Esta liberación forma parte de los 13 acuerdos pactados entre los trabajadores con autoridades federales y estatales. En un inicio por tres jornaleros se pedían 7 millones de pesos de fianza, y 500 mil pesos por un cuarto trabajador.
El Gobierno de Baja California concedió el perdón a cuatro jornaleros de San Quintín detenidos durante el enfrentamiento en la localidad de Vicente Guerrero el pasado 9 de mayo, por lo cual quedaron en libertad.
De acuerdo con el periódico Reforma y Milenio los campesinos Aarón Francisco Gamboa Juárez, Moisés Gil Velasco y Antonio Álvarez Cruz fueron acusados de daños a vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública y lesiones a Policías estatales, luego de que los agentes ingresaran a la Colonia Lomas de San Ramón por una supuesta llamada.
Esta liberación forma parte de los 13 acuerdos pactados entre los trabajadores con autoridades federales y estatales. En un inicio por tres jornaleros se pedían 7 millones de pesos de fianza, y 500 mil pesos por un cuarto trabajador.
Por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que vigilará el cumplimiento de los acuerdos luego de que se les fijaran fianzas desproporcionadas a los campesinos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
MÉXICO, D.F: Horacio Armando Hernández Orozco, magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, tiene en sus manos la decisión para que Óscar Manuel Ramírez Siordia recupere su libertad, luego de pasar de testigo a acusado de la muerte de Jacobo, su expareja, bajo un juicio viciado por la homofobia, la discriminación y la violación al principio de igualdad en función de su orientación sexual.
Sin embargo, el caso está en el escritorio del magistrado -el mismo que fue propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto en la terna para integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)-, desde hace casi ocho meses y no tiene fecha para su discusión.
En tanto, Óscar está a punto de cumplir cinco años preso en el Reclusorio Oriente, en un dormitorio especial, junto con otros reclusos considerados como grupo vulnerable por su preferencia sexual.
De acuerdo con Leonardo Bastida, vocero de la asociación civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana que acompaña la lucha del comunicólogo de 28 años, existe un retraso general en los asuntos que lleva el Quinto Tribunal, integrado también por Silvia Carrasco Corona y Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz.
No obstante, dice en entrevista con proceso.com.mx que el caso de Óscar sólo necesita la ratificación de lo que ya dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): que hubo una clara violación al debido proceso, mezclado con tintes de discriminación por la orientación sexual del inculpado.
Por ello, este domingo 17 de mayo, Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, Letra S desplegó una campaña en redes sociales y pidió a las organizaciones civiles que en sus actos conmemorativos en distintos estados del país, hagan un llamado al ministro Hernández Orozco para revisar el caso y decretar la inmediata liberación de Óscar.
Con la etiqueta “#JusticiaParaOscarR”, la campaña pregunta: “¿Por qué está Óscar en prisión? Asesinan a su pareja y a él lo acusan de crimen pasional. Los prejuicios homofóbicos de fiscales y jueces lo condenaron”.
En otra etiqueta, acusa: “Un caso donde la #homofobia dictó sentencia”. Una más: “¿Víctima transexual = Crimen pasional? ¿Qué se puede esperar de autoridades judiciales que comparten los mismos prejuicios homofóbicos que los criminales?”.
Leonardo Bastida recuerda que en agosto de 2014 la SCJN publicó el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género”.
Agrega que el caso de Óscar es una oportunidad de aplicar dicho protocolo. Asegura que, de decretar su libertad, sentaría precedente para tratar otros casos similares.
Según el informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH), en los últimos 19 años se han registrado mil 218 homicidios por homofobia en el país, aunque se estima que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian.
Realizado por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana con base en reportes periodísticos de todo el país, el informe asegura que con estas cifras, México ocupa el segundo lugar a escala mundial en crímenes por homofobia, sólo después de Brasil.
Los números apuntan al DF como la entidad donde más se presentaron estos homicidios, seguida del Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Yucatán.
El reporte advierte que en el país se corre el peligro de que “la violencia, la impunidad y la corrupción” que gira en torno a la investigación de estos crímenes en nuestro país vuelva “invisible” el problema.
El caso de Óscar
Desde la prisión, Óscar Manuel Ramírez Siordia estudia la licenciatura en Derecho, como parte de un programa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
Su vida dio un vuelco completo el 6 de julio de 2010, cuando acudió a la casa de Jacobo, su pareja durante cinco años. Un rato después ambos salieron juntos del lugar. Óscar regresó porque olvidó algo y se encontró con su pareja acompañado de otro hombre a quien dijo que conoció por Internet.
Al día siguiente, acudió al departamento y encontró a Jacobo sin vida en la recámara. De inmediato llamó a sus familiares y a la policía, quien lo presentó como testigo en el Ministerio Público para describir al joven que estuvo por última vez con Jacobo. La autoridad le tomó la declaración y enseguida lo detuvo en calidad de presunto responsable del crimen.
El 3 de agosto siguiente, un juez le dictó auto de formal prisión por homicidio calificado. El 9 de agosto, la policía detuvo a Noé, un joven de 19 años que confesó haber asesinado a Jacobo por negarse a tener relaciones sexuales a cambio de dinero, como acordaron por Internet. Luego de aplicarle una llave conocida como “mataleones”, se robó una computadora y un teléfono celular. El agresor dijo que actuó solo y que no conocía a Óscar. Pese a ello, la autoridad determinó que ambos lo asesinaron “con traición y ventaja”.
Para el 5 de enero de 2012, el Juzgado 49 Penal del Distrito Federal dictó sentencia definitiva contra Óscar y Noé y los condenó a 27 años y seis meses a cada uno; además, catalogó el hecho como un “crimen pasional”. Cuatro días después, los abogados de Óscar apelaron la sentencia, pero el 16 de abril el Tribunal Superior de Justicia del DF les negó el amparo y ratificó la sentencia.
En diciembre de 2013, a petición de la madre de Óscar, la asociación civil Letra S, así como la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económico (CIDE) asumieron su defensa legal.
Para julio de 2014, presentaron la demanda de juicio de amparo directo ante el tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal por violaciones a los derechos a un debido proceso y a la no discriminación, implicando la violación de los artículos 1, 14, 17 y 20 constitucionales. Argumentaron que hubo una violación indebida de las pruebas, una ilegal admisión de dictámenes periciales y discriminación y violación al principio de igualdad en función de la orientación sexual del procesado.
En una carta escrita en octubre del año pasado desde la celda donde se encuentra en el Reclusorio Oriente, Óscar aseguró que es víctima de “un sistema donde la presunción de inocencia no se respeta, el debido proceso no se cumple, la defensa no basta, los argumentos infundados del Ministerio Público tienen valor pleno y no se reconoce la igualdad jurídica a ninguna persona, incluida cualquier persona de la comunidad Lésbico, Gay Bisexual y Transexual (LGBT)… Que mi caso sea un ejemplo para evitar que otras personas, como yo, sean víctimas de sistema judicial homofóbico e ineficiente”.
En ese mismo mes, el Tribunal Colegiado admitió el amparo 415/2014 y lo turnó al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. En enero de 2015, el CIDE solicitó a la SCJN atraer el expediente “por la relevancia emblemática del caso”. Sin embargo, los magistrados regresaron el caso al Quinto Tribunal pues dijeron que “las fallas del debido proceso fueron claras”.
Ahora, Óscar, sus familiares y su defensa, esperan el fallo de la autoridad presidida por el magistrado Horacio Armando Hernández Orozco.
En el historial reciente de este magistrado destaca la polémica elaboración del proyecto de resolución de un amparo relacionado con la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo y los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por más de mil 900 millones de pesos.
Además, emitió una resolución contraria a la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso llamado “Operación Casa Blanca” en el que Washington acusó a empleados de bancos mexicanos de lavar dinero del narcotráfico. El juez liberó a los imputados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
PLAN DE AYALA, Mor: La noche del 2 de abril, el abogado Uri Olivares Adame transitaba en su vehículo por la ampliación del camino a Jiutepec. Iba acompañado por un bisnieto del caudillo revolucionario Emiliano Zapata cuando, desde dos camionetas tipo todo terreno, los atacaron a tiros.
Eran como las 20:30 horas, y Olivares distinguió que desde los vehículos se alistaban a disparar, por lo que aumentó la velocidad mientras destrozaban la parte trasera de su Jetta. No frenó ni cuando una bala lo impactó muy cerca de la nuca. Su acompañante resultó ileso.
Hasta el 10 de abril, Olivares Adame, quien es abogado de Jorge Zapata González –nieto del caudillo y padre del joven que libró el ataque, a quien pidió no identificar–, permaneció hospitalizado y las semanas siguientes estuvo en recuperación. La bala entró y salió, perforándole el músculo del cuello, muy cerca de puntos vitales.
Para Jorge Zapata, “el pleito está declarado” por el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu contra los pueblos que en varias zonas de Morelos se oponen a megaproyectos energéticos, extractivos e industriales.
“Son megaproyectos de destrucción, de muerte”, sentencia.
Organizaciones campesinas y líderes comunitarios responsabilizan al mandatario de imponer esas obras para favorecer a grandes trasnacionales practicando clientelismo y represión. Desde 2014, la resistencia a los megaproyectos se unió a la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM) para mantener su lucha.
Ya el 23 de octubre de 2012, tres semanas después de que Graco asumió la gubernatura, un contingente de 300 policías arribó a las inmediaciones de Huexca, comunidad nahua de Yecapixtla, para desalojar a las campesinas que desde hacía meses impedían el paso de maquinaria con que la empresa española Abengoa quería iniciar la edificación de una termoeléctrica.
La obra forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ideado en el gobierno de Felipe Calderón, quien esperaba inaugurarla en su sexenio. La movilización en Huexca lo frenó.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2011, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Tras el fracaso de la ofensiva lanzada desde la Presidencia y el alto mando militar para capturar al capo Nemesio Oseguera Cervantes, salieron a la luz las deficiencias de planeación y tácticas. Entre los responsables de éstas destaca un militar asignado a la lucha contra el narcotráfico y que parece dejar sólo dudas y sombras por donde pasa: es el general José Luis Sánchez León. Alguien en la Sedena lo sacó de Tlatlaya cuando las indagatorias por las ejecuciones extrajudiciales del 30 de junio de 2014 casi lo alcanzaban. Alguien en la Sedena le encargó a él que apoyara desde tierra a los helicópteros militares en la Operación Jalisco.
MÉXICO, D.F: El desastre con que inició la Operación Jalisco, incluida la pérdida del helicóptero Cougar EC725 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), tuvo un actor central: el general de brigada José Luis Sánchez León, jefe de Estado Mayor de la 5ª Región Militar, el mismo mando que está bajo escrutinio por la masacre de Tlatlaya, Estado de México, cometida por soldados el 30 de junio del año pasado.
Sánchez León llegó a Guadalajara a principios de octubre pasado, tras ser removido como comandante de la 22ª Zona Militar, en medio de las investigaciones por la ejecución sumaria de 22 personas a manos de efectivos del 102 Batallón de Infantería bajo su mando.
Como jefe de Estado Mayor de la 5ª Región Militar, el pasado viernes 1 tenía la función de dar apoyo táctico en tierra durante la fallida operación puesta en marcha desde el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), en la Ciudad de México, para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
El general Sánchez León es quien le pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que retrasara la llegada de su personal a la bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, después de la matanza de civiles perpetrada por soldados bajo su mando.
No son los únicos hechos graves en la carrera del general. En 2005 estuvo cerca del escándalo cuando la Presidencia de la República dio a conocer que la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva, entonces integrante del Cártel de Sinaloa, había cooptado a personal de la casa presidencial.
General brigadier entonces, Sánchez León era uno de los jefes militares del Estado Mayor Presidencial (EMP) encargados de la seguridad del presidente Vicente Fox y su familia. Después de ese sexenio, en el que encabezó las secciones III, IV y V del EMP, se reincorporó al Ejército.
Una década después, el general egresado de la Escuela Superior de Guerra está en el centro de un caso que tiene de fondo a la delincuencia organizada. El día de la ofensiva militar inicial de la Operación Jalisco le correspondían los movimientos en tierra para la persecución de Oseguera, considerado por este gobierno como el narcotraficante más peligroso del momento.
Ni la tarea ni los terrenos le eran ajenos. Hace apenas tres años había dejado de ser jefe de Estado Mayor de la misma 5ª Región Militar, con sede en La Mojonera, en el municipio jalisciense de Zapopan, a donde regresó en octubre pasado para ocupar igual cargo.
Por tierra, ese cuartel se encuentra a más de tres horas de donde ocurrió el ataque a la tropa de élite del Ejército, en la ruta Casimiro Castillo–Villa Purificación. Son territorios del CJNG, que llevó hasta ellos a las cuatro unidades aéreas del Ejército y la Policía Federal que perseguían a El Mencho.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2011, ya en circulación)
Otorgaron créditos por casi 8 mil millones de pesos entre 2010 y 2013. La empresa constructora confirmó que supervisores de la CNBV realizan una inspección.
El fondo de pensiones australiano IFM Global Infrastructure, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Grupo Financiero Monex figuran entre las principales fuentes de financiamiento de OHL, constructora que se encuentra envuelta en presuntas prácticas fraudulentas en proyectos de construcción y peaje.
En diciembre de 2010 Banobras otorgó un crédito de garantía por 2 mil 250 millones de pesos, para el pago de un crédito subordinado del accionista de control de OHL, recursos utilizados para pagar un crédito anterior en favor de Goldman Sachs International.
Más adelante, el 13 de diciembre de 2013, Concesionaria Mexiquense (Conmex), en su carácter de acreditado, Goldman Sachs Bank, como estructurador líder, y Banco Monex, en su carácter de agente de garantías, celebraron un contrato de crédito para OHL por un total de 6 mil 465 millones de pesos.
Posteriormente, el 14 de enero de 2015, OHL alcanzó un acuerdo con IFM Global Infrastructure para la venta de 24.99 por ciento del capital social de la subsidiaria de OHL, Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI), y de 24.99 por ciento del capital de OPCEM, subsidiaria de nueva creación que será responsable de la operación y mantenimiento de Conmex, por un monto de 8 mil 777 millones de pesos.
OPI es la sociedad filial ciento por ciento de OHL México que es tenedora directa de Conmex, que opera 110 kilómetros de la carretera de peaje conocida como Circuito Exterior Mexiquense, en la región noreste de la zona metropolitana del estado de México.
Los bancos de capital español BBVA Bancomer y Santander actuaron como asesores financieros de OHL México.
IFM es un estructurador global de fondos con más de 48 mil millones de dólares bajo gestión y fue creado hace más de 20 años y pertenece a los 30 principales fondos de pensión australianos.
La filial mexicana de la española Obrascón Huarte Lain (OHL) confirmó el viernes que supervisores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizan una inspección en la compañía para determinar si han quedado protegidos los intereses de los accionistas minoritarios después de que audios difundidos en Internet mostraron a directivos de la constructora en acuerdos para alterar las estimaciones de ingresos en una carretera que tiene concesionada en el estado de México.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
Además de dejar su cargo como secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena fue multado con 189 mil pesos, informó el gobernador Eruviel Ávila.
Apolinar Mena presentó su renuncia como secretario de Comunicaciones del Estado de México, informó este domingo 17 de mayo el gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, quien agregó que el ahora exfuncionario fue multado con 189 mil pesos por violar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El gobernador precisó que la multa es resultado “parcial” de la investigación que se inició el pasado 7 de mayo por la Secretaría de la Contraloría, luego de la filtración de grabaciones en las que presuntamente directivos de la empresa OHL México hablan sobre un fraude cometido con la concesión del Viaducto Bicenenario.
“La Contraloría ha impuesto una multa de 189 mil pesos, misma que se determinó en base a lo establecido por el Artículo 49 de la Ley de los Servidores Públicos.
“Además de esta multa económica, les informo que he aceptado la renuncia al cargo de secretario de Comunicaciones del maestro Apolinar Mena Vargas. Mañana (lunes 18 de mayo) estaré designando un encargado de despacho para que los trabajos no paren, al contrario, continúen por buen camino”, dijo el gobernador.
Una de las grabaciones reveladas indica que OHL presuntamente pagó las vacaciones del ahora exsecretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, y su familia en diciembre pasado.
Tras la filtración de los audios, Mena Vargas reconoció que sí hubo una propuesta por parte de Pablo Wallentin, directivo de OHL, en este sentido, pero, dijo, la rechazó.
“Recurrí al señor Pablo Wallentin, como directivo de OHL, para que me apoyara en que el hotel Fairmont –que es propiedad de la misma empresa– no me obligara a contratar un paquete de estancia por más días de los que yo necesitaba. Desde la primera llamada que hice al señor Wallentin en el mes de noviembre para pedirle este apoyo le comenté que los gastos del hospedaje los cubriría con mi tarjeta bancaria, y en este estado de cuenta bancaria se puede constatar que el 9 de diciembre de 2014 el hotel Fairmont realizó un cobro por la cantidad de 124 mil 38 pesos.
“Y aunque en algún momento de la plática, el señor Wallentin dice que que la empresa OHL cubriría los gastos de las vacaciones, esto nunca ocurrió, pues personalmente le rechacé la oferta al directivo. Incluso en la llamada del 23 de diciembre (una de las llamadas filtradas), el mayordomo del hotel me comentó que OHL cubriría a futuro los gastos del alojamiento; sin embargo, esto nunca ocurrió, porque no lo permití y porque desde el 9 de diciembre ya lo había liquidado”, explicó Mena.
La renuncia de Apolinar Mena ocurre luego de que uno de los directivos de OHL México, Pablo Wallentin, renunció al cargo “para no entorpecer las investigaciones y/o dañar más la imagen” de la empresa, después de la filtración de dos audios que revelan el presunto cobro de sobrecostos en la construcción del Viaducto Bicentenario en el Estado de México.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Dos terceras partes de la geografía guerrerense presentan “focos rojos” para las elecciones del próximo 7 de junio. No es de extrañar, porque el panorama es desolador: dos candidatos y 433 civiles han sido asesinados en lo que va del año; las organizaciones indignadas por Ayotzinapa se movilizan; se enquistan los grupos oportunistas; el narcotráfico y la corrupción son las verdaderas autoridades… Así, crece la demanda de que las elecciones se cancelen, y hay aspirantes que ven las manos del gobierno federal y del estatal detrás de esta exigencia.
ACAPULCO, Gro: Marcado por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el proceso electoral en esta entidad transita entre la violencia sin límites atribuida al crimen organizado y una campaña contra los comicios en la que participan decenas de agrupaciones sociales, aglutinadas en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG).
Desde que se iniciaron las campañas proselitistas en marzo, los grupos que integran el MPG –de manera prominente la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y normalistas– han pasado de la descalificación del proceso electoral a la destrucción de propaganda y al boicoteo de actos políticos.
El movimiento antielectoral, concentrado en Chilpancingo, Tixtla y Tlapa, tensó aún más el ambiente, tocado ya por el crimen organizado y una violencia galopante pese a la presencia de fuerzas federales de seguridad desplegadas en todo el estado.
En 2014, y de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Guerrero –con 3.4 millones de habitantes– registró mil 514 homicidios dolosos. En el primer trimestre de este año ocurrieron 433. En este rubro, de hecho, la entidad sólo es superada por el Estado de México, que con 15.5 millones de habitantes cerró 2014 con mil 994 ejecuciones, y 498 en los primeros tres meses de 2015.
Comicios entre sangre
En este proceso para elegir gobernador, 81 alcaldes, 28 diputados locales y nueve federales, la violencia política ha sido la constante. La lista comienza con el asesinato de Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacotzingo, en la región de la Montaña, el pasado 10 de marzo.
Otro hecho: Sobre la carretera Chilpancingo-Chilapa, a las 6:00 horas del 25 de abril, un grupo de al menos 20 personas armadas con fusiles de asalto y lanzagranadas impidieron el tránsito del candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, y de su comitiva mientras se dirigían a Tlapa. Seis días después fue ejecutado el aspirante del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz.
Justo en Tlapa, en la parte alta de la Montaña, Valentina Rosendo Cantú, quien litigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano como víctima de abuso sexual por parte de miembros del Ejército, sufrió un atentado automovilístico el lunes 11, luego de haber sido registrada como representante de Morena en la contienda por la alcaldía de Acatepec y de recibir amenazas telefónicas para que no participara, según denunció el martes 12 en el Congreso local el diputado perredista Iván Galíndrez.
Y sigue. En la región de Tierra Caliente, el aspirante del PRD a la alcaldía de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza, fue retenido por hombres armados durante algunas horas del martes 5.
Seis días después, la candidata a diputada plurinominal del PRD Silvia Romero Suárez y tres de sus colaboradores fueron interceptados por un comando cuando transitaban por la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano. Fueron privados de su libertad durante 24 horas. Romero Suárez se desempeñó como secretaria de Educación durante el gobierno del defenestrado Ángel Aguirre (PRD), y mientras militó en el PRI formó parte del grupo de Rubén Figueroa Alcocer.
A este ambiente de inseguridad se sumó la acción concertada de al menos 300 personas fuertemente pertrechadas, que durante seis días mantuvieron tomado el ayuntamiento de Chilapa en busca de Zenén Nava, líder de la banda criminal Los Rojos. Abandonaron la localidad el jueves 14, tras emplazar al Ejército a detener al cabecilla en una semana.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2011, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Tiene acumuladas varias décadas de experiencia en su lucha contra las fuerzas del Estado y ahora se dedica a transmitir ese conocimiento. Es la guerrilla colombiana de las FARC. Y según fuentes estadunidenses de inteligencia, los narcos jaliscienses –el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis, que además tienen capacidad económica para adquirir armamento de punta– recibieron entrenamiento en las selvas de Colombia. La muestra de que resultaron buenos alumnos fue el derribo de un helicóptero militar el primer día de este mes en Villa Purificación.
WASHINGTON: El derribo de un helicóptero del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales el pasado viernes 1 en Jalisco no fue un golpe de suerte de los sicarios ni puede atribuirse automáticamente a una posible impreparación de los militares; el ataque estuvo perfectamente coordinado y ejecutado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) gracias, según agencias federales estadunidenses, al adiestramiento que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) les han dado.
El CJNG y Los Cuinis, aseguran fuentes de inteligencia de Estados Unidos, tienen sicarios entrenados por las FARC específicamente para contrarrestar los embates militares.
“Nuestros sistemas de inteligencia en Colombia detectaron desde hace varios meses que algunos integrantes del narcotráfico mexicano habían recibido adiestramiento en ese país por parte de las FARC”, comenta a Proceso un alto funcionario de una de las agencias estadunidenses de inteligencia.
“Los informes que obtuvimos en Colombia señalan que jefes de grupo (sicarios) y varios jefes del escalafón de mando del Cártel de Jalisco Nueva Generación y de Los Cuinis fueron adiestrados por las FARC en tácticas de asalto a militares”, agrega la fuente, que aceptó hablar a condición de no revelar su identidad ni la de la dependencia federal para la cual trabaja.
“Hay varios informes de inteligencia que han registrado el entrenamiento de elementos del narcotráfico mexicano por parte de las FARC”, explica un funcionario de otra instancia estadunidense de inteligencia y quien también pide el anonimato para él y para la dependencia federal en la que presta sus servicios.
“Es un tema delicado, de seguridad nacional; por ello cuando nuestros sistemas de inteligencia registraron esto, inmediatamente se lo comunicamos al gobierno mexicano”, apunta.
Ninguno de los dos agentes consultados tiene elementos para decir cuántos sicarios del CJNG o de Los Cuinis han sido adiestrados por las FARC en tácticas paramilitares y de guerra de guerrillas. Sin embargo, aseguran que no son muchos.
“Algunas decenas. No más de 50 individuos, tal vez”, aventura una de las dos fuentes, que fueron entrevistadas por separado.
Consultadas sobre el asunto, fuentes gubernamentales mexicanas de alto nivel expresaron puntualmente que se siguen a fondo “todas las líneas de investigación sobre ese grupo delicuencial”.
Según la tesis de las agencias de inteligencia de Estados Unidos dedicadas a combatir a las mafias trasnacionales, en esa relación narcos-insurgentes, los sicarios del CJNG y de Los Cuinis han aprovechado sus viajes a Colombia para “amarrar” la compra de cocaína que les proveen las FARC, y se quedan varias semanas en los campamentos de esa guerrilla para recibir adiestramiento a fin de repeler los ataques de las fuerzas armadas.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2011, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
En enero el procurador Murillo Karam dio la “verdad histórica” de la PGR sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: fueron incinerados en el basurero de Cocula hasta dejarlos irreconocibles. Un trabajo de Proceso con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley permite afirmar que esa “verdad histórica” se sustentó en declaraciones contradictorias –presumiblemente obtenidas mediante tortura–, que se dieron por buenas sólo para apuntalar una versión prefigurada por la SEIDO desde octubre.
MÉXICO, D.F: El 8 de octubre del año pasado los hermanos Miguel Ángel y Osvaldo Ríos Sánchez viajaron a Cuernavaca; fueron a comprar ropa barata para surtir su pequeña tienda, en Iguala.
El dueño del comercio era Osvaldo; Miguel Ángel lo ayudaba para ganar más dinero pues su esposa, Viridiana, estaba embarazada.
Pero ese día fueron detenidos por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) con el apoyo de la Marina. Confundieron a Osvaldo con Salomón Pineda Villa, cuñado del alcalde de Iguala.
En helicóptero se llevaron a los hermanos a Iguala y en el trayecto amenazaron a Miguel Ángel con lanzarlo desde el aire; después les ordenaron asumir la responsabilidad por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre.
Luego –como consta en los expedientes de la PGR que los reporteros consultaron– los marinos llevaron a los hermanos al paraje La Parota, en Iguala. Los obligaron a cavar una fosa en la cual “iban a quedar”, les dijeron. Después vino la tortura para ambos: asfixia con bolsas de plástico en la cabeza, toques eléctricos, golpes y más golpes.
Así se lo contó Miguel Ángel –preso en el penal federal de Tepic– a su esposa. “Los federales”, dice Viridiana en entrevista, querían que firmaran una declaración que ya llevaban hecha. “Firmaron, pero fue a base de tortura”, señala.
El caso de los hermanos Ríos Sánchez es muestra de cómo la Procuraduría General de la República (PGR) investigó la desaparición de los 43 normalistas.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2011, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
La Comisión de Quejas propuso sancionarlo por incumplir medidas cautelares relativas al retiro de propaganda fija relacionada con vales de medicina y otros temas.
Son tantas las violaciones del Partido Verde a la ley y tantos sus desacatos a las autoridades electorales, que las multas no cesan.
Este sábado, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que otras veces ha protegido al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), esta vez propuso sancionarlo por el incumplimiento de medidas cautelares relativas al retiro de propaganda fija relacionada con vales de medicina y otros temas.
En un comunicado, el INE informó que el proyecto aprobado plantea una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponda para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar el equivalente a casi 100 millones pesos.
También se determinó dar vista a la Sala Regional Especializada con copia certificada y a la Unidad Técnica de Fiscalización.
Además, la Comisión de Quejas ordenó la suspensión de los promocionales del Partido Acción Nacional denominados “Anticorrupción 3”, que difunden un audio de la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.
Al conceder las medidas cautelares, los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias señalaron que los promocionales no se encuentran dentro de los límites permitidos en ejercicio de la libertad de expresión y el debate público, toda vez que se presume una intervención de comunicaciones que resulta ilegal.
Ante ello, se ordena al PAN que, en el término de seis horas contadas a partir de la notificación, sustituya los promocionales y se ordena a las concesionarias de radio y televisión que en un plazo de 24 horas suspendan la difusión del material.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
55 % de los encuestados no creen que en México existe libertad de expresión.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados realizó una encuesta sobre la salida del aire de la periodista Carmen Aristegui, cuyo caso, tras su salida de MVS, es considerado como el “mayor escándalo de censura periodística del país”.
Para el estudio, se hizo una encuesta telefónico nacional, el pasado 27 y 28 de marzo, a 952 personas en todos los estados. A todos se les preguntó sobre el conocimiento del caso, el apoyo a la periodista, las responsabilidades en lo ocurrido y sobre la libertad de expresión en el país.
Algunos de los resultados son los siguientes:
64% de la población dijo que ha oído hablar de la periodista Carmen Aristegui, de los cuales el 83% está enterado de que fue despedida de su programa por la empresa Noticias MVS.
29% desconocía las razones del despido, 8% cree que la despidieron por decir la verdad y otro 8% por su reportaje de la casa blanca.
El 56% de la población manifestó que está en desacuerdo con su despido de Noticias MVS y 55% cree necesaria su reinstalación.
Asimismo, 52% está a favor de las miles de firmas y manifestaciones que piden dicha reinstalación.
En tanto, el 58% de la población considera que sus investigaciones son creíbles.
La empresa Noticias MVS es considerada la más responsable del intento de rescisión de contrato de Carmen Aristegui, seguida del presidente de la república, ya que 46 y 41% los consideran muy o algo responsables.
Además, cuatro de cada cinco personas (82%) consideran que la labor periodística en México es peligrosa y 55% cree que no existe libertad de expresión, “siendo el caso Carmen Aristegui el mayor escándalo de censura periodística del país”.
Otros dato revelador es que el medio considerado con mayor libertad de expresión son las redes sociales, mientras que los noticieros de radio y televisión son considerados los de menor libertad de expresión.
La encuesta completa:
Encuesta Carmen Aristegui by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
