La apertura de la fosa común más grande de México es posible gracias al trabajo anónimo de un trabajador del Panteón quien, encargado de su gestión hace veinte años, registró a mano dónde está cada uno de los cuerpos que allí fue inhumado. Hoy, esa tarea cobra un papel central en la posible recuperación de personas desaparecidas en la Ciudad de México y el país.
El señor Israel Cancino es un hombre septuagenario, de tupido bigote zapatista y la piel del cuello curtida por el sol de trabajar a la intemperie. Su trabajo consiste en darle mantenimiento a una extensa área que ocupa la fosa común del Panteón Dolores, en la capital, que en realidad es un sistema de fosas, alimentado desde el siglo pasado.
En la última etapa de este largo proceso, cuando la fosa común quedó a su cargo en el año 2005, se han utilizado entre 70 y 80 fosas, de dos por tres metros de diámetro y casi cuatro metros de profundidad, dónde se han enterrado en cada una entre 130 y 150 cuerpos no reclamados, enviados allí por fiscalías, institutos forenses y escuelas de medicina.
“Cuando inicié aquí en el área, después que el compañero anterior se jubiló, mi pensamiento fue: como el compañero no llevaba un registro, yo sí lo voy a llevar”, contó don Israel, en entrevista con Desinformémonos.
Su registro fue sencillo, pero es hoy la única herramienta con que cuenta la autoridad para hacer frente a la dolorosa tarea de exhumar esos cuerpos, entre los cuales puede haber un sinnúmero de personas que, en todo el país, estén siendo buscadas como desaparecidas.
“Tomé número de expedientes y número de placas en el cuerpo. Apunté el número de fosa donde se deposita el cuerpo y el nivel, cada fosa tienen niveles según el momento en que llega el cuerpo y se inhuma. Llenándose la fosa, se cierra y se inicia otra”, explicó el experto. Por cada fosa, don Israel tiene un fólder, donde registra cada cuerpo.
Su convicción y su responsabilidad colectiva son una herramienta imprescindible para que hoy se tenga acceso a los cuerpos que llevan años en custodia estatal: “el día que vengan a solicitar una exhumación, tengo que saber exactamente dónde está el cuerpo que andan buscando”, reflexionó.
Irresponsabilidad institucional
La crisis de personas desaparecidas en México, que ha alcanzado las 133 mil 591 personas desaparecidas al momento de publicar esta nota, tiene mucho que ver con una pobre labor forense y una nula capacidad e interés de parte de las fiscalías para ubicar a las familias de las personas que llegan fallecidas, sin identificar, a su custodia.
Así, hay casos como el de Braulio Basilio Caballero, un adolescente que pasó casi seis años desaparecido tras haber sido enviado a la fosa común de Dolores sin que su familia fuese notificada de su muerte, que ha cambiado la percepción sobre la responsabilidad estatal en esta crisis.
Al cumplirse tres años de su restitución a su familia, en agosto de este año, la Comisión local de Derechos Humanos catalogó su caso como una “desaparición institucional”, el primero en reconocerse así, la cual fue causada por una pobre labor forense que lo registró como un hombre de 21 años, cuando el niño tenía 13 al morir, horas después de ser arrollado por un camión de transporte colectivo en el paradero de Pantitlán.
“Estoy contenta porque en la Comisión de Derechos Humanos analizaron bien la carpeta de mi hijo y encontraron omisiones, gracias a las cuales se va a proceder contra la Fiscalía (de la Ciudad de México) y el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), que fue donde vino el registro erróneo de la edad que se le puso a mi hijo”, expresó a Desinformémonos Fernanda Caballero, madre de Braulio, tras el primer acto de disculpa pública a cargo de la Comisión.
Sin embargo, la familia Basilio Caballero está aún a la espera de la colocación de dos placas conmemorativas en los edificios de la Fiscalía y el Incifo que, junto a un retrato del adolescente, den cuenta del caso, como una forma de reparar el daño que causó a su familia la mala gestión institucional. “Es una placa que permita recordarles a los que trabajan allí que tengan en cuenta que no deben cometer los errores y violaciones que nos hicieron a nosotros”, puntualizó.
“Sabemos que todavía falta por caminar y por luchar, pero debe haber un castigo a las autoridades, porque ellos cometieron el error. Fue una desaparición institucional, ellos mismos lo desaparecieron al darle un registro de edad que no correspondía. Incluso, cuando nosotros acudimos al Incifo, se nos dijo que allí no había noticias de él. Después de casi seis años, se nos dijo que hubo una carpeta extraviada, que era la de mi hijo”, insistió su madre.
La primera exhumación
Braulio fue el primer desaparecido que logró ser exhumado de la fosa común de Dolores, tras pasar cinco años sin ser localizado, gracias a la lucha y perseverancia de su familia, que nunca se dio por vencida, incluso, contra la insistencia estatal de que abandonaran su búsqueda. “Tengo sentimientos encontrados porque hace tres años se nos entregó el cuerpo de mi hijo, y le dimos santa sepultura. Siento que esto marca una fecha muy importante, no nada más para mi Braulio, sino para toda la sociedad y los demás compañeros que están en búsqueda”, agregó.
La señora Fernanda dice que esa fecha nunca se le va a olvidar, cuando acudieron a Dolores para la exhumación el 15 de mayo de 2022. “Fuimos al Incifo, de allí nos llevaron al Panteón María Dolores. Nos subieron a la camioneta para hacer un tramo bastante largo, y supuestamente nosotros, como familia, íbamos a ver la exhumación, cómo lo iban a sacar. Pero cierto reglamento se rompió, porque nunca la vimos. Nos pusieron una trabe con camionetas que nos impedía ver qué sucedía. Para ese entonces, me acuerdo que la Fiscalía llevó una carpa, nos llevó mucha comida, como si fuéramos a un día de campo, sin saber del dolor que estaban causando, porque nosotros queríamos ver dónde estaba nuestro hijo”, recordó en diálogo con este medio.
Esa falta de participación en la exhumación fue una espina que quedó clavada en la familia y que aumentó la distancia con las autoridades, que ya era mucha. “Al momento de que sacan a mi hijo, lo ingresaron en la camioneta del Incifo y no nos avisaron. Yo le dije a mi esposo que le dijera al de la Fiscalía que yo quería ir a ver a dónde lo iban a dejar, por eso hicimos el recorrido de regreso al Incifo de Niños Héroes, y por un pequeño momento lo alcancé a ver, cuando lo bajaron de la camioneta y luego luego lo ingresaron a las instalaciones”, narró.
Luego, la familia tuvo que esperar casi un año hasta que se hiciera un nuevo peritaje forense multidisciplinario, que fue único en su tipo, ya que reunió a los cinco expertos que mandatan los protocolos para que, juntos, analizaran nuevamente el cuerpo y confirmaran revisando las marcas individualizantes ante mortem que se trataba de Braulio, y brindarle así la certeza que la familia requería. Este trabajo fue monitoreado por la antropóloga Albertina Ortega, quien fungió como perito independiente y observadora para su familia.
“A la antropóloga Albertina la buscamos, nos la recomendó otra familia porque nosotros ya no creíamos en las instituciones. ¿Qué tal si nos daban un dato mal, o si no era mi hijo? Gracias a ella y a los estudios que fiscalizó, confirmamos que sí era mi hijo. Ella es quien se dio cuenta de que era un menor de edad porque los huesos no estaban totalmente desarrollados, y todavía tenía dos dientes de leche que no se le caían. Ella nos regresó la confianza en que sí era mi hijo”, apuntó Caballero.
A tres años de ese suceso, la familia de Braulio sabe con certeza que su caso fue un parteaguas para la comprensión de la desaparición en la Ciudad de México, y que abrió la puerta a las exhumaciones que esta semana comenzaron con una única fosa del sistema común, en Dolores. “Es algo que no queremos que se vuelva a repetir con los demás jóvenes allá afuera. A mi niño le violaron sus derechos y no queremos que esto quede inconcluso, que se sepa que Braulio va a velar por ellos también”, sentenció su madre.
Identificación pendiente
Consultado al respecto por este medio, el comisionado de Búsqueda de la Ciudad de México, Luis Gómez, quien ha fungido públicamente como el promotor institucional y vocero del proceso de exhumación, dijo que durante una semana, desde el 18 hasta el 22 de noviembre, se realizará “un proceso de recuperaciones controladas” de una fosa, en la cual se espera recuperar 27 cuerpos inhumados allí hace una década.
“Hemos identificado a partir de la documentación existente que hay personas que pudieron fallecer en su momento y que tendrían características que son similares a personas que estamos buscando. De manera que vamos a ir hacia atrás para poder recuperar a estas personas del Panteón Civil de Dolores, que hoy están en calidad de desconocidas, y poder verificar su identidad y, en su caso, entregarlas a sus familiares”, afirmó.
Explicó que, aunque la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México fungió como responsable de la planeación de la exhumación, así como de permitirles la entrada a las familias en búsqueda interesadas —y también a la prensa, para su registro—, “la intervención como tal corresponde a la Fiscalía de la Ciudad de México y al Instituto de Ciencias Forenses, que son los peritos que están encargados y tienen la responsabilidad de llevar a cabo una diligencia como esa. La intervención propiamente de la recuperación va a ser por parte de ellos”.
A partir de la exhumación se abre un nuevo proceso que —según se informó a las familias de personas desaparecidas— puede llevar hasta tres meses a partir de la recuperación de los cuerpos, que es la importante tarea de la identificación de estas personas: “la intención es que, más allá del procesamiento forense de los elementos humanos que se puedan recuperar del Panteón, pueda llevarse a cabo una identificación. Por eso razón, esto es parte de las tareas de búsqueda”, anunció el Comisionado.
La identificación será otro momento clave de atención para las familias, ya que se ha denunciado reiteradamente la falta de respeto y las violaciones a los cuerpos en su custodia, que practicó la dirigencia del Incifo, en especial, el subdirector de Tanatología, Andrés Oriol Morales. La otra señalada por el maltrato a cadáveres dentro de la institución fue la ex directora del Incifo, Patricia Crespo —quien fungió como perito en el malogrado “Caso Wallace”—, pero ella fue removida a inicios de julio de 2025 por decisión del Consejo de la Judicatura, de quien depende institucionalmente el Instituto Forense. Oriol Morales, en cambio, continúa en su puesto, a pesar de los varios pedidos de remoción de funcionarios y familias en búsqueda.
