Personas con discapacidad consideran positivo que haya una audiencia pública sobre la propuesta de la ministra Lenia Batres para que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) adopte un nuevo criterio en materia del derecho a la consulta; sin embargo, reclaman que la convocatoria para participar ha sido apresurada y poco accesible, por lo que temen que se aprueben cambios que los puedan afectar.

“Lamentablemente, cuando se lanzó la convocatoria hubo algunas cuestiones de accesibilidad que no estuvieron previstas, por ejemplo, la Lengua de Señas Mexicana no estaba, lo que dejaba fuera a la comunidad sorda; también faltó un formato de lectura fácil para el vocabulario técnico. Por eso tenemos un poquito de miedo, en el sentido de que no queremos que haya simulación”, señaló Israel Morales, quien trabaja como consultor independiente.

“Entendemos que los ministros tienen una carga de trabajo amplia, pero esperamos que se nos escuche para que se cambie la idea que se está manejando con el nuevo criterio, porque aunque se considere que una ley amplía derechos, si se hace desde la perspectiva de quienes no conocen nada de discapacidad y no nos preguntan, no se establecen las condiciones adecuadas a lo que necesitamos”, agregó.

Martha García, integrante del Movimiento de Personas con Discapacidad que acudió el 13 de octubre a la SCJN para pedir a los ministros que los tomaran en cuenta en la propuesta de Batres, comentó que la convocatoria que se emitió para la audiencia resultó apresurada y poco accesible, por lo que “una de dos, o los ministros no nos han entendido o no nos quieren entender“.

“Con tan poquito tiempo estamos viendo si podemos organizarnos para llevar argumentos que sean relevantes y que no se quite la consulta, que se sigan escuchando las voces de las personas con discapacidad, porque tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones sobre lo que nos beneficie o nos pueda vulnerar”, apuntó.

Argumentos de las personas con discapacidad contra la propuesta de Lenia Batres

Catalina Torres, integrante de la asociación Cambio de Ruta, es una de las promotoras de varios amparos que están en curso contra el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, debido a la falta de consulta a personas con discapacidad.

“Lo que está pasando en la Corte nos preocupa mucho, porque vemos una regresión de derechos. Cualquier persona no tendría que estar pendiente de todas las leyes que salen, porque no es su chamba, y a veces no nos enteramos de las modificaciones y de cómo repercuten en nuestra vida como personas con discapacidad, porque necesitamos apoyos específicos”, indicó.

La Secretaría de Salud federal (SSA) informó que se concluyó “exitosamente” la fase de levantamiento de datos en campo de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, realizada en todo el territorio nacional. 

Se trata de la encuesta que se hacía cada cinco años, pero que fue suspendida en 2022 por orden del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Los últimos datos difundidos fueron en la encuesta del 2017, con datos de un año antes, lo que significa que desde hace nueve años no se tiene información actualizada sobre el consumo de drogas, alcohol y tabaco en México.

Un nuevo cambio sucedió hoy en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con la salida de Emilio Barriga Delgado como Auditor Especial del Gasto Federalizado, y su sustitución por Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien fuera su subordinado en esa área clave de la institución, encargada de vigilar cómo los gobiernos estatales y municipales gastan los recursos multimillonarios que les envía el gobierno federal.

La ASF no explicó el motivo de este nuevo cambio en uno de los cargos más importantes de su estructura, el quinto desde que David Colmenares Páramo tomó las riendas de la institución, en 2018. La institución, que depende de la Cámara de Diputados, se limitó en informar que Colmenares designó a Hernández en el cargo que ocupaba Barriga y que empezó a asumir sus funciones este viernes 17.

A petición de Lenia Batres Guadarrama, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para abandonar un criterio que, hasta ahora, ha servido para evitar dejar en vulnerabilidad a las personas con discapacidad y su derecho a ser escuchadas antes de que los poderes legislativos del país emitan normas que pudieran colocarlos en condiciones de mayor riesgo.

Ante ello, organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad hicieron uso, por primera vez, de la recién creada figura de “audiencias públicas” de la Corte para solicitar a los nueve ministros del Pleno que los escuchen antes de tomar una decisión.

La audiencia pública está programada para el próximo 20 de octubre en el edificio sede de la Corte y en ella, quienes se inscribieron en la convocatoria publicada por el Máximo Tribunal hasta las 23:59 horas de ayer, podrán emitir sus pronunciamientos, presentar artículos de opinión y diversas herramientas que ayuden a los ministros a tomar una decisión con mayores elementos.

¿Qué es lo que Lenia Batres pidió cambiar?

Desde el año 2016 la SCJN, en aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estableció que como estado parte de dicho instrumento internacional, México está obligado a garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en las decisiones que les afecten.

Una forma en la que la Corte consideró que está garantizado este derecho es a través de la consulta previa misma que consideró parte del proceso legislativo para que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas estatales realicen este ejercicio de participación con los integrantes de este sector de la población antes de legislar sobre cuestiones que pudieran afectarles.

Esto fue aplicado en la acción de inconstitucionalidad 136/2022 en la que la Corte indicó que mantener el régimen de interdicción (figura que invalida la capacidad jurídica de las personas con cualquier tipo de discapacidad) era contraria a la Convención y señaló que cuando las leyes afectan directamente derechos de personas con discapacidad se debe llevar a cabo una consulta previa, pública, abierta y regular.

A través de este criterio la Corte ha declarado inconstitucionales más de 50 legislaciones en las que las personas con discapacidad no fueron consultadas por los poderes legislativos para conocer cuáles son sus necesidades.

Esto obligaba a los congresos a realizar las consultas mismas que debían ajustarse al estándar establecido por la Corte.

Desde antes de su ingreso a la SCJN, la ministra Lenia Batres criticó la utilización de este criterio para invalidar diversas normas impulsadas por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

A su llegada  al Corte, la exigencia de abandonar el criterio ha sido una constante en las declaraciones de Batres Guadarrama.

En entrevista con Proceso publicada en la edición mensual 27, correspondiente a septiembre de este año, la ministra aceptó que buscaría que la nueva conformación de la Corte abandone dicho criterio que no sólo aplica a personas con discapacidad sino que está destinado a respetar el derecho de consulta previa de los grupos vulnerables.

Por ello, desde la primera sesión del Pleno de la Corte, del pasado 11 de septiembre, mientras los ministros discutían la validez de la Ley de Salud Mental de Chihuahua, Batres aprovechó para pedir “detener esta perversión” y dejar de aplicar el criterio que, indicó, privilegia el análisis de la forma sobre el estudio de fondo de los asuntos.

Colectivos y personas solidarias de Fráncfort, Alemania, dirigieron una carta pública a la presidenta Claudia Sheinbaum para expresar su rechazo ante los intentos de desalojo de comunidades zapatistas en Chiapas. La carta señala que dichas acciones violan los Acuerdos de San Andrés firmados en 1995 y representan una amenaza grave contra los pueblos originarios.

“Estamos horrorizados”, señalaron, al denunciar que la expulsión de las comunidades solo beneficia a «quienes se creen poderosos» sin que quede claro quién está realmente detrás de las agresiones. Cuestionaron también el papel de asesores internacionales y de las fuerzas de seguridad involucradas.

El mensaje advierte que las comunidades zapatistas “viven de forma social y comunitaria, respetando la tierra que conservan y no destruyen”, lo que resulta incómodo para quienes promueven la competencia, el despojo y la acumulación. Afirmaron que su ejemplo ofrece esperanza para muchas personas en el mundo que buscan una vida digna y justa.

Como parte de su solidaridad, anunciaron acciones de difusión, boicots económicos y denuncias públicas. Exigieron respeto pleno a las tierras zapatistas, en particular al poblado Belén, y un alto inmediato a la guerra contra los pueblos originarios. “No en nuestro nombre”, concluyeron.

COMUNICADO:

Fráncfort, 12 de octubre de 2025. Estimada señora Sheinbaum: Según hemos oído, usted y su Gobierno planean expulsar una vez más a los habitantes originarios de su país en Chiapas. Es decir, van a incumplir el Convenio de los Acuerdos de San Andrés (1995). Estamos horrorizados. Sabemos que la expulsión de estas personas beneficia a unos pocos que se creen poderosos. Se creen tan poderosos que piensan que, con su ayuda y con la fuerza de las armas, pueden expulsar a personas y destruir tierras. No sabemos quiénes son esos poderosos. ¿Son los ricos terratenientes? ¿Es su predecesor en el cargo? ¿Son los jefes de los cárteles de la droga (¡se rumorea que el gobernador de Chiapas también es uno de ellos!)? ¿Son los que se benefician de los megaproyectos neoliberales? ¿O los representantes de la autoproclamada y brutal «fuerza del orden» de las Américas? ¿O simplemente tuvo malos «asesores», por ejemplo, de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional? ¿O simplemente le molesta que estas personas vivan de forma diferente a usted, de forma social y comunitaria, respetando la tierra que conservan y no destruyen? Estas personas comparten entre sí y construyen la comunidad, rechazan la competencia y la codicia. ¿Es eso? En cualquier caso, nosotros respetamos y valoramos a los habitantes originales de esta tierra, las comunidades zapatistas, como lo hacen innumerables personas en todo el mundo. Nos dan la esperanza de que es posible una vida digna, justa y comunitaria. TIENEN TODA NUESTRA SOLIDARIDAD En la práctica, esto significa que: Difundiremos estas noticias en nuestras geografías, siempre que podamos. Preguntaremos a la gente si quiere dejar su dinero allí donde se cometen crímenes tan inhumanos. Donde se expulsan y tal vez se matan a las personas. Donde se destruye tierra que hoy es fértil y necesaria para la supervivencia. Donde se infligen una vez más profundas heridas a la Tierra. NO EN NUESTRO NOMBRE Exigimos enérgicamente: ¡Respeto integral a las tierras de los Pueblos Zapatistas y su autonomía! ¡No se toquen las Tierras Zapatistas, ni en el Poblado Belén ni en algun otro lugar de Chiapas! ¡Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas Ya! ¡Viva el Común! ¡Viva la Autonomía! Atentamente, (füge hier deinen Namen ein)

México consolida, sin mucho debate público, un modelo de vigilancia masiva que erosiona la privacidad, la libertad de expresión y el derecho a la defensa frente a los abusos del poder. Las piezas de este sistema se han ido colocando una tras otra, hasta conformar una estructura de control que se legaliza por etapas y se normaliza en el discurso. 

La más reciente de ellas son las reformas al Código Fiscal de la Federación (artículo 30-B), aprobadas en el Congreso, que otorgan a las autoridades la capacidad de acceder, permanentemente y en tiempo real, a las plataformas digitales para obtener información “que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales", y de bloquear dichas plataformas si se niegan a otorgar dicho acceso.

Estas modificaciones vulneran el derecho a la privacidad y abren la puerta a la censura de contenidos digitales. Lo que se presenta como herramientas para mejorar las capacidades de recaudación fiscal, se erigen en verdaderos instrumentos de vigilancia y control. Las autoridades podrán acceder a datos personales sin supervisión judicial, y ordenar el bloqueo de plataformas de información, si éstas no cooperan. En la práctica, significa que el Estado podría vigilar, sancionar o censurar con un margen amplísimo de discrecionalidad.

Estas reformas forman parte de un paquete legislativo más amplio, promulgado en julio pasado, que reconfigura el aparato de vigilancia estatal. En ese conjunto se incluyeron las modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley General de Población, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley en Materia de Desapariciones, Ley de Guardia Nacional; así como la creación de la la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Todo ese entramado legal permite el acceso cruzado y en tiempo real a registros, y bases de datos públicas y privadas, y crean la CURP Biométrica obligatoria. El discurso oficial habla de “eficiencia administrativa” y “seguridad”, pero en realidad lo que se construye es una infraestructura permanente de control ciudadano.

Este entramado normativo representa el nuevo rostro del espionaje, uno que ya no es clandestino, sino legalizado. Lo que antes hacían agencias secretas o corporaciones privadas en los márgenes de la ley, ahora lo hace el Estado con aval legislativo. El problema es quién vigila, con qué controles y para qué fines.

En paralelo, se consuma la restricción legislativa de los mecanismos con los que ese mismo pueblo puede defenderse. Las recientes reformas a la Ley de Amparo diluyen la figura del interés legítimo y de la suspensión, gracias a la cual personas, organizaciones y colectivos habían logrado frenar normas y actos inconstitucionales. Todo en un contexto de cooptación del Poder Judicial.

En otras palabras, se consolidan simultáneamente dos movimientos regresivos: un Estado que amplía sus facultades de vigilancia y un Poder Judicial debilitado para contenerlo. El resultado es un desequilibrio de poder profundo. La privacidad se convierte en una ficción legal y la ciudadanía queda sin amparo —literal y jurídicamente— frente a los abusos institucionales.

El argumento oficial es conocido: “no hay nada que temer si no se hace nada malo”. Pero esa lógica es el corazón de todos los regímenes de control. La privacidad no es el refugio del crimen, sino el espacio indispensable de la libertad. Además, está plenamente documentando -por lo menos en los sexenios de Peña Nieto y López Obrador- que las herramientas de espionaje de alta gama (como Pegasus) se usan preferentemente contra voces críticas y que su eficacia anti-crimen ha sido nula.

México no llega paulatinamente a este punto. Lo hace paso a paso, con la complicidad del silencio político y la abulia social. Se normaliza la idea de que la seguridad y la eficiencia justifican la intrusión. Se apela a la bondad y la superioridad moral de quienes conforman el actual proyecto político hegemónico. Pero un Estado que todo lo sabe termina creyendo que todo lo puede, y eso es fuente de abusos.

El futuro digital del país no puede edificarse sobre la renuncia a la privacidad y negando las consecuencias sobre resto de nuestras libertades públicas. Si las “leyes espía” avanzan y los mecanismos de defensa se extinguen, las personas quedaremos atrapadas bajo un gobierno que dice hablar por el pueblo, mientras vigila, en tiempo real y sin controles, cada uno de sus movimientos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas y adiciones a la Ley de Amparo, cuya normativa fue aprobada en el Senado de la República ayer por la tarde con 81 votos a favor y 37 en contra.

El decreto fue publicado en la edición vespertina del DOF para que la ley entre en vigor mañana viernes 17 de octubre, con cambios al polémico artículo tercero transitorio que aclaran cómo se aplicarán las nuevas disposiciones a los juicios en curso.

Previamente, durante la madrugada del miércoles, la Cámara de Diputados también aprobó el dictamen de la Ley de Amparo con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, entre ellas, la de la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero y las de dos diputados del Partido del Trabajo (PT).

La Consejera Jurídica de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ernestina Godoy Ramos, informó este viernes que ya fue enviada al Congreso de la Unión la iniciativa para la homologación del delito de extorsión a nivel Federal y que el mismo se persiga de oficio.

La funcionaria afirmó que la propuesta contempla una penalidad que va desde los seis hasta los 15 años de prisión para el delito de extorsión y habrá una serie de agravantes, las cuales serán cuando la extorsión sea para el cobro de piso, o cuando la víctimas sean migrantes, por ejemplo.

A partir del 17 de febrero del 2021, cuando Christian Espinoza Silver, operador del cártel Arellano, fue asesinado en las inmediaciones de uno departamentos en Nobel Drive y Lombard Place en University City, en la Jolla, su novia por varios años, la influencer Lidia Vanessa Gurrola Peraza, se convirtió en una de las principales sospechosas del homicidio.

Hace cuatro años la investigaron y la interrogaron sin éxito, sin embargo, tras la captura el 17 de junio en Tijuana, de Pablo Edwin Huerta Nuño, el Flakito, su extradición a los Estados Unidos, y su encarcelamiento en una prisión de San Diego, Californian en agosto, finalmente ejecutaron una orden de aprehensión contra la joven Vanesa Gurrola, el jueves 9 de octubre del 2025.

La detención de Gurrola se ejecutó precisamente en la zona de University City, es decir, en las inmediaciones del centro comercial University Town Center de La Jolla, cerca de donde su ex pareja fue asesinado, de cuyo móvil comentaron de manera extraoficial por entonces, fue “para evitar que cumpliera con la orden de asesinar a Ovidio Guzmán”.

Durante los últimos cuatro años, la modelo iba y venía entre México y Estados Unidos, incluso después del 27 septiembre del 2024 -a tres años de la muerte de sus novio-, cuando públicamente fue relacionada con el cártel de Sinaloa. Su nombre y foto fueron plasmados en cientos de folletos que se dejaron caer de avionetas en Sinaloa, en las ciudades de Los Mochis, Mazatlán y Culiacán

La identidad de Gurrola fue uno de los 17 personajes populares en redes sociales, traficantes y sus familiares, expuestos en los volantes con la cabeza “Cartel de Los Sapitos ¿los conoces? Denúncialos”, la lista era encabezada por Los Chapitos, los hermanos Archivaldo, Alfredo y Joaquín Guzmán. En el volante, a la modelo Vanesa Gurrola la apodaron “La Sapa”.

A todos los acusaban de una extensa lista de delitos cometidos por todos los grupos del crimen organizado y para denunciarlos, enlistaban una serie de contactos de la secretaria de la Defensa Nacional.

La muerte de “El Chato” 

Christian Espinoza Silver, de 35 años, fue acribillado en febrero del 2021, mientras conversaba con otro sujeto en el interior de un auto en las inmediaciones de University City en San Diego, California, la segunda víctima sobrevivió al ataque. También se pudo saber, que ese mismo día, el joven había tenido otras reuniones con sus socios mafiosos en la misma zona.

En aquel momento, autoridades de ambos lados de la frontera informaron que varios operadores y lideres criminales del CAF vivían en esa zona, y algunos de ellos como el Flakito, Brayan Corona alias el Apache – también fue baleado en la zona en marzo del 2024- y Héctor García alias el Kado, estaban colaborando como “testigos protegidos”, aunque no se detalló con cuál agencia.

El Chato, era hijo de Saúl Silver Quintana, quien fuera uno de los operadores del cártel Arellano, a él lo asesinaron el 28 de agosto de 2005 en el Salón Mezzanine de Tijuana, mientras celebraban la fiesta de 15 años de su hija.

Atentado Ovidio

Pablo Edwin Huerta Nuño, el Flakito se caracterizó por a facilidad que tenía para negociar y transitar de un cártel a otro, y evadir las amenazas de muertes, cada vez que traicionaba a sus socios criminales.

En el año 2020, su nueva sociedad con los hermanos Guzmán fue publicitada a través de narcocorridos, en enero del 2021 se empezaron a guindar mantas en Tijuana, con mensajes reiterando la lealtad de Huerta con los Chapitos

Sin embargo, en octubre del 2021, un grupo de sicarios al servicio criminal de Huerta fueron detenidos porque, durante varios días en ciudad de México, habían seguido a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán líder del CDS ya preso, los criminales tenían la orden de encontrar el mejor momento para asesinarlo y fueron descubiertos porque grupos de inteligencia del gobierno mexicano tenían mucho tiempo – presuntamente desde que fue liberado en el culiacanazo en 2019- vigilando al traficante sinaloenses.

El asesinato de Christian Espinoza Silver, quien efectivamente era operador criminal de El Flakito y del Kado, ocurrió el mismo 2021, ocho meses antes de la captura de este grupo de sicarios enviados por Huerta mientras presumía su sociedad delictiva con Los Chapitos

Jorge Romero Herrera, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), anunció, el 16 de octubre de 2025, que dicha institución se preparaba para “relanzarse” como partido político, el día sábado 18 del mismo mes y año, en una marcha que partiría a las 11:00 horas, desde el Monumento a la Revolución rumbo al Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, bajo el lema “Estamos unidos mexicanos”.

Antes, los panistas se concentrarían en el Frontón México, donde Acción Nacional llevaría a cabo su Asamblea Constitutiva, en la cual Romero Herrera daría a conocer el plan de “relanzamiento”, mismo que debería concretarse con la necesaria reforma de estatutos, en una Asamblea Nacional, agendada para el último fin de semana de noviembre de 2025.

Durante una conferencia de prensa -realizada en el auditorio Manuel Gómez Morín, de la sede del PAN-, Romero Herrera enlistó una serie de líneas generales, para el “relanzamiento”, entre ellas la “apertura total” de Partido, “ciudadanizarlo”, como se pretendió desde que fue fundado en 1939 y abrir candidaturas a los ciudadanos.

En presencia de senadores, diputados federales, legisladores locales, alcaldes y diversos liderazgos partidistas, Romero Herrera detalló que la segunda línea implicaba, de facto, la ruptura de la alianza que mantuvo durante los últimos años con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Además, el presidente del CEN del PAN comentó que la tercera línea sería agilizar radicalmente la entrada de cuadros nuevos, mediante un simple “clic”. Asimismo, explicó cuál debería ser “la narrativa” que todo panista tendría seguir durante las próximas semanas y meses.

A la conferencia de prensa asistieron los coordinadores parlamentarios del PAN, el senador Ricardo Anaya Cortés y el diputado José Elías Lixa Abimerhi, así como la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Kenia López Rabadán. También destacaron los ex dirigentes nacionales Damián Zepeda Vidales y Luis Felipe Bravo Mena, entre otros.

Ochenta y seis años después de su fundación y ante el dominio electoral de Morena, la dirigencia nacional panista buscaría cambiar el rumbo del partido de cara a las elecciones de 2027, en las que se renovarían 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El 16 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a lanzar críticas contra la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano (MC), a la que llamó “McPAN”, al señalar que representaba los mismos intereses de gobiernos anteriores.

“Ahora están buscando la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, el McPAN, y decir, el PRI ya murió, ahora vámonos por otro lado para una alternativa”, expresó la mandataria nacional, quien también cuestionó la legitimidad de los liderazgos panistas y aseguró que ese partido estaba dominado por intereses de corrupción.

“¿Quién dirige hoy el PAN? El cártel inmobiliario. Los corruptos del cártel inmobiliario. Hay que decirlo con todas sus letras”, afirmó la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, en la cual también consideró contradictorio que el Acción Nacional, identificado con posiciones conservadoras, buscara la alianza con un partido que se definía como progresista.

“El PAN que siempre defendió principios de lo que se llama la derecha, el conservadurismo, en alianza con Movimiento Ciudadano que son supuestamente progresistas. Bueno, pero ¿qué es? Pues la representación de los intereses del viejo régimen”, dijo Sheinbaum Pardo, quien también aseguró que, pese al discurso de renovación, esas fuerzas políticas representaban un mismo proyecto político, contrario a la “transformación” que impulsaba su Gobierno.

“Son dos proyectos de nación. Más allá de que ahora digan el PRI ya, [Rafael Alejandro] ‘Alito’ Moreno [Cárdenas], pues ya no representa a nadie. No, no, pero sigue, el PAN es lo mismo de antes”, sostuvo la presidenta, quien además recordó que, según ella, los dirigentes panistas se oponían a los programas sociales del Gobierno Federal.

“Ellos han dicho públicamente, su dirigente del PAN lo dijo, y es además los mismos que no están de acuerdo con los programas de bienestar, que ellos no están de acuerdo con que todos los adultos mayores tengan apoyo”, expresó. Ellos no están de acuerdo con eso, porque los adultos mayores deberían de trabajar hasta los 90 años porque hay que enseñarles a pescar y no hay que darles el pescado. Ese es su discurso”, enfatizó la mandataria nacional.

Por último, la titular del Poder Ejecutivo resaltó que el bloque opositor mantenía las mismas prácticas que caracterizaron al llamado PRIAN y que ahora, según ella, reaparecían con otro nombre, “porque ahora ya se están reagrupando y si no que digan lo contrario”, retó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que su gobierno revisará que se cumpla el acuerdo al que llegó con la industria refresquera para reducir el uso de azúcar en la elaboración de bebidas procesadas y bajar a la mitad el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos con endulzantes o edulcorantes no calóricos, también conocidos como "light" o "zero".

A la par, detalló que las empresas refresqueras también acordaron reducir el costo de las bebidas reducidas en azúcar, ya que en el pasado habían equiparado los costos de ambas bebidas, a pesar de que sólo las azucaradas habìan recibido un aumento en el impuesto.

🔴🥤 Respalda Sheinbaum aumento del #IEPS a bebidas azucaradas; no se busca recaudar, es para que se consuman menos, afirma.

La presidenta @Claudiashein señaló que las empresas refresqueras han aceptado reformular sus productos para reducir el contenido calórico. pic.twitter.com/G7An4YTCC7

— Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 17, 2025

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este jueves que van 26 mil 311 viviendas censadas tras las lluvias, derivadas de "Raymond" y "Priscila", que provocaron afectaciones en cinco estados de la República y aseveró que nadie se va a quedar sin apoyo.

La mandataria federal detalló que la Secretaría del Bienestar ya está realizando el levantamiento de los censos, casa por casa, para identificar a todas y todos los damnificados por estos desastres. "A la fecha están en 15 campamentos, vienen de distintos lugares del país, se instalan en campamentos van caminando y a la fecha el día de hoy ya hay 26 mil 311 viviendas censadas", detalló.

A una semana de las fuertes lluvias, seguimos en apoyo a comunidades afectadas de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Con el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, conocemos avances de los tres órdenes de gobierno. Atendemos a todas las… pic.twitter.com/w6aLktyLIR

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 17, 2025

El Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias del Gobierno de México informó este viernes que la cifra de fallecimientos a causa de la tormenta tropical "Raymond" aumentó a 72, mientras que el número de personas no localizadas es de 48 en los cinco estados que fueron afectados por las lluvias.

Según el corte emitido por el sistema, los estados de Veracruz y Hidalgo concentran la mayor parte de las víctimas, seguidos de cerca por Puebla, mientas que en Querétaro sólo se ha registrado una muerte y en San Luis Potosí no se reportan bajas. El número de fallecimientos es de:

Aplicar un impuesto a los sueros orales podría sentar un precedente peligroso para el sector médico: abriría la puerta para gravar otros productos con altos niveles de glucosa, como los jarabes para la tos. 

La diferencia, sin embargo, radica en que la glucosa cumple una función terapéutica, no recreativa, explica el excomisionado de Salud en México durante la pandemia de influenza en 2009, Alejandro Macías.

En medio de la discusión sobre si el sector refresquero debe pagar más impuestos a partir de 2026, Grupo PiSA comercializa la bebida Electrolit, que en realidad concentra 3.7 veces más glucosa de lo recomendado por organismos internacionales. Bajo su estatus de medicamento ha evadido impuestos pese a ser una bebida azucarada que compite en el mismo mercado de refrescos y jugos industrializados.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la fórmula estándar para una solución de rehidratación oral debe contener una proporción de 1.3 partes de glucosa por cada parte de sales y minerales. Sin embargo, Electrolit tiene una proporción de 3.7 a 1.

Durante la discusión de la reforma al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) que establece un incremento al impuesto de videojuegos con temática violenta, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Irais Reyes de la Torre, criticó el graven, ya que consideró que no hay un videojuego que dispare un arma, ya que afirmó que la violencia en México no nace de un videojuego, nace de un Estado que ha fallado en garantizar seguridad, justicia y paz. 

En su participación durante la discusión, acompañada con un letreo con la leyenda: ‘¡Game Over! A la censura. No ha impuestos absurdos’, la diputada emecista resaltó que el entretenimiento no genera violencia, pues afirmó que la violencia la produce un Estado que ha normalizado impunidad y ha permitido que el crimen crezca.

Respalda la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Avila Olmeda a la fiscal general del estado Ma. Elena Andrade Ramírez tras los ataques registrados en contra de la fiscalía el pasado miércoles en playas de Tijuana.

La mandataria estatal señaló que, no está en sus planes el retirar Andrade Ramírez de su cargo, a pesar de que, varios legisladores y la iniciativa privada lo han solicitado, argumentando que, el trabajo de la fiscal ha dado frutos, por ello la reducción de homicidios en Baja California.

“Para nada, creo que la fiscal está haciendo un excelente trabajo, por eso los delitos, todos van hacia la baja, los homicidios van a la baja en Baja California, sabemos que también tenemos mucho por hacer evidentemente”.

Indició que, los ataques que se han presentado en contra de la fiscalía en semanas recientes es debido a los trabajos que está haciendo la autoridad investigadora, desmantelando en gran medida a grupos criminales.

“Este tipo de actos son justamente por el trabajo que está haciendo la fiscalía, por las detenciones, por las investigaciones, por la desarticulación que ha habido de varias bandas criminales en los últimos meses y no, no hay ninguna situación que amerite la salida de la fiscal”.

Con respecto a altercado y a la inseguridad que se vive en el estado, argumentó que estarán trabajando con los tres niveles de gobierno para hacerle frente al tema, teniendo una estrategia similar a la implementada después del ataque, en donde hubo participación de elementos municipales, estatales y federales.

Finalmente, descartó que haya habido presencia de drones en las instalaciones de la fiscalía general de Baja California en Mexicali, información que trascendió la noche del pasado jueves por la noche cuando se presentó una movilización de elementos