domingo, 20 de septiembre de 2015

Atentan contra reportero y su familia en Guerrero

MÉXICO, D.F: El reportero de nota policiaca Cecilio Pineda Birto sufrió un atentado a balazos la noche del pasado viernes en su departamento ubicado en el centro de Coyuca de Catalán, Guerrero.

Según reportes policiacos, sujetos armados entraron a su domicilio y amenazaron con sus armas a su esposa embarazada y a su pequeño hijo. En esos momentos el periodista no se encontraba en el lugar.

Cuando el comunicador llegó al departamento, fue recibido con disparos pero logró escapar.

Al domicilio acudieron elementos de la Fuerza Estatal e iniciaron un operativo de búsqueda de los atacantes del reportero.

Tras el incidente Pineda Birto publicó en su cuenta de Facebook: “LE DOY GRACIAS A DIOS Y A LAS PERSONAS QUE ME DIERON UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA ESTAR CON USTEDES EN LAS REDES SOCIALES GRACIAS (sic)”, a las 10:11 horas de este sábado.

Pineda Birto es director del diario La Voz de Tierra Caliente y trabaja para el diario El Debate de los Calentanos.

El reportero cubre la nota roja en este medio, que circula en la región de Tierra Caliente de Guerrero.


A través de medios impresos y redes sociales, Cecilio Pineda ha reportado los crímenes y casos de violencia que se documentan en la zona, así como los vínculos entre alcaldes de la región de Tierra Caliente con grupos del crimen organizado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pasta de Conchos: otro fracaso de Murillo Karam

MÉXICO, D.F: “Es una decisión presidencial”, dijo a los deudos un solemne Jesús Murillo Karam sobre el rescate de los cuerpos de la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos. Era el 4 de julio de 2013 y el gobierno de Enrique Peña Nieto se estrenaba con promesas de cambio en la política de seguridad y derechos humanos.

Peña Nieto había promulgado la Ley de Víctimas superando el estancamiento que venía del sexenio de Felipe Calderón; Murillo anunciaba la eliminación del arraigo y un nuevo mecanismo de búsqueda de desaparecidos, para lo cual se nombró subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, al veterano panista Ricardo García Cervantes.

Esperanzados en el nuevo discurso, a la cita con Murillo y García Cervantes acudieron Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz; Trinidad Cantú, madre del trabajador Raúl Villasana; además, estaba la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach; el sacerdote Carlos Rodríguez, así como los abogados Manuel Fuentes Muñiz y Rodrigo Olvera Briseño.

A tres años de distancia, la “decisión presidencial” fracasó. Las causas que produjeron la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos seguirán siendo una incógnita. El compromiso para el esclarecimiento quedó en un carpetazo por prescripción de delitos que dejan en la impunidad a quienes tuvieron responsabilidad en la tragedia minera de 2006.

Y es que la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para continuar con la indagatoria abierta el 13 noviembre de 2013, luego de que la serie de acciones previas del gobierno de Coahuila, del sindicato minero, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de otras instancias gubernamentales, junto con las trabas que pusieron jueces federales, resultó en que la denuncia por desaparición con la que se intentó abordar el caso no podía desahogarse. La incompetencia se declaró el pasado 1 de septiembre.

Para determinar que no podía investigarse en la mina siniestrada, la PGR y la justicia federal dieron por válido un peritaje realizado por Daniel Wooton, un supuesto perito estadunidense contratado por la empresa propietaria de la mina, y por lo tanto no independiente, cuya conclusión fue legitimada por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila en 2007.

La madrugada del 19 de febrero de 2006, un siniestro provocó que 65 trabajadores carboneros quedaran atrapados en la mina Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, una subsidiaria del Grupo México, el emporio ferro-minero de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más acaudalado del país.

En los días que siguieron al accidente, Grupo México informó que, debido a las altas temperaturas generadas por una explosión, no había posibilidades de que los trabajadores estuvieran con vida, e inclusive Protección Civil y la Secretaría de Salud del estado aseguraron que era imposible encontrar restos, si acaso habría cenizas, con una explicación similar a la que se dio en la “verdad histórica” por el caso Ayotzinapa y la incineración en el basurero de Cocula.

No obstante, la empresa se comprometió a sacar los restos humanos de la mina para darles sepultura, sin que la PGR ni las autoridades de Coahuila asumieran la investigación en el lugar de los hechos, esto es, la escena del crimen quedó a cargo de los posibles perpetradores. Durante el tiempo que duró el “rescate”, sólo dos cuerpos fueron localizados. Las necropsias revelaron que no murieron calcinados, como decían la empresa y el gobierno, sino por asfixia. Entonces, todo se encaminó en los meses siguientes a cerrar la estructura y a impedir por todos los medios que alguien la investigara.

En marzo de 2007, Grupo México anunció la suspensión de los trabajos con base en un estudio conocido como “Informe Wooton” –llamado así por el mencionado estadunidense–, que entre otros aspectos decía que si continuaban, podían desatarse epidemias regionales de salmonela, sida y tuberculosis.


Los deudos de los mineros y defensores de derechos humanos que los apoyaban, consideraron que esa justificación era absurda, luego de consultar a científicos que descalificaron ese tipo de contagios. No obstante, la STPS dio por buena la información. Por la presión de los deudos, se instruyó un nuevo estudio del Foro Científico y Tecnológico, que el entonces titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, interpretó a modo para evitar a toda costa que hubiera trabajos en el lugar, cancelando así la posibilidad de recuperar los restos humanos y resolver lo que originó el siniestro durante todo el sexenio de Felipe Calderón.

La declaratoria de incompetencia de la PGR en el caso Pasta de Conchos:




Desaparecidos no, muertos

A un mes de iniciado el gobierno de Peña Nieto, el entonces subprocurador de Derechos Humanos, Ricardo García Cervantes, anunció que buscaría la forma de reabrir el caso Pasta de Conchos. Lo hizo en una entrevista publicada en la edición de la revista Proceso 1888, del 5 de enero de 2013.

Fue hasta 11 meses después, el 13 de noviembre, cuando se abrió una averiguación previa, la AP/PGR/SDHPDSC/UEBPD/M14/136/2013 (la copia de la conclusión la tiene Apro), a través de la agencia Ministerio Público federal, mesa cinco, de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, creada en 2013 por García Cervantes.

La razón para que fuera así es porque la PGR consideró que al no haber encontrado 63 cuerpos, podía intentar el rescate de los restos mediante los instrumentos legales para la figura de desaparición. El tema era jurídicamente complejo, pues en Coahuila se habían emitido actas de defunción que el gobierno de Humberto Moreira justificó en la necesidad de las viudas y deudos por obtener indemnizaciones, de manera que se elaboraron en 2007, pero ante la presión por la ilegalidad y la falta de fundamento para que se acreditara cómo habían muerto los trabajadores, se expidieron otras en 2009. En dos años hubo 130 actas de defunción por 65 personas, sin cuerpos ni evidencias obtenidas por las autoridades.

Una averiguación previa por homicidio culposo de la Procuraduría de Justicia local, ordenó a Grupo México, el 13 de marzo de 2007, que realizara un peritaje. Así se integró el informe Wooton. Para el 13 de abril siguiente, el caso se sobreseyó con el pago de 182 mil pesos a los deudos de cada minero. (Proceso 1591).

El aparente acto de justicia cumplió otro propósito favorable a la empresa que se había comprometido a pagar tres turnos a las familias, mientras los cuerpos estuvieran dentro de la mina: como el gobierno de Humberto Moreira concluyó que estaban muertos y emitió actas de defunción, la empresa dejó de pagar a las viudas y deudos.

Aún peor. Como el proceso penal se concentró en cinco empleados de la mina, Grupo México se amparó, argumentando que no era responsable del accidente como empresa, así que escamoteó las pensiones.

Ya en 2008, un reportaje publicado en la revista Proceso del 17 de febrero de 2008 (1633) anticipaba:

“Con el cierre de la mina Pasta de Conchos, el Grupo México, las autoridades federales y el gobierno de Coahuila intentan darle carpetazo al caso de la explosión que hace dos años sepultó a 65 obreros. Aspiran al crimen perfecto: ahorrarse el pago de indemnizaciones y pensiones, además de evadir las sanciones a funcionarios y a la empresa”.

Y así fue, excepto por las indemnizaciones. Las acciones del gobierno de Coahuila y de Grupo México en 2007 permitieron que en 2014, el desarrollo de la averiguación previa federal impulsada por García Cervantes no prosperara conforme al criterio de los jueces federales que conocieron el asunto abierto en la actual administración.

Rescate o cosa juzgada

Unas semanas después de abierta la averiguación, el subprocurador García Cervantes tomó licencia médica y renunció en mayo de 2014. El caso quedó a la deriva, aunque para entonces la negativa de un juez federal anticipaba el fin del caso.

El Ministerio Público (MP) no pudo siquiera entrar a la mina, porque cuando llegaron, los guardias de seguridad privada les impidieron el paso. Entonces, decidieron pedir autorización judicial para realizar un cateo con forenses colombianos que ayudarían a determinar si se podía investigar la estructura colapsada.

El 14 de marzo de 2014, el MP solicitó al Juzgado Tercero Penal, especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, que autorizara un allanamiento en la mina, pero ese mismo día se le negó, con el argumento de que no iban por evidencia, sino a revisar si podían ingresar para recuperar los cuerpos.

El 20 de marzo, una nueva petición se realizó y se respondió que con las nuevas documentales expuestas por el MP sólo se acreditaba que el incidente ocurrió, pero no la comisión de algún delito.

Finalmente, la última petición, realizada el 21 de marzo, devino una vez más en negativa, pues el juez consideró que si bien los hechos indagados podían configurar el delito de homicidio, el asunto no era competencia federal, sino del fuero común, pues no había servidores públicos federales involucrados, de acuerdo con las documentales aportadas.

Fue hasta entonces cuando el MP federal buscó las actuaciones que la PGR realizó con anterioridad para saber si había delitos federales que pudieran invocarse para solicitar una vez más el cateo. Encontró una: la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, abierta por la posible comisión de delitos de servidores públicos.

En esa indagatoria encontraron que no había actuaciones, pues con base en el Informe Wooton, la PGR asumió que no podía investigar más, así que no hubo indagación y los posibles delitos prescribieron el 31 de octubre de 2012.

Otra competencia federal era por delitos ambientales, pero resulta que las autoridades en la materia no pudieron documentar nada, bajo el argumento de que el sindicato minero, en Pasta de Conchos, estaba en huelga, un dato poco conocido que imposibilita jurídicamente la investigación en el lugar. Luego, esos delitos también prescribieron.

En otras palabras, la PGR pudo investigar hasta octubre de 2012 a la empresa y a los funcionarios públicos que por acción u omisión pudieran tener responsabilidad en los hechos por delitos ambientales. Basada en el peritaje de la empresa y en la huelga del sindicato, dejó correr el tiempo y todos los plazos vencieron.

Así, la posibilidad de que el gobierno de Enrique Peña Nieto resolviera el caso se redujo a la declaración de incompetencia y a una conclusión: como la Ley de Víctimas estipula que los familiares tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y que la víctima desaparecida tiene derecho a su rescate, pero la PGR no tiene competencia, se envió el expediente al gobierno de Coahuila para que investigue. El aviso declinatorio y el expediente se recibieron en Coahuila el 8 de septiembre, según el acuse del que esta agenciatiene copia.

Coadyuvante en la averiguación previa federal, Rodrigo Olvera Briseño, advierte en entrevista con Apro la dilación en la declaración de incompetencia, pues la negativa del juez se dio desde marzo de 2014. También sabían que los delitos federales prescribieron, pero esperaron más de un año para darlo a conocer. Esto es: alimentaron la esperanza, no investigaron y todo quedó impune.

Para Olvera Briseño, el gobierno de Peña Nieto se quitó de encima el caso y lo trasladó al gobierno de Coahuila, que precisamente contribuyó de origen al desastre jurídico en que se convirtió el caso.

“Le están diciendo a Rubén Moreira: tu hermano (Humberto Moreira, gobernador en la época en que ocurrieron los hechos) hizo mal. Ahora vuelve a investigar, resuelve si hay más responsables de homicidio y cumple con la verdad que se le debe a los familiares de las víctimas”.

La cuestión ahora, dice Olvera, es saber si el gobernador va a abrir otra averiguación previa por homicidio sobre otros responsables, o reitera que es cosa juzgada. Si va a instruir la apertura de la mina o, por otra parte, se acoge al peritaje entregado por la empresa o al argumento de que supuestamente hay huelga y nada se puede hacer.


“Obviamente, todo esto muestra que no hay voluntad institucional de hacer justicia, después de tantos años, nadie asume responsabilidad por el esclarecimiento ni el rescate de los cuerpos”, concluye.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Mantiene el PRI freno a la comparecencia de Ruiz Esparza en el Senado, por OHL

El PAN demandó que comparezca para que explique las razones por las que “se ha favorecido indebidamente” a la empresa OHL en la adjudicación de contratos de obra pública.

En materia de presunta corrupción, el gobierno de Enrique Peña Nieto afronta varios escándalos, el más reciente de los cuales es el de la empresa OHL, exhibida en diversos audios que involucran al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y en los cuales se habla incluso de reuniones del Presidente con directivos de la empresa.

En ese marco, senadores del Partido Acción Nacional plantearon en un punto de acuerdo la comparecencia de Ruiz Esparza para que explique las razones por las que “se ha favorecido indebidamente” a la empresa OHL en la adjudicación de contratos de obra pública.

También para que aclare los “sobrecostos” y “malas prácticas” con las que OHL se ha manejado para obtener “ganancias exorbitantes” en la construcción de obras como el Viaducto Bicentenario.


Sin embargo, la comparecencia no ha podido realizarse por la oposición del PRI en el Senado. Sobre este asunto, la columna Templo Mayor del diario Reforma comenta este sábado lo siguiente:

ENTENDER las prioridades de la Cámara de Senadores puede ser más complicado que una lección de Física Cuántica.

HACE NUEVE DÍAS que varios legisladores del PAN presentaron un punto de acuerdo para que se investigue el truculento caso de OHL y sus obras polémicas como el Viaducto Bicentenario.

DESPUÉS de los audios que comprometen a funcionarios de alto nivel como el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y de que al abogado de la empresa Infraiber le sembraron un arma en su auto, se pensaría que los senadores querrían actuar… pero no.

LA PROPUESTA duerme el sueño de los justos y, sí, adivinaron: quienes la tienen frenada son los legisladores del PRI que comanda Emilio Gamboa y sus aliados.


¿Y LA TRANSPARENCIA y la rendición de cuentas? Bien, gracias.

Por su parte, al proponer el punto de acuerdo el Partido Acción Nacional emitió el siguiente comunicado:


Demandan senadores del PAN comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes por el caso OHL

•Favoritismo, sobrecostos y malas prácticas caracterizan la relación con el gobierno federal, advierten.
•Piden auditoría integral a todas las adjudicaciones de obra pública federal de la constructora.

Boletín 009
10 de septiembre de 2015
Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) demandaron la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que explique las razones por las que “se ha favorecido indebidamente” a la empresa OHL en la adjudicación de contratos de obra pública.

Asimismo, exigieron que el funcionario federal aclare los “sobrecostos” y “malas prácticas” con las que OHL se ha manejado para obtener “ganancias exorbitantes” en la construcción de obras como el Viaducto Bicentenario.

En un punto de acuerdo enlistado hoy en el orden del día de urgente y obvia resolución, los senadores del PAN denunciaron que la empresa OHL enfrenta juicios en Puebla, Distrito Federal y estado de México por costos desproporcionados, además de que también tiene litigios en España, Perú y Gibraltar.

Los demandantes coinciden en que OHL presenta proyectos con muy bajo presupuesto para obtener la adjudicación de las obras, y posteriormente, ya en su ejecución, registra sobrecostos excesivos, indicaron.

Existe duda fundada de que en el Viaducto Bicentenario la constructora ya recuperó su inversión, pero los costos estimados por la empresa sobrepasan los límites de la razón, por lo cual los senadores solicitan una auditoría para revocar la concesión.

Adicionalmente, destacaron que la obra tiene un tramo de más de tres kilómetros en riesgo de desplomarse por haberse edificado en una “zona minada”.

En cuanto al Circuito Exterior Mexiquense, los senadores mencionaron que los estados financieros reportan un sobrecosto de 85 por ciento, además de que se extendió el plazo de la concesión de forma “arbitraria y desproporcionada” por 20 años más y se autorizó un incremento de 50 por ciento en las tarifas de peaje del 2013 al 2021.

Por estos motivos, los legisladores panistas demandaron la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública para efectuar una auditoría integral a todas las adjudicaciones de contratos de obras pública de OHL en el ámbito federal.

Lo anterior incluye la construcción del Viaducto Bicentenario, la autopista Atizapán-Atlacomulco, el Circuito Mexiquense y el Viaducto Elevado Puebla, entre otras.

De igual forma, manifestaron que a OHL se le asocia con actos de corrupción en la revelación de diversos audios y videos difundidos por medios de comunicación y varios funcionarios públicos incurren en conflicto de interés en su relación con la constructora.


El punto de acuerdo fue presentado por los senadores Marcela Torres Peimbert, Laura Rojas Hernández, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor Hermosillo y Celada.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Defiende César Camacho a Arturo Escobar; es “serio y eficaz”, opina

Posee la disposición para escuchar y concertar con las organizaciones de la sociedad civil, afirma el priista, a pesar de que 85 agrupaciones lo han repudiado.

Ante la tormenta de descalificaciones y demandas para la remoción de Arturo Escobar, salió al quite César Camacho Quiroz.

El ex presidente del PRI y actual coordinador de los priistas en la Cámara de Diputados, consideró que Arturo Escobar, orquestador de la campaña electoral del PVEM, tiene el perfil adecuado para ser subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.

“Es un político serio y eficaz -dijo-, con la disposición para escuchar y concertar con las organizaciones de la sociedad civil que han participado recientemente en este tipo de tareas”.

En entrevista telefónica, Camacho Quiroz confió en que pronto entregue buenos resultados.

Organizaciones civiles y ciudadanos que impulsaron el Programa Nacional de Prevención del Delito exigieron el jueves revocar el nombramiento de Arturo Escobar al frente de la subsecretaría responsable del programa e incluso 11 de ellas rompieron el diálogo con el político del PVEM.


En una carta dirigida al Presidente Enrique Peña y al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 85 organizaciones y un centenar de personas alertaron que los avances del programa serán destruidos por el funcionario.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Periodistas de EU premian a Carmen Aristegui por reportaje sobre la “Casa Blanca”

MÉXICO, D.F: Carmen Aristegui fue premiada por la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ) por el reportaje de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, elaborado por ella y su equipo.

La periodista recibirá el Premio Presidencial al Valor este 20 de septiembre en Orlando, Florida.

“NAHJ honra a Aristegui no sólo por solidarizarse con sus colegas periodistas, sino por mantenerse firme en su búsqueda de la verdad a cualquier costo”, indicó la asociación, cuya directora de medios, Eileen Truax, se refirió a la galardonada como “un ejemplo de constancia y congruencia”.

En su portal de Internet, NAHJ destaca que “Aristegui es una periodista mexicana que, junto con su equipo, publicó una nota que involucra al presidente de México y a su esposa. La investigación reveló que la esposa del presidente recibió financiamiento por 7 millones de dólares para comprar una lujosa residencia en 2012. La compra fue realizada a una compañía que había recibido contratos por parte del gobierno por millones de dólares.

“Unos meses después de haber reportado la historia, la cadena de radio de Aristegui, MVS, despidió a los productores del área de investigación de la periodista por violar una política de empresa no relacionada con el tema. Aristegui negó que su equipo hubiera violado dicha política y exigió la recontratación de su equipo. La empresa despidió a Aristegui también.

“El programa de radio de Aristegui era popular y lucrativo, y más importante, ampliamente respetado; su equipo es conocido por trabajar en defensa del periodismo veraz y en interés del pueblo de México”.

Mensaje íntegro de la NAHJ sobre el premio:

Es un gran honor anunciar que Carmen Aristegui recibirá el Premio Presidencial al Valor de NAHJ durante la conferencia Excelencia en Periodismo, el 20 de septiembre, en Orlando.

Aristegui es una periodista mexicana que, junto con su equipo, publicó una nota que involucra al presidente de México y a su esposa. La investigación reveló que la esposa del presidente recibió financiamiento por 7 millones de dólares para comprar una lujosa residencia en 2012. La compra fue realizada a una compañía que había recibido contratos por parte del gobierno por millones de dólares.

El presidente y su esposa negaron cualquier responsabilidad; sin embargo, el conflicto de interés es dolorosamente claro.

Unos meses después de haber reportado la historia, la cadena de radio de Aristegui, MVS, despidió a los productores del área de investigación de la periodista por violar una política de empresa no relacionada con el tema. Aristegui negó que su equipo hubiera violado dicha política y exigió la recontratación de su equipo. La empresa despidió a Aristegui también.

El programa de radio de Aristegui era popular y lucrativo, y más importante, ampliamente respetado; su equipo es conocido por trabajar en defensa del periodismo veraz y en interés del pueblo de México.

NAHJ honra a Aristegui no solo por solidarizarse con sus colegas periodistas, sino por mantenerse firme en su búsqueda de la verdad a cualquier costo.

“La pasión de Carmen por la verdad es la esencia de todo periodista”, dijo Mekahlo Medina, presidente de NAHJ. “Representa la fuerza, la determinación y el compromiso. En un país en el cual los periodistas con frecuencia son asesinados por la búsqueda de información, el trabajo de Carmen es de gran valentía”.

“Carmen Aristegui es un ejemplo de constancia y congruencia en el ejercicio periodístico”, dijo Eileen Truax, directora de medios en español de NAHJ. “Su trabajo y su trayectoria demuestran que es posible realizar periodismo de calidad, apegado a un código de ética, aún en el entorno más hostil para la libertad de expresión en México”.


Aristegui recibirá el Premio Presidencial al Valor durante la Gala de Premios de Periodismo de NAHJ “Noche de Periodistas”, el 20 de septiembre en Orlando, Florida.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Anaya inunda al PAN de corrupción

Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, es visto como una persona desleal (le dio la espalda a los dos políticos que impulsaron su carrera: Francisco Garrido Patrón y Gustavo Madero), pero ahora, además, ha empezado a llenar los puestos directivos del blanquiazul con personajes de mala fama, señalados por actos de corrupción. La propia reputación del dirigente panista está en entredicho mientras no aclare a satisfacción el uso de los mil millones de pesos del Programa de Acción Comunitaria que manejó en Querétaro.

MÉXICO, D.F: Ricardo Anaya no sólo terminó de mala manera con Gustavo Madero, quien lo encumbró como presidente del Partido Acción Nacional (PAN), sino con el otro impulsor de su vertiginoso ascenso político: Francisco Garrido Patrón, exgobernador de Querétaro.

Con Garrido, Anaya vivió una década en la cúspide del poder: fue funcionario juvenil municipal de la capital queretana y luego, durante un sexenio fue el poderoso secretario particular del gobernador; como tal manejó los mil millones de pesos del Programa de Acción Comunitaria (PAC) para repartir entre los pobres los dos años previos a las elecciones.

Y aun cuando el PAN perdió el gobierno estatal en 2009, de cuya derrota fue responsable como coordinador general de la campaña, Anaya garantizó su futuro como diputado local plurinominal, coordinador de la bancada y –ya distanciado de Garrido Patrón– presidente estatal de su partido.

Lo que sí hizo Anaya fue estrechar su relación con la exesposa de Garrido Patrón, Marcela Torres Peimbert, senadora desde 2012 e integrante del órgano electoral que organizó la elección interna en la cual resultó electo.

Pero Anaya no sólo está asociado a la deslealtad, sino a señalamientos de corrupción.

Luego de su paso por el gobierno, Anaya acumuló un patrimonio de más de 10 millones de pesos: En enero de 2011 tenía cinco millones 800 mil pesos en cuentas bancarias y valores bursátiles, así como una casa de 521 metros cuadrados valuada, según él mismo, en 4 millones 300 mil pesos.

Un dato curioso: Anaya no compró la residencia con su dinero, sino –en un caso parecido al de Enrique Peña Nieto– la recibió en “donación”, en marzo de 2005, según declaración patrimonial que rindió al iniciar el cargo de subsecretario de Turismo, en 2011, y que ocultó al año siguiente.

Y es que, desde que manejó los mil millones del PAC –para repartir materiales de construcción, insumos de mejoramiento urbano y hasta tinacos–, ha estado bajo sospecha de haberse beneficiado ilegalmente de esos recursos.

El senador con licencia Francisco Domínguez Servién –ahora gobernador electo de Querétaro– aludió a ese tema en 2013, cuando Anaya y el también diputado federal Marcos Aguilar, alcalde electo de Querétaro capital, lo criticaron por el manejo de recursos como tesorero del Senado, en el contexto del choque entre Madero y Ernesto Cordero.

“Marcos Aguilar habla de transparencia y Ricardo Anaya que manejó mil millones del PAC, que transparenten los recursos de diputados federales (sic)”, escribió Domínguez en su cuenta de Twitter.

Otro ejemplo: la exdiputada federal Raquel Jiménez Cerrillo, compañera de bancada de Anaya, declaró públicamente que éste se fue de Querétaro “huyendo de unos periodicazos” sobre el manejo supuestamente irregular de los mil millones del PAC.

La sospecha se robusteció cuando, en 2011, fue detenido el defraudador Javier Bosque Urquiza, quien aseguró que Anaya, siendo secretario particular de Garrido, “me prestó 8 millones de pesos, parte en cheque y parte en efectivo”, pero sólo le devolvió “como 800 mil”.

Anaya publicó un desplegado para decir que sólo le entregó 800 mil pesos para invertir y que esa cantidad le fue devuelta en diferentes fechas.

Apenas en enero de este año, cuando como presidente interino usó los tiempos oficiales del PAN para promoverse con la bandera de la anticorrupción, un grupo de prominentes panistas de Querétaro emitió un comunicado para contradecirlo.

“Ricardo Anaya se autopromueve como paladín de la lucha anticorrupción, pero quienes lo conocemos sabemos que es sólo un discurso muy lejano de actos concretos de congruencia. Su proceder, por el contrario, es testimonio del uso de las instituciones para beneficiarse a sí mismo”.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2029, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Iguala: la noche del horror minuto a minuto

Durante 11 meses de investigación sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014 –con apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley–, se han obtenido decenas de testimonios, videos, fotografías, audios y miles de fojas de expedientes de la Fiscalía General de Guerrero y de la PGR. Con esta información se han reconstruido hechos, como los que aquí se narran,  que hasta ahora ninguna instancia ha tomado en cuenta, como el tiroteo de media hora contra uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas de Ayotzinapa o la presunta participación de agentes encubiertos del Cisen en una de las muchas agresiones de esa trágica noche.

MÉXICO, D.F: Fernando Marín estaba en el suelo, junto al autobús Estrella de Oro, bañado en su propia sangre, sometido como sus compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El disparo que recibió minutos antes le destrozó el antebrazo derecho. La herida aún estaba caliente y todavía no dolía tanto.

“¿Sabes qué? ¡Te vas a la chingada!”, le espetó un policía estatal. “¡Mátalo de una vez!”, lo alentó en el anonimato de la calle desolada otro uniformado. En ese momento Carrillas, como lo apodan en la Normal de Ayotzinapa, sintió el metal del arma en la sien izquierda. Eran casi las 22:30 horas del 26 de septiembre de 2014 y en ese punto, la calle Juan N. Álvarez, a pocas cuadras del centro de Iguala, estaba desierta.

Policías estatales y municipales, así como civiles armados, tenían acorralados a tres autobuses en los que viajaban estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en esa calle casi esquina con Periférico. Unas cuadras atrás, la Policía Federal (PF) desviaba el tránsito y a los curiosos.

El policía estatal quitó el arma de la cabeza de Carrillas y llamó a una ambulancia. Lo último que vio el normalista antes de que lo llevaran al hospital, dice en entrevista, fue a sus compañeros del camión Estrella de Oro, el número 1568, sometidos, en el suelo. No los ha vuelto a ver. Todos están desaparecidos.

Hasta las 23:00 horas el trato a los estudiantes fue uno: la policía envió a los heridos al hospital, dice a los reporteros Vidulfo Rosales, abogado de los normalistas y de los padres de los 43 desaparecidos. Pero después “hubo una decisión, que no sé de dónde vino, de borrar toda huella que hubiera de los estudiantes. Y a partir de ahí vienen la segunda agresión y la cacería”.

17:59. Salida de Ayotzinapa

La tarde del 26 de septiembre de 2014, Fernando Marín se encontró en las canchas de la escuela a su amigo Bernardo Flores Alcaraz, Cochiloco, quien lo invitó a ir a un “boteo” y por unos camiones para acudir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.

Desde que salieron de la escuela en los autobuses Estrella de Oro números 1568 y 1531, todos los niveles de gobierno fueron notificados por el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo, según la tarjeta informativa 02370 de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. La maquinaria del Estado se echó a andar.

El autobús 1531 paró en la comunidad Rancho del Cura, y el 1568, donde iban Carrillas y Cochiloco, continuó hasta la caseta Iguala-Puente de Ixtla. Ahí llegaron patrullas de la PF y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y también una motocicleta roja con un tripulante. El coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería, reveló ante la Procuraduría General de la República (PGR) que hay un grupo –el Órgano de Búsqueda de Información– cuyos integrantes visten de civil (Proceso 2027). Dijo que esa noche mandó uno a la caseta.

Cuando Carrillas vio las patrullas pensó que ya no iban a conseguir más camiones. Estaban a punto de darse por vencidos y regresar a Ayotzinapa, cuando recibieron la llamada de los estudiantes del autobús 1531 para avisar que algunos compañeros estaban atrapados en la central camionera.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2029, ya en circulación)



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ/ STEVE FISHER.

El IMSS, sin fármacos clave para diabetes e hipertensión

Los males cardiovasculares son la tercera causa de muerte en el país. Pese a que telmisartán y glargina están en el cuadro básico, se dejan de comprar: presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos. Consecuencias: habrá más amputaciones y daños visuales.

Xochitepec, Mor. En México las medicinas se dan con base en la existencia; con lo que hay, que no siempre es lo mejor, y menos cuando las autoridades deciden dejar de comprar productos fundamentales para el control de enfermedades como diabetes e hipertensión arterial.

Eso pasó en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde los médicos ya no recetan insulina glargina y telmisartán, a pesar de que son los más importantes y efectivos, afirmó José Manuel Enciso Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México.

El especialista participó en el seminario Ferrer, con el corazón abierto a la prevención, donde Enrique Gómez Álvarez, jefe de la división de cardiocirugía del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), advirtió que entre los países de América Latina, México reporta el mayor crecimiento de enfermedades cardiovasculares.

Al año ocurren alrededor de 300 mil infartos, de los cuales 30 por ciento deriva en muerte antes de que el afectado llegue al hospital y 14 por ciento durante el internamiento.

Males asociados

Los males cardiovasculares representan una tercera parte de la mortalidad a nivel nacional, y se prevé que para 2050 sean 50 por ciento.

La mayoría de los enfermos de diabetes fallece por alguna afección del corazón y/o de los vasos sanguíneos. Por eso es relevante que cuenten con los mejores fármacos como el telmisartán, para el control de la hipertensión arterial que la mayoría también padece y es el principal factor de riesgo para un infarto agudo al miocardio, dijo Enciso Muñoz.


Reconoció que existen otras opciones, pero esta es mejor y ya es parte del cuadro institucional del Seguro Social. No se comprende una visión de contención del gasto a costa de la calidad de la atención, comentó.

Respecto de la insulina, dijo que todos los enfermos de diabetes que siguen este tratamiento requieren la de tipo glargina, que ha demostrado efectividad para prevenir complicaciones a mediano y largo plazos. La decisión de no surtir este fármaco tendrá como consecuencia más enfermos de falla renal, amputaciones y pérdida de la vista por neuropatía diabética, sostuvo.

De por sí existen deficiencias en la prevención y control de las enfermedades cardiovasculares. En México 30 por ciento de la población vive con hipertensión arterial, pero sólo la mitad lo sabe y de quienes toman medicamentos únicamente entre tres y cuatro por ciento tiene control del padecimiento, dijo Enciso.

Además, ser hipertenso aumenta 1.5 veces el riesgo de sufrir un infarto al miocardio o en el cerebro. El otro mal que provoca este tipo de complicaciones cardiovasculares es la diabetes. Según las cifras oficiales, 9 por ciento de la población tiene esta alteración metabólica, con lo que aumenta en 1.8 veces el riesgo de una complicación cardiovascular.

El problema es que el control efectivo de la diabetes, medido por el nivel de hemoglobina glucosilada, sólo lo alcanza 5.4 por ciento de los enfermos, señaló Enciso Muñoz con base en datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Los individuos que viven con diabetes e hipertensión arterial y que adicionalmente tienen elevados niveles de colesterol multiplican 6.2 veces su probabilidad de un evento cardiovascular, advirtió el médico.


Este es otro de los asuntos pendientes para el sistema nacional de salud, lo que incluye la atención médica integral que requieren los individuos que ya han sufrido un infarto y deben prevenir un segundo evento que les puede costar la vida.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ.

PRD cuestionará a dirigentes que promovieron afiliación de Abarca

México, DF. En el último día de actividades del Congreso Nacional del PRD, el grito de ¡justicia! se escuchó en el domo del deportivo Plan Sexenal en donde por unanimidad se aprobó un resolutivo especial sobre el caso Iguala en el que se determinó llamar a cuentas a “los dirigentes del partido” que promovieron la afiliación de José Luis Abarca y que lo llevaron a ocupar la alcaldía de Iguala.

Sin embargo, dicho resolutivo excluyó la propuesta inicial de que se investigara directamente a integrantes de Nueva Izquierda y de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), como responsables de haber llevado al poder al ex munícipe acusado de estar involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

También exigieron que el presidente Enrique Peña reabra el caso relacionado con los hechos de la desaparición de los normalistas. Previo a la votación se demandó que se incluyera la exigencia de que el partido pugne para que se someta “a juicio político al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam”, a quien también responsabilizaron de ocultar información respecto al número de autobuses que estuvieron involucrados en los hechos de septiembre del año pasado.


Propusieron la creación de una fiscalía especializada para que se vuelva a llevar a cabo la investigación del caso de los estudiantes de la normal rural  Isidro Burgos. Demandaron a la dirigencia del PRD en Guerrero se “acerque a los padres de familia de los normalistas “.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MATILDE PÉREZ/ ALMA MUÑOZ

La captura del “Cabo Gil” provoca aún más dudas

A casi un año del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, las autoridades finalmente detuvieron en Taxco al Cabo Gil, presuntamente implicado en los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. En su captura no hubo gran despliegue de fuerza, no hubo violencia, no hubo disparos, lo que hace pensar a algunos analistas que se trató de una entrega pactada; sobre todo porque él mismo ya había ofrecido entregarse una vez que estuviera capturada la mayor parte de su banda criminal.

TAXCO, Gro: La captura de Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, acusado de ser lugarteniente del grupo criminal Guerreros Unidos y principal implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sacudió al empresario Federico Figueroa y a la clase política, así como a mandos militares y jefes policiacos que constantemente han sido vinculados con la delincuencia organizada que opera impunemente en el norte de Guerrero.

El jueves 17, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, anunció que un día antes la Policía Federal y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional habían atrapado al Gil, quien se escondía en un inmueble del exclusivo fraccionamiento Lomas de Taxco.

El lugar se ubica sobre el cerro donde está el emblemático hotel Monte Taxco. Ahí, en villas de estilo colonial, habitan políticos locales como el delegado federal de Economía y exalcalde taxqueño Álvaro Burgos, además de empresarios.

La operación se destacó porque no se utilizó violencia, lo cual, según fuentes oficiales consultadas por Proceso, puede considerarse una “entrega pactada”. Incluso la acción pasó inadvertida para la mayoría de los pobladores y turistas de la ciudad.

Consultados al respecto el jueves 17 y el viernes 18, vecinos de la zona sólo dieron cuenta de un despliegue inusual de tropas del Ejército y la Marina en la avenida de Los Plateros y un retén a la altura del punto conocido como La Bonanza, en la salida oriental de la ciudad, hacia el estado de Morelos.

No obstante, vecinos de Lomas de Taxco consultados por el corresponsal describen con reserva un operativo de oficiales encubiertos que cercaron una casa en las faldas del cerro y se retiraron sin violencia a bordo de vehículos particulares, escoltados por patrullas de la Policía Federal (PF).


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2029, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

México, en grave crisis de derechos humanos: Álvarez Icaza

Convencido de que México padece una crisis de derechos humanos, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, explica en entrevista que el gobierno mexicano no debe sentirse atacado con las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Para él, las estructuras de procuración de justicia deben aprovechar sus recomendaciones para ofrecer resultados sólidos en el caso Ayotzinapa y cambiar la forma de investigar los miles de casos pendientes u olvidados, en muchos de los cuales ha existido una “injerencia muy crítica” de autoridades de los tres niveles de gobierno.

MÉXICO, D.F: Pocos días antes de que visite México el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, advierte que las estructuras de justicia no han respondido al desafío de la crisis que el país enfrenta en esa materia.

Reconoce que el crimen organizado es una amenaza para el Estado mexicano y muestra su preocupación por que autoridades de los tres niveles de gobierno estén involucradas en casos de desaparición forzada, como puede ser el caso de Ayotzinapa.

Además, reitera el apoyo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que en su reciente informe señaló que los estudiantes podrían no haber sido incinerados en el basurero de Cocula, como lo determinó la Procuraduría General de la República (PGR) a principios de año.

Respecto de la petición del GIEI de entrevistar a los integrantes del 27 Batallón, instalado en Iguala y que supieron del ataque a los 43 normalistas en septiembre de 2014, manifiesta: “Ojalá se pueda resolver”.

Para Álvarez Icaza, la investigación de GIEI es sólida y seria. En respuesta a la descalificación de la misma por “agoreros oficiosos”, dice que lo mejor es poner atención a las recomendaciones de seguir investigando el caso, que ya es emblemático para la justicia en México.

“No es la intención del grupo generar una condición de amenaza o de ataque, o de desprestigio a institución alguna. El objetivo es hacer un análisis de cómo se investiga y emitir recomendaciones.

“Hay, ciertamente, un debate a partir de que la versión oficial es cuestionada, igual que la manera de investigar, y eso obviamente abrió un debate de cómo se investiga en México. Pero la intención de la comisión y del grupo de expertos no es generar un ataque al gobierno o a las instituciones, sino contribuir a la búsqueda de la justicia y tratar de generar una explicación de qué paso con los muchachos desaparecidos.

“Hay un tema crítico de justicia para los padres, para las víctimas. Las otras lecturas, de que hay ataques, de que son derrotas o triunfos, no forman parte de la agenda de la CIDH ni del grupo de expertos”, precisa.

–¿Se descartan las opiniones de que hay ataques a la soberanía mexicana?

–Esa no es la agenda, es todo lo contrario. La CIDH interviene en estricto uso de la soberanía mexicana, es decir, el principio y fundamento de un organismo internacional es que hay un país libre y soberano que determina que esos instrumentos internacionales forman parte de su ley, en su práctica jurídica.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2029, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

Circuito Exterior Mexiquense: desde antes de la licitación ya era de OHL

Mientras en España la constructora OHL se hunde por escándalos de sobornos y adjudicación amañada de obras públicas, en el Estado de México está implicada en diversos pleitos relacionados con el Circuito Exterior Mexiquense, obra que ejecutó gracias a la ayuda de las autoridades de esa entidad. Hoy, la compañía está inmersa en varios litigios, uno de ellos con la empresa Infraiber, y sus problemas financieros se incrementan. Pero tiene un aliado en Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, quien le permite endeudarse a cargo de la concesión de esa obra carretera.

MÉXICO, D.F: Desde su origen, el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), concesionado a la constructora española Obrasocón, Huerte Lain (OHL), presidida por Juan Villar Mir, está sellado por la corrupción. La obra de 110 kilómetros representa el 50% de los ingresos de la empresa en el país y fue proyectada por la consultora trasnacional Cal y Mayor y Asociados.

De acuerdo con el documento Sistema carretero de oriente, desde mayo de 2002 –un año antes de que se otorgara la licitación–, el gobierno del Estado de México y la firma española financiaron un estudio a la medida de los intereses de ésta para la construcción, operación y explotación del sistema carretero del oriente de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

“Debido a la importancia de este sistema carretero, el SASCAEM (Sistema de Autopistas, Servicios Conexos y Aeropuertos del Estado de México) y OHL decidieron realizar un estudio profundo de la demanda de dicho sistema y un pronóstico de aforos e ingresos confiable y se lo encargaron a Cal y Mayor y Asociados, SC”, indica el estudio realizado por la consultora.

Confirma también que el gran negocio de esa autopista es el aforo de 140 mil vehículos que entran y/o salen del área metropolitana de la Ciudad de México, siempre y cuando las cuotas de peaje tengan un incremento constante y por arriba del promedio de inflación anual.

“En el mes de mayo de 2002 se iniciaron los estudios de campo”, destaca el análisis, que incluyó más de 43 mil encuestas, así como estudios de velocidad y tiempos recorridos (más de 250 kilómetros en red), aforos manuales y direccionales, y aforos automáticos en 10 de los 13 puntos.

El proyecto consistía “en la construcción de una autopista con acceso controlado y de altas especificaciones técnicas, en una longitud de 150 kilómetros que incluyen 16 entronques. El trazo de la autopista se encuentra en la zona conocida como Valle de Cuatitlán-Texcoco”.

Conectaría, según el estudio, a 22 municipios del Estado de México, “los cuales contienen el 41% de los habitantes del Área Metropolitana de la Ciudad de México”, entre ellos Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Coacalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco, los más poblados del país

Gabriel Núñez, director general económico-financiero de OHL-Concesiones, admitió en otro documento interno de la compañía española que el CEM lo planearon las autoridades mexiquenses para beneficiar a la trasnacional  de Villar Mir.

“En el año 2002, la administración pública detectó la necesidad de crear un segundo cinturón al exterior al Circuito Interior que ya tenía construido y, por supuesto, no tenía recursos suficientes para construir, sin siquiera analizar su viabilidad económica y técnica. Eso lo hizo OHL con sus propios recursos”, expuso Núñez.

Incluso presumió: “Después de año y medio de trabajo conjunto con la administración y financiado por OHL, se sacó a licitación pública el proyecto y se adjudicó en el año 2003.

“Fue una mezcla de financiación privada y préstamo bancario. Por dentro de lo que sería la financiación bancaria, participaba una institución pública que también tiene entre sus objetos participar en proyectos públicos-privados y no desde un esquema de subvención, sino desde un esquema de recuperación del capital, pero sí de apoyo a lo que es la financiación privada”, explicó el responsable de OH-Concesiones en esa época.

Los gobiernos de Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila no han dejado de beneficiar a OHL, sobre todo en el CEM, aun a costa de la discrecionalidad y la afectación para millones de automovilistas que transitan por esa arteria.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2029, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

PGR asegura en DF equipo para intervenir comunicaciones privadas

La PGR informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la dependencia acudieron a un departamento ubicado en Campos Elíseos, colonia Polanco, y cumplimentaron una orden de cateo otorgada por un juez penal federal especializado en la materia.

La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró diversos artefactos electrónicos, teléfonos y equipo de cómputo que presuntamente eran utilizados para intervenir comunicaciones privadas sin mandato de un juez.

La PGR informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la dependencia acudieron a un departamento ubicado en Campos Elíseos, colonia Polanco, y cumplimentaron una orden de cateo otorgada por un juez penal federal especializado en la materia.

A través de un comunicado la dependencia detalló el aseguramiento de un dispositivo electrónico con audífonos y puntas de conexión, 21 discos flexibles de 3 ½ pulgadas, 442 discos compactos de diferentes marcas y capacidades.

Así como dos discos duros internos, 10 equipos de cómputo portátiles, cuatro computadoras de escritorio, dos grabadoras de audio y video, así como cinco teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos.

También fueron encontrados siete equipos de radio comunicación, tres CPU, cinco discos duros, tres equipos de cómputo todo en uno, siete Tablets, un adaptador de memoria Micro SD, dos cámaras digitales, 43 memorias USB y un dispositivo móvil de alta tecnología.


Los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien integra la averiguación previa correspondiente contra quien o quienes resulten responsables.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Existen “intenciones perversas” contra el gobernador de Veracruz, dice un delegado de Gobernación

Tras las acusaciones en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el asesinato de periodistas, el delegado de la Secretaría de Gobernación en ese estado señaló que existen “intenciones perversas” para desanimar o para “alentar a la sociedad en contra de la autoridad”.

Tras las acusaciones en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el asesinato de periodistas y agresiones contra trabajadores de medios de comunicación, el delegado de la Secretaria de Gobernación (Segob) en ese estado, Alfonso Neri Ávila, consideró que existen “intenciones perversas” para desanimar o para “alentar a la sociedad en contra de la autoridad”.

Ante la declaración hecha por el gobernador Javier Duarte de que a los periodistas en Veracruz mayormente los ha asesinado el narco, el funcionario federal expresó que “en este caso en particular el gobierno del estado ha sido señalado muchas veces o cuestionado con la intención de crear desaliento o desanimo o de inclusive descalificar al gobierno del estado”.

Afirmó que “prácticamente, en dicho ámbito no es que haya una acción de políticos, de venganza, de revancha de políticos contra periodistas”.

Lo que ha ocurrido, prosiguió, es “que se han presentado casos —como se ha comprobado— que tienen que ver con otro tipo de asuntos, con personas que se dedican a actividades ilícitas y que obviamente que en el conjunto que tienen se presentan estos desenlaces fatales o tristes”.

Ante esto puntualizó que por lo mismo estos crímenes “tampoco son imputables a que la autoridad los esté promoviendo”.

Desde su punto de vista lo que hay son “intenciones perversas en un momento dado para desanimar o alentar a la sociedad en contra de la autoridad, en este caso”.

Dijo que hay “que estar muy atentos y poder checar las versiones de todas las partes, para no llegar a conclusiones ni juzgar a nadie previamente”.

En otro orden, ante el incidente en que se le atribuyó a Eduardo López Trujillo, sacerdote de Atlahuilco, en la sierra de Zongolica, un llamado para incluso incinerar a los delincuentes ante la inactividad de las policías veracruzanas, rechazó que en el estado existan “focos rojos” de violencia.


Desde el año 2000, 15 periodistas han sido asesinados en Veracruz.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: SANDRA ISABEL JIMÉNEZ MATEOS.