martes, 7 de julio de 2015

Interpol ya busca a Enrique Horcasitas por Línea 12 del Metro

Fue tomada la acción tras varios citatorios a los que no se presentó a la Fiscalía de Servidores Públicos.

Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro de la Línea 12, presuntamente huyó de México, por lo que se solicitó emitir la ficha roja para localizarlo y detenerlo en Estados Unidos, Canadá o Alemania, donde podría encontrarse.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos Garza, informó que esta persona es buscada junto con Moisés Guerrero Ponce, quien fuera director de construcción de obras civiles, y Sergio Aguirre Mendoza, ex subdirector de obras y apoyo Técnico.

“De los indicios que nosotros tenemos de las personas que se encuentran pendientes de cumplimentar la orden de aprehensión, es que hubo la necesidad de hacer esa solicitud de la ficha roja a las autoridades internacionales, específicamente en esos países”, precisó.

Señaló que a Horcasitas se le imputa el otorgamiento y autorización de un contrato de prestación de servicios por un monto superior a un millón de pesos, cuyo objetivo consistió en supervisar la construcción de obra pública, pese que la licitación se declaró desierta.

Entrevistado, aclaró que ese delito no es considerado grave, por lo que una vez que sea detenido podría obtener el beneficio de la libertad bajo caución, aunque aún están pendientes 11 averiguaciones previas, por lo que no descartó que su situación jurídica pudiera empeorar.

“Por esta averiguación previa por este delito al no ser grave, por supuesto que tiene el derecho a obtener la caución y será el juez quien fije las cauciones, el daño patrimonial, la reparación del daño y en su caso las obligaciones o garantías procesales, esto si no hay oposición del Ministerio Público”, aseveró.

Refirió que el ex director del Proyecto Metro se le giraron varios citatorios y no se presentó a la Fiscalía de Servidores Públicos, por lo que se solicitaron las alertas al Instituto Nacional de Migración, a la dirección general de Aeronáutica Civil e Interpol.

El funcionario indicó que hasta el momento no existe investigación contra el ex jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón, pero aclaró que la indagatoria sobre este caso no está terminada.

Diputados piden que justicia no sea selectiva

Legisladores del PAN y PRD exigieron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que no sea selectiva en el caso de la Línea “Dorada” del Metro y sancione a todos los responsables.

Asimismo, confiaron que las responsabilidades penales que fincó la PGJDF contra ex servidores públicos de la anterior administración del gobierno capitalino, encabezada por Marcelo Ebrard, por la comisión de presuntas irregularidades en el proyecto de la Línea 12, sean lo suficientemente sólidas.

Esperamos, dijeron, que no estén sustentadas en una persecución política para castigar a Ebrard Casaubon.

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, recordó que en lo que va de la investigación no hay elementos para sancionar al ex jefe de gobierno.

Sin embargo, aclaró en entrevista, debe haber una investigación a fondo de este caso y al mismo tiempo imparcial. “Cuando no se hace bien una obra de esta magnitud y salen a la luz pública irregularidades, todo un gobierno se ve involucrado en estos hechos”, agregó.

Por separado, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Marcelo Torres Cofiño, exigió sanción a los responsables de lo que consideró fraude en la Línea 12 del Metro.


“Una vez que la Procuraduría capitalina pidió a la Interpol capturar al ex director del Metro, Enrique Horcasitas, el GDF no debe ser selectivo en la aplicación de la ley y se tiene que sancionar a todos los responsables, sin importar que entre ellos pueda estar el ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fiscalía dejó de buscar a “El Jarocho”, presunto asesino de Regina Martínez

XALAPA, Ver: La Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, dejó de buscar a José Adrián Hernández Domínguez, “El Jarocho”, presunto segundo indiciado en el homicidio de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso.

Diana Coq Toscanini, litigante que llevó el expediente de la periodista veracruzana asesinada y que hoy encabeza la defensa de Jorge Alberto Hernández, “El Silva”, también denunció que a su defendido lo mantienen incomunicado dentro del reclusorio y sin atención médica mensual, ello, pese a que es un enfermo seropositivo.

“El expediente se plagó de irregularidades y vicios”, expuso Diana Coq en rueda de prensa, en relación con la investigación ministerial 019/2012/PC y el proceso penal 358/2012, con el cual se sentenció a “El Silva” a 38 años y dos meses de prisión como el presunto responsable del asesinato de la comunicadora.

Diana Coq fustigó que la FGE desistió de la orden de aprehensión contra “El Jarocho”, lo anterior pese a que Hernández Domínguez continúa paseando por Xalapa, incluso con visitas constantes a una comerciante del Pasaje Tanos –ubicado a un costado del palacio de gobierno donde despacha Javier Duarte–, con quien procreó una hija.

“El gobierno del estado intercedió para suspender la búsqueda del otro coacusado, y por ello actualmente “El Jarocho” tiene plena libertad de tránsito, pues se sabe hasta cuando viene a Xalapa”.

La abogada penalista expuso que las irregularidades que rodean las investigaciones en torno al asesinato de Regina Martínez ya fueron denunciadas ante la CNDH.

No obstante, advirtió que si este organismo hace caso omiso, llevarán el tema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para mostrar “las innumerables inconsistencias” del caso.

Coq Toscanini aseveró que el “estudio de la causa penal y de la propia averiguación previa” revelan que Jorge Alberto Hernández, “El Silva” es inocente, pues su incriminación sólo se hizo de “oídas” y no hay pruebas contundentes que demuestren que él participó en el asesinato de Regina Martínez.

“Su declaración confesa la hicieron con base en técnicas de tortura, y hoy lo tienen incomunicado y no le permiten tener abogado ni acceso a un médico para saber el avance de la enfermedad que padece”, expuso.

Han pasado mil 665 días desde que Regina Martínez fue asesinada dentro de su vivienda, donde policías ministeriales y empleados del Servicio Médico Forense (Semefo) la encontraron sin signos vitales en el interior del baño, pues sus victimarios la asfixiaron con una toalla, mientras que en el rostro presentaba una fuerte lesión en la mejilla, que le provocó una exposición del maxilar inferior.

El artero crimen hoy continúa impune, pues la aprehensión de “El Jarocho” en tres años no ha podido ser efectuada.


Diana Coq fustigó que pese a las irregularidades e inconsistencias en este homicidio y el seguimiento que se le dio a las investigaciones, el gobernador Javier Duarte insista en su retórica en el sentido de que “el homicidio está esclarecido”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

De Scherer sobre Zabludovsky: La vida que desprecio

MÉXICO, D.F: A Jacobo Zabludovsky lo llevaba conmigo como una pesadilla. En cualquier momento se me aparecía. Seguidores entusiastas en todo el país hablaban de él, de la penetra­ción de su trabajo, de su información privilegiada, de su porte, de su elegancia, de su corbata negra, de su fina ironía, de su lenguaje impecable, de su dicción sin error.

Los secretarios de Estado se exhibían a su disposición, orgullosos de comunicarse con el número uno de las noticias. Y así los gobernadores de los estados y así las señoras de fama y así los diplomáticos y así los generales. No obstante el coro que le cantaba, Zabludovsky centralizaba uno de los vicios mayores de las dictaduras: la libertad de expresión dictada desde el poder.

El 1 de septiembre de cada año era el día del presidente, el día de su informe al Congreso de la Unión. Con el micrófono en la mano, Zabludovsky y Lolita Ayala a su lado, tan femenina, tan bien vestida, tan dueña de su carácter de informadora, observaba embebida la manera con la que Jacobo desplegaba su talento.

A las 10 de la mañana en punto, una hora antes de que el Ejecutivo se presentara ante el Congreso, la pareja animaba el ambiente para una recepción masiva y clamorosa. Cuatro horas después, hacia las tres de la tarde, todo eran alabanzas para el jefe de la nación, el país en marcha y en paz. El 1 de septiembre era el día del presidente de la República pero también el día de su propagandista. La política y los intereses los igualaban.

* * *

Apartado de 24 Horas, ya en la época del presidente Vicente Fox, Zabludovsky se explicó en relación con su época de oro.

–Eran los tiempos –dijo.

Eran, efectivamente, los tiempos de la información unificada, pero eran también los tiempos de la riqueza a manos llenas para algunos informadores. Si Emilio Azcárraga Milmo se había declarado soldado del presidente, no hacía falta que Zabludovsky se declarara soldado de Azcárraga Milmo. Inacabable­ su fortuna, el dueño de Televisa la mostraba en vivo y la repartía.

Reunido con Bernardo Garza Sada, Fernando Senderos, Eloy Vallina, Carlos Slim, convocados a una cena por el licenciado Antonio Ortiz Mena, exsecretario de Hacienda, para colectar dinero destinado a la campaña presidencial, Azcárraga miró a todos de arriba abajo. Él daría más dinero, mucho más que la cuota que se les había asignado a los hombres más ricos de México.

Zabludovsky no podía estar al margen de los millones generosos que se acumulaban en la cuenta bancaria de Azcárraga.

Enrique Krauze me contó de una conversación con el creador de 24 Horas y su estilo novedoso en la televisión. Le dijo Krauze a Zabludovsky que hay perros que ladran y amenazan, y cuando ladran y amagan actuando con la acometida, no representan riesgo alguno. Hay otros perros, subrayó el historiador, que en el ladrido y el embate se la juegan completos.

Hoy Zabludovsky ladra y muy de vez en cuando enseña sus dientes sin filo.

En el libro La terca memoria,
Scherer narra:

Nos veíamos los viernes en el Camino Real y algunos amigos de Juan (Sánchez Navarro) se unían a nuestra mesa. Pronto fuimos seis y el espacio resultó incómodo. Nos trasladamos al comedor del Club de Industriales y de ahí a la biblioteca del suntuoso centro de reunión de los magnates. El grupo crecía. Pronto fue insuficiente la biblioteca y en un salón terminamos 20, 30, 40 comensales.

Aparecieron algunas señoras y Juan se solazaba. A su izquierda y a su derecha no había sitio para varón alguno. El buen humor predominaba en los prolongados desayunos y la concordia era manifiesta. Juan y yo nos sentábamos frente a frente, amistosos. El afecto entre nosotros fue creciendo. Ante un grupo, públicamente, alguna vez Sánchez Navarro dijo que, a la distancia, le parecía aberrante el boicot publicitario que había encabezado contra Excélsior, como aberrantes le parecían las consecuencias posteriores. Echeverría había jugado con todos el juego del que era maestro, la traición.

Más tarde me contó:

Los empresarios que pesaban, los del poder económico y la influencia política, preocupados por el rumbo que tomaba Excélsior, acordaron reunirse en la casa del fundador de la ICA, Bernardo Quintana. Invitaron al presidente Echeverría, que concurrió puntual a la cita. Hablaron del periódico. Era peligrosa la posición que asumía, más y más cargada a la izquierda. El director, Julio Scherer García, no ocultaba su tendencia política y era verosímil que se tratara de un sujeto proclive al comunismo. El diario mantenía un ritmo de crecimiento sostenido, fenómeno que se sumaba a las inquietudes de los empresarios. El anfitrión tomó la palabra y solicitó el parecer del presidente de la República.

Echeverría fue directo. Los hombres de la iniciativa privada rendían su cuota al auge del periódico, la publicidad era fuente de ingresos para el diario. Así fortalecía al enemigo común. En manos de los empresarios estaba el remedio a una situación que ya era crítica.

Los comensales hicieron suyas las palabras del presidente, pero no entendieron el significado de los ojos a medio cerrar del maestro de la doble, triple, cuádruple intriga. Sánchez Navarro encabezó el boicot publicitario y muchos se sumaron a la campaña. Las 24 Horas de Jacobo Zabludovsky fueron un ariete. “Eran los tiempos”, diría tiempo después como explicación de su noticiario plegado al poder, pero esos tiempos hicieron millonarios a algunos.

(…)

A Díaz Ordaz se le reconocía una inteligencia clara y una voz profunda, de dicción perfecta. Llamaban la atención sus enormes dientes hacia fuera y sus ojos redondos, pequeños. En su presencia, nadie se permitía un comentario irónico o una sonrisa encubierta al mirarlo tan feo, porque feo era.

La unión entre el gobierno y los medios de comunicación demostraban que existen los matrimonios perfectos. Jacobo Zabludovsky representaba la verdad oficial que se admite porque no hay manera de recelar de un hombre con las altas virtudes inmanentes de nuestros gobernantes.

En el libro Estos años, revela:

Había gana de platicar. Dejaría la presidencia a los 46 años, edad inmejorable para mantener el ímpetu. El país lo calaba. A él dedicaría la vida. Sus palabras me parecieron piezas de un rompecabezas que encajaban naturalmente unas con otras. Se expresaba como un estudioso ante un trabajo conocido, ordenados los verbos y los sujetos, precisos los signos de puntuación. Mostraba la seguridad de un académico de altos vuelos, pero en su lenguaje no aparecían las ideas del hombre que ha desgastado los libros para interrogarse acerca del hombre.

Me habría gustado hablarle de Carlos Hank González y su afán por atraer a su círculo­ a políticos, escritores, artistas, magnates, periodistas: las fiestas, la abundancia, los regalos a todos, santaclós los 365 días del año. Habría querido narrarle cómo de los 32 periódicos que se editan en la Ciudad de México, uno, según datos de la Unión de Voceadores, circulaba entre 50 compradores, pero, eso sí, cebadas sus planas por la publicidad.

En la atmósfera relajada que había propiciado, tuve manera de hablar de Jacobo Zabludovsky. Incondicional de los presidentes, bebía sus palabras, las que fueran; servil a los proyectos del poder, los apoyaba todos. A cambio de una popularidad sin hondura, gastaba su alma.

Ilustré mis palabras con un ejemplo, entre muchos:

Un domingo frente a la televisión –jugaban América y Guadalajara–, leí en la parte inferior de la pantalla que al término del partido el licenciado Jacobo Zabludovsky difundiría trascendentales entrevistas con los presidentes de México y Chile. Reunidos en Santiago, firmaban ese día el acuerdo del libre comercio entre las dos naciones.

Zabludovsky se comportó como siempre. Experto en su quehacer, asentía, subrayaba, dejaba ir la pregunta pertinente para el lucimiento de los personajes. No había en su interrogatorio el escepticismo del que quiere saber, la sutileza de alguna pregunta envuelta en suave impertinencia. Los presidentes sentaban cátedra, profesores de economía ante el ilustrado mundo latinoamericano.

En su turno, Patricio Aylwin dijo que el tratado abría para Chile un mercado potencial de 80 millones de compradores mexicanos. Entre esos compradores del vino chileno y el cobre de la mina “El Teniente”, sin duda contó a los indígenas de Oaxaca, a los campesinos de Chiapas, a los habitantes de las montañas de Guerrero, a los ixtleros de San Luis Potosí, a los tepehuanes de Durango que beben el viento y comen todo lo que se mueve.

Zabludovsky seguía en lo suyo:

–Señor presidente…

Después de escucharme con una atención que me pareció expectante, dio sentido al encuentro de ese día, 6 de noviembre:

–Mi palabra empeñada, la palabra del presidente de la República, que Proceso no sufrirá agresión alguna durante mi mandato.

(…)

Compañeros de trabajo en Excélsior y Proceso y más tarde separados por la política, Miguel López Azuara y yo nos llamamos “jefe”. Hoy al servicio del gobernador de Veracruz, Patricio Chirinos, antes ocupó la Subdirección de Prensa de la Presidencia de República.

–Jefe –me anunció una noche–, el licenciado Salinas lo invita a una cena en la casa de Gabriel García Márquez, este sábado.

–¿Qué me dice?

–Necesito sus documentos para tramitar su visa en la embajada de Colombia.

–¿El sábado, dice?

–Sí, el que viene.

–¿Hay otros invitados?

–El Güero Zabludovsky y Beatriz Pagés, a la que tanto quiere.

–Deje pensarlo.

–Apenas hay tiempo.

–Le digo mañana.

–Dígame ahora.

Al día siguiente le dije que no. Me advirtió que mi negativa implicaba un desaire al presidente de la República y a García Márquez. Repuse que no cometía desaire alguno, que el presidente conocía mi opinión acerca de Zabludovsky, de salivosa y permanente adulación al poder. En todo caso yo era víctima de una descortesía.

Tomada la decisión, no tuve duda: el periodista Zabludovsky me hace falta como punto de referencia: vive la vida que desprecio.

(…)

Le hablé de los temas que corren en estas páginas y le conté por qué había evitado el viaje a Moscú y a Johannesburgo para encontrarme con Gorbachov y Mandela. Aunque el presidente ya me había dicho que mi aspiración profesional era legítima, yo pensaba de manera distinta. Las entrevistas obtenidas desde el poder tramarían hilos sutiles en una relación que había rechazado desde su origen. Una cortesía conmigo se traducía en una atención al presidente de la República, gestos en las alturas.

Toqué un punto central: la sumisión del periodismo a los intereses del poder y cité a dos clásicos: Zabludovsky y Díaz Redondo. Le dije al presidente que todo adulador quiere algo por vía oblicua, en nuestro oficio, dinero e influencia, impunidad, prestigio. Sentados uno frente al otro en una mesa rectangular, el presidente me escuchaba sin un comentario. No observé en él algún rictus que expresara contrariedad o impaciencia. Su actitud era amable y parecía solícito. Apenas movía el cuerpo y manejaba los cubiertos con suavidad. Fui más lejos: los aduladores se disfrazan. Agregué: son peligrosos, la traición al acecho.

Recordé una de nuestras primeras conversaciones y la ya vieja insistencia de entonces: que me hiciera llegar documentos que sólo el gobierno posee y que me servirían como punto de apoyo para escribir sobre la corrupción en los medios de comunicación, particularmente la prensa. Le hablé de mi desencanto. Le dije también que al final de su gobierno de alguna manera los hechos me daban la razón: 24 Horas y Excélsior padecían el desprestigio. Excélsior no era más el gran diario lejos de sus competidores, y a Zabludovsky, para alivio de muchos, Ricardo Rocha lo sustituía en trabajos especiales. (Después de las elecciones trascendió en Televisa que Emilio Azcárraga y Diego Fernández de Cevallos habían pactado una entrevista por el canal 2. El excandidato a la Presidencia de la República dio pie a un acontecimiento en los dominios de Azcárraga: la entrevista sería al gusto de Diego, en vivo, sin límite de tiempo, sin un corte, en el mejor horario del canal de las estrellas y excluido Zabludovsky. Más aún: Televisa retransmitiría la conversación al día siguiente, íntegra. Diego fue violento contra el presidente electo, Ernesto Zedillo, y Azcárraga pretendió editar la retransmisión del programa especial. Diego se opuso. Azcárraga dobló las manos.)

Pasadas las cuatro y media de la tarde, en el postre, mantuve el dedo en el renglón y dije simplemente:

–No me facilitó usted los documentos, señor presidente.

–No era el conducto –repuso sin hendidura para la réplica.

Antes me había dicho el presidente:

–Yo también tengo un agravio.

Conozco mis sobresaltos: frío en las manos y un ánimo compulsivo, la desesperación por saber de qué se trata.

Sin preámbulos había apuntado directo a una portada de Proceso que lo muestra con la cabeza inclinada y dos palabras que acompañan la imagen: El Declive.


*Estos textos de Julio Scherer García fueron originalmente publicados en los libros Vivir (2012), La terca memoria (2007) y Estos años (1995).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JULIO SCHERER GARCÍA (REPORTAJE ESPECIAL)

Cuando Zabludovsky se prestó para combatir a Gutiérrez Vivó

MÉXICO, D.F: Aunque está anunciado su retorno formal para el lunes 3 de septiembre, en realidad Jacobo Zabludovsky volverá a los micrófonos el sábado primero, en una emisión especial de La 69, una nueva emisora del Grupo Radio Centro. Su regreso a los medios electrónicos no es sólo un hito en sí mismo, sino un episodio trascendental –pero inútil– en un agudo conflicto entre esa organización radial y su proveedor más importante, Infored, que le proporciona su insumo principal, información, y sus más abundantes ingresos.

Zabludovsky comenzó en la radio su larga carrera en la comunicación. Su licencia de locutor data de 1945. Tenía entonces 17 años de edad, y luego de escribir notas en la redacción de XEX, dirigida por Alonso Sordo Noriega, se inició en el trabajo periodístico en la cadena Radio Continental. Aunque también fue columnista de diario (Clepsidra, en Novedades) y articulista en publicaciones semanarias (El Redondel y, sobre todo, la revista Siempre!), y se convirtió en el rostro informativo de la televisión, no abandonó del todo su lugar en la radio. Durante largo tiempo, en una involuntaria confesión de que se consumaba una deplorable labor visual y daba lo mismo oírlo y no verlo, su noticiario 24 Horas se difundió simultáneamente por las dos W, el Canal de las Estrellas y la estación de la que en 1930 partió Emilio Azcárraga Vidaurreta para edificar su imperio mediático.

Servidor del poder (a veces formalmente, como en los sexenios y las oficinas de López Mateos y Díaz Ordaz) más que de la sociedad, Zabludovsky introdujo el periodismo a la televisión, y lo encarnó durante décadas. A mediados de los ochenta, como pieza de arreglos internos en Televisa y en la relación de ese consorcio con el gobierno, Zabludovsky fue desplazado a Estados Unidos. Volvió en 1987, según su propia revelación, llamado por Miguel Alemán Velasco “por convenir así a los intereses del sistema”. A poco andar mostró cuán exacta era esa apreciación: mediante una entrevista a presuntos hijos del general Lázaro Cárdenas nacidos fuera de matrimonio, se sumó a la atroz campaña de desprestigio que el gobierno lanzó contra Cuauhtémoc Cárdenas para frenar su creciente suma de voluntades. Se sintetizó allí la práctica manipuladora que, más que su prestancia profesional, caracterizó la tarea televisiva de Zabludovsky. En ese mismo 1988, a instancias del candidato panista Manuel J. Clouthier, un público usualmente fiel al talante y estilo del comunicador practicó un boicot contra 24 Horas y la programación de Televisa en general.

Todavía sirvió a esos intereses durante una década más. El 19 de enero de 1998 se transmitió por última vez el noticiario con el que se le identificó y con el que tuvo presencia cotidiana en el seno de millones de hogares, cuyos habitantes se referían a él como a un miembro de la familia, con su primer nombre solamente. Siguió, sin embargo, protagonizando apariciones esporádicas en la pantalla hasta que se marchó de Televisa en solidaridad con su hijo Abraham, que a su vez se despidió el año pasado por no haber sido nombrado titular de la emisión nocturna –él dirigía la de las 14 horas– del principal informativo.

Después de tal receso, Zabludovsky vuelve a las andadas. Aparte el prestigio y el desprestigio que lleva consigo, aporta su nombre y su historia al combate que Grupo Radio Centro ha lanzado contra la empresa periodística dirigida por José Gutiérrez Vivó. Se trata de una nueva expresión de una guerra permanente por el mercado radiofónico, quizás el más dinámico entre los buscados por los medios de información. Autor del concepto y la práctica del Monitor, que data ya de hace 27 años, Gutiérrez Vivó pasó de ser el más influyente emisor de noticias en la radio a encabezar una iniciativa empresarial sugerente y exitosa. Cuando Clemente Serna Martínez vendió Radio Red a la familia Aguirre, Gutiérrez Vivó puso en valor su propia participación en la emisora en venta y rehusó ser considerado como simple activo sobre el que también recaía el traslado de dominio. El que quiera azul celeste, que le cueste, propuso. Y consiguió un contrato ventajoso para ambas partes que, sin embargo, ha sido después denunciado en los hechos por los propietarios del grupo comprador.

Infored, la empresa creada para ese propósito por Gutiérrez Vivó, se obligó a ser el proveedor exclusivo de sus emisiones periodísticas (cuatro Monitores, con duración de más de 10 horas en total, y los Metropolitanos, cada hora) al Grupo Radio Centro, que a su vez no podría introducir servicios informativos ajenos a sus emisoras. Dos de ellas, adicionalmente, pasaron a ser propiedad de Gutiérrez Vivó –como parte del pago por el contrato que está vigente hasta el año 2015–, y sobre ellas pesa semejante interdicción: Gutiérrez Vivó no puede hacer periodismo en sus propias emisoras.

De varios modos ha buscado Grupo Radio Centro desembarazarse de un contrato que le rinde ingresos cuantiosos por venta de publicidad. El año pasado pretendió vender Radio Red a Televisa, sin respetar el derecho de preferencia pactado con Gutiérrez Vivó. Cuando la maniobra falló, el grupo Aguirre inició dos nuevas acciones: este año dejó de cubrir los pagos que mensualmente debe hacer a Infored. Y hasta se ufana de su incumplimiento. En una carta enviada a la comunidad financiera (debido a que sus acciones cotizan en bolsa) y tras aceptar que en contraste con el año pasado (en que hubo abundantes pagos por campañas políticas) sus ingresos se han reducido en 32%, informa que ha ajustado su gasto corporativo, lo que incluye “una reducción en los honorarios pagados por la compañía a Infored para la producción del programa Monitor”.

Además de esa presión financiera para quebrar el contrato, GRC introdujo dos programas informativos en La 69, una emisora recién adquirida por el grupo. Uno es el de Zabludovsky. Otro está a cargo de Nino Canún. De ese modo quieren los Aguirre batir a Gutiérrez Vivó. Así no lo conseguirán.


*Columna Interés Público. Publicada en Proceso 1295 (26 de agosto de 2001).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA (REPORTAJE ESPECIAL)

Una orden de abatir propicia violaciones a los derechos humanos: Centro Prodh

La palabra ha sido utilizada en documentos oficiales, desde el expediente del caso Tlatlaya hasta el Segundo Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, como sinónimo de matar.

El significado militar de “abatir delincuentes” no surge del diccionario, sino de su uso por parte del Ejército en un contexto de guerra no declarada, dijo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al difundir una infografía sobre el uso del término utilizado por autoridades castrenses en una orden emitida días antes de los hechos de Tlatlaya.

De acuerdo con el Centro Prodh, la palabra “abatir” ha sido utilizada como sinónimo de matar en documentos oficiales como el primer reporte después de los acontecimientos del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya; el expediente del caso; al menos 17 comunicados de las Fuerzas Armadas entre 2006 y 2014; el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, y el Segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Además, el término ha sido utilizado para referirse al fallecimiento de una o varias personas en el contexto de la llamada guerra sucia en México y de distintas acciones de otras Fuerzas Armadas de la región.


Infografía del Centro Prodh:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Secretaría de Economía combatirá competencia desleal en importación de acero

Autoridades de la dependencia se reunirán esta semana con integrantes de la Cámara Nacional del Hierro y el Acero (Canacero), quienes plantean soluciones puntuales para enfrentar la importación desleal del producto.

La Secretaría de Economía (SE) presentará esta semana una paquete de soluciones para combatir la competencia desleal en la importación de productos de acero, pero sin afectar a la toda la cadena de valor.

El subsecretario de Industria y Comercio de la SE, Rogelio Garza Garza, informó que la dependencia federal analiza toda la cadena del acero, a fin de conocer la problemática que se genera en el mundo.

Aseguró que se deben llevar a cabo acciones sin perjudicar a toda la cadena del acero, pues se trata de un insumo primario para muchas industrias como la automotriz, aeroespacial, metal-mecánica o enseres domésticos.

“Tenemos que ser muy cuidadosos de hacer políticas que ataquen la problemática puntualmente y no una política que afecte a toda la cadena”, dijo en entrevista tras una reunión con representantes de la industria manufacturera de exportación.

Actualmente, refirió, existen 31 cuotas vigentes para este sector, en las cuales se combate la problemática directamente al productor enfrentando una práctica comercial desleal en la importación de acero.

“Hicimos ese análisis y atacamos puntualmente lo deberíamos de hacer a quienes están cometiendo alguna actividad de comercio desleal”, sostuvo Garza Garza.

Comentó que autoridades de la dependencia se reunirán el miércoles de esta semana con integrantes de la Cámara Nacional del Hierro y el Acero (Canacero), quienes plantean soluciones puntuales para enfrentar la importación desleal del producto.

“Nosotros lo que estamos viendo son todas las soluciones posibles para poder atacar el tema y siendo muy cuidadosos de ver el tema desde todos los ángulos posibles, y con todos los impactos posibles que pudiera tener”, agregó.


Tras reiterar que esta semana darán a conocer dichas soluciones, afirmó que gobierno federal analiza todas las herramientas y acciones a su alcance para armar con los industriales del acero un paquete para resolver de manera puntual la problemática, sin afectar la cadena.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Las barricadas vuelven a Michoacán en protesta por la detención de pobladores

Habitantes de Ucareo instalaron barricadas en los accesos al municipio para impedir el acceso de policías locales, luego de que pobladores fueran detenidos por presuntamente asesinar a un par de secuestradores.

Habitantes de Ucareo, Michoacán, instalaron barricadas en los accesos a la localidad para impedir el acceso de policías locales, luego de que pobladores fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato de dos secuestradores.

Además, los pobladores tomaron la caseta de Zinapécuaro, en la Autopista de Occidente y la Avenida Madero Oriente, a las afueras de Palacio de Gobierno en Morelia.

“Si nosotros no tenemos una respuesta de la autoridad competente vamos a autoprotegernos. En este caso nosotros vamos a tomar cartas en el asunto y no para cometer delitos, sino para protegernos, proteger a nuestras familias y protegernos de quien sea. Ucareo es un pueblo pacífico, pero llega el momento en que la gente se cansa y no queremos que se despierte el Ucareo bronco”, advirtió Servando, uno de los representantes comunales.

El viernes pasado, dos presuntos secuestradores fueron encontrados muertos y colgados de un puente en la Autopista México-Morelia. Dos horas más tarde, elementos de la Procuraduría Justicia del Estado de Michoacán (PGJE) detuvieron a cinco habitantes del poblado de Ucareo, en el municipio de Zinapécuaro, como probables responsables del doble homicidio.

La captura de estas personas causó protestas entre los habitantes de esa comunidad, ubicada a 71 kilómetros de la ciudad de Morelia, quienes denunciaron ilegalidades en las detenciones realizadas por la Procuraduría.

“Los conocemos, nosotros no vamos a proteger a gente que nos esté afectando a nuestro mismo pueblo, pero en este caso es una injusticia lo que están haciendo con la gente inocente que está ahí, cuando la malvada está allá afuera, no se vale”, dijo Verónica, una de las habitantes del lugar.

Durante la madrugada del sábado 4 de julio fueron liberadas dos personas después de rendir su declaración. Sus familiares denunciaron tortura, maltrato y amenazas para que el matrimonio firmara acusaciones que no había hecho.

Los tres detenidos restantes ya fueron consignados ante un juez y, a pesar de que un nutrido grupo de pobladores hiciera acto de presencia en las instalaciones de la Fiscalía, éstos no fueron recibidos por el encargado del despacho, Jaime Rodríguez Aguilar.

En cuanto a la instalación de barricadas, donde la población está armada con piedras y palos, Fermín Aguilar aclaró, que la única intención, de momento, es impedir que ingresen más elementos de la Policía Ministerial, para evitar que detengan a más pobladores.

“Las barricadas consisten en un solo sentido. Nos organizamos como pueblo para protegernos del gobierno porque queremos prever que no se les ocurra inventar más chivos expiatorios y que detengan a más habitantes injustamente”, reiteró Aguilar.

Por su parte, la Fiscalía del Estado, informó que será el Juez de Control quien el próximo 10 de julio resuelva la situación jurídica de las tres personas que fueron presentadas ante dicho órgano jurisdiccional por su relación en los hechos ocurridos sobre la Autopista de Occidente.


Ucareo, municipio de Zinapécuaro, Michoacán, es una tenencia unos tres mil habitantes, ubicado en la entrada a la Zona Oriente, donde la mayoría de sus habitantes se dedican a la fruticultura y al procesamiento de conservas y licores caseros de ciruela, guayaba y pera, como sus principales fuentes de producción.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS ARRIETA

Plan Frontera Sur: un año después, los robos a migrantes se disparan 81% en los estados del sur

A pesar de que la iniciativa de Peña Nieto establecía la puesta en marcha de “estrategias puntuales” para combatir a las bandas que se dedican al tráfico y extorsión de migrantes, las cifras oficiales revelan que éstos no están más protegidos ahora que hace un año. Al contrario, las agresiones han aumentado.

El Programa Frontera Sur cumple este martes 7 de julio un año desde que fue presentado oficialmente por el presidente Enrique Peña Nieto, en el municipio chiapaneco de Playas de Catazajá.

Desde entonces, el gobierno mexicano ha resaltado en numerosas ocasiones las bondades de esta iniciativa que, según expuso el mandatario ese 7 de julio de 2014, plantea como objetivo principal “proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes a su paso por México”, además de ordenar los pasos fronterizos que el país comparte con Guatemala y Belice.

Sin embargo, a pesar del lanzamiento de “estrategias puntuales” para combatir a las bandas que se dedican al tráfico y extorsión de migrantes, las cifras oficiales revelan que éstos no están más protegidos ahora que hace un año. Al contrario, a la par que aumentaron las detenciones de indocumentados en México –de julio de 2014, cuando entra en vigor el Plan Frontera Sur, a mayo de 2015, se reportó un alza del 90% en comparación con el mismo periodo del año anterior-, las denuncias por agresiones y secuestros han ido al alza, y el delito de robo se disparó 81%.

Así lo revelan, en respuesta a solicitudes de información pública realizadas por Animal Político, las fiscalías de Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca; entidades del sur-sureste que constituyen la ‘puerta de entrada’ para miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, y que sólo en los primeros cinco meses de 2015 aglutinaron el 79% del total de capturas de indocumentados en el país (63 mil 754 de 80 mil 693).

Aumenta 97% delitos contra migrantes en Oaxaca… y 2 mil 500% los robos con violencia

De estos cuatro estados, Oaxaca es la entidad donde más se incrementaron las agresiones contra migrantes.

Desde la entrada en vigor del Programa Frontera Sur, hasta el último dato referente al mes de abril de 2015, la dependencia oaxaqueña reportó 148 delitos; 97% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 75.

En cuanto al ilícito de robo, que fue el más denunciado por los migrantes, la procuraduría registró 78 robos con violencia en el periodo julio 2014-abril 2015, hasta 2 mil 500% más que antes de la llegada del Plan Frontera Sur, cuando se apuntaron únicamente tres.

La fiscalía también reflejó un aumento de 120% de asaltos: se pasó de 10 denuncias entre julio 2013-abril 2014, a 22 en el mismo periodo un año después.

Checa aquí los datos relativos a Oaxaca (2013, 2014 y 2015). 

En Tabasco, los delitos contra migrantes también aumentaron, aunque en menor medida.

Según las autoridades, entre julio de 2014 y abril de 2015 se registraron 65 delitos; 32% más que en el periodo julio 2013-abril 2014 (49 delitos). Mientras que los robos (incluye robo y robo calificado) subieron 14%, al pasar de 28 a 32.

Ahora bien, en 2015 la tendencia muestra que el índice delictivo en esta entidad se ha disparado 111%; ya que de 26 delitos registrados entre enero y abril de 2014, se pasó a 55 en el primer cuatrimestre de este año. Los robos a migrantes también se dispararon 257%: se pasó de siete en los primeros cuatro meses de 2014, a 25 de enero a abril de 2015.


Las cifras de Tabasco 2013, 2014 y 2015.

Delitos bajan en Chiapas… pero aumenta 246% los asaltos

Por su parte, el estado de Chiapas es la entidad que más delitos contabilizó, aunque también es la ruta que toma la mayoría de indocumentados para entrar a México, tal y como apuntan las estadísticas de detención de la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con la Fiscalía chiapaneca, desde julio de 2014 hasta abril de 2015, se registraron 385 delitos contra migrantes.

Esta cifra supone que los ilícitos bajaron 3.9%, en comparación con el periodo julio 2013-abril 2014. No obstante, al igual que sucede con Tabasco, la tendencia para el primer cuatrimestre de 2015 también muestra que las agresiones van al alza: de enero a abril de este año se denunciaron 171 ilícitos, contra 147 de los primeros cuatro meses de 2014. Es decir, 16% más.

Además, los asaltos y robos en la entidad aumentaron 246% y 61%, respectivamente, tras la presentación del Programa Frontera Sur, ya que se pasó de 15 asaltos en el periodo julio 2013-abril 2014, a 52 en el mismo periodo un año después. Mientras que los robos subieron de 55 a 89.

Aquí las cifras de Chiapas 2013, 2014 y 2015. 

Bajan investigaciones ministeriales en Veracruz, pero no informa los delitos

En Veracruz, entidad que tanto activistas como migrantes coinciden en señalar como un foco rojo de agresiones a indocumentados, especialmente los municipios de Tierra Blanca, Coatzacoalcos, Orizaba y Medias Aguas, la fiscalía reportó sólo las averiguaciones ministeriales iniciadas, pero no especificó el número de delitos registrados, tal y como se le pidió en la solicitud de información pública.

En la respuesta, en la que tampoco informó que en una averiguación se pueden investigar varios delitos, la Procuraduría veracruzana reportó un descenso en las investigaciones ministeriales de 39%: se pasó de 110 en el periodo julio 2013-abril 2014, a 67 entre julio 2014 y abril de 2015.

En lo que respecta a robos y asaltos, la entidad que gobierna Javier Duarte tampoco detalló cifras sobre estas agresiones.

En total, sumando los delitos reportados por estos cuatro estados, en el periodo julio 2014-abril 2015 se contabilizaron 665 delitos –incluyendo las investigaciones ministeriales de Veracruz-; 4.7% más que en el periodo julio 2013-abril 2014, cuando se tuvo registro de 635 delitos.

En cuanto a los robos, robos con violencia, y asaltos, los estados reportaron –excepto Veracruz- un total de 323 de julio de 2014 a abril de 2015. Esto es, 81% más que en el periodo julio 2013-abril 2014, cuando se contabilizaron 178.

Aquí las cifras que reportó Veracruz. 

¿Y los secuestros? Subieron 166% en 2014

Además de estas cifras, Animal Político publicó en el especial ‘Programa Frontera Sur: Una cacería de migrantes’, que la Procuraduría General de la República (PGR) también reconoció un aumento de secuestros contra migrantes.


En el oficio 0001700018415, en respuesta a una solicitud de información pública, la dependencia indicó que el número de indocumentados víctimas de secuestro en 2014 subió 166%; ya que se pasó de 133 en 2013 a 354 casos.



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE/ YOSUNE CHAMIZO
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/07/plan-frontera-sur-prometia-proteger-a-migrantes-un-ano-despues-robos-se-disparan-81-en-estados-del-sur/.

El gobierno federal y el Edomex donan mil 700 mdp a una fundación y a una empresa, sin pedirles cuentas

Prometieron elevar el nivel educativo, pero el destino y los resultados de la inversión gubernamental no son evaluados por ninguna dependencia oficial.

En febrero del 2013, el columnista de The New York Times Thomas Friedman describió con optimismo el futuro de México. Uno de los elementos que habían despertado su entusiasmo fue la existencia de “una masa crítica de jóvenes, innovadores confiados, tratando de solucionar los problemas de México, mejorando y aprovechando la tecnología y la globalización”.[1]

Como ejemplo de esa juventud innovadora, Friedman señaló a los fundadores de la empresa Enova, creadora de un programa para niños y adultos pobres que, con una batería de profesores, enseñaba matemáticas y mejoraba habilidades de lectura.

Enova —se presenta como “empresa social”— es una firma mexicana que ha recibido mil 700 millones de pesos en los últimos seis años. Actualmente está formada por tres socios, Moís Cherem, Raúl Maldonado, y Jorge Camil Starr.

La empresa comenzó en 2008 con un pequeño contrato del gobierno del Estado de México para mejorar el diseño y desempeño del portal del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt).[2]

Un año después, el Comecyt le dio otro contrato para implementar cambios a su página de internet, por poco más de seiscientos mil pesos.[3] Es, sin embargo, a partir de 2010 que las transferencias a Enova —siempre a través de un intermediario: la Fundación Proacceso ECO A.C.—, se volvieron millonarias.

Con esas transferencias, el grupo Enova/Proacceso creó en el Estado de México una cadena de escuelas privadas de cómputo formada por 70 sucursales, denominada Red de Innovación y Aprendizaje (RIA), que a pesar de que usan recursos públicos para su instalación, le cobran a los usuarios.

También abrieron 50 centros “gratuitos”, nombrados Bibliotecas Digitales, cuyos servicios no son cobrados a la ciudadanía, sino a las autoridades.

Proacceso fue fundada en diciembre de 2008 por Aleph Molinari, su actual director, y por Karla Valenzuela Pérez, quien hoy es la directora general adjunta de Ahorro y Regulación Financiera en la Secretaría de Hacienda.[4]

En 2009, por ejemplo, por instrucciones del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) donó a Proacceso 56 millones de pesos de su presupuesto, equivalentes al 29.5% de los recursos con que ese organismo contó en ese año.[5]

Luego, en 2010, comenzó un aumento progresivo en los recursos otorgados: ese año, el Comecyt dio 74.3 millones de pesos;[6] en 2011 fueron 111 millones;[7] en 2012, 110 millones de pesos.[8] En esos años, dichas aportaciones fueron las únicas que hizo Comecyt en el rubro de apoyos para el fomento de proyectos ciudadanos vinculados a ciencia y tecnología. Después, en 2013 recibió 140 millones de pesos,[9] en 2014 en total 159 millones,[10] y en marzo de 2015 se pactó la más reciente entrega, de 174 millones de pesos.[11] Estas aportaciones fueron las únicas que hizo Comecyt en el rubro de apoyos para el fomento a proyectos civiles de ciencia y la tecnología. Además, en 2014 el gobierno del Estado de México adjudicó 22 contratos por un total de 40 millones para el suministro de insumos digitales a la empresa Enova.[12]

Siempre en asociación con Enova, la Fundación Proacceso ha recibido también asignaciones directas del presupuesto federal.

En 2010, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), obtuvo 90 millones de pesos procedentes de la Ampliación al Ramo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación, destinada a apoyar proyectos científicos, por lo que, en ese año, la Red de Innovación y Aprendizaje se convirtió en el segundo proyecto que más recursos públicos obtuvo de dicho fondo, sólo detrás del Gran Telescopio Milimétrico.[13]

Un año más tarde (2011) la fundación ya estaba a la cabeza de las iniciativas científicas con mayor financiamiento federal, gracias a los 80 millones de pesos que obtuvo ese año de la Ampliación al Ramo 38.[14]

En el 2012, recibió otros 140 millones de pesos asignados de la misma forma por vía del Conacyt,[15] a los que se sumaron otros 89.3 millones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).[16]

A partir de 2013 la fórmula de donación varió ligeramente. Los recursos dejaron de provenir del Ramo 38 y comenzaron a salir del Fondo de Cultura del Presupuesto de la Federación, es decir, de los recursos asignados al Conaculta.[17]

Nuevamente, el grupo se convirtió en el mayor destinatario de recursos de la federación, ahora en el área de cultura. En 2013: 200 millones de pesos. En 2014: 157.3 millones.[18] En 2015: 119.1 millones.[19]

A todo esto se suman cinco millones de pesos que la SEP entregó a la fundación entre 2010 y 2011 para el desarrollo de “videojuegos lúdicos”, empleados en la cadena de escuelas de bajo costo que Proacceso opera en asociación con Enova.[20]

En total: 867.9 millones recibidos del gobierno mexiquense y 880.7 millones del gobierno federal.

Aleph Molinari, presidente de Proacceso ECO, y Moís Cherem, director de Enova, explican en entrevista conjunta que sólo hay una “alianza” entre ambas. Sin embargo, operan unidas: juntos diseñan los proyectos y luego la fundación gestiona los recursos del gobierno, que usa para comprarle a Enova los insumos y servicios; además de que hasta hace poco compartían las mismas oficinas en la colonia Roma, en la Ciudad de México.

Incluso, en ceremonias oficiales se ha dejado ver que no sólo existe una “alianza” entre Proacceso ECO y Enova. En 2009, al inaugurar las primeras 10 escuelas en presencia del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, Moís Cherem no fue presentado oficialmente como directivo de Enova, sino como “miembro del Consejo Directivo de la Fundación Proacceso”.[21] En otro evento, en 2011, Peña Nieto inauguró centros de la RIA acompañado, no por un representante de Proacceso, sino por Jorge Camil, a quien presentó como “director de Enova”.[22]


En marzo de 2013, el sucesor de Peña Nieto en el ejecutivo mexiquense, Eruviel Ávila, aseguró que “las bibliotecas [digitales] se llevaron a cabo a través de Enova, en especial de Jorge Camil, quien impulsó estas bibliotecas”.[23]

Entre amigos

Pero además, el destino y los resultados de la inversión no son evaluados por ninguna dependencia oficial. Las evaluaciones, como aceptan los mismos responsables de la empresa y la fundación, son “internas”.

De acuerdo con estas evaluaciones, los niños y las niñas de primaria que asisten a los cursos RIA han logrado un “incremento del desempeño en la prueba Enlace” de 6% en español y 7% en matemáticas, tal como concluye un estudio que Proacceso/Enova encargaron a la consultoría privada C230 Consultores, en 2011.

Dicho estudio señala que “se detectaron efectos positivos y significativos” en los alumnos de cuarto grado de primaria que tomaron el curso insignia de los centros RIA, denominado La Expedición, dato que la página de internet de la RIA se encarga de destacar.

Esos niños que mostraron mejor aprovechamiento académico –tras el curso La Expedición– eran alumnos de primarias públicas seleccionados aleatoriamente. Sin embargo, el estudio no menciona que C230 Consultores no detectó ningún progreso académico entre alumnos de tercero, quinto y sexto grados de primaria, luego de su paso por las aulas de la Red de Innovación y Aprendizaje.

En 2013, el curso La Expedición fue nuevamente evaluado “internamente”. Ahí sí se obtuvieron grandes resultados: Según esta autoevaluación, en sus 30 horas de duración, el curso La Expedición genera el mismo impacto que un “profesor de alto desempeño”, en todo un año de enseñanza.

Sin embargo, la propia autoevaluación revela que la “comprensión lectora” de los niños había empeorado luego de tomar el curso insignia de la RIA.

Una segunda autoevaluación en 2013 concluye que “no se detectó ningún impacto significativo” en el rendimiento académico de quienes habían recibido el curso de 30 horas.

En lo que toca a las Bibliotecas Digitales, tampoco existe evaluación gubernamental de resultados. Ni hay evaluación interna.

La relación directa con el gobierno

Los primeros recursos, entregados en 2009, se dieron a un grupo de “emprendedores” que, como ellos mismos admiten, no tenían experiencia previa en el ramo y, fueron otorgados apenas seis meses después de que diseñaran el proyecto. Eran, como ellos cuentan, recién egresados de la escuela.

Ese primer donativo de 56 millones de pesos, que sirvió para que seis meses después se inauguraran las primeras 10 escuelas de la Red de Innovación y Aprendizaje (RIA) y que fueron inauguradas por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, ni siquiera existe en documentos oficiales, tal como consta en el oficio 203G13000/079/2015, fechado en febrero de 2015, donde se explica que el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) “no cuenta con documentos” que sustenten dicha donación.

Aunque por ley esta aportación debió ser aprobada en una sesión oficial de la Junta Directiva del Comecyt, la institución reconoce que carece de documentos que indiquen que dicha sesión oficial fue realizada.

El mismo Aleph Molinari explica cómo se dio esa primera donación: “El primer convenio que tuvimos se le presentó directo al gobierno del Estado de México y a la Secretaría de Finanzas (estatal). Era una mesa grande, como de 30 personas, y entre ellas hicieron la determinación de entregar los recursos. La determinación no vino del Comecyt, sino que el Comecyt fue el vehículo”.

Por esta misma razón no se establecieron mecanismos legales para evaluar el gasto ni se definieron auditorías que determinaran si la inversión de recursos públicos había tenido efectos positivos.

Luego, las donaciones subsecuentes sí establecieron por escrito convenios oficiales que obligaban a la autoridad a realizar auditorías financieras y de resultados.

Pero el Comecyt, a pregunta expresa, reconoció en el mismo oficio 203G10100/079/2015 que no había realizado las auditorías correspondientes aún cuando, desde 2011, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) determinó que ésta era una obligación a la que el Comecyt estaba faltando.

Según el OSFEM, estas auditorías no sólo tenían el objetivo de “verificar la aplicación de los recursos otorgados”, sino también el de “evaluar los beneficios que la Fundación brinda a la sociedad”. El Órgano Fiscalizador señaló, no obstante, que “se observó que el Comecyt no ha cumplido con lo establecido en el convenio respecto a realizar auditorías a la Fundación Proacceso Eco AC”.


Lo mismo ocurre con las donaciones de las dependencias federales Conacyt y Conaculta. Aún cuando a ambas se le solicitaron entrevistas formales al respecto, ninguna de las dos dependencias quiso explicar cuál había sido el criterio para aprobar dichas donaciones.

—¿Cómo fue el proceso de gestión para solicitar los recursos federales? —se le pregunta a Aleph Molinari.

—Todos los convenios, todos los recursos que fueron asignados, lo fueron a través de una solicitud de apoyo, y esa solicitud de apoyo normalmente va directo a la Cámara de Diputados, en particular a la Comisión de Ciencia y Tecnología, y esa es una Comisión legislativa que está consensuada, que tiene muchos diputados, y entre ellos determinan qué se va a hacer con esos fondos y cómo se van a etiquetar. Se siguió el proceso legal más democrático posible, el cual es: se le entrega a la Cámara de Diputados una propuesta de proyecto, una solicitud de apoyo, en la cual se detalla de qué se va a tratar el proyecto, cuáles van a ser los alcances, qué se va a construir, básicamente qué se va a lograr. No fue algo negociado con el Ejecutivo, ni con el Estado de México, ni con las entidades que canalizaron los fondos. Esto fue algo (pactado) directamente con la Cámara de Diputados.

Para verificar esta afirmación, se solicitó entrevista con el ex diputado Reyes Tamez, quien encabezó la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados en 2010 y 2011, época en que comenzaron a fluir los fondos federales hacia Proacceso. Sin embargo, el doctor Tamez Guerra —actualmente asignado al Departamento de Inmunología de la Universidad Autónoma de Nuevo León— tampoco aceptó hablar del asunto.

Al consultar los registros de actas de sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, brinca un dato importante:

El 8 diciembre de 2009 esta comisión fue citada para discutir el borrador del presupuesto de Egresos de 2010, en lo relativo al Ramo 38, en el que se incluyeron las donaciones hechas a Proacceso. Pero dicha discusión “se pospuso”, tal como señala el acta respectiva, y no fue convocada a una nueva sesión de trabajo sino hasta enero de 2010, cuando el Presupuesto de Egresos —y las donaciones a Proacceso— ya habían sido aprobadas por el pleno legislativo.

En septiembre de 2010, la comisión discutió el presupuesto de Egresos del año siguiente, en lo relativo al Ramo 38. Según el informe de actividades del periodo septiembre 2010-marzo 2011, en ningún momento se discutió nada relacionado con una donación para Proacceso.

De hecho, ningún informe de labores de la Comisión de Ciencia y Tecnología, entre 2010 y 2014, reporta que se haya discutido alguna asignación de recursos para este grupo de jóvenes “emprendedores”. Aún así, los fondos les fueron etiquetados y entregados.

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública federal informó, en marzo de 2015, que “de la búsqueda realizada en sus archivos, no localizó información relacionada con alguna auditoría en la que se haya revisado los contratos o convenios”[24] de donación y asignación de recursos con los cuales, de forma separada, la SEP, el Conacyt y el Conaculta entregaron a Proacceso-Enova los 877 millones de pesos donados por la vía federal.

En la misma línea, la Secretaría de Educación Pública notificó que “no se localizó documentación que acredite auditoría alguna de la SEP”. [25]

El Conacyt, además, reconoció que tampoco ha evaluado el impacto que estas escuelas y centros de cómputo han tenido en sus usuarios o en las comunidades en las que se construyeron.

El expediente relacionado con las donaciones a Proacceso/Enova provenientes de Conaculta, y proporcionado por esta dependencia, no incluye tampoco ninguna auditoría de resultados.

La triangulación de recursos públicos

—La empresa Enova —explica su director general, Moís Cherem— es una “empresa social”, es decir, la forma en que operamos tiene una característica social y buscamos algo más que la maximización de utilidades, que es como operaría una empresa convencional.

Lo cierto es que prácticamente todos los recursos públicos que se han otorgado a Proacceso han acabado en manos de Enova. Las finanzas de Enova, por ser las de una empresa privada, no están abiertas a escrutinio público.

Este es, según Alberto Serdán, del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), “uno de los mecanismos clásicos de triangulación para sacar ventaja irregular de los recursos públicos, y funciona así: una asociación civil, que por ley no puede tener márgenes de ganancias o utilidades (es decir, no puede acceder a recursos públicos para luego repartirlos entre los asociados), pide recursos al gobierno. Ya que tiene esos recursos contrata a una empresa amiga para que brinde sus servicios, incluso con sobreprecios, ya que esa empresa sí puede acumular dividendos”.

Mónica Tapia, especialista en financiamiento y transparencia de organizaciones de la sociedad civil, así como ex directora de Alternativas y Capacidades AC, abunda: “Este esquema de financiamiento no es atípico, aunque frente a una nueva agenda de transparencia e institucionalidad, debería serlo. Se ha vuelto común, sin embargo, que desde el presupuesto federal o con asignaciones directas por parte de secretarías, se tomen decisiones discrecionales sobre el financiamiento que se entrega las organizaciones de la sociedad civil”.

Agrega Tapia: “De los recursos que asignan instituciones gubernamentales a organizaciones civiles, sólo 30% se otorgan a través de concursos abiertos, lo demás depende de las asignaciones que hacen directamente funcionarios públicos, sin comités evaluadores. A través de este mecanismo de triangulación de recursos, las empresas que quieren proveer servicios al gobierno pueden brincarse los procesos de concurso por licitación, y obtener dicho financiamiento por intermediación de una asociación civil. El problema es que si la normatividad en la asignación a organizaciones civiles es laxa, entonces la rendición de cuentas, no sólo en términos financieros, sino también en términos de resultados concretos, termina siendo igualmente laxa”.

En contrapartida, según Proacceso y Enova, sus escuelas RIA sí tienen un impacto en la comunidad en la que se encuentran sus sucursales, y se trata de un efecto “positivo” ya que, sostienen, esas sucursales fueron construidas siguiendo una metodología que denominan “acupuntura urbana”. La “acupuntura urbana”, señala Enova, permite “determinar los puntos concretos donde deben instalarse los centros para lograr mayor impacto (…) De esta manera, cada centro RIA beneficia a un promedio de 10.7 escuelas en un radio de dos kilómetros”.

Sin embargo, los resultados de la prueba Enlace por plantel escolar, en los 34 municipios del estado de México en donde Proacceso-Enova han instalado sus centros RIA, no revelan dicho impacto.

En esos municipios mexiquenses existen 2 mil 268 planteles públicos de educación primaria, urbanos y rurales —tal como se desprende de la base de datos de la SEP. 373 de estos quedan a un kilómetro, o menos, de algún Centro RIA.

Según los resultados Enlace 2013, en 46% de esos 373 planteles hubo un descenso en el desempeño de alumnos de tercer grado en la materia de español. Además, 59% registró una disminución en aprovechamiento de esta asignatura en cuarto grado. En quinto grado, 51.7% de las primarias empeoraron su rendimiento en español; mientras que, en sexto grado, los resultados regresivos se registraron en 55.7% de los planteles.

En matemáticas, 30.9% de los alumnos de estas escuelas ubicadas a un kilómetro o menos de las RIA mostraron un descenso en su desempeño en tercer grado; situación que se replicó en 51% de los planteles, en cuarto grado; en 45.8%, en quinto grado; así como en 44% de las escuelas, en sexto.

Así pues, la prueba Enlace 2013 —última evaluación nacional de desempeño académico realizada hasta la fecha— deja ver que, a pesar de la existencia de la Red de Innovación y Aprendizaje, el rendimiento académico de los alumnos en buena parte de las escuelas cercanas a sus sucursales empeoró.

Peor aún: entre las 373 escuelas públicas próximas a las RIA existen diez cuyo desempeño académico empeoró en todos los grados, sin excepción, tanto en español como en matemáticas.

Gasto sin focalización

Bajo esta lógica de “acupuntura urbana”, Proacceso y Enova afirman que han ubicado “estratégicamente” sus 70 centros RIA, a lo largo de “una de las áreas más densamente pobladas y con menos ingresos de México”, con el objetivo de llevar “educación de calidad y tecnología” a los “habitantes de comunidades marginadas”.

De hecho, en su página de internet se afirma que “la población que habita las zonas de cobertura de la RIA” tiene un ingreso “de 30 pesos diarios por persona”. Por ello, según Proacceso, sus escuelas están enclavadas en regiones donde la población gana menos de la mitad del salario mínimo.

Sin embargo, de los 34 municipios mexiquenses en donde la dupla Proacceso/Enova ha montado sus escuelas de bajo costo, 29 gozan de un nivel de marginalidad “muy bajo” (25 ayuntamientos), es decir los municipios con menos pobreza, y “bajo” (4 ayuntamientos), según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que es la autoridad encargada de medir la pobreza en México.

Es en estos municipios de bajo y muy bajo rezago social donde se ubican 64 de los 70 centros RIA. En contraste, sólo uno de los municipios mexiquenses en donde la RIA tiene presencia es en realidad uno de los más pobres o de “alto rezago social”, según el Coneval.

En éste existe únicamente un plantel de esta cadena de escuelas privadas. En los otros siete municipios del Estado de México que se catalogan como zonas de alta marginación, la Red de Innovación y Aprendizaje no ha desarrollado ninguna actividad en seis años de existencia.

Cuestionados al respecto, Molinari y Cherem admiten que sus sucursales fueron ubicadas en zonas “con variabilidad de ingreso muy alta, en donde hay zonas comerciales, pero también una pobreza bastante fuerte”. Así, señala Moís Cherem, a los usuarios de sus centros digitales no hay que ubicarlos realmente en el estrato de marginalidad, como Proacceso/Enova aseguran públicamente, sino que “los tienes que ubicar en el ingreso medio”.


Los centros RIA son espacios dotados con entre 30 y 50 computadoras, con aulas internas construidas con madera reciclada y áreas acondicionadas para la convivencia de los alumnos. Todo dentro de galerones rentados, en los que se imparten cursos rápidos de cómputo e inglés. Los costos al público van de $70 a $1,200 pesos, según la duración del curso.

El éxito de estos centros, destacó Moís Cherem, puede ser medido por el número de personas inscritas en seis años de existencia: 561 mil 562 usuarios.

No obstante, de esos 561 mil 562 usuarios, 68% nunca ha asistido a las aulas RIA. En realidad, el número de personas que ha tomado —y pagado— alguno de los cursos que se imparten en la RIA es bastante menor: 183 mil 476 usuarios, según sus propios reportes.

—El hecho de que la ciudadanía tenga que pagar por los servicios que brindan estas escuelas, aún cuando toda su operación es sufragada con recursos públicos, ¿implica un doble cobro por parte de Proacceso? —se pregunta a su presidente, Aleph Molinari.

—Es interesante la pregunta —afirma—, nunca me la habían hecho, y la respuesta es: no. Porque dar servicios de calidad requiere dinero, y en términos de educación, no hay manera de hacerlo sin un subsidio oficial. Y por lo que toca a lo que pagan los usuarios, nosotros le estamos dando más cosas al usuario de lo que ves aquí (en referencia a las instalaciones de la Red de Innovación y Aprendizaje): eso incluye el diploma que les damos, e incluye el cuaderno de trabajo que se llevan…

La expansión nacional de Enova/Proacceso

Apenas en marzo pasado, el nuevo proyecto de Proacceso/Enova comenzó a ser revelado, luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal inaugurase 32 centros digitales denominados “Puntos México Conectado”, uno en cada entidad de la república.

Para construir y operar estos centros, la SCT dio contratos a diversas empresas tras una licitación para el arrendamiento del equipo de cómputo[26] y para el “outsourcing” del personal.[27]

Llama la atención que no hay información sobre qué empresa da el servicio de operación y contenidos en ellos, o si hubo alguna licitación.

En una revisión del contenido de los “cursos” que se ofrecen en los centros de la RIA y los “Puntos México Conectado”, se encontró que el contenido y estructura son idénticos. Su similitud es tal que, en sus respectivas páginas de internet, contienen el mismo texto para describirlos.

También se pudo verificar que el despacho de arquitectos Ludens, que desarrolló el diseño de los centros RIA en el Estado de México, fue el encargado de diseñar los puntos de México Conectado.[28]

Se consultó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, responsable del programa “México Conectado”, sobre quién provee los contenidos y cursos a estos centros digitales, pero esta dependencia guardó silencio, lo mismo que el grupo Enova-Proacceso.

[1] Thomas Friedman, “Is Mexico the comeback kid?”, The New York Times, (26/02/2013).

[2] Quinta sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones y servicios del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, (23/05/2008).

[3] Acta de la décima séptima sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones y Servicios del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, (06/11/2009).

[4] Constitución de Asociación Civil No. Entrada 44927 06/02/09, Registro Público Distrito Federal. Directorio de Servidores Públicos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

[5] COMECYT –Oficio de la Unidad de Apoyo Jurídico número 203G10100/079/2015, (11/2/2015).

[6] Convenios COMECYT – PROACCESO ECO, A.C. 14/06/2010 y 24/03/2010.

[7] COMECYT ACTA/ORD/090511/56.

[8] Convenios COMECYT – PROACCESO ECO, A.C. 26/04/2012 y 11/10/2012.

[9] Convenio COMECYT – PROACCESO ECO, A.C. 13/02/2013.

[10] Convenio COMECYT – PROACCESO ECO, A.C. 11/03/2015.

[11] Convenio COMECYT – PROACCESO ECO, A.C. 19/03/2015.

[12] Contratos ADE-111/2014 a ADE-133/2014, Gobierno del Estado de México.

[13] Anexo 27, PEF 2010.

[14] Anexo 35, PEF 2011.

[15] Anexo 42, PEF 2012. Convenio CONACYT – PRACCESO ECO, A.C. f101/102/2012.

[16] Anexo 32.11, PEF 2012. Contrato de donación CONACULTA, CNCA/DGA/CD/04503/12.

[17] Anexo 35.4, PEF 2013.

[18] Anexo 19.3, PEF 2014.

[19] Anexo 20.3, PEF 2015.

[20] Contratos por donación SEP – PROACCESO ECO A.C. 29/09/2010 y 29/09/2011.

[21] http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/noticias/EDOMEX_NOTICIAS_1431

[22] http://www.alianza.mx/nota.php?nota=793

[23] http://www.gem.gob.mx/medios/w2detalle.aspx?folio=24934

[24] Secretaría de la Función Pública. Oficio CI-SFP.-289/2015, (4/3/2015).

[25] SEP. Oficio sin número, respuesta a la petición de información con número de folio 0001100073015, (26/2/2015).

[26] Licitación número LA-009000937-N7-2014, SCT.

[27] Licitación número LA-009000937-N12-2014, SCT.


[28] http://www.ludens.mx/

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: ANDRÉS LAJOUS/ PARIS MARTÍNEZ.