“Con el gobierno de la doctora Claudia estamos haciendo otra gran reforma fiscal que tiene como base tapar los grandes boquetes que se desatan a partir del huachicol y la facturación falsa, por eso hemos incrementado los ingresos producto del comercio exterior”, dijo.

Ramírez Cuéllar participó en el debate entre gritos y reclamos de los partidos de oposición, mientras el morenista los retaba a subirse a tribuna para debatir el tema. Los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo hicieron con letreros con la leyenda “no más deuda” y “no más impuestos”, y los panistas le gritaban a pocos metros.

Los partidos de oposición calificaron la reforma como un “parche fiscal” por los ingresos que el gobierno obtendrá por el aumento de impuestos a productos como cigarros y refrescos. De igual forma, criticaron la contratación de deuda y los presuntos hechos de corrupción cometidos por integrantes de Morena.

“México no necesita más deuda, no necesita ingresos maquillados, no necesita castigar al contribuyente, mientras se tolera el saqueo desde adentro. Lo que México necesita es un gobierno con el valor de limpiar la casa, de erradicar las redes internas de corrupción, de estrangular el flujo del dinero al narcotráfico, pero, sobre todo, de usar bien cada peso que aportamos el pueblo de México”, expresó Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano (MC).

Avances y pendientes

En diciembre de 2010 ya se habían repatriado 56 cuerpos, a los que se sumaron otros cinco en los años siguientes. Pero pronto surgieron dudas sobre la correcta identificación de los cadáveres, que el gobierno mexicano envió sin documentos, y cuyos féretros no pudieron ser abiertos por las familias por disposición de las autoridades locales. Las madres, hermanas y padres de las víctimas exigieron pruebas científicas que acreditaran su identidad. En México, la FJEDD cuestionó la investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y acordó representar a 12 familias de las víctimas.

Debido a la desconfianza en las autoridades, se propuso crear un grupo independiente de expertos. En 2013, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la PGR, primero, y posteriormente la Fiscalía General de la República (FGR), integraron la Comisión Forense. Para entonces, en México ya habían ocurrido dos matanzas de migrantes: San Fernando, en Tamaulipas, y Cadereyta, en Nuevo León; también se habían hallado 196 cuerpos en 47 fosas clandestinas de San Fernando en abril de 2011, víctimas de las llamadas “masacres de los autobuses”. 

El primer resultado de la comisión en el caso de los 72 migrantes ocurrió en 2017. En septiembre arribó al departamento de Comayagua, en Honduras, el cuerpo de Marvin Leodán Euceda Aguilar. Trece meses después, Haidé Posadas recibió el cuerpo de su hijo Wilmer Gerardo Núñez Posadas, también hondureño. Él había sido identificado los días posteriores a la masacre por credenciales en su mochila y su cartera. Pero los documentos no importaron, el gobierno mexicano no lo envió junto con los cadáveres de los sobrinos con los que viajaba, y estuvo enterrado en la fosa común de Dolores durante ocho años.

Previo a la conmemoración de los quince años de la matanza de los 72, la comisión pudo dar tranquilidad a la familia de Juliard Aires Fernandes, una de las cuatro víctimas de Brasil. El 1 de octubre de 2010, los parientes recibieron un ataúd que contenía una bolsa con lo que parecía arcilla. La duda de si eran los restos del joven de 20 años se prolongó más de una década.

“Se confirmó la identificación de un caso de Brasil. Hubo buena coordinación, las autoridades brasileñas aceptaron la solicitud de México para que la Comisión Forense pudiera acudir a territorio brasileño y llevar a cabo conjuntamente la exhumación y revisión del cuerpo”, refirió Cabaret sobre el caso, ya que el gobierno mexicano no entregó pruebas científicas que corroboraran la identidad de Aires Fernandes.

La situación contraria se dio en Guatemala. Su gobierno impidió el ingreso de los peritos de la comisión para entregar el cuerpo correcto de una víctima y exhumar el cadáver erróneo que había enviado la PGR. “Todavía falta que Guatemala pueda regresar el cuerpo equivocado a México”, lamenta la directora de la FJEDD.

“Las personas que murieron allí acompañados de mi hermano no eran animalitos, eran seres humanos con derechos igual que todos, y se les violó uno de los derechos más grandes, que es el derecho a la vida”, lamentó Orlin, hermano mayor de Marvin Leodán Euceda Aguilar, en entrevista.

Sin sentencias por homicidios

A quince años de la masacre de los 72, las preguntas que surgieron en los días posteriores al hecho continúan sin respuesta: ¿quiénes, por qué y para qué los mataron?, ¿cuáles fueron los mecanismos de impunidad que protegieron a los perpetradores?

Entre 2010 y 2013, la PGR detuvo a 17 presuntos integrantes de Los Zetas que controlaban San Fernando, a quienes acusó de la muerte de los migrantes y de las víctimas halladas en las fosas clandestinas de la población. Además, 17 policías municipales fueron aprehendidos acusados de trabajar para el grupo criminal; después de un año en la cárcel, fueron liberados sin cargos.

La versión que la presidencia de Calderón dio a los medios no correspondió con la realidad jurídica. Los agentes del Ministerio Público federal no aportaron pruebas contra los supuestos líderes de Los Zetas vinculados a la masacre.

Martín Omar Estrada Luna, el Kilo; Édgar Huerta Montiel, el Guache, y Salvador Alfonso Martínez Escobedo, la Ardilla o Z-85, mandos locales y regionales del grupo criminal, no fueron consignados en la carpeta de investigación abierta por la masacre de los 72, a cargo del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Tamaulipas.

Lo mismo sucedió con Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, entonces líder máximo de Los Zetas. Extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 —junto con su hermano Omar, el Z-42—, enfrenta cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. No por cada homicidio y desaparición que cometieron.

“Creemos que la justicia ordinaria mexicana no ha dado respuesta a esos casos y difícilmente la va a poder dar en los contextos que estamos viviendo”, consideró la directora de la FJEDD. “Estamos observando que las cabezas mismas de Los Zetas ya fueron entregadas a Estados Unidos. Eso también ha generado mucha duda para los familiares de las víctimas, porque finalmente se va a seguir debilitando la posibilidad de acceso a la justicia en México”.

En Brasil, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador y la India, las familias de las víctimas siguen preguntándose qué pasó la noche del 21 de agosto de 2010 en el rancho ubicado a 30 minutos de la cabecera municipal de San Fernando. 

“Ya pasaron muchos años y nosotros seguimos con el dolor, como si fuera el día uno. Necesitamos exigirle a México que cumpla, porque nos han seguido engañando”, afirmó Mirna Solórzano, madre de Glenda Yaneira Medrano, de El Salvador, una de las 72 víctimas.

Acaso el único avance en el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es la negociación para la reparación de las familias. El proceso para determinar la indemnización económica se retomó después de que el Instituto Nacional de Migración, por instrucciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), procediera a pagar la reparación del daño a familiares de las 40 personas que murieron, y a las 27 lesionadas, en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez en 2023.

“Eso permitió colocar nuevamente los pendientes en los casos de las masacres de San Fernando. Como fundación no representamos a todas las víctimas, pero tratamos de que eso sirva para todos. En estos momentos estamos integrando los expedientes de víctimas de Guatemala y El Salvador, pronto vamos a [trabajar en los de] Honduras y en la víctima brasileña”, explicó Cabaret.

Para Guillermina Vega Sagastume, de Guatemala, la posibilidad de concretar la reparación significa cumplir el sueño de su nuera Nancy Pineda Lacan. En 2010, antes de partir a Estados Unidos junto a su papá, hermano, prima y tío, la joven madre prometió que mandaría dinero para construir una casa para sus hijos, entonces de tres y cinco años.

“Usted sabe que el dinero en todo momento sirve y prácticamente para ellos, pues qué felicidad sería decir `yo le voy a comprar su casita para que ellos vivan y no vayan a andar rodando el día que yo falte o algo así’,  ¿verdad?”, dijo en entrevista la abuela Guillermina, que espera el regreso de su nieto, que migró a los 17 años a Estados Unidos. La hija de Nancy, de 18 años, vive casada en Guatemala. 

Preocupación por nuevos jueces

La renovación del Poder Judicial en México es una nueva preocupación para las familias y el equipo legal que las representa.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, que concentra la investigación de lo ocurrido en el rancho El Huizache, no fue disputado en los comicios. Por ahora, la jueza Mabel Cortez Navarrete continuará al frente del proceso penal contra los presuntos responsables. 

No obstante, el viraje en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) preocupa a la fundación, ya que el acceso a los expedientes de las masacres —de los 72 migrantes, de las víctimas de las fosas clandestinas de San Fernando, de Cadereyta y de Güemez— y el reconocimiento de las familias extranjeras como víctimas indirectas se ha dado vía amparos resueltos por el máximo tribunal.

La aceptación de que la masacre es una violación grave a los derechos humanos ha sido parte esencial de la estrategia legal, pero la FJEDD desconoce si la nueva corte respetará la jurisprudencia que les permitió tener acceso a los expedientes judiciales. 

En su propuesta electoral, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, enfatizó que los derechos humanos son la base para la impartición de justicia. Pero la falta de resultados de la FGR hace sentir a las familias de los migrantes que la verdad y la justicia se alejan cada agosto.

Agregó que, mediante el seguro facultativo permite tener a los estudiantes protegidos contra una gran cantidad de riesgos de salud. En la UNAM hay 107 mil alumnos de bachillerato, muchos de ellos, menores de edad. 

El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que uno de los ejes centrales del acuerdo fue la atención a la salud mental de los estudiantes universitarios, una problemática que cobró relevancia tras los efectos de la pandemia por Covid-19.

Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM, comentó que con la firma de este convenio pretenden que sea la directriz de la colaboración que se da entre el sector salud y el de educación superior.

En tanto, la secretaria general de la UNAM, Patricia Dávila Aranda, recalcó que la salud mental es un problema multifactorial y el interés por apoyar a los jóvenes con actividades culturales y deportivas. 

Objetivos de salud mental

Alva Alejandra Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas del IMSS, informó que con este convenio se pretende promover la salud mental en la comunidad educativa para mejorar su capacidad de afrontamiento en el ámbito escolar y comunitario, y disminuir los problemas respectivos. 

Luego, mencionó que uno de los objetivos del convenio es “fortalecer las capacidades individuales y colectivas de la comunidad estudiantil para el autocuidado, la gestión emocional y la convivencia saludable mediante acciones integrales de promoción y sensibilización que favorezcan la salud mental, la inclusión y la eliminación de estigma asociado a los problemas de salud mental”. 

También se pretende favorecer la identificación y atención oportuna de factores de riesgo para prevenir o retardar el desarrollo de enfermedad mental y tratar las adicciones. 

Rosa Amarilis Zárate Grajales, directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, sugirió que la atención a la salud mental sera mediante la regionalización: a partir de las necesidades que se atienden en las comunidades de bachillerato y licenciatura, canalizar por zonas (norte, sur, oriente y poniente) a para una atención más especializada, psiquiátrica, en caso necesario, y hacerlo conjuntamente, de manera institucional y organizada. 

El refrendo del convenio UNAM-IMSS, con especial atención a la salud de los universitarios, se da en el contexto del asesinato que ocurrió el pasado 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel sur, cuando un estudiante atacó a otro a muerte y lesionó a un trabajador que intentó detenerlo.? 

El perfil de redes sociales del agresor lo identificó con la comunidad “Incel” que en inglés se refiere a “célibes involuntarios”, un grupo creciente en redes sociales cuyos integrantes se describen como incapaces de tener una pareja o vida sexual, pese a que quieren estar en una relación.

En su cuenta de X, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, se refirió a las detenciones como parte de la estrategia de “combate frontal a los generadores de violencia”, de la actual administración, a cargo de la morenista, Clara Brugada.  

Según las estimaciones oficiales, la droga incautada podría equivaler a unas 20 mil dosis, con un valor aproximado de más de 2 millones de pesos, equivalentes a 125 mil dólares en el mercado ilegal.  

La operación se realizó tras investigaciones de gabinete y campo que indicaban que el predio era utilizado para almacenamiento y embalaje de narcóticos. La orden de cateo fue emitida por un juez de control y la acción se ejecutó sin uso de violencia, cumpliendo protocolos policiales. 

Los detenidos, de 32 y 43 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se les informó de sus derechos constitucionales. 

Fuentes policiales señalan que los individuos podrían estar vinculados con un grupo delictivo que opera principalmente en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, dedicado a la venta de drogas, extorsión y homicidio.  

La SSC informó que el inmueble fue sellado y permanece bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

“Toda persona tiene derecho a cuidar, a ser cuidada y al autocuidado, conforme a su voluntad o la de sus tutores, la etapa del curso de la vida, condiciones de salud, situación de dependencia y contexto cultural, familiar y territorial. El derecho al cuidado incluye, como mínimo, además de las dimensiones establecidas en el artículo 9, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, los siguientes componentes”, establece como punto de partida la iniciativa en su artículo 5.

Entre ellos, se mencionan el derecho a recibir cuidados adecuados, accesibles, asequibles y de calidad en condiciones de dignidad, respeto y seguridad; el derecho a brindarlos en condiciones de libertad, protección, reconocimiento y apoyo como persona remunerada o no remunerada; el derecho al autocuidado, así como a contar con mecanismos efectivos de exigibilidad del derecho al cuidado por parte de instituciones públicas, comunitarias y privadas.

El proyecto, según se describe ahí mismo, recoge las aportaciones de diversas iniciativas presentadas con anterioridad ante el Congreso de la Ciudad de México y el Congreso de la Unión –todas congeladas– por Movimiento Ciudadano, Morena, el Partido Acción Nacional, el Partido del Trabajo, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de la Ciudad de México, así como el modelo de Ley General del Derecho al Cuidado Digno y Corresponsable y del Sistema Nacional de Cuidado de la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo propio de las Mujeres.

“No puedo omitir una mención especial a todas las personas que, desde diferentes espacios, como la lucha social, la organización colectiva y comunitaria, la academia, el gobierno, las legislaturas y muchos otros, han impulsado el reconocimiento del derecho al cuidado, de la responsabilidad compartida entre los géneros y entre los diversos sectores de la sociedad”, señala la exposición de motivos de la iniciativa.

En marzo de este año, Animal Político publicó el especial Cuidadoras sin oportunidades, que documenta cómo sin un sistema nacional de cuidados, la igualdad de género nunca será una realidad. En México, 19.6 millones de mujeres están fuera del mercado laboral por dedicarse a cuidar, mientras que un 80 % de las personas jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres, la mayoría por privilegiar tareas de cuidado. Además, las mujeres que cuidan y logran acceder a un empleo, están condicionadas a la precariedad y a una brecha salarial que es más amplia entre más hijos tengan.

La iniciativa de Brugada describe como uno de sus objetivos definir con la mayor precisión posible los diversos alcances y aspectos del ejercicio del derecho al cuidado, con énfasis en su identificación como proceso colectivo y comunitario, y promover la responsabilidad compartida.

El documento incorpora capitulados específicos sobre los servicios de cuidado a infancias, personas con discapacidad, personas mayores y quienes viven en situación de calle.

“El presupuesto destinado a los servicios públicos de cuidados de la Ciudad de México deberá ser progresivo. En ningún caso podrá ser inferior, en términos reales, al asignado el año inmediatamente anterior para sus actividades operativas”, añade. Aunado a ello, establece que todas las dependencias y entidades que son autoridad en el sistema de cuidados deberán destinar oportunamente recursos presupuestales, humanos, materiales, insumos y demás elementos necesarios para brindar óptimamente los bienes y servicios a su cargo, mientras que cada centro de cuidados del sector público deberá contar con los recursos financieros y materiales suficientes para su adecuada operación. Los artículos transitorios establecen plazos específicos para instalar el sistema y su Junta, así como expedir el reglamento de la ley y el Programa Especial de Cuidados.

Silvana Carranza, una de las activistas que promovió el amparo contra la omisión legislativa del Congreso de la Ciudad de México e integrante de la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo propio de las Mujeres, destaca que la iniciativa haya nombrado todas las propuestas previas que se habían presentado como antecedentes importantes, pues se reconoce el esfuerzo que ha antecedido durante años a la iniciativa de Brugada.

Sin embargo, en el contenido del documento algunos aspectos no necesariamente se apegan a la ley modelo de la coalición, precisa. Si bien el diseño institucional que propone es fuerte, por los mecanismos que estarán coordinándose para dar lugar al sistema, dejó fuera el apellido de un “sistema integral”, como se había venido mencionando.

Además, parte de lo que es necesario perfeccionar se relaciona con las necesidades del colectivo de las personas con discapacidad, pues ya han señalado que no puede hablarse de un sistema integral si no se les considera plenamente. Carranza explica que en la propuesta se sigue hablando del término “dependencia”, mientras que el Comité de los derechos de las personas con discapacidad ha insistido en superar ese concepto, pues es contrario al de la autonomía, que debería ser el objetivo primordial a garantizar a través de los cuidados.

En consecuencia, Carranza subraya la necesidad de que con miras a la discusión de la iniciativa se abra un diálogo con los grupos involucrados, sobre todo con las personas adultas mayores, con discapacidad e infancias, para realmente atender sus necesidades y solventar en la medida de lo posible que la implementación del sistema considere la participación ciudadana.

“Definitivamente, tiene que haber un trabajo con la ciudadanía para realmente entender las necesidades de los diferentes grupos de población, personas adultas mayores, con discapacidad, infancias, madres y padres trabajadores y no trabajadores, personas que trabajan en los cuidados formal e informalmente; creo que hay muchas cosas que pueden afinarse del diseño sobre la marcha”, apunta.

La Oficina de Representación se ubica en la calle Victoria No. 360, colonia Centro, en el municipio de Colima, Colima, es decir a 55 kilómetros del municipio de Armería al centro de la ciudad, aproximadamente, lo que equivale a dos horas de traslado por auto de un punto a otro.

La Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad Regional (MIA-R) estuvo a disposición de la población en la Oficina de Representación de la Semarnat Colima del 10 de septiembre al 8 de octubre, según lo que informó la dependencia en la Gaceta Ecológica.

Ante las irregularidades observadas en el proceso de Consulta Pública, comunidades, colectivos y organizaciones denunciaron públicamente que el procedimiento excluyó a miles de personas que, de aprobarse este proyecto, serán directamente afectadas, como pescadores, salineros, agricultores y habitantes de las comunidades cercanas a la Laguna de Cuyutlán.

Comunidades y colectivos señalan preocupación por el Nuevo Puerto

“Denunciamos que dicha consulta ha sido excluyente, irregular y carente de transparencia, configurando una simulación de participación ciudadana que vulnera los derechos ambientales y sociales de la población de Manzanillo y de las comunidades aledañas a la laguna de Cuyutlán”, dijeron en su comunicado.

Cifras del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) señalan que en el municipio de Armería, Colima, habitan 27 mil 626 personas, según datos del 2020.

De acuerdo con la plataforma Data México del Gobierno de México, en el municipio de Armería, Colima, 32.2 % de las viviendas tiene acceso a internet. Para hacer uso de este servicio de conectividad sólo el 19.7 % de las viviendas tiene una computadora, mientras que el 87 % cuenta con un celular.

Poca conectividad y fallas en la plataforma

Organizaciones, colectivos y especialistas denunciaron que el proceso de consulta pública fue discriminatorio, irregular y excluyente al llevarse a cabo, únicamente, en línea en la plataforma digital de la Semarnat.

Las comunidades denuncian que el formato impidió la participación de una gran parte de la población que será directamente afectada. Grupos sociales, como personas adultas mayores, pescadores, salineros y agricultores de la región no cuentan, mayoritariamente, con acceso a internet, equipo de cómputo, ni conocimientos técnicos suficientes para registrarse y subir sus comentarios, dejándolos fuera del proceso.

Evidenciaron que en múltiples ocasiones no se les permitió subir comentarios ni registrar observaciones, arrojando mensajes de error que impiden concluir el procedimiento o perdiendo el avance y se debe comenzar de nuevo.

Además, la plataforma limitó el tamaño de los archivos por lo que no fue posible adjuntar todo lo que se requiere, teniendo que comprimir documentos y dificultando más la participación de las personas.

“Esto vulnera el principio básico de una consulta pública efectiva, pues los mecanismos técnicos fallidos imposibilitan la participación ciudadana y la transparencia del proceso.

Aunado a ello, las reuniones de trabajo de los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial que se realizan en el estado, como el del municipio de Manzanillo, se han llevado a cabo de manera atropellada y descoordinada; además, realizándose con poca transparencia y traslapándose fechas y sedes e impidiendo que la ciudadanía y las organizaciones puedan asistir o participar de forma informada”, denunció la colectividad de Salvemos Cuyutlán.

Tradición salinera en riesgo por Nuevo Puerto

Animal Político señaló en esta nota que en la MIA del proyecto de ampliación al Puerto Manzanillo se identificaron impactos de magnitud alta, como modificación del fondo lagunar, pérdida de cobertura vegetal y transformación del paisaje.

Ante las irregularidades, comunidades y organizaciones denunciaron que ninguna autoridad ha brindado información clara ni se ha hecho responsable de explicar a la sociedad los impactos acumulativos y las consecuencias de esta nueva ampliación del puerto.

“Recordamos que tras la primera expansión portuaria, Manzanillo y sus alrededores enfrentan una crisis ambiental y social severa que no ha sido atendida. Persisten la falta de agua, la carencia de servicios médicos y saneamiento, la contaminación atmosférica y marina, la deficiente gestión de aguas negras y residuos, el colapso vial causado por el tráfico de tráileres, el despojo de recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la inseguridad y la prohibición de acceso a pescadores a la laguna de San Pedrito, entre otras. Ninguna autoridad ha asumido responsabilidades ni ha implementado las medidas de mitigación prometidas en la primera fase de expansión”, manifestaron.

Comunidades denuncian irregularidades

Comunidades, activistas y organizaciones señalaron cuáles son las graves irregularidades que este puerto presenta, y que deben ser revisadas antes de cualquier autorización.

Una de ellas es que, las obras de dragado comenzaron de forma irregular en enero del presente 2025 y que fue anunciado en la página oficial del Gobierno de México el 22 de enero del mismo año.

“Este hecho demuestra que se iniciaron trabajos sin que existiera una autorización en materia de impacto ambiental y mucho menos una consulta pública, lo cual contraviene la legislación vigente. Hasta el momento no hay intervenciones por parte de la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente])”, señalaron.

Otra de las anomalías que encontraron es la fragmentación artificial del proyecto, es decir, la ASIPONA está tramitando distintas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) como si se tratara de obras independientes.

Un ejemplo es el proyecto que recientemente se aprobó respecto al muro perimetral del Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, que tiene su propia MIA, a pesar de que forma parte integral de la expansión portuaria.

“Esta estrategia busca disfrazar la magnitud real del impacto ambiental acumulado y evadir la evaluación integral del conjunto de obras relacionadas con el puerto. En la reunión pública informativa, los técnicos argumentaron que este manifiesto de impacto ambiental sólo incluía la construcción del puerto, no su operación, dejando fuera la mayoría de los impactos”, advirtieron.

Ante estos y otros señalamientos que hacen activistas y comunidades de Salvemos Cuyutlán, exigen el cese inmediato del proceso de expansión del Puerto de Manzanillo hasta que la sociedad civil cuente con información completa, accesible y verificada, y pueda participar en un proceso de consulta pública presencial, incluyente y transparente.

“Exigimos NO APROBAR este proyecto hasta que no se solucionen los problemas socioambientales del puerto ya existente, hasta que se cuente con la infraestructura y servicios para poder recibir la expansión, hasta que se modifique su diseño a modo que sea realmente sustentable y seguro”, suscribieron.

Finalmente, las comunidades que resultarán afectadas exigen a la Semarnat hacer público el contenido de todas las observaciones y propuestas recibidas a través de su portal como resultado de esta consulta pública.

Morales viajará desde San Luis Potosí a la Ciudad de México para estar en la audiencia que se celebrará el lunes 20 de octubre. Hasta el momento no se sabe quiénes podrán participar en ella, pues la convocatoria pidió a los interesados llenar un formulario, “pero no existe un criterio establecido sobre la selección ni el tiempo que tendrán las intervenciones”, así que está en duda si podrá exponer su punto de vista o si deberá aguardar afuera de la Corte para conocer las conclusiones.

El proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 184/2024, presentado por la ministra Batres, propone que se adopte un nuevo criterio para evitar invalidar normas generales por la falta de consulta previa a personas con discapacidad.

La acción fue promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo (CEDHMO), contra dos artículos de la Ley que rige a este organismo, en los que se establece que “sus visitadores tienen la atribución para realizar visitas en distintas instituciones y establecimientos con el fin de verificar que no se violen derechos humanos. Sin embargo, no especifican a qué tipo de visitas se refieren, entre todos los que se prevén en la normativa aplicable”.

Asimismo, señala que “el decreto impugnado viola los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, porque no se les consultó previamente sobre el tema relativo a los orfanatos”, y que las normas que corresponden a personas con algún tipo de discapacidad mental o psicosocial, cuando se aluden a visitas en hospitales psiquiátricos, tampoco fueron consultadas.

Sobre esta acción de inconstitucionalidad, Batres Guadarrama concluyó que la consulta a niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad no era obligatoria, dado que “las normas impugnadas no implican una afectación negativa para sus derechos”.

Israel Morales consideró que esta postura coloca en situación de discriminación y segregación a las personas con discapacidad, pues “muchas veces se piensa que ante la ampliación de derechos no se nos tiene que preguntar, porque ya nos los está garantizando la ley, pero no es lo más adecuado, porque la ley no prevé nuestras necesidades al asegurar nuestro acceso”.

“Por otro lado, un segundo punto que busca el nuevo criterio es que sean las organizaciones de y para personas con discapacidad, pero sobre todo las personas con esta condición, quienes soliciten la consulta por medio de acciones de inconstitucionalidad, según la propia ministra, para fortalecer nuestra capacidad jurídica”, lo que no toma en cuenta que “aún estamos despertando y organizándonos para esta participación”.

“Aún hay muchas personas con discapacidad que enfrentan barreras para salir de su casa, para buscar u obtener un empleo, que enfrentan obstáculos económicos y de educación, ¿cómo podemos dejarles la responsabilidad a ellas y ellos de que sus organizaciones sean las que pidan la consulta?”, cuestionó.

Dada la importancia de discutir el contenido y las implicaciones del proyecto, el integrante de la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión dijo no estar de acuerdo con el corto plazo para organizarse y que la mayor cantidad de personas con discapacidad pudieran estar presentes y dar su opinión en la audiencia.

Prevén movilización e ir a otras instancias en caso de aprobarse el criterio

Además, subrayó que “por eso mismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que para elaborar y aplicar legislación o políticas relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados deben celebrar consultas”.

La activista señaló que frente a la posibilidad de que se apruebe el proyecto impulsado por Lenia Batres, y que se rechacen los amparos que impulsaron contra el PND sin estudiar a fondo los reclamos, “vamos a llevar la discusión a la ONU —organismo internacional que publicó en 2006 la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, suscrita por México—, porque no es posible que aún con el artículo que establece el derecho a la consulta, digan que no tienen por qué acatarlo”.

El lunes que se llevará a cabo la audiencia, se prevé que personas con discapacidad y colectivos acudan a la Corte para participar en el diálogo, y en caso de que por cupo o tiempo no les permitan el ingreso, realizarán una manifestación afuera del recinto.

“No sabemos cuántas personas se van a registrar para participar, ni a cuántas se les va a permitir hablar. Probablemente tendremos un acuerpamiento afuera, por las condiciones de la convocatoria tan rigurosas, y también por redes sociales, para que puedan sumarse los compañeros en otros estados”, concluyó Martha García.

Aun así, en enero pasado, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la campaña “Aléjate de las drogas, el fentanilo mata”, en el contexto de las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la presunta fabricación en México del fentanilo que se consume en ese país. 

El miércoles 15 del presente, en una tarjeta informativa, la SSA destacó que la siguiente etapa de la encuesta será el análisis e interpretación de los datos recabados, con el objetivo de generar evidencia sólida sobre los patrones de consumo de sustancias en la población mexicana. 

La dependencia que dirige David Kershenobich añadió que ese avance fue posible “gracias al trabajo comprometido y profesional de las y los encuestadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la Secretaría de Salud, a quienes se reconoce y agradece su valiosa labor en la recolección de información en campo, así como a la población que abrió las puertas de sus hogares y contribuyó al desarrollo de la Encuesta Nacional”. 

Agregó que la información obtenida será de “gran relevancia” para fortalecer las acciones que el gobierno de México ha emprendido en materia de prevención y atención de las adicciones, así como para el diseño de políticas públicas informadas y efectivas.

En la edición de este mes de octubre, la revista Proceso documentó las “graves irregularidades y prácticas opacas” que han imperado durante la gestión de Emilio Barriga; una denuncia presentada por un trabajador de alto rango de la ASF ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC) señaló que Barriga y su equipo acordaban con los gobiernos estatales y municipales para quitar algunos pliegos de observaciones por presuntas irregularidades en el gasto público.

Resulta poco probable que la sustitución de Barriga estuviera vinculada con la presunta corrupción en la que incurrió, pues la denuncia ante la UEC apunta a Aureliano Hernández Palacios Cardel como uno de los directivos que negocia con los gobiernos locales para realizar auditorías a modo. El documento señala que Hernández ordenó a los auditores a su cargo “ayudar” al gobierno de Morelos de la gobernadora morenista Margarita González Saravia Calderón respecto a presuntas irregularidades por mil 151 millones de pesos. En otras palabras: tanto el funcionario saliente como el entrante aparecen en la misma denuncia, por las mismas irregularidades.

Gerardo Lozano Dubernard, quien fuera Auditor Especial de Cumplimiento Financiero en la ASF, sugirió en su cuenta de X que Colmenares removió a Emilio Barriga de su cargo por una presunta molestia ante la intención del funcionario de contender por la titularidad de la ASF en 2026, cargo por el que el titular actual del ente fiscalizador podría reelegirse.

“La molestia es tan evidente que (Barriga) no estuvo presente el pasado martes en la firma del convenio entre la ASF con la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), siendo el responsable de fiscalizar a Universidades e Instituciones de Educación Superior”, observó Lozano en un análisis que publicó en sus redes sociales.

En el proceso de sucesión en la ASF chocan los intereses encontrados de varios actores del mundo político, quienes han movido sus piezas de manera sigilosa hasta el momento. Gracias a su facultad de revisar el gasto de cualquier peso proveniente del erario federal, la institución es una pieza clave en la lucha contra la corrupción.

Colmenares tiene la intención de repetir en el cargo, después de una gestión marcada por sus auditorías “a modo” con los gobiernos –sin importar los partidos--, y por colocar a “recomendados” en la nutrida nómina de la ASF. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no se ha pronunciado sobre el ente fiscalizador, un diputado que forma parte de su grupo político al interior de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó dos iniciativas de reforma el pasado 23 de septiembre, las cuales buscan eliminar la posibilidad de reelección del titular de la ASF.

El grupo de Sheinbaum no es el único que busca influir en el proceso de sucesión del ente fiscalizador. En semanas recientes, varias personas cercanas al diputado Ricardo Monreal Ávila, líder de Morena en la Cámara de Diputados, han sido nombradas en cargos clave de la ASF.

Javier Villarreal Terán, un político tamaulipeco de estirpe priista que ha sido asesor de Monreal entre 2019 y 2021, funge como director general de Gasto Federalizado –un colmo, para un político multado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2019 por omisiones en materia de fiscalización--, y en febrero pasado, dos incondicionales de Monreal fueron nombrados en cargos clave de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara, el organismo encargado de vigilar a la ASF.

El polémico político veracruzano José Manuel del Río Virgen –quien fue detenido y acusado por el gobierno del exgobernador Cuitláhuac García por el presunto asesinato del político René Tovar-- está ahora al frente de la unidad de Control Interno y Evaluación, y Nelida Nayethzy Chavero Becerril, quien fuera directora de recursos materiales de Monreal en la entonces Delegación Cuauhtémoc, funge como directora de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social.