La administración de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE) transfirió, “en una sola exhibición”, 227 millones de pesos a la empresa AMPS, creada por Jorge Tello Peón y Marco Antonio Novella Juárez, dos personajes del círculo de confianza del extitular de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, hoy convicto en una prisión de los Estados Unidos por crimen organizado.
Tello Peón fue asesor presidencial de Felipe Calderón en materia de seguridad pública, y se le atribuye el fichaje, en aquella administración, de García Luna, quien fue condenado a casi 40 años de prisión en los Estados Unidos por narcotráfico. Marco Antonio Novella Juárez , por su parte, fue director de Desarrollo Penitenciario de la SSP en el primer círculo del ahora convicto.
De acuerdo con una investigación desarrollada por EMEEQUIS con base en la consulta de registro notariales y corporativos, recursos de transparencia y consultas al INE, la transferencia del dinero se efectuó para cubrir el costo de un contrato asignado de manera directa y con vigencia de diciembre de 2025 a diciembre de 2026, por “la prestación del servicio para el proyecto” denominado “Centro Estratégico de Seguridad Integral”.
No sabemos si AMPS fue contratada por el INE, por un proyecto escrito, por la ejecución de una obra o por un servicio operativo, ya que la versión pública del contrato no incluyó el anexo técnico.
EMEEQUIS solicitó con oportunidad al INE el documento faltante o en su defecto especificación sucinta sobre los bienes o servicios adquiridos con la contratación señalada, así como una exposición sucinta sobre el criterio preciso por el que decidió omitir la licitación para asignar el contrato.
Como respuesta, el organismo remitió a este medio de información la copia de una respuesta a una solicitud de información sobre el contrato en cuestión, en la que se informa que los detalles relacionados con el anexo único del contrato fueron clasificados por cinco años, por cuestiones de seguridad nacional y para la preservación de la democracia; y en la que se alude al surtido de cámaras de vigilancia y torniquetes colocados en dos edificios del mismo instituto.
Por otro lado, pedimos a la IA de Google que, con base en el precio por metro cuadrado para el ciclo 2025 – 2026 del Centro de Ingeniería de Costos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), estimara qué obra podría ejecutarse con los recursos transferidos por el INE a la caja de la empresa fundada por Novello y Tello Peón.
Según la IA, con dichos recursos podría financiarse un hospital privado completo, de tamaño mediano, con aproximadamente 9,500 metros de construcción; un edificio corporativo moderno de diseño estándar de unos 7,500 metros cuadrados; una nave industrial de manufactura o centro de distribución logística de poco más de 21 mil metros cuadrados; o 261 viviendas de interés social (incluidos costos de terrenos y urbanización).
Sobre la naturaleza de los propietarios de la empresa beneficiaria del contrato, el INE no hizo comentarios.

AL CHAS – CHAS
El dinero salió del INE directo a la cuenta de la compañía creada por los amigos de García Luna en un solo depósito.
Y es que el contrato, con número INE/050/2025, se decidió a dedo: “el instituto aprobó la excepción a la licitación pública para la adquisición de bienes objeto del presente contrato, mediante Acuerdo No. 1, tomado en Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios” del 5 de diciembre de 2025”. Le notificaron al proveedor en la misma fecha.
El objeto del contrato consistía en “la prestación del servicio para el proyecto integral ‘Centro Estratégico de Seguridad integral’ para los inmuebles del Instituto Nacional Electoral (Tlalpan, Tláhuac, orum, Zafiro, Insurgentes, Quantum, Centro de Cómputo y Resguardo Documental, y Moneda) y las 32 juntas locales ejecutivas”.
El monto que la institución destinó por este servicio para la empresa de Novella y Tello Peón fue de 227 millones de pesos cerrados, con el IVA incluido, que fue liquidado en una sola exhibición.
El INE establece que la firma del contrato “se realizó a petición de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios (a cargo de Mario Alfonso Burciaga Esparza) de la Dirección Ejecutiva de Administración”, y designó como administradora del contrato a Ofelia Sánchez Frías, coordinadora de Seguridad y Protección Civil del organismo, y a Guadalupe Durán para recibir la documentación del beneficiario.
La vigencia del contrato es de la fecha del 5 de diciembre de 2025 al 5 de diciembre de 2026. Es decir, inició su vigencia en cuanto se asignó y continúa al menos durante este año.
El INE justificó la “excepción” para asignar el contrato sin licitación ni concurso de ningún orden, “con fundamento en los artículos; 134, párrafo cuarto, de la Constitución”; “21, fracción II; 23, 24, 26; 31, párrafos primero, fracción I; segundo y décimo primero, fracción I; y 35, fracción I, del Reglamento de INE en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”.
Sólo el último de los artículos invocados alude a excepciones a la licitación, y de hecho remite a los criterios establecidos por la Secretaría de Economía, a saber, cuando no existan bienes o servicios alternativos, o si se trata de patentes exclusivas, por ejemplo medicamentos de patente o tecnologías únicas.
EMEEQUIS consultó con oportunidad al INE para conocer los criterios que sustentaron la asignación del contrato sin licitación, así como los detalles del anexo técnico. El organismo remitió a este medio informativo una copia de una respuesta a una solicitud de información sobre la asignación en cuestión.
En el documento se explica que la información relacionada con el anexo único fue clasificada por cinco años para salvaguardar la seguridad nacional, pues de lo contrario, “se pone en franco riesgo la capacidad del INE para ejercer su función estatal de organizar elecciones”, y que tiene como propósito último salvaguardar ”la correcta ejecución de todo proceso electoral a su cargo y, por lo mismo, al orden constitucional y a la democracia y sus instituciones”
La respuesta también explica que “el contrato derivó de un procedimiento de contratación aprobado por el Comité de Adquisiciones, mediante adjudicación directa, sustentada en una investigación de mercado”.

EL ARMAZÓN CORPORATIVO
AMPS para la Integración y la Articulación S.A.P.I de C.V. fue constituida el 25 de enero de 2017, ante la Correduría Pública No. 59 de la Ciudad de México, con sede en la Alcaldía Miguel Hidalgo, por tres socios: Marco Antonio Novella Juárez, Jorge Enrique Tello Luna y Madison Intelligence Holding.
Esta última compañía fue formada ante el mismo fedatario el 13 de abril de 2016, por Jorge Enrique Tello Peón, Jorge Enrique Tello Luna y Laura Gabriela Tello Luna.
AMPS se planteó como propósitos, de acuerdo con la documentación constitutiva, “prestar servicios de consultoría relacionados con la seguridad de las empresas, incluyendo: (i) consultoría en análisis de seguridad física: análisis de contexto, análisis de vulnerabilidad física y evaluación de infraestructura; (ii) consultoría en diseño de procesos, consignas y protocolos para los planes maestros de seguridad; (iii) integración de soluciones de seguridad a través de la coordinación de proveedores”, entre otros.

Por lo que toca Madison Intelligence Holding, se propuso como principal objetivo “participar en el capital social de toda clase de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicio, mexicanas o extranjeras, públicas o privadas, incluyendo la compra y venta de acciones, partes sociales o derechos y en general intervenir en todo tipo de inversiones en sociedades de cualquier índole tanto nacional como extranjera, así como participar en su administración o liquidación”, entre otros varios.

Y AMPS, la sociedad formada por Novella y Tello Peón en 2017, en 2024 modificó su catálogo de servicios, para incluir seguridad personal, “custodia, vigilancia, cuidado y protección de bienes muebles o valores, incluyendo su traslado”, “instalación de sistemas de alarma”, custodia y preservación de “ información, a través de sistemas de administración de seguridad, de bases de datos, redes locales, corporativas y globales, sistemas de cómputo, transacciones electrónicas, así como respaldo y recuperación de dicha información, sea ésta documental, electrónica o multimedia”; ”informes de antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas”; y servicios de consultoría en seguridad.
NOVELLA, AL SECTOR DEL ENTRETENIMIENTO
La “vena empresarial” de Marco Antonio Novella había surgido muchos años atrás. En 2002, a sus 50 años, fundó la compañía Consultoría en Gestión de Riesgos, S.A. de C.V., en sociedad con José Patricio Patiño Arias.
Muy poco después incursionó en el servicio público, durante el gobierno del panista Marcelo de los Santos Fraga (2003-09) en San Luis Potosí. En ese periodo, Novella Juárez se desempeñó como titular del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) de esa entidad.
La maestra en asuntos públicos por el Colegio de San Luis Potosí, Elia Edith Arguelles Barrientos, escribió una tesis sobre la política potosina de seguridad en ese periodo. En su documento académico, apunta:
“Un informante clave asegura que la decisión sobre de quién recaería la responsabilidad de la seguridad en al entidad (…) fue determinada bajo el consejo de la federación, así fue como Marco Antonio Novela Juárez, oriundo de otro estado de la República, y ajeno a la problemática de San Luis Potosí, llegaría a la titularidad del CESP”.
Es decir, Novela Juárez fue enviado por la SSP del gobierno federal, que hasta 2004 estuvo a cargo de Alejandro Gertz Manero, y en donde Jorge Tello Peón era subsecretario de Seguridad Pública.
Ya en el sexenio de Felipe Calderón, en marzo de 2008, el socio de negocios de Novella Juárez, José Patricio Patiño Arias, llegó al organigrama de García Luna como subsecretario del Sistema Penitenciario Federal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Y es entonces cuando Novella Juárez se convierte en comisario de la dependencia y director general de Desarrollo Penitenciario, cargo que desempeñó hasta el cierre de sexenio calderonista.
Muchos años después, cuando Genaro García Luna ya era perseguido por los gobiernos de México y Estados Unidos, Novella apareció en los expedientes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), relacionados con la estructura de lavado de dinero creada por el extitular de la SSP.
Genaro García Luna.
Concretamente, Novella Juárez apareció entre los funcionarios de la SPP que, de manera simultánea al desempeño de sus cargos públicos, figuraban en los directorios de la entidad privada International Consulting on intelligence and Terrorism (ICIT), que operaba en el centro de un esquema corporativo creado por García Luna para ocultar más de 50 millones de dólares en paraísos fiscales.
En mayo de 2020, una filtración a la prensa de las indagatorias de la UIF detalló que Marco Antonio Novella figuraba, en 2011, como “consejero externo de la División ICIT Análisis” y desempeñaba a un tiempo sus cargos en la SSP.
Seis años más tarde se asoció con Tello Peón para fundar AMPS, la empresa contratada por el INE. En 2022, Marco Antonio Novella Juárez salió de esta empresa, y todo quedó en manos de Tello.
Novella incursionó entonces en el sector del entretenimiento, pues fundó Latinsports & Showbiz, una SAPI dedicada a “la industria del entretenimiento en todas sus formas”.

UNIDOS POR EL CISEN
Así, en septiembre de 2022 AMPS quedó totalmente en manos de Jorge Tello Peón; Jorge Antonio Tello Luna le donó sus acciones, el 0.03%; el resto, es decir, el 99.7%, pasó a manos de Madison Intelligence Holding, que, como quedó señalado en líneas precedentes, también pertenece a Tello Peón.
Así, quien fuera el gurú en seguridad pública de la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, consolidó su empresa libre de nexos con más personal de García Luna en su empresa
Aunque, de hecho, García Luna fue uno de los muchachos adelantados de Tello Peón en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). El extitular de la SPP ingresó a ese organismo de inteligencia en 1990, cuando Tello se hallaba en transición del cargo de coordinador de asesores de la Coordinación para la Atención de los Delitos contra la Salud (1990-1991) al del Centro de Atención para el Control de Drogas (1991-93). Fue entonces cuando el ahora contratista del INE se convirtió en director (1993-99) del CISEN, con García Luna en su equipo.
En la recta final del sexenio de Ernesto Zedillo, Jorge Tello Peón asumió la subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob), y con Vicente Fox fue subsecretario de la SSP, mientras que García Luna se convertía en director de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Y en el sexenio calderonista, Tello se convirtió en asesor presidencial en materia de seguridad nacional, y poco después en secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), al tiempo que su antiguo pupilo era titular de la SSP.
Durante años, el columnismo atribuyó el nombramiento de García Luna a la recomendación de Tello Peón. Pero fue hasta 2021 cuando, como invitado a la presentación del libro “Las cinco vidas de Genaro de García Luna”, de Guadalupe Correa Cabrera, Jorge Enrique Tello Peón comentó sobre el exdirector de la AFI:
“Es un muchacho muy inteligente. Yo creo que no les gustaría que dijera que es el mejor policía que he conocido. Era un espléndido técnico de seguridad y fue un espléndido profesional de inteligencia, y yo creo que fue muy buen policía”.
También relató, en esa oportunidad, que recién llegado al poder, llegó a oídos del presidente Felipe Calderón la idea de que Tello se oponía al nombramiento de García Luna como titular de Seguridad Pública. El presidente entonces consultó a Tello el por qué se negaba, y este respondió:
“Yo nunca he dicho que no quiera. A mi no se me ocurriría nombrarlo… (…). No se me ocurría, pero a alguien se le ocurrió”.
EL CASO COLOSIO
En noviembre del año pasado, durante una audiencia del entonces recién re capturado José Antonio Sánchez Ortega, presunto segundo tirador contra Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, asesinado en 1994 en Tijuana, fue revelado que, supuestamente, Tello Peón pidió al delegado de procuraduría General de la República (PGR) en Baja California, la liberación de Sánchez Ortega. Y que García Luna estaba presente en las instalaciones de la delegación de la PGR en Tijuana como operador del entonces director del CISEN.