sábado, 14 de mayo de 2016

Policías de Sinaloa la torturan y violan. Vendada firma un crimen. Yesenia lleva presa casi 4 años

De 2008 a 2014 se tiene registro de 103 quejas por tortura en Sinaloa, de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entre éstas se encuentra el caso de Yesenia Armenta Graciano, una mujer que lleva casi cuatro años en prisión acusada de asesinar a su esposo. La única prueba en su contra, sin embargo, es un documento que ella firmó con los ojos vendados, después de haber sido torturada y violada durante horas por policías locales. A su historia se suma la de dos jóvenes señalados recientemente por el homicidio de dos turistas australianos; uno de ellos denunció bajo tortura y luego de la siembra de evidencia.

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– Yesenia Armenta Graciano creía que estaba secuestrada. Con los ojos vendados y las manos esposadas hacia atrás, colgaba boca abajo atada de los tobillos. Escuchaba amenazas. Creía que no saldría viva de aquella bodega a la que fue llevada el 10 de julio de 2012 por policías vestidos de civil, luego de obligarla a salir de su automóvil. Después de ser golpeada, asfixiada y violada la obligaron a firmar una confesión que no pudo leer. A raíz de esa evidencia sustraída por medio de tortura, lleva casi cuatro años encarcelada en el penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, acusada de haber asesinado a su esposo.

A pesar de todos los abusos a los que fue sometida, afirma Amnistía Internacional, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad gobernada por Mario López Valdez, mejor conocido como “Malova”, no ha presentado ninguna prueba legítima y concreta. De aquella pesadilla sí hay huellas y, además, recomendaciones de las comisiones de derechos humanos estatal y nacional para investigar y castigar la tortura, así como reparar el daño físico y psicológico.

El próximo julio se cumplen cuatro años de que ella vive en prisión lejos de sus hijos y, en contraste, los policías ministeriales que la torturaron brutalmente continúan en libertad.

“En el estado de Sinaloa la tortura se tolera sin ninguna consecuencia […]. Nos lleva a cuestionar muchísimo la independencia de procuración de justicia en ese estado y nos lleva a preguntarnos sobre qué intereses pueden estar implicados en este caso”, declaró a SinEmbargo Madeleine Penman, investigadora sobre tortura en México de Amnistía Internacional.

El 9 de mayo pasado, la Procuraduría local formuló al juez conclusiones acusatorias. “A pesar de que cuatro peritos de gran calidad han verificado la tortura que Yesenia vivió, la han seguido acusando de un delito fabricado”, aseguró Penman.

Ahora el juez es quien tiene que determinar si será liberada o condenada por delito de homicidio agravado. No tiene un plazo definido, pero es probable que tarde un par de meses para tener un fallo.

“DE TODAS LAS FORMAS ME AGREDIERON” 

“Señora, conteste todo lo que le pregunten porque si no la va a pasar muy mal”, escuchó aquel 10 de julio sin poder ver nada. “Me hablaba de una persona que le gustaba cortar lenguas y orejas. Que estaba afilando el cuchillo. Que iban a traer a mis hijos y los iban a violar y hacer pedazos”, narró Yesenia para Amnistía Internacional. “De todas las formas me agredieron”, recordó.

“No quiero pasar otro día más aquí. Necesito su ayuda: las autoridades deben saber que el mundo las está viendo. Sin esta presión, las autoridades se olvidarán de mí”, escribió en una carta.

Su esposo Jesús Alfredo Cuén Ojeda, médico en la Dirección de Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado a disparos al salir de un restaurante la mañana del 2 de julio de 2012, un día después del proceso electoral en el que su hermano Héctor Melesio participó como candidato al Senado por el Partido Nueva Alianza (Panal).

El cuerpo quedó boca arriba cerca de la camioneta en la que se subiría. Los peritos ubicaron a su alrededor nueve casquillos de arma de fuego calibre nueve milímetros. El Procurador de Justicia estatal, Marco Antonio Higuera Gómez, declaró que las primeras investigaciones revelaron “que fue un solo sujeto” quien lo asesinó, reportó la prensa local. El sospechoso, agregó, viajaba en un vehículo color blanco.

Luego que Yesenia, bajo tortura, firmó un documento que nunca leyó, la versión se amplió.

La PGJ de Sinaloa informó, de acuerdo con una nota del 12 de julio de 2012 del diarioNoroeste, que Yesenia “confesó haber pagado 85 mil pesos a una célula delictiva para que asesinara a su esposo, y fue la encargada de ‘ponerlo’ el día del crimen”.

También fue detenido Luis Enrique Hernández Maldonado, quien vigiló si había policías en las cercanías donde ocurrió el homicidio.

El Procurador Higuera Gómez añadió que Yesenia declaró quiénes colaboraron con ella, quién fue el contacto con las personas que cometieron el asesinato y también que ella corroboró que la víctima se encontraba en el restaurante.

Según la confesión, la pareja estaba en trámites de divorcio y ella, “víctima de maltrato”, buscaba cobrar un seguro de vida. El Procurador descartó que el móvil del homicidio tuviera relación con el ex candidato al Senado.

“La Procuraduría de Justicia de Sinaloa está jugando el papel de juez y parte, es decir, son los torturadores de Yesenia y también los que llevan la acusación en su contra. Eso es un grave atento a la justicia”, consideró Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional.

CNDH PIDE CASTIGAR SU TORTURA

En febrero de 2013, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa determinó que aplicaron tortura en contra de Yesenia y lo notificó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En septiembre de 2012, médicos independientes ya habían detectado señales físicas y psicológicas.

El Ombudsman sinaloense, Juan José Ríos Estavillo, informó que encontraron violaciones a su derecho a la libertad, integridad, seguridad personal, legalidad y salud. Ante ello, recomendó iniciar una investigación contra los servidores públicos identificados como responsables.

La PGJE no aceptó la recomendación por no estar acreditada la existencia de una “situación de coacción” contra la mujer.

Dos años después, en enero de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, acatar las disposiciones emitidas por la CEDH por la tortura a Yesenia Armenta. Coincidió en que se violaron los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, así como al trato digno, y demandó a López Valdez que se repare el daño.

“Después de la recomendación de la CNDH en 2015, el estado de Sinaloa abrió una averiguación previa por tortura en el caso de Yesenia. Nosotros tenemos contacto con la Procuraduría estatal, pero no hemos visto resultados completos. Peor aún, después de tantas evidencias y a cuatro años de su tortura, la Procuraduría tuvo la audacia de mandar peritos para retraumatizarla y levantar otra pericia para fallar que ella no fue torturada”, dijo Madeleine Penman, de Amnistía Internacional.

AMNISTÍA INTERNACIONAL EXIGE JUSTICIA 

Yesenia firmó, luego de ser torturada por policías de Sinaloa y con los ojos vendados, una confesión que la retiene en la cárcel. Foto: Amnistía Internacional.

Más de siete mil firmas exigen que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre la tortura sufrida por Yesenia Armenta y que se retiren los cargos en su contra.

Amnistía Internacional implementa esta petición en su plataforma Alza tu Voz. En una carta emitida al Procurador estatal Marco Antonio Higuera Gómez, denuncia que médicos forenses de la Procuraduría General de la República la examinaron. Sin embargo, no mencionaron indicio alguno de tortura u otras formas de malos tratos.

“Le pido que implemente las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de revisar la aplicación de los exámenes médicos forenses a víctimas de tortura, para que cumplan plenamente las normas internacionales de derechos humanos, como el Protocolo de Estambul, que México ha prometido respetar y defender desde hace muchos años. Las víctimas de tortura merecen un examen inmediato y adecuado a cargo de expertos independientes a la Procuraduría General de la República”, dice la misiva.

De acuerdo con Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, Yesenia es una de las miles de víctimas “del malvado sistema de justicia mexicano” que muy a menudo se basa en evidencia extraída bajo tortura u otros malos tratos para sentenciar a personas.

“Yesenia debe ser liberada inmediata e incondicionalmente y se debe lanzar una investigación urgente para asegurar que aquellos que abusaron de ella enfrenten la justicia. Si esto no se hace, se perpetuará el temible mensaje que la policía y los militares pueden torturar a cualquiera para que confiese sin que hayan consecuencias”, pidió este mayo en un comunicado de la organización.

Mañana, en la Plaza de España, de Santa Cruz de La Palma, en España, Amnistía Internacional llevará a cabo una manifestación con el objetivo de “despertar” al Procurador del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera, que lleva más de tres años “dormido” sin revisar la situación de Yesenia.

Los activistas escenificarán una “guerra de almohadas” entre dos bandos: uno, el de quienes lucirán máscaras del Procurador, y el otro, el de quienes exigen la liberación de la mujer torturada.

TORTURA EN SINALOA

De 2008 a 2014 se tiene el registro de 103 quejas por tortura en Sinaloa, revelan cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa. Pero de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha habido ninguna sentencia.

“A nivel estatal, la regla es la impunidad casi absoluta”, concluyó el Centro Prodh en su Informe sobre Patrones de Violaciones a Derechos Humanos. La ausencia de justicia “repercute en el reconocimiento legal del carácter de víctimas a las personas sobrevivientes de tortura a efecto de recibir una reparación integral del daño”.

A nivel federal, la Procuraduría General de la República (PGR) documentó que el número de denuncias de tortura presentadas aumentó más del doble entre 2013 y 2014 de mil 165 a 2 mil 403 casos, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional “La epidemia de la tortura en México continúa”. De los 2 mil 403 casos, mil 622 se encontraban bajo investigación.

“La falta de seguimiento y control respecto a las denuncias de tortura suscita serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para reunir pruebas suficientes con las que lograr una condena”, acusó Amnistía.

Los médicos oficiales, añadió, a menudo no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido.

El 29 de abril de este año la Ley General contra la Tortura fue aprobada por el Senado y actualmente se encuentra una minuta en la Cámara de Diputados.

“La actual minuta tiene puntos que pueden ser positivos, pero de ninguna manera estamos fuera de la zona de peligro sin un dictamen que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos que asegure que cualquier prueba obtenida bajo tortura sea excluida del proceso y sin una buena entrada en vigor del nuevo Sistema Penal Acusatorio”, opinó Penman.

De acuerdo con el documento, todo “delito cometido por cualquier servidor público que cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona” es un acto de tortura, mismo que se sanciona con una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa.

Si los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se presentan cuando un servidor público veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, se castigará con una sanción que va de 3 meses a 3 años de prisión y hasta 200 días de multa.

CASO DE AUSTRALIANOS

Los jóvenes australianos asesinados en Sinaloa. Foto: Noroeste

Julio César González Muñiz, Martín Ponce Rogelio Muñiz (primos) y Sergio Simón Benítez fueron señalados por las autoridades sinaloenses como los culpables del asesinato de los dos australianos Dean Lucas y Adam Russell Coleman, quienes desaparecieron en noviembre durante sus vacaciones en la costa del Pacífico.

Sin embargo, de acuerdo con una queja levantada por sus familiares en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los hombres presos confesaron bajo golpes y amenazas.

“Ellos estaban echando agua en mi nariz y boca”, contó Martín Ponce a Men’s Journal desde prisión. Él estaba dormido en casa de su hermana cuando los policías arribaron. “Ellos estaban hiriendo a mi hermana, lastimándome, queriendo que les dijera dónde vivía Julio [su primo]”, añadió.

El 4 de diciembre, el Procurador de Sinaloa Marco Antonio Higuera informó que los tres detenidos pertenecían a un grupo de robo de vehículos que utilizaban uniformes falsos de corporaciones policiacas para atacar a sus víctimas.

Ellos sembraron los uniformes y armas, acusó Martín. Nosotros no estuvimos envueltos, dijo.

El abogado de los primos, Francisco Fierro Verdugo, declaró al medio que las autoridades de Sinaloa estaban bajo mucha presión nacional e internacional para encontrar a los culpables del homicidio. “Los arrestos aliviaron esa presión”, sugirió.

La medianoche del 20 al 21 de noviembre fue la última vez en que los turistas fueron vistos. El empleado de una tienda les indicó la ruta hacia Mazatlán. Al no poder comunicarse con ellos, sus novias, familiares y amigos comenzaron a solicitar ayuda.

Los cuerpos de los surfistas fueron localizados ya calcinados en el interior de una camioneta el sábado 21 de noviembre, en unas tierras de cultivo ubicadas entre los poblados Juan Aldama, “El Tigre” y San Blas, en Navolato, Sinaloa.




Fuente: Sin Embargo
Autora: Dulce Olvera
http://www.sinembargo.mx/14-05-2016/1660094

Ex corresponsal de Tv Azteca es asesinado en Veracruz; Fiscalía asegura que no es periodista

Manuel Torres es el decimoctavo periodista que muere durante el duartismo. Tenía una carrera de 20 años como reportero, cubría nota policíaca y desde hace varios meses editaba su sitio de noticias. Fue encontrado con un disparo en la cabeza.


Poza Rica, Veracruz, 14 de mayo (SinEmbargo).– De un disparo en la cabeza, calibre 0.9 mm, fue asesinado el reportero Manuel Torres cuando llegaba a su casa en en esta ciudad. Su cadáver quedó tirado frente a las instalaciones de Tránsito del Estado, en la avenida Dos de Enero.

Reportes oficiales de esa zona, indican que Manuel Torres iba llegando a su casa después de asistir por la mañana a varias reuniones de priistas en los municipios de Tuxpan y Poza Rica.

Antes de arribar a su domicilio, fue interceptado por su agresor o agresores, recibiendo un disparo en la cabeza. Junto a su cadáver quedó un desarmador con el cual intentó defenderse del ataque mortal.

El periodista fue asesinado al llegar a su domicilio de un disparo en la cabeza. Foto: Ignacio Carvajal, Especial

Un reporte de la policía indica que el finado “vestía guayabera blanca, pantalón de mezclilla color azul y zapatos de vestir color negro, a un lado del cuerpo encontraron un celular y un desamador, junto a él un casquillo 09. mm”.

En su carrera de reportero, de más de 20 años, Manuel Torres había sido trabajador del diario Noreste, corresponsal de la televisora TV Azteca, deRadiover.com. En todos estos espacios se distinguió por cubrir información de corte judicial y enfrentamientos entre delincuencia organizada y autoridades.

Desde hace varios meses editaba su página de noticias mdna.noticiasmt.com, en la que daban cobertura a los municipios de “Poza Rica, Papantla, Tantoyuca, Tuxpan, Tamiahua, Veracruz y Gobierno del estado”, se lee en su slogan.

La última actividad de Manuel Torres en su página, es la autoría de una foto del pasado 11 de mayo, para la nota “Mujeres piden voto puerta por puerta para Héctor Yunes Landa”, firmada por la reportera Elia González.

En la foto de Manuel Torres se ve a Verónica Medina de Yunes, esposa del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de Veracruz, acompañada de otras reconocidas mujeres del PRI, en un acto a favor del oriundo de Soledad de Doblado.

El homicidio número 18 de un periodista con Javier Duarte de Ochoa como Gobernador, se consumó en Poza Rica, donde el Gobernador declaró a mediados de 2015 que había periodistas involucrados con la delincuencia que asemejaban “manzanas podridas”.

Manuel Torres, de 40 años cubrió durante años información relacionada con el crimen organizado. Foto: Ignacio Carbajal, especial

En un comunicado emitido horas después de su homicidio de Manuel Torres, la Fiscalía que encabeza Luis Ángel Bravo Contreras, y cuyo vocero y redactor de comunicados es Omar Zúñiga, ex director del Diario de Xalapa, lo desconocen como periodista, y sólo lo califican como “colaborador de un Edil del Ayuntamiento”.

Esto hizo la Fiscalía con el homicidio de Anabel Flores, encontrada muerta en Puebla, al vincularla desde un principio con un grupo delictivo.

Lo mismo ocurrió con Moisés Sánchez, al que el mismo Gobernador Javier Duarte desconoció como reportero, y lo ubicó como chofer de taxi, y gracias a la presión nacional e internacional, se le tuvo que restituir su derecho, por lo que el mandatario estatal se tuvo que sacar una foto con la viuda y el hijo del periodista, Jorge Sánchez.

Se espera que durante las próximas horas, circule una carta firmada por reporteros veracruzanos, organizaciones internacionales y ONGs para expresar el repudio a la violencia contra la prensa en Veracruz y en rechazo comunicado emitido por el Fiscal, que resulta excluyente.

El comunicado señala de manera textual:

Investiga FGE hechos en los que perdió la vida colaborador del Ayuntamiento de Poza Rica

La Fiscalía Regional zona norte Poza Rica investiga los hechos en los que perdió la vida quien fue identificado como Manuel Torres, actual colaborador de un Edil del Ayuntamiento.‎

Al lugar acudió el Fiscal de Distrito, quien dio inicio a la respectiva Carpeta de Investigación; en tanto que agentes de la Policía Ministerial y peritos especializados efectúan las diligencias de rigor, entre las que se encuentran levantamiento de indicios y realización de las primeras entrevistas.

La indagatoria se integrará hasta esclarecer en su totalidad los hechos y conocer al o los responsables para llevarlos ante los jueces a que respondan por el ilícito.‎




Fuente: Sin Embargo
Autor: Ignacio Carvajal
http://www.sinembargo.mx/14-05-2016/1660637


En México...


Por. Alma Zetkin

En México no se necesita organizar un impeachment contra presidentes legítimos porque nunca los ha habido (Salvo Juárez y Cárdenas). 

Ahora la CIA puede organizar golpes de estado de la mano de soplones y sicarios de la agencia como lo es Michel Temer. Un sucio ladrón de altos vuelos quien definitivamente fue impuesto a la fuerza por el gobierno de Estados Unidos y quien trabaja como empleado de la CIA. Ni más, ni menos.

Mientras Mauricio Macri y su sequito de ladrones aparecen en los Panamá Papers, ahora a Cristina Fernández de Kirchner le van a hacer juicio por venta de dólares a futuro. (Jueces prevaricadores y encubridores del presidente en turno, juzgando a una ex presidenta pero no al ladrón y fascista de Macri).

En México mientras tanto, su caterva de ladrones y políticos de todos los partidos se reparten las migajas que les arroja el narco estado. Y en las cámaras de diputados y senadores se firman leyes fascistas para hacerle más fácil la represión al narco ejército, Hilaria Clinton interviene en la subasta de Pemex y los militares son entrenados en la Escuela de las Américas. Ningún político critica el Plan Mérida (incluido el peje que envió a Jaime Bonilla para avalar dicho plan) y ya en estado de excepción no se necesita hacer más en México pues ya el país está militar y electoralmente sometido.

PD. Y el GIEI se fue de México temiendo lo peor en contra de los padres y madres de Ayotzinapa y por supuesto en contra de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos quienes siguen siendo el referente de persistencia y lucha por encontrar a los estudiantes que sospechamos están secuestrados en los sótanos de algún cuartel militar (remember el Campo Militar #1).

Y otra Pd. Más. La guerra contra el pueblo ya está más que declarada y en el manual de contrainsurgencia tiene su nombre. Algún día aparecerá por ahí desclasificado el título y la metodología que es evidente a leguas. La represión contra el pueblo se ha cobrado más la terribles suma de más de 150 mil desaparecidos, más de 250 mil muertos y probablemente más de 500 presos políticos y comunes acusados de narcotraficantes y esos también cuentan.

Una última PD. A contracorriente se tendrá que dar la organización de cualquier manera posible, no hay de otra o nos organizamos o el sometimiento será mucho más humillante. Las elecciones? Esas solo son el circo para continuar con la narco democracia burguesa. Votar por el menos peor para que los chingadazos sean más suaves? Eso ya es una burla.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=263803213968671&set=a.130363230646004.1073741828.100010169831742&type=3&theater&notif_t=like&notif_id=1463272230448659

Se activa fase 1 de contingencia en el Valle de México

Ciudad de México. A las 17:00 horas el nivel de ozono en la delegación Tláhuac subió a los 157 puntos, por lo que se consideró como muy mala la calidad del aire, mientras que en Coyoacán alcanzó las 146 unidades.

A las 18:00 horas, la Came anunció que se activa la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México. Este domingo no circularán los autos con placa en terminación 3 y 4 o engomado color rojo.

Con excepción de Venustiano Carranza en donde se reporta regular la calidad del aire con 100 puntos, en las 14 delegaciones restantes es mala.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó a través del Twitter que las 18:10 emitirá un comunicado de la situación de la calidad del aire.




Fuente: La Jornada
Autor: Redacción
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/14/reportan-mala-calidad-del-aire-14-delegaciones

Agresiones y desalojo en San Isidro de los Laureles, Chiapas

Denuncia la comunidad de San Isidro de los Laureles, de origen tsotsil, en el estado de Chiapas, agresiones y desalojo por parte de grupos paramilitares enviados por un político de extracción priísta.

El 20 de diciembre de 2015, miembros de la comunidad tsotsil (tzotzil) de San Isidro de los Laureles tomaron posesión de un total de 165 hectáreas en el municipio de Venustiano Carranza. 

El territorio utilizado para el ganado y cultivo de caña acaparado por caciques que dominan el negocio del azúcar en la región, fue recuperado, pues «Estas tierras las trabajaron nuestros abuelos, abuelas, padres que eran peones acasillados. 

Desde el año 1940 han trabajado con un sueldo mínimo, nunca les han dado prestaciones y aguinaldos. Por nuestras familias, porque ya no tenemos donde vivir o trabajar para el sustento de las familias como indígenas, recuperamos las tierras» mencionaron los también adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, tras recibir amenazas de desalojo en días posteriores.

Tras 83 días defendiendo el territorio, la mañana del 12 de mayo de 2016, alrededor de 35 camiones con policías y guardias blancas entraron a los predios para desalojar violentamente a la comunidad de San Isidro de los Laureles. Entre los responsables civiles de la agresión se encuentra Octavín Albores, pariente del ex gobernador Roberto Albores Guillén, quien con armas de alto calibre disparó a matar. «Nosotros pues retrocedimos porque ya era mucho, ya estabamos viendo que las balas nos pasaban cerca, ya sentiamos la muerte, los balazos ya casi nos llegaban a la cabeza pero gracias a dios nadie salió herido» relata un miembro de la comunidad tsotsil.



*Con información de Agencia Subversiones

Opositores acusan al PRI por despensas halladas en Oaxaca y Zacatecas

Una bodega llena de paquetes con productos de despensa y artículos de propaganda con el nombre de Alejandro Murat fueron hallados el miércoles en el Estado de Oaxaca, al sur de México, una de las entidades que celebrarán elecciones el próximo 5 de junio. Murat es el candidato del PRI al Gobierno de esa entidad, por lo que la alianza opositora acusó a ese partido de intentar comprar votos con esas despensas.

La bodega fue abierta y los pobladores entraron a saquearla, según consta en un video difundido por el medio local Más Noticias Oaxaca.

VIDEO: https://www.facebook.com/horacioduarte/videos/10208488235317419/

En un comunicado, la Coalición con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca (CREO) conformada por los partidos Acción Nacional (PAN) y De la Revolución Democrática (PRD) dieron a conocer el hallazgo, producto presuntamente de una denuncia anónima, en el municipio de Oaxaca de Juárez.

Dijeron haber encontrado en el lugar más de 20.000 paquetes con despensas y artículos como playeras, mandiles, bolsas, gorras, botes de plástico, pulseras, volantes; además de refrigeradores, estufas y bicicletas con la imagen de Murat, hijo del polémico exgobernador José Murat y actual candidato al Gobierno de Oaxaca por la coalición formada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista y Nueva Alianza. 

El comunicado incluye fotografías de la bodega y las declaraciones de Juan Manuel Fócil Pérez, delegado del PRD en Oaxaca, quien dijo que esta es "la práctica que va a utilizar el PRI en esta campaña, a través de despensas tratar de comprar la conciencia ciudadana”. Fócil exigió que se esclarezca el origen de los recursos y que se castigue a los responsables.

Dos días después, medios locales reportaron que el PRI acusó asimismo a la coalición PAN-PRD de lo mismo: poseer miles de despensas en una bodega en el municipio de San Jacinto Amilpas.

Por otra parte, el representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto electoral, Horacio Duarte, publicó en su cuenta de Facebook un video de otra bodega hallada en en municipio de Fresnillo, en el Estado de Zacatecas, con una montaña de despensas en su interior. Duarte ha acusado al PRI de ser el propietario de esos productos y lo ha denunciado ante la autoridad electoral.




Fuente: El País Internacional
Autor: Redacción
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/14/mexico/1463190945_392193.html

Juez de EEUU desestima segunda demanda contra Wal-Mart por pago de sobornos en México

WILMINGTON, EEUU, 13 mayo (Reuters) - Un juez de Delaware desestimó el viernes una demanda de los accionistas de Wal-Mart Stores Inc. que acusaba al directorio de la minorista más grande del mundo de intentar encubrir el pago de sobornos por parte de ejecutivos de la compañía en México.

El juez Andre Bouchard del Tribinal de Equidad de Wilmington dijo que una decisión similar de un magistrado de Arkansas adoptada sobre una demanda casi idéntica presentada por otro grupo de accionistas impedía que el caso en Delaware procediera.

Agregó que si bien los demandantes de Arkansas podrían haberse apresurado en presentar el caso en lugar de investigar en profundidad los presuntos ilícitos, su premura no los descalificaba para que representaran a los accionistas de Wal-Mart.

"Nosotros creemos que el fallo de Arkansas es correcto y hemos dicho todo el tiempo que la Junta de Directores de Walmart tiene la autoridad apropiada para realizar una investigación sobre los temas que se alegan en estos casos", dijo el portavoz de Wal-Mart Randy Hargrove en un comunicado.

La decisión del viernes es una derrota para el Sistema de Jubilación de los Profesores del Estado de California (CalSTRS) y los fondos de pensión de la Ciudad de Nueva York que presentaron la demanda en Delaware. Su abogado, Stuart Grant, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La demanda se deriva de una investigación del diario New York Times en el 2012 que descubrió que Wal-Mart realizó durante varios años una campaña de sobornos para construir su negocio Wal-Mart de México.

Según el diario, Wal-Mart envió investigadores a Ciudad de México que descubrieron documentos sobre presuntos pagos que en total superaban los 24 millones de dólares.

No obstante, los ejecutivos cerraron la investigación interna y no informaron a las autoridades de Estados Unidos o México hasta después de que el diario reportó que Wal-Mart estaba revisando el tema.

El fallo del juez de Arkansas ha sido apelado. 



Fuente: Reuters
Autor: Tom Hals (Reporte adicional de Nathan Layne en Chicago; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXL2N18B034

Diputados de MORENA, los más caros en la historia de ALDF.

Como un hecho sin precedentes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), diputados de Morena son expulsados de las Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, por acumular ausencias en las mesas de trabajo y a decir de su Presidente, José Manuel Ballesteros, justificó la medida debido a que los legisladores de este partido, “ni siquiera fueron designados, no acudieron a la sesión de instalación ni a los trabajos que se han desarrollado”.

Aunque lo anterior está contemplado en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, el asunto va más allá puesto que esto es producto de una mala designación de ese partido de sus propios candidatos, ya que fueron electos por tómbola al interior de Morena como una forma de imposición de su líder nacional Andrés Manuel López Obrador.

El sistema de elección de candidatos al interior de Morena, no contempla el trabajo de campo ni mucho menos la popularidad de sus cuadros, ya que de una tómbola puede salir cualquier nombre, y no sólo eso, los asambleístas expulsados no solamente eran faltistas, sino que son, hoy en día, los menos productivos del Poder Legislativo Local, por lo que sus nulas propuestas e iniciativas nos cuestan mucho a los ciudadanos.

A comparación de las comisiones más eficientes, tal es el caso de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, que en el último estudio resultó la más productiva, por el número de dictámenes aprobados.

La expulsión de los asambleístas de Morena se debió no sólo por no haberse presentado a la sesión de instalación ni a las seis sesiones que se han registrado en la misma, aún cuando fueron debidamente notificados, situación que consta en cada una de las actas correspondientes, sino a la ignorancia de cada diputado local de ese partido que pensando que por no trabajar, nada debía pasar.

Lo cierto es que, basta escuchar a cada uno de ellos para darse cuenta de lo encasquillados que se encuentran por su falta de conocimiento sobre asuntos parlamentarios, por ley, cada acción conlleva una reacción, y lo que originó la destitución de los integrantes de las comisiones fue el hecho de que los hayan designado candidatos a la ALDF por tómbola y no por sus propuestas, pues casualmente no han presentado absolutamente ni una iniciativa de reforma que abone a la mejora de la capital del país.

Ser designado por tómbola es suerte, y eso, no puede traducirse en conocimiento, porque la suerte no sustituye a la investigación ni al trabajo de campo y mucho menos al contacto y cercanía con la gente.

Ser electo por tómbola, es ser parte de un sistema arcaico, que deja fuera la propuesta ciudadana y el compromiso de los gobernantes y legisladores con la gente que los elige. Seleccionar candidatos mediante papelitos de una tómbola, es sacar sólo un nombre y no un proyecto, por lo que los asambleístas de Morena son sólo nombres y no ideales, ni propósitos ni planes de trabajo.

Entendiendo eso, tenemos más clara la visión de los aspirantes de cada partido, la expulsión de los morenos de las comisiones de la Asamblea, es una muestra más de que no todos pueden con lo que prometen a los ciudadanos, que en esta ocasión, su rebeldía y capricho les hizo olvidar el compromiso que adquirieron con la gente que vio en ellos una esperanza de hacer una mejor Ciudad de México.Como un hecho sin precedentes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), diputados de Morena son expulsados de las Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, por acumular ausencias en las mesas de trabajo y a decir de su Presidente, José Manuel Ballesteros, justificó la medida debido a que los legisladores de este partido, “ni siquiera fueron designados, no acudieron a la sesión de instalación ni a los trabajos que se han desarrollado”.

Aunque lo anterior está contemplado en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, el asunto va más allá puesto que esto es producto de una mala designación de ese partido de sus propios candidatos, ya que fueron electos por tómbola al interior de Morena como una forma de imposición de su líder nacional Andrés Manuel López Obrador.

El sistema de elección de candidatos al interior de Morena, no contempla el trabajo de campo ni mucho menos la popularidad de sus cuadros, ya que de una tómbola puede salir cualquier nombre, y no sólo eso, los asambleístas expulsados no solamente eran faltistas, sino que son, hoy en día, los menos productivos del Poder Legislativo Local, por lo que sus nulas propuestas e iniciativas nos cuestan mucho a los ciudadanos.

A comparación de las comisiones más eficientes, tal es el caso de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, que en el último estudio resultó la más productiva, por el número de dictámenes aprobados.

La expulsión de los asambleístas de Morena se debió no sólo por no haberse presentado a la sesión de instalación ni a las seis sesiones que se han registrado en la misma, aún cuando fueron debidamente notificados, situación que consta en cada una de las actas correspondientes, sino a la ignorancia de cada diputado local de ese partido que pensando que por no trabajar, nada debía pasar.

Lo cierto es que, basta escuchar a cada uno de ellos para darse cuenta de lo encasquillados que se encuentran por su falta de conocimiento sobre asuntos parlamentarios, por ley, cada acción conlleva una reacción, y lo que originó la destitución de los integrantes de las comisiones fue el hecho de que los hayan designado candidatos a la ALDF por tómbola y no por sus propuestas, pues casualmente no han presentado absolutamente ni una iniciativa de reforma que abone a la mejora de la capital del país. 

Ser designado por tómbola es suerte, y eso, no puede traducirse en conocimiento, porque la suerte no sustituye a la investigación ni al trabajo de campo y mucho menos al contacto y cercanía con la gente.Ser electo por tómbola, es ser parte de un sistema arcaico, que deja fuera la propuesta ciudadana y el compromiso de los gobernantes y legisladores con la gente que los elige. Seleccionar candidatos mediante papelitos de una tómbola, es sacar sólo un nombre y no un proyecto, por lo que los asambleístas de Morena son sólo nombres y no ideales, ni propósitos ni planes de trabajo.

Entendiendo eso, tenemos más clara la visión de los aspirantes de cada partido, la expulsión de los morenos de las comisiones de la Asamblea, es una muestra más de que no todos pueden con lo que prometen a los ciudadanos, que en esta ocasión, su rebeldía y capricho les hizo olvidar el compromiso que adquirieron con la gente que vio en ellos una esperanza de hacer una mejor Ciudad de México.




Autor: Julio César Moreno
https://www.facebook.com/notes/julio-c%C3%A9sar-moreno/diputados-de-morena-los-m%C3%A1s-caros-en-la-historia-de-aldf/1132559046794367

Exigen boicot a Driscolls por explotación laboral

Ciudad de México. Integrantes de diversas organizaciones se manifiestan frente al Costco Polanco, como parte del inicio de un boicot a Driscolls, uno de los principales distribuidores de productos del centro comercial.

En un volante, explican que la firma “es el mayor distribuidor de bayas en Estados Unidos y explota a los trabajadores con jornadas de más de 12 horas y les paga generalmente de 110 a 120 pesos por día en San Quintín, Baja California”.

Aseguran que Driscolls incurre en explotación laboral infantil, por lo cual niños y adolescentes se ven obligados a abandonar la escuela “para irse a trabajar al campo porque sus padres no ganan lo suficiente para poder satisfacer las necesidades básicas de sus familias”.

Resaltan que la empresa se niega a negociar con los trabajadores sus condiciones de trabajo y salariales, a pesar de que están expuestos, incluidos mujeres embarazadas, a productos químicos que causan daño pulmonar, descamación de la piel, hongos en las extremidades y cáncer.

También afirman que “las mujeres sufren acoso sexual en los campos por parte de los ingenieros y mayordomos”.

Denuncian que los trabajadores agrícolas de la empresa no tienen seguridad social, pues no están afiliados al IMSS, y que laboran en condiciones insalubres.




Fuente: La Jornada
Autora: Alma E. Muñoz
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/14/exigen-boicot-a-driscolls-por-explotacion-laboral

Provoca operativo bloqueos e incendios en Hidalgo, Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Presuntos delincuentes bloquearon los accesos por carretera al municipio de Hidalgo, en Tamaulipas, quemaron llantas y hasta un tractocamión, tras un operativo implementado por la autoridad.

Así lo informó el gobierno estatal a través de un comunicado del Grupo de Coordinación Tamaulipas, en el que se precisó que las acciones que detonaron los bloqueos fueron realizadas poco después de las 12:46 horas en esa demarcación que se ubica al centro de la entidad y que colinda con Nuevo León.

Las llantas y el tractocamión, precisó la autoridad, fueron incendiados sobre el puente El Tomaseño, que se ubica a pocos kilómetros de la capital, en la carretera Victoria-Monterrey.

“Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal y Fuerza Tamaulipas ya se encuentran atendiendo la contingencia”, señala la información.




Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/440662/operativo-provoca-bloqueos-e-incendios-en-tamaulipas

La Policía Comunitaria de Guerrero no es una organización delictiva, advierten los miembros recién liberados

Foto: El Sur
“Nuestro sistema de justicia comunitaria no puede considerarse como una organización delictiva dedicada a secuestrar personas, no señores, nuestro sistema se basa en brindar seguridad a los pueblos, a nuestra gente, para eso existe la policía comunitaria, siempre ha tenido como propósito proteger y brindar seguridad a los pueblos indígenas haciendo uso de los derechos constitucionales, la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la OIT y basados también en nuestros usos y costumbres”, señaló Ángel García García, uno de los seis integrantes de la Policía Comunitaria de Guerrero liberados la tarde del 12 de mayo.

Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo, autoridades comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero, pertenecientes a la Casa de Justicia de El Paraíso, en la Costa Chica, fueron detenidos arbitrariamente el 21 de agosto de 2013 y salieron libres luego de que el Juez Mixto de Ayutla de los Libres y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa de Comonfort, Guerrero dictaminó que no existen elementos que acrediten el cuerpo del delito de secuestro del que habían sido injustamente acusados.

Sobre la liberación de los comunitarios, el antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que Bernardino, Ángel, Florentino, Eleuterio, Abad y Benito, nunca se doblegaron ante las injusticias del sistema y que gracias a la fuerza de las organizaciones, la exigencia para que se respetara el derecho de los pueblos a tener su propio sistema normativo se hizo realidad: “esto ha sido una lucha a pulso donde ellos resistieron, donde el derecho les dio la razón y todas las argucias jurídicas que se inventaron desde hace más de dos años y 9 meses se desmoronaron. De nueva cuenta demostramos como las autoridades fabrican delitos, como las autoridades construyen una serie de acciones delictivas que no están fundadas en el actuar de la policía comunitaria, ellos han demostrado que son inocentes, así como lo son Samuel, Gonzalo y Arturo”.

El policía comunitario Ángel Garcia aseguró que el gobierno de Ángel Aguirre intentó desmantelar todo el sistema de justicia deteniendo a su compañera Nestora Salgado, liberada el pasado 18 de marzo, y a todos los que salieron libres el día de ayer; así como a los policías comunitarios que siguen presos Samuel Ramírez, Arturo Campos y Gonzalo Molina: “ellos enfrentan los mismos procesos que nosotros pero no hay que darse por vencidos, les pedimos a todos que luchemos para exigir la libertad de cada uno de ellos, hemos ganado varias resoluciones a favor, con tres resoluciones federales demostramos nuestra inocencia, demostramos la legalidad de la policía comunitaria por lo que nuestros compañeros que siguen presos no son delincuentes”.

Pidió a las organizaciones sociales que se unifiquen: “la unión hace la fuerza, pongamos el mayor esfuerzo para ponerle un alto a la represión del gobierno, que no nos ponga más trabas para que los compañeros que siguen presos puedan salir, exigimos también la justicia para los 43 compañeros estudiantes cuya desaparición fue también por causa del Estado. Luchemos para encontrar la paz, la armonía y principalmente la seguridad para nuestra gente”.

La libertad de los seis policías comunitarios se realizó luego de que Juez Mixto de Ayutla de los Libres resolviera favorablemente un incidente de libertad por desvanecimiento de datos el día 22 de abril de 2016 y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa de Comonfort, reclasificara el delito de secuestro a privación de la libertad personal en acatamiento a la resolución del amparo 133/2014, de fecha 10 de noviembre de 2015, mediante el cual el Juez Sexto de Distrito estableció que se violaron las reglas del debido proceso en agravio de las autoridades indígenas de la CRAC-PC; que el juez local omitió hacer un análisis del derecho que tienen los pueblos indígenas para tener sus propias formas de organización social y política; así como que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia legítimo reconocido por las leyes de nuestro país.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la CRAC-PC Casa de Justicia San Luis Acatlán manifestaron que una vez más se evidencian las falsas acusaciones del gobierno contra la CRAC-PC que buscaba criminalizar al Sistema indígena y que las actuaciones de la CRAC-PC se hicieron en el marco del ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria reconocida por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales; además de que las autoridades que los mantuvieron en cautiverio violaron las reglas del debido proceso en perjuicio de las autoridades comunitarias y se extrajeron pruebas ilícitas para inculparlos.

Por lo anterior, Tlachinollan y la CRAC-PC Casa de Justicia San Luis Acatlán exigen al gobierno Federal y Estatal: El reconocimiento pleno del proceso histórico de la CRAC-PC y su sistema de seguridad y justicia, tal y como lo ha hecho el Poder Judicial Federal; poner en libertad a los dirigentes y autoridades de la CRAC-PC que permanecen en prisión bajos las mismas acusaciones y señalamientos infundados, pues el reconocimiento al proceso histórico del Sistema de Justicia de la CRAC-PC, obliga a las autoridades a abstenerse de seguir criminalizando a los pueblos indígenas por ejercer sus derechos; que se abra un proceso de investigación y sanción para aquellos Ministerios Públicos, Policías y Jueces que incurrieron en graves violaciones al derecho de defensa adecuada y el debido proceso de las autoridades de la CRAC-PC y que no se siga criminalizando a los dirigentes y autoridades de la CRAC-PC que procuran e imparten justicia de acuerdo a sus sistemas normativos.

Al salir libres del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ayutla de los libres, penal en el que se encontraban recluidos, Garcia García agradeció a sus familias, a las diversas organizaciones sociales que les apoyaron para lograr su libertad y al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que fungió como su defensa jurídica.

Comunicado CDHM Tlachinollan:




Fuente: Desinformémonos
Autora: Atziri Ávila
http://desinformemonos.org.mx/la-policia-comunitaria-de-guerrero-no-es-una-organizacion-delictiva-advierten-los-miembros-recien-liberados/



#Méxicoleaks: Video exhibe a agentes torturadores del Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El gobierno mexicano no toleró cuando Juan Méndez, el relator de la ONU sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, aseveró que en el país “la tortura y los malos tratos son generalizados”. Funcionarios de la administración actual negaron las conclusiones del relator, e incluso cuestionaron su integridad ética.

Sin embargo, un nuevo caso llegó a Proceso, Aristegui Noticias y Animal Político a través de Méxicoleaks, la plataforma digital que permite enviar documentos de manera anónima: se trata de un video en el que se puede observar a agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) perpetrando actos de tortura contra Silverio Rodríguez Martínez.

En el corto video, se puede apreciar cómo el entonces agente de la PGJEM Pedro Velazco Estrada –así quedó identificado por la fuente anónima–, golpea a un hombre de camisa azul desabotonada. En ese momento, se ve que el funcionario que está grabando el interrogatorio apaga su cámara. Luego, Velazco Estrada toma una bolsa de plástico y con ella le cubre la cabeza en un intento de asfixia a Rodríguez Martínez quien se ve cómo se convulsiona en su silla.


El 9 de abril de 2014, Miguel Ángel Contreras Nieto y Damián Canales Mena, entonces titulares de la PGJEM y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, presentaron a la prensa un video del mismo Silverio Rodríguez Martínez, con la misma camisa azul de manga corta, escoltado por dos policías.

Lo presentaron como presunto secuestrador de 33 años de edad, integrante de un grupo delictivo de 12 personas que delinquía en la región de Jilotepec y Chapa de Mota. Recordaron que el compromiso de los servidores públicos era “acabar con el flagelo” del secuestro, y que los secuestradores detenidos por las autoridades mexiquenses “recibirán la sanción penal que su execrable conducta merece”.

De acuerdo con Aristegui Noticias, el presunto verdugo fungió como director de Operaciones Especiales de la PGJEM entre 2009 y agosto de 2015, cuando pasó a trabajar a la Procuraduría General de la República (PGR). Fue cesado de su puesto el pasado jueves.

En marzo de 2015, después de entregar su informe sobre la situación del país en materia de tortura, Juan Méndez recibió una embestida por parte del gobierno mexicano. Juan Manuel Gómez Robledo, entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, calificó al experto de “muy irresponsable y poco ético”, y tachó el informe de “un poquitín banquetero”.

Quince días después, el actual secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña –entonces canciller– respaldó a Gomez Robledo; declaró: “Suscribo todos y cada uno de sus términos”.

Méndez explicó a Proceso en su edición 2005, que después de presentar su informe al gobierno –pero antes de hacerlo público–, recibió llamadas telefónicas de funcionarios mexicanos “en las que muy insistentemente se me pedía que no dijera que la tortura era generalizada”.

En su informe, Méndez deploró que no existen cifras oficiales en materia de tortura. Señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó 11 mil 608 quejas por tortura y malos tratos entre 2006 y abril de 2014; la del Distrito Federal, 386 entre 2011 y febrero de 2014, y la sociedad civil informó de “más de 500 casos” documentados entre 2006 y 2014.

También citó una encuesta efectuada en 2012 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la cual arrojó que 57.2% de los detenidos en centros federales afirmó haber sido golpeado durante la detención, mientras 34.6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.

El 9 de octubre siguiente, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura condenó a México por las torturas cometidas por militares contra cuatro hombres en Baja California, en 2009.

Durante años, Proceso, otros medios y organizaciones de la sociedad civil han documentado centenares de casos de tortura perpetrados por policías de las tres órdenes de gobierno, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y procuradurías estatales, así como de militares. Las autoridades siempre han minimizado las denuncias, o las han negado.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Ayotzinapa, en el que varios de los testigos protegidos y personas detenidos sufrieron tortura antes de emitir sus declaraciones a las autoridades.

En su informe final sobre la investigación de Ayotzinapa, entregado el pasado 26 de abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó que en una muestra de 17 detenidos –cinco presuntos integrantes de Guerreros Unidos, siete policías de Cocula y cuatro de Iguala–, “en todos los casos hay indicios significativos de que fueron víctimas de malos tratos y tortura”.

Estas revelaciones no cambiaron la actitud del gobierno federal, el cual se aferró a su “verdad histórica”, fundamentada en declaraciones obtenidas bajo tortura.

El pasado 14 de abril se viralizó el video de la tortura de Elvira Santibáñez, de 21 años, perpetrada por militares y policías federales en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región de Tierra Caliente, Guerrero, después de un operativo conjunto llevado a cabo el 4 de febrero de 2015.

En el video de 4 minutos, difundido a través de Youtube, se puede observar cómo la soldado Dulce Elena Reyes Ramos, en compañía de policías federales y militares, golpea, asfixia y amenaza con su arma de alto calibre a la interrogada. Ella está sentada en un piso de tierra, descalza y con el rostro cubierto al parecer con una camiseta; llora y suplica que no la lastimen.

La amplia difusión del video, en México y a nivel internacional, obligó las autoridades a admitir lo sucedido. Dos días después de su revelación, Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), tuvo que pedir disculpas públicas por “los hechos lamentables que sucedieron hace casi 14 meses”.

Los militares fueron detenidos por el delito de desobediencia. Sin embargo, el pasado 22 de abril, la soldado Reyes Ramos declaró ante el Juzgado Quinto de Distrito que ella era “soldado raso” y que respetaba una cadena de mando, como lo relató Proceso en su edición 2060.

“Me permito mencionarles que la serie de acusaciones que me imputan son totalmente falsas, ya que yo soy soldado de Policía Militar y por tanto nunca estoy sola, siempre hay algún compañero, algún superior que me supervisa, ya que soy el último en el escalafón de jerarquías”, planteó.

Tres integrantes de la Policía Federal y dos militares se encuentran presos por el caso de tortura de Ajuchitlán.

En una entrevista que concedió a la cadena Univisión el pasado 17 de abril, Hillay Clinton, excanciller estadunidense y candidata demócrata a la presidencia reaccionó al video al poner en duda que “violar los derechos sea la mejor manera para que (México) esté en posición de derrotar a los carteles criminales”.

Llamó al gobierno mexicano a “darse cuenta que tienen que imponer altos estándares para los funcionarios gubernamentales que tienen poder judicial o militar”.




Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/440627/mexicoleaks-video-exhibe-a-agentes-torturadores-del-edomex

Empresario vinculado al narco, invitado especial de Borge en actos y giras

CANCÚN, Q. Roo (proceso.com.mx).- El expresidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen, Jamil Hindi, señalado por el presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, de presuntos vínculos con la delincuencia organizada, fue invitado de honor del gobernador Roberto Borge en diversos actos en la entidad y giras en el extranjero.

De acuerdo con archivos de actividades del gobernador Borge, Jamil Hindi figura en fotografías en compañía de Borge o como parte de la comitiva del mandatario estatal.

Sin embargo, el PRI estatal, con el aval por Manlio Fabio Beltrones, presentó una denuncia penal contra el candidato del PAN y PRD, luego de que el periódico local “Por Esto! de Quintana Roo” aseguró que el operador financiero del candidato opositor es el expresidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen, Jamil Hindi.

Dicha persona enfrenta acusaciones de crimen organizado, lavado de dinero y narcotráfico, al ser vinculado con un empresario italiano que radicaba en la Riviera Maya y que hace unos años fue detenido en Estados Unidos cuando transportaba cocaína en una avioneta.

El rotativo presentó una fotografía de Carlos Joaquín con Jamil Hindi.

Sin embargo, tras esta acusación, presentada por el “Por Esto de Quintana Roo”, y que el PRI convirtió en una denuncia penal, se han dado a conocer más fotos de Hindi pero en el entorno de Roberto Borge.

La más reciente se difundió esta mañana y corresponde a la toma de protesta de Roberto Borge, como gobernador, el 5 de abril de 2001 y en la que Hindi acudió como invitado especial.

El empresario playenese de origen libanés se ubica en la segunda fila, atrás de Carlos salinas de Gortari, Emilio Gamboa, Arturo Escobar y Jorge Emilio González Martínez.

Pero hay más fotografías de Hindi en compañía de Borge y otros políticos, incluidos actos con el presidente Enrique Peña Nieto y la hoy canciller, Claudia Ruiz Massieu.

En otra imagen, Hindi aparece como parte de delegación de Quintana Roo en la inauguración del Pabellón de México de la edición 2013 de la Feria Mundial de Turismo, de Londres, y además de Borge, está la entonces titular de la Secretaría de Turismo, Claudia Ruiz Massieu.

Otras más es en otra gira de Borge al extranjero, en la cual también aparecen el entonces secretario estatal de Turismo, Juan Carlos González Hernández, primo del exgobernador Roberto Borge y el director del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya, Darío Flota Ocampo.

En una imagen que retrata el recibimiento del presidente Enrique Peña Nieto en Cancún, también aparece el empresario, hoy acusado de vínculos con el narcotráfico.

Por otra parte, también hay una foto de Hindi en una reunión con el hoy candidato del PRI a la gubernatura, Mauricio Góngora, hace tres años, cuando fue aspirante a la presidencia municipal de Solidaridad (Playa del Carmen).




Fuente: Proceso
Autor: Sergio Caballero
http://www.proceso.com.mx/440653/empresario-vinculado-al-narco-invitado-especial-de-borge-en-actos-y-giras

Cultivan amapola 1,280 pueblos en la Sierra de Guerrero

Ocho de los mil 280 pueblos que se dedican al cultivo de la amapola en esta región del estado constituyeron hace un año el primer Comité de Productores de Amapola, expulsaron a los cárteles de sus comunidades y ahora administran y fijan los precios de la goma de opio, lo que les permitió invertir en obras, bajar los índices de violencia y los enfrentamientos entre los pueblos, dijo uno de los campesinos dedicados a esta actividad.

El ejemplo cunde entre las comunidades, 80 de las cuales ya cuentan con cuatro agrupaciones con presencia en los municipios de Chilpancingo, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Eliodoro Castillo y San Miguel Totolapan (éste de la Tierra Caliente), pero que de momento demandan a los gobiernos federal y estatal que legalicen el cultivo, explotación y venta de la goma de opio.

Entrevistado en uno de los sembradíos, un productor, que pidió el anonimato, detalló el trabajo de tres meses que dura el proceso de cultivo y rayado: en tiempo de lluvia, el kilo de goma de opio está entre 6 mil pesos la tarifa mínima y 8 mil la máxima. Haciendo un cálculo de cinco kilogramos, multiplicado por 8 mil, son 40 mil pesos, pero se le invierten 10 mil, más la compra de abonos, líquidos, encorralar y el pago a los trabajadores; se viene quedando como con 10 mil pesos, en tres meses de trabajo, y eso es muy poco, tomando en cuenta la inversión.

Reparto de ganancias

En la parte alta de la sierra es mejor el cultivo; allá se sacan varias latas (de envases de jugo), lo que pasa es que a pesar de que allá va el gobierno (a fumigar) no se nota tanto porque la sierra es grandísima, no la abarca todo.

De la experiencia de los ocho pueblos integrantes del comité declaró que éste está formado por 12 personas y que en esta temporada hubo una ganancia de más de un millón de pesos, que se repartió entre los pueblos; se invirtió en caminos, escuelas, parque o armas. No podemos decirles los nombres de estos pueblos.

Ese comité ya tiene el control de la producción y venta de la goma de opio. Los compradores se dirigen al comité, y si quiere 20 kilos o más se les da un tiempo y se les fija la fecha de entrega. La producción es de varias hectáreas y todos le meten a la chinga, desde el más morrito (niño), la señora y hasta el papá.

El comité se hace cargo de todo; llama por radio a los productores y les dice que llegó el dinero, al que quiera vender que pase. Esos pueblos se reorganizaron pronto, “no les interesa ningún pinche cártel, lo que interesa es el pago para que se lleven la chingadera ésa (la goma de opio), porque es un medio de sobrevivir de las poblaciones. Funcionan como una cooperativa y a eso vamos, para implementar un lugar de acopio, donde lleguen los compradores que la adquieren a precio del mercado internacional”.

En esos pueblos la situación es diferente a lo que sucede en la parte baja de la sierra, donde hay violencia, por eso se han mantenido en paz esos lugares, concluye.

Durante un recorrido por un sembradío de amapola fumigado hace apenas una semana, ubicado a unos cien metros de un riachuelo, se pudo apreciar cómo también los árboles fueron afectados por el químico.

En conferencia de prensa en el poblado Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo, los comisarios de Tres Cruces, Tepozonalco, La Laguna, Los Morros, Yotla y Filo de Caballos, entre otros de la sierra, demandaron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador del estado, Héctor Astudillo, que el cultivo de la amapola deje de ser ilícito y mejor sea detonante para que las comunidades salgan de la pobreza y la violencia.

Ismael Cástulo, presidente de la Unión de Comisarios por la Paz y el Desarrollo de la Sierra, resume que unos 80 productores han creado cuatro organizaciones: Somos la Unión de Comisarios, Unión de Pueblos y la Unión de Pueblos de San Miguel, y ahora el Frente Ciudadano. Está en las manos del gobierno la legalización de las drogas para medicina o para lo que la puedan ocupar. Nosotros la producimos y no sabemos qué fin tiene, pero nos tratan como a los conejos, que nomás nos andan cazando. Ahora que despertamos como que al gobierno no le gustó.

Cuidado del ambiente

Arturo López Torres, comisario de Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo, aseguró que en las 18 comunidades que se han organizado (incluidos los ocho de la Sierra Madre del Sur) plantean que el cultivo sea ordenado, cuidando el medio ambiente: sabemos que efectivamente en ocho pueblos de la sierra ya funciona un comité encargado del acopio de la amapola y ese ejemplo se pudiera seguir en nuestras comunidades.

Recordó que son 50 mil ciudadanos en la sierra los que cultivan amapola. Más de la mitad de esa gente no conoce el mar, no conoce Acapulco y ahí se refleja un gran atraso; tenemos un lugar turístico mundial y que nuestra gente no lo conozca refleja el atraso en que se encuentra la sierra.

Evitar contaminación

También pidieron al gobierno federal que ya no se fumiguen los sembradíos porque contaminan los ríos y provocan enfermedades.

Por la topografía guerrerense, agregó López Torres, es muy difícil que sólo haya un producto; la sierra es netamente forestal, dejémonos de maíz y frijol. Aquí vemos tres cosas: maíz, huertas de aguacate y plantíos de amapola. ¿Y qué es lo más rentable?, pues los cultivos de amapola.

La ganancia se reparte entre las comunidades, se puede comprar maquinaria, o si les falta algo a la escuela o al centro de salud, con ese dinero lo hacen. Se necesita voluntad para la legalización (de la siembra de amapola). Somos el segundo país en el mundo en la producción de goma de opio, y Guerrero es el primer estado que la produce.

–¿La UNAM y la UAG los van a asesorar en este proyecto?

–Ya tuvimos pláticas con gente de las universidades; les propusimos una extensión de sus facultades para tener gente capacitada en la sierra. Sabemos que esto no es a plazo corto, sino que se llevará buen tiempo, pero se requiere tener gente educada y capacitada para que nos puedan sacar delante de este gran problema.

–¿Han pensado hacer al Senado una petición formal para la legalización de la amapola?

Solicitarán la legalización

–Nos estamos organizando con firma y sello de las comunidades para que se lleve la solicitud al Presidente, a las cámaras, para que podamos dar otro giro al cultivo de la amapola y evitar la violencia en Guerrero.

–¿La organización en los ocho pueblos está cundiendo en las demás comunidades de la sierra?

–Sí, otras comunidades lo quieren adoptar como su modelo, pero tenemos que ir a platicar el cómo y de qué manera se hará, porque no se nos vaya a tornar esto en un problema entre pueblos y comunidades. El problema es que como no está regulado (el cultivo), todo mundo quiere meter la mano y ese es el gran problema.

–¿Podrían ser las cooperativas una opción?

–Ahorita (los ocho pueblos) funciona como comité, como programa piloto, para ver cómo va a funcionar, y hasta ahora tuvo muchas ventajas y se ganó dinero extra de lo que se debió haber ganado antes. Entró con buenos resultados. A pesar de que somos un estado y una región productora de goma de opio, la gente está muy jodida porque no tiene dinero suficiente para subsistir.




Fuente: La Jornada
Autor: Sergio Ocampo
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/14/estados/023n1est