A pesar del cambio de gobiernos que prometieron justicia social, los asesinatos y agresiones continúan sin que se investiguen ni sancionen los responsables. La Montaña baja de Guerrero sigue siendo una región donde autoridades locales actúan en complicidad con grupos de crimen organizado, y la violencia afecta a militantes políticos, activistas y comunidades enteras, mientras las autoridades permanecen indiferentes y la inseguridad persiste.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Equipo Argentino de Antropología Forense entregaron dictámenes que demuestran que las víctimas fueron torturadas y ejecutadas extrajudicialmente, confirmando la brutalidad del crimen y la impunidad que lo protege. Las organizaciones exigieron a las autoridades actuar con prontitud para garantizar justicia y detener la violencia que sigue afectando a Guerrero.
Finalmente, las organizaciones demandaron la libertad inmediata e incondicional de presos políticos como Antonio Barragán Carrasco y Jaime Morales Castro, acusados de manera arbitraria por su activismo social. Afirmaron que la lucha por justicia y derechos continúa vigente.
A OCHO AÑOS DEL ASESINATO DE RANFERI HERNÁNDEZ ACEVEDO, LUCÍA HERNÁNDEZ DIRCIO, JUANITA DIRCIO BARRIOS Y ANTONIO PINEDA PATRICIO
Hoy, 14 de octubre del 2025, se cumplen ocho años del atroz asesinato de nuestros familiares y compañeros: Ranferi Hernández Acevedo, Lucia Hernández Dircio, Juanita Dircio Barrios y Antonio Pineda Patricio. Como cada año desde que ocurrió este vil y cobarde multihomicidio, venimos aquí a depositar una ofrenda compuesta de flores y de productos del campo cosechados por las manos de nuestras compañeras y compañeros de las comunidades de la Montaña baja de Guerrero para honrar la memoria de Ranferi, Lucía, Juanita y Antonio; y para exigir justicia.
Han pasado ocho años del asesinato de nuestros familiares y compañeros. Aún con la llegada de gobiernos -a nivel federal y estatal- que se autodenominan de la cuarta transformación y que enarbolan un discurso de justicia social, el multihomicidio de nuestros familiares y compañeros se encuentra en la total impunidad. Con mucha indignación vemos que las condiciones de inseguridad en que fueron asesinados nuestros familiares y compañeros persisten en la actualidad.
La Montaña baja es una región donde los crímenes tienen marca registrada; en la que es clara la complicidad con la que actúan las autoridades locales con el grupo del crimen organizado que controla la región. La Montaña baja es una zona gris donde se cometen asesinatos y desapariciones forzadas sin que nadie investigue nada, y tampoco hay ninguna autoridad ni fuerza de seguridad que busque frenar esta situación. Las poblaciones de las comunidades de la región han sido abandonadas a su suerte, hasta los militantes de Morena que actúan en la región son asesinados sin que la dirigencia de su partido sea capaz de alzar la voz por ellos, lo único que hacen es darles el pésame. Así de lacerante es la realidad que se vive en esta región de Guerrero, donde la muerte tiene permiso y la impunidad también.
Coincidimos en lo expuesto por la investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, Esperanza Rangel Lozano, quien, en una entrevista publicada en el periódico El Sur dijo, respecto de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el INEGI, que en Guerrero hay una situación de impunidad crónica que incide en la comisión de delitos. Pero esta situación de inseguridad que se vive en la región de Chilapa, lamentablemente no es la única del estado donde se vive así, hay otras regiones donde se viven situaciones similares como lo es Acapulco y la Tierra Caliente, por mencionar algunas.
Esta violencia generalizada en cuanto a los movimientos de resistencia que hay en Guerrero y en el país, claramente tiene como objetivo eliminar a los luchadores sociales que alzan la voz contra la explotación, el saqueo de los recursos naturales y contra los poderes caciquiles. Los crímenes que, en las décadas de 1960, 1970, 1980 y 1990 cometía el ejército y las policías, como son ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas; en el siglo XXI esos mismos crímenes son perpetrados por el denominado “crimen organizado”. Supuestamente han cambiado los perpetradores, lo que no ha cambiado son los objetivos a eliminar. En los últimos años en Guerrero han sido asesinados luchadores sociales como Miguel Ángel Mesino (18 de septiembre de 2005), Arturo Hernández Cardona (30 de mayo de 2013), Raymundo Velázquez Flores (5 de agosto de 2013), Rocío Mesino Mesino (19 de octubre de 2013), Luis Olivares Enríquez (10 de noviembre de 2013), Ranferi Hernández Acevedo (14 de octubre de 2017), Arnulfo Céron Soriano (11 de octubre de 2019), por mencionar algunos. Decenas de luchadores y luchadoras sociales han sido asesinados en los últimos años bajo este telón de fondo. Pareciera que es el escenario perfecto para que los diferentes gobiernos se deslinden de estos crímenes de Estado.
En este mismo contexto y bajo el mismo modus operandi, el pasado mes de abril fue asesinado el compañero Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, cuando se encontraba trabajando en Acapulco. El compañero Marco Antonio aquí estuvo con nosotros en varias ocasiones; acompañándonos y exigiendo justicia. Tristemente hoy nos toca pedir justicia para el compañero. Esto mismo pasó en los años pasados, el compañero Ranferi exigió justicia para los campesinos masacrados en Aguas Blancas, Acteal y El Charco; exigió la presentación con vida de los desaparecidos de la década de 1970 y de los normalistas de Ayotzinapa; exigió justicia para Miguel Ángel y Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona y para el maestro Claudio Castillo Peña; solo por mencionar algunos casos. Esa es nuestra indignante realidad. En México no solo no hay justicia para los luchadores sociales asesinados en los regímenes del PRI y del PAN, sino que en el régimen de Morena se sigue asesinando a quienes luchan por la justicia.
Asimismo, se encarcela a quienes se organizan por justicia y seguridad, como el compañero Jaime Morales Castro, ex consejero y comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, encarcelado con delitos prefabricados el pasado 9 de octubre. De igual forma, el compañero Antonio Barragán Carrasco, militante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, quien recién cumplió 24 años preso de manera injusta por delitos prefabricados por órdenes de Genaro García Luna. Misma situación de prisión política son los casos de la activista Kenia Hernández Moltalván, los presos mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca y los presos tzotziles Solidarios de la Voz del Amate, Chiapas. Como estamos seguros que lo hubiera hecho el compañero Ranferi, exigimos la libertad inmediata e incondicional de las presas y presos políticos.
En cuanto al estado de la investigación del caso de nuestros familiares y compañeros asesinados, queremos informar que el pasado 25 de abril, el equipo de abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” e integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entregaron a la Fiscalía General del Estado los dictámenes integrados multidisciplinarios realizados a los restos mortales de nuestros familiares y compañeros en los siguientes rubros: Traumático de evidencia biológica y no biológica, Ampliación del dictamen de Antropología Forense, el Examen médico legal relativo al protocolo de autopsia y el Dictamen de hallazgos del vehículo.
Agradecemos a las y los especialistas del EAAF por el trabajo realizado, el cual en todo momento fue realizado con ética profesional y siempre respetando la dignidad de los cuerpos de nuestros familiares y compañeros.
A grandes rasgos, los resultados de los dictámenes prueban que nuestros familiares fueron torturados y que fueron ejecutados extrajudicialmente. Muestran el grado de crueldad con la que actuaron los perpetradores de este deleznable crimen de Estado, quienes se sienten impunes ante gobiernos que les permiten actuar sin ninguna consecuencia para ellos. Es por eso que hacemos un llamado a los diferentes niveles de gobierno, y a las instancias de procuración de justicia, a actuar en consecuencia y evitar que la violencia y la impunidad sigan siendo los rasgos distintivos de nuestra realidad.
¡14 de octubre no se olvida! ¡Es de lucha combativa!
¡Ni perdón ni olvido! ¡Castigo a los asesinos!
¡Justicia para Ranferi Hernández Acevedo!
¡Justicia para Lucía Hernández Dircio!
¡Justicia para Juanita Dircio Barrios!
¡Justicia para Antonio Pineda Patricio!
¡Justicia para todos los luchadores sociales asesinados!
¡Justicia para Rocío Mesino!
¡Justicia para Marco Antonio Suástegui!
¡Presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa!
¡Presentación con vida de todos los desaparecidos!
¡Libertad para Antonio Barragán Carrasco!
¡Libertad para todos los presos políticos!
¡Ranferi vive, la lucha sigue!
Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero
Chilapa de Álvarez, Guerrero, a 14 de octubre de 2025
