Aseguran que con la reforma, la educación dejará de ser gratuita; "ya nos dimos cuenta que lo que dicen los maestros es cierto".
El vocero del Movimiento Magisterial de Bases (MMB), Alejandro Trujillo, informó este viernes que 25 planteles escolares de los municipios de Axochiapan, Tlaltizapán, Ayala, Huitzilac, Yautepec y Cuernavaca en el estado de Morelos, se encuentran tomados por maestros y padres de familia.
La toma de escuelas, aseguró la madre de familia Magdalena Hernández a La Jornada, es en apoyo a los 25 maestros cesados de Morelos que presuntamente no presentaron la evaluación educativa; agregó, que les dijeron que ellos tienen que pagar los recibos de agua, luz y la impresión de las boletas de calificaciones.
“Tomamos más de 10 planteles en Axochiapan, porque ya nos dimos cuenta que lo que dicen los maestros es cierto; la educación con la reforma educativa ya no va ser gratuita; ahora nos quieren cobrar el mantenimiento de la escuelas y la papelería, como las boletas, y no estamos de acuerdo porque simple y sencillamente no tenemos dinero”, dijo una madre de familia de esa localidad.
En conferencia los docentes y padres aseguraron que su exigencia es al gobernador Graco Ramírez y al presidente del país, Enrique Peña para que se abrogue la reforma educativa.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0807/mexico/en-morelos-maestros-y-padres-de-familia-toman-25-escuelas/
CHILPANCINGO, Gro: Un comando ejecutó a dos hombres, entre ellos al secretario particular del exdirector de Transportes en la entidad durante la administración pasada, Juan Larequi Radilla, señalado públicamente por sus presunto nexos con la delincuencia.
El hecho violento se registró esta mañana al norte de esta capital donde un grupo armado irrumpió en un inmueble ubicado sobre el Kilómetro 269 del bulevar Vicente Guerrero a un costado del cuartel de formación de la Policía Preventiva Estatal (PPE), y la aeropista habilitada como base de la Policía Federal (PF), que se encuentra resguardada por el Ejército.
Reportes oficiales indican que cerca de las 11:00 horas, los sujetos armados que se desplazaban en dos autos ingresaron a la vivienda donde se encontraban al menos cinco personas.
Enseguida, ejecutaron a dos hombres, uno más alcanzó a escapar, dos mujeres que dejaron vivas fueron testigos del crimen y los sicarios se retiraron impunemente.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Raúl Conrado Arteaga Tapia y Raúl Arteaga Román, este último se desempeñó vs del crimen. ejecutaron a dos hombres, uno mcomo secretario particular del exdirector general de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el estado, Juan Larequi Radilla durante la administración del defenestrado Ángel Aguirre Rivero.
Larequi Radilla es un personaje de negro historial, protegido por líderes del partido Movimiento Ciudadano y plegado a los gobernadores en turno que lo han beneficiado con concesiones de transporte público.
Desde julio de 2013, Proceso ha documentado los señalamientos públicos contra Larequi Radilla por sus presuntos nexos con la delincuencia y responsabilidad en la expansión de los narcotaxis en la entidad.
En ese entonces, transportistas de diferentes regiones de la entidad acusaron al exdirector de Transportes del gobierno de Aguirre de haber otorgado de manera “indiscriminada” “permisos temporales” a personas “ajenas al sector transportista”.
Tan solo en la capital de la entidad, el exalcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos admitió que al menos estaban circulando más de 200 unidades de transporte público al servicio del narcotráfico, todos avalados por autoridades de los tres niveles de gobierno.
Al respecto, Larequi Radilla declaró ante diputados locales de la LX que la presencia de ‘narcotaxis’ en Chilpancingo y otras regiones de la entidad era un asunto “de Estado”, porque se trataba de una cuestión de seguridad.
Incluso, advirtió que en esta capital se estaba viviendo una situación de excepción, ya que circulan unidades de transporte público ligadas al crimen organizado y evadió su responsabilidad al señalar que este asunto le correspondía atender al gobierno federal, así como al Ejército.
Larequi argumentó que las autoridades federales no intervenían a pesar de las denuncias que, aseguró, él ha planteado en reuniones del gabinete de seguridad en la entidad donde participan autoridades de los tres niveles de gobierno y castrenses.
No obstante, ninguna autoridad asumió su responsabilidad en el tema del narco infiltrado en el sector transportista en la entidad donde ha sido evidente la participación de taxis en hechos delictivos en diferentes regiones de Guerrero donde los choferes son señalados por las autoridades como informantes al servicio de la delincuencia.
Ello a pesar de que este sector ha sido utilizado por las autoridades en turno como clientela electoral como el caso del actual gobernador Héctor Astudillo Flores, quien recibió el apoyo de las principales organizaciones de transportistas de la región Centro y Sierra y después los acusó directamente de estar coludidos con el narco.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446657/ejecutan-a-secretario-particular-exdirector-transporte-en-guerrero-acusado-servir-al-narco
CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 6/2016 a la Procuraduría capitalina por los casos Yakiri Rubio Aupart y Clara Tapia Herrera, ambas víctimas de violencia de género.
La CDHDF confirmó que a las dos no se le respetó su derecho a una vida libre de violencia, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la integridad personal por la Procuraduría capitalina, por lo que ésta deberá ofrecer una disculpa pública.
A tres y cinco años, respectivamente, de haber ocurrido los hechos, la CDHDF determinó que las autoridades de justicia capitalinas fueron omisas para investigar de manera oportuna, diligente, integral y con perspectiva de género la violencia contra ambas mujeres.
El ombudsman local recomendó a la PGJDF elaborar un diagnóstico para identificar lo que necesita modificarse respecto de las herramientas con que cuenta para atender la investigación ministerial, policial y pericial e integre la perspectiva de género.
Asimismo, pidió la indemnización integral para ambas víctimas, proporcionarles tratamiento y acompañamiento psicológico y gestionar el acceso a programas sociales como vivienda y trabajo.
La recomendación abarca también al Tribunal Superior de Justicia (que revisó el caso de Clara y le negó su libertad) y al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en su calidad de autoridad colaboradora, a quienes se les requirió garantizar que los procesos y procedimientos en materia penal sean juzgados con perspectiva de género.
Y es que Clara y Yakiri pasaron de víctimas a victimarias, luego de que la Procuraduría capitalina desestimara sus denuncias, por violencia familiar y por violación, respectivamente.
Yakiri Rubio denunció ante las autoridades capitalinas que fue violada sexualmente, pero terminó acusada de homicidio en “exceso de legítima defensa”, mientras que Clara denunció el secuestro y la violación de sus dos hijas y las agresiones a su hijo, pero terminó criminalizada por no haberlos protegido y ser una “mala madre”.
El caso Yakiri
El 9 de diciembre de 2013, Miguel Ángel y Luis Omar interceptaron a Yakiri en la colonia Doctores en el centro de esta capital, y con navaja en mano la obligaron a subir a una moto, la llevaron a un hotel y allí Luis Omar se fue y Miguel Ángel la violó sexualmente e intentó asesinarla.
Cuando Yakiri se defendió, logró herir a su agresor y salió semidesnuda en busca de ayuda, pero cuando llegó a la PGJDF, a unas calles del hotel, la policía la detuvo y la acusó de asesinato, por lo que fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, en esta capital, y después en Tepepan, al sur de la Ciudad de México.
En marzo de 2014 la joven logró salir de prisión luego de que la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) consideró que Yakiri hizo “uso excesivo de la legítima defensa”, y tenía derecho a salir bajo fianza.
El 21 de mayo de ese año, el juez 13 Penal de Delitos No Graves, del TSJDF, Fausto Agustín Favela Ayala, absolvió a Yakiri.
Pero la PGJDF apeló la sentencia en junio de 2014 y el caso permaneció en la Quinta Sala Penal, misma que reclasificó el delito.
El caso de Clara
El 1 de julio de 2011 Clara Tapia acudió a la Coordinación Territorial
IZP-6 de la PGJDF en Iztapalapa, para levantar una denuncia de la que resultaron los delitos de corrupción de menores, explotación laboral infantil, violación equiparada, retención y sustracción de menores, amenazas, extorsión, robo y abuso de confianza. Los hechos quedaron asentados en las causas penales 245/2011 y 256/2011.
Dos meses después, en septiembre de 2011, recibió una llamada telefónica de personal de la PGJDF para que se presentara a reconocer a las personas detenidas por la denuncia presentada en el mes de julio, sin embargo, al acudir a reconocer a los detenidos, en el lugar había mucha prensa, minutos después Clara apareció sentada, exhibida ante los medios de comunicación, junto a Jorge Antonio Iniestra “el monstruo de Iztapalapa”, su expareja, y sus supuestos cómplices.
Sin orden legal ni aviso previo, ella pasó de víctima a “delincuente”. Lo peor fue que en ese momento Clara se enteró de que su hija menor Rebeca –que ya tendría 18 años– y su nieta de tres meses habían sido asesinadas por su expareja en 2009, justo el año en que las había secuestrado.
Cabe recordar que la CDHDF ya había emitido en marzo de 2012 una recomendación a la Procuraduría local por la violación a los DH de Clara, al ser exhibida ante los medios con engaños y sin una orden de presentación, pero ésta la rechazó al considerar que no tenía sustento.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446678/pgjdf-debera-disculparse-casos-yakiri-rubio-clara-tapia-herrera
CIUDAD DE MÉXICO: Después de fracasar en su intento por gobernar el estado de Oaxaca, el empresario y exlíder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, fue nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto como titular de la autoridad federal para el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
En un acto realizado en la Residencia Oficial de los Pinos, el Ejecutivo aseguró que así como las reformas estructurales y su implementación “rompieron paradigmas” durante la primera mitad de su administración, la puesta en marcha de las Zonas Económicas Especiales, dijo, “será uno de los proyectos insignia” de la segunda mitad de su gobierno.
Gutiérrez Candiani, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ha sido fundador de varias compañías y consejero de instituciones como Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores e Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, así como de organizaciones como la Fundación Comunitaria de Oaxaca y Más Ciudadanía.
Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y durante su paso por el CCE apoyó al gobierno federal en el cabildeo y aprobación de las reformas estructurales.
A decir del nuevo funcionario, “se avanzará con celeridad y profunda sensibilidad en la implementación de este instrumento (las Zonas Económicas Especiales) que transformará la realidad de muchas comunidades en condiciones de marginación y de pobreza, al propiciarles una fuente de ingresos más digna y sostenible”.
El pasado 30 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, así como el Decreto que crea la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE).
La AFDZEE será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que encabeza Luis Videgaray, con autonomía técnica, operativa y de gestión.
Entre sus funciones está la planeación, promoción, regulación, supervisión y seguimiento de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), y deberá articular las acciones de las dependencias y entidades federales, coordinándose con los gobiernos locales, así como con los sectores privado y social.
Las primeras Zonas Económicas Especiales, de acuerdo con el proyecto del gobierno federal, estarían ubicadas en Lázaro Cárdenas (en municipios de Michoacán y Guerrero), el Istmo de Tehuantepec (entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, Oaxaca) y Puerto Chiapas, en Chiapas.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446670/nombra-pena-a-gutierrez-candiani-titular-zonas-economicas-especiales
Lo integrará el presidente del organismo internacional, comisionados y un equipo técnico. El próximo lunes habrá pronunciamiento conjunto para después formalizar el mecanismo en Washington.
Los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la Secretaría de Gobernación (Segob) perfilan el mecanismo de seguimiento del caso, impulsado desde la visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en mayo de este año.
Después una reunión de poco más de una hora en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el director de ese centro, Mario Patrón, y el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, explicaron que el mecanismo de seguimiento constará de un coordinador, comisionados y un equipo técnico de la CIDH:
“El mecanismo de seguimiento será de dos niveles: está a cargo y coordinado por relator del país, que hoy a su vez es presidente de la CIDH, el doctor James Cavallaro, y puede estar integrado por él y por otros comisionados. A su vez estos comisionados van a tener un equipo operativo permanente […], la idea es que este equipo permanente tenga la posibilidad de tener estancias y visitas de manera ilimitada en el país y, en el caso de los comisionados, tengan visitas por lo menos cada dos meses”, dijo el director del Centro Pro .
Patrón también señaló que los comisionados de ese mecanismo serán designados por el presidente de la CIDH y que su formalización debería ocurrir a más tardar en este mes de julio.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Roberto Campa, dijo que hubo tres acuerdos de la reunión de este viernes,:
1.-Que el lunes 11 de julio habrá una nueva reunión para avanzar en un pronunciamiento conjunto, para llegar frente a la CIDH con un acuerdo.
2.-Habrá un esquema de encuentros de los padres con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
3.-Hay disposición para que la Policía Federal coadyuve en búsqueda del paradero de los normalistas.
Campa detalló que el mecanismo de seguimiento ya está contemplado en las normas internas de la CIDH (luego de la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la CIDH) y su integración había sido impulsada desde la reunión que hubo en Washington, en mayo de este año.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0807/mexico/perfilan-mecanismo-de-seguimiento-a-caso-ayotzinapa-con-cidh/
La Secretaría de la Función Pública busca consolidar el Sistema Nacional que combate dicho flagelo.
Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, ofreció este jueves respaldar a los estados en la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Durante la inauguración del III Congreso Internacional de Administración en Durango, el funcionario señaló que “la ciudadanía asume la responsabilidad de establecer las directrices para prevenir los actos de corrupción”.
De acuerdo con un comunicado, Andrade destacó la responsabilidad social, la sustentabilidad y la globalización como elementos , “que caracterizan a las naciones contemporáneas” y que se identifican en las políticas públicas.
El secretario también afirmó que el propósito detrás de la reforma del SNA es la creación de un espacio ciudadano en el cual, “las autoridades tendrán que reflexionar sobre las mejores prácticas”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0807/mexico/virgilio-andrade-ofrece-ayuda-a-estados-en-lucha-anticorrupcion/
CIUDAD DE MÉXICO: Los padres de los 43 normalistas desaparecidos hace casi dos años lograron que la Secretaría de Gobernación aceptara ser interlocutor ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para construir el mecanismo que dé seguimiento a las medidas cautelares dictadas sobre el caso Ayotzinapa y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Luego de la reunión que los padres sostuvieron este viernes con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se acordó que el próximo lunes 11 la dependencia entregue el borrador con una propuesta a los familiares de los estudiantes.
Otro de los acuerdos a los que se llegó es que Campa Cifrián sea el interlocutor ante el gobierno federal, y como tercer punto se determinó calendarizar reuniones mensuales entre los padres y el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Por último, las partes convinieron que la Policía Federal acompañe a los padres en la búsqueda de sus hijos a partir de agosto próximo, y en los primeros días tienen contemplado ir a la zona norte de Guerrero.
No obstante, los padres mantendrán su jornada de lucha hasta que se concrete el mecanismo especial de seguimiento.
En la reunión también quedó establecido que el secretario de Gobernación plantee a la procuradora General de la República, Arely Gómez, con miras a la reunión que ésta sostendrá con los padres de los estudiantes, la petición de que Tomás Zerón de Lucio sea destituido de la Agencia de Investigación Criminal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: TERESA DEL MAZO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446679/acepta-segob-interlocucion-construir-mecanismo-seguimiento-ayotzinapa
XALAPA, Ver: El Órgano de Fiscalización de Veracruz (Orfis) notificó a diputados de la Comisión de Hacienda y de Vigilancia que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa tiene un pasivo con proveedores superior a los 12 mil millones de pesos.
Advirtió, además, que el mandatario y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pretenden cubrir ese pasivo millonario con el 3% de recursos de la nómina del gobierno, una partida presupuestal que originalmente va destinada a infraestructura y obras públicas.
En una acalorada discusión en la sala de juntas del Orfis, los legisladores locales tuvieron acceso a dos tomos de la deuda con proveedores y contratistas conocida como “Anexo 1”, que desde inicios de sexenio se ocultó.
El documento en poder de Apro detalla que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) debe casi mil 615 millones de pesos a más de 315 proveedores. En este caso destaca un pasivo de 196 millones 234 mil pesos a Abastecedora de Víveres, S.A. de C.V.; 22 millones 225 mil pesos a la empresa Cassidian México S.A. de C.V; 18 millones 417 mil pesos al Centro de Investigación en Seguridad S.A., y 27 millones 717 mil pesos a Comercializadora Palveg, por mencionar solo a algunos de los proveedores que siguen esperando su pago.
La Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) acumula pasivos por 400 millones 146 mil pesos, pese a que su presupuesto anual no supera los 90 millones.
Entre sus pendientes por cubrir hay 14 millones 790 mil pesos a la empresa AVAN Noticias, 8 millones 331 mil pesos al Centro Radiofónico de Xalapa, 7 millones 815 mil pesos a la compañía periodística de El Sol de Veracruz, 6 millones 844 mil pesos a la empresa Consulver Veracruz, 27 millones de pesos al periódico AZ, 25 millones a la empresa La Voz del Itsmo, 20 millones 592 mil pesos a Eureka Estrategia y Comunicación.
La CGCS también debe a particulares como Martín Mendiola Yepez y Froylan Flores. La oficina de prensa de Duarte les acumula pasivos por 9 millones de pesos, mientras que al medio nacional Reporte Índigo le adeuda 7 millones 795 mil pesos.
En otras dependencias como la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) hay pasivos por 28 millones 642 mil pesos, destacando una deuda de 19 millones 627 mil pesos a la empresa Ingeniería Total y Comercializadora S.A de C.V, aunque en el caso de proveedores deben 774 millones 411 mil pesos.
En la Secretaría de Protección Civil (SPC) hay adeudos por 74 millones 19 mil pesos, y destacan los pendientes que el gobierno de Duarte tiene con Tiendas Soriana, a las que debe 19 millones 741 mil pesos por la adquisición de despensas, mientras que a la empresa Smartfood le adeuda 6 millones 500 mil pesos, también por la compra de despensas.
La deuda con la empresa Airbus asciende a más de 9 millones de pesos por el anticipo y pago final por la compra de un helicóptero.
En el listado de cuentas por pagar, la Secretaria Particular del gobierno de Javier Duarte presenta un adeudo por 5 millones 923 mil 815 pesos a proveedores, mientras que la Oficina de Programas de Gobierno tiene pasivos por 857 mil pesos. Y hasta en la oficina de Veracruz en la Ciudad de México el gobierno de la entidad debe 709 mil pesos.
Pero la dependencia estatal que más pasivos aglutina es la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), presidida por el exlíder nacional del Partido Nueva Alianza, Tomas Ruiz González, con un adeudo de 50 millones 228 mil pesos a proveedores, mientras que a contratistas les debe mil 98 millones, 409 mil 24 pesos.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social debe 939 millones 841 mil pesos a proveedores y contratistas.
En los próximos días el Congreso local deberá votar si le autoriza al gobierno de Duarte que dichas deudas se cubran con recursos del 3% de la nómina, como una medida emergente extrema, o si de plano se heredan los pasivos al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446646/asciende-a-12-mil-mdp-la-deuda-duarte-proveedores
Tapachula, Chis. Los cruces fronterizos entre México y Guatemala fueron desbloqueados hoy por completo por integrantes del magisterio, después de casi dos semanas de mantenerlos cerrados como forma de presión contra la aplicación de una reforma educativa.
Los puentes bloqueados eran el 'Suchiate II', por el que se realiza el intercambio comercial entre México y Centroamérica, y el Talismán-El Carmen, por donde a diario pasan decenas de migrantes, turistas, trabajadores agrícolas y visitantes, en Chiapas.
De inmediato se reinició el paso de migrantes y de camiones cargados con diversas mercancías que esperaban en las poblaciones de Talismán y Ciudad Hidalgo.
La frontera había sido cerrada por los maestros el 27 de junio, aunque el sábado pasado reabrieron el paso por algunas horas.
La decisión de levantar las medidas de protesta fue parte de los acuerdos alcanzados con la Secretaría de Gobernación, con la que el lunes representantes de los maestros reanudarán negociaciones.
Beatriz Dpiaz Pérez, representante del Consejo Estatal de la Sección 7 del sindicato de maestros (SNTE), dijo que el levantamiento de los bloqueos es una muestra de voluntad para avanzar por la vía de la negociación, aunque ello no significa que el movimiento magisterial haya concluido.
Según señaló, el lunes próximo, cuando se reanude la mesa de negociaciones en Ciudad de México, los maestros harán una marcha en Tuxtla Gutiérrez.
Las carreteras de la costa de Chiapas en las que también había bloqueos quedaron reabiertas también la tarde de hoy.
FUENTE: LA JRONADA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/08/maestros-levantan-bloqueo-en-frontera-chiapas-guatemala
Buscan entregar documentos que exponen nuestra inconformidad contra la reforma educativa.
Grupos de maestros de varios municipios de Nuevo León protestan este viernes frente a las oficinas de la Secretaría de Educación estatal, para exigir la abrogación de la reforma educativa.
La asesora jurídica del movimiento magisterial, Cynthia Pérez, informó que los reclamos son también para demandar la renuncia inmediata de la titular de Educación estatal, Esthela Gutiérrez Garza.
Señaló que “estamos aquí para entregar documentos que exponen nuestra inconformidad contra la reforma educativa, exigimos que se abrogue esta reforma educativa”.
Cynthia Pérez expresó que los maestros no participarán en las evaluaciones que contempla la reforma educativa.
Señaló que continuarán con la protesta y posteriormente tienen previsto regresar a la explanada de Palacio de Gobierno, para realizar marchas en el sitio y en algunas calles de esta ciudad.
Desde temprana hora, varios maestros se encuentran reunidos en la entrada principal del inmueble, equipados con altavoces para girar instrucciones de las fases a seguir en el transcurso de la manifestación.
Elementos de Fuerza Civil, de la Policía Ministerial, con apoyo del Ejército Mexicano, vigilan los alrededores del edificio de la dependencia, ubicado en el fraccionamiento Residencial Lincoln, en esta ciudad.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0807/mexico/arrecia-rechazo-contra-reforma-educativa-maestros-de-nl-no-participaran-en-evaluaciones/
Diputados priistas abandonaron la sesión del jueves y previamente retiraron iniciativas del mandatario de la orden del día.
El Congreso de Veracruz retiró de la orden del día del jueves el dictamen por medio del cual se autorizaba al mandatario donar la Casa Veracruz y dos inmuebles a favor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), lo cual dejaría al gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, sin sede oficial.
Además, el Congreso de Veracruz retiró de la orden del día, el dictamen que permite al gobernador donar diez inmuebles al Instituto de Pensiones del Estado, debido a que la Comisión de Hacienda argumentó que cuenta con nueva información que debe ser analizada antes de autorizar las donaciones.
Fiscal y magistrados propuestos por Duarte
En tanto, los priistas reventaron la sesión del jueves antes de iniciar la discusión para proponer a Guadalupe Porras David, Francisco Portilla Bonilla y Alberto Tomasini Martínez como magistrados anticorrupción.
La aprobación del punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política para proponer a la terna, que ha sido seriamente cuestionada, necesitaba del voto de 34 diputados, sin embargo, se supo que no había mayoría absoluta por lo que los priistas decidieron abandonar uno a uno el recinto.
La propuesta de los Magistrados está integrada por los priistas, Guadalupe Porras David, ex alcaldesa de Minatitlán señalada por malversación de recursos, Alberto Tomassini Martínez quien se desempeñaba hasta este martes como secretario particular de la oficina del gobernador, y el ex secretario general de la actual legislatura, Francisco Portilla Bonilla
El jueves, los legisladores también discutieron por varios minutos la emisión de una nueva convocatoria para el cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, que finalmente fue aprobada.
El dictamen para fiscal solo obtuvo el voto a favor de 28 diputados, 14 en contra del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y del priista Ricardo Ahued, así como cuatros abstenciones. Los opositores temen que Duarte proponga para ese puesto a un allegado suyo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0807/mexico/frenan-iniciativas-de-duarte-en-el-congreso-de-veracruz-por-ahora/
En Nuevo León hay enfermos psiquiátricos que viven, agonizan y mueren en la cárcel. Aunque por ley son inimputables, algunos llevan años ahí, sin comprender qué hicieron ni poder defenderse. El gobierno de la entidad se ha comprometido a construirles un lugar más digno, pero no explica por qué el sistema penitenciario seguirá haciéndose cargo de ellos…
MONTERREY, NL: El gobierno de Nuevo León pretende saldar una deuda histórica con los internos del área psiquiátrica del penal de Topo Chico: se comprometió a crear un nuevo espacio, afuera de la penitenciaría, para atender a esa población, integrada por pacientes considerados inimputables.
Luego de que Proceso (2066) difundiera la presencia de pacientes psiquiátricos en las áreas varonil y femenil –ya olvidados por el sistema penitenciario de Nuevo León–, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que construirá la Unidad de Rehabilitación Psicosocial en el espacio donde está ubicado, actualmente, el Consejo Tutelar para menores 1, al oriente de esta capital. No aclaró, sin embargo, por qué si los pacientes no deben estar en una cárcel, seguirá siendo el sistema penitenciario el que “cuide” de ellos.
Como parte de los procesos de despresurización penitenciaria emprendidos desde que se inició el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, la SSPE planea, además, liberar a más de mil presos de las cárceles de Topo Chico, Apodaca y Cadereyta.
Los inimputables
Al inicio de la actual administración, cuando el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez llegó a hacerse cargo de la SSPE de Nuevo León, revisó la situación en la que se encontraban las penitenciarías de la entidad, directamente bajo la responsabilidad del estado.
En números redondos, en los tres centros de readaptación social (ceresos) en territorio nuevoleonés hay unos 8 mil internos, de los cuales 3 mil 500 permanecían en Topo Chico, ubicado en la colonia Nueva Morelos, en plena área conurbada de la capital. A esa cárcel y a la de Apodaca son enviados los reos del grupo criminal de Los Zetas. Al de Cadereyta, los del Cártel del Golfo.
Se detectó que en estos lugares imperaba el autogobierno. El 10 de febrero, por ejemplo, en Topo Chico se perpetró la masacre de 49 internos. Los reos se disputaban el control de cobros de privilegios que arrojaban, al mes, ganancias de unos 20 millones de pesos.
El baño de sangre obligó al Bronco a intervenir. Fueron desmantelados unos 200 tendajos, distribuidos en los patios, en los que se vendía todo tipo de mercancía. Se cortó el flujo de efectivo obtenido con extorsiones y 233 reos, entre los que estaban algunos de los más peligrosos, fueron trasladados a penitenciarías fuera del estado. La matanza y las mudanzas posteriores acabaron con la sobrepoblación del centro.
Cuando fue limpiada la sangre de los pasillos, las autoridades penitenciarias detectaron las condiciones en las que se encontraban 180 internos considerados inimputables. Topo Chico es el único que tiene unidad psiquiátrica.
Se observó que los internos en esta sección, que habían cometido delitos desde robo simple hasta homicidio, convivían con el resto de la población. Era necesario darles un tratamiento especial, del que carecían.
Topo Chico también es el único Cereso estatal con área femenil; alberga 450 mujeres. Y ahí, igualmente, hay un pabellón psiquiátrico al que accedió Proceso, donde permanecen, en celdas sombrías, al menos ocho mujeres que parecen haber sido olvidadas por los jueces.
Reportes históricos, extraídos de notas de prensa, señalan que el penal de Topo Chico fue construido en 1947. Los internos del psiquiátrico viven ahí en una situación adversa, inaceptable para su condición, pues no reciben la atención debida, en un inmueble que se cae a pedazos.
El homicidio de tres internos el miércoles 1, otra vez por el control de cobros, ocasionó que se apresuraran los planes de reestructuración en la vieja penitenciaría. Para bajar el número de internos fueron enviados a otros reclusorios 49 presos. Y el remozamiento ya se inició.
El gobierno de Nuevo León ha comenzado a recibir, de parte de la federación, 48 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública. Parte de estos recursos serán destinados a la adecuación de las instalaciones del Centro de Internamiento para Adolescentes Infractores, conocido como Torre 1, en la colonia Parque Industrial Regiomontano, de Monterrey.
Aquí se encuentran 73 jóvenes infractores, de los cuales ocho son mujeres. Todos ellos serán trasladados al Centro de Internamiento para Menores conocido como Torre 2, en Escobedo. Este sitio, de mayores dimensiones y subutilizado, alberga a 102 infractores, aunque tiene capacidad para 450. Aquí habrá también obras de remodelación, con cargo a la misma partida, para adecuar un área femenil.
Así, los pacientes psiquiátricos de Topo Chico serán enviados a la Torre 1.
El cambio de condiciones para estos internos es urgente, pues no reciben atención médica adecuada ni por sus carceleros ni por el sector salud.
A la administración penitenciaria estatal le convienen los reacomodos hasta por motivos prácticos. La concentración de menores en un solo espacio reduce los costos, pues disminuye el gasto en traslados y atención.
Actualmente el estado está definiendo el mecanismo para aplicar la inversión y se espera que las obras queden listas, a más tardar, en 2017, para proceder con la reinstalación.
En este proceso de reestructuración, admite la administración estatal, algunos internos –hombres y mujeres– se han quejado de olvido de parte de las autoridades penitenciarias y de descuido en el manejo jurídico de sus casos, pues ni siquiera contaron con defensores de oficio.
Luego, ya adentro, no había quién les informara que tenían posibilidad de regresar a la calle como ciudadanos libres.
El Código Penal de Nuevo León, en su artículo 22, establece que “no es imputable quien en el momento de la acción u omisión, por causa de psicosis o retraso mental probado o por ser sordomudo, carezca de la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho, (…) así como quien carezca de la capacidad de comprender la conducta que se la atribuye por padecer de un estado de psicosis o retraso mental durante el procedimiento”.
Sigue el mismo artículo: “Se podrá ordenar su internamiento por todo el tiempo necesario para su curación, educación, instrucción, sin que exceda el término máximo de la sanción por el delito cometido”.
El plan es que el tratamiento a los pacientes sea integral, con involucramiento de médicos que se focalicen en la atención particular de cada interno y el involucramiento de los familiares en su atención, señala la SSPE.
Preliberaciones, listas
La Subsecretaría de Administración Penitenciaria del estado ha revisado 70% de los expedientes de los internos de los tres ceresos.
Se detectaron 450 casos de reclusos que en este 2016 pueden recibir la libertad anticipada. Los expedientes serán enviados a alguno de los cuatro centros de ejecuciones y de sanciones en la entidad y que, de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, son los encargados de analizar los casos y conceder los oficios de liberación.
Paralelamente, existen 250 reos del fuero federal que están listos para recibir la libertad anticipada. En estos casos las carpetas son enviadas al Poder Judicial de la Federación.
El 13 de febrero pasado, después de la matanza de 49 hombres en el penal, el secretario general de Gobierno, Manuel González, anunció que la administración entregaría apoyos hasta por 13 millones de pesos para gestionar la preliberación de 248 internos que ya cumplieron al menos 60% de sus condenas.
El subsidio sería destinado a internos que carecen de recursos para saldar sus fianzas, para reparar daños o pagar abogados. No han sido revelados los avances del programa.
El gobernador anunció una inversión de 100 millones de pesos para adecuar las instalaciones del vetusto penal que, acepta, ya no es funcional. Sin embargo, debe adecuar, en lo inmediato, los deficientes filtros de revisión, ya obsoletos, para endurecer el procedimiento de ingreso.
También prometió reconstruir el interior, para asignar a los reos a áreas específicas. En un espacio estarán, separados, los más peligrosos.
Como sea, El Bronco busca que la Federación aporte una parte de los 6 mil millones de pesos necesarios para construir una penitenciaría que sustituya a Topo Chico. Hasta el momento sólo se ha dicho que se edificaría en algún lugar al sur de la entidad y que tendría capacidad para 6 mil internos.
Nuevo León aportaría recursos para este proyecto mediante la venta del viejo inmueble, que sería desocupado o demolido, y otros predios.
Finalmente, el pasado 28 de junio, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Sofía Velasco Becerra, pidió que el Penal del Topo Chico sea cerrado o que sus sistemas sean reestructurados, pues en las condiciones en que se encuentra el lugar, no puede ser garantizada la vida de los internos.
Mencionó que por las deplorables condiciones en que se encuentra el centro penitenciario, no se pueden realizar adecuadamente las labores de reinserción ni actividades formativas, las cualkes deben gozar los reclusos.
Velasco pidió que para cumplir con el derecho a la salud de los internos, quienes padezcan enfermedades mentales sean enviados a instituciones que les proporcionen servicios hospitalarios adecuados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446513/mudaran-a-los-fantasmas-topo-chico
CIUDAD DE MÉXICO: Viridiana Rivera se tomó unos minutos, antes de llegar a casa, para cenar en un puesto de tacos de la colonia ExHipódromo de Peralvillo, en la delegación Cuauhtémoc, y ahí la alcanzó la muerte.
La mujer de 33 años de edad comía dentro de su vehículo que estaba estacionado en la calle Verdi, entre Adelina Patti y Calzada de los Misterios, cuando un sujeto armado se le acercó y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones.
Los hechos ocurrieron la noche de ayer, alrededor de las 21 horas, luego de lo cual el agresor huyó corriendo del lugar sin que nadie pudiera detenerlo.
Después de ocurrido el asesinato, policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron al lugar del crimen y acordonaron la zona, mientras paramédicos verificaban la muerte de Viridiana por balazo en el pecho.
En tanto, la policía tomó declaraciones a familiares de la víctima con el objetivo de establecer el móvil del crimen.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446650/ejcutan-a-una-mujer-en-la-delegacion-cuauhtemoc
El notable crecimiento del flujo comercial en la región Asia-Pacífico de los últimos años no sólo favorece a las mercancías legales. Las ilegales tienen ahí un nicho… y el Cártel de Sinaloa se dio cuenta de eso. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Australiana, la mafia sinaloense tejió una intrincada red –que incluye envíos a través de numerosos países asiáticos– para vender cocaína y metanfetaminas en Australia, donde el consumo de esos enervantes ha ido en aumento. Las fuerzas de seguridad de esa nación ya encendieron todas las alarmas.
BRUSELAS: Las “oscuras redes” internacionales que controla el Cártel de Sinaloa se extienden hasta Australia, donde los servicios de inteligencia, la policía y la academia advierten del gran peligro que esa “amenaza mexicana” y la de otros cárteles significan para la estabilidad y la seguridad nacionales.
Un reporte reciente del Centro de Estudios Estratégicos y de Defensa, de la Universidad Nacional Australiana, alerta: “La aparición de los cárteles mexicanos de la droga –principalmente el de Sinaloa– en los mercados locales significa no sólo un desafío de orden criminal, sino también estratégico: el tamaño de sus operaciones, recursos y oscura estructura de redes los hace unos enemigos difíciles de combatir”.
El reporte –cuya copia tiene Proceso– continúa: “La presencia de los cárteles mexicanos amenaza no sólo con incrementar el abasto de drogas ilícitas en Australia, sino también con fomentar guerras por territorios, incrementar la cantidad de armas disponibles en el país y los recursos necesarios para nuestra seguridad fronteriza, así como amenazar la estabilidad y los gobiernos de los puntos de tránsito de los estupefacientes en la región del sur del Pacífico.
“Esta economía ilegal”, sigue el documento, “forma parte de una amenaza emergente a la seguridad, que se genera en Latinoamérica. Como tal, la estabilidad de esa región y sus desafíos deben ser tratados como un asunto importante de preocupación para la seguridad nacional de Australia”.
El reporte Los cárteles mexicanos de la droga y sus oscuras redes: una amenaza emergente para la seguridad nacional de Australia, fue elaborado por Anthea McCarthy-Jones, profesora investigadora de la Escuela de Gobierno y Política de la Universidad Nacional Australiana y experta en relaciones entre Latinoamérica, Asia y Australia.
El documento –dirigido a una “audiencia política”– recuerda que el poder de los cárteles mexicanos y el grado de violencia de las disputas entre ellos “ha crecido exponencialmente en la última década”.
Considera que la guerra del gobierno mexicano contra el narcotráfico “subestimó seriamente el grado en que los cárteles habían acumulado grandes arsenales para defender sus territorios y rutas de drogas lucrativas”. También se minimizó, agrega el reporte, “la infiltración generalizada y a gran escala de los cárteles en las instituciones del gobierno mexicano y en las fuerzas del orden”.
Expone igualmente que en la actualidad esos grupos criminales están buscando extender sus operaciones fuera de México, por lo que se han expandido hacia “mercados internacionales lucrativos”, como el europeo y el de Asia-Pacífico.
En la década actual –afirma el reporte– se ha producido “un viraje económico favorable para la región Asia-Pacífico, pero esta concentración de actividad no ha estado limitada a formas legítimas de comercio económico y está atrayendo una nueva ola de actividad económica ilícita que busca explotar la riqueza recién descubierta de la región”.
Plantea que es en este contexto que Australia “se ha convertido en un objetivo de varios cárteles mexicanos, (los cuales) ya han establecido vínculos en la zona de Asia-Pacífico e intentan fortalecerlos y expandirlos, con un enfoque particular en la penetración del mercado australiano”.
Relaciones integrales
Las alertas sobre la presencia de los cárteles mexicanos en Australia se activaron en 2010, cuando fueron capturados dos narcotraficantes mexicanos durante una operación antinarcóticos efectuada por la Policía Federal australiana, señala el reporte sin dar más detalles. Fue la primera vez, añade, que la policía identificó “relaciones directas” entre el narco mexicano y el mercado australiano de drogas.
Las autoridades de ese país redoblaron entonces la vigilancia en sus fronteras: entre 2010 y 2011 duplicaron, en comparación con años precedentes, el número de decomisos de cocaína.
El reporte cita una nota de la radio estadunidense WBUR del 3 de marzo de 2012, según la cual operadores del Cártel de Sinaloa han visitado Australia para ponerse en contacto con distribuidores locales de drogas, mientras que traficantes australianos han viajado a “Latinoamérica” con el mismo objetivo.
En julio de 2014 la Policía Federal y la Agencia Criminal Australiana (ACC) capturaron en Sidney a otros dos mexicanos que estaban en posesión de armas, 2 millones de dólares en efectivo y 30 kilos de lo que parecía ser metanfetamina cristalina, con un valor en el mercado de más de 30 millones de dólares, según un despacho de la Australian Associated Press (AAP).
El presidente ejecutivo de la inteligencia australiana, Chris Dawson, comentó a la APP: “Sólo necesitas ver la violencia que existe en las calles de México y enterarte de las miles de personas que han muerto a manos de los cárteles mexicanos para darte cuenta de su peligrosidad; y ellos ahora están buscando entrar a Australia (…) Son gente muy, muy violenta, con una historia de asesinatos, agresiones y tráfico de veneno en nuestras comunidades”.
El reporte del Centro de Estudios Estratégicos y de Defensa ubica las razones que atraen del mercado australiano al Cártel de Sinaloa, y que corresponden a lo que el documento llama factores de “empuja” y “jala” (push and pull).
La primera razón es la caída de la demanda de cocaína y metanfetaminas en Estados Unidos. El precio de tales sustancias se debilitó en comparación con lo que cuestan en Europa y la región Asia-Pacífico, motivo por el cual el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones mexicanas en menor medida –Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación– fueron “empujadas” a extender sus negocios a otras latitudes.
La segunda razón, que está “jalando” el interés de los cárteles mexicanos en Australia, deriva de una cifra que proporciona la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): el número más grande de usuarios de estimulantes de tipo anfetamina en el mundo se encuentra en el este de Asia y en Oceanía: 9.5 millones de personas, a quienes hay que sumar otros 3.9 millones de usuarios de éxtasis.
China, Corea, Japón, Indonesia y Australia son países que “nunca antes” habían tenido tanta demanda de drogas ilícitas como hoy, fenómeno emparejado con su rápido crecimiento económico en las últimas dos décadas. Y los narcotraficantes mexicanos, que “han expandido radicalmente su producción y distribución de anfetaminas”, han terminado por ser atraídos por esos “lucrativos mercados”, explica el reporte australiano, que también menciona la fortaleza del dólar australiano y la fácil conversión en dólar estadunidense.
Puntualiza además que información de las agencias de seguridad australianas identificaron crecientes vínculos entre grupos chinos del crimen organizado y los cárteles mexicanos, que importan a México precursores vendidos por traficantes chinos para producir metanfetaminas. Una vez que están listas las drogas, son reenviadas a China desde Jalisco.
Rutas del tráfico
El reporte indica que el precio es la tercera razón por la cual el Cártel de Sinaloa está tan interesado en Australia, pese a que los gastos de transportación sean más elevados que en cualquier otra parte del mundo.
Mientras en Estados Unidos un kilo de sal de cocaína cuesta aproximadamente 54 mil dólares y en el Reino Unido sube a 87 mil dólares, en Australia el precio oscila entre 228 mil y 259 mil dólares.
Además la UNODC reportó en 2015 que la cantidad de australianos consumidores de cocaína va en aumento.
El documento refiere que Australia está considerado un “mercado mixto” de drogas, donde estupefacientes como la cocaína fluyen dentro del país desde Europa occidental y central, Canadá, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Sin embargo, la mayor parte transita antes de entrar al país por vía marítima a través del archipiélago de Nueva Caledonia (bajo control francés), las islas de la República de Vanuatu o las islas Fiyi.
La ACC complementa esa información y revela que los embarques de drogas operados por los cárteles mexicanos con destino a Australia son transbordados a través de terceros países, como Nigeria, Holanda, Canadá o Vanuatu.
“Con una muy, muy extensa línea costera y con la oportunidad que tienen los cárteles y otros grupos organizados para venir a Australia a través de múltiples rutas, intentar detectar cada cargamento de droga es una tarea extremadamente difícil”, admitió el anterior presidente ejecutivo de la ACC John Lawler en el mencionado reportaje de la radiodifusora WBUR.
El reporte del Centro de Estudios Estratégicos y de Defensa señala que el creciente apetito regional por drogas sintéticas también colocó al Cártel de Sinaloa y sus competidores mexicanos como una amenaza a la seguridad de otros países de la zona. Como ejemplos señala que en 2012 las fuerzas filipinas del orden reportaron que habían desmantelado un sofisticado laboratorio de metanfetaminas operado por un grupo de traficantes chinos con “claras conexiones con redes criminales mexicanas”.
Un año después –continúa el reporte– agentes coreanos confiscaron 15 kilos de metanfetamina cristal (crystal meth) e identificaron que el país de origen de la droga era México. Ese mismo año, policías japoneses descubrieron igualmente una ruta de tráfico de crystal meth directamente de México a Japón.
A los servicios de seguridad australianos les preocupa el abasto de armamento, que forma parte de los acuerdos que cierran los cárteles mexicanos con los grupos criminales locales con los que trabajan. También les inquieta que, en el caso de Australia, muchas organizaciones delictivas están dispuestas a colaborar con los mexicanos dadas las grandes ganancias que prometen: los grupos mafiosos libaneses, chinos, albaneses o las bandas de motociclistas australianos, para los cuales está aumentando el atractivo del tráfico de cocaína, dice la policía.
El reporte alerta que “ésta es una preocupación particular debido a la potencial escalada de violencia que puede darse entre grupos criminales que pelean cada vez más por el control de los canales domésticos de distribución, hecho aún más letal por la difusión de armas ilegales proveniente de los cárteles”.
Una evaluación interna de la policía transmitida al gobierno federal –citada en una investigación periodística del Courier Mail el 31 de mayo de 2015– afirma que los grupos del crimen organizado de los Balcanes, los más poderosos en Australia, “sostienen vínculos con los más notorios cárteles mexicanos y colombianos”.
Mediante operaciones de vigilancia encubierta, la policía refiere en ese reporte que criminales de Australia, Serbia y Colombia han sostenido reuniones con narcotraficantes mexicanos en España, Tailandia y Australia.
Tales encuentros han tenido como propósito “formalizar vínculos y crear parámetros criminales para operar y analizar rutas para Australia, sobre todo a través de una línea de transporte de carga y de cruceros muy conocida y usando a los miembros de la tripulación y a los estibadores que han sido pagados para mover los suministros a granel fuera del muelle y entregarlos a los grupos criminales de motociclistas”.
La policía quedó más preocupada aún –señala el reportaje– al constatar que los contactos de esa alianza criminal estaban bien posicionados en las cadenas de transporte y logística en todo el país a través de las vías marítima, aérea o terrestre. Subraya que el grupo utilizaba un enfoque de operaciones de tipo empresarial, con remitentes internos de dinero, contadores, asesores jurídicos y abogados que realizaban el seguimiento de los pagos, compras y rutas de distribución, y asesoraban legalmente para evitar detenciones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCO APPEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446514/la-amenaza-del-narco-mexicano-en-australia
Reconoció que el motivo por el que deja el cargo es porque quiere participar en el proceso interno para la elección del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Enrique Ochoa Reza renunció este viernes a su cargo de director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En su cuenta de Twitter, difundió la carta de su renuncia, que dirige al presidente Enrique Peña Nieto, a quien le solicita “con todo respeto me permita concluir este ciclo”.
Reza precisó que “el motivo de mi renuncia obedece a la aspiración de participar en el proceso interno para la elección de presidente” del PRI.
La misiva:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0807/mexico/enrique-ochoa-renuncia-a-la-cfe-y-va-por-la-dirigencia-del-pri/
Los solicitó a Banamex y Santander. Tendrá que pagarlos en septiembre 2016 y diciembre 2017. No informó a la Bolsa para qué se utilizarán los recursos.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) contrató dos créditos con diferentes bancos, que ascienden a 2 mil 633 millones 919 mil pesos.
Así lo informó a la Bolsa Mexicana de Valores:
“Con fecha 9 de junio de 2016 se formalizó entre el Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, en su carácter de Acreditante, Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C, División Fiduciaria, no por su propio derecho sino en su carácter de fiduciario del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos número 10248, en su carácter de Acreditado, y la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de Obligado Solidario un contrato de crédito simple hasta por la cantidad de $800’835,000.00 (Ochocientos millones ochocientos treinta y cinco mil Pesos 00/100 M.N.), el “Contrato de Crédito“)”, detalló.
Ese crédito deberá ser liquidado el 17 de diciembre de 2017.
“El Acreditado pagará al Acreditante en cada Fecha de Pago de Intereses, sin necesidad de previo requerimiento, intereses ordinarios sobre la suma principal insoluta de la Disposición hecha con cargo al Crédito otorgado por el Acreditante, devengados durante cada Período de Intereses, a una tasa igual a la Tasa de Interés. Devengará intereses ordinarios para cada Período de Intereses, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a veintiocho (28) días publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el Día Hábil anterior al día que inicie el Período de Intereses de que se trate”, añadió en el primer caso.
Sobre el segundo crédito, indicó que “con fecha 5 de mayo de 2016 se formalizó con Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Santander, un crédito quirografario por la cantidad de $1,833,084,000.00 (Mil Ochocientos Treinta y Tres millones Ochenta y Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.)”.
Dicho crédito fue suscrito por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., División Fiduciaria, “no por su propio derecho, sino en su calidad de Fiduciario en el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos No. 10248” y la Comisión Federal de Electricidad.
En ese caso, deberá ser liquidado el 9 de septiembre de 2016; “devengará intereses ordinarios sobre el saldo insoluto, pagaderos y computados por mensualidades vencidas, a una tasa que será igual al resultado de sumar 34 puntos base a la “TIIE” correspondiente a cada periodo de intereses”.
La CFE no especificó el uso que se le dará a estos recursos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0807/mexico/cfe-contrata-creditos-por-2-mil-633-millones-919-mil-pesos/
CHILPANCINGO, Gro: En noviembre pasado Proceso advirtió que tras el anuncio que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –el 20 de octubre de 2015- sobre el acuerdo con el gobierno federal para reiniciar la investigación y la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, la Procuraduría General de la República (PGR) no había incluido entre sus primeras líneas de investigación las fosas localizadas en Taxco.
Ello a pesar de que desde julio de 2010 se han hallado fosas clandestinas en acantilados del municipio de Pilcaya y en respiraderos de minas en Taxco.
Además de que Gildardo López Astudillo, “El Gil” o “Cabo Gil”, uno de los lugartenientes de la banda Guerreros Unidos y pieza clave, según la investigación oficial, del caso Ayotzinapa -detenido el 16 de septiembre de 2015-, estuvo refugiado en la ciudad de Taxco bajo la protección de políticos y autoridades de los tres niveles que han sido señalados con insistencia por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Ahora, tras la detención del exdirector de la policía municipal de Taxco, Eruviel Salado Chávez y Víctor Hugo Benítez Palacios El Tilo, ambos acusados como operadores del grupo delictivo Guerreros Unidos y vinculados directamente con el caso Ayotzinapa, se hace necesario retomar algunos textos en los que Proceso ha documentado esta trama que involucra a empresarios, políticos, autoridades civiles y castrenses con el narco en la zona norte de la entidad.
Las fosas de Taxco
En la nota titulada La sanguinaria guerra por el sur, publicado el 18 de julio de 2010, este semanario dio a conocer que las averiguaciones sobre la desaparición de un militar desembocaron en la captura de una célula de sicarios e informantes integrada por 15 hombres, dos de ellos menores, y evidenció que las minas de Taxco se utilizan para ocultar cadáveres (Proceso 1759).
De acuerdo con el expediente PGR/GRO/CHI/M-II/142/2010, los detenidos fueron interrogados sobre el paradero del cabo de materiales de guerra Cuauhtémoc Muñoz Martínez, desaparecido en Iguala entre el 21 y el 22 de mayo de ese año, cuando se encontraba franco.
Un parte militar anexo al expediente dice que Víctor Manuel Sánchez Conde, de 20 años, condujo a los soldados a la bocamina de San Antonio La Concha, en Taxco, adonde –según la procuraduría local– 55 hombres fueron arrojados a un agujero de 150 metros, algunos todavía con vida.
Sánchez Conde, chofer de los sicarios, reveló que abandonaron en la bocamina el cuerpo del cabo del 27 Batallón de Infantería, así como los del director y el sicólogo del penal de Iguala, Daniel Bravo Mota e Ignacio Suástegui Pérez, respectivamente. Éstos últimos fueron reportados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal como desaparecidos el 24 de mayo.
En la entidad ya se habían encontrado otras fosas clandestinas, pero ninguna con tantos cadáveres como la bocamina de San Francisco, que contenía al menos un centenar de cuerpos. En la ciudad colonial existen más de 30 respiraderos de minas abandonados desde 2007, cuando estalló la huelga de trabajadores contra la empresa Grupo México.
Al enterarse del hallazgo de la narcofosa llegaron a Taxco decenas de personas, en su mayoría mujeres, provenientes de otros municipios guerrerenses, de Morelos y del Distrito Federal. Buscaban en la morgue a sus familiares desaparecidos en circunstancias sospechosas.
Integrantes del Comité de Familiares y Amigos de Asesinados, Secuestrados y Desaparecidos en Guerrero informaron que han documentado 242 casos de desaparición forzada entre 2005 y 2010.
En ese entonces el comité planteaba que el gobierno debía reconocer, atender y resolver el problema de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales en la entidad, pues sostenía que la fosa de Taxco era sólo una muestra de los mecanismos de la delincuencia para “tratar de esconder a sus víctimas y mantenerse en la impunidad”.
Desde entonces dicha organización demanda que las autoridades elaboren un plan de búsqueda de desaparecidos e integren una base de datos con información genética, a fin de cotejar responsablemente las muestras de los cuerpos hallados con los de familiares de desaparecidos.
Si bien las autoridades ignoraron la demanda del comité, la repercusión internacional del caso Ayotzinapa las obligó a retomar estos planteamientos.
La captura de “El Cabo Gil”
Posteriormente, en la nota titulada La captura del “Cabo Gil” provoca aún más dudas, publicada en septiembre de 2015, Proceso señaló que a casi un año del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, las autoridades habían detenido en Taxco al principal artífice, de acuerdo a la versión oficial, de los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
En su captura no hubo gran despliegue de fuerza, no hubo violencia, no hubo disparos, lo que hace pensar a algunos analistas que se trató de una entrega pactada; sobre todo porque él mismo ya había ofrecido entregarse una vez que estuviera capturada la mayor parte de su banda criminal.
La captura de “El Cabo Gil”, acusado de ser lugarteniente del grupo criminal Guerreros Unidos y principal implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sacudió al empresario Federico Figueroa y a la clase política, así como a mandos militares y jefes policiacos que constantemente han sido vinculados con la delincuencia organizada que opera impunemente en el norte de Guerrero.
Al respecto, el 17 de septiembre de 2015, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia declaró públicamente que “El Gil” estuvo refugiado en la ciudad platera, donde recibió protección de políticos y autoridades de los tres niveles de gobierno y que su detención se realizó en la calle, sin especificar el sitio exacto de la captura.
El departamento
En el reportaje Taxco, otro infierno, publicado en su edición del 8 de noviembre de 2015, Proceso destacó que las autoridades federales se mostraban renuentes a proporcionar información sobre este eslabón que presuntamente vincula a políticos taxqueños encabezados por el diputado federal priista Salomón Majul González con “El Gil”, supuesta pieza clave en el caso Ayotzinapa.
Posteriormente, en diciembre de 2015, en la nota Una comedia de enredos llamada El Gil, Proceso reveló que “El Gil” habría sido detenido en un lujoso departamento ubicado en el fraccionamiento Lomas de Taxco propiedad de un próspero comerciante identificado como Héctor Gómez Lagunas, cercano al diputado federal priista Salomón Majul González, quien forma parte de un grupo que encabeza el empresario Federico Figueroa y en el que participan mandos militares y jefes policiacos, así como políticos del PRI, PRD y PAN presuntamente vinculados con los grupos delincuenciales que operan en el norte de Guerrero.
Gómez Lagunas, quien fue ejecutado el 13 de julio de 2012 por dos jóvenes, era originario del Estado de México. Se había avecindado en Taxco, donde se dedicó al comercio de la plata y también era permisionario de transporte público en esa ciudad colonial.
Según los reportes oficiales consultados por el reportero, el departamento del fraccionamiento Lomas de Taxco donde el 16 de septiembre último fue capturado “El Gil” lo ocupaba Ashley Gómez Mejía, hijo de Gómez Lagunas, quien fue secretario particular de Iván de Jesús Castellanos Barrera, designado alcalde suplente de Taxco en marzo pasado, luego de que Majul González dejó la alcaldía para lanzarse como diputado federal priista.
La vivienda es parte de un edificio estilo colonial de tres niveles ubicado a 200 metros del hotel Monte Taxco sobre la calle La Posada, que conecta con una pista de aterrizaje en la cima del cerro.
A partir de este hecho que sigue sin ser esclarecido, en la ciudad de Iguala comenzó una serie de ejecuciones considerados como un ajuste de cuentas entre integrantes de Guerreros Unidos que siguen operando impunemente a pesar de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La reconfiguración de Guerreros Unidos
A mediados de enero de este año, en el texto Guerreros Unidos se cimbra por pugnas internas, Proceso dio a conocer que los asesinatos de finales del año pasado y las narcomantas desplegadas en Iguala muestran la lucha intestina en el grupo delictivo.
Los mensajes van dirigidos contra policías estatales y mandos militares a quienes se acusa de dar protección a Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo, y a Eduardo Joaquín Jaimes, El Choky, de la banda de Los Peques, brazo armado del grupo criminal.
Y se mencionaron nombres de varios de los funcionarios presuntamente implicados con ese grupo delincuencial, como el exdirector de la policía de Taxco Eruviel Salado Chávez y una docena de agentes de esa corporación que desde octubre último está bajo el mando de la Policía Federal.
Tanto Salado Chávez como el exalcalde taxqueño Salomón Majul González, quien ahora es diputado federal por el PRI, y el empresario Federico Figueroa han sido señalados públicamente por sus presuntos nexos con Guerreros Unidos.
El 27 de diciembre aparecieron dos narcomantas en Iguala. En ellas se menciona al líder transportista de la zona Norte, Victórico Martínez López, y a otras personas como presuntos operadores de Guerreros Unidos, a quienes se acusa de “sobornar” a policías federales y ministeriales.
Dos días después, el centro de la ciudad amaneció tapizado de mensajes. En ellos se señala al Ejército de proteger a Víctor Hugo Benítez Palacios, “El Tilo”, líder de Los Peques; también se difundió una foto con el rostro de “El Choky”, supuesto brazo ejecutor de “El Tilo”, considerado por el gobierno federal como otra de las piezas clave en el caso Ayotzinapa.
Fuentes oficiales consultadas por el corresponsal aseguran que se trata de una lucha intestina entre miembros de la organización criminal que opera en Iguala, Taxco, Tepecoacuilco y Huitzuco, zona colindante con el sur del estado de Morelos.
En octubre de 2014, la agencia Apro dio a conocer que el gobierno federal sabía que Los Peques controlan el narcomenudeo en Iguala y estaban implicados en la agresión a los normalistas de Ayotzinapa, lo mismo que algunos uniformados estatales y federales.
Los reportes oficiales consultados por Proceso en esas fechas indican que después de la desaparición de los 43 normalistas, los sicarios al servicio de Los Peques salieron de Iguala y se refugiaron en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri. Las autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército les brindaron protección.
El año pasado, autoridades del poblado donde se encuentra la minera canadiense Gold Corp denunciaron la existencia de fosas clandestinas; algunos afirmaron que la esposa del exalcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, se refugió en esa zona.
La confrontación entre los operadores de Guerreros Unidos se incrementó en diciembre pasado, cuando fueron divulgados los nombres de políticos y autoridades civiles y castrenses de la zona norte presuntamente vinculados en el caso Ayotzinapa.
El silencio a balazos
Luego, el 5 de mayo, la agencia Apro en la nota Continúan homicidios de personajes ligados al caso Ayotzinapa, dio a conocer que esta masacre no sólo exhibió los presuntos nexos de autoridades de los tres niveles y el Ejército con el narcotráfico, sino que también ha dejado una estela de ejecuciones y detenciones de personajes ligados a la política en la zona Norte, donde el silencio se impone a balazos.
En ese entonces, un grupo armado asesinó al dirigente transportista Victórico Martínez López, quien fue vinculado públicamente con el grupo delictivo Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El crimen se registró en Iguala en el estacionamiento de la Quinta Margarita, cuando Martínez López se disponía a abordar su automóvil en compañía de su esposa, quien también fue asesinada.
Previamente, Martínez López había encabezado una reunión con líderes transportistas de la zona Norte, donde anunció su regreso a la dirección de la Coordinadora del Transporte Organizado de la Zona Norte (CTOZN), cargo que dejó en diciembre pasado tras ser vinculado al narcotráfico y el caso Ayotzinapa.
“Vamos a seguir apoyando a la coordinadora al mil por ciento en los trabajos que lleva la coordinadora, y hay un logro que se está dando que es la unificación de los transportistas” (sic), expresó Victórico Martínez durante su mensaje. Horas después fue ejecutado en su propio domicilio.
El pasado 25 de diciembre fue localizado el cuerpo de un hombre ejecutado y junto al cadáver dejaron un mensaje firmado por “Daniel El Travieso” donde acusaban directamente a los líderes del transporte en la zona Norte Victórico Martínez, Nicolás Nájera Salgado “El May” y José Luis Ramírez “El Churros” de formar parte del grupo delictivo Guerreros Unidos y haber participado en la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Tanto Nicolás Najera y José Luis Ramírez fueron detenidos por la Policía Federal, el primero el 25 de abril y el segundo a principios de este mes, ambos son acusados por el gobierno federal de ser líderes de Guerreros Unidos y estar relacionados con la desaparición de normalistas.
Nueves meses después de la detención de El Cabo Gil, el gobierno federal capturó a Víctor Hugo Benítez Palacios El Tilo y al ex director de Seguridad Pública de Taxco, Eruvil Salado Sánchez, situación que advierte un recrudecimiento de la violencia en el feudo de Guerreros Unidos ante la reconfiguración de esta banda delictiva que sigue operando impunemente en la zona norte de Guerrero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446643/las-olvidadas-fosas-clandestinas-taxco
