y las bebidas ante los organismos internacionales de comercio. Este es el extremo al que hemos llegado: que la información básica al consumidor para proteger su salud sea considerada y combatida como una barrera al comercio.

El proceso del TPP ha sido un asalto a la democracia, un proceso sin transparencia.  La sociedad civil, así como los propios poderes legislativos, estamos excluidos de las negociaciones.  Tenemos que recurrir a documentos filtrados para entender mejor los detalles del acuerdo. Mientras, grupos de cabildeo que representan a las empresas multinacionales intervienen en la redacción de  los capítulos del acuerdo. Más de 500 corporaciones e instituciones financieras son partes de comités de asesoría que tienen acceso a los capítulos de este acuerdo.

Existe una oposición entre los organismos de Naciones Unidas que trabajan por la protección de la salud (OMS), del medio ambiente (PNUMA), del desarrollo (PNUD), de los derechos laborales (OIT), entre otros, y los acuerdos comerciales regionales, así como con la Organización Mundial de Comercio (OMC). Mientras los primeros ponen el interés común por encima, los segundos ponen el interés privado de las grandes corporaciones por encima del común. La desgracia es que los organismos de Naciones Unidas no cuentan con mecanismos de sanción, únicamente el consejo de seguridad puede llegar a ellos, mientras los acuerdos comerciales y la OMC si los tienen.


El acuerdo del TPP se encamina a ser una victoria para los intereses privados y un impedimento para la salud pública y los derechos de los consumidores, un golpe para los objetivos de salud, ambiente y desarrollo de la comunidad global.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ALEJANDRO CALVILLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/11-08-2015/37886.

Es falso que Hillary Clinton sea coautora de la reforma energética: Penchyna


MÉXICO, D.F. (apro).- El senador priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, calificó como “muy buena fantasía” y “absurda” la información del sitio electrónico DesMog en el cual se revelan supuestos acuerdos entre la exsecretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, y compañías petroleras para impulsar la reforma energética en México.
“Dicha nota es una muy buena fantasía, que no tiene sustento alguno y es una elucubración bastante relevante, del tamaño de la falta de contenido que tiene. Es una aseveración absurda, que no tiene ninguna realidad en un proceso que vivimos los mexicanos”, afirmó Penchyna, quien encabezó los trabajos de dictaminación de la reforma energética en el Senado mexicano.
De acuerdo con DesMog, la actual precandidata a la presidencia de la República en Estados Unidos, Hillary Clinton, y el exembajador norteamericano en México, Carlos Pascual, intercambiaron una serie de emails en los cuales se confirma que “el Departamento de Estado de Clinton ayudó a romper el monopolio de la empresa estatal (Pemex) sobre la industria petrolera y de gas en México, abriendo el país a las compañías internacionales”.
Según el mismo sitio electrónico, entre los principales colaboradores de Clinton que estuvieron en el diseño de la reforma energética se encuentran David Goldwyn, quien actualmente dirige una empresa de petróleo y gas llamada Goldwyn Estrategias Globales; el propio Carlos Pascual, quien sucedió a Goldwyn como primer coordinador internacional de Energía en el Departamento de Estado norteamericano y actualmente es miembro del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia; y Neil Brown, quien ahora trabaja en la firma de gestión de fondos Kohlberg Kravis Roberts.
El senador hidalguense afirmó que la reforma energética mexicana “tiene su propio contenido nacional y su propia tropicalización normativa”, aunque admitió que tomó modelos de otros países.
En rueda de prensa, Penchyna también afirmó que “no ha fallado nada” en la reforma energética porque “está llegando la inversión en exploración y producción, que es de donde se han agarrado en un juicio a medias verdades”.
Según Penchyna, la inversión en el sector energético ha crecido “como nunca en la historia”, a 13 por ciento, “en el peor momento de la industria petrolera mundial”.
A la defensiva por la baja internacional de los precios del petróleo y la escasa participación de consorcios privados en la Ronda Uno, Penchyna afirmó que “no es un problema de México. Eso es mentir. Es un problema del contexto mundial, porque una noticia es que no fijamos el precio del petróleo, nada más falta eso”.
“En el momento más bajo del precio del petróleo de las últimas dos décadas, está llegando la inversión, porque los que son serios en esta materia, saben que el precio no es para siempre, hay precios altos y hay precios bajos”, argumentó.
Penchyna también afirmó que se “malinterpretaron” los nuevos requisitos para la Ronda Uno. “Ya juzgamos la Ronda Uno como un fracaso, cuando apenas se ha dado una quinta parte de su contenido”, insistió.
El senador priista también salió de nuevo a defender al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, señalado como responsable del clima de hostigamiento y de persecución contra periodistas en su entidad, donde han fallecido 14 reporteros en su administración.
También manifestó que Estados Unidos ya dio el beneplácito para que el doctor Miguel Basáñez sea el próximo embajador mexicano en Washington. Afirmó que el Senado debe “procesar lo más pronto posible” esta designación.
“La relación bilateral entre México y Estados Unidos no sufre ningún descalabro por el tiempo que estuvo vacante (la embajada mexicana en Washington), la cancillería mantuvo una actividad permanente”, insistió.
FUENTE:PROCESO
AUTOR: JENARO VILLAMIL

Veracruz, estado de censura

MÉXICO, D.F: La madrugada del 11 de octubre de 2002 explotó el boiler en el departamento del periodista veracruzano José Miranda Virgen, autor de la columna “Espejo de Poder”. El estallido le causó quemaduras en 98% ciento de su cuerpo. Vivía solo. Fue trasladado al Hospital ABC de la Ciudad de México, pero fueron inútiles los intentos por mantenerlo con vida. Murió a los cinco días.

Uno de sus últimos textos fue el involucramiento de personajes del entonces gobierno de Miguel Alemán Valdés con el crimen organizado. Aludió la vecindad del mandatario estatal con Jesús Albino Quintero Meraz, El Beto, entonces uno de los narcotraficantes más buscados.

La Asociación de Periodistas de Veracruz denunció que Miranda Virgen no murió por accidente, sino que fue víctima de un atentado. Pidieron la intervención de la PGR y de la CNDH. Representantes de Reporteros sin Fronteras (RSF) acudieron con el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, para solicitar su intervención en el caso. El gobierno foxista no se involucró.

La Procuraduría de Veracruz concluyó que la explosión “fue un accidente provocado por una fuga de gas”. No hubo investigación y el caso quedó cerrado. Sus archivos fueron sustraídos por agentes policiacos. En ese entonces, el jefe de la policía estatal era José Alejandro Montano Guzmán, amigo del entonces gobernador.

Trece años después, Montano Guzmán subió a la tribuna de la Comisión Permanente, el pasado 5 de agosto, para defender a su gobernador, Javier Duarte, de cualquier responsabilidad en el multihomicidio de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

Montano Guzmán, exjefe policiaco de Veracruz y señalado como uno de los personajes incómodos del priismo veracruzano que se sumó al peñismo, pidió “un voto de confianza” para la Procuraduría capitalina. Insistió que todo hacía pensar en el móvil del robo como causa del brutal atentado contra la vida de Rubén Espinosa, Nadia Vera –ambos desplazados internos por amenazas recibidas en Veracruz– y tres mujeres más.

Ese ha sido el estilo y el sello de la casa en casi todos los atentados y crímenes contra periodistas en Veracruz: desde la época de Miguel Alemán, incluyendo el sexenio criminógeno de Fidel Herrera y, sobre todo, durante la administración de Duarte de Ochoa (los tres priistas), la insistencia de los procuradores y jefes de la policía estatales de Veracruz ha sido menospreciar el ejercicio periodístico como la principal línea de investigación.

Con Duarte se dio un salto cualitativo: a la persecución a comunicadores se agregó la intimidación y acoso a activistas de derechos humanos, la criminalización a organizaciones y agrupaciones estudiantiles. Los crímenes de Rubén Espinosa y de Nadia Vera (fotoperiodista y activista de #YoSoy132, respectivamente) combinan a los dos sectores más criminalizados y perseguidos por su gobierno.

Algo de esto debe saber también su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien mantiene una estrategia férrea de control y de censura hacia todo lo relacionado con los excesos de sus agentes y las arbitrariedades cometidas.

No en balde los abogados de Nadia Vera Pérez, así como el diputado local del PT, Fidel Robles Guadarrama, han demandado que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no solamente llame a declarar a Javier Duarte sino también a su jefe de la policía, Bermúdez Zurita, y a su antecesor en el cargo, Sergio López Esquer.

“Hemos solicitado desde la coadyuvancia que se cite al exsecretario de Seguridad Pública (general López Esquer) y al actual secretario (Arturo Bermúdez Zurita) justo porque las denuncias públicas de Nadia y de Rubén señalan a elementos de Seguridad Pública, porque justo lo que nos interesa es profundizar en la actuación de estos elementos”, declararon los abogados David Peña y Karla Michelle.

La agrupación Periodistas de a Pie también ha señalado que desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal se lleva un registro fotográfico de reporteros y activistas incómodos para el gobierno de Javier Duarte.

El mismo Rubén Espinosa había recibido información de que su denuncia interpuesta en 2013 por las amenazas recibidas no prosperó precisamente porque “desde la Secretaría de Seguridad Pública” la habían bloqueado. En ese momento, Bermúdez Zurita ya encabezaba la dependencia.

El estado de censura en Veracruz tiene nombres, apellidos y posibles responsables. El problema fundamental es que los encargados de investigar en esa entidad son jueces y parte del problema. Prácticamente todos los procuradores y jefes de la policía estatal de 2000 a la fecha han minimizado los crímenes, han entablado una campaña soterrada para criminalizar a los propios periodistas asesinados, vinculándolos con el narcotráfico, o bien, señalándolos como “revoltosos”.

Antes del homicidio de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, excolaboradora de La Jornada y una de las periodistas más respetadas por su honestidad en una entidad donde las redes de corrupción y de cooptación son comunes, ya había una lista de 15 periodistas masacrados en Veracruz.

En abril de 2012 habían sido asesinados Jesús Miranda Virgen, Raúl Gibb Guerrero, Hugo Barragán Ortiz, Roberto Marco García, Alfonso Sánchez Guzmán, Raúl Martínez López, Luis Daniel Méndez Hernández, Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, alias Milo Vera, su hijo Misael y su esposa, así como Yolanda Ordaz de la Cruz, estos tres últimos del periódico Notiver.

En medio de la ola de indignación por el crimen de Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012, el 3 de mayo del mismo año fueron asesinados los fotógrafos Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez Rodríguez. Trabajaron en Notiver bajo las órdenes de Yolanda Ordaz de la Cruz. En menos de un año este periódico perdió a cinco trabajadores en forma violenta.

En todos los casos se “filtró” que la mayoría de los crímenes no fueron por el ejercicio periodístico sino por “venganzas” del crimen organizado.

Ahora, con el multihomicidio en la colonia Narvarte tratan de cerrar el caso desvinculándolo de la crisis de seguridad pública y persecución a informadores en Veracruz y remitirlo a un expediente de robo, cuyo móvil no aparece por ninguna parte.

El estado de censura ha llegado al Distrito Federal.

La responsabilidad del gobierno capitalino es revertir, al menos en el caso de la Narvarte, este guión persistente en el caso de las autoridades de Veracruz.


A menos que esperemos que otro boiler explote en la casa de algún periodista y nos digan: “Ustedes disculpen, fue un accidente”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

No sólo Duarte debe declarar, también titulares de SSP y Segob: investigador

El académico e investigador del Centro de Investigaciones en Antropología Social (Ciesas-Golfo), Hipólito Rodríguez, señaló que no solamente el gobernador Javier Duarte de Ochoa debe acudir a declarar ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, pues no es el único responsable de la inseguridad que se vive en el estado.

Entrevistado previo a la marcha por la paz que realizaron este lunes, dijo que junto con el titular del Ejecutivo estatal deben declarar el secretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, y el secretario de Gobierno (Segob), Flavino Ríos Alvarado.

“No solamente es él, pensar que él (el gobernador) es el único responsable es una equivocación. El problema es el equipo de gobierno de este señor. Ha puesto en manos de jóvenes y políticos sin escrúpulos las condiciones de seguridad en el estado (…) Tiene que responder a eso. Esos son a los que hay que preguntarles. El secretario de Seguridad Pública, el secretario de Gobierno. Ellos son los responsables de la inseguridad que hay en el estado”.

Señaló que es evidente que su equipo de gobierno genera las condiciones de inseguridad en el estado, aunque dijo que el Ejecutivo es responsable del comportamiento de la gente que gobierna con él en el estado.

“Desde el director de Seguridad en Xalapa hasta llegar al secretario de Gobierno de Veracruz, todos ellos son responsables de la inseguridad que hay en el estado y exigimos como ciudadanos que dejan de poner la cara alegre y digan que están en paz cuando Veracruz no está en paz”.

El investigador aseguró que de ser necesario, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) debe entrevistar e interrogar a todo su equipo de gobierno y sobre todo a quienes son responsables de la seguridad pública en el estado. “Ellos son a los que hay que entrevistar, los que permitieron que golpearan a los estudiantes en su domicilio y cuando se acercaron a ver lo que había ocurrido se fueron”.

Dijo que la sociedad está cansada de la inseguridad que se vive en el estado, por lo que la marcha es la muestra de que la ciudadanía ya no acepta en lo que se ha convertido la entidad veracruzana. “Queremos paz, una paz efectiva. Va de nueva cuenta la misma historia. Él va a sostener que no tiene nada que ver con el crimen que ocurrió en la Ciudad de México. Sería idiota pensar que él metió las manos directamente. No creemos que sea una persona tan tonta”.

Y es que dijo que el trabajo de los periodistas es esencial para que haya democracia y sin periodistas no hay democracia.

“Lo que vivimos actualmente en Veracruz es un retroceso político muy severo, una ausencia de condiciones para que haya democracia de calidad y es lamentable que el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, diga que todo está en orden”.

Aseguró que la sociedad sabe de las extorsiones, que hay secuestros, que la gente tiene miedo y que se va del estado precisamente por las condiciones de inseguridad.


“No basta que ellos alegremente sostengan que tienen la paz en Veracruz cuando no la hay y la prueba es que estamos todos aquí reunidos para decir eso”.

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.

Ruffo niega que sea su Voz, Sospecha espionaje del PRI

Ernesto Ruffo Appel negó que sea su voz la que aparece en la conversación que el periódico Reforma atribuyó a él y al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés donde se involucra una petición de recursos a favor de Ricardo Anaya.
 
El senador convocó a una conferencia de prensa en un hotel de Zona Rio para asegurar que desde hace “más de 5 años que no hablaba con él”, refiriéndose al mandatario de Sonora.
Además de negar alguna relación con el secretario particular del gobernador sonorense a quien también se hace referencia en los audios filtrados por el diario nacional, “yo no lo conozco”, dijo Ruffo respecto Arturo Alvarado, secretario.
Sin embargo, el ex gobernador de Baja California aseguró que inmediato tomará un avión al Distrito Federal para interponer una denuncia “a quien resulte responsable” por considerar que intervenir llamadas telefónicas se debe de librar en el marco penal.
Ruffo calificó de “calumnia agravada” la nota de El Reforma y confesó: “yo tengo mil sospechas” de quién pudo ser el responsable, entre ellos el Partido Revolucionario Institucional. Señaló que en sus 30 años en la política el espionaje y las filtraciones “siempre han venido del PRI”.
El ensenadense no justificó a Padrés ni la investigación por lavado de dinero que trascendió existe en su contra, o bien de las supuestas “detenciones” que se darán –tal como se explica en las grabaciones– luego de que concluya su gobierno en septiembre.
“Ha corrido mucha agua a través del Río Sonora, hasta por ahí dicen un represón pero bueno, que cada quien aclare su changarro porque el buen prestigio es muy difícil cosecharlo y muy fácil tumbarlo, cuando se trate de la imagen y del honor que luego lo acarrean hasta los hijos de uno, pues hay que aclararlo”, dijo.
Ruffo es parte de la planilla de Ricardo Anaya quien intenta suplir a Gustavo Madero en la dirigencia de Partido Acción Nacional y quien se ha visto involucrado en otras llamadas telefónicas solicitando “metas” y “cantidades”.
El senador por Baja California aseguró que contratará un perito para que determine que es su voz la de la grabación y no solo sea su palabra. Sobre el diario que publicó los audios, expresó: “ni me preguntaron y lo sacan, ni investigaron, está de por medio el prestigio del periódico”.

FUENTE: ZETATIJUANA 
AUTOR:ISAI LARA
Isaí Lara Bermúdez
Ernesto Ruffo Appel negó que sea su voz la que aparece en la conversación que el periódico Reforma atribuyó a él y al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés donde se involucra una petición de recursos a favor de Ricardo Anaya.
El senador convocó a una conferencia de prensa en un hotel de Zona Rio para asegurar que desde hace “más de 5 años que no hablaba con él”, refiriéndose al mandatario de Sonora.
Además de negar alguna relación con el secretario particular del gobernador sonorense a quien también se hace referencia en los audios filtrados por el diario nacional, “yo no lo conozco”, dijo Ruffo respecto Arturo Alvarado, secretario.
Sin embargo, el ex gobernador de Baja California aseguró que inmediato tomará un avión al Distrito Federal para interponer una denuncia “a quien resulte responsable” por considerar que intervenir llamadas telefónicas se debe de librar en el marco penal.
Ruffo calificó de “calumnia agravada” la nota de El Reforma y confesó: “yo tengo mil sospechas” de quién pudo ser el responsable, entre ellos el Partido Revolucionario Institucional. Señaló que en sus 30 años en la política el espionaje y las filtraciones “siempre han venido del PRI”. El ensenadense no justificó a Padrés ni la investigación por lavado de dinero que trascendió existe en su contra, o bien de las supuestas “detenciones” que se darán –tal como se explica en las grabaciones– luego de que concluya su gobierno en septiembre.
“Ha corrido mucha agua a través del Río Sonora, hasta por ahí dicen un represón pero bueno, que cada quien aclare su changarro porque el buen prestigio es muy difícil cosecharlo y muy fácil tumbarlo, cuando se trate de la imagen y del honor que luego lo acarrean hasta los hijos de uno, pues hay que aclararlo”, dijo.
Ruffo es parte de la planilla de Ricardo Anaya quien intenta suplir a Gustavo Madero en la dirigencia de Partido Acción Nacional y quien se ha visto involucrado en otras llamadas telefónicas solicitando “metas” y “cantidades” El senador por Baja California aseguró que contratará un perito para que determine que es su voz la de la grabación y no solo sea su palabra. Sobre el diario que publicó los audios, expresó: “ni me preguntaron y lo sacan, ni investigaron, está de por medio el prestigio del periódico”.

Veracruz, estado de censura

Tardó cinco días para acreditar que Rubén Espinosa Becerril era periodista “activo” y colaborador de la revista Proceso y de la agencia Cuartoscuro. Desde el domingo 2 de agosto, en reunión con directivos de estos medios, y aun cuando ya era público que se trataba de un fotorreportero amenazado en Veracruz, el Procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza desestimó la profesión en el móvil del crimen porque no había sido asesinado, dijo, “durante el ejercicio de su trabajo”.

Ríos parecía tener claro desde el domingo, dice la reportera Daniela Pastrana, presente en la reunión como directora de la Red de Periodistas de a Pie, que los crímenes a investigar en la colonia Narvarte eran el homicidio, los cuatro femenicidios y el delito de robo.


“Pero la línea periodística no ha sido investigada”, agrega Pastrana, quien apenas el 9 de julio, tres semanas antes del crimen, recogió en entrevista la denuncia que el fotorreportero hizo del hostigamiento contra la prensa por parte del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
“No han estado investigando las conexiones con Veracruz, las amenazas que fueron públicamente denunciadas. Parece que el Procurador tiene una bola de cristal, porque desde el domingo dijo casi la misma versión que se ha estado filtrando y que está diciendo ahora el detenido (con antecedentes de robo por violación)… desde el domingo sabíamos que por ahí iba”, comenta en entrevista.
El multihomicidio cometido en el edificio ubicado en Luz Saviñón 1909, en la colonia Narvarte, es el crimen de más alto impacto que se ha cometido en el Distrito Federal en lo que va de 2015. Se trató de cinco víctimas –un hombre y cuatro mujeres jóvenes– golpeadas y asesinadas con arma de fuego calibre nueve milímetros, en el interior de un departamento ubicado en el cuarto piso de un edificio resguardado con doble puerta y visible desde varias cámaras de seguridad instaladas en la cuadra.

Dos de los asesinados, además, estaban en la ciudad en calidad de desplazados, literalmente escapando del hostigamiento del que eran presa en el Estado de Veracruz, donde Rubén Espinosa Becerril, de 31 años, trabajaba como fotorreportero especializado en cubrir movimientos sociales y la antropóloga Nadia Vera Pérez, de 32 años, participaba en actividades de protesta y resistencia ante la represión del gobierno que más asesinatos de periodistas (14) ha permitido en los últimos cinco años.

Espinosa dijo también a la reportera Shaila Rosagel, de SinEmbargo, que había una foto suya del Gobernador Javier Duarte publicada en una portada de Proceso que sabía había molestado al mandatario y que había sido comprada a granel en Xalapa. También, que desde el 9 de junio estaba en el Distrito Federal porque había visto personas tomándole fotografías afuera de su casa, también en la capital veracruzana.

Nadia Vera, parte del movimiento estudiantil de la Universidad Veracruzana y de la asamblea #YoSoy132, había sido víctima de actos de represión e intimidación también desde 2012. El hostigamiento –golpes durante manifestaciones pacíficas, allanamientos en su casa– fue tal que, en 2014, responsabilizado públicamente al Gobernador Javier Duarte de Ochoa de cualquier daño que pudiera sufrir ella o alguno de sus compañeros. En una entrevista que dio al medio de televisión por internet Rompeviento, la hoy víctima dejó incluso documentado su temor y su denuncia contra Duarte en un video.


Pero todo este entorno de amenazas no sólo no ha sido investigado. A seis días del crimen, si algo ha caracterizado la investigación de la PGDF es la filtración de datos que, consideran ahora organizaciones como Artículo 19, lo que buscan es desestimar el móvil político.
“Manifestamos nuestra preocupación ante la filtración de información que ha realizado la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal, pretendiendo centrar la investigación únicamente en una línea y adelantar conclusiones, dejando de lado el posible móvil político y el involucramiento de agentes del Estado de Veracruz”, dice el borrador de un pronunciamiento que prepara la organización.
La difusión extraoficial de ciertos datos contenidos en el expediente de la PGJDF empezó desde el domingo, cuando un medio policiaco publicó el primer nombre de la testigo que encontró los cuerpos. Luego, periódicos nacionales publicaron que la noche del jueves hubo una “fiesta” que se prolongó hasta la mañana del viernes. Y, el lunes 3, la PGJDF dio sólo al periódico La Razón las primeras imágenes del video captado por la cámara de la Secretaría de Seguridad Pública ubicada en la esquina de Luz Saviñón y Zempola, en las que se ve a tres personas salir del edificio a las 15:02. Uno de ellos, enfatizó el Procurador al repartir el video al resto de los medios, “se lleva el vehículo rojo Mustang; otros sujetos que salen, salen con una maleta negra que se puede observar lleva cierto peso”. El encabezado de La Razón ese día: “Video: fueron tres los asesinos; robaron a víctimas y huyeron”.

Las filtraciones por parte de la PGJDF fueron motivo de preocupación para Artículo 19 desde ese mismo martes. En un comunicado, la organización –también conocedora de las amenazas que vivía Espinosa– advirtió que, de no corregirse el manejo informativo de la indagatoria, el Gobierno de la Ciudad de México “sólo profundizaría la desconfianza y la incredulidad respecto de lo que pueda resultar de la investigación”.

La cobertura mediática del crimen que sacudió –otra vez– a la comunidad periodística mexicana fue motivo de análisis también por parte del reportero independiente Témoris Grecko, que el pasado 5 de agosto publicó el artículo titulado “¿Fiesta? La de la PGJDF y los diarios La Razón y Reforma”.


En el texto, el periodista citó las notas que aludían a la supuesta “fiesta” para plantear cómo se trataba de borrar con “moralismo” la carga política del hecho, y recordó cómo Ríos tergiversó desde el domingo el motivo por el que estaba Espinosa en el DF, al decir que había llegado para buscar “oportunidades de trabajo” y no refugio.
“Como si estuviéramos en los años 60, el atentado sangriento y brutal contra una activista y un periodista se quiso reducir a un reventón de muchachos que salió mal. El Gobernador Javier Duarte había dicho: ‘pórtense bien’, pero ya ven cómo son los jóvenes”, escribió Grecko.
“¿Se está realizando una investigación seria, determinada, imparcial? Existe el temor fundado de que no es así. (…) En público, Ríos Garza hizo lo posible por enterrar el hecho de que Espinosa haya venido al DF huyendo del acoso y de que lo haya denunciado ante quien lo quiso escuchar: ‘Tenía dos meses en el Distrito Federal donde buscaba nuevas oportunidades de trabajo’, dijo Ríos Garza el domingo 2 de agosto”, recordó Grecko.

“COLOMBIANA”

La identidad de las mujeres víctimas ha sido también revelada sólo a través de medios extraoficiales. En el caso de Nadia Vera, por el entorno de periodistas que también eran amigos de Rubén Espinoza y que desde la noche del sábado supieron que era otra de las víctimas. La identidad de Yesenia Quiroz Alfaro, de 18 años, fue sólo confirmada oficialmente por parte de la Procuraduría General de Justicia de Baja California. Y La Razón, por su parte, difundió las identidades de Olivia Alejandra Negrete Avilés, de 40 años, y de Mile Virginia Martín, de 29.

El Procurador Ríos argumentó el pasado miércoles que las reservas en la difusión de las identidades de las cuatro mujeres víctimas obedecía a los protocolos de investigación del delito de femenicidio, pero difundió edades, profesiones y nacionalidades, entre ellas la de una mujer de 29 años que, reportó el comunicado oficial, era “originaria de Colombia” (Martín).

Pero, de acuerdo con la columnista Catalina Ruiz Navarro, también de nacionalidad colombiana, el ocultamiento de las identidades de las mujeres víctimas por parte de las autoridades de la Ciudad de México, el no nombrarlas, tiene más bien el propósito de “invisibilizar los femenicidios”. Mientras, planteó la escritora en un artículo publicado el miércoles en El Espectador de Colombia, la sola difusión de que una de las víctimas tenía nacionalidad colombiana se perfila como la salida que se dará al caso.


“A juzgar por la información pública, todo indica que la colombiana será el chivo expiatorio de este crimen horrendo. Ya se oye decir que fue ‘por drogas”, escribió Ruiz Navarro en “La Colombiana de la Narvarte”.
“Si las principales víctimas resultan ser Espinosa y Vera, esto se convierte en un ataque a la libertad de expresión y tendrá un costo político altísimo; uno que no tiene el asesinato de una colombiana ‘por puta y narcotraficante’. De hecho, la palabra ‘colombiana’ está usándose como eufemismo de prostituta. ¿Recuerdan cuando todo el país se ofendió porque una comediante chilena nos dijo putas? A diferencia de ese sketch, este asesinato no es una broma: tenemos una compatriota brutalmente asesinada, estigmatizada por colombiana, desechable por migrante. ¿Por esto no hay escándalo?”, cuestionó en el texto.
Esta estigmatización, agregó el comunicado enviado el 4 de julio por Artículo 19, también es consecuencia del manejo informativo por parte de la PGJDF: “La investigación está propiciando un inadecuado manejo de la información, desacreditando, discriminando y estigmatizando a las víctimas por su nacionalidad, sexo, ocupación o hábitos”.


“LEVE, PERO SÍ NOS DESVELAMOS”

A siete días del crimen, la reconstrucción de los hechos no está clara ni para la PGJDF. De acuerdo con datos publicados en la semana, la hoy testigo llegó el jueves por la noche al departamento que compartía con Nadia, Yesenia y Mile Virginia después de su jornada de trabajo en una dependencia del Gobierno federal. Fue entonces, “la noche del jueves”, publicó La Razón, que la testigo “vio a sus compañeras, quienes convivían con cuatro hombres, entre ellos el fotoperiodista Rubén Espinosa. Sin embargo optó por irse a dormir y al siguiente día se levantó y fue a su trabajo. Ella fue quien recubrió los cuerpos al volver al departamento”.


El dato de que los vio “la noche del jueves”, sin embargo, contrasta con la versión ofrecida por el Procurador Ríos, que en conferencia el pasado martes dijo que Rubén y Nadia habían llegado al departamento a las “dos de la mañana” del viernes.

“Llegan Rubén y Nadia y un amigo de Rubén a las dos de la mañana al departamento; habían estado en otro lugar”, dijo Ríos.

Según el mismo Procurador, un testigo dice saber que hay un periodo en la madrugada en el que Rubén sale del departamento y que luego vuelve, y que “posteriormente llega la empleada doméstica; estamos hablando de las nueve de la mañana”.

El martes, el Procurador también dijo que era a partir de entonces y hasta las tres de la tarde –hora de salida de los tres presuntos responsables registrada en la cámara de videovigilancia– el “lapso” en el que, trataban de determinar, produjo el crimen. El miércoles siguiente, en conferencia de prensa, dijo que este periodo iniciaba a las 12.

La PGJDF, sin embargo, desconocía que el círculo cercano de Rubén, sobre todo el de los periodistas, contaba con información de que todavía a las 14:13 horas de ese viernes se encontraba con vida y sin indicios de peligro. Esto, debido a que, entre 13:45 y 14:13, sostuvo con un amigo una conversación por WhatsApp reportando, entre otros datos, que ya iba de “de salida a la calle”.

En esa misma conversación, Rubén comenta que salió “con un compa y una amiga (Nadia Vera)” y que se quedó en casa de ella. Ahí mismo, dice que la reunión “salió de la nada” porque sólo querían comer, y agrega que fue “leve, pero sí nos desvelamos”.


LA MARCA VERACRUZANA

El asesinato de Rubén Espinosa cimbró a la comunidad periodística y de activistas de la Ciudad de México desde el sábado, cuando se confirmó su identidad. Los organizados en redes y colectivos que estaban en contacto con él, como Periodistas de a Pie, Artículo 19 y FotorreporterosMx, difundieron desde esa noche un comunicado en el que advirtieron la gravedad de que el crimen acabara con la idea de “refugio” que esta capital representaba para varios periodistas perseguidos en otras partes de México.
“Él ya había denunciado amenazas, acoso y persecución. Habló con todos los colegas que encontró a su paso y con sus empleadores, y recorrió redacciones y medios alternativos y organizaciones de libertad de prensa para denunciar la imposibilidad de realizar un trabajo periodístico en Veracruz, y el clima de violencia que lo obligó a exiliarse y abandonar la vida que había construido en aquella entidad. También el temor que tenía por los compañeros que en Veracruz se quedaban. Pero la violencia de Veracruz lo alcanzó en el DF”, dijeron amigos y periodistas en un comunicado enviado a través de diferentes redes.
La amenaza de que la violencia contra la prensa que se vive en Veracruz pudiera llegar hasta el DF quedó evidenciada desde abril de 2013, cuando la revista Proceso publicó que tenía información para temer que funcionarios del Gobierno de Duarte, molestos por un reportaje, estaban planeando atacar aquí al autor del mismo.

Desde entonces, el 16 de abril de 2013, Proceso publicó en su sitio electrónico una nota reportando que parte del plan de los agresores era enfático en ‘tener cuidado con las cámaras’ de Seguridad Pública instaladas en el Distrito Federal, donde ya se encuentra ‘gente’ del Estado de Veracruz”.


El texto que detonó este plan de ataque, agregó la Revista, fue sobre el homicidio de su corresponsal en Xalapa, Regina Martínez, asesinada el 29 de abril de 2012.
“Hemos recibido información sobre la presunta intención de funcionarios y ex funcionarios del estado de Veracruz de atentar contra la integridad personal del periodista. Desde el pasado domingo por la noche, Proceso empezó a recibir informes acerca de una reunión entre exfuncionarios y funcionarios de Gobierno, de Seguridad Pública y de la Procuraduría veracruzana, cuyo propósito era acordar acciones hostiles en contra del reportero en respuesta a su publicación más reciente en torno el caso de Regina Martínez, que comenzó a circular en todo el país el mismo domingo 14”, publicó Proceso.
“Este semanario pudo averiguar que en esa reunión se acordó el traslado de agentes del Gobierno veracruzano al Distrito Federal, así como a los estados de México, Morelos y Querétaro, para recabar datos relativos al periodista. Este martes 16, la información más reciente obtenida por Proceso indicó que ayer lunes se realizó una nueva junta, en la cual se decidió la captura del reportero y la decisión de hacerle daño en caso de que se resista”, agregó el medio.

Y, desde ese abril de 2013, y como hizo Nadia Vera en 2014, la revista nacional responsabilizó al Gobierno de Veracruz de cualquier agresión que pudieran sufrir “todo el personal que colabora con este semanario en todo el país”.

Por eso, insiste la periodista colaboradora de Proceso y fundadora de Periodistas de a Pie, Marcela Turati, es importante que, aun cuando los datos de la escena del crimen muestren que hubo otros delitos, también se investigue el entorno de amenazas que vivía la víctima y se investigue el trabajo periodístico de Rubén como probable móvil.


Esto, explica quien ha monitoreado la violencia contra los periodistas de Veracruz en los últimos años, porque el manejo de la investigación del crimen ocurrido en la colonia Narvarte presenta los mismos elementos que presentó el asesinato de la periodista Regina Martínez.
“Este crimen y cómo se ha manejado coincide con el crimen de Regina Martínez, porque de inmediato empezaron las filtraciones que apuntaban a que ella tenía una relación de algún tipo con sus asesinos, que les abrió la puerta, que estuvieron conviviendo con ellos en la noche, y al terminar un crimen tan terrible, el móvil fue un robo –dice Turati. Nunca investigaron su trabajo periodístico”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-08-2015/1441603.

Otra vez las subastas de Banxico no bastan: dólar cierra en 16.65 pesos por devaluación del yuan

Los analistas lo han reiterado. Las subastas implementadas por el Banco de México (Banxico) no son suficientes contra el empoderamiento del billete americano frente a las otras monedas porque la razón de raíz es el futuro incremento de la tasa de interés estadounidense. Este martes el dólar bancario cerró en 16.65 pesos, once centavos más que ayer, y el dólar interbancario, a pesar de que el banco central vendió 373 millones de dólares en total, se depreció 0.98 por ciento al terminar en 16.3241 pesos.

En tanto, el euro se ofreció en un máximo de 18.28 pesos, lo que significó un avance de 21 centavos respecto a la víspera, mientras el yen alcanzó un precio de hasta 0.133 pesos a la venta.


De acuerdo con Banco Base, la moneda mexicana se ha visto presionada por la decisión del Banco Popular Chino de devaluar casi 2 por ciento el yuan con la intención de incentivar las exportaciones ante el encarecimiento de sus productos.
En este contexto, Banxico subastó en la mañana y luego al mediodía 173 millones de dólares con precio mínimo, y 200 millones de dólares sin precio mínimo, a fin de proveer liquidez al mercado cambiario. La semana pasada subastó 200 millones ante la publicación de datos positivos de Estados Unidos.
Durante el inicio de la semana, el Banco de China intervino para devaluar un 1.9 por ciento el valor medio del yuan respecto del dólar, lo que provocó la mayor caída de la moneda desde que Pekín abandonó en 2005 el tipo de cambio fijo entre ambas divisas.

El yuan cayó a su menor nivel frente al dólar desde hace tres años.


La moneda china sigue sin estar en flotación totalmente libre como otras, por lo que el valor medio que se fija cada día es de gran importancia. El banco central permite solamente oscilaciones de hasta un dos por ciento hacia arriba o abajo de la cifra fijada.
La devaluación se produce en momentos en que las exportaciones chinas se encuentran muy debilitadas. En julio cayeron un 8.3 por ciento respecto del mismo mes del año anterior, un hecho que los analistas atribuyen entre otras cosas a la moneda.
En los últimos 12 meses el yuan había ido subiendo casi a la par que el dólar frente a muchas divisas internacionales. Respecto del euro subió casi un 20 por ciento en un año, lo que encareció de manera clara los productos chinos en Europa, el principal mercado chino.

Si el comercio exterior sigue debilitándose podría estar en peligro el objetivo de crecimiento de un siete por ciento fijado por el gobierno para este año. El clima de negocios está en su nivel más bajo en dos años entre los grandes jefes de la industria china, según las últimas encuestas.

La devaluación servirá para “restar presión a la industria exportadora”, dijo a dpa Liu Yuanchun, profesor de economía de la Universidad Renmin de Pekín.

La decisión seguramente será criticada por Estados Unidos. “Pero no nos preocupa. En cualquier caso es la decisión correcta”, dijo a su vez He Xiaoyu, profesor de la Universidad Central de Finanzas y Economía de Pekín. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que “aún es pronto para valorar” la decisión de China de devaluar su moneda y reformar su sistema cambiario, aunque agregó que el país asiático había enmarcado esta decisión como un paso hacia un régimen cambiario más flexible.

La medida será analizada seguramente también bajo la lupa por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estudia la posibilidad de incluir al yuan en su cesta de monedas de referencia mundial. En mayo el organismo había certificado que Pekín ya no manipulaba artificialmente el yuan y que era apto para entrar en el grupo, formado hasta ahora por el dólar, el euro, la libra esterlina y el yen japonés.

CHINA TUMBA LAS BOLSAS 

Al cierre de la jornada de este martes, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió 2.07 por ciento, en línea con los mercados internacionales, como reacción a la decisión de China de devaluar su moneda frente al dólar para impulsar la economía del país asiático.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 44 mil 383.80 unidades, al perder 941.39 enteros respecto al cierre previo.


En Wall Street, el tecnológico Nasdaq cerró con una pérdida de 1.27 por ciento, el Dow Jones cayó 1.20 por ciento y el Standard & Poor’s bajó 0.95 por ciento, de acuerdo con datos preliminares.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-08-2015/1446523.

Ortega culpa a medios por “falsos” señalamientos de corrupción

CHILPANCINGO, Gro: El gobernador Rogelio Ortega Martínez estalló contra sectores sociales y medios de comunicación al asegurar que las acusaciones contra miembros de su gabinete por presuntos actos de corrupción no están sustentadas en datos o investigación seria.

Ortega Martínez dijo que se trata de “falsedades, manipulación de datos, descontextualización de los hechos o interpretaciones malintencionadas”.

Luego admitió que su principal preocupación es que mediante información, que calificó como “falsa y manipulada”, se daña la poca confianza que la ciudadanía tiene hacia los políticos y cualquier gobierno.

Esta situación, sentenció, en nada abona al clima de gobernabilidad democrática que se requiere en el momento difícil que vive la entidad por la inseguridad, la crisis financiera y el periodo de transición de administraciones.

Por ello hizo un llamado de “unidad” y demandó a los grupos políticos, sociales, económicos y a los medios de comunicación a “que se conduzcan con plena responsabilidad y se apeguen a la ética y profesionalismo en el manejo de la información”.

De esta forma el gobernador Ortega reaccionó ante las críticas contra su administración, señalada por la opacidad y presuntos actos de corrupción como el caso de la compra de voluntades para dividir el movimiento que exige justicia por el caso Ayotzinapa y la entrega ilegal de una bolsa millonaria en obra pública a diputados de PRD y PRI, entre otros.

Este martes el mandatario, a través de su cuenta de Facebook, difundió un extenso comunicado dirigido a la opinión pública, donde se ufana de ser tolerante y respetuoso frente a las “fuertes críticas” que su gobierno ha recibido en los 10 meses que lleva su administración.

Rogelio Ortega dijo estar dispuesto a asumir las consecuencias de lo que puedan ser errores de su gobierno, pero advirtió:

“En lo que no coincido ni estoy de acuerdo es en las acusaciones sobre supuestos actos de corrupción de mi gobierno, que no se sustentan en ningún dato o investigación seria, sino en falsedades, manipulación de datos, descontextualización de los hechos y/o interpretaciones malintencionadas”.

Ortega Martínez afirmó que ha respondido a los señalamientos de supuestos actos ilegales o de corrupción aportando pruebas, documentos y evidencias que, indicó, refieren lo contrario.

También dijo estar abierto a las auditorías que por ley está obligado, así como a las auditorías ciudadanas que la sociedad proponga.

“Mi postura es firme: sí a la transparencia, rendición de cuentas y auditorías, ya sean de autoridades gubernamentales o sociedad civil; no a las acusaciones sin fundamento que falsean la información y siembran incertidumbre y desconfianza entre los ciudadanos y, en especial, a las que provienen de ilícitos como el espionaje telefónico con el propósito de sobornar, chantajear y coaccionar a funcionarios de mi gobierno”, expresó Ortega sin especificar.

No obstante, el mandatario ofreció que si alguien ha infringido la ley, que se le juzgue conforme a derecho, y enseguida arremetió contra la prensa:

“Pero si han sido honestos e íntegros, como estoy seguro que es el proceder de los funcionarios que invité a colaborar en mi gobierno, que las plumas y voces irresponsables que atacan sin argumento ni evidencia de por medio no se erijan en portavoces de la verdad, difamen y lancen acusaciones que sólo siembran y provocan malestar social, desconfianza y duda”.

Enseguida, Ortega refirió que ha sido respetuoso de la libertad de expresión y el derecho de crítica de cualquier persona.

“Bajo este principio, pido también que la información sobre supuestos actos de corrupción de mi gobierno sea responsable y ética, basada en las normas mínimas de profesionalismo que el buen periodismo exige”, remata el comunicado del gobernador.

La postura del mandatario ante la crítica generó polémica en las redes sociales, donde varios usuarios deploraron la actitud de Ortega y otros avalaron el reproche del Ejecutivo.

Al respecto, Josué Reyes, expresó: “Señor gobernador déjese de niñerías, con todo respeto, y póngase a trabajar que Guerrero está por los suelos… principalmente da tristeza que en nuestro estado en ninguna ciudad, municipio y comunidad que la conforman hay seguridad, qué triste de verdad…”

Yazmín Jiménez escribió: “Se está curando en salud porque ya sabe lo que viene, dejó sin dinero al estado y la Federación no le quiere dar más porque no pueden comprobar lo que se robaron!”.

Rocío López defendió a Ortega al postear: “En 6 meses resolvió lo que ningún gobernador pudo, mil gracias por lo que hizo por Guerrero y por la juventud que apoyó. Dios me lo bendiga siempre Sr. gobernador”.


Mientras que Sergio ch reviró: “Entonces explique los audiomoches!!! Qué tiene que decir al respecto????”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Duarte declara por escrito, se deslinda de multihomicidio y acusa linchamiento

XALAPA, Ver: El gobernador Javier Duarte de Ochoa entregó hoy por escrito su declaración ministerial sobre el multihomicidio registrado en la colonia Narvarte del Distrito Federal, el pasado 31 de julio, en el que dos de las víctimas, el fotoperiodista Rubén Espinosa y la promotora cultural Nadia Vera, fueron hostigados y amenazados antes de abandonar la entidad y refugiarse en la capital el país.

Sin dar a conocer el contenido de la misma y sin interrogatorio de por medio, el mandatario la hizo llegar a los enviados de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), encabezados por el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Garrido, a través de la Fiscalía General del Estado (FEG).

Duarte de Ochoa preparó la testimonial junto con su equipo de abogados. No le llevó mucho tiempo porque se limitó a reproducir el mensaje que leyó en la rueda de prensa matutina del pasado lunes 10, y en adjuntar copias de las documentales que obran en poder de la FGE en las que acreditan que Rubén Espinosa y Nadia Vera nunca presentaron querellas penales en el ámbito local, que sólo lo hicieron ante instancias federales.

Luego de cumplir, a su modo, con el procedimiento ministerial, el gobierno estatal difundió un comunicado en el que Duarte destaca la comunicación que tuvo con el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera:

“El día de ayer le solicité al Dr. Mancera rendir declaración en el caso de la colonia Narvarte. Nunca he creído en el fuero, así que en un hecho inédito de la historia política y jurídica de México, personal de la Procuraduría del Distrito Federal estuvo presente en esta jurisdicción y recabó la información que yo pudiera aportar”, dice.

Asimismo asegura que ya respondió “todas las preguntas” que pudieran surgir en torno a los hechos de la colonia Narvarte, por lo que “dejo claro” que se “deslinda” del multihomicidio ocurrido el 31 de julio.

Y remata:

“No creo en el fuero, tampoco creo en los linchamientos públicos que lejos de crear valor, alejan de la verdad y encubren a los verdaderos culpables. La verdad nos hará libres”.

Por separado, el vocero de la FEG, Omar Zúñiga, se encargó de enviar mensajes de texto dando a conocer que la fiscal de Investigaciones Ministeriales de la FGE, Rosario Zamora González, y el agente del Ministerio Público de la PGJDF, José Francisco Coronilla Argueta, intercambiaron oficios de colaboración.


Decenas de reporteros se apersonaron afuera del Palacio de Gobierno y en las instalaciones de la Fiscalía para tratar de conocer el contenido de la declaración de Duarte, pero todo se manejó con absoluta discreción.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

Universidad Veracruzana urge a Duarte ayuda por desaparición de 2 académicos

La Universidad Veracruzana (UV) reportó la desaparición de dos académicos de esa casa de estudios y dijo que desde el domingo se exigió al Gobernador Javier Duarte de Ochoa una “intervención inmediata”, una investigación y el esclarecimiento de los hechos.

Por medio de un breve posicionamiento difundido en las redes sociales de la Universidad, se informó que desde el domingo por la mañana se demandó “la intervención inmediata del Gobierno del Estado para la localización de los dos académicos desaparecidos”.

La casa de estudios exigió que se respete como prioridad la integridad de los universitarios en riesgo. “Reafirmamos nuestra postura institucional de repudio ante cualquier manifestación de violencia contra los miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad en general”, dice el documento.

Uno de los académicos ha sido identificado de manera extraoficial como René Hernández Luis, de 28 años. La misma información refiere que fue levantado el sábado por la tarde por sujetos armados.

El sitio Plumas Libres dice que organizaciones que defienden los ríos y los derechos de los indígenas en el sur están en alerta por el delito, y creen que es un asunto político por el activismo de René quien ha participado en numerosas protestas.

Mediante las redes sociales se ha denunciado que “la línea de investigación apunta a un secuestro por el poder del estado, ya que este joven maestro forma parte de la mesa de gestoría del municipio libre de Mecayapan”.


Hasta el momento el gobierno de Veracruz no ha dado a conocer si ya investiga la desaparición de los académicos.

Estudiantes de la Universidad Veracruzana, que conforman el Comité Universitario de Lucha, denunciaron la semana pasada que fueron hostigados por parte de las autoridades del estado tras haber responsabilizado al Gobernador Javier Duarte de Ochoa de la muerte del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y de la activista Nadia Vera, asesinados junto a otras tres mujeres en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México.

Tanto el periodista como la activista dejaron la ciudad de Xalapa, donde se encuentra localizada la Universidad Veracruzana, tras denunciar amenazas hacia su persona. Ambos señalaron, antes de su muerte, al Gobernador veracruzano Javier Duarte como responsable de cualquier ataque a su integridad física.

El Comité Universitario de Lucha difundió al inicio de la semana pasada un escrito en su perfil de Facebook para denunciar la agresión en contra de la activista Nadia Vera. El texto decía: “Tu cuerpo fue mancillado pero tu lucha y tus ideales se mantienen intactos. No sabemos quién jaló del gatillo pero sí sabemos quién dio la orden. Lo sabemos y lo gritamos. Conocemos su nombre y su apellido. Sabemos también que sus acciones son desesperadas, igual que las de un perro acorralado. Lo decimos hoy y lo diremos siempre. No olvidamos. No perdonamos. Fue el Estado. Javier Duarte: fuiste tú”.


Tras la difusión de ese mensaje, el grupo denunció que autoridades de ese estado los ha sometido a represalias:
“Hace unos días, con el corazón herido y mancillado, hemos escrito a Nadia Vera, nuestra compañera de lucha en Xalapa, Veracruz, una misiva pública que hemos leído en los mítines y ha circulado por las redes reflejando nuestro dolor, nuestra rabia, nuestra indignación [...]. Hace dos meses vimos a Rubén partir al DF. Supimos que se fue después del 5 de junio, después de la agresión a nuestros compañeros, estudiantes de la Universidad Veracruzana, después de que removieron una y otra vez la placa de Regina Martínez que Rubén y los periodistas colocaron en la antes llamada Plaza Lerdo, después de que los hostigamientos empezaron a recrudecer. Al día de hoy no han cesado”, denunció el Comité en un posicionamiento.
La organización civil denunció que este hostigamiento ha aumentado y ha sido más directo desde el fin de semana del brutal asesinato. “La SSP, la Fuerza Civil, los ministeriales y los policías vestidos de civil rondan nuestras calles, nuestros barrios, vigilan nuestras casas. Elementos de la Fuerza Civil han detenido a compañeros sin motivo para llevarlos a los separos y amedrentarlos por horas, fuera de proceso, sin cargos. Así andamos, con el aguijón de la amenaza tras la nuca”, acusó.

A estos hechos se suma la agresión cometida con palos y machetes en contra de un universitario de Xalapa el pasado 5 de junio. El Gobernador Javier Duarte informó este lunes que el Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras dará a conocer avances sobre el ataque denunciado hace más de dos meses.


Sobrevivientes de ese episodio, denunciaron el pasado 16 de junio que el Gobernador Javier Duarte tiene una lista negra de 30 personas “peligrosas” para el orden público. Dijeron que esa lista comprende a estudiantes, artistas, activistas, periodistas, consejeros locales del Instituto Nacional Electoral (INE) y académicos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-08-2015/1446060.

Abogados de Nadia exigen que también declaren los últimos dos jefes de policía de Duarte

Desde el pasado martes 4 de agosto, los abogados de la familia de Nadia Vera Pérez que coadyuvan en la investigación por el multihomicidio en la colonia Narvarte entregaron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) una solicitud de citatorio a los dos últimos secretarios de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz.

Esto, explican David Peña y Karla Micheele Salas, porque en los antecedentes denunciados tanto por la antropóloga y activista como por el fotorreportero Rubén Espinosa Becerril se establece que quienes llevaban a cabo el hostigamiento contra los hoy asesinados eran agentes a cargo de esta dependencia.

“Hemos solicitado desde la coadyuvancia que se cite al ex Secretario de Seguridad Pública (general Sergio López Esquer), y actual Secretario (Arturo Bermúdez Zurita), justo porque las denuncias públicas de Nadia y de Rubén señalan a elementos de Seguridad Pública, porque justo lo que nos interesa es profundizar en la actuación de estos elementos”, dice Peña.

“Pero al día de hoy no los han citado. Y está muy bien lo de (citar al Gobernador) Duarte, pero a quienes estamos señalando es a los secretarios de Seguridad Pública. Para poder establecer una línea de mando y hacer un entramado, porque para nosotros es importante poder establecer la responsabilidad”, agrega Salas.

Los abogados coadyuvantes fueron entrevistados anoche, horas después de que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunciara que un equipo de agentes del Ministerio Público capitalino tomarán declaración al Gobernador Javier Duarte como parte de la investigación.

Para Peña y Salas, sin embargo, la medida parece más “mediática” debido, informaron, a que en los 10 días transcurridos desde el crimen, la PGJDF no ha profundizado en la investigación sobre el entorno de amenazas que vivían dos de las cinco víctimas -Vera y Espinosa- y porque han sido sólo ellos quienes han procurado estas pruebas –como las entrevistas en las que se hacen las denuncias- al Ministerio Público.

“La declaración (de Duarte) nos parece importante; sin embargo, el estado que guarda la investigación ha impedido que se profundice en la línea política como un móvil para el asesinato de los cinco; en particular de Nadia y de Rubén”, dice Peña.

“Nuestro interés por estos testimonios es porque, desafortunadamente, en el expediente no está la línea de la posible intervención de agentes estatales de Veracruz. Y más allá de las declaraciones mediáticas, de que no se descarta ninguna línea, lo cierto es que no los han citado”, agrega Salas.

El anuncio de Mancera se dio horas después de que, en Veracruz, Duarte declarara ante medios –a los que no permitió preguntas- que el multihomicidio registrado el 31 de julio en la colonia Narvarte correspondía a las autoridades del Distrito Federal.

La relevancia de investigar a los agentes de Seguridad Pública estatal fue también planteada por Daniela Pastrana, directora de la Red de Periodistas de a Pie y quien recordó que debieron ser agentes policiacos quienes obligaron al fotorreportero hoy asesinado a borrar material fotográfico el 14 de septiembre de 2013, durante un desalojo en Xalapa, hecho que motivó su única denuncia en aquella entidad.

También, dijo Pastrana, al Gobernador Duarte se le puede preguntar por el entorno de hostigamiento denunciado no sólo Espinosa, sino por otros periodistas de aquella entidad que, por diversos medios, han señalado que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado les toman fotografías y las integran en un registro.

“Habría que preguntarle si su administración lleva un registro fotográfico de periodistas, como indican diversos testimonios. También, preguntarle quién dio la orden de borrar las fotografías del desalojo en la Plaza Lerdo, como lo denunció Rubén después del 14 de septiembre de 2013, porque fue un desalojo en el que debe haber participado la policía”, dijo la reportera.

Asimismo, agregó, al Ejecutivo estatal se le puede preguntar por las declaraciones que hizo en junio, cuando dijo que “algunos de los trabajadores de los medios de información tienen vínculos con estos grupos y quedan expuestos”.

Nadia Vera, que también formó parte del movimiento #YoSoy132, narró en una entrevista de 2012 que dio al medio Plumas Libres la forma en la que policías desarticularon una manifestación de estudiantes el 20 de Noviembre de ese año, y cómo, sin explicación ni cargos, agentes “vestidos de civil” golpearon a varios y otros los detuvieron.

“Lo único que íbamos a hacer era manifestarnos pacíficamente; la idea era desplegar unos pancartas y repartir unos globos con pequeños mensajes políticos. Pero antes de que ocurriera eso, había como un operativo previsto para desarticularnos en el evento del desfile (…) El primer grupo estaba por bajar a Plaza Lerdo, les interrumpen el paso y les dicen que no pueden ingresar a la plaza, empiezan a agredirlos, y los suben a la patrulla, y sin cargos, sin hacer nada, iban caminando tranquilamente, y detienen a estos cinco compañeros”, dijo Vera ante la cámara.

“Me encuentro a un compañero periodista y le pido que tome fotos. Gracias a que este compañero se acerca, y empieza a tomar fotos, dejan de golpearlos de la manera que estaban haciendo; medio los sueltan, empiezan a forcejear, primero se llevan a uno y yo me quedé grabando al otro compañero que también lo estaban golpeando y le estaban quitando sus cosas (…) Entonces, mientras estoy grabando que la están golpeando y arrastrando, llegan por mí otras mujeres, me quitan el celular, nunca me lo quitan, tengo foto de la policía vestida de civil que me robó el celular, eh, y me agarran entre dos y me empiezan a jalar, y les digo que voy caminando tranquila, que las acompaño pero que no me golpeen, y llegando a la esquina me empiezan a arrastrar también a mí y se empieza a hacer un forcejeo”, agregó.


MÁS INCONSISTENCIAS

Peña y Salas precisaron ayer que, de acuerdo con la información que consta en el expediente, quedó acreditado que Mile Virginia Martín, de 29 años, tenía 15 días de haber llegado a vivir al departamento 401 de Luz Saviñón 1909, donde el viernes 31 de julio fue asesinada junto a Vera Pérez, de 32; Rubén Espinosa, de 31; Yesenia Quiroz, de 18, y Alejandra Negrete, de 40.
Comentaron también que la investigación presenta un desarrollo “raro”, debido a que se indaga un supuesto robo, pero el vehículo Mustang que se observa en el video de la cámara de Seguridad Pública y que se lleva uno de los sospechosos fue abandonado sin haber sido desvalijado. También, cuestionaron,  parece improbable que el único detenido –identificado como Daniel Pacheco Gutiérrez, de 41 años y con antecedentes penales- haya sido encontrado, cuatro días después del crimen, en su casa, sin indicios de estar huyendo. Pacheco, además, comentaron, apareció con un golpe en el ojo en la fotografía difundida por la PGJDF y no ratificó ante el Poder Judicial lo que declaró ante el Ministerio Público capitalino.
La forma en la que la PGJDF ha investigado el crimen fue motivo de cuestionamiento ayer también por parte de la familia de Vera Pérez, que desde Chiapas denunció, como han hecho varias fuentes con acceso al expediente, que la línea de un probable móvil político no ha sido seguida.
“Tenemos muchas preguntas para la Procuraduría del Distrito Federal, institución de la que aún esperamos respuestas: ¿Qué declaraciones relevantes han hecho los testigos claves sobre el caso? ¿Por qué la actividad de Nadia como activista no es contemplada como un hecho que la colocó en una situación de vulnerabilidad? ¿Por qué no se ha tomado en cuenta el contexto de violencia e inseguridad además de la agresión directa por parte del estado de Veracruz a grupos de estudiantes y activistas a los que Nadia perteneció?”, cuestionó Mirtha Luz Pérez Robledo, madre de la víctima.
“¿Cuál es la explicación de tanta saña en el crimen? ¿Qué implica que el arma utilizada en el crimen haya sido utilizada por primera vez y sea un arma con silenciador? ¿Por qué se filtra la información a los medios de comunicación, si con ello se pone en peligro a los familiares de la víctimas? ¿Por qué no se le permitió rápidamente el acceso del expediente a los abogados y sí a los medios de comunicación¿ ¿Por qué no se le permitía declarar a los amigos y familiares de las víctimas que querían aportar más información? ¿Por qué se ha priorizado el robo y se han minimizado otras líneas de investigación?”, agregó desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.


DUARTE DECLARARÁ HOY ANTE LA PGJDF

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal informó ayer que dio instrucciones a la PGJDF para ir a Veracruz a tomar la declaración del Gobernador Javier Duarte de Ochoa en relación al asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, de la activista Nadia Vera, de Yesenia Quiroz, Olivia Alejandra Negrete Avilés y la ciudadana colombiana Mile Virginia Martínez, ocurridos el 31 de julio en la colonia Narvarte de esta capital.
“He dado la instrucción a la Procuraduría General de Justicia de esta capital para que el día de mañana [hoy, martes 11 de agosto] se traslade el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales con un equipo de ministerios públicos y oficiales secretarios, a fin de que en coordinación con el gobierno de Veracruz puedan tener la declaración en relación a los hechos”, dijo Mancera Espinosa en conferencia de prensa.
El mandatario sostuvo que ya se comunicó vía telefónica con Duarte de Ochoa a fin de notificarle que se requiere su “declaración directa”.

Cuestionado sobre los motivos que dio el Gobernador veracruzano para no presentarse a la Procuraduría capitalina, Mancera dijo: “nosotros debemos cuidar los procedimientos de estilo, para el efecto de las inmunidades en su carácter de Gobernador”.
“Dada la importancia de este evento, y que él no mostró objeción, se dio las instrucciones para que el día de mañana” la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tome declaración desde Veracruz a Duarte en coordinación con la fiscalía de este estado, detalló.
Se trata de la primera vez que un Gobernador es llamado a declarar en relación a un asesinato.

Tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera dejaron Veracruz luego de denunciar hostigamiento por parte de las autoridades. Nadia responsabilizó directamente a Javier Duarte de Ochoa por cualquier agresión hacia su persona.

El Gobernador Javier Duarte de Ochoa dijo en una conferencia de prensa concedida ayer por la mañana –en la que no se aceptaron preguntas– que el multihomicidio de la colonia Narvarte es un caso que corresponde a las autoridades del Distrito Federal y no al estado de Veracruz. Aseguró que de los 11 homicidios registrados en Veracruz durante su mandato, ocho son atraídos por la Procuraduría General de la República (PGR) y los tres restantes han sido resueltos por la Fiscalía del Estado.


Duarte de Ochoa difundió la tarde de ayer, a través de su cuenta de Twitter, una carta dirigida al Jefe de Gobierno del DF en la que dice: “de conformidad con las conversiones telefónicas que hemos sostenido referentes a los lamentables hechos acontecidos el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte en la el Distrito Federal, por medio de estas líneas le reitero la absoluta disposición de mi gobierno de ofrecerle toda la colaboración institucional y aportar la información que la Procuraduría General de Justicia requiera en esta investigación”.

El mandatario, quien es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que “desde el momento en que los agentes del Ministerio Público del Distrito Federal requirieron copias de posibles denuncias que se hubiesen presentado por las víctimas de este caso, el Fiscal General de Veracruz [Luis Ángel Bravo Contreras] dio contestación inmediata”.
“He escuchado de manera reiterada que se habla de impunidad en todos los casos de periodistas muertos en Veracruz. Quiero precisar que de 11 homicidios, ocho han sido atraídos por la Procuraduría General de la República (PGR) por existir elementos de federabilidad”, dijo Javier Duarte esta mañana en la conferencia de prensa. Comentó que los tres casos atendidos por la Fiscalía General del Estado de Veracruz son los de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez; el de Gregorio Jiménez de la Cruz y el de José Moisés Sánchez Cerezo. Dijo que cada uno de ellos “han sido esclarecidos”.
Con respecto al caso del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, quien abandonó Xalapa, la capital veracruzana, tras denunciar amenazas hacia su persona, el Gobernador mostró en la conferencia de prensa un video en el que, dijo, Rubén discutió con “manifestantes encapuchados” durante la cobertura que hizo de una protesta en contra de las agresiones cometidas a universitarios de Xalapa, cinco de los cuales fueron atacados días antes con palos y machetes.

Duarte de Ochoa dijo que un día después de esta manifestación el colaborador de Proceso y Cuartoscuro abandonó la entidad. “Eso lo sabemos no porque estuviéramos espiando, sino porque él mismo lo hizo público”, comentó.


Cuestionado sobre si estaría dispuesto a comparecer ante el Congreso por los comentarios de organismos civiles que lo responsabilizan de la muerte de Rubén Espinosa y de Nadia Vera, el mandatario dijo: ”Primero que nada quiero señalar que este es un caso que ocurrió en el Distrito Federal, no en Veracruz”.
“Nosotros hemos puesto a su disposición nuestro respaldo siendo que dos de esas víctimas, que fueron asesinadas en la colonia Narvarte, residieron recientemente en Xalapa, esa es la única relación”. Posteriormente insistió: ”Quienes son los responsables del esclarecimiento y de la resolución de esta caso son las autoridades del DF”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-08-2015/1445681.