sábado, 16 de julio de 2016

Demanda la CNTE al Congreso impulsar la “abrogación” de la reforma educativa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Representantes de las secciones de la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Michoacán de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) demandaron a integrantes del Congreso mexicano la “abrogación” de la reforma educativa y pidieron al Senado que no formen parte de la “administración del conflicto sino de la solución”.

Tras hora y media de encuentro, Francisco Bravo Herrera, de la sección 9 de la Ciudad de México, les demandó a los legisladores que “reconozcan que hay un conflicto en el magisterio. Le pedimos al Congreso actuar al respecto”.

“No pueden ni deben ser parte de la administración del conflicto”, les demandó Bravo Herrera, quien recordó que en los últimos tres años, el gobierno federal les propuso lo mismo que otros legisladores: realizar foros de consulta, escucharlos, pero mantener la misma legislación.

El senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación en el Senado, fue el único que realizó una propuesta concreta: convocar a “un foro de reflexión” para escuchar las propuestas tanto de alumnos, como de maestros, especialistas y autoridades “para alcanzar una propuesta humanista integral”.

En respuesta, Bravo Herrera le comentó a Romero Hicks: “la coordinadora está dispuesta a abonar a una auténtica reforma educativa, pero desde otra perspectiva. Necesitamos que ustedes actúen”.
El líder de la CNTE en la Ciudad de México mencionó la golpiza que un día antes recibieron maestros de la coordinadora en Zacatecas, “por parte de una mafia sindical”, en clara referencia al SNTE, al que calificó como “sindicalismo parásito”.

Juan García García, en representación de la sección 22 de Oaxaca, exigió la abrogación de la reforma porque “lo único que ofrece es un aparato de vigilancia, control y castigo contra los maestros, los niños y las escuelas”.

“Se trata de una reforma autoritaria que fortalece a la burocracia, al centralismo y promueve la uniformidad de contenidos”, sentenció García.

También intervino Héctor Gutiérrez Martínez, de la sección 7 de Chiapas, quien convocó al Congreso a enmendar “el equívoco” de haber aprobado una reforma educativa que no cuenta con consenso social.

Entre los legisladores que participaron, Héctor Adrián Menchaca, del PT, señaló que su bancada fue la única que votó en contra de la reforma educativa. La senadora del PRD, Dolores Padierna, le aclaró que también ella votó en contra.

El senador del PRI Ismael Hernández Deras, reconoció la “apertura” que actualmente tiene el gobierno federal para entablar mesas de negociación con el SNTE y con la CNTE.

“Tomaremos nota” de sus demandas, les dijo el exobernador de Durango, provocando reacciones de descontento entre el grupo de la CNTE. Hernández Deras afirmó que planteará “al interior de mi grupo parlamentario” las propuestas de la coordinadora.

Por su parte, el senador Jesús Casillas, del PRI, afirmó que su bancada va a “coadyuvar” para encontrar una solución en las mesas de negociación de la SEP y de la Secretaría de Gobernación.

Tanto los legisladores del PRI como los del PAN y del Partido Verde se cuidaron mucho en sus intervenciones. No hablaron de “abrogar” la reforma ni tampoco de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir enmiendas a la reforma educativa.

El encuentro, conducido por la senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, culminó sin mayores sorpresas y sin el compromiso de una segunda cita.

De la Peña afirmó que “no le vamos a dar la vuelta” y “no vamos a diseñar tácticas dilatorias a lo que no están planteando”. “Seguiremos en permanente comunicación”, prometió.





Fuente: Proceso
Autor: Jenaro Villamil
http://www.proceso.com.mx/447495/demanda-la-cnte-al-congreso-impulsar-la-abrogacion-de-la-reforma-educativa

Tras demanda de Moreira contra Aguayo, preocupa a AI uso de recursos judiciales para inhibir libertad de expresión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación “por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México”, luego de conocer la denuncia contra el académico y periodista Sergio Aguayo, por publicar una columna sobre la detención en España del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira.


“La opinión publicada por Sergio Aguayo se realizó como parte del ejercicio legítimo de su libertad de expresión. Los asuntos de interés público deben estar sujetos a un amplio escrutinio por parte de diversos actores sociales y, por lo tanto, funcionarios y otras figuras públicas pueden estar sujetos a la crítica sin que dicha actuación vulnere sus derechos humanos”, destacó AI en un comunicado.

Señaló que la demanda de Moreira contra el académico de El Colegio de México exige una retractación de su opinión y el pago de al menos 550 mil dólares por concepto de reparación. Para pedir dicho monto, apuntó, el exgobernador ha pedido al juez que no se aplique el límite máximo que la ley mexicana establece por este tipo de demandas (mil 400 dólares, aproximadamente).

De acuerdo con la organización, toda persona tiene derecho a la protección de su honra y reputación, lo que en ocasiones puede requerir la eventual intervención del sistema de justicia civil. Sin embargo, en este caso particular –apuntó– Amnistía Internacional “está preocupada por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México”.

Consideró, asimismo, que la suma exigida como reparación en la demanda “es excesiva” y podría constituir una forma de sanción e intimidación con efectos inhibitorios de la libertad de expresión en el debate público.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a asegurarse de que el sistema de justicia civil “no sea utilizado para hostigar y desacreditar a las voces críticas mediante la imposición de sanciones civiles que derivan exclusivamente del ejercicio pacífico de los derechos humanos”.

Remató: “Las autoridades están obligadas a garantizar que las y los periodistas puedan desempeñar su trabajo sin miedo a sufrir represalias y satisfacer el derecho de la sociedad en su conjunto a estar informada sobre todos los asuntos de interés público”.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/447464/preocupa-a-ai-posible-uso-recursos-judiciales-inhibir-la-libertad-expresion-en-mexico

Un “basurero” industrial amenaza el Altiplano Potosino

No paran los intentos de saquear la riqueza mineral de San Luis Potosí, ya sea con proyectos de extracción o, en este caso, con negocios derivados de la fuerte presencia de industrias que producen residuos peligrosos. La empresa Citsu, de la que son socios exfuncionarios estatales, pretende construir en la zona de Palula, en el Altiplano Potosino, un confinamiento que recibirá los desechos industriales del centro del país.


SANTO DOMINGO, SLP (Proceso).- De Wirikuta a Palula o de Real de Catorce a Santo Domingo se extiende el Altiplano Potosino, la región más grande del estado, cuyos pobladores se enfrentan a la amenaza de empresarios mineros de convertirla “en el cementerio tóxico del país”.

Casi siempre con ayuda de funcionarios, los empresarios han impulsado e impuesto proyectos como el de Minera San Xavier en el Cerro de San Pedro (región Centro), la mina Peñasquito en Mazapil (municipio zacatecano que comparte territorio con San Luis), el confinamiento de residuos peligrosos La Pedrera en Guadalcázar y la operación de concesiones mineras de Real Majestic en Real de Catorce.

Ésta última fue suspendida ante la lucha del pueblo huichol en defensa de sus territorios sagrados, con el respaldo de activistas y ciudadanos (Proceso número 1807).

Ahora se trata de construir un confinamiento de grandes proporciones para depositar residuos industriales en el rancho Palula, entre San Luis Potosí y Zacatecas, destinado a recibir los desechos de más de 3 mil industrias del centro del país. El enorme riesgo que entraña ya provocó la formación del Comité por la Defensa de la Vida en Santo Domingo y municipios circunvecinos.

Es la segunda tentativa de este tipo en ese municipio. La primera se echó a andar en Santa Ifigenia, donde los promotores no consiguieron el permiso de la autoridad local.

Ejidatarios, empresarios ganaderos, sacerdotes respaldados por la diócesis de Matehuala, y recientemente representantes del pueblo Wixárika (huichol) integran el comité defensor de la vida que rechaza el confinamiento, denominado Centro Tecnológico para el Manejo Integral de Materiales Provenientes de Actividades Industriales y Procesos Extractivos (Cetemim).

A la organización se sumaron como asesores técnicos y legales varios investigadores del Programa de Agua y Sociedad de El Colegio de San Luis y el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, A.C., con el fin de formalizar jurídicamente su lucha social.

En las 20 hectáreas supuestamente autorizadas para el confinamiento se ubican terrenos de uso forestal que forman parte de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), poblada todavía de venados y águilas reales, entre otras especies. La zona de amortiguamiento es de 600 hectáreas.

Sin embargo, los permisos que ya han sido judicialmente impugnados, principalmente por dos motivos: los funcionarios municipales niegan haberlos firmado y los territorios involucrados estarían no dentro de Santo Domingo, sino del lado zacatecano, en Villa de Cos, de acuerdo con registros y documentos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A los habitantes de esta parte del Altiplano Potosino se preguntan:: “¿Por qué voltean a vernos cuando quieren tirar la basura de sus empresas, si nunca lo hicieron para ver qué necesitamos?”.

El empresario y sus políticos

La zona prevista para el confinamiento en Palula está a casi 300 kilómetros de la capital potosina, de los cuales casi 100 son de terracería. Hace meses los habitantes de Santo Domingo vieron con sorpresa que empezó a construirse una carretera, que suponen gestionó la empresa Citsu con ayuda del estado para facilitar el acceso al Cetemim, aunque actualmente la obra está suspendida.

El principal accionista del Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (Citsu) es el empresario minero José Cerrillo Chowell, también propietario de una gran extensión de Palula.

También son socios de Citsu tres integrantes del gabinete del gobernador Fernando Silva Nieto (1997-2003): David Atisha Castillo, secretario de Ecología y Gestión Ambiental; Olegario Garza Grande, contralor general, y Fausto Cervantes Elizondo, titular de la Junta Estatal de Caminos.

El investigador Francisco Javier Peña Paz, del Programa de Agua y Sociedad de El Colegio de San Luis, señala en entrevista: “Este proyecto se caracteriza por avaricia e impericia: no demuestran conocimiento sobre el tema pero sí mucha ambición. Y sabemos que va combinado con el poder político; detrás está el exgobernador Fernando Silva Nieto”.

Cervantes Elizondo apareció en las primeras presentaciones del proyecto a empresarios y medios, en noviembre pasado. Dijo que el Cetemim se instalaría en una zona donde no representa riesgo para la población, puesto que la comunidad más cercana se encuentra a 12 kilómetros y en ella viven 50 personas.

Añadió que en el confinamiento –en el que se invertirán 300 millones de pesos– se recibirán los desechos industriales de 3 mil empresas de San Luis, la Ciudad de México, el Estado de México y la zona del Bajío, por lo que su instalación se considera “urgente” debido a la escasez de este tipo de instalaciones en el país.

Tras afirmar que “el centro no recibirá materiales explosivos, radiactivos, biológicos o infecciosos”, el extitular de la Junta Estatal de Caminos aseguró que el Cetemim ya tenía permisos en materia de impacto ambiental, cambio de uso de suelo forestal a industrial, así como la licencia municipal.

Dos años atrás, en 2013, Cervantes Elizondo anunció que, como parte de un “proyecto para reintroducir especies nativas que han ido desapareciendo”, cuyo promotor era Cerrillo Chowell, se liberarían 200 ejemplares de venado bura, cola blanca y berrendos en 9 mil hectáreas de la UMA Palula. Luego se supo que en realidad se trataba de convertir ese territorio en un coto de caza controlada.

Sin embargo, los pobladores de Santo Domingo y comunidades cercanas se enteraron del proyecto del confinamiento de una manera muy distinta, en agosto del 2015, cuando una mujer que se identificaba como trabajadora social comenzó a acudir al municipio para hablar con la gente y preguntarles cuáles eran sus carencias.

Un campesino narró en un video testimonial elaborado para la lucha contra el confinamiento:

“En agosto del año pasado llegó una trabajadora social de parte de Cerrillo Chowell a hacer una encuesta sobre las necesidades prioritarias de la comunidad. Llegó a mi casa ofreciéndole a mi esposa ayuda a la vivienda: que licuadora, que estufa, que plancha. Ella le pregunta: ¿por qué me quiere dar esto, si no yo no estoy pidiendo nada?”

La trabajadora social contestó que iba de parte del señor Cerrillo Chowell “porque se ha fijado en ustedes, en la pobreza en que viven… Ya se hizo buena gente, quiere ayudarles y les va a regalar lo que necesiten”. La respuesta que da el campesino en el video es: “A lo mejor nos hacen falta muchas cosas, pero no necesitamos de él”.

En esa ocasión la enviada del empresario admitió que se construiría un confinamiento de desechos, pero intentó minimizarlo: “Nada más van a tirar estopas, baterías usadas y otras cosas pequeñas”.

La noticia llegó a oídos del sacerdote Gerardo Ortiz, conocido como Padre Canas, de la Pastoral social de la diócesis de Matehuala, quien buscó apoyo y ayudó a organizar el Comité por la Defensa de la Vida.

El comité se constituyó ante notario público con Édgar Coronados como presidente y representantes de todos los municipios involucrados. Como respaldo técnico se integraron Francisco Javier Peña de Paz, Germán Santacruz y Daniel Jacobo, profesores e investigadores de El Colegio de San Luis, quienes elaboraron un informe sobre las inconsistencias técnicas del proyecto en el aspecto ambiental, mismo que presentaron en una reunión con legisladores locales en abril pasado.

Daño al ambiente, la salud y la economía

Consultados al respecto, los especialistas explicaron que, según datos de la Semarnat, las industrias del país producen alrededor de 2 millones de toneladas de residuos al año. Añaden que esa cantidad sería depositada en el Cetemim antes de cinco años; después de ese lapso, la empresa prevé que se deposite un millón de toneladas anuales.

Al revisar las dos versiones públicas de las Manifestaciones de Impacto Ambiental del proyecto, los investigadores encontraron varias inconsistencias en la información que proporciona la empresa: los volúmenes de material que será confinado y la efectividad de las geomembranas que se emplearán, similares a las que se utilizan en la minería de tajo a cielo abierto para depositar los residuos.

Lo mismo ocurre con las sustancias utilizadas para el tratamiento de los desechos, entre éstas el peróxido de hidrógeno y el ácido nítrico, que en la cantidad que pretende utilizar la empresa resultan altamente riesgosos.

También detectaron que funcionarios de la Semarnat “han intentado enmendarle la plana” a la autoridad local e incluso modificaron los datos de la ubicación del predio, que en la primera manifestación se ubicó en San Luis Potosí y en la segunda ya aparece en Zacatecas.

En el oficio SGPA/DGIRA/DG01368, fechado en 2013, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat “precisa” a los promoventes del confinamiento que las coordenadas que proporcionan de la localización del mismo fueron revisadas a través del Sistema de Evaluación Geográfica de Evaluación de Impacto Ambiental (SEGEIA), “identificando que el predio se localiza en el municipio de Mazapil, estado de Zacatecas, y no en el municipio de Santo Domingo, estado de San Luis Potosí, como manifestó”.

Pero en 2015, en un segundo oficio (SGPA/DGIRA/DG04340), la dependencia se desdice: “El predio para el desarrollo del proyecto está ubicado en el interior del rancho Palula, en el municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí”.

No obstante que la empresa reserva las coordenadas exactas, la Semarnat las menciona en sus dos oficios citados, que firma el director de Impacto y Riesgo Ambiental, Alfonso Flores Ramírez.

Extraña también que dicho territorio sea presentado como “una microcuenca hidrográfica con nulas posibilidades de albergar un acuífero”, puesto que en su investigación Santacruz, Peña de Paz y Jacobo encontraron que la dirección de la Conagua en San Luis Potosí clasificó el mismo lugar como parte del Acuífero El Cardito, perteneciente a la Cuenca Camacho-Gruñidora… que según los mapas de la Conagua se localiza en Zacatecas.

En lo que parece una confesión de parte, la página 129 de la Manifestación de Impacto Ambiental del Cetemim señala: “El proyecto modifica sustancialmente el aprovechamiento del uso de suelo de la zona”, de vocación forestal.

El especialista Peña de Paz señala: “Socialmente el proyecto es de una gran inequidad. Quieren que la gente que no ha sido beneficiada del desarrollo económico pierda aún más cargando con la basura que produce ese desarrollo”.

Advierte que los riesgos que implican esos desechos también afectarían económicamente a los habitantes de la zona, incluidos algunos exportadores de ganado. “Podemos estar viendo el inicio de la construcción de un cementerio industrial muy peligroso, en donde termine viviendo la gente que no puede pagar otro tipo de terrenos, lo que aumentaría mucho la desigualdad social”.

Indica que el confinamiento representa “una amenaza al derecho humano al disfrute legítimo de los productos del trabajo. Al desvalorizar eso se está expropiando años de trabajo de la gente que está en Estados Unidos o en Monterrey y ha realizado estas construcciones con años de ahorros: de repente eso se queda sin ningún valor, sin hablar de los efectos en la salud”.

A decir de los investigadores que asesoran al Comité por la Defensa de la Vida, la Semarnat debió requerir a la empresa un estudio de impacto ambiental regional y no local, opinan los investigadores, pues durante el transporte de los residuos pueden existir riesgos para poblaciones muy grandes, como la de Matehuala.

El pasado 26 de junio, en una reunión en su rancho Guadalupe, en Zacatecas, el empresario minero Miguel Torres Leyva –que tiene su casa en Palula– informó a ejidatarios, propietarios y ganaderos que Cerrillo Chowell acababa de perforar un pozo junto al predio donde pretende instalar el Cetemim y aledaño a un ojo de agua.

“El agua es sagrada, sin agua no hay vida. Con agua envenenada tampoco, eso significará la muerte de la región. Vamos a defendernos con la ley y nuestra decisión de oponernos a esto”, dijo Torres Leyva.

El confinamiento operaría durante los próximos 30 años si se le validan los permisos, suspendidos de manera definitiva por la resolución que emitió el viernes 1 el juez segundo de Distrito en San Luis, Francisco Ramos Silva, sobre el juicio de amparo interpuesto por Ricardo Sánchez García y Guillermo Luévano, abogados del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz y la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis, respectivamente.

Los litigantes comentaron que la Semarnat no ha atendido los requerimientos del juez para entregar los informes que le conciernen sobre las autorizaciones en materia de impacto ambiental.





Fuente: Proceso
Autora: Verónica Espinosa
http://www.proceso.com.mx/447391/basurero-industrial-amenaza-altiplano-potosino

El crimen, dueño del corazón de la CDMX

Un análisis de la delegación Cuauhtémoc admite que sólo en esa demarcación hay cinco cárteles que se dedican tanto al narcomenudeo como a delitos del fuero común: robo, secuestro, extorsión, trata de personas e incluso violación. El corazón de la capital del país ya es territorio hostil para cualquier ciudadano.


CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La delegación Cuauhtémoc, en el corazón de la Ciudad de México, es una de las zonas económicas y políticas más importantes de todo el país; ahí tienen sus centros neurálgicos los poderes Ejecutivo y Legislativo, la Iglesia católica y el sector financiero. Pero también es el epicentro del crimen organizado, que actúa como promotor de células delictivas que se dedican a la venta de droga, tráfico de armas, extorsión, lenocinio, secuestro, piratería, asaltos, violaciones y homicidio.

La demarcación, gobernada por Ricardo Monreal, es la séptima economía del país: contribuye con 4.6% al PIB nacional y concentra 36% del equipamiento y 40% de la infraestructura cultural de la Ciudad de México.

Y en la última década varias de sus colonias –Condesa y Roma, sobre todo– son las de mayor plusvalía inmobiliaria y comercial, y atraen a buena parte de las empresas, comercios y restaurantes más importantes del país.

Este crecimiento comercial, económico e inmobiliario interesó al crimen organizado y a bandas que se han multiplicado sin control.

Según Monreal, en la Cuauhtémoc no existe la delincuencia organizada “protegida estructuralmente por la autoridad policial o alguna autoridad política local, como sí es el caso de entidades o municipios de los estados de Guerrero, Morelos, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa o Jalisco”.

Lo que existe, sostiene el político en un diagnóstico al cual este semanario tuvo acceso, es la delincuencia organizada “como agente promotor o fuente de actividades ilícitas, tales como lavado de dinero, comercio de estupefacientes, trata de personas y secuestros, principalmente”.

El jefe delegacional menciona un informe de la agencia antidrogas de Estados Unidos, fechado en noviembre pasado, que identificó la presencia operativa de al menos cinco cárteles en la Ciudad de México:

El de Sinaloa, que maneja los cargamentos de droga en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y su distribución en el corredor Tepito-Lagunilla; el de los Beltrán Leyva, en la venta de estupefacientes en antros y bares de las colonias Centro, Condesa y Roma; Los Zetas, vinculados con robo, contrabando de mercancías y trata de personas en el corredor Eje Central-Merced-Circunvalación; el del Golfo, en robo de mercancías y secuestros en el Centro, Tepito y La Lagunilla; y Los Caballeros Templarios, en secuestros y extorsión a los comercios del Centro, La Merced y Eje Central.

La baraja desplegada

De acuerdo con el diagnóstico de Monreal –expuesto el 27 de abril pasado en el seminario Violencia y Paz, en El Colegio de México–, de las 23 actividades ilícitas propias de la delincuencia organizada, en la delegación Cuauhtémoc se tiene registro de que ocurren al menos 10: tráfico de estupefacientes, trata de personas, lenocinio, contrabando de bienes y servicios diversos, falsificación de documentos, homicidios calificados, piratería, extorsión, secuestro y tráfico de armas.

Como ejemplo de la presencia operativa del crimen organizado en la Ciudad de México cita el caso de la desaparición forzada de 13 jóvenes del bar Heaven, en la Zona Rosa, en mayo de 2013.

El delegado señala que este hecho fue una expresión de la rivalidad entre dos grupos locales: Unión Tepito y la Unión Insurgentes o Unión Condesa, que están relacionados con cárteles poderosos.

“A partir de este hecho se estableció una línea de vinculación entre la Unión Tepito y el Cártel de los Beltrán Leyva, principales distribuidores de drogas en bares y antros de la Ciudad de México”, se lee en el diagnóstico.

El informe del delegado hace referencia a la publicación del diario Reforma que refiere que el grupo Unión Tepito controla el mercado de la droga en la Ciudad de México. Dicha agrupación supuestamente surgió en 2009 como una especie de autodefensa de los comerciantes del famoso barrio ante las amenazas de La Familia Michoacana. Una vez que lograron repeler a esta banda del crimen organizado, la Unión Tepito se convirtió en el grupo delincuencial dominante.

Violencia cotidiana

De acuerdo con las autoridades, en la delegación Cuauhtémoc actúan grupos que no son propiamente de la delincuencia organizada, sino que se concentran en delitos del orden común, como robo a transeúnte, a casa habitación, a comercios, automóviles, transporte público y asalto a cuentahabientes.

Estos delitos se concentran en la mitad de las 33 colonias que la integran, sobre todo en la Centro, Doctores, Guerrero, Roma, Santa María la Ribera, Morelos, Obrera, Juárez, Atlampa, Tránsito y Peralvillo.

El año pasado la delegación Cuauhtémoc fue la tercera más violenta de la Ciudad de México, sólo detrás de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, que registraron los más altos índices de hechos delictivos.

En el informe aludido se reconocen con puntualidad los lugares de mayor incidencia delictiva. Incluso, en algunos casos –como en el de robo en transporte público– se ubican las calles más peligrosas (Arcos de Belén, Avenida Hidalgo, Balderas y José María Izazaga) y las horas en que se cometen más robos: de 12:00 a 16:00 horas.

Precisa, por ejemplo, que de los 419 robos en transporte público, 319 se perpetraron en el Metro, 55 a bordo de un microbús y 45 en un taxi. De los casos registrados dentro del Metro, las estaciones con mayor incidencia en horas pico fueron Hidalgo, Balderas, Pino Suárez, Chapultepec, Bellas Artes, Juárez y San Cosme.

Los 55 hurtos en microbús se realizaron principalmente en Pino Suárez, Eje 1 Norte, Chimalpopoca, Circunvalación, Ciprés, Eje 2 Norte, Avenida del Trabajo y la calle Naranjo.

El principal modus operandi en este delito es que dos o más sujetos abordan la unidad y con arma de fuego o arma blanca amenazan a los usuarios y los despojan de sus pertenencias. En otras ocasiones sólo el chofer realiza el atraco.

En la mayor parte de los 45 casos de robos en taxi, los agraviados recuerdan que abordaron el transporte en la Zona Rosa o en las colonias Condesa, Roma, Centro o Doctores, aunque precisaron que las calles donde se registra el robo estaban lejos del lugar donde ocuparon el servicio.

En el caso de los robos a transeúnte, se registraron en mayor medida en Eje Central, República de El Salvador, Doctor Arce y Eje 1 Poniente Guerrero de las colonias Centro, Doctores, Guerrero, Roma Norte y Morelos, de las nueve de la mañana al anochecer. De la misma manera ocurre con el robo de vehículo en las calles Amado Nervo, Enrique González Martínez y Guadalajara, de las colonias Santa María La Ribera y Roma Norte, así como en las colonias Centro y Doctores.

De acuerdo con el diagnóstico, en los casos de robo a negocio, el año pasado se iniciaron 400 averiguaciones. En más de 90% de estos casos, sujetos armados fueron los que despojaron a los dependientes o a los dueños del dinero de sus ventas.

En los casos de homicidio se advierte un aumento importante, de 71 a 116 casos en un año. Además de 152 lesionados por arma de fuego sin que se sepa el estatus final de las personas heridas.

De lo que sí se tiene registro es de las calles donde se han cometido la mayor parte de los homicidios en las colonias Centro, Guerrero y Peralvillo. La calle de Toltecas, con seis casos, es la de mayor registro. En el número 83 de esa calle se encuentra una vecindad donde se consumen drogas. También en la calle de Jesús Carranza hay cuatro vecindades donde se venden estupefacientes.

Otro de los delitos con una tendencia al alza es la violación. Durante 2015 se presentaron 82 averiguaciones previas ante la autoridad ministerial, superando por más del doble a las 38 de 2014.

El modus operandi que refieren muchas de las víctimas consiste en que los atacantes las suben a vehículos de transporte público y más adelante las violan. Las colonias de mayor incidencia son Centro, Peralvillo, Morelos, Obrera y Doctores. Las calles más peligrosas son Calzada de Guadalupe, Lucas Alamán y el Zócalo capitalino. Las horas de mayor peligro van de las 18:00 a las 23:00 horas.

El análisis asegura que el robo a casa habitación es uno de los delitos más aterradores y preocupantes para los ciudadanos, ya que vulnera la privacidad y el espacio familiar. También ha ido en aumento: en 2014 se registraron 42 casos con averiguación previa y en 2015 fueron 52. Las colonias con mayor cantidad son Roma Sur, Centro, Atlampa, Tránsito y Doctores, en las calles Anáhuac, Tonalá, Ayuntamiento y Fray Servando Teresa de Mier.

En cuanto a delitos contra la salud, durante 2014 se levantaron 208 averiguaciones, en 2015 fueron 87 y en lo que va de este año suman 23.

Ocho de cada 10 averiguaciones fueron por posesión de mariguana en las calles Eje 1 Norte (94 eventos), Jesús Carranza (88), Reforma (68), Argentina (26), Avenida del Trabajo (17) y Bolívar (nueve).

En su diagnóstico, el jefe delegacional admite que se tienen identificados inmuebles donde se comercializan diferentes tipos de drogas y las formas en que se trafican.

“El domicilio es punto de venta de droga. Es una vecindad cuya puerta permanece cerrada y para acceder es necesario tener la llave. Cabe señalar que la puerta de acceso está reforzada con herrería, para darle una mayor protección en caso de que alguna autoridad pretenda ingresar al inmueble. Para la distribución de la droga hacen uso de motonetas, circulando entre los puestos ambulantes del tianguis, las unidades habitacionales y en sentido contrario a la circulación de los vehículos.

“La venta se hace mediante el uso de ‘burreros’, siendo éstos personas en situación de calle, menores de edad o adultas mayores, en su mayoría adictos a alguna droga: ‘Llevan y traen’ a cambio de un poco de ésta. Sobre la calle de Carbajal, desde Peralvillo hasta Paseo de la Reforma, se puede observar a estas personas que sirven de ‘burreros’ en el acarreo de la droga para su venta. Quienes se dirigen a comprar saben que el intercambio se efectúa a través de ellos. Algunos de los personajes que habitan en el domicilio señalado tienen cuentas pendientes con la justicia o están cumpliendo con éstas mismas.”

En dicho informe se reconoce a una banda llamada Los Villafán Ríos que opera en la calle Jesús Carranza 22, en Tepito, considerada una de las más peligrosas de toda la delegación.

Se explica en el documento: “Aprovechándose de la alta afluencia de personas que acude al tianguis y a la protección que les brindan los puestos, los distribuidores se apostan en la puerta de la vecindad para vender la droga, desde donde tienen una amplia visión en caso de que arribe la policía, y así puedan introducirse inmediatamente a la vecindad, incluso sin la necesidad de correr o esconderse entre los edificios, ya que una vez adentro aseguran la puerta para no permitir ni el acceso ni la salida del sitio.

“Otro modo de operar la venta de droga es usando a personas del sexo femenino de distintas edades, desde menores de edad hasta adultas mayores. Colocan en la entrada de la vecindad puestos de venta de alguna mercancía menor, como dulces, calcetines u otro objeto pequeño que usan para poder tener y vender la droga.

“Las veces que se han hecho revisiones, la actitud con la que reciben a la policía es violenta: lo mismo mujeres que hombres y menores de edad no permiten que se les revise. Las femeninas amenazan a los uniformados con acusarlos ante la autoridad por haberlas ‘manoseado’ o ‘acosado sexualmente’, impidiendo con ese tipo de actitud que se pueda llevar a cabo una revisión. El ‘cliente’, al tener en su poder la droga, trata de llegar a la estación del Metro Lagunilla para salir del barrio, camina sobre Jesús Carranza hacia el Sur y al Eje 1 Norte hacia el poniente e ingresa al Metro.”

Los hermanos Mario y Héctor Villafaña Maya están identificados como los jefes de la banda que opera en el inmueble de Jesús Carranza 22.

“Los lugareños saben que los herederos de estas conductas siguen operando de manera abierta y con mejores desarrollos tecnológicos, lo que les permite ser más eficientes en sus tareas criminales”, reconoce el diagnóstico.

Finalmente, otro de los fenómenos de violencia que padece la delegación es el de lesionados con armas de fuego, que también creció. En 2014 hubo 107 casos y un año después se registraron 152. Sin embargo, sólo fueron 29 remisiones por el delito, quedando 123 casos impunes. No se sabe cuántos de estos heridos perdieron la vida.

Cuauhtémoc, la delegación que se denomina “el corazón de la Ciudad de México”, está padeciendo un alza en la delincuencia y la violencia. Y aunque su delegado sostiene que el crimen organizado no existe como delincuencia protegida por la autoridad, si está la presencia de cinco cárteles como “promotores” o “fuentes” de actividades ilícitas.





Fuente: Proceso
Autor: José Gil Olmos
http://www.proceso.com.mx/447390/crimen-dueno-del-corazon-la-cdmx

Juez ordena libertad de activista en Edomex; pendiente, tercera acusación en su contra

ECATEPEC, Edomex. (proceso.com.mx).- Por considerar que no existen pruebas para confirmar su responsabilidad en el delito de robo con violencia asentado en la Carpeta de Investigación 1718/2015, el juez Décimo tercero de Distrito con Residencia en Naucalpan, Agustín Gaspar Buenrostro Massieu, ordenó la liberación inmediata del activista José Humbertus Pérez Espinoza, recluido en el penal de Chiconautla desde el pasado 4 de noviembre.

“El juez señaló que no se presentan indicios de prueba para haberme inculpado y vinculado a proceso”, expuso el además presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C.

No obstante, el activista aún no podrá abandonar el Centro de Readaptación Social, debido a que fue acusado por el mismo delito en tres carpetas de investigación distintas; en dos de ellas ya resultó absuelto, mientras por la 63/2016 enfrenta el proceso bajo prisión preventiva y se mantiene a la espera de los resultados de un tercer amparo.

En esta última, a pesar de que la Fiscalía solicitó ampliar el plazo de presentación de pruebas dos meses, nunca entregó el arma de fuego con la que presuntamente Humbertus habría cometido el delito que se le imputa.

El juez Mario Iván Chávez Picazo le negó la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad bajo caución, con el único argumento de que no existen elementos suficientes para modificar la medida cautelar.

El artículo quinto transitorio del nuevo Código Penal Federal vigente desde el pasado 18 de junio en todo el país, establece que el delito de robo en que no se haya empleado arma de fuego será procesado bajo medida cautelar.

Es decir, detalló Pérez Espinoza, cuando para cometer el robo se haya utilizado violencia con cuchillos, desarmador o violencia moral, que no forman parte de la cadena de custodia, y en este caso que no fue localizada el arma, no procederá la prisión preventiva, sino el proceso se enfrentará en libertad bajo caución.

Advirtió que esta determinación sólo ratifica que su reclusión responde a intereses políticos, tras recordar que ya quedó demostrado que las carpetas en su contra fueron fabricadas, pues en dos de ellas se demostraron contradicciones de la parte acusadora.

Pérez Espinoza confió en que este nuevo triunfo jurídico –el juez determinó que las pruebas testimoniales aportadas por la Procuraduría mexiquense no son idóneas ni determinantes para demostrar la responsabilidad penal-facilitará su libertad.

Con la determinación, señaló, “se derrota a la infamia, la mentira, la calumnia, la perversidad, la maldad, la crueldad y, sobre todo, la enfermedad mental de encarcelarme, así como perseguir a mi familia y a los dirigentes de nuestro movimiento”.

El activista se autodenomina preso de conciencia porque ha señalado la colusión en diversos fraudes inmobiliarios concretados por constructoras como Urbi, Vinte, Geo y Sadasi –a quienes ha ganado diversas demandas- de autoridades priistas, como el alcalde de Tecámac, Aarón Urbina; Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano, ex secretario de Desarrollo Económico e hijo de Manuel Cadena, secretario general de gobierno del exgobernador Arturo Montiel.

Además, ha señalado deficiencias del sistema de justicia estatal, y acusado al gobernador Eruviel Ávila, al procurador Alejandro Gómez, y al presidente del Poder Judicial, Sergio Medina, de proteger a los responsables de los fraudes inmobiliarios.





Fuente: Proceso
Autora: Veneranda Mendoza
http://www.proceso.com.mx/447532/juez-ordena-libertad-activista-en-edomex-pendiente-tercera-acusacion-en-contra

Exige la CNTE en el Senado no administrar el conflicto

En el primer acercamiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el Congreso federal, senadores y diputados de la mayoría de las fuerzas políticas se comprometieron a analizar las demandas del magisterio disidente acerca de derogar la reforma educativa.

La respuesta más clara a la CNTE provino del presidente de la Comisión de Educación del Senado, el panista Juan Carlos Romero Hicks, quien solicitó a los maestros aprovechar el acercamiento con el Congreso para plantear cambios a la legislación a partir de propuestas concretas.

Fue un encuentro respetuoso de más de una hora, en el que cinco representantes de la CNTE expresaron ante la Segunda Comisión de la Permanente que la mal llamada reforma educativa demostró que no funciona y sólo ha logrado crear un fuerte conflicto magisterial y social, que puede derivar en unainsurrección.

Demandamos el diseño de una reforma que incluya el nuevo modelo educativo que el país requiere, expuso el profesor Héctor Gutiérrez Martínez, de la sección 7 de Chiapas. Francisco Bravo, de la sección 9, resaltó que la petición concreta de la CNTE es que el Congreso actúe, porque de otra manera el encuentro va a ser sólo anécdota.

Insistió en que los tres años recientes lo único que han encontrado es que se administre el conflicto.Apostarle nuevamente a desgastar, a dar tácticas dilatorias sería un error, porque los maestros vamos a continuar en la lucha, resaltó.

El saldo por oponerse a esa ley punitiva y discriminatoria es de 20 personas asesinadas, cientos de órdenes de aprehensión, más de 100 profesores detenidos y 40 presos políticos, destacó la profesora Graciela Rangel, de la sección 18, de Michoacán.

Luego de escuchar a los profesores, el senador Héctor Menchaca (PT) resaltó que su bancada y la de Morena respaldan la demanda de derogar la reforma. Los senadores Ismael Hernández Deras y Jesús Casillas (PRI) resaltaron que se llevarán las propuestas de los maestros disidentes a su bancada para que se analicen en la próxima sesión plenaria.

Romero Hicks incluso se comprometió a ser intermediario para que el modelo educativo que habrá de presentar la Secretaría de Educación Pública (SEP) se haga con la participación colectiva de todos los interesados, entre ellos la CNTE, con el propósito de que el modelo propuesto sea humanista, integral e incluyente.

El panista dijo que propondrá que el Senado efectúe un foro de reflexión para escuchar las propuestas sobre el modelo educativo.

La presidenta de la Segunda Comisión de la Permanente, la senadora Angélica de la Peña (PRD), dejó claro que el Legislativo no le dará la vuelta al problema. No estamos pensando en absoluto que después de esta reunión los vamos a abandonar; no vamos a ir con tácticas dilatorias. Es muy importante que todos estemos reconociendo que estamos frente a un conflicto y que es necesario transitar hacia una solución concreta.

De la Peña pidió a la CNTE tiempo para reflexionar con los grupos parlamentarios de ambas cámaras la respuesta a las demandas planteadas y proponer otra reunión.

Al final, el secretario general de la sección 9, Enrique Enríquez, dijo que consideró positiva la reunión, ya que fueron escuchados y se aceptó hablar de cambios a la reforma educativa, lo que antes era impensable.





Fuente: La Jornada
Autora: Andrea Becerril
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/16/politica/006n2pol

Reforman ley en Morelos que privatiza Instituto de Crédito

En una sede alterna, a puerta cerrada y resguardados por policías, 24 de los 30 legisladores locales aprobaron reformas a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (ICTSGEM), mediante la cual se autoriza que la banca comercial administre los recursos de los 25 mil empleados y que después les presten sus propios ahorros a una tasa de interés alto; se otorga al gobernador Graco Ramírez el control del organismo, pues le aumentaron de seis a ocho espacios en el consejo directivo y a los sindicatos les disminuyeron de cinco a tres.

Jesús Román Salgado, dirigente sindical del Congreso, y Ana Lilia Ocampo Castrejón, lideresa de jubilados y pensionados, recordaron que entre las observaciones que ellos hicieron llegar al diputado Jaime Álvarez Cisneros, de Movimiento Ciudadano, autor de la iniciativa, fue, entre otras, que no estaban de acuerdo en que la banca comercial administre los recursos de los trabajadores, pero aun así la reforma fue aprobada por los diputados corruptos y traidores de los trabajadores.

Debido a que no se permitió el acceso a reporteros a su sesión de la noche del jueves y tampoco la legislatura emitió comunicados de lo aprobado en las oficinas de Cataluña,casi en la clandestinidad, los informantes dijeron que la reforma aumenta la cuota de aportaciones al instituto de 4 a 6 por ciento para ese millonario fondo que controlará el mandatario estatal.

Además reformaron más de la mitad de esa ley sin consultarla con el consejo directivo, como marca la ley vigente del instituto. Con la reforma,la interpretación de la ley quedará sólo en poder del gobernador o la secretaría o dependencia al que esté sectorizado el instituto.

Los cinco legisladores panistas y el del Partido Humanista votaron en contra. Las otras fracciones, incluida la de Morena, votaron contra los trabajadores, dijeron los dirigentes sindicales. Anunciaron que lucharán para revertir la reforma y evitar que el gobernador controle los miles de millones de pesos que aportan los 25 mil trabajadores al ICTSGEM.

Román Salgado, Ocampo Castrejón y Leticia Castro, secretaria general del Sindico Único del Tribunal de Justicia; Argelia Corona, del sindicato del Poder Ejecutivo, y Otilia Reyes Soto, lideresa del sindicato del ayuntamiento de Cuernavaca anunciaron que interpondrán amparos y realizarán manifestaciones.

Después de las 17 horas los trabajadores se concentraron frente al Congreso para repudiar las acciones de los diputados vendidos y sumisos que todo le aprueban al gobernador perredista.

Aprueban dos créditos

Fidel Demédicis, senador del Partido de la Revolución Democrática, informó a los dirigentes sindicales que Rodrigo Gayosso Cepeda, líder estatal del sol azteca e hijastro del gobernador, fue quien planeó esta reforma y manipuló a los diputados locales para privatizar ese Instituto.

El legislador federal aseguró que algunos diputados le confirmaron que el mismo jueves también aprobaron dos líneas de crédito por un total mil 800 millones de pesos al gobernador Graco Ramírez.





Fuente: La Jornada
Autora: Rubicela Morelos Cruz
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/16/estados/024n1est

Libre, secretario de finanzas de la sección 22

Ciudad de México. El profesor Aciel Cibaja Mendoza, secretario de finanzas de la sección 22 de Oaxaca, fue liberado la mañana de esta sábado de la penitenciaria de Santa María Ixcotel, a donde fue traslado la madrugada de hoy desde el Centro Federal de Readaptación Social número 13 de Miahutlán de Porfirio Díaz del estado.

Hugo Serafin Paz, abogado de los dirigentes de la sección 22, informó que en las próximas horas podría concretarse la liberación del secretario general del magisterio oaxaqueño, Rubén Núñez Ginés, pues enfrenta las mismas acusaciones del fueron común que Ciaba Mendoza, robo y tentativa de homicidio.

También confirmó la liberación del profesor Othón Nazariega Segura, de la sección 22 y quien fue detenido en octubre pasado.

Serafin Paz confirmó que, luego del traslado de Cibaja Mendoza al penal de Ixcotel, el juzgado segundo fijo la audiencia donde se estableció la libertad bajo caución, por lo que antes de las siete de la mañana fue liberado.

El maestro Aciel Cibaja, dijo, ya se encuentra con sus familiares, y estamos a la espera de que también se concrete la libertad de Núñez Ginés. Destacó que aún faltan por ser trasladados al penal de Ixcotel tanto el dirigente de la sección 22, como el secretario de organización Francisco Villalobos, y el maestro Heriberto Magariño.





Fuente: La Jornada
Autora: Laura Poy Solano
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/16/liberan-a-secretario-de-la-seccion-22-en-oaxaca

'Charrazo' en Zacatecas; el SNTE impone líder seccional

El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) impuso la madrugada de ayer a Soralla Bañuelos de la Torre como dirigente de la sección 34 del gremio, luego que el jueves un grupo de porros reventó el congreso seccional donde la disidencia magisterial presumía tener la mayoría de votos.

Bañuelos de la Torre, licenciada en derecho, es diputada federal del partido Nueva Alianza y apoderada legal del SNTE. Ha sido señalada por la disidencia magisterial comocercanísima a Juan Díaz de la Torre, líder nacional del gremio, el poder tras el trono, y amiga del priísta Alejandro Tello Cristerna, gobernador electo de Zacatecas, a quien respaldó en los comicios del pasado 5 de junio.

En distintos momentos se le ha escuchado decir: yo voy a ser la próxima Elba Esther Gordillo. Sin embargo, en el juicio que se le ha seguido a la maestra ha sido testigo clave contra ella.

Ayer por la mañana la disidencia magisterial ofreció una conferencia de prensa en el hotel Hacienda Baruk de la ciudad de Zacatecas (sede del congreso), ignorando aún el charrazoque se produjo durante la madrugada, cuando un puñado de delegados leales a Díaz de la Torre sesionaron en secreto en un auditorio de la cabecera municipal de Villa de Cos, ubicada 65 kilómetros al noroeste de la capital del estado.

A media tarde se confirmó lo que comenzó a circular como rumor en redes sociales: que aproximadamente 80 delegados charros votaron por el nuevo comité que encabezará Soralla Bañuelos de la Torre, hermana de Geovana, ex dirigente estatal del PT y diputada plurinominal del mismo partido.

Ayer, en su cuenta de Facebook, Soralla publicó cinco fotografías de la asamblea en la que fue ungida dirigente seccional y las acompañó de un comentario: Asumo el gran reto que me entrega mi organización con profunda responsabilidad y compromiso, ahora como secretaria general de la sección 34. Trabajaré arduamente por mis compañeros.

El maestro Iván Ixtlahuaca afirmó:esta imposición no la reconocemos, porque es una burla a la voluntad de la gran mayoría del magisterio zacatecano, que por la vía legal durante el congreso extraordinario demostró tener la mayoría, y con ello la sed de un cambio por los derechos de los maestros.

“Vamos a impugnar formalmente este nombramiento; pretendemos impedir la toma de nota respectiva y vamos a realizar las acciones legales para tumbar este charrazo. Nos sentimos robados los maestros zacatecanos”.

Foto proporcionada por los docentes

Iván Ixtlahuaca reiteró que de los casi 370 delegados registrados para el 25 congreso extraordinario de la sección 34 –que debía realizarse jueves y viernes–, al menos 220 son afines a la disidencia, por lo que la mesa directiva cercana a Díaz de la Torre decidió reventar los trabajos para luego dar el charrazo.

Paramilitares reventaron el congreso: disidentes

En la conferencia de prensa ofrecida por la mañana por los disidentes, Víctor Hugo Montoya, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), reiteró que la agresión del jueves perpetrada por presuntos guardias de seguridad privada contra maestros disidentes fue una acción de corte paramilitar orquestada directamente por Díaz de la Torre, en contubernio con el gobernador Miguel Alonso Reyes y sus fuerzas de seguridad pública.

Hay que puntualizar que la agresión jamás fue de maestro a maestro. No hubo un solo intercambio de golpes entre profesores. Fue este grupo de paramilitares, este grupo de mercenarios que envió Juan Díaz de la Torre para reventar el congreso.

Lo más grave, dijo, es que la media tarde del jueves, mientras ocurría la agresión violenta a patadas, golpes y sillazos en el hotel sede del congreso, muchos delegados salieron corriendo y pidieron auxilio a los cientos de policías uniformados que resguardaban el exterior del inmueble y los ignoraron, no intervinieron.

Montoya dijo que otros maestros se comunicaron a la Comisión de Derechos Humanos del estado y solicitaron la presencia de representantes de esa defensoría, peronos dijeron que no podían intervenir porque es un conflicto magisterial.

Madruguete en Chihuahua

En Chihuahua, más de 200 integrantes del Movimiento Resissste de Ciudad Juárez y otros municipios abandonaron la elección de nuevo dirigente en la sección octava del SNTE debido a que la única planilla que fue registrada para participar fue la llamada Unidad, formada por el grupo oficial del sindicato, y rechazaron el registro de dos más, entre ellas Dignidad, con maestros de la CNTE.

Tras la salida de los disidentes, encabezados por Froy Lara y Juan Morua, la sección octava votó de manera apresurada por Rosa María Hernández como nueva dirigente.





Fuente: La Jornada
Autor: Alfredo Valadéz con información de Rubén Villalpando
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/16/politica/005n1pol

Rector de UAM no participa en convocatoria a Asamblea General

Ciudad de México. El rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Salvador Vega y León, decidió no participar en la convocatoria de la Asamblea General-UAM (AG-UAM) para entablar una mesa de negociación este sábado.

El funcionario difundió en la madrugada un comunicado donde declara que los ocho puntos del pliego petitorio de los estudiantes han sido atendidos y que la respuesta correspondiente a cada uno de ellos "ha sido debidamente explicada".

Afirma que se compromete a continuar dialogando con los jóvenes "cuando existan las condiciones propicias para ello, es decir, con las cinco unidades universitarias y la Rectoría General operando de manera normal" y pide a los estudiantes que liberen las instalaciones que tienen tomadas: las unidades Xochimilco y Azcapotzalco, que están en paro desde el 6 y el 7 de julio, respectivamente, y el edificio de la rectoría de la UAM Iztapalapa.

Los alumnos que participan en la AG-UAM -que agrupa a estudiantes de las cinco unidades académicas de la institución- solicitaron a Vega entablar una mesa de diálogo hoy a las diez de la mañana para continuar las negociaciones que fueron interrumpidas el miércoles pasado en Iztapalapa.

Ese día los alumnos de retiraron de la mesa de diálogo, pues luego de unas siete horas de reunión consideraban que Vega no estaba dispuesto a negociar su demanda de cancelar dos acuerdos institucionales que modifican las condiciones laborales de los profesores eventuales. Los jóvenes consideran que esos acuerdos vulneran los derechos de los trabajadores y afectan la calidad educativa de la UAM.

Desde aquel día las autoridades universitarias han sostenido que las exigencias de los alumnos han recibido respuesta y que para poder continuar con la solución de sus planteamientos se requiere que los organismos colegiados de las escuelas sesionen, y eso se podrá hacer, dicen, cuando las escuelas abran.

Los estudiantes han indicado que no se puede dar por concluidas las negociaciones porque ninguno de los puntos tratados con las autoridades se ha concretado en un acuerdo firmado por ellos y por Vega, por lo que se requiere un nuevo encuentro con el rector.

A las nueve de la mañana, los integrantes de la Asamblea General celebrarán un mitin a las afueras de la Rectoría General de la UAM, que está en Prolongación Canal de Miramontes 3855, en el sur de la Ciudad de México, lugar donde convocaron a Vega y León a entablar la mesa en la que se firmen los acuerdos.