Rezago de FEPADE: por falta de personal tardaría 10 años en resolver 3,500 casos pendientes

Han aumentado más de 1000% las averiguaciones por delitos electorales sin resolver en la FEPADE, ya que solo cuenta con 7 policías para atender los casos y 25 agentes del Ministerio Público, indican los datos de la Auditoría Superior de la Federación.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR no tiene los recursos humanos suficientes para investigar los delitos electorales.

Los casos rezagados cada año se incrementan sin que la mayoría puedan ser resueltos. En menos de una década el volumen de expedientes sin resolver se ha elevado un más del 1,000 por ciento.

Una auditoría de desempeño realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el trabajo de la FEPADE arrojó que aun y cuando no se denunciara un solo caso más, se necesitarían 10 años para que se logren indagar y resolver los casos que se encuentran abiertos.

En 2006, la PGR tenia a través de la FEPADE 317 averiguaciones previas sin resolver. Pero para 2015, la cifra ya había crecido a 3 mil 540 expedientes esperando por ser atendidos.

En promedio, cada año se ha incrementado más de 120% la cantidad de casos rezagados.

La dimensión del retraso es todavía peor en el caso de las “actas circunstanciadas”, como se le denomina a reportes de posibles delitos electorales que una vez que son revisados pueden convertirse también en expedientes de investigación.

En 2006, solamente había 34 actas circunstanciadas pendientes de revisar, pero para el 2015 el rezago ya era de dos mil 639 actas. Esto es, en promedio, un incremento superior al siete mil por ciento en el rezado en el referido lapso.

Esta situación, según reconoció la FEPADE, es problemática pero puede ser aun peor con el funcionamiento del nuevo Sistema Penal Acusatorio, pues se requiere un seguimiento cercano de todas las fases de la indagatoria para que un caso se sostenga ante el juez. El problema, es que los recursos humanos no son suficientes.

“La entidad fiscalizada (FEPADE) informó que el tiempo que tomaría abatir el rezago se calcula entre 8 y 10 años, ya que se cuenta con 7 policías ministeriales y 25 agentes del Ministerio Público de la Federación, por lo que existe el riesgo de retrasos en la atención de asuntos en el marco del nuevo Sistema Penal Acusatorio, debido a la insuficiencia de personal para atender la acumulación de los asuntos rezagados y los que se originen de la implementación de este sistema” expuso la auditoría.

Las cifras anteriores evidencian que la Fiscalía ni siquiera cuenta con un policía ministerial por cada agente del Ministerio Público, que ocasiona que los casos se detengan porque simplemente no hay policías que hagan las investigaciones ni las diligencias que se ordenan.

La ASF destacó que si bien los ciudadanos en México tienen acceso al sistema de procuración de justicia electoral ya que pueden presentar una denuncia, la realidad es que la estructura como funciona actualmente genera un peligro de impunidad elevado.

“Los rezagos en el despacho de las actas circunstanciadas y en la determinación de las averiguaciones previas, ocasionan retraso en la impartición de justicia electoral”.

Pocos, lentos e ineficientes

De acuerdo con la ASF, a la FEPADE le tomó, en promedio, 519 días la integración de una averiguación previa por un delito electoral.

Esta cifra son 319 días más que la meta de 200 días que se plantea en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013 -2018.

Por otro lado, en un análisis pormenorizado de las actas circunstanciadas arroja que en 2006 se lograron revisar y desahogar 469 de ellas (ya sea convirtiéndolas en averiguaciones o mandándolas al archivo), pero en 2015 apenas si se verificaron 46 actas.

En cuanto a las averiguaciones previas, solo en 2015 la FEPADE inició mil 465 expedientes de las cuales más del 70 por ciento (mil 47) se encontraban pendientes de resolver al cierre de ese año.

Solamente 351 casos fueron consignados ante un juez y todos ellos sin personas detenidas.

Peor aún es que de 961 averiguaciones previas consignadas en 2015 por FEPADE, que incluyen casos abiertos en años anteriores, apenas 50 de ellas terminaron con una persona procesada ante un juez. Esto equivale al 2.8 por ciento de la meta programada en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018.

Los delitos que se denuncian ante la FEPADE son alteraciones en el Registro Federal de Electores o de los listados nominales, proselitismo, presión de los electores el día de la jornada electoral, obstaculización del desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y el cómputo de las votaciones, así como la introducción o sustracción de boletas electorales y la retención de las credenciales para votar de los ciudadanos.

Aunque algunos casos pudieran resultar más sencillos que otros se necesita de personal suficiente para darles seguimiento  y atenderlos. En opinión de la ASF, la escasez de policías y agentes ministeriales contribuye no solo al rezago de casos sino a indagatorias mal integradas o deficientes.

“La baja efectividad en la determinación del ejercicio de la acción penal, refleja deficiencias en los procesos de investigación y persecución de los delitos electorales; en consecuencia, se pone en riesgo la atención de asuntos en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y el ejercicio del sufragio libre, secreto y directo” reveló la auditoría.

Se constató que las actas circunstanciadas despachadas el mismo año en que se iniciaron decrecieron en 53.9%, en promedio trianual, ya que pasaron de 469 actas despachadas en 2006 a 46 en 2015. La FEPADE no dispuso de un indicador para evaluar la eficacia en su despacho el mismo año que se iniciaron

Blindaje dudoso…

En 2015, se realizaron comicios electorales para renovar 2 mil 179 cargos de elección popular federal y elecciones concurrentes: 500 diputados federales, 9 gubernaturas, 641 diputados locales, mil 9 ayuntamientos y 20 juntas municipales.

Con motivo de lo anterior la PGR diseño y puso en marcha a través de la FEPADE una estrategia denominada “Programa de Blindaje Electoral”, que consiste en prevenir la comisión de delitos electorales a través de acciones de capacitación, difusión y despliegue ministerial, en colaboración con las fiscalías de los estados.

La ASF revisó este programa y encontró que existen algunas deficiencias que ponen en duda si realmente tiene algún impacto positivo en la disminución de delitos electorales.

“En cuanto a su diseño, el Programa de Blindaje Electoral presentó deficiencias, ya que en la línea de acción “Capacitación”, se identificaron como acciones específicas las temáticas de capacitación y el público objetivo, sin que se determinara el número de servidores públicos programados a capacitar, el número de cursos y la orientación de los mismos,  advirtió la ASF.

También se identificaron dudas en el tema del “despliegue ministerial” y se señaló que la FEPADE no cumplió la meta de capacitar en materia de delitos electorales a 28 mil personas, logrando la capacitación de 22 mil 365, 20 por ciento menos de lo programado.


De acuerdo con la ASF, la FEPADE se comprometió a revisar esta estrategia que presenta rezagos de más del 1,000 por ciento y que se repetirá en este 2017 año electoral.

Fepade Rezago Grave by http://www.animalpolitico.com on Scribd

  Fepade Rezago Grave by http://www.animalpolitico.com on Scribd

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/fepade-delitos-electorales-auditoria/

Disculpa de la PGR, gran victoria, dice Teresa González

Ciudad de México. La disculpa pública ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR) “es una gran victoria porque cierra 11 años de injusticia, afirmó Teresa González Cornelio, una de las tres indígenas hñähñú, que fueron injustamente detenidas, procesadas, sentenciadas y que pasaron indebidamente tres años en prisión al ser acusadas de haber privado de la libertad a seis agentes federales.

Durante el acto realizado en la sala Jaime Torres Bodet, del Museo de Antropología e Historia, diversas personas se manifestaron en demanda de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, e inclusive la intervención del procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade para que investigue cómo ocurrieron dos detenciones, una de ellas en contra de un médico de nombre Oscar Valle Sánchez y otra en contra de Raymundo Pascual.

Teresa González Cornelio dijo que las mujeres, indígenas y víctimas de alguna injusticia, no deben quedarse calladas “luchen porque se les devuelva su dignidad” y pidió al procurador de la República que “ya no se fabriquen pruebas y no se envíe a prisión a personas inocentes”.

En tanto, Alberta Alcántara Juan, otra de las indígenas detenidas porque supuestamente secuestraron a los agentes federales en hechos ocurridos en 2006 en el pueblo de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, señaló haber pasado humillaciones mientras estuvo presa, no sólo por sus compañeros en la prisión, sino por custodios y funcionarios, “por ser pobre e indígena”.

Aseguró que durante 11 años tocaron muchas puertas y que en los primeros dos años de encarcelamiento nadie les hizo caso ni tomó en cuenta que las acusaciones en su contra se habían fabricado y reconocieron la labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que las apoyó hasta que obtuvieron su libertad. Aunque luego de salir de prisión, su vida tampoco ha sido fácil.

En su discurso le dijo al procurador de la República que vea “que sus colaboradores trabajen bien y que no acusen a nadie injustamente.

“Porque la disculpa pública no me devuelve el tiempo perdido”.

En ese contexto, Estela Hernández Jiménez, hija de Jacinta Francisco Marcial señaló: “hoy por fin la PGR reconoce de manera forzada, no por voluntad, que este caso fue un error.

“La disculpa es por funcionarios mediocres, corruptos que plantaron el delito de secuestro y dijeron que Jacinta era delincuente, evidenciaron en medios locales de Querétaro, la demandaron por un delito federal y la investigaron los mismos policías que la encarcelaron con mentiras, sin decirle que tenía derecho a un abogado de oficio y a un traductor”.

La joven, de profesión maestra, consideró vergonzoso y lamentable que la PGR no reconociera por su propia voluntad el error cometido, y que para ello hubiera tardado todavía tres años después de que el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo dictara sentencia.

Resaltó que el caso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que tuvo como número de expediente 48/2006 “es un simple ejemplo de los delitos que cometen las autoridades”, y que este caso demuestra que en las prisiones no necesariamente están los culpables de algún delito porque, aseguró, “los delincuentes de mayor poder y de cuello blanco no están en la cárcel”.

Mencionó que seguramente los seis agentes que dijeron haber sido privados de su libertad, el agente del Ministerio Público que inició la averiguación previa, y el juez que las sentenció, seguramente siguen cobrando su salario en el gobierno.

La hija de Jacinta Francisco Marcial (la tercera acusada en este caso) también criticó el tiempo transcurrido para que el gobierno les ofreciera una disculpa pública por haberlas acusado injustamente.

Jacinta, por su parte, indicó que los tres años que vivió en prisión nunca le serán devueltos. Demandó que la PGR revise los expedientes de los indígenas presos y que no esperen hasta que alguno de sus familiares fallezca –en su caso, murió uno de sus hijos mientras ella estaba encarcelada--.

Mencionó que “estaré contenta cuando se acabe la injusticia y se respete a los indígenas”.


En el acto participaron el director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, la ministra en retiro de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, y estuvieron presentes familiares de las tres indígenas indebidamente acusadas.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/21/disculpa-ofrecida-por-pgr-una-gran-victoria-teresa-gonzalez

Policía de Nueva York ultima a hijo de migrantes mexicanos por presunto robo de 12 cervezas

CIUDAD DE MÉXICO: Agentes de la Policía de Nueva York ultimaron el domingo pasado a un joven de nombre Sergio Reyes, hijo de una familia de migrantes mexicanos, luego de que el joven presuntamente cometiera un robo.


Según informes de la oficina forense de la ciudad de Nueva York, Reyes, de 18 años de edad y estudiante de preparatoria, presentó 14 heridas de bala en torso, extremidades, corazón, pulmones, aorta, médula espinal, hígado, estómago y huesos.

El joven fue ultimado luego de que presuntamente asaltara un comercio de abarrotes en el vecindario de Bushwick, condado de Brooklyn, durante las primeras horas del domingo.

Al respecto, la policía de Nueva York indicó que Reyes aparentemente robó 12 cervezas y difundió imágenes del video del circuito cerrado que capta a Reyes al momento del asalto.

Tras recibir la alerta de robo, la policía confrontó a Reyes en la calle Starr, donde aparentemente el adolescente amenazó a los uniformados con un arma de municiones.

En entrevista con el medio local DNA News, Patricia Reyes, migrante poblana de 48 años de edad, dijo que su hijo ya había muerto cuando ella y su marido llegaron al Centro Médico Woodhull, la madrugada del domingo.

La madre del joven limpia viviendas en el vecindario del sur de Williamsburg, y su esposo, Antonio Tlapanco, vende flores. Además de Sergio, la pareja ha procreado seis hijos en Estados Unidos.


Tras lo ocurrido, el consulado de México en Nueva York informó a la agencia Notimex que sus funcionarios están listos para ofrecer apoyo a la familia, que aún no establece contacto con esta dependencia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475246/policia-nueva-york-ultima-a-hijo-migrantes-mexicanos-presunto-robo-12-cervezas

Policías sí fueron armados al operativo en Nochixtlán: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO: Los policías estatales que participaron en el operativo del 19 de junio en Nochixtlán sí iban armados y no sólo con equipo antimotines como detalló el notario público número 69 de Oaxaca, concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).


Al reunirse en forma pública con los diputados de la comisión legislativa que da seguimiento a esos acontecimientos, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez dijo:

“Previo al operativo de las 4 de la mañana, en el destacamento de la Policía Federal ubicado en San Pablo Etla, el notario número 65 solo hizo un recorrido visual sin verificar a detalle a los integrantes de las corporaciones policiacas y dijo, ‘sólo portan equipo policiaco antimotines y no armas de fuego ni punzocortantes, solo lanzadores simples de agentes químicos’, asimismo, inspeccionó los vehículos terrestres certificando que, ‘en su interior no existían armas de fuego, ni punzocortantes’. Sin embargo, se ha documentado que hubo elementos de las policías estatales que acudieron armados al inicio del operativo”, reveló.


Previo al informe, que solo constató lo que diversos medios de comunicación mostraron con imágenes fotográficas días después del ataque a los pobladores, Raúl González mencionó que en la investigación han contado con varias dificultades. “En estos ocho meses no ha sido fácil que nos proporcionen toda la información”, añadió.

A su vez, el presidente de la comisión Legislativa, el perredista Omar Ortega Álvarez, reclamó que aún no exista claridad en lo ocurrido.

En su informe, el titular de la CNDH sostuvo que solo en cinco de los siete fallecidos ese día en Nochixtlán, –el octavo murió al día siguiente por el estallamiento de un cohetón–, se pudieron recuperar pruebas de balísticas, determinándose que fueron agredidos con armas largas de calibre223 y cortas calibre 9 milímetros.

Recordó que se conformó un grupo interinstitucional donde participaron policías federales y locales, que la ayuda se realizó a petición del entonces gobernador, Gabino Cue, y que a las 8:50 horas del 19 de junio se dieron los reportes de disparos, mientras que pasadas las 9:00 horas se mandó a la Gendarmería de la Policía Federal para que acudieran en apoyo “algunos elementos fueron armados”.

Hubo 190 heridos, 122 civiles y el resto policías, así como 27 detenidos, de los que solo 23 se pusieron a disposición del ministerio públicos y los cuatro restantes, tres mujeres y un hombre, “relatan que recibieron malos tratos, amenazas por parte de elementos femeninos de la policía de seguridad pública del estado, lo que está en investigación”, dijo el presidente de la CNDH.

Las policías, concluyó la CNDH, no cumplieron con los protocolos y aún está por determinarse el uso de la fuerza.


González Pérez señaló que los policías que resultaron lesionados fueron llevados al Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, y se tiene “copia del oficio del director del IMSS que recibió a policías federales quienes les solicitaron atender a sus elementos por decisiones de seguridad no recibieran población civil lesionada” a lo que el director se negó pues dijo que es una institución de atención pública y era su deber hacerlo. “Esto aún se investiga”, aseguró.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475266/policias-si-fueron-armados-al-operativo-en-nochixtlan-cndh

Relación con EU “no será a cualquier costo”, dice Gerónimo Gutiérrez en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO: Sin mayores cuestionamientos y sin profundizar en la crisis existente con el nuevo gobierno de Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, designado como embajador en el vecino país del norte, compareció ante Comisiones Unidas del Senado y afirmó que una buena relación con ese país “nunca debe ser a cualquier costo” ni bajo cualquier condición.


Como posible cuarto embajador de la administración de Enrique Peña Nieto ante Estados Unidos –Eduardo Medina Mora fue el primero, seguido por Miguel Basáñez y el efímero paso de Carlos Sada–, Gutiérrez Hernández destacó que trabajará para que se entienda que México es una nación amiga de Estados Unidos y que debe prevalecer el respeto y los acuerdos.

En franca crítica a las acciones emprendidas por el gobierno de Donald Trump, en especial las órdenes migratorias y la autorización para incrementar la fuerza de la Guardia Nacional dedicada a las deportaciones, el funcionario afirmó que “son contrarias a los valores que esa nación ha impulsado durante décadas y que en distintos momentos de la historia han sido asidero del liderazgo mundial”.

Durante la comparecencia ante las comisiones de Relaciones Exteriores y de América del Norte, el aspirante a embajador fue palomeado por la mayoría de las bancadas y sólo recibió cuestionamientos menores por parte del PRD.

Su coordinador, el senador Miguel Barbosa, lamentó que el proceso de ratificación se desahogara en una sola sesión y no se aprovecharan todos los aspectos temáticos de la relación bilateral México-Estados Unidos.

Luego, reconoció los méritos del aspirante y reiteró que el gobierno federal no ha respondido con una estrategia a la crisis con la administración de Donald Trump.


Los senadores del PRI, en especial Marcela Guerra Castillo, presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, expresaron su beneplácito y le entregaron una “compilación” de trabajos realizados en la actual Legislatura sobre las relaciones bilaterales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475260/relacion-eu-sera-a-cualquier-costo-dice-geronimo-gutierrez-en-senado

Familias desplazadas de Banavil retornan para conmemorar la muerte de la niña Antonia

Antonia de 11 años murió el 21 de febrero de 2015 por falta de atención médica adecuada en el hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Hoy, dos años después, las familias desplazadas de Banavil retornan para recordar la memoria de Antonia.

Han pasado más de cinco años que la familias de Banavil fueron desplazadas de su comunidad. El 4 de diciembre de 2011 fueron agredidos y desplazados por gente identificada con el PRI que los obligó a salir del paraje de Banavil, municipio de Tenejapa en el estado de Chiapas, todo por “creer en la autonomía zapatista” denunciaron en ese momento. Desde entones Alonso López Luna está desaparecido y las familias desplazadas en San Cristóbal de las Casas reiteran su denuncia y la exigencia de justicia, la aparición de don Alonso y el retorno a su comunidad.

Comunicado completo:

Familias desplazadas de Banavil retornan para conmemorar a la niña Antonia, muerta en desplazamiento

-A las juntas del Buen Gobierno E.Z.L.N

-Al Congreso Nacional Indígena

-A la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

-A los Centros de Derechos Humanos Honestos e independientes

-Al Movimiento Por la Paz Con Justicia y Dignidad

-A la Red Contra la Represión

-A la Sociedad Civil Nacional e internacional

-A las y los Colectivos Internacionales

-A los Medios Libres e Independientes

-Al Pueblo Creyente en Chiapas

-A las Compañeras y Compañeros de los pueblos Originarios de Chiapas, México y del mundo.

Nuestra familia que se encuentra desplazada forzadamente, nuevamente retornará provisionalmente a nuestro paraje Banavil a conmemorar el 2o aniversario de la muerte de la niña Antonia López Méndez, hija de Maria Méndez López y Lorenzo López Girón desplazados actualmente en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. 

A dos años de la muerte de la niña Antonia López Méndez, quien tenía 11 años de edad y fue víctima del desplazamiento forzado con su familia el pasado 4 de Diciembre del 2011. Falleció en el hospital de las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, esa dicha hospital de las culturas no le dieron Atención médica adecuada a la niña Antonia.

Antonia fue sepultada el pasado 21 de febrero de 2015 en su tierra de su Abuelo Alonso López Luna, que también se encuentra desaparecido.

Cómo mujeres y hombres no olvidamos la memoria, la guardamos nuestra memoria para seguir recordando aunque el mal gobierno lo quiere borrar y pisotear.

El gobierno no se ha preocupado durante estos 5 años y 2 meses del sufrimiento de las demás niñas y niños que están desplazadas en la ciudad de San Cristóbal de Las casas. Han pasado más de 5 años sufriendo las niñas y niños en el desplazamiento forzado. En su 5 años de su sexenio del gobernador Manuel Velasco Coello, ni se preocupó en su situación de las niñas y niños desplazadas.

Como Antonia hay muchas niñas, niños muertas, por el mal gobierno y no han esclarecido ni investigado, como las niñas y niños masacrados en Acteal (4 fueron arrancados en sus vientre de su madre , y son víctimas de la lesa humanidad del los tres niveles de mal gobierno).

Agradecemos a las compañeras y compañeros del País Vasco, de la carta que nos ha mandado a nuestra familia desplazada, ya la recibimos y esta llena de palabras que alimenta nuestra corazón, caminar y lucha por las exigencias de nuestra familia. Nuevamente decimos que cuándo nos acompañaron en el retorno provisional en Banavil fueron parte de nuestra familia. Y hay muchas compañeras y compañeros de buen corazón en diferentes países que se han solidarizado con nuestra familia desplazada de Banavil. , ¡Agradecemos su Solidaridad!!.

También nos solidarizamos con las compañeras y compañeros sobrevivientes de la masacre de Acteal, sabemos que este año se cumplen 20 años en que el estado cometió ese crimen en contra de sus familiares, por eso nos sumamos a su exigencia de justicia, para que un crimen así no sea olvidado. Felicitamos a la organización de las Abejas por sus 25 años de lucha y camino.

Para terminar exigimos al Estado Mexicano, como hemos hecho desde hace 5 años y 2 meses:

Que hagan una búsqueda hasta encontrar a nuestro padre Alonso López Luna

Que se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes en contra de los responsables de la desaparición forzada de Alonso López Luna y el desplazamiento forzado que venimos sufriendo y que haya justicia de todos los responsables.

Generar condiciones para el retorno inmediato y definitivo de nuestras familias en Banavil, actualmente somos 21 personas, que nos garanticen seguridad en el momento del retorno y después del retorno, así mismo que nos garantice el estado mexicano que esto no se va a repetir.

Cancelación de las órdenes de aprehensión contra Antonio y Pedro López Girón

Reparación de daño por el tiempo que hemos estado en desplazamiento y todos los bienes que hemos perdido en Banavil.

También exigimos la presentación de nuestros 43 compañeros estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero, entre otras hermanas y hermanos que están luchando por la justicia y verdad por la desaparición forzada.

Justicia para Acteal.

Ya basta de las desapariciones forzadas en México y del Mundo.

Ya Basta de desplazamiento forzado en Chiapas.

Alonso López Luna Hasta Encontrarlo.

Fraternalmente: Las Familias Desplazadas de Banavil de Tenejapa, Chiapas, México.

Petrona López Girón                               Anita López Girón


Lorenzo López Girón                                Miguel López Girón

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/familias-desplazadas-banavil-retornan-conmemorar-la-muerte-de-la-nina-antonia/

Logra la presión nacional que la fiscalía oaxaqueña rescate a niña indígena chimalapa

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDYCCH) informó que “gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación, la fiscalía del estado de Oaxaca finalmente recuperó a la niña indígena chimalapa”, Priscila Ramírez Caballero, de 12 años de edad, sustraída del seno familiar y privada de su libertad desde el pasado 6 de febrero en la Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, de Santa María Chimalapa.

Luis Bustamante Coordinador Nacional y Miguel Angel García, Coordinador regional, respectivamente, del CNDYCCH, exigieron una investigación exhaustiva y con perspectiva de género de este caso; castigo ejemplar al o los responsables de la privación ilegal de la libertad de la niña; reparación integral del daño y atención médica y psicológica especializada a ella y a sus familiares.

En un documento enviado a la Fiscalía General del estado de Oaxaca; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); a la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca; al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) de Oaxaca, entre otras autoridades, así como a organismos y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, precisaron que pese a que el reporte de la desaparición de Priscila fue levantado desde el pasado día 8 del presente (expediente 005/RDNOL/MR/2017) el trato otorgado al caso de esta niña indígena desaparecida, por parte del personal de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) -fiscales y comandante- de la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, “fue de absoluta negligencia, omisión, desprecio y discriminación”.

Esto porque desde el inicio de los intentos de acciones judiciales, el padre y la madre de Priscila señalaron como presunto sospechoso de la desaparición de la niña al señor Jacinto Vásquez Sánchez, de unos 25 años de edad, residente del ejido El Luchador, municipio de Uxpanapa, Veracruz.

Con ese trato “negligente y discriminatorio”, afirmaron, se violó el derecho de acceso a la justicia y a la debida diligencia a los familiares de la niña víctima, violando además los derechos de Priscila, a su integridad, su libertad y su vida misma, “máxime si consideramos el grave contexto de trata y tráfico de menores existente actualmente en nuestro país y llegándose al extremo de que, policías ministeriales de la oficina de la Fiscalía en Palomares, Oaxaca, les dijeron al papá y a la mamá de la niña que, ´si la muchacha se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten que a cambio él les de unos cartones de cerveza, comida y unos refrescos, y ya…”.

Subrayaron que “fue sólo gracias a la presión pública ejercida por la sociedad civil y al apoyo de los medios de comunicación y periodistas honestos-as y comprometidos-as, así como a las medidas jurídicas ejercidas por los familiares de la niña, asesoradas por este Comité y por abogadas y defensoras de los derechos de las mujeres, que luego de 13 largos días, se logró la recuperación y entrega de la menor a su padre y madre”.

Sin embargo, añadieron, esto de ninguna manera basta pues el Estado mexicano en su conjunto, está obligado a promover garantizar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y los casos de las niñas indígenas de los estados del sureste mexicano, particularmente Oaxaca y Chiapas, sustraídas del seno familiar, “robadas” ó “llevadas” bajo supuesto consenso, resultan indignantes e inaceptables, pues ellas se encuentran víctimas de cuatro niveles de vulnerabilidad: por ser pobres; por ser mujeres; por ser indígenas y por ser menores.

Indicaron que además, en el improbable supuesto de que las menores víctimas puedan ser rescatadas y devueltas a su familia -como afortunadamente fue en el caso de Priscila- “quedan estigmatizadas de por vida, llegando incluso a ser discriminadas por su propia comunidad, bajo la ´lógica´ de los mal llamados usos y costumbres”.

El CNDYCCH exigió que la reparación integral del daño incluya acompañamiento jurídico y apoyo permanente a los familiares de la menor por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, durante todo el desarrollo de las investigaciones y hasta el castigo a los culpables; pago de todos los gastos realizados por la familia durante la gestión pasada, presente y futura de este lamentable caso; y atención médica y psicológica especializada, a la niña y a su mamá y papá

Estimaron que este caso debe convertirse públicamente en un doble caso paradigmático: tanto al nivel mismo de los mal llamados “Usos y Costumbres”, bajo los cuales este tipo de casos se ven comunitariamente como algo fatalmente “normal”; como al nivel de muestra y ejemplo acerca de la negligencia y discriminación, con los que son vistos y des-atendidos -por parte del sistema encargado de la impartición de justicia de nuestros estados del sureste del país- casos como éste en los que son sustraídas del seno familiar, robadas y plagiadas, niñas y adolescentes indígenas.


Añadieron que este caso muestra a la sociedad oaxaqueña y mexicana, la urgente necesidad de que las diversas Fiscalías estatales, comenzando por la de Oaxaca, capaciten y sensibilicen a su personal (fiscales y policías) y se aboquen a la brevedad, a la elaboración e instrumentación de protocolos –bajo perspectiva de género y de defensa de derechos indígenas y de niños, niñas y adolescentes- para la verdadera pronta y respetuosa atención de casos similares en el futuro.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ROSA ROJAS.
LINK: https://desinformemonos.org/logra-la-presion-nacional-la-fiscalia-oaxaquena-rescate-nina-indigena-chimalapa/

Morena acusa al Gobierno de la CdMx de gastar “de manera discrecional y sin control”, y de hacer un “guardadito”

Morena acusó que el desfase registrado en el gasto público que aprueba la ALDF y lo que termina gastando el Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa es la causa de que no se vean mejoras en los servicios públicos, en las escuelas y hospitales, en las pensiones para 70 mil adultos mayores y en el transporte público. Martí Batres, presidente del partido en la capital del país, acusó que los otros partidos en la Asamblea no controlan el gasto público de la administración debido a que están “subordinados” al Gobierno local.

César Cravioto Romero, coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), acusó que dos de cada 10 pesos que el gobierno de la Ciudad de México gasta lo hace de “manera discrecional” y “sin control alguno”.

La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México registró ingresos por 221 mil millones de pesos durante el cuarto trimestre de 2016. Pero la ALDF le aprobó 181 mil millones de pesos, por lo que el superávit ascendió a 39 mil millones.

Morena estima que en todo 2016 se recaudaron 226 mil millones de pesos, por lo que el superávit será de 45 mil millones. La Secretaría de Finanzas lo publicará en marzo próximo.

“Un año más, por cuarto consecutivo, el Gobierno de la Ciudad de México deja de gastar en lo fundamental y utiliza estos recursos en lo que se le antoja”, afirmó Cravioto Romero.

Este desfase entre lo que aprueba la ALDF, cuya mayoría es integrada por Morena y PRD, y lo que termina gastando el gobierno de Miguel Ángel Mancera, es la causa por la que no se ven mejoras en servicios públicos, hospitales, escuelas, transporte público o brindar las pensiones para 70 mil adultos mayores, aseguró el coordinador.

¿En qué se gastan los recursos? Los diputados del PRD en tinacos y despensas para mantener su voto, contestó.

Martí Batres Guadarrama, presidente de Morena en la Ciudad de México, cuestionó también dónde se gasta ese dinero extra.

Expuso que la gran obra de los dos sexenios pasados fueron el Segundo piso del Periférico y la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Sus programas sociales fueron las pensiones para adultos mayores y las becas PrepaSí.

¿Cuál es la gran obra y programa social de Mancera?, preguntó Batres. ¿Por qué el Gobierno miente a la ALDF, el órgano Legislativo encargado de aprobar el presupuesto basado en los ingresos?, preguntó. “El gobierno está supliendo a la ALDF”, criticó.

Los otros grupos parlamentarios de los otros partidos políticos “están subordinados” al gobierno local. No controlan el gasto.

“Tenemos un gobierno con un apetito fiscal feroz y una gran incapacidad para gastar”, dijo el líder de Morena de la CDMX.

El Diputado Alfonso Suárez afirmó que el uso de los recursos de las ciudad no se están dirigiendo “de manera transparente”.


“Ese dinero tiene que regresar a la gente que paga impuestos”, destacó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-02-2017/3157055

EU debe aceptar que el TLCAN lo beneficia: México; ni cuotas ni aranceles, “sería desastroso”

El Gobierno mexicano no aceptará cuotas ni aranceles en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y antes de renegociar Washington tiene que reconocer que el acuerdo comercial “ha sido beneficioso” para Estados Unidos, aseguró el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo en su visita a Canadá.

El Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó hoy que antes de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Washington tiene que reconocer que el acuerdo comercial “ha sido beneficioso” para Estados Unidos y adelantó el Gobierno mexicano no aceptará cuotas ni aranceles en la renegociación.

Guajardo, que se encuentra en Toronto para participar en una conferencia sobre el futuro de las relaciones en Norteamérica junto con el ministro mexicano de Asuntos Exteriores, Luis Videgaray, añadió que sin esa declaración, las negociaciones empezarían “sesgadas”.

El Ministro mexicano también explicó que no espera que las negociaciones para la renegociación del TLCAN se inicien “antes del verano”.

Guajardo reconoció que las negociaciones “no serán fáciles” y que “definitivamente” no incluirán la imposición de cuotas o aranceles aduaneros.

“Nada en el nuevo TLCAN debe ser un paso hacia atrás. Definitivamente, no incluiremos ninguna medida de gestión de comercio como cuotas o abrir la caja de Pandora de los aranceles. Sería desastroso”, dijo el Ministro mexicano.

“No es posible que nadie se siente a negociar un acuerdo que ha existido durante 20 años bajo la suposición que solo una parte se ha beneficiado de este acuerdo. Si se empieza con esa suposición, se acaba con un proceso sesgado en esta negociación”, explicó Guajardo.

Guajardo añadió que, “desde el punto de vista de México”, para que las negociaciones tengan éxito, además de la declaración previa de que EE.UU., así como Canadá y México, se han beneficiado del TLCAN, es necesario tener en cuentas otras cuestiones.

El titular de la Secretaría de Economía indicó que las estadísticas no avalan la retórica del presidente estadounidense, Donald Trump, de que el TLCAN ha supuesto la eliminación de empleos en Estados Unidos porque aquellos sectores que más están vinculados al acuerdo han aumentado su fuerza laboral mientras que los que no, han caído “rápidamente”.

“Sectores como automóvil, computadoras, aeroespacio son los que están creando empleos en Estados Unidos. Y los sectores que no están conectados a la cadena de valor regional, son los que están cayendo muy rápidamente en Estados Unidos”, continuó.

“México y Canadá, especialmente México, no es parte del problema del sector manufacturero en Estados Unidos, sino parte de la solución para mantener empleos en Estados Unidos”, concluyó.

Guajardo señaló que otra base de las negociaciones es reconocer que “TLCAN es un acuerdo con 23 años de edad. Tenemos que cambiar TLCAN para reflejar los nuevos desafíos que estamos encarando en la economía”.

Otro requisito para las negociaciones es que, “para que tengan éxito”, deben suponer un beneficio para los tres países.

“Nuestros sistemas políticos no aceptarán un resultado que no es una victoria para los tres”, aseveró el titular mexicano de Economía.


“Si no regreso con un acuerdo con claros beneficios para México”, agregó, el Senado mexicano no aprobará la renegociación del TLCAN.

FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-02-2017/3156987

Cienfuegos y su exhorto

En el aniversario de las Fuerzas Armadas, celebrado el domingo pasado, el discurso del General Salvador Cienfuegos resultó acertado al insistir en que no se debe impulsar una ley de seguridad interior “a modo”. 

Después de las preocupaciones planteadas por académicos y organizaciones de la sociedad civil, sobre los riesgos de las iniciativas de ley que hasta hoy se han presentado, vale la pena atender esa solicitud, con la intención de fortalecer la legitimidad de las fuerzas armadas que no debe arriesgarse obviando los contrapesos mínimos que requiere un sistema democrático.

Los diferentes debates surgidos a partir de su solicitud de normar la participación del Ejército y la Marina en la estrategia nacional contra el crimen organizado, dieron lugar a tres distintas iniciativas de ley presentadas por los legisladores César Camacho, Roberto Gil Zuarth y Miguel Barbosa, cuyo común denominador busca sustentar legalmente su operación en espacios y contextos diversos, sin que prevalezcan algunas condicionantes importantes.

Entre las debilidades de las iniciativas planteadas, las organizaciones de defensa de derechos humanos y los especialistas en seguridad nacional advierten las siguientes: Los estados de emergencia atentan contra la médula constitucional, contra la división de poderes y contra los derechos fundamentales; se faculta a las fuerzas armadas para reprimir cualquier tipo de resistencia social, aunque esta fuera no agresiva; las fuerzas armadas tendrían acceso a todo tipo de información independientemente de la autonomía las instituciones en las que decidan intervenir.

Concentrémonos en la última, en tanto la declaración del General Cienfuegos coincide con la decisión del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública INAI, de dar a conocer la versión pública del expediente de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Tlatlaya, Estado de México. De acuerdo con las conclusiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 30 de junio del 2014 en la comunidad de San Pedro que pertenece al municipio de Tlatlaya, murieron 22 personas. En su recomendación, la CNDH señaló que 15 de las víctimas fueron ejecutadas por militares, que el lugar de los hechos fue alterado y que algunos de los fallecidos eran civiles que no estaban relacionados con el motivo del enfrentamiento armado.

La trascendencia de esta obligación para hacer pública la información responde a dos garantías que se deben conservar. La primera es la posibilidad de que la CNDH realice investigaciones e integre documentación sobre casos de violación de derechos humanos, con la tranquilidad de que la investigación no será interceptada ni los documentos serán sustraídos por instrucciones de las fuerzas armadas. Ya que de hacerse efectiva la intención de las iniciativas de ley, de que las fuerzas armadas tengan acceso a cualquier información mediante cualquier método, se facilitaría una intromisión injustificada que dificultaría el ejercicio de funciones de los defensores de derechos humanos del Estado, vulnerando su autonomía.

Además, no solo la CNDH podría ver afectada su autonomía, sino que, de aprobarse una Ley de Seguridad Interior en esos términos, también el INAI podría ser objeto de intervención de información por parte de las fuerzas armadas.

Es importante que atendiendo el llamado del General Cienfuegos para que el marco jurídico responda a las necesidades del Estado, tanto los legisladores, como la sociedad y las instituciones, nos tomemos el tiempo necesario para construir un marco normativo integral en materia de seguridad que no ponga en riesgo la independencia de los órganos autónomos, ni sirva de blindaje a la impunidad de acciones violatorias de derechos humanos.

El reto es enorme, sobre todo cuando la autoridad civil no está preparada para hacerle frente al crimen organizado. Sin embargo, debemos confiar en que es posible diseñar un esquema de mediano y largo plazo en el que paralelamente se fortalezcan las policías y se construyan las vías progresivas para ir regresando al Ejército a sus cuarteles.

FUENTE: SIN EMBARGO.

AUTOR: MAITE AZUELA.

LINK: http://www.sinembargo.mx/21-02-2017/3156878

Pago a muertos y dinero que no llegó al campo: así desvió millones de pesos la Sagarpa

El desfalcó señalado por la Auditoría en las cuentas de 2015 se dio a través de apoyos a personas fallecidas y recursos entregados al campo que no fueron utilizados para ese fin.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) presuntamente malversó más de mil 600 millones de pesos a través de múltiples prácticas irregulares, como la entrega de apoyos a beneficiarios fallecidos; pagos a universidades para desviar cientos de millones y la entrega de recursos para el campo que no fueron invertidos para ese fin.

Así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, por quinto año consecutivo, detectó graves irregularidades en el gasto de recursos por parte de la SAGARPA, por lo que realizó cinco auditorías forenses a esta dependencia del Gobierno Federal, por la presunta comisión de delitos.

Animal Político te presenta un resumen de las observaciones más relevantes de estas cinco auditorías forenses, cuyo monto total de presunto daño al erario es de mil 628 millones de pesos.

Dan apoyos a 253 fallecidos y a personas “duplicadas”

A través del programa de fomento a la producción de maíz y frijol, la Auditoría Superior de la Federación documentó un presunto daño al erario por parte de SAGARPA por un monto de 209 millones 918 mil pesos.

Entre las principales irregularidades detectadas, destaca que SAGARPA hizo “pagos improcedentes” por 82 millones 652 mil pesos a: 3 mil 021 beneficiarios “duplicados” –es decir, la dependencia dio dos veces el mismo apoyo a un beneficiario-; 271 beneficiarios que habían fallecido antes del periodo de apertura de ventanillas para pedir la ayuda económica; y a tres proveedores que no aportaron facturas que pudieran amparar un importe total de 28 millones 813 mil pesos en subsidios.


Asimismo, SAGARPA entregó a sus delegaciones en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, un total de 88 millones 531 mil pesos para apoyar a 25 mil 905 productores agrícolas, a pesar de que estos subsidios “no fueron requeridos por las delegaciones”, además de que la dependencia no entregó a la ASF la documentación que acredite el pago de las ayudas.

Auditoría al programa de Maíz y Frijol

PROCAFÉ dio 200 millones a personas que no sabían si eran productores de café.

A través del programa dedicado al fomento del cultivo del café en México –PROCAFÉ-, la SAGARPA entregó 204 millones 149 mil pesos en apoyos económicos a miles de personas que, o bien la dependencia no sabía si eran productores de café, o bien no sustentaron con documentos en qué gastaron esa ayuda del Gobierno Federal.

De esos 204 millones de presunto daño al erario, la ASF documentó que SAGARPA dio 107 millones 015 mil pesos a un total de 48 mil 147 personas que “no se encontraban inscritos en el padrón nacional cafetalero”, por lo que la dependencia dio dinero a personas de las que “no tiene certeza” de que, en realidad, sean productores de café.

Al igual que en el programa de Maíz y Frijol, SAGARPA también hizo pagos “duplicados” a beneficiarios por los mismos conceptos de apoyo por 6 millones 040 mil pesos.

Mientras que 79 millones 740 mil pesos fueron entregados a productores sin que la dependencia federal presentara a la ASF los documentos que acrediten que, en efecto, entregó los bienes.


Asimismo, SAGARPA dio 11 millones 352 mil a una asociación civil que no cumplió con la certificación de 359 técnicos en el cultivo de café.

Auditoría de la ASF al programa PROCAFÉ.

Simuló esquemas de pago con universidades y empresas para malversar 275 millones

En la auditoría a la Planeación de Proyectos, la ASF le reclamó a la SAGARPA 275 millones 830 mil que, como presunto daño al erario, la dependencia malversó simulando un esquema para transferir dinero en favor de proveedores a través de instituciones académicas, asociaciones civiles y empresas privadas.

Como parte de esos 275 millones de daño al erario, la Auditoría documentó que la SAGARPA suscribió cinco convenios de colaboración, evadiendo el proceso de licitación pública, con la Universidad Autónoma de Zacatecas por 219 millones 430 mil pesos.

A pesar de que la universidad declaró que contaba con profesionales y recursos técnicos para cumplir con los objetos de los convenios –realización de estudios, diagnósticos, sistemas de información, asistencia técnica y capacitación-, la ASF señaló que la universidad subcontrató a otras empresas a las que benefició con parte de esos casi 220 millones que le entregó la dependencia federal.


Sin embargo, ni las empresas ni la universidad acreditó con documentación que, en efecto, cumplieron con los servicios contratados por SAGARPA a pesar de recibir el dinero. Incluso, la ASF acreditó que tanto SAGARPA como la Universidad Autónoma de Zacatecas presentaron, para justificar que sí se realizaron los servicios de los convenios, 32 entregables que fueron extraídos de internet.

Auditoría a la Planeación de Proyectos.

Apoyos a beneficiarios que no pidieron la ayuda

En el programa para fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico en el campo, la Auditoría documentó un presunto daño al erario por 225 millones 755 mil pesos.

Como parte de esos 225 millones de daño, la ASF detectó que SAGARPA otorgó apoyos económicos a seis beneficiaros por 52 millones 695 mil pesos, sin que estos contaran con la capacidad para realizar los proyectos que se les encomendó, por lo que estos se quedaron sin concluir.

Asimismo, la dependencia federal entregó 6 millones 420 mil pesos a 10 “supuestos beneficiarios” que no pidieron apoyo económico a SAGARPA; y dio 20 millones 013 mil pesos a otros seis beneficiarios de Michoacán y Durango que trataron de comprobar que recibieron el dinero público a través de facturas que, de acuerdo con el SAT, estaban canceladas o sin registro.


Al igual que en el programa para el fomento de la producción de maíz y frijol, SAGARPA también pagó apoyos por 223 mil 800 pesos a 14 beneficiarios que la ASF documentó que habían fallecido antes de la apertura de ventanillas para pedir la ayuda a la dependencia.

Auditoría al programa de desarrollo tecnológico

Irregularidades por más de 700 mdp destinados a mejorar la competividad del campo

En cuanto al Programa de Productividad y Competividad Agroalimentaria, Animal Político publicó el pasado 16 de febrero que la SAGARPA cometió irregularidades por hasta 712 millones de pesos.

De acuerdo con la ASF, la dependencia “presentó documentación presuntamente alterada” para acreditar el gasto de 306 millones de pesos en apoyos y subsidios a beneficiarios del programa de productividad agroalimentaria.


Además, la Auditoría denunció que la SAGARPA no concluyó obras, ni llevó a cabo proyectos para mejorar la productividad y competitividad agroalimentaria por un monto de 405 millones.

Auditoría al programa de competitividad.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/sagarpa-desvio-auditoria/

Errores de la Procuraduría dejan impune el caso de un pastor cristiano que violó a una niña

El ministro cristiano Jorge Yescas abusó sexualmente durante tres años de una niña en Hidalgo, pero errores de la Procuraduría y un juez pudo obtener un amparo.

En agosto de 2014, una adolescente se presentó ante el Ministerio Público de Pachuca, Hidalgo, con un escrito entre sus manos, en el que resumía su vida durante los últimos tres años, una etapa en la que fue víctima de ataques sexuales por parte de la persona en la que más confiaba su familia: el ministro religioso de su congregación, un hombre que para entonces tenía 53 años, llamado Jorge Yescas López.

“Hasta el día de hoy no he hablado por el miedo y la vergüenza”, dice el texto que la joven X. presentó ante la autoridad, en el que narra cómo en 2007 llegó por primera vez al templo conocido como Centro de Integración Familiar Renuevo (en la colonia Plutarco Elías Calles, de Pachuca), de la mano de su madre, siendo una niña de 11 años.

“Con el transcurso de los años, la relación con estas personas, y en lo personal con el pastor, fue más frecuente. Nos hacía invitaciones junto con su esposa a reuniones de carácter social, festejos navideños, cumpleaños y (reuniones) familiares“.

Tal como consta en la averiguación previa iniciada por las autoridades de Hidalgo, fue esa cercanía “familiar” el pretexto usado por el pastor para cometer la primera agresión sexual en contra de ella en 2010.

X. narra: “Él le menciona a mi hermana mayor que su hija me quería mucho y que siempre quería estar conmigo (…) Ese mismo domingo, el pastor le pidió a mi mamá permiso para que me fuera a su casa, ya que su hija, la más pequeña, insistía que yo fuera a jugar, y le hizo una llamada a su esposa para que convenciera a mi mamá de que me dejara ir”.

X. tenía en ese momento 13 años.

Tal como consta en su declaración ministerial, en un momento en que X. y la hija menor del pastor miraban la televisión en la cama de la niña, Jorge Yescas entró a la habitación, se acostó junto a la adolescente y comenzó a tocarla por debajo de la cobija, además de obligarla a tocarlo a él. 

Según la averiguación previa, el pastor cometió esta agresión aún cuando su hija menor se encontraba en la misma cama.

Luego, usó su figura de autoridad para obligar a X. a mantener silencio.

Semanas después, el pastor pidió nuevamente permiso a la familia de la menor para llevarla a participar a supuestas actividades juveniles de la congregación religiosa. No obstante, el destino real fue un motel donde la violó, e inició lo que se convertiría en práctica común: tomarle fotos y videos desnuda, o mientras la sometía a actos sexuales.

La amenaza de publicar esas imágenes fue el mecanismo para mantener controlada a la menor durante los años siguientes. 

Entre 2010 y 2013, la adolescente X. intentó suicidarse en dos ocasiones, una lanzándose desde una segunda planta, caída de la que sobrevivió, aunque con una fuerte lesión en el cuello, y luego cortándose la muñeca con un vidrio, intento también fallido gracias a la intervención de sus familiares.

La razón de estos atentados contra su propia vida fue esclarecida tiempo después por la menor de edad, una vez que se convenció de presentar su denuncia: el primer intento de suicidio vino luego de que el pastor le practicó un aborto, introduciéndole pastillas anticonceptivas.

En la averiguación previa se consigna que el pastor realizaba este procedimiento cada vez que se retrasaba o suspendía el periodo menstrual de X., y que lo repetía durante tantos días como tardara en aparecer de nuevo el flujo menstrual.

El primer aborto forzado ocurrió cuando ella tenía 15 años (y el pastor 50).

“Él me colocó cuatro pastillas en la vagina. Yo me recosté una hora, y en esa hora comencé a llorar, por un fuerte dolor que comenzó a darme en el vientre, me dio fiebre, y en poco tiempo me dieron ganas de vomitar… al día siguiente él hace lo mismo, y la situación en la que me encontraba yo no era estable, comencé a ir al baño muchas veces para vomitar, él me hace mucho enojar y yo me levanto y me voy al coche, y él me da una cachetada, que se me marcó en la mejilla”.

Ese aborto forzado llevó a la adolescente al primer intento de suicidio.

El segundo intento ocurrió un año después, cuando X. tenía 16 años, luego de que el pastor la arrojara por unas escaleras.

X. volvió a su casa y ocultó las lesiones; sin embargo, durante la madrugada debió ser llevada al hospital con convulsiones. Le detectaron un derrame craneal que fue diluido con medicamentos.

Mientras convalecía, X. se cortó las venas de la muñeca, aunque su familia se percató oportunamente y le brindó asistencia.

Según consta en las actas ministeriales integradas por la Procuraduría de Hidalgo, durante esos tres años el pastor Jorge Yescas fue también seduciendo a la familia de X., asignándoles responsabilidades meritorias dentro de la vida de la congregación religiosa: el pastor eligió a la mamá de la adolescente como su cocinera (de hecho, iba a comer a la casa de la menor, situación que facilitaba aún más la cercanía con la víctima), y a sus hermanos mayores los involucró en actividades misioneras y en la “alabanza”, es decir, en las ceremonias religiosas del templo Centro de Integración Familiar Renuevo.

Conforme la situación emocional y física de X. fue agravándose, en la familia fue creciendo la certeza de que todo se relacionaba con la cercanía del pastor, y fue así que -en noviembre de 2013- los padres y hermanos de X. acudieron al MP para denunciar que Jorge Yescas abusaba de la adolescente, iniciándose entonces las indagatorias en su contra.

Sin embargo, X. negó en ese instante los hechos y tardó siete meses más en vencer el miedo a las amenazas del pastor de hacer públicos las imágenes en las que ella aparece desnuda, luego de lo cual se sumó a la denuncia formulada por sus padres, pero ahora aportando su testimonio directo de las vejaciones sufridas entre 2010 y 2013.

En el escrito que X. presentó, aún siendo menor de edad, ante la Procuraduría de Hidalgo, señala que el pastor Jorge Yescas López debía ser juzgado por los delitos de “lesiones, inducción al aborto, amenazas, violación, actos libidinosos, estupro y/o los que resulten”.

Autoridad cómplice

A partir de que X. acudió ante la Procuraduría de Hidalgo con su escrito de denuncia en las manos, las autoridades estatales tardaron un año en integrar la averiguación previa y consignar al pastor ante un juez, lo que ocurrió en agosto de 2015.

Tras revisar el caso, el juez penal decretó el auto de formal prisión, al considerar que existían pruebas suficientes para iniciar un juicio en contra de Yescas por el delito de “estupro”, que comete aquel que “tenga cópula con una persona mayor de 12 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o engaño”. Sobre el resto de los delitos, el tiempo había borrado las evidencias. 

El ministro religioso, sin embargo, nunca pisó la cárcel.

A través de un juicio de amparo, Yescas echó abajo el auto de formal prisión emitido en su contra, al comprobar que tanto la Procuraduría de Hidalgo como el juez que revisó el caso, habían cometido “un error”.

Según la ley, cuando la Procuraduría -a través del Ministerio Público- presenta a un acusado ante un juez penal, está obligada a entregar dos cosas: la averiguación previa, que incluye todas las pruebas recabadas; así como un texto denominado “pliego consignatorio”, el cual no sólo debe especificar qué delito se imputa al detenido, sino que también debe explicar la forma en la que cometió dicho delito.

En el caso de Jorge Yescas, el Ministerio Público omitió explicar en el pliego consignatorio cómo fue que el pastor cometió el delito de estupro. Ese fue el primer error.

El segundo error fue cometido por el juez, que en agosto de 2015 aceptó el pliego consignatorio, aún con esa falla técnica, y por cuenta propia realizó un “análisis oficioso” de las pruebas, tras lo cual determinó que, efectivamente, existían elementos suficientes en contra del acusado.

Por ley, los jueces penales no pueden realizar dicho análisis oficioso, ya que eso equivale a suplantar al MP en sus labores y, por lo tanto, perder la imparcialidad.

Bajo esta lógica, un segundo juez, esta vez de amparo, determinó el 1 de enero de 2016 que la justicia federal debía cobijar al ministro religioso Jorge Yescas López, y dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra.

Yescas, sin embargo, no fue absuelto: el juez de amparo consideró que la Procuraduría de Hidalgo aún podía corregir la falla técnica en su pliego consignatorio, y presentar de nuevo al ministro religioso ante un tribunal penal.

No obstante, desde que dicha resolución fue emitida ha pasado ya un año y un mes, y en este tiempo “la Procuraduría ya no ha vuelto a hacer nada“, tal como denunció R., familiar de la menor agredida, en entrevista.

Aún cuando el error en el pliego consignatorio era un detalle de fácil corrección, “a la Procuraduría ya como que se le olvidó el caso… sospechosamente, se le olvidó el caso”.

En tanto, “el pastor sigue ahí, libre, como si nada, y todos los fines de semana lo vemos, porque el templo está muy cerca de la casa –narra R.–. Y él nos ve y se ríen(…) estos años hemos sufrido de todo: X. fue agredida todo ese tiempo y luego ha vivido afectada emocionalmente; la congregación nos dio la espalda; y hasta hemos recibido amenazas”.

Además, señala, a raíz de esta denuncia y proceso penal, “unas 40 personas nos salimos de ese templo: nuestra familia y todos los que estábamos en el grupo musical del templo, que son jóvenes y que se solidarizaron con X., además de otras pocas familias más, pero el resto de la gente, mucha gente, se quedó… y luego, a esas 40 personas ya no nos aceptaban en ningún templo, prácticamente toda la comunidad cristiana de Pachuca nos rechazó y respaldó al pastor Jorge Yescas, y sólo hubo un templo que nos abrió los brazos, y ahí estamos ahora.”

Desde el pasado 10 de febrero, Animal Político consultó a la Procuraduría de Justicia de Hidalgo cuál fue la razón de que el Ministerio Público no corrigiera la falla en el pliego consignatorio, y por qué se abandonó el proceso penal en contra del pastor Yescas, a pesar de que el amparo no demeritaba la investigación realizada por el delito de estupro, sino sólo el trámite de presentación ante el juez. 

A través de su vocero, Éder Arteaga, la Procuraduría de Hidalgo anunció que fijaría su postura en torno a estos hechos el viernes siguiente, sin embargo, dicho plazo se venció sin que dicha dependencia rindiera una explicación.

Mil palabras, una imagen

“Nosotros, como familia, queremos justicia –dice R.–, y ya no sabemos qué más hacer… pero lo que más queremos, sencillamente, es que esto no le vuelva a pasar a ninguna otra niña.”

–¿El pastor los ha contactado? –se le pregunta.

–Nos manda mensajes; a X. le ha escrito por mensajes de internet, diciéndole que ahora él nos va a meter a la cárcel a todos nosotros, a los que nos califica de “pendejos”. Que ya le llegó su “bono de Gobernación”, así dice literalmente, y que ahora va la suya.

Para probar esto último, R. muestra una impresión del mensaje de texto enviado al teléfono de X, en diciembre de 2016, en el que se incluyen esas amenazas.

Consultado telefónicamente en torno a estas denuncias y proceso penal, el pastor Jorge Yescas aseguró que “todas (las acusaciones) son falsas. Absolutamente falsas. Te lo digo de mi palabra, pero ya está comprobado por dos jueces federales”.

Tal como afirmó, además del amparo emitido en enero de 2016, existe una segunda resolución en su favor, emitida, según afirmó, por un juez de Coatzacoalcos (Veracruz).

–¿Podría proporcionarnos copia o al menos enviarnos una fotografía de las páginas en donde se establece esa resolución? –se le consultó.

–Te voy a ser sincero –respondió–: se lo pregunté a mi abogado y él me decía que no. Por eso quería que vinieras (a Pachuca).

Cabe destacar que Animal Político planteó al pastor Yescas realizar un viaje a Pachuca para tener una entrevista en persona, fijando como punto de encuentro la terminal de autobuses de dicha ciudad, como medida de seguridad. 
El pastor, sin embargo, desechó tal propuesta y, finalmente, se convino realizar únicamente la entrevista telefónica.

“A lo mejor –aseguró el pastor–, ya ni siquiera tendría caso que vinieras. Tú me preguntas y yo te respondo: me declaré y me declaro total y completamente inocente. Y así lo determinó ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación“.

Aún cuando así lo afirmó, la Suprema Corte no ha tenido ninguna participación en el proceso penal seguido en su contra, ni en el amparo en su favor y, de hecho, luego de un rastreo en el Consejo de la Judicatura Federal, tampoco pudo constatarse la existencia de ninguna otra resolución en su favor emitida por tribunales federales radicados en Veracruz.

“Mi asunto está legalmente cerrado –subrayó–, porque luego del amparo (de enero de 2016, por la falla técnica en su pliego consignatorio), el juez dio 180 días para impugnar su resolución, y ese tiempo ya se venció por ahí de marzo de 2016”.

Todas estas acusaciones en su contra, remató, fueron promovidas por “un grupo de criminales, que se están queriendo aprovechar de la situación y queriendo despojar de bienes”. 

–¿La Procuraduría ya se desistió formalmente de la acción penal? –se le pregunta.

–No, la procuraduría no se desistió –reconoció el ministro religioso.

Para probar que X. fue víctima de este pastor, la menor no sólo proporcionó a Animal Político su testimonio y los expedientes que integran la causa penal, así como dos evidencias que había mantenido en resguardo, hasta la fecha.

La primera evidencia es uno de los videos que Jorge Yescas realizó, mientras sometía a la adolescente a actos sexuales.


Tal como deja ver, este video fue captado por Yescas, quien cambia de mano la cámara (un teléfono celular) en varias ocasiones, para realizar distintas tomas estilo “selfie”, mientras somete a X., desnuda, y la obliga a realizar distintas poses.

Este video, recuperado por la víctima de entre los innumerables realizados por el pastor, fue captado en 2013, cuando la víctima tenía 16 años de edad.

La segunda evidencia que presentó la víctima a Animal Político es un video, captado  por ella misma en 2016 (cuando acababa de cumplir 18 años), en un momento en que el pastor la fuerza a presentarse ante un abogado particular, para firmar una carta en la que se desiste de todas las acusaciones. 

Aprovechando el desconocimiento de X. en torno a conceptos legales, el pastor le hizo creer que el amparo obtenido lo declaraba totalmente inocente y, por tanto, que convertía a la joven y su familia en culpables de “difamación”.

De esta forma, con la amenaza de encarcelar a sus padres y hermanos, el pastor obligó a X. a firmar una carta de desistimiento, que fue elaborada por el mismo abogado de Yescas.

Tal como deja ver el video, grabado por X. con su teléfono celular y sin que Yescas o su abogado se percataran de ello, antes de ingresar a la oficina, el pastor le dicta a la joven lo que debe decir.

–Di que te engañaron –le ordena Yescas–, di que te dejaste llevar por ellos y ya, y que ahorita ya no quieres hacer nada. Di que entre tú y yo nunca pasó nada. Que esta gente me quiso hacer daño y que te usaron a ti.

–Y de mi familia, ¿qué digo? –pregunta X.

–Igual, que los engañaron –es la orden de Yescas.

Luego, el video muestra que Yescas y la joven ingresan a una oficina, en la que son recibidos por una persona que se presenta como “Víctor”.

Una vez dentro de la oficina, el abogado le dice a X.: “Ya había elaborado yo un escrito, ¿me puede escuchar con atención?…”

Entonces, el abogado lee en voz alta un texto escrito por él, a nombre de X., en el que ésta destituye a sus representantes legales y renuncia a seguir el proceso penal en contra del pastor.

Después de dar lectura a la carta, y antes de entregársela a X. para que la firme, el abogado de Yescas le advierte a la joven: “No quiero que luego vaya a argumentar que fue malenterada, presionada, ni nada”.

Por ello, para simular que la carta era firmada de manera voluntaria, el abogado le informa a X. que va a comenzar a grabar con su propio teléfono, “para evitar cualquier conflicto posterior”.

Luego, ya con la cámara del abogando andando, éste usa un tono paternal para decirle a X.: “Mi obligación es protegerla a usted y protegerlo a él (al pastor Yescas, sentado a su lado); no es cuestión de hacer leña del árbol caído, ni estarte perjudicando, ni nada por el estilo. No se trata de inventar. Se trata de que ambos salgan favorecidos… Hay abogados que influencian en la gente y tratan de sacar provecho y dinero y relación, o después otro tipo de relación, máxime si son mujeres, pues ya las piropeamos”.

Por último, le entrega la carta a X. para que la firme, advirtiéndole que para el pastor no es necesario su desistimiento, porque él ya fue absuelto por el juez de amparo.

Ante el temor de que el pastor y su abogado tomaran represalias contra su familia, X. firmó este documento. Sin embargo, las amenazas del pastor no cesaron.

El pasado 8 de febrero de 2017, X. (hoy estudiante universitaria) se presentó nuevamente ante las autoridades de Hidalgo, para pedir ayuda ante los amagos de represalias que el pastor ha realizado, de diciembre de 2016 a la fecha.

Esta vez, X. ya no acudió a la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, organismo que otorgó impunidad a su agresor. Ahora, la joven acudió al Centro de Justicia para Mujeres del Estado, dependiente de la Secretaría de Gobierno hidalguense.


Sus anhelos de justicia, no obstante, no están sembrados en la actuación de las autoridades estatales, omisas desde un inicio, sino en la solidaridad y en la comprensión ciudadana. Es por ello que decidió exponer su caso públicamente.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/pastor-violacion-menor-hidalgo/