Guerra Sucia: El AGN se declara imposibilitado para cumplir sentencia que ordena desclasificar archivos militares

El Archivo General de la Nación dice no tener atribuciones ni recursos para crear la comisión ordenada por un tribunal federal. Las víctimas advierten que sin esos archivos militares será imposible conocer a los responsables de la desaparición forzada

Cinco semanas después de que un tribunal federal dictó una sentencia clave para liberar los documentos relacionados con el periodo conocido como la Guerra Sucia –información que el Ejército se ha negado a entregar– el caso presenta un nuevo obstáculo: el Archivo General de la Nación (AGN), al que se le ordenó crear una comisión especial para recuperar los archivos pendientes, se declara imposibilitado para acatar la orden judicial. Con ello, casi 50 años después de esos hechos, se aleja una vez más la posibilidad de esclarecerlos.

La resolución, emitida y aprobada por dos votos contra uno por los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ordena la creación de una Comisión de Transferencia de Archivos dedicada exclusivamente a recuperar los expedientes que el Ejército ha mantenido ocultos sobre el periodo de represión política de 1965 a 1990.

Entre las víctimas de esas operaciones secretas se encuentra Alicia de los Ríos Merino (madre de la activista Alicia de los Ríos, quien promovió el amparo que desembocó en la sentencia). De los Ríos Merino fue vista por última vez en la Base Aérea Militar número 7, en Pie de la Cuesta, Guerrero, zona donde, de acuerdo con testimonios e informes oficiales, despegaron algunos de esos vuelos.

La sentencia judicial establece que dicha comisión “deberá integrarse por personas servidoras públicas del Archivo General de la Nación y cuando menos cinco personas expertas en el tema, designados por la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de detectar e investigar sin sesgos” la información a la que instancias previas no lograron acceder.

Sin embargo, en el Archivo General de la Nación aseguran que para ellos es imposible acatar la sentencia. “El problema jurídico y operativo radica en que el Archivo General de la Nación no tiene como objeto institucional, ni en alguna de sus atribuciones, el implementar esas técnicas y métodos de investigación y procuración de justicia altamente especializadas, porque sólo está destinado a ser el ente público que custodia, conserva y difunde los documentos que reciba a través de transferencias", dice Marco Palafox Schmid, director de Asuntos Jurídicos del AGN, en una comunicación escrita para Proceso.

Al emitir la resolución el 6 de agosto último, el Tribunal también estableció un plazo máximo de 90 días naturales –contados a partir de la notificación– para cumplir con la creación de la comisión; aunque hasta el 9 de septiembre, fecha en que el AGN envió a Proceso su posición, la dependencia federal no había sido siquiera notificada de la sentencia, y todo lo que conoce del caso ha sido por notas periodísticas.

Ante la problemática alrededor de la ejecutoria judicial, el AGN está considerando apersonarse jurídicamente ante el Tribunal para que "fije mejor los efectos de la sentencia".

Palafox Schmid explica que el AGN tampoco puede asumir el liderazgo de la comisión, pues “no es una instancia política ni de coordinación, es un archivo”. Y “tampoco tiene el talento humano ni recursos materiales para desempeñar dichas actividades”, asegura.

En su lugar, considera que la Secretaría  de Gobernación debería recibir dicha responsabilidad "en tanto que sí tiene atribuciones para presidir, liderar, mediar y gestionar entre las instancias privadas y entes públicos de los diversos órdenes de gobierno".

Las negociaciones con el Ejército

Pese a los intentos por liberar la totalidad de los archivos y expedientes relacionados con la Guerra Sucia (tarea en la que han participado activistas, organizaciones civiles y hasta comisiones creadas a partir de mandatos gubernamentales) hasta este 2026 aún hay múltiples documentos que el Ejército mantiene bajo resguardo sobre aquel periodo. Eso, pese a que un mandato presidencial emitido en 2019 ya ordenaba a todas las dependencias federales transferir al AGN los archivos relacionados con violaciones graves a derechos humanos y persecuciones políticas.

Los documentos faltantes de entregar, detalla David Fernández Dávalos, exintegrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, encargado de revisar esos mismos archivos militares entre 2022 y 2023, contendrían información clave sobre los responsables de la desaparición forzada de integrantes de guerrillas e insurgencias armadas. La represión de la época, señala, también alcanzó a estudiantes que se manifestaron en el 68 y el 71, así como a grupos indígenas o de pueblos originarios, sindicatos, opositores a grandes obras de infraestructura, disidencias sexogenéricas e incluso a los llamados "chavos banda".

El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, del que formó parte Fernández Dávalos, intentó negociar directamente con el Ejército el acceso a esos archivos militares entre 2022 y 2023. Fernández cuenta a Proceso que los militares fueron accesibles al inicio de las conversaciones; pero al solicitar el catálogo completo del archivo (pues se percataron de que no estaba todo), comenzaron las dilaciones: carpetas que antes tenían 100 fojas eran entregadas con apenas 20, los investigadores esperaban hasta cinco horas para poder consultar documentos y, en más de una ocasión, se toparon con que los militares se excusaban en que entregar esos archivos ponía en riesgo la seguridad nacional. "Empezaron a decir: 'esas carpetas no existen', cuando ya las habían visto los compañeros (...) Arriba eran dilaciones, subterfugios, pretextos. La confrontación se daba más bien en los niveles inferiores, directamente con el encargado del archivo y con las investigadoras”, recuerda Fernández Dávalos.

Las negociaciones se interrumpieron por completo y el equipo de investigadores fue retirado por el desgaste que la confrontación les generaba. "El desgaste afectivo, anímico, era muy importante para ellos, ya no podían sostener esto. Cuando tus elementos no pueden continuar adelante con ese desgaste, pues ni modo", detalla el experto sobre el momento del quiebre.

La situación llevó a que el 22 de enero de 2024 los comisionados del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico enviaran un escrito a Félix Arturo Medina Padilla, entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, donde le dieron cuenta de la falta de colaboración y la negativa de acceso a los acervos militares.

"Nos permitimos reunir aquí la lista puntual de archivos que no fueron abiertos, y de aquellos a los que, si bien pudimos ingresar, obstruyeron el acceso de nuestras personas investigadoras al material solicitado. Anexamos documentación que revela nuestra insistencia, ante diversas instancias, a fin de acceder a materiales que hemos considerado vitales para el esclarecimiento histórico", dice la carta enviada a Gobernación.

“Hay sobrevivientes”

Mientras el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico se topaba con la resistencia militar, Alicia de los Ríos llevaba años en un litigio similar para pedirle al Ejército información sobre la desaparición de su madre. Ambos caminos terminaron por cruzarse en una misma conclusión: los expedientes clave continuaban bajo los acervos castrenses.

Para la activista, en esos archivos estaría la información faltante para encontrar a los responsables de la desaparición de su madre:

"Es conocer las cadenas de mando. Eso se ha negado reiteradamente. Saber quién es el responsable de lo que ocurre, a los coordinadores militares de la Brigada Especial, por ejemplo. Es destrabar un paso más. Sé que va a ser un proceso difícil, donde vamos a estar nosotros insistiendo en que el Archivo General de la Nación dirija esto con un grupo de especialistas en derechos humanos y en el área militar. Pero creo que no va a ser imposible", dice a este medio Alicia de los Ríos.

Su madre, Alicia de los Ríos Merino, militaba en la Liga Comunista 23 de Septiembre cuando fue detenida en enero de 1978 por la Brigada Especial, un grupo conjunto de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y el Ejército dedicado a la persecución de la guerrilla urbana. Fue trasladada al Campo Militar No. 1 y después a instalaciones militares en Acapulco, Guerrero (de acuerdo con testimonios recabados por comisiones de investigación oficiales), donde se le perdió el rastro. Nunca se le volvió a ver con vida y se presume que fue parte de las víctimas de los llamados "vuelos de la muerte", aunque para Alicia, desclasificar los documentos implicaría mucho más que sólo eso.

“Hay sobrevivientes vivos que estuvieron en la zona (militar) 9, en Culiacán, y tampoco están esos archivos disponibles. Se ha colado uno que otro porque se traspapeló, y por eso conocemos de la gente que estuvo en el 27 (Batallón), en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Es más grande que exclusivamente los vuelos de la muerte. Tiene que ver con toda la participación de los militares con la gente que detuvieron en los estados y que mandaron al campo (militar). Hay gente que no sale del campo; entonces uno se pregunta: ¿en dónde quedó esa gente? ¿Y a los que mandaron a Pie de la Cuesta?”, cuestiona Alicia de los Ríos.

 "Aquí no hay de que es por omisión, aquí es por acción. Estamos haciendo las inspecciones, que esperamos se conviertan pronto en excavación, y ahí se develarán las estructuras que usaron, que es lo que nos falta: la identidad de las personas que perpetraron (estos hechos)", sostiene Alicia de los Ríos.

Un Ejército desobediente

Este patrón de resistencia institucional no es nuevo. La Comisión de la Verdad solicitó, vía transparencia, la investigación que el propio Ejército había realizado contra los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, dos generales del Ejército señalados como los principales operadores de los "vuelos de la muerte" desde la base de Pie de la Cuesta entre 1975 y 1981.

A la comisión, cuenta Fernández Dávalos, el Ejército le entregó solo 30% del expediente, con la promesa de completar el resto en ocho días. Cuando el equipo regresó, se lo negaron: adujeron que había una investigación abierta y exigieron la devolución de lo ya entregado.

La Comisión apeló ante el hoy extinto Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que falló en su favor. El Ejército desacató la resolución. "Nos decían que la institución que más desacata los mandatos del INAI es el Ejército", recuerda Fernández Dávalos sobre una reunión con los propios comisionados del organismo, hoy desaparecido. Alicia de los Ríos, mientras tanto, había conseguido acceso a ese mismo expediente por la vía judicial –a diferencia de la Comisión, a la que se le siguió negando por la vía administrativa.

A esas barreras de opacidad, que por fin parecían superarse con la resolución judicial reciente, podría sumarse una más, pues la respuesta del AGN es clara al exponer que no puede integrar, y mucho menos encabezar, una nueva Comisión de Transferencia de Archivos. Y a la fecha, no hay actualizaciones judiciales que puedan vislumbrar una nueva ruta para que los expedientes militares se conviertan en públicos.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.
AUTOR: ALDO CANEDO.
ENLACE: https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/10/1/guerra-sucia-el-agn-se-declara-imposibilitado-para-cumplir-sentencia-que-ordena-desclasificar-archiv-380962.html