OAXACA, Oax: Por segunda vez en el año, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (STEUABJO) realizó un paro de 12 horas en Ciudad Universitaria; en consecuencia, alrededor de 18 mil estudiantes no asistieron a clases.
El secretario general del STEUABJO, José Antonio Rivera Ramos, argumentó que esta medida obedece a que las autoridades de la universidad sólo han atendido cinco puntos de 51 del pliego petitorio entregado en diciembre pasado.
Los inconformes exigen el pago de un millón 800 mil pesos del programa de Remanentes, Calidad y Eficiencia 2013, que beneficiaría a 750 docentes.
También piden la liberación de 400 plazas y un aumento salarial, así como la cancelación de contratos para 300 trabajadores que fueron dados de alta sin la autorización de este sindicato y que devengan salarios cinco o seis veces mayores al de los sindicalizados.
Los sindicalizados también mantienen bloqueada la Avenida Universidad en sus dos carriles, debido a la falta de atención del gobierno del estado y la administración del rector Eduardo Martínez Helmes.
El paro ocurre a escasos ocho días para que estalle la huelga.
Previo a este paro, el STEUABJO realizó marchas, toma de autobuses y bloqueos para presionar a las autoridades universitarias a resolver su pliego de peticiones.
Por su parte, la administración estatal, a través del secretario general de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández, sostuvo una reunión con los sindicalizados con el fin de revisar los avances y pendientes relacionados con los planteamientos hechos el año pasado a la administración estatal.
El secretario general de la organización, José Antonio Rivera Ramos, así como otros dirigentes expusieron la preocupación de los dos mil agremiados y el interés porque se siga trabajando en cada uno de los compromisos contraídos con los trabajadores de la máxima casa de estudios.
Se refirieron principalmente a la regularización de unos predios propiedad del sindicato ubicados en los Valles Centrales, así como aspectos de nivelación académica y tabulador salarial, entre otros puntos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
MÉXICO, D.F: El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, arremetió nuevamente contra el senador panista Javier Corral y ahora lo vinculó con el Cártel de Juárez.
En entrevista con Radio Imagen, el mandatario aseguró que su gobierno ha afectado intereses muy profundos y añadió: “ahora caigo en cuenta, la duda profunda que tengo es que el senador Corral realmente esté buscando defender intereses del Cártel de Juárez”.
Luego de asegurar que esos señalamientos los hace con fundamentos, “no en el aire”, subrayó: “El hermano fue procesado, no por mí, por autoridades norteamericanas. Son finalmente intereses. El senador Corral ha sido muy ácido siempre en señalar a todo mundo y yo siempre he sido respetuoso”.
Duarte Jáquez pidió que se aclaren las acusaciones que el senador panista ha hecho contra su persona por supuesto enriquecimiento ilícito, peculado, uso abusivo de funciones, entre otros delitos, pero que también se investiguen las condiciones en las cuales aquel está defendiendo intereses.
“A mí me parece más trascendental, porque finalmente la denuncia que él puso ya está en curso, y yo estoy a disposición de las autoridades y yo me pregunto si él lo está”.
Añadió:
“Ayer fue un día en el Senado en el que yo lamento la actitud del senador Corral de manera beligerante, desgraciadamente él tiene la idea de ser el portavoz de la verdad absoluta y tiene una actitud permanente de señalamientos sin fundamentos, sin mayor sustento que sus dichos e ideas y que en ese mismo contexto, él siempre se asume de tener la razón, acusar, sancionar, en fin, una serie de elementos a los que yo llegué a la conclusión de que é, Javier Corral, tenga un activismo muy agudo, permanentemente voraz en contra de los avances de seguridad de los chihuahuenses”.
Durante la discusión de la reforma constitucional peñista sobre el “mando único” policiaco, Corral inició ayer la batalla al mostrar una pancarta con la leyenda “#VeteDuarte. Qué vergüenza que en estas audiencias participe el corrupto César Duarte, sujeto a proceso penal”.
Desde la máxima tribuna legislativa, Duarte Jáquez increpó a Corral Jurado y le recordó los nexos de su familia con la delincuencia organizada. Y este viernes insistió que desde que su gobierno enfrentó al grupo delictivo en Juárez, “desde ese momento he sentido de Corral una posición aguda, reaccionara, yo no soy tan irresponsable como él de acreditar cosas, pero lo que sí consta es que el hermano está sentenciado y encontrado culpable por autoridades”.
Prosiguió: “He sentido una guerra del senador Corral para distraer los temas de seguridad, para confundir a la sociedad, porque hemos logrado recuperar la confianza, que aún hay muchos problemas pero lo que teníamos en Juárez hace cuatro o cinco años, es otra realidad”.
Por separado, Eduardo Almeida Navarro, dueño de la empresa Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, acusó a Corral de hacer “afirmaciones infundadas y francamente irresponsables, que me hacen ver como si fuera un vulgar corrupto o de utilizar un tráfico de influencias que me pudieran dar ese carácter”.
En un desplegado difundido este viernes en el diario El Universal, Almeida recuerda al senador panista las acusaciones contra su empresa por ser una de las “favorecidas” por el gobierno de Chihuahua en la adquisición de medicamentos.
Añade: “Afirmas de nuevo, atendiendo a la ligereza de tus expresiones, que la venta de esos productos es en respuesta a que ‘apoyé con recursos a las campañas del PRI’, lo cual es totalmente falso y calumnioso, pues si a alguien he apoyado en la política es a ti, cuando has andado precisamente en campaña tras campaña”.
De acuerdo con el empresario, Corral le prometió que no repetiría comentarios como aquellos, pero, apunta en el texto, “veo con profunda decepción que no sólo no cumpliste con tu palabra y compromiso de no lanzar más elementos de falsedad, sino que los incrementaste, pues en una de tus cuentas de redes sociales, vuelves a tocar a mi persona (…)”.
Remata: “Te pregunto: ¿Cómo es posible que quieras asumirte como el defensor de la verdad, cuando te atreves a difamar a personas que, como es mi caso, hemos creído, apoyado y hasta enlazado esquemas familiares, como es nuestro compadrazgo?”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
CANCUN, Q. Roo: Con recursos aportados presuntamente por los sindicatos de taxistas, uno de los gremios más poderosos en la entidad, el gobernador Roberto Borge celebró en la última semana su cumpleaños número 35 con fiestas masivas en los municipios de Playa del Carmen, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Chetumal y este destino turístico.
Lo curioso es que en todos los eventos se hizo acompañar de los precandidatos a diputados federales de su partido, el PRI, y del PVEM, así como de funcionarios de su gabinete y representantes del Poder Judicial local, por lo que el PRD ya anunció que interpondrá quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por actos anticipados de campaña de los partidos PRI y PVEM.
Antonio Meckler Aguilera, miembro del equipo jurídico del PRD de la entidad, dice en entrevista que nada justifica que el gobernador Borge encabece celebraciones en compañía de los tres precandidatos a diputados por el PRI.
“Es evidente que utiliza festejos para promover a sus candidatos. Más que fiestas de cumpleaños se trata de actos de precampaña disfrazados”, acusa el perredista.
Además, advirtió que también van a recurrir al INE por la asistencia de funcionarios en horas de trabajo y por el presunto desvío recursos públicos en actos de campaña.
“No solo están los funcionarios. Están sus guaruras, sus camionetas”, precisó.
Los festejos
Borge tuvo una activa participación en las fiestas celebradas en la última semana, incluso presumió sus dotes de cantante. En Playa del Carmen, coreó el estribillo “Yo sí te quiero por coqueta” interpretado por el vocalista Junior Klan.
Arriba del escenario, precandidatos, exgobernadores, alcaldes, magistrados y diputados se movían al ritmo cadencioso de la canción “La Coquetona”. Pero los más contentos fueron los priistas José Luis Chanito Toledo Medina y Arlet Mólgora Glover y Remberto Estrada Barba, los precandidatos de “unidad” a una diputación federal por la coalición PRI-PVEM. Este último no estuvo en Playa del Carmen, pero si en el festejo de Cancún.
A ninguno de los festejos fue invitada la exalcaldesa de Chetumal, Cora Amalia Castilla Madrid, prima del exgobernador Mario Villanueva, y única aspirante que pretendió irse por la libre y se inscribió por el distrito de la capital del estado, aunque al final declinó por Mólgora Glover, del grupo del exgobernador Félix González.
En la velada también departieron con el gobernador Borge Angulo el dirigente estatal del PRI, Raymundo King, y los presidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Fidel Gabriel Villanueva Rivero, y de la Gran Comisión del Congreso del estado, Pedro Flota Alcocer.
La fiesta de Chetumal también contó con la presencia de los magistrados del TSJ y del Consejo de la Judicatura: Marisol Balado Esquiliano, Antonio León Cervera, Norma María Loría, Sandra Morales, Adolfo del Rosal, Manuel Ávila, y Juan García Escamilla, según la información difundida por la vocería del gobierno estatal.
Los festejos fueron financiados presuntamente por los sindicatos de taxistas de cada municipio. Se trata de organizaciones afiliadas al PRI, cuyos dirigentes suelen conseguir uno o varios puestos de elección popular a cambio de su voto.
Los festejos de Borge empezaron el 13 de enero en Cancún. La Unidad del Vocero del Gobierno del estado, reseñó:
“El gobernador Roberto Borge Angulo, acompañado por el presidente municipal, Paul Carrillo de Cáceres, asistió esta tarde a un convivio que le ofrecieron taxistas del Sindicato “Andrés Quintana Roo” con motivo de su onomástico número 35, marco en el que indicó que en este 2015 se llegará a una inversión de 3 mil millones de pesos en obras.
Acompañado también por el secretario general de la agrupación, Eric Ramiro Castillo Alonzo, y por los presidentes de la Gran Comisión de la XIV Legislatura del Congreso del Estado, Pedro Flota Alcocer, y del Tribunal Superior de Justicia, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, el jefe del Ejecutivo detalló que, con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, se ejercerán mil 600 millones de pesos en obras que arrancarán en este 2015.
—Si a eso le sumamos los convenios del Ramo 23 y los recursos estatales, vamos a llegar a este año a unos 3 mil millones de pesos de inversión en Quintana Roo —manifestó—. Esas cifras darán mucho empuje a todo lo que el Estado necesita”.
El siguiente festejo de “cumpleaños” de Borge fue el 19 de enero en Playa del Carmen, en donde tuvo como invitados a su antecesor, y ahora senador, Félix González Canto, así como el también exmandatario estatal, Miguel Borge Martín, su tío.
Los festejos de cumpleaños continuaron el lunes en Cozumel, y ahí acabaron las celebraciones por los 35 de Borge.
El siguiente festejo ya no fue por el cumpleaños por el gobernador, sino por el “inicio del año” y fue en Felipe Carrillo Puerto, en la zona maya y las celebraciones acabaron este jueves en Chetumal.
En las cinco fiestas los invitados degustaron platillos típicos de la región, como cochinita y relleno y negro. Además, hubo música en vivo, con grupos locales o traídos de otras partes del país, incluso de Belice, como Hil Harry 7, que tocó en la fiesta de Chetumal.
Los festejos también fueron amenizados por cómicos regionales, de Quintana Roo y Yucatán.
Por ejemplo, en Cancún actuó El Cholito, avecindado en Playa del Carmen, y que dice ser hijo del legendario cómico yucateco Héctor Herrera Cholo. En Playa del Carmen, estuvieron Dzerecho y Nochoh y en Chetumal La Chakala.
Borge invitó también a personalidades de la política que militan en partidos opositores al PRI. En Playa del Carmen, estuvo, por ejemplo, el experredista y ahora petista, Gregorio Greg Sánchez y el presidente estatal del PT, Hernán Villatoro, así como la senadora del PRD, Luz María Beristaín. En Felipe Carrillo Puerto, los alcaldes Eliseo Bahena y Sebastián Uc Yam, que se postularon por alianzas multipartidistas.
El pasado jueves 22 Borge cerró sus festejos en Chetumal, un día después del registro de los candidatos de unidad del PRI.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Por separado, Cuauhtémoc Blanco y "Lagrimita" han anunciado que buscarán el voto de la gente; el primero, en Cuernavaca, el segundo, en Guadalajara.
Dos singulares personajes han irrumpido en la cancha electoral.
Cuauhtémoc Blanco y Guillermo Cienfuegos “Lagrimita” quieren ser presidentes. El primero en Cuernavaca; el segundo, en Guadalajara. Las elecciones se realizarán n junio próximo.
El futbolista, todavía delantero del Puebla, Cuauhtémoc Blanco, contó que “hace mucho tiempo me habían ofrecido, pero participar (en las elecciones), el PRD, el PRI, me ofrecieron muchísimo dinero y no le quise entrar, por lo mismo, y ahorita le estoy entrando porque tenemos la misma idea, de ayudar a la gente, porque ya estamos hasta el gorro… y nunca he votado, eh”.
“Estoy aquí para dejar en claro que no soy político, quiero hacerlo por ustedes, porque soy una persona como ustedes, soy una persona que nunca ha causado problemas, la política nos puede solucionar muchas cosas aquí en Cuernavaca, yo vengo de abajo, he trabajado y me he esforzado mucho tiempo en mi carrera como futbolista; (esta) es para mí una etapa muy importante”, dijo el jueves, al anunciar que buscará la alcaldía de Cuernavaca con el Partido Socialdemócrata (PSD), instituto que busca conservar su registro.
Blanco afirmó que cumple con el requisito de residencia de 10 años en la capital morelense, pero “por su seguridad”, no hacía público su domicilio.
Por su parte, Guillermo Cienfuegos, conocido como “Lagrimita” busca la alcaldía de Guadalajara.
El payaso reconoció que no sabe nada de política y que aún no cuenta con propuestas de gobierno, pero dijo tener sueños, y “aunque parezca de risa, esto es muy en serio”.
“Las necesidades de la gente, especialmente la de bajos recursos”, es lo que lo motiva a buscar el cargo, comentó.
“No tengo experiencia política, no sé nada de política, hay cosas que me han preguntado y yo la verdad, sinceramente, no sé nada. Pero lo que sí sé es que hay muchas necesidades en Guadalajara”, refirió.
“Lagrimita” ya ha comenzado a recaudar firmas para poder postularse como candidato independiente.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Horacio Duarte (Morena) cuestiona el sistema de fiscalización y Mejía Berdeja (MC) pide cambiar al titular de la Unidad de Fiscalización.
En la sesión del pasado miércoles 21 de enero, representantes de varios partidos cuestionaron a los consejeros del INE y al encargado de la Unidad de Fiscalización.
El senador Javier Corral afirmó que “en muy poco tiempo el INE se ha vuelto inconfiable”.
Por su parte, el representante del PAN, Francisco Gárate, señaló que los consejeros se suponen infalibles, en tanto que el diputado Ricardo Mejía Berdeja, representante del Poder Legislativo, pidió la remoción del encargado de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas.
Los cuestionamientos comenzaron desde el inicio de la sesión, porque Gárate reprochó que no se hubiera incluido en el orden del día el caso de la rescisión del contrato a la empresa española Scytl, que incumplió con la entrega del sistema de contabilidad en línea, lo cual repercute en el sistema de fiscalización. El asunto se discutió con amplitud en el punto relativo a la clasificación de los gastos de precampaña y campaña.
El representante de Morena, Horacio Duarte, recordó que “la empresa ha acusado públicamente al señor Cristalinas de ser el responsable del retraso en la entrega de información para que el tema de la fiscalización funcionara en los plazos que se contrataron.
En su turno, Gárate externó su preocupación por “haber escuchado expresiones que parten de la infalibilidad de este Consejo General, de este Instituto Nacional Electoral, achacándole toda la responsabilidad de la empresa, yo no digo que la empresa no tenga responsabilidad, yo no digo que no la tenga, pero, ¿y el Instituto?”.
Más adelante, en coincidencia con Gárate, Corral Jurado señaló: “Hay una abultada arrogancia de que no se equivocan, de que lo hacen muy bien, de que todo lo hacen bien y no pueden ser criticados. Decía Francisco Gárate y, con razón: se creen infalibles”
Dijo más el senador Corral:
Dice la empresa que hay personas que no están interesadas en que el INE se dote de un sistema transparente, independiente y seguro de fiscalización de partidos, que cumpla con la ley, lo que ha generado interferencias en el proyecto. Según Scytl, todavía en enero le fueron hechos requerimientos adicionales.
Y entonces, a empresa misma ha señalado que quería una definición exactamente de qué cosas más o qué otras funciones se le iban a pedir para desarrollar el modelo, y ahí justifica, si es que lo hubo, un retraso.
No podemos creer en lo que dicen los consejeros electorales, no, yo no. Este Consejo General ha ido tomando una serie de decisiones que se han ido ganando la desconfianza. En muy poco tiempo, el INE se ha vuelto inconfiable, al menos para mí.
El senador panista enumeró a continuación los motivos de desconfianza:
La integración de los OPLES como lo hicieron, el tema de monitoreo en radio y televisión, el reglamento de radio y televisión, las quejas que exoneran a funcionarios públicos que violan el artículo 134, las restricciones a candidatos independientes, el tema que todos hemos conocido de cómo se conceden cautelares a ciertos protagonistas, siempre y cuando no sean del PRI, lo que acaba de suceder con Moreno Valle, la censura a los spots del PRD y del Movimiento Ciudadano.
Son muchas decisiones que se vienen tomando que han vuelto inconfiable y más en un tema tan sensible como el de la fiscalización, porque no nos hagamos, el tema de la fiscalización fue el cierre ominoso del IFE, la exoneración que varios consejeros que están aquí hicieron de esa montaña de dinero sucio en la que Enrique Peña Nieto depositó su candidatura y luego su campaña, Monex, y luego, que no rebasó topes de campaña, eso es la labor y el trabajo de la Unidad de Fiscalización, que es la misma hoy en el INE, y si ese el vínculo inmediato y directo con la empresa que desarrolla cierto modelo de fiscalización, pues por qué nos van a pedir fe o un voto de confianza o apoyo a ciegas.
En su turno, el representante de Morena, Horacio Duarte, dijo:
El INE no tiene un titular de su Unidad de Fiscalización, tenemos un encargado del despacho que habría que preguntar qué responsabilidad tiene en todo este tema de la fiscalización. Por lo menos la empresa ha acusado públicamente al señor Cristalinas de ser el responsable del retraso en la entrega de información para que el tema de la fiscalización funcionara en los plazos que se contrataron y me parece que frente a este tema, el Consejo General debiera tener claridad, debiera compartirse con todos los integrantes del Consejo un tema porque además la empresa ya le lanzó al Instituto un reto, de que va a poner a disposición su sistema para compararlo contra el sistema que van a hacer las áreas del Instituto.
Por su parte el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) expresó:
“De qué sirve contar con un sistema de contabilidad en línea de altísima tecnificación si quien aplica la fiscalización siempre castiga a los partidos de verdadera oposición y siempre es tolerante con el régimen, con los partidos ligados al gobierno, como ha sido quien todavía ocupa esta área dentro del Instituto Nacional Electoral. Nosotros creemos que este tema tiene que poner sobre la mesa la reflexión que no solamente hay que tener un sistema propio sino que también hay que cambiar de raíz el problema de la fiscalización.
Lo más grave en el 2012 fue el exceso de gastos de campaña, la simulación del prorrateo, el tema de Monex, el tema de la triangulación de empresas y me parece que eso no se resuelve solamente con un sistema, se requiere cambiar también a quienes ya probaron que no ejercen con responsabilidad, con profesionalismo y con imparcialidad esta función.
Intervención de Javier Corral:
Sesión:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Durante el último día de audiencias públicas para analizar la iniciativa de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y justicia, funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidieron al Senado que se legisle para establecer la fecha en que el Ejército deberá regresar a sus cuarteles.
Asimismo, se exigió que México cumpla con la recomendación sobre promulgar una ley contra la desaparición forzada. En ese sentido, Santiago Corcuera, integrante del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, hizo un llamado a los legisladores para “aprovechar esta oportunidad, no hay que quedarnos en el contenido de la iniciativa enviada por el Presidente (…) hay que establecer la salida paulatina de las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública. Hágannos a los mexicanos ese favor”.
Corcuera solicitó que el retiro sea gradual y, posteriormente, quede prohibido que el Ejecutivo use a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública: “tenemos que replantear la estrategia de combate al crimen organizado, no pensarla como si fueran a enfrentar a un ejército invasor, por muy poderoso que sea, porque no lo es. Tenemos que repensar eso, eso es lo que va a acabar con la desaparición forzada de personas: una adecuada estrategia de seguridad ciudadana”.
La principal insistencia de la ONU giró en torno a ciudadanizar la seguridad pública, pues actualmente se encuentra militarizada y eso es propio de regímenes autoritarios.
Por su parte, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, recordó que el Estado mexicano no ha cumplido la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre aprobar una ley general sobre desapariciones forzadas que tipifique el delito en todos los estados del país.
Sobre el caso Ayotzinapa, opinó: “Llegamos hasta aquí desde hace tiempo, no sólo desde los sucesos de Iguala. Llegamos hasta aquí desde que en cada desaparición forzada, en cada acto de ejecución extrajudicial, en cada acto de tortura, en cada acto de mayores violaciones a los derechos humanos, no actuamos con prontitud”.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
El gobernador de Michoacán, Salvador Jara, se reunió con los mandos militares del estado, los generales Felipe Gurrola, Francisco Morales y Jaime Contreras.
El gobernador de Michoacán, Salvador Jara, se reunió con los mandos militares del estado, los generales Felipe Gurrola, Francisco Morales y Jaime Contreras, con el fin de perfeccionar la estrategia de seguridad para la entidad.
“Establecimos ejes de coordinación en materia de seguridad para garantizar la tranquilidad de los michoacanos”, escribió el gobernador en su cuenta de Twitter.
Más tarde, el michoacano anunció en la misma red social la renuncia de su secretario de Gobierno, Darío Seguera.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
"Un presidente que no se da cuenta que no se ha dado cuenta", señala un artículo publicado por el diario británico.
En un mensaje de año nuevo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, prometió trabajar para “liberar” a su país del crimen, la corrupción y la impunidad. Su gabinete ha establecido esto como su prioridad. El mensaje es el correcto. Pero desafortunadamente para Peña Nieto, los mexicanos son cada vez más escépticos acerca del mensajero.
México sigue agitado por la respuesta del gobierno al secuestro de 43 estudiantes en septiembre, a manos de la policía municipal en el estado de Guerrero, al suroeste de México, y aparentemente asesinados por narcotraficantes. La investigación del caso parece estar estancada. La respuesta política de Peña Nieto a la masacre es una iniciativa de reforma constitucional para abolir las fuerzas municipales. Pero el Congreso podría no aprobarla, entre otras cosas porque algunas están menos dañadas que las fuerzas estatales que quedarían en su lugar.
En defensa del gobierno, el estado de derecho no se puede crear en una noche. Tomará años, quizá décadas, limpiar y fortalecer a la policía del país. Pero sus críticos creen que Peña está esquivando la tarea más importante: castigar a los mandos políticos corruptos que son cómplices del crimen organizado. Y el propio gobierno está marcado por el escándalo.
El más reciente bochorno, publicado esta semana por The Wall Street Journal, es que en 2005 Peña compró una casa de un pequeño constructor que había ganado una gran cantidad de contratos en su administración. Esto siguió después de las revelaciones de que su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compró una casa de $500 mil dólares en un club de golf de moda, con un crédito del propio vendedor, una compañía propiedad de Juan Armando Hinojosa. Ese empresario ha recibido mucho trabajo del gobierno federal y previamente del Estado de México, cuando Peña fue gobernador y Videgaray su secretario de finanzas.
Esto confirma los nexos cercanos entre esta administración y Grupo Higa, el imperio de Hinojosa. En noviembre, el gobierno canceló abruptamente un contrato de $3 mil 700 millones de dólares, para un tren de alta velocidad otorgado a un consorcio que incluía a Grupo Higa. Días después se reveló que la palaciega casa presidencial había sido comprada con una gran hipoteca, otorgada a la primera dama por el grupo empresarial.
Ambos, Peña y Videgaray insisten en que no han hecho nada ilegal. Están perdiendo el punto. En las democracias modernas, a las que México aspira a pertenecer, el tipo de relación de rascaespaldas que aparentemente emprendieron con Grupo Higa es vista como comportamiento inaceptable.
Si se toman en serio la lucha contra la corrupción y el conflicto de interés, los líderes políticos de México pueden mirar a Brasil. Petrobras, la empresa petrolera controlada por el gobierno brasileño, está envuelta en un escándalo mucho mayor, que involucra sobornos de quizá 4 mil millones de dólares en la década pasada. Los fiscales creen que el dinero fue a parar al partido en el poder, el de los Trabajadores, y a sus aliados del gobierno. La presidente, Dilma Rousseff, presidió el consejo directivo de Petrobras durante gran parte de ese periodo.
Gracias a fiscales y cortes ferozmente independientes, y una nueva rigurosa ley antisobornos, los brasileños pueden estar confiados que los delitos en Petrobras serán investigados y castigados -incluso si el juicio conduce a la propia Rousseff. En 1992, un presidente brasileño fue sometido a juicio por corrupción; más recientemente, varios ministros se han visto forzados a renunciar por contratos controversiales o vínculos no éticos con negocios privados. Docenas de directivos de empresas del ramo de la construcción, contratadas por Petrobras, enfrentan cargos criminales.
Para que ese tipo de cosas se puedan pensar para México, se necesitan varios cambios. Las propuestas para una fiscalía independiente y una agencia anticorrupción deberían pasar por la vía rápida (tristemente, los partidarios de Peña quieren que esta última esté bajo el control del gobierno). El segundo elemento que falta es la responsabilidad política. Nadie ha asumido la responsabilidad ni ha renunciado por las fallas en seguridad, las dudas en el contrato del tren o conflicto de interés. Nadie ha privado a Grupo Higa de los contratos del gobierno mientras se investiga de manera independiente, aunque sólo sea para demostrar que está libre de culpa.
“No se han dado cuenta que no se dan cuenta”, dijo un ex funcionario de alto rango. Pero los mexicanos ya se dieron cuenta. El índice de aprobación de Peña cayó hasta el 40%, cerca del nivel más bajo en la historia para un presidente mexicano.
Sus audaces reformas económicas aún pueden traer recompensas políticas. La división de la oposición puede ayudarle en las elecciones del Congreso que se realizarán en junio. Pero los meses pasados han socavado la autoridad que él usó para asegurar las reformas. Y con las encuestas sugiriendo que la participación en las elecciones será decepcionante, el mayor beneficiado de la escepticismo que está engendrando el presidente podría ser Andrés Manuel López Obrador, un populista mesiánico, quien ha estado a punto de ganar la presidencia en dos ocasiones. México se merece algo mejor.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/ THE ECONOMIST
AUTOR: REDACCIÓN.
Tras tener acceso al expediente de la investigación del caso de Moisés Sánchez, Artículo 19 denuncia que existen numerosos elementos para sostener que, contrario a las afirmaciones de la procuraduría veracruzana, nadie en Veracruz llevó a cabo “una búsqueda inmediata” del periodista desaparecido.
Las autoridades del gobierno de Veracruz encargadas de la investigación del caso de Moisés Sánchez tardaron 11 días en identificar una cámara de video del C4, ubicada en un punto de acceso y salida principal que conecta Veracruz con el municipio de Medellín de Bravo, donde un grupo armado sustrajo a la fuerza al director del semanario La Unión el pasado 2 de enero.
Así lo revela la organización civil Artículo 19 luego de tener acceso al expediente de la investigación como asesores legales de la familia del comunicador. En ese expediente, el equipo legal de la organización defensora de la libertad de expresión expone que existen muchos otros elementos para sostener que, contrario a las afirmaciones de la procuraduría veracruzana, nadie en Veracruz llevó a cabo “una búsqueda inmediata” de Moisés Sánchez.
Estos son los elementos:
11 días después, autoridades no tenían conocimiento de una cámara de video cercana al lugar de los hecho
En el expediente hay una solicitud por parte de las autoridades para revisar una cámara de video, aunque Artículo 19 denuncia que el hijo del comunicador ya había señalado a la PGJ estatal la ubicación de otra cámara del C4 que se encuentra en un punto de acceso y salida principal de Medellín. Sin embargo, la autoridad no tomó en cuenta el contenido de esta cámara hasta 11 días después.
“Nos dijeron que no la habían solicitado porque no tenían conocimiento de esa cámara -apunta Artículo 19-. Es decir, fue el hijo de la víctima quien les tuvo que señalar que en ese lugar hay una cámara que puede dar información importante. Y esto fue el día 13. Esto es, 11 días después de los hechos”.
Por ahora, nadie de la familia del comunicador conoce el contenido de la cámara.
Policías municipales no recibieron orden de búsqueda
De acuerdo con la declaración de los policías municipales registrada en el expediente, ninguna autoridad les ordenó buscar al periodista, a pesar de que la familia denunció la desaparición de éste el mismo día en que fue sustraído. En su declaración, los uniformados refieren que tuvieron conocimiento de los hechos hasta tres días después, pero insisten en que en ningún momento se les instruyó u ordenó la búsqueda de Moisés.
Incluso, el juez que otorga el arraigo para los 13 policías municipales argumenta que hubo una omisión y una ausencia de mando.
“Es necesario también recordar que la SCJN ha reiterado que las pruebas obtenidas durante el arraigo de personas otorgado a nivel estatal, es ilícito. Es decir, carece de legalidad y no funge como elemento probatorio en las investigaciones”, apunta Artículo 19.
No hay pruebas periciales ni protocolos de búsqueda
En el expediente no se informa sobre cuáles son las pruebas periciales realizadas que lleven al esclarecimiento de los hechos. Tampoco se informa sobre los operativos y esquemas de búsqueda del periodista, ni cuáles son las áreas o zonas geográficas que se han recorrido para identificar la ruta de escape del grupo armado que se lo llevó. Además, sólo hay una línea de investigación que apunta a una mala relación entre Moisés y el alcalde como posible motivo de la desaparición del periodista.
“Preguntamos quiénes están apoyando la investigación. Es decir, si son policías ministeriales, agentes de la secretaría de seguridad pública, etcétera. Y nos respondieron que necesitan tener información para saber por dónde empezar a buscar”, indica el equipo legal de la organización civil.
“Entonces, estar esperando a que alguien declare algo para dar con el paradero de Moisés, no responde a sus obligaciones de búsqueda inmediata, exhaustiva, seria e imparcial. Nosotros creemos que la búsqueda debería ser muy amplia en términos geográficos, de testigos, de declaraciones, de pruebas periciales, y no sólo ceñirse a ver qué dice alguna persona o los policías detenidos, que hasta el momento en que consultamos el expediente, era la única línea de investigación que estaban siguiendo”, añade Artículo 19, que además denuncia que la familia de Moisés no está recibiendo ningún tipo de información sobre los avances de las pesquisas por parte de la autoridad estatal.
Ninguna autoridad responde a los oficios de búsqueda
En casos de desaparición, las procuradurías tienen protocolos y lineamientos específicos para iniciar la búsqueda. Entre esos protocolos se incluye la emisión de oficios que son enviados a las diferentes autoridades (secretarías de seguridad pública, hospitales, transportes, centros de reclusión, etcétera), las cuales deben responder en 24 horas.
En el expediente de Moisés Sánchez sí están los oficios, pero no se informa sobre el seguimiento que se tuvo que hacer de éstos, ni tampoco incluye las respuestas de las autoridades señalando que, efectivamente, los recibieron.
“Es decir –concluye el equipo legal-, en el expediente se ve que tras la desaparición de Moisés sí hay una actuación de trámite, inicial, pero no hay un seguimiento puntual y efectivo de esos protocolos de búsqueda”.
Autoridades se guían por dichos de informantes
De acuerdo con Jorge Sánchez, el procurador de Veracruz le dijo que las autoridades cuentan con un informante que puede aportar datos sobre la línea de investigación que apunta a una mala relación entre Moisés Sánchez y el alcalde de Medellín de Bravo como posible móvil de la desaparición del periodista. Algo que Artículo 19 considera como “muy preocupante”.
“Nos parece que la actuación del procurador es muy preocupante, porque el hecho de decirle a Jorge que hay un informante y no presentarlo a declarar, habla de que el mismo procurador se está guiando por dichos que además no se están integrando como parte de la investigación”, refiere la abogada.
Errores de forma en la integración del expediente
En el expediente también hay errores graves en la integración del documento. Por ejemplo, las hojas no están numeradas.
“Cada hoja del expediente debe tener un número, un rótulo y un sello –detallan los abogados de la organización civil-. De lo contrario, se podría fabricar o agregar diligencias al expediente, o quitarlas. Simplemente se alteran e incluyen oficios sin ejecutarlos. Nosotros no afirmamos que lo estén modificando –recalcan-, pero el hecho de no cumplir con las cuestiones formales en la integración del expediente, puede prestarse a que esto suceda”.
Inspeccionan taxi de Moisés días después
Artículo 19 refiere que algunas de las pruebas que pudieron haber servido a las autoridades para ampliar las líneas de investigación, o para descartar hipótesis, se han perdido.
“El taxi que manejaba Moisés era de otro propietario, y en lugar de hacer una inspección o un peritaje del vehículo en el momento de la desaparición, permitieron que el propietario se lo llevara sin realizar un peritaje. Se lo requieren al dueño, pero éste se lo lleva y hasta unos días después lo inspeccionaron”, apuntan los abogados.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
La representación en México de la organización internacional indicó que investigan las denuncias de tortura de policías y supuestos criminales, ya que las autoridades han basado en testimonios los avances de la investigación.
Al menos tres personas, de los 98 detenidos por su presunta responsabilidad en el ataque y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, han denunciado que fueron víctimas de tortura, aseguran integrantes la organización Amnistía Internacional (AI).
Se trata “tanto de policías municipales y personas vinculadas a la delincuencia organizada”, cuyos familiares se acercaron a AI para denunciarlo, dice en entrevista Perseo Quiroz, director ejecutivo de la organización no gubernamental.
“Tenemos conocimiento de tres casos, pero eso no implica que sean los únicos. Sabemos que hay un grupo de padres de familia de los detenidos que están organizándose, que están intentando salir a la luz pública (pero) esperaremos sus tiempos”.
Afirma que el equipo de AI aún se encuentra en el proceso de documentación de los casos, toda vez que se trata de una “una alegación seria” en medio de un contexto en el que tortura es una práctica “sistemática” en México.
La denuncia cobra relevancia ya que la Procuraduría General de la República (PGR) ha basado el avance de las investigaciones en las declaraciones de los detenidos.
El 7 de noviembre pasado, el procurador Jesús Murillo Karam informó que tres integrantes del cártel Guerreros Unidos confesaron que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados y posteriormente calcinados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero, aunque hasta el momento no hay resultados científicos contundentes que confirmen los dichos.
Hace dos meses, las autoridades mexicanas enviaron al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria, 16 restos humanos calcinados que fueron hallados en el río Cocula, los cuales presuntamente pertenecen a los normalistas que fueron atacados en un primer momento por policías municipales en Iguala, un municipio cercano, el 26 de septiembre pasado. En un informe presentado esta semana, los expertos dijeron que fue imposible identificar el perfil genético de los restos. Sin embargo, en diciembre dijeron que sí lograron identificar al estudiante Alexander Mora Venancio.
Aunque se pregunta a Quiroz si los denunciantes fueron torturados para conseguir alguna declaración, asegura que aún se encuentran en el proceso de investigación.
“No tenemos conocimiento de todo, pero cuando el procurador da esa conferencia de prensa y muestra a los jóvenes detenidos, varios de ellos claramente aparecen golpeados. No estamos diciendo que ellos sean porque no hemos tenido conocimiento, pero se levantan todas estas dudas en un contexto donde la tortura es usada sistemáticamente”.
Érika Guevara, directora de regional para las Américas de Amnistía Internacional, asegura que ante esta sospecha, la PGR “tiene la responsabilidad de iniciar una línea de investigación seria frente a alegaciones de tortura como uno de los delitos y crímenes internacionales en materia de derechos humanos”.
De acuerdo con cifras de las Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre 2007 y 2011, recibió 110 denuncias por tortura y 4,732 casos de maltrato. En tanto, la PGR, abrió 58 averiguaciones previas entre 2008 y 2011 por este delito, pero solo cuatro resultaron en acusaciones directas y no hubo ninguna en sentencia, revela el informe de AI.
Cuando se investiga un probable caso de tortura, se aplica el Protocolo de Estambul, un mecanismo adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2000 y mediante el cual se documentan los tratos recibidos y se entrega un reporte a las autoridades.
El Ejército debe ser investigado
En conferencia de prensa, los representantes de Amnistía Internacional pidieron que la PGR inicie una línea de investigación sobre la probable participación de elementos del Ejército en los ataques a los jóvenes normalistas el 26 y 27 de septiembre pasado.
“En medio de las preocupaciones sobre la posible complicidad de las autoridades locales y del ejército, es aún más importante que cada línea de investigación se explore a fondo y que no se deja piedra sin remover”, dijo Érika Guevara.
Esto porque a casi cuatro meses de los hechos, las investigaciones encabezadas por la PGR han sido “limitadas e insuficientes” para conocer con el paradero de los jóvenes, mientras que las detenciones de los que se cree como autores materiales han obedecido por los delitos de delincuencia organizada y no por lo ocurrido en Iguala.
Incluso, Perseo Quiroz advierte que parecería que existe un intento de deslegitimar la demanda de los padres de las víctimas, al hacerlos parecer como “intransigentes”, luego de la exigencia por revisar los cuarteles militares.
Ambos integrantes de AI explicaron que los jóvenes que sobrevivieron al ataque han denunciado que elementos del Ejército les negaron el auxilio a los heridos, los insultaron e ignoraron la denuncia sobre el ataque que habían recibido por parte de policías locales la noche del 26 de septiembre.
Guevara aseguró que la denuncia debe tomarse en cuenta, pues “no sería un caso aislado, existe un patrón que va desde la tortura hasta la desaparición forzada” por parte de autoridades del Estado.
México enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio, que no dista de la que tienen países en conflicto armado”, asegura Guevara; prueba de ello es que hay más de 23 mil desaparecidos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
"¿Por qué no actuaron con firmeza ante las evidencias y las denuncias sobre el asesinato de al menos 4 militantes del PRD a manos del ex presidente municipal de Iguala?", es una de las preguntas del senador.
El senador Alejandro Encinas renunció el jueves 22 al PRD, partido al que le lanzó 3 preguntas:
“Es necesario formular algunas preguntas a los dirigentes del PRD.
¿Por qué no han exigido la renuncia y los deslindes de las responsabilidades de los ediles, a quienes la Procuraduría acusa de estar involucrados en el crimen organizado en Guerrero y otros estados del país?
¿Por qué no informan de las relaciones y mecanismos a través de los cuales estos delincuentes accedieron a sus candidaturas?
Y que nos digan: ¿por qué no actuaron con firmeza ante las evidencias y las denuncias sobre el asesinato de al menos 4 militantes del PRD a manos del ex presidente municipal de Iguala (José Luis Abarca) al que pretendían convertir en diputado federal?”.
Encinas dijo ayer que no puede continuar en un partido en el que sus dirigentes guardan silencio sobre el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, pese a que se trata de un municipio y un estado gobernado por el PRD.
“Me voy sin rencor, asumiendo las responsabilidades políticas que me corresponden en este cuarto de siglo. En el PRD dejo compañeras y compañeros entrañables, quienes están convencidos de que pueden rescatar al partido de su marasmo. Yo hice más de un intento”, aseguró Encinas, frente al ex perredista y fundador del partido, Cuauhtémoc Cárdenas; u otros fundadores como Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, todos invitados a su segundo informe como senador de la República, escenario que aprovechó para renunciar al partido -donde mantenía profundas diferencias-, que también ayudó a fundar en 1989.
Otros personajes que lo acompañaron: Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Armando Ríos Piter y Javier Garza.
Encinas agregó que “no se trata de renunciar a un partido para sumarme a otro con el que tengo identidad. La situación actual exige hacer un replanteamiento general de nuestras ideas, propuestas y formas de organización y de vinculación con la sociedad. A ello dedicaré mi mayor esfuerzo”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Ejército Mexicano puede mandar un mensaje de "apertura y de transparencia", si abre sus cuarteles, como lo solicitan los padres de los estudiantes desaparecidos en Guerrero.
Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ayudará a esclarecer lo sucedido con los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero, pero es el gobierno quien está a cargo de la investigación, y ahora -junto al Ejército Mexicano- se le presenta una oportunidad, para mandar un mensaje de transparencia y confianza, sostuvo Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de dicho organismo internacional, en entrevista para Aristegui CNN.
“El Ejército Mexicano puede mandar un mensaje de apertura, de transparencia, para entender que hoy también las fuerzas militares son instituciones de la democracia”, refirió sobre
“Entendemos que pueden verse estas instalaciones como instalaciones de seguridad nacional, pero también entendemos que la generación de certeza, trasparencia en la normalidad democrática, puede ayudar a estos fenómenos, creo que hay que alejarse de divisiones, de amenazas y riesgo como si se estuviera atentando contra las instituciones nacionales, me parece que el Ejército y el gobierno mexicano tienen una clara oportunidad, para mandar un mensaje de transparencia y confianza”, subrayó.
Además, señaló que para visitar los cuarteles -como lo piden los padres de Ayotzinapa-, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) puede ser decisiva.
Sobre la asistencia técnica que la CIDH brindará en este caso, Icaza explicó que un grupo de expertos independientes “busca ser una unidad de trabajo profesionalizada, autónoma, independiente y con una alta capacidad técnica que esencialmente van a desarrollar tres trabajos contenidos en un documento de asistencia técnica”.
“Son tres líneas: la primera es la realización de una evaluación de qué está haciendo el Estado Mexicano en materia de planes de búsqueda; la segunda, es una revisión del trabajo que se hace en materia pericial y en materia penal, que tenga inclusive que ver con trabajos de criminalística; y la tercera, es una evaluación-revisión de lo que se hace en materia de atención victimal”, detalló.
“Son estos tres grandes componentes los que dotan en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzianapa, el grupo de expertos puede hacer también recomendaciones de carácter general, el problema en estructural que pueda ser atendido, este grupo de expertos bajo la figuras jurídicas mexicanas como la coadyuvancia u otras, pudiera incluso hacer denuncias penales si se encuentran elementos para ubicar algunas responsabilidades como resultado de su trabajo”, agregó.
Pero aclaró que “la responsabilidad de la investigación de los hechos es del Estado Mexicano, de la Procuraduría General de la República (PGR) y las instancias competentes. No le toca a la cooperación internacional sustituir a los actores, es su atribución y más en este caso, porque estamos ante un escenario de desaparición forzada, un escenario de desaparición forzada supone una responsabilidad de los agentes del Estado y por lo tanto una responsabilidad del Estado, que es ineludible”.
Detalló que el grupo de expertos “viene a intervenir para coadyuvar, para generar los mayores elementos de certeza, tratar de contribuir a generar una dinámica institucional que ayude a la no repetición de estos hechos, o en su caso a generar capacidades institucionales para investigar de mejor manera este tipo de fenómenos”.
También recordó que en el caso Ayotzinapa “hay un hecho de responsabilidad local en Iguala y estatal en Guerrero y que es un fenómeno del que se tienen que hacer cargo también las autoridades de ese nivel, porque no se puede desdibujar la responsabilidad de estos niveles de gobierno dejándolo solo en un debate a nivel federal”.
“Queda la preocupación de que los esfuerzos no están siendo el tamaño del desafío, México es un país con muchos recursos y muchas capacidades y ojalá pusiera más recursos y más capacidades en buscar a las personas, que el interés que ponen los partidos políticos en buscar votos con recursos públicos”, apuntaló Emilio.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ciudad de México, 22 de enero: Alejandro Solalinde Guerra denunció que en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto pareciera haberse iniciado “una campaña de exterminio contra muchachos antisistémicos”. Dijo que lo ocurrido en Iguala con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa es una foto de cómo actúa el gobierno mexicano.
“Pareciera que Peña ha iniciado una campaña de exterminio contra muchachos antisistémicos [...] lo que vivimos en México es muy serio. Ayotzinapa fue la foto que pudimos tomarle al Estado acerca de su actuar”, manifestó el fundador del Albergue Hermanos en el Camino durante el “Dialogo nacional: criminalización y militarización de la protesta social en México” realizado el día de ayer en el campus Xochimilco de la Universidad Autónoma de México (UAM).
Solalinde Guerra refirió que es necesario cambiar el sistema neoliberal porque, dijo,”tenemos que darnos cuenta que [es] el enemigo número uno del país, el que ha propiciado el contexto actual mexicano”. El religioso dijo que “el neoliberalismo ha llevado a posicionar al dinero como un ‘Dios‘ e incluso se ha impuesto a la política”.
Al denunciar esta situación, el padre Solalinde dijo que “es fundamental divulgar la voz, informar a la gente sobre la realidad, es necesario darnos cuenta que el gobierno nos ha dado la espalda y así, a partir de la concientización, construir el cambio”.
Dijo que con los recursos de la Iglesia Católica, en México se podría iniciar una “revolución pacífica”. Comentó que “la Iglesia es un gran recurso para iniciar el cambio, lo malo es que sus medios están mal implementados”.
“Yo hablo de una revolución pacifica, tenemos que tomar conciencia, tenemos que informar a la gente y contribuir a la organización desde abajo y esto sin escondernos, debemos de ser abiertamente subversivos y decirle al sistema: no te queremos”, dijo Solalinde Guerra.
Dijo que la población debe decirle al gobierno “que nos ha traicionado y dejarle en claro que si vuelve a desaparecer a un estudiante más, le vamos a reventar por la vía de la inteligencia”.
“Decirle al gobierno que no es querido o bienvenido y decirle de frente que sus días y horas están contadas, que desde abajo se va a organizar para reventar a este mal gobierno”, añadió.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-01-2015/1226345.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, impedir a los niños salir a la calle es la principal medida de prevención adoptada por 69% de la población.
Debido a la inseguridad, los mexicanos dejaron de realizar al menos 12 actividades cotidianas como salir a divertirse, visitar amigos, caminar en la calle por la noche o viajar por carretera para evitar ser víctimas de algún delito.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada desde hace cuatro años, las rutinas han cambiado. Los datos más recientes, correspondientes a 2014, revelan que impedir a los niños salir a la calle es la principal medida de prevención adoptada por 69% de la población.
Ésta es la primera vez que se registra este resultado, pues la medida más recurrente durante 2012 y 2013 fue dejar de usar joyas con 63 y 65%, respectivamente. Este año, esta medida se ubicó en segundo lugar, con 67%.
En tanto, 53% no sale de noche, 52% ya no lleva dinero en efectivo y 42% prefiere no llevar la tarjeta de crédito o débito. En tanto, 34% eliminó de su rutina salir a caminar por la noche, 33% dejó de visitar a amigos y familiares y 31% no usa taxi.
Para evitar ser víctima de algún delito, los mexicanos también renunciaron a la recreación y la cultura, pues 29% evita salir a comer o cenar, 29% ya no va al cine ni al teatro, 27% dejó de ir al estadio y 22% no viaja por carretera a otro estado o municipio.
Este tipo de decisiones puede explicarse con otro indicador referente a la poca confianza que los mexicanos tienen hacia los servidores públicos. Entre septiembre de 2013 y diciembre de 2014 la percepción sobre la “poca o nada” efectividad de la policía fue en aumento al pasar de 66 hasta 70%.
En la encuesta de 2014, solo 28% de la población mayor de 18 años aseguró que percibió el desempeño de la policía como “muy o algo efectivo”.
Durante diciembre de 2014, 73% de los encuestados consideró que “en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro”. Esto también representa un aumento con respecto a los años anteriores, cuando en 2011 fue de 69%, el año siguiente aumentó a 66% y en 2013 fue de 72%.
La percepción sobre la seguridad se alimenta de las situaciones que los ciudadanos padecen a su alrededor, como lo revelan los datos de la encuesta, donde aseguraron que las conductas delictivas o antisociales de mayor frecuencia que han escuchado o han visto en los alrededores de su vivienda en los últimos tres meses fueron el consumo de alcohol en las calles (68%), robos o asaltos (67%) y vandalismo (60%); mientras que las de menor frecuencia fueron: venta o consumo de drogas (41%), bandas violentas o pandillerismo (36%) y disparos frecuentes con armas (27%).
La ENVIPE estima 22.5 millones de víctimas mayores de 18 años, “lo cual representa una tasa de 28 mil 224 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2013, cifra estadísticamente diferente a la estimada para 2012”, cuando se registró una tasa de 27 mil 337 víctimas. También esta cifra representó un aumento en comparación con 2011 cuando hubo una tasa de 24 mil 317 víctimas.
Con estos datos, 58% de los ciudadanos entrevistados considera que la inseguridad y delincuencia es el principal problema en su entidad federativa, seguido del desempleo (46%) y el aumento de precios con 37% e incluso la pobreza (30%).
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
Los directivos de la Universidad del Valle de México en Nuevo Laredo, Tamaulipas, recibieron amenazas de extorsión, secuestro y ataques directos contra la institución estudiantil; por lo que cerraron sus instalaciones desde el pasado 15 de enero.
Un campus de la Universidad del Valle de México (UVM) localizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cerró sus puertas por amenazas del crimen organizado y no retomará sus actividades hasta que las autoridades garanticen un ambiente de seguridad para directivos, administrativos, docentes y estudiantes de la institución, confirmó este jueves 22 de enero la vicepresidente de Asuntos Públicos y de Comunicación de esa Universidad, Sofía Anaya.
“Hemos recibido amenazas del crimen y esto atenta directamente contra la comunidad UVM, por lo que hemos decidido cerrar las puertas del plantel en Nuevo Laredo”, dijo Anaya en entrevista con Denise Maerker en Atando Cabos de Grupo Radio Fórmula.
La directiva agregó que recibieron amenazas de extorsión, secuestro y ataques directos contra la institución estudiantil, por lo que tuvieron que cerrar sus instalaciones desde el 15 de enero pasado.
“Por causas de fuerza mayor el campus UVM Nuevo Laredo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”, anunció la universidad a través de su cuenta de Facebook.
El secuestro del director de la UAT
El director de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) campus Reynosa-Rhode, José Guadalupe Rivera Martínez, fue secuestrado el 26 de diciembre pasado, confirmó este miércoles 21 de enero el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ismael Quintanilla Acosta.
En entrevista con Milenio, el procurador estatal dijo que los familiares del directivo presentaron su denuncia ante la PGJE por el secuestro de Rivera Martínez.
“Los presuntos captores se han comunicado con la familia y han solicitado un rescate, pero los familiares no han querido ceder porque no les han dado pruebas de que el señor esté vivo”, señaló el procurador Ismael Quintanilla, quien añadió que el directivo de la UAT fue plagiado afuera de su domicilio.
El rector de la UAT, Enrique Carlos Etienne Pérez del Río, ha solicitado a la policía estatal que refuerce las medidas de seguridad en los diferentes centros educativos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de acuerdo con un coumunicado enviado a los medios de comunicación.
Tamaulipas ocupó el primer lugar en cuanto a las denuncias de secuestro presentadas en México, en 2014, al registrar el 17.25% de los casos, según cifras de las procuradurías de Justicia de las entidades reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Policías estatales irrumpieron en el Congreso de Oaxaca, donde se celebraba la comparecencia del titular de la SSP, Alberto Esteva, como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno.
Oaxaca, Oax. Elementos de las policía estatal irrumpieron en el Congreso del estado, donde se celebraba la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alberto Esteva Salinas, como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno de Gabino Cué Monteagudo.
Esteva Salinas arribó a temprana hora al Congreso junto con funcionarios de su equipo de trabajo. Posteriormente, tras el arribo de los integrantes de la Comisión Permanente de Protección Ciudadana de la LXII Legislatura local, dio inicio el acto encabezado por la titular de la comisión Martha Patricia Escamilla.
A la sede del Congreso arribaron los elementos de la policía estatal -quienes en septiembre pasado realizaron un paro de labores de 15 días- para exigir la destitución del titular de la dependencia, así como aumento salarial y la entrega de uniformes; sin embargo, el cuerpo de seguridad del recinto intentó impedirlo. A empujones y golpes, los uniformados entraron e interrumpieron momentáneamente la sesión, misma que continuó.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JORGE A. PÉREZ ALFONSO
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