viernes, 3 de marzo de 2017

Amenaza ejército chamula a comunidad de Santa María Chimalapa, denuncian indígenas tsotsiles

Integrantes de la comunidad de Nuevo San Andrés, municipio de Santa María Chimalapa, Oaxaca, denunciaron que miembros del grupo paramilitar ejército chamula -con sede en Cintalapa, Chiapas- amenazaron con atacar la comunidad este viernes 3 de marzo para “acabarnos y quedarse ellos a vivir aquí”. Demandaron que el gobierno oaxaqueño acelere el envío de policías o militares para protegerlos, como ofreció luego de que se hizo la denuncia correspondiente ante “los Derechos Humanos de Oaxaca”.

En Nuevo San Andrés vive un promedio de 25 familias tsotsiles. Los informantes explicaron -vía entrevista telefónica- que las amenazas se intensificaron luego de que denunciaran ante el Ministerio Público de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, el ataque y robo, con secuestro de dos de sus compañeros por más de seis horas, heridas a machetazos y golpes de que fueron objeto nueve sanandresinos, el pasado viernes 24 de febrero, por una treintena de paramilitares en el camino de Cintalapa a Nuevo San Andrés.

Urgieron asimismo a que el Ministerio Público de Zanatepec, que dijo que iba a actuar contra los atacantes, lo haga ya, antes que los delincuentes cumplan sus amenazas.

Detallaron que sus nueve compañeros bajaron de compras el viernes 24 a la ciudad de Cintalapa y al filo de las 17.30 horas, “un grupo de delincuencia organizada los alcanzó en un carro de tres toneladas, cuando los rebasó se atravesó en el camino, en el lugar Los Patios y atrás de la Nissan roja donde iban los compañeros llegaron dos carros más, bajaron aquellas personas… iban con armas largas y cortas, machetes y garrote, atacaron a los compañeros, por poco cortan la mano derecha de un machetazo a Abner Ruíz, pero el se echó a correr; secuestraron a Lorenzo Gómez Gómez, a José Ignacio Gómez Díaz lo agarraron a puñetazos y los secuestraron hasta casi las tres de la mañana. Los soltaron amarrados de pies y manos en el parque El Centenario de Cintalapa. De los delincuentes conocemos como a 10 o 15 personas, son del ejercito chamula pero viven en Cintalapa”.

“Cuando los secuestraron les metieron machete en la boca, los golpearon en la cara, según dicen que el viernes quieren subir a Nuevo San Andrés para acabarnos a todos, los encabeza Miguel López López, Manuel López López, Eliseo López López, Domingo Gómez Gómez, Antonio Gómez Pérez, Mariano Gómez Gómez,  Pablo Portillo, Efraín Ruíz Hernández, Jeremías Ruíz Hernández. Está también Guadalupe Ruíz Hernández, aliados con unos de San Cristobal”. 

“Ellos hace años son de delincuencia organizada, el 2014, en julio, cometieron robo en el rancho El Tule, de Alfredo Brito, tienen el expediente 67 y orden de aprehensión del 2 de marzo de 2015, en el poblado El amate de Cintalapa, ahí estuvieron en el reclusorio como 16 meses, fueron apresados el 30 de abril de 2015 y salieron de la cárcel el 2 de septiembre de 2016,  a la cárcel fueron cinco personas pero saliendo de la cárcel nos fueron a hacer lo mismo y buscaron a más personas”. 

“Como nosotros no hemos robado no pudimos estar de acuerdo en todo lo que hacen ellos, nosotros apoyamos para que los denunciara el propietario, desde el 4 de junio hasta el 2 de julio de 2014 sacaron todo lo que había en el rancho El Tule, apoyamos al dueño que hizo la denuncia, por lo mismo nos quieren acabar porque ellos quieren entrar a vivir aquí. Tienen aliados en San Cristobal de las Casas a Salvador López López, que aparenta como pastor de la iglesia Elim, pero es mentira porque no podría hacer eso si es pastor; el aliado Alberto Gómez Gómez se pasa de licenciado y Antonio Enrique López Pérez, vive en el ejido la Betania de Teopisca, Chiapas, adelante de San Cristóbal”.

“Necesitamos que haya intervención del Ministerio Público, que hagan orden de aprehensión” contra los del ejército chamula, insistieron los informantes.





Fuente: Desinformémonos
Autora: Rosa Rojas
https://desinformemonos.org/amenaza-ejercito-chamula-comunidad-santa-maria-chimalapa-denuncian-indigenas-tsotsiles/

Exigen cancelación de 55 órdenes de aprehensión contra indígenas en Guerrero

Comisarios municipales y 500 representantes de comunidades guerrerenses exigieron la cancelación de las órdenes de aprehensión contra 55 indígenas pertenecientes al Consejo Nacional Indígena de Guerrero, además del desistimiento de otras 15 que están por girarse.

Con una movilización en Chilpancingo, más de diez comunidades indígenas demandaron al gobierno las garantías de seguridad para los pueblos, lo que incluye la detención inmediata de los asesinos de cinco integrantes de la organización, ocurrido en el poblado de San Gerónimo Palantla, la liberación del policía comunitario Godofredo Cortés Reyes y el respeto al sistema de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Los manifestantes recordaron que el total de 70 órdenes de aprehensión contra los indígenas nahuas son por delitos que no cometieron, por lo que aseguraron se trata de una forma de “represión” a la organización comunitaria.

Además, resaltaron que las comunidades y los pueblos indígenas, particularmente en el estado de Guerrero, viven en el abandono con la necesidad de sobrevivir en “condiciones deplorables e indignas de educación, vivienda, salud, alimentación, cultura y justicia”.
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Los indígenas identificaron como antecedente de su movimiento el conflicto violento en las diversas comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez, el cual inició el 8 de febrero del 2015 y que hasta la fecha “no existe justicia ni una solución”, a pesar de las siete reuniones que se mantuvieron con el gobierno.

Por último, exigieron justicia para Isac Xochitempa Chautla, Ángela Casarrubias Cortéz, Ana Orguín Casarrubias y Victoria Díaz Bernabé, quienes fueron asesinados el 20 de Octubre del 2016 y que integraban al Consejo, así como Florencio Salgado Gonzales, quien fue asesinado el 11 de Junio del mismo año.

Las comunidades que participaron en la movilización fueron Papaxtla, Paraíso de Tepila, Rincón de Chautla, Acahuehuetlan, Terrero 1, Xicotlan, Zacapexco, Ayahualtempa, Amatitlan, Tierra Blanca, Buena Vista, Tepozonalco, Alcozacan, Xolotepec y Tula, junto con los coordinadores regionales de la “Casa de Justicia de Rincón de Chautla”, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores del municipio de Chilapa y José Joaquín de Herrera.





Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción
https://desinformemonos.org/exigen-cancelacion-55-ordenes-aprehension-indigenas-guerrero/

El agua en Colima está contaminada con arsénico determina estudio

Un estudio realizado por la Universidad de Colima y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, da a conocer que las aguas de Colima tienen un alto contenido de arsénico situación que  incrementa de manera considerable el riesgo de contraer algún tipo de cáncer y esto puede afectar a más de 180 mil personas en el estado.

El estudio “Riesgos potenciales de salud por consumo de agua con arsénico en Colima, México”, publicado en el volumen 59 de la revista Salud Pública de México, no. 1, enero-febrero de 2017 del Instituto Nacional de Salud Pública  fue elaborado por la Universidad de Colima y el Centro de Salud y Ambiente Global de la Escuela de Salud Pública de Harvard, Estados Unidos.

La investigación encontró altas concentraciones de arsénico fuera de la norma NOM-127-SSA1-1994 en dos pozos ubicados en el centro de la ciudad de Colima con alta densidad poblacional. El muestreo fue realizado en un total de 36 pozos de 10 acuíferos locales en donde se observó niveles hasta de .083 mg/l, cuando lo permisible por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 0.01 mg/L y las concentraciones permisibles para arsénico fijados por la NOM-127-SSA1-1994 es de ≤0.025 mg/L. lo cual podría afectar a 183 mil 832 individuos en el estado.

El objetivo de esta investigación fue estimar los riesgos potenciales de salud debidos a la ingestión crónica de arsénico (As) en el agua en Colima para lo cual se muestrearon aleatoriamente 36 pozos en 10 acuíferos locales.

Se indica que el riesgo calculado de desarrollar cáncer debido a las concentraciones de arsénico en aguas subterráneas podría ocasionar 446 casos de esta enfermedad.

Lo anterior lleva a las conclusiones que “Los niveles actuales de arsénico en el agua de pozo incrementan los riesgos carcinogénicos y no carcinogénicos de salud humana en Colima”.

La población que recibe agua de los pozos analizados se estimó en 409 mil 800 habitantes según el estudio y los valores de HQ (coeficiente de peligro) para el arsénico son mayores a 1 para todos los niveles de concentraciones para el rango de edad de bebés (81 mil 960 individuos); también se observan valores mayores a 1 para los niveles 3 a 5 de la población de entre 2 y 17 años (58 mil 015 individuos) y para el nivel 5 para los adultos (43 mil 857 individuos).

Esto indica que todos estos grupos son susceptibles a desarrollar afectaciones a la salud no relacionadas con el cáncer y se estima que 183 mil 832 individuos se encuentran en estos grupos poblacionales susceptibles.

Así mismo el estudio señala que “las concentraciones de arsénico también presentan sus mayores niveles cerca de la ciudad de Colima y Villa de Álvarez, las cuales concentran alrededor de la mitad de la población estatal”, lo que la convierte en la zona principal de riesgo.

Dentro de las conclusiones se señala que la norma oficial mexicana (NOM-127-SSA1-1994) establece un máximo permisible de 0.025 mg/L, mientras que el límite permisible por la OMS y la USEPA es de 0.01 mg/L; por lo cual sería conveniente evaluar los impactos económicos y de salud, además de homologar este límite con el resto del mundo, medida que requeriría de un estudio a nivel nacional.

El estudio completo puede leerse en español en la siguiente dirección: http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/viewFile/8413/10991





Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción con información de Colima Noticias
https://desinformemonos.org/agua-colima-esta-contaminada-arsenico-determina-estudio/

Antes de ser asesinado, Cecilio Pineda acusó vínculos “fuertes” entre gobierno de Astudillo y “El Tequilero”

En los 16 meses de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, suman dos periodistas asesinados, y a casi un año del primero, prevalece la impunidad.

El 25 de abril pasado, fue asesinado a tiros el director del diario El Foro de Taxco ,en esa ciudad platera y a la fecha las autoridades ministeriales no han esclarecido el crimen.

Mientras que el jueves pasado por la tarde, el reportero Cecilio Pineda Birto fue ejecutado en Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato, en la región de Tierra Caliente.

Previo a su muerte, Pineda Birto difundió una videograbación en su cuenta personal de Facebook, donde afirmó que a pesar de que el gobierno de Héctor Astudillo Flores tenía conocimiento del lugar donde se esconde el líder del grupo delictivo de “Los Tequileros”, Raybel Jacobo de Almonte, no actuaban porque “había compromisos muy fuertes” entre el narco y las autoridades estatales.

La víctima afirmó que el coordinador de la Policía Preventiva Estatal (PPE), en la región de Tierra Caliente presuntamente brinda protección a la banda de “El Tequilero”, incluso que los agentes estatales escoltan a las esposas de los sicarios para que puedan realizar compras en la cabecera municipal sin ser molestadas.

Además, anunció que en breve los miembros del grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan, vinculados con el grupo de “La Familia”, iban a bloquear la carretera federal que conecta los municipios de Arcelia con Pungarabato en esa región donde el narco controla territorios completos.

De esta manera, advirtió el reportero, los civiles armados iban a presionar al gobierno de Astudillo y a los diputados de la LXI legislatura local para que detengan a Raybel Jacobo y retiren el fuero al diputado local priista, Saúl Beltrán Orozco, quien tiene una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

“Ustedes han visto y llama la atención por qué no quiere intervenir el gobierno de Astudillo a pesar de que tienen los elementos de la ubicación del grupo criminal de Los Tequileros. Pareciera que hay compromisos muy fuertes. Esperemos en qué acaba este asunto y a ver si no acaba en más muertes porque las autoridades no quieren actuar como debe ser”, expresó Pineda Birto.

La transmisión directa se registró a las 17:26 horas de ayer, mientras Pineda Birto conducía su vehículo sobre la carretera federal y regresaba del municipio de San Miguel Totolapan a Ciudad Altamirano, lugar donde tres horas después el periodista fue ejecutado.





Fuente: Proceso
Autor: Ezequiel Flores Contreras
http://www.proceso.com.mx/476637/asesinado-cecilio-pineda-acuso-vinculos-fuertes-gobierno-astudillo-tequilero-video

En manos de los multimillonarios

En 15 días la Presidencia de la República interpuso dos controversias constitucionales para proteger los ­intereses de tres de los cuatro mayores multimillonarios mexicanos. Una, el 31 de enero, para preservar los ingresos y la influencia de las televisoras mexicanas contra los lineamientos sobre derechos de las audiencias que promulgó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); y después, el martes 14, para proteger el negocio de la industria minera contra el llamado impuesto ecológico que aprobó el Congreso de Zacatecas.

En el primer caso el Ejecutivo federal antepone los privilegios de las televisoras (entre los que ocupan un lugar destacado Televisa y TV Azteca) por sobre los derechos de las audiencias (Proceso 2101); en el segundo, prefiere acrecentar la riqueza de los dueños de las mineras enclavadas en Zacatecas (donde participan Industrias Peñoles, de Alberto Bailleres, y Minera Frisco, de Carlos Slim) que proteger el medio ambiente.

En junio de 2015, Oxfam México difundió un estudio del economista Gerardo Esquivel –Desigualdad extrema en México–, donde se destaca que el 1% más rico de México concentraba, en 2014, 21% de los ingresos totales del país, y precisaba que la riqueza de los cuatro hombres más adinerados del país (Carlos Slim, Germán, Larrea, Ricardo Salinas Pliego y Alberto Bailleres) representaba ese año alrededor de 9% del PIB mexicano.

El estudio señala que una característica compartida por estos cuatro multimillonarios es que sus principales empresas están en sectores que requieren concesiones estatales para operar: telecomunicaciones y minería. Hasta hace muy poco ni siquiera se conocían públicamente las reglas para el otorgamiento de esas concesiones, por lo cual era un proceso discrecional, arbitrario y prácticamente secreto. Las concesiones se entregaban selectivamente y les garantizaba a sus titulares poca competencia y grandes ganancias.

Aunque ahora hay reglas menos oscuras y procesos más públicos, lo cierto es que ambos sectores todavía presentan condiciones muy favorables para los titulares de las concesiones y son unos cuantos privilegiados los que las detentan. El mismo estudio señala: “Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales”.

Tras la alternancia en la Presidencia, en diciembre de 2000, los concesionarios han evidenciado esta captura en diversos momentos. Primero fueron los integrantes del duopolio los que mostraron su voracidad, al lograr disminuir a una décima parte el tiempo diario que otorgaban gratuitamente al Estado, gracias al decreto del 10 de octubre de 2002.

Luego, durante el proceso electoral de 2006, consiguieron que el Congreso aprobara reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, que establecía condiciones tan favorables para ellos que la nueva legislación fue conocida como Ley Televisa, finalmente revertida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ese parecía el parteaguas, pues en diciembre de 2007, en la reforma constitucional que precedió a la electoral, se prohibió la compra de tiempo en los medios electrónicos para propaganda político-electoral y ésta se limitó al uso de los llamados tiempos del Estado. Sin embargo, pese a que hay evidentes avances en la nueva legislación en materia de telecomunicaciones de 2014, los concesionarios lograron privilegios que se tradujeron en nuevos negocios y mayores ingresos, al aprovechar los beneficios digitales para la prestación de novedosos servicios y ­programaciones.

La “captura” del Estado todavía se hizo más evidente cuando el IFT decide expedir los lineamientos para hacer realidad los derechos de las audiencias. Primero embistieron los concesionarios; posteriormente, la Presidencia y el Senado interpusieron controversias constitucionales, y finalmente, el IFT decidió suspender la entrada en vigor de esos lineamientos. Hoy el desenlace está en manos del Pleno de la Corte.

El 23 de junio de 2014 la Semarnat ­publicó en el Diario Oficial de la ­Federación el estudio previo justificativo para declarar área natural protegida a 2 ­millones 577 mil 126 hectáreas del semidesierto de Zacatecas, con la categoría de “reserva de la biosfera”.

De inmediato los principales grupos mineros (nacionales y trasnacionales) que operan en ese estado reaccionaron, pues sus ganancias resultaban afectadas; finalmente lograron que en noviembre del año pasado, el nuevo gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, se opusiera a la creación de la zona protegida y a cambio le concedieron que introdujera el llamado Impuesto de Responsabilidad Ecológica para gravar la extracción de minerales y materiales diversos del suelo.

Sin embargo, a juzgar por los mensajes vía Twitter del gobernador, no ­respetaron el acuerdo e incitaron a sus trabajadores a protestar contra el nuevo gravamen, al tiempo que recurrían al amparo, tanto las empresas como la ­Asociación de Ingenieros de Minas, ­Metalurgistas y Geólogos de México. Y el martes 14 la Consejería Jurídica de la Presidencia promovió una controversia constitucional para echar abajo los impuestos ecológicos, por considerar que se trata de una materia ­federal, ya que grava la industria minera.

Ya era reprobable el intercambio de la preservación del medio ambiente por un impuesto ecológico, pero ni eso satisfizo a los empresarios mineros que buscan mantener intactos sus privilegios, para lo cual recurrieron a los medios legales a su alcance; pero como los jueces federales rechazaron, en primera instancia, sus demandas, lograron involucrar a la Presidencia en su defensa.





Fuente: Proceso
Autor: Jesús Cantú
http://www.proceso.com.mx/476467/en-manos-los-multimillonarios

Ley de Seguridad Interior: misma receta, mismo fracaso

Desde 1994, cuando al final de su sexenio Carlos Salinas designó a Arsenio Farell Cubillas al frente de la Coordinación Nacional de Seguridad Pública de la Nación, el combate a la delincuencia, incluida su variante de “guerra al narcotráfico”, ha fracasado no por falta de ideas o de recursos, sino porque los crecientes mercados de la ilegalidad han sido bien aceitados con la corrupción.

Después del secuestro del exdueño de Banamex Alfredo Harp Helú, Salinas creó aquella Coordinación que puso en manos de viejos conocedores de la represión que habían participado en la guerra sucia de los años sesenta y setenta. Fue para salir del paso.

La violencia siguió creciendo y a fines de los noventa, México entró en una etapa de inseguridad pública desconocida hasta ese momento, a pesar del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) echado a andar por el gobierno de Ernesto Zedillo.

Los militares desde entonces ya participaban de lleno en tareas de seguridad, avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 1996 declaró constitucional su participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública creado por el SNSP.

Después, en abril de 2000, la propia SCJN emitió una tesis jurisprudencial a favor de que los militares participen en auxilio de las autoridades civiles en seguridad pública.

Los militares tienen el aval constitucional desde hace más de 20 años y desde entonces su participación como responsables de los cuerpos policiales ha sido constante.

Soldados y marinos han estado al frente de la Policía Federal, policías estatales, corporaciones municipales, grupos mixtos, fuerzas de tarea y cuantas propuestas han surgido.

Han estado incluso al frente de la Procuración de Justicia, como en el gobierno de Vicente Fox, a pesar de que durante la segunda mitad de los noventa, militares de élite comisionados a la Policía Judicial Federal, antecedente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), desertaron para crear Los Zetas.

Felipe Calderón involucró de lleno a los militares cuando declaró la “guerra a las drogas”. El resultado no ha podido ser peor: un incremento sin precedentes de las violaciones a los derechos humanos y la partición de los grandes cárteles en pequeños grupos autónomos.

Para sobrevivir, las nuevas organizaciones son cada vez más violentas y tienen a México entre los países con más víctimas en el mundo, apenas separado de las naciones envueltas en guerras internas o regionales, como Siria, Irak, Afganistán, Somalia, Paquistán, Libia y Ucrania. http://www.proceso.com.mx/450082/la-violencia-crece-pena-nieto-se-pasma

Ejemplo de los crímenes de lesa humanidad es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; pero también de la presencia de los militares en retiro en la delincuencia. Las propias investigaciones de la PGR lo han señalado.

La Ley de Seguridad Interior que promueve el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del PRI en la Cámara de Diputados, con propuestas similares del PAN, no sólo busca hacer permanente esa participación, sino darles incluso más facultades a los militares para “restaurar el orden interno”, por encima incluso de las autoridades civiles.

Como lo hacía Calderón y su “súper policía” Genaro García Luna, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reparte culpas entre los gobernadores y éstos sólo se asoman cuando se trata de recibir recursos federales para la seguridad.

La ley nada resolverá más que dar comodidad a los militares para evitar acusaciones de violaciones a los derechos humanos.

Pero el problema de fondo seguirá: la delincuencia aceitando la corrupción y el Estado invirtiendo en hombres que acaban trabajando para la delincuencia. Un círculo perverso, perfecto.





Fuente: Proceso
Autor: Jorge Carrasco Araizaga
http://www.proceso.com.mx/476582/ley-seguridad-interior-misma-receta-mismo-fracaso

Exigen a PGR justicia para víctimas de experimento del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Yolanda Guerrero Caballero denunció que a ella y a otros 500 pacientes, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) les colocó, sin su consentimiento, un implante que carecía de autorización para emplearse en humanos, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).

En un comunicado, la organización Centro de Comunicación Social (Cencos) precisó que los daños ocasionados por el implante son irreversibles, ya que prácticamente se encuentra encarnado en el cerebro, lo que ha generado a los pacientes la imposibilidad de realizar sus actividades diarias debido a fuertes dolores de cabeza, inestabilidad en el cuerpo y deficiencia para conciliar el sueño.

El implante fue diseñado por el doctor Julio Sotelo Morales, quien fungía como presidente del Consejo Técnico del INNN.

Guerrero, acompañada de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha actuado ante las denuncias impuestas por las víctimas, a pesar de que la Conamed y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) han indicado un mal manejo por parte del INNN.

De igual manera, reprochó que desde hace diez años no tienen acceso a la justicia, violentándose los derechos humanos de todos los pacientes que fueron sometidos al experimento.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/476621/exigen-a-pgr-justicia-victimas-experimento-del-instituto-nacional-neurologia-neurocirugia

Autoridad de EU acusa fraude de constructora mexicana Homex por 3 mil 300 mdd

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su siglas en inglé) llegó a un acuerdo con la constructora mexicana Desarrolladora Homex para resolver cargos por reportar ventas falsas para aumentar sus ingresos. Según la autoridad estadunidense se trató de un fraude contable por tres mil 300 millones de dólares.

En un comunicado la dependencia estadunidense detalló que utilizó imágenes satelitales para demostrar que Homex “ni siquiera había comenzado a preparar el terreno de muchas de las casas por las que reportó ingresos” en un periodo de tres años.

Homex, una de las mayores constructoras de viviendas de México en ese momento, aceptó el acuerdo que aún debe ser aprobado por un tribunal, pero no admitió ni negó los cargos, informaron la SEC y la empresa en el comunicado.

“Conforme al acuerdo, Homex también retirará, durante los próximos 10 días hábiles, todos los instrumentos financieros y valores en el mercado de Estados Unidos”, detalló Homex.

Por separado, la SEC informó que las acciones de Homex en Nueva York fueron suspendidas hasta el 17 de marzo, debido a “una falta de información adecuada y precisa” en los informes anuales de la compañía.

Ya desde el jueves pasado las acciones de Homex habían cerrado en menos de 1.0 peso por unidad en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y este viernes sus títulos se desplomaban un 17.61% hasta los 0.73 centavos.

Homex informó que no participará en el mercado de valores estadunidense durante cinco años, y tampoco publicará información financiera o de negocios en inglés en su sitio de internet o a través de servicios electrónicos de distribución informativa.

La SEC inició la investigación contra Homex el año pasado, y en 2014 la empresa solicitó protección a la justicia mexicana para la reestructuración de su deuda.

Deudas crecientes y un cambio en la política del gobierno mexicano sobre los subsidios a la vivienda, que se enfocó en departamentos, golpearon a la constructora que concluyó el proceso de reestructuración de su deuda en 2015.

“Homex ha emprendido desde entonces importantes esfuerzos correctivos y ha cooperado con la investigación de la SEC”, dijo la agencia este viernes y destacó que su acuerdo refleja la cooperación de la nueva dirección de la empresa.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción con información de Reuters
http://www.proceso.com.mx/476677/autoridad-eu-acusa-fraude-constructora-mexicana-homex-3-mil-300-mdd

Cifra oficial de desaparecidos “no representa gravedad del problema”; se denuncian dos de 10: activistas

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México afirmó que la cifra de desaparecidos reportada por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, según la cual de 2007 a diciembre de 2015 se contabilizaron 26 mil 128 desapariciones de personas, no representa la gravedad del problema pues apenas se denuncian dos de cada 10 casos.

Ello, puntualizó, ante la falta de garantías de seguridad y protección para las familias debido a la colusión, en algunas regiones, de las autoridades con el crimen organizado.

Según la cifras oficiales citadas por el colectivo, a principios del mes corriente la cifra oficial de desaparecidos se elevó a 30 mil 942, lo que implica un aumento, al menos, de cuatro mil 814 casos en apenas tres meses.

Las estadísticas oficiales demuestran, subrayó, que los casos de desaparición han incrementado en el país “producto de la inseguridad y la militarización”.

Un ejemplo reciente, detalló el movimiento, es el caso registrado en enero pasado, cuando una familia que viajaba de Oaxaca a Veracruz fue víctima de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada por parte de miembros de la Marina.

Colectivos de familias de personas desaparecidas de México y de Centroamérica, y organizaciones que las acompañan, se quejan de las irregularidades en que incurren las autoridades en estos casos pues no inician una denuncia como desaparición sino por otros delitos como trata de personas, o secuestro y “se descarta que se trate de un caso de desaparición sin haber investigación de por medio”.

Además, aseguran que en el registro oficial tampoco se considera a los miles de migrantes centromericanos que desaparecen en el país en su tránsito hacia Estados Unidos, por lo que las cifras oficiales de personas desaparecidas no son acordes con la realidad.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México recordó que desde 2015 ha exigido y trabajado en una propuesta de Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares que ayudaría a luchar contra esta situación. Sin embargo, reprochó el movimiento, el gobierno federal la ha postergado y la consecuencias se ven reflejadas en el aumento de las cifras de personas desaparecidas.

“Detrás de esas miles de personas desaparecidas, hay miles de historias de vida que han sido interrumpidas violentamente, hay miles de madres, de padres y de hijos que sufren la ausencia de un familiar desaparecido”, señaló el movimiento en un comunicado.

Y consideró que el Senado y el gobierno federal no pueden postergar más la legislación de una Ley de Desaparición eficiente, “no puede seguir postergando la búsqueda de esas miles de personas. Es su responsabilidad que las cifras no aumenten más”, apuntó.

Por ello, el movimiento refrendó su exigencia de aprobar la Ley de Desaparición Forzada y por Particulares en el presente período de sesiones de la LXIII Legislatura.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/476627/cifra-oficial-desaparecidos-representa-la-gravedad-del-problema-se-denuncian-dos-10-activistas

Gobierno entrega “información actualizada” al grupo de seguimiento de la CIDH sobre Ayotzinapa

El Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió hoy información actualizada de las acciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las medidas cautelares dictadas a favor de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

Fue la segunda reunión de seguimiento entre la PGR, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH.

Mediante un comunicado, la PGR informó que en la reunión la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Sara Irene Herrerías Guerra, entregó información “actualizada” en materia de búsqueda de las personas desaparecidas y sobre los cronogramas de trabajo para los próximos meses, con especial atención a la aplicación de tecnologías especiales de búsqueda.

Asimismo, refirió la dependencia, “se dieron a conocer avances en materia de investigación ministerial tendientes a agotar todas las líneas de investigación, incluidas las propuestas por el Grupo de Expertos Independientes de la CIDH, y realizar aquellas diligencias que resulten necesarias para determinar la probable responsabilidad de todas las personas que pudieran estar involucradas en los hechos”.

Por su parte, la Segob, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Salud, “expusieron los importantes avances en materia de atención a víctimas” señala el comunicado, en particular la atención y seguimiento que han recibido las personas heridas el día de los hechos y sus familias.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/476712/gobierno-entrega-informacion-actualizada-al-grupo-seguimiento-la-cidh-ayotzinapa