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Organizaciones exigen justicia y libertad para presos políticos en Guerrero

A ocho años del asesinato de Ranferi Hernández Acevedo, Lucía Hernández Dircio, Juanita Dircio Barrios y Antonio Pineda Patricio, defensores sociales de la Montaña baja de Guerrero, organizaciones denunciaron la persistente impunidad en el caso y la violencia generalizada que enfrenta la región, además de exigir justicia para las víctimas y la libertad para presos políticos injustamente encarcelados.

A pesar del cambio de gobiernos que prometieron justicia social, los asesinatos y agresiones continúan sin que se investiguen ni sancionen los responsables. La Montaña baja de Guerrero sigue siendo una región donde autoridades locales actúan en complicidad con grupos de crimen organizado, y la violencia afecta a militantes políticos, activistas y comunidades enteras, mientras las autoridades permanecen indiferentes y la inseguridad persiste.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Equipo Argentino de Antropología Forense entregaron dictámenes que demuestran que las víctimas fueron torturadas y ejecutadas extrajudicialmente, confirmando la brutalidad del crimen y la impunidad que lo protege. Las organizaciones exigieron a las autoridades actuar con prontitud para garantizar justicia y detener la violencia que sigue afectando a Guerrero.

Finalmente, las organizaciones demandaron la libertad inmediata e incondicional de presos políticos como Antonio Barragán Carrasco y Jaime Morales Castro, acusados de manera arbitraria por su activismo social. Afirmaron que la lucha por justicia y derechos continúa vigente.

COMUNICADO:

A OCHO AÑOS DEL ASESINATO DE RANFERI HERNÁNDEZ ACEVEDO, LUCÍA HERNÁNDEZ DIRCIO, JUANITA DIRCIO BARRIOS Y ANTONIO PINEDA PATRICIO

Hoy, 14 de octubre del 2025, se cumplen ocho años del atroz asesinato de nuestros familiares y compañeros: Ranferi Hernández Acevedo, Lucia Hernández Dircio, Juanita Dircio Barrios y Antonio Pineda Patricio. Como cada año desde que ocurrió este vil y cobarde multihomicidio, venimos aquí a depositar una ofrenda compuesta de flores y de productos del campo cosechados por las manos de nuestras compañeras y compañeros de las comunidades de la Montaña baja de Guerrero para honrar la memoria de Ranferi, Lucía, Juanita y Antonio; y para exigir justicia.

Han pasado ocho años del asesinato de nuestros familiares y compañeros. Aún con la llegada de gobiernos -a nivel federal y estatal- que se autodenominan de la cuarta transformación y que enarbolan un discurso de justicia social, el multihomicidio de nuestros familiares y compañeros se encuentra en la total impunidad. Con mucha indignación vemos que las condiciones de inseguridad en que fueron asesinados nuestros familiares y compañeros persisten en la actualidad.

La Montaña baja es una región donde los crímenes tienen marca registrada; en la que es clara la complicidad con la que actúan las autoridades locales con el grupo del crimen organizado que controla la región. La Montaña baja es una zona gris donde se cometen asesinatos y desapariciones forzadas sin que nadie investigue nada, y tampoco hay ninguna autoridad ni fuerza de seguridad que busque frenar esta situación. Las poblaciones de las comunidades de la región han sido abandonadas a su suerte, hasta los militantes de Morena que actúan en la región son asesinados sin que la dirigencia de su partido sea capaz de alzar la voz por ellos, lo único que hacen es darles el pésame. Así de lacerante es la realidad que se vive en esta región de Guerrero, donde la muerte tiene permiso y la impunidad también.

Coincidimos en lo expuesto por la investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, Esperanza Rangel Lozano, quien, en una entrevista publicada en el periódico El Sur dijo, respecto de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el INEGI, que en Guerrero hay una situación de impunidad crónica que incide en la comisión de delitos. Pero esta situación de inseguridad que se vive en la región de Chilapa, lamentablemente no es la única del estado donde se vive así, hay otras regiones donde se viven situaciones similares como lo es Acapulco y la Tierra Caliente, por mencionar algunas.

Esta violencia generalizada en cuanto a los movimientos de resistencia que hay en Guerrero y en el país, claramente tiene como objetivo eliminar a los luchadores sociales que alzan la voz contra la explotación, el saqueo de los recursos naturales y contra los poderes caciquiles. Los crímenes que, en las décadas de 1960, 1970, 1980 y 1990 cometía el ejército y las policías, como son ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas; en el siglo XXI esos mismos crímenes son perpetrados por el denominado “crimen organizado”. Supuestamente han cambiado los perpetradores, lo que no ha cambiado son los objetivos a eliminar. En los últimos años en Guerrero han sido asesinados luchadores sociales como Miguel Ángel Mesino (18 de septiembre de 2005), Arturo Hernández Cardona (30 de mayo de 2013), Raymundo Velázquez Flores (5 de agosto de 2013), Rocío Mesino Mesino (19 de octubre de 2013), Luis Olivares Enríquez (10 de noviembre de 2013), Ranferi Hernández Acevedo (14 de octubre de 2017), Arnulfo Céron Soriano (11 de octubre de 2019), por mencionar algunos. Decenas de luchadores y luchadoras sociales han sido asesinados en los últimos años bajo este telón de fondo. Pareciera que es el escenario perfecto para que los diferentes gobiernos se deslinden de estos crímenes de Estado.

En este mismo contexto y bajo el mismo modus operandi, el pasado mes de abril fue asesinado el compañero Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, cuando se encontraba trabajando en Acapulco. El compañero Marco Antonio aquí estuvo con nosotros en varias ocasiones; acompañándonos y exigiendo justicia. Tristemente hoy nos toca pedir justicia para el compañero. Esto mismo pasó en los años pasados, el compañero Ranferi exigió justicia para los campesinos masacrados en Aguas Blancas, Acteal y El Charco; exigió la presentación con vida de los desaparecidos de la década de 1970 y de los normalistas de Ayotzinapa; exigió justicia para Miguel Ángel y Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona y para el maestro Claudio Castillo Peña; solo por mencionar algunos casos. Esa es nuestra indignante realidad. En México no solo no hay justicia para los luchadores sociales asesinados en los regímenes del PRI y del PAN, sino que en el régimen de Morena se sigue asesinando a quienes luchan por la justicia.

Asimismo, se encarcela a quienes se organizan por justicia y seguridad, como el compañero Jaime Morales Castro, ex consejero y comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, encarcelado con delitos prefabricados el pasado 9 de octubre. De igual forma, el compañero Antonio Barragán Carrasco, militante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, quien recién cumplió 24 años preso de manera injusta por delitos prefabricados por órdenes de Genaro García Luna. Misma situación de prisión política son los casos de la activista Kenia Hernández Moltalván, los presos mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca y los presos tzotziles Solidarios de la Voz del Amate, Chiapas. Como estamos seguros que lo hubiera hecho el compañero Ranferi, exigimos la libertad inmediata e incondicional de las presas y presos políticos.

En cuanto al estado de la investigación del caso de nuestros familiares y compañeros asesinados, queremos informar que el pasado 25 de abril, el equipo de abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” e integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entregaron a la Fiscalía General del Estado los dictámenes integrados multidisciplinarios realizados a los restos mortales de nuestros familiares y compañeros en los siguientes rubros: Traumático de evidencia biológica y no biológica, Ampliación del dictamen de Antropología Forense, el Examen médico legal relativo al protocolo de autopsia y el Dictamen de hallazgos del vehículo.

Agradecemos a las y los especialistas del EAAF por el trabajo realizado, el cual en todo momento fue realizado con ética profesional y siempre respetando la dignidad de los cuerpos de nuestros familiares y compañeros.

A grandes rasgos, los resultados de los dictámenes prueban que nuestros familiares fueron torturados y que fueron ejecutados extrajudicialmente. Muestran el grado de crueldad con la que actuaron los perpetradores de este deleznable crimen de Estado, quienes se sienten impunes ante gobiernos que les permiten actuar sin ninguna consecuencia para ellos. Es por eso que hacemos un llamado a los diferentes niveles de gobierno, y a las instancias de procuración de justicia, a actuar en consecuencia y evitar que la violencia y la impunidad sigan siendo los rasgos distintivos de nuestra realidad.

¡14 de octubre no se olvida! ¡Es de lucha combativa!

¡Ni perdón ni olvido! ¡Castigo a los asesinos!

¡Justicia para Ranferi Hernández Acevedo!
¡Justicia para Lucía Hernández Dircio!
¡Justicia para Juanita Dircio Barrios!
¡Justicia para Antonio Pineda Patricio!
¡Justicia para todos los luchadores sociales asesinados!
¡Justicia para Rocío Mesino!
¡Justicia para Marco Antonio Suástegui!
¡Presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa!

¡Presentación con vida de todos los desaparecidos!

¡Libertad para Antonio Barragán Carrasco!

¡Libertad para todos los presos políticos!

¡Ranferi vive, la lucha sigue!

Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero

Chilapa de Álvarez, Guerrero, a 14 de octubre de 2025

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Nueva Ley de Amparo debilitará derechos ganados por mujeres, advierten defensoras

El día de hoy, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo con 332 votos a favor y 128 en contra. No obstante, organizaciones advirtieron que el dictamen aprobado pone en retroceso la capacidad de la ciudadanía para defender sus derechos y uno de los sectores más vulnerables serán las mexicanas quienes denuncian casos de violencia de género o apelan a sus derechos sexuales y reproductivos por lo que este recurso legal se estaría debilitando.

De acuerdo con la iniciativa, la reforma a la Ley de Amparo complementa los cambios realizados con la Reforma Judicial que se aprobó en septiembre de 2024 y en la cual se permitió por primera vez elegir por voto popular al Poder Judicial, entre ellos a las personas juzgadoras. En este sentido, se busca agilizar procesos judiciales y que el Estado realice una reflexión sobre este recurso.

Entre los aspectos positivos a destacar de la reforma es que pretende mejorar los juicios en línea reconociendo que aún persiste una brecha digital para poder acercar y ampliar el acceso a este mecanismo. Por ello, se espera que las personas puedan solicitar protección judicial con mayor facilidad ante medios electrónicos. Por otro lado, se definió un plazo de 60 días naturales, que tras la discusión en el Senado se amplió a 90 días, para que se emitan las sentencias lo que contribuye a que los juicios de amparo se desahoguen con mayor agilidad, ya que actualmente los juicios son tardios.

En entrevista para Cimacnoticias, Jesús Segovia Villena, abogado del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) señaló que el juicio de amparo es el principal medio de protección frente abusos de poder y violaciones a derechos humanos en México. Esta figura llega a ser beneficiosa porque es ágil y proporciona mayor protección en comparación con otros sistemas jurídicos que existen en el país.

La idea de la figura del juicio de amparo es que sea un recuso cercano, cotidiano y con mayor alcance a las personas; sin embargo, en la práctica se vuelve lejano y atrapado de formalismos. Aun así, sigue siendo el medio más accesible y utilizable para acercar a las personas a la justicia y se ocupa en denuncias cotidianas hasta aquellas que involucran un acto de autoridad que sea arbitrario o ilegal. Mientras que se juzga la acción, las mexicanas y mexicano son beneficiarios de derechos.
«Si en algún momento deciden cerrarte tu negocio sin que exista algún fundamento concreto o que no te avisaron previamente, pues se puede intentar el amparo para evitar que se cierre tu negocio hasta que te resuelven si lo que hizo la autoridad estuvo bien o estuvo mal.» -Jesús Segovia Villena, abogado del área de defensa del Centro Prodh.
Gracias al juicio de amparo se ha permitido el acceso a la justicia en cuestiones relacionadas con el derecho a la libertad de expresión, a la verdad, al acceso a la información; derechos sexuales y reproductivos; derechos de las mujeres a una vida libre de violencia; derechos a personas migrantes; la investigación de casos de tortura; derechos ambientales y a los pueblos indígenas.

Organizaciones y colectivas feministas señalan que el juicio de amparo es una herramienta vital para proteger a las mujeres y niñas frente a violencias institucionales, omisiones del Estado y discriminación estructural, por lo que, las modificaciones propuestas representan el debilitamiento de los derechos conquistados por décadas y la erosión de la ciudadanía para defender sus derechos básicos.

Entre 1947 y 2024, han sido once veces las modificaciones realizadas en materia de emparo que derivaron en tres importantes leyes: la Ley de Amparo en 1919, la Ley Orgánica en 1936 y la Ley de Amparo en 2013. Esta última es la que continua vigente, aunque en 2011 se ordenó la modificación a los artículos 94°, 103°, 104° y 107° el cual incluyó la figura del interés legítimo.

La preocupación de las organizaciones

Según explicó el abogado Jesús Segovia, la principal modificación de las Ley de Amparo propuesta por Sheinbaum es a la figura del interés legítimo del juicio de amparo. Gracias a esta disposición una persona cuyos derechos se ven afectados indirectamente puede apelar a un amparo. No obstante, con las modificaciones que propone Sheinbaum las personas juzgadoras tendrían las facilidades para proporcionar este recurso bajo criterios limitados y específicos.
«El interés legítimo es primero la puerta de entrada para el juicio de amparo (…) no asegura ganar, pero sí permite iniciar un juicio por una persona especializada para verificar si se violan o no los derechos.» -Jesús Segovia Villena, abogado del área de defensa del Centro Prodh.
Uno de los escenarios para permitir el interés legítimo del amparo es una lesión jurídica como una restricción, intervención, daño y perjuicio directo a quien lo está solicitando. Las organizaciones advierten que afecta a colectivos, grupos en situación de vulnerabilidad, así como la protección de derechos colectivos porque el beneficio del amparo tendría que extenderse solo a quien lo solicita sin poder ayudar a otros.

Un ejemplo concreto son las organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos en estados dónde el aborto se encuentra completa o parcialmente penalizado. Una forma de combatir las restricciones sobre la interrupción del embarazo no deseado ha sido a través de los amparos dónde se argumenta que las restricciones de la ley afectan de manera indirecta los servicios que proporcionan como el acompañamiento.

Cuando les aprueban un amparo, las mujeres a quienes ayudan tienen permitido acceder al servicio de salud público para practicarse un aborto seguro con la protección de la ley. Esta estrategia fue implantada a principios de 2022, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que era inconstitucional penalizar el aborto consentido en los códigos penales.

Entre 2023 y 2024 el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) logro conseguir un amparo en los estados de Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Yucatán y Chihuahua, antes de que algunos despenalizaran el aborto.
«Justamente GIRE no tenía que acreditar estar embarazada, tener que decir, «Yo soy una organización que se dedica a proteger derechos reproductivos. En ese sentido me está afectando a mi constitución de mi propia organización» -Jesús Segovia Villena, abogado del área de defensa del Centro Prodh.
Para el Centro Prodh, los cambios al interés legítimo les quita la flexibilidad interpretativa a las personas juzgadoras al revisar caso por caso a quien solicite el amparo. En suma, al imponer una definición rígida, le retira la capacidad de decidir a las personas juzgadoras lo que muestra desconfianza hacia la labor judicial contradiciendo el discurso de legitimidad impulsado sobre el nuevo Poder Judicial.

En segundo lugar, se encuentra la figura de la suspensión de un acto como una medida cautelar para evitar que se consumen violaciones a derechos, siendo esta una de las principales virtudes del amparo. A pesar de sus grandes beneficios, la propuesta de Sheinbaum pretende reducir los criterios para permitir la suspensión, uno de ellos es que no afecte los beneficios del país o intereses de la sociedad.
«En palabras sencillas se traduciría: «no te voy a conceder la suspensión, aunque viole tus derechos, cuando se traten de megaproyectos que estén a cargo del gobierno federal o de algunas autoridades». Justamente eso es lo que consideramos que es problemático de estas nuevas incorporaciones a la propuesta» -Jesús Segovia Villena, abogado del área de defensa del Centro Prodh.
De esta manera, las restricciones se vuelven una razón para no otorgar la suspensión de un acto, limitando el alcance colectivo de las resoluciones de los amparos. En el caso de los amparos que buscan abortos seguros en los estados donde aún es considerado un delito, se puede argumentar que la sociedad no tiene un interés en proporcionar la supleción al estar penalizada en la ley, por lo que el derecho a decidir sobre su vida reproductiva de las mujeres se vería vulnerado.

La tercera afectación es sobre la ejecución de las sentencias, es decir, una vez que se gana un amparo se determina un plazo para que las autoridades cumplan con lo establecido. Sin embargo, la propuesta de Sheinbaum elimina las multas otorgadas a las autoridades que acrediten «de manera fundada» el motivo por el cual no puedan cumplir con lo establecido.

Otras advertencias

El Centro Prodh participó en las audiencias públicas realizadas el pasado 30 de septiembre y 1 de octubre en el Senado de la República. En ellas acudieron sectores de la sociedad como organizaciones de la sociedad civil, personas funcionarias del poder judicial, personas de la academia, litigantes y representantes de colectivos de abogacía.

Según narra el abogado Jesús Segovia, lo que observaron en dichas reuniones fue que el parlamento abierto se eliminó una imposición para regular imposiciones físicas y jurídicas, pero no obedecieron a las recomendaciones sobre los tres puntos preocupantes: el interés legítimo, la suspensión y la ejecución. Pese a que se trató de un ejercicio importante de democracia, no hubo cambios sustantivos.

A esto se suma que la cláusula de retroactividad, es decir, que se va a discutir si la reforma a la Ley de Amparo es aplicable para todos los juicios existentes en México o solo aquellos que se empezarán después de que se publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La organización menciona que el primer escenario implicaría «cambiar las reglas del juego» para los procesos que ya están iniciados en defensa de los derechos colectivos.
«Los juzgados van a poder cerrarlos porque van a decir, «Ni siquiera hay una afectación hacia ti, no estás en alguno de los supuestos con los cuales se te puede proteger.» Y eso es algo que igual nos preocupa muchísimo.» -Jesús Segovia Villena, abogado del área de defensa del Centro Prodh.
FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.

Hay acuerdo: refrescos con azúcar pagarán impuesto de 3.08 pesos; los “light” de 1.50

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado que el Gobierno de México y la industria refresquera trabajaban en un acuerdo para reducir el uso de azúcar en la elaboración de bebidas procesadas, el cual contempla un IEPS mayor sobre bebidas con azúcar y uno menor para aquellas que usen edulcorantes o endulzantes no calóricos.

Con el objetivo de beneficiar la salud de las y los mexicanos, la industria refresquera y el Gobierno federal llegaron a una serie de acuerdos para reducir el uso de azúcar en la elaboración de bebidas procesadas, además promover el consumo de productos más saludables entre la población.

En conferencia de prensa, empresarios de la industria refresquera y funcionarios de la Secretaría de Salud (SSa) explicaron en qué consiste el acuerdo que, por la mañana, había sido revelado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según lo dado a conocer por Eduardo Clark, Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la SSa, el convenio mantiene el aumento de IEPS de 3.08 pesos por litro a las bebidas con azúcar, mientras que aquellos productos con endulzantes o edulcorantes no clóricos, también conocidos como "light" o "zero", sólo tendrán un IEPS de 1.50 pesos por litro.
"Sí, va a haber un impuesto a los refrescos mayor al que había antes. Va a haber, por primera vez, un impuesto también a los edulcorantes y endulzantes no calóricos, pero ese impuesto va a ser menor al de los productos con azúcar", señaló el funcionario durante la conferencia.


Clark consideró que la medida tiene su origen en la grave problemática de salud que existe actualmente en México derivada del alto consumo de ultraprocesados, incluidos los refrescos. "Hoy, el nivel de enfermedades crónico no transmitibles asociadas al sobrepeso, a los malos hábitos alimenticios, que se traducen en diabetes e hipertensión, nos tienen en una franja crisis de salud pública", afirmó.

Ante ello, la industria refresquera, en constante comunicación con la SSa, reconocieron la gravedad del asunto y la importancia de implementar medidas que lleven a la venta de productos con menos azúcar.

Andrés Massieu Fernández, de la Asociación Mexicana de Bebidas, enlistó cuatro medidas que tienen planeadas para tal propósito:
  1. Seguir trabajando en la reformulación de productos, y lanzar nuevas presentaciones y porciones.
  2. Ampliar la oferta de productos bajos o sin calorías.
  3. Impulsar el mercado de bebidas reducidas y sin azúcar.
  4. Fortalecer autorregulación publicitaria en materia de protección de la niñez y protección al consumidor.
Por su parte, Coca-Cola México se comprometió a reducir el 30 por ciento de calorías en sus productos, empezando por las presentaciones de mayor tamaño, además de apoyar contenidos comerciales que promuevan la migración a productos bajos en calorías y trabajar junto a la SSa para un proyecto piloto que promueva dicha migración.


Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum reveló la existencia del acuerdo al que se llegó con empresarios de la industria refresquera con el fin de disminuir el nivel de azúcar utilizado en la elaboración de bebidas procesadas, y beneficiar así la salud de las y los consumidores.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que fue la noche de ayer cuando se llegó al acuerdo en cuestión. Asimismo, indicó que refresqueros plantearían la propuesta ante la Cámara de Diputados durante una conferencia que se realizaría hoy alrededor de las 11:00 horas.
"No quiero adelantarlo porque apenas ayer en la noche se llegó a un acuerdo. Y es importante porque finalmente lo que nos interesa, pues, es la salud", comentó la Presidenta.
Si bien no ahondó en detalles, precisó que en el acuerdo se mantenía "una buena parte" del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se había planteado en el Paquete Económico 2026 a las bebidas azucaradas con el objetivo de desincentivar su consumo entre la población.


"Lo que buscamos es que el contenido de azúcares en los refrescos baje", aseveró la titular del Poder Ejecutivo y añadió que existe un reconocimiento por parte de los refresqueros sobre la importancia de implementar dicha medida para reducir el daño que esas bebidas producen en quienes las consumen.
Sheinbaum comentó, además, que el acuerdo fue trabajado en coordinación con la SSa, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a raíz de un planteamiento formulado desde la industria refresquera.

Por su parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, reveló que sostuvo un encuentro con el Secretario de Salud, el doctor David Kershenobich, y con el Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica.
"Más tarde informaremos sobre el propósito de este encuentro, que impacta en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y en la Ley de Ingresos 2026", anunció el Diputado en una publicación que compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter).
México, líder mundial en obesidad y diabetes

La propuesta de aumentar el IEPS a bebidas azucaradas deriva de la grave problemática de salud que ha provocado el alto consumo de dichos productos en México, donde, de acuerdo con estudios, se consumen en promedio 166 litros de refrescos al año.

México, de hecho, encabeza la lista entre los 30 países más poblados del mundo con el mayor número de casos nuevos de diabetes atribuibles al consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas. En el país se estima que uno de cada tres de los casos nuevos de diabetes se debe al consumo de bebidas azucaradas, como revela una investigación publicada en la revista científica Nature Medicine.

Frente a ello, el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha planteado subir a tres pesos por litro el IEPS a bebidas azucaradas. La Presidenta ha dicho que no se trata de una medida para recaudar más recursos, sino para desincentivar el consumo de este tipo de bebidas que están detrás de enfermedades como la diabetes y padecimientos cardiovasculares.


El Gobierno de Sheinbaum prevé que haya una caída del siete por ciento en el consumo de bebidas azucaradas en los próximos dos años, a partir del aumento del IEPS, que se aplica desde 2014, cuando comenzó como un impuesto de un peso por litro de cada bebida azucarada. Con esta medida tan sólo en el segundo año, se redujo el consumo en 9.7 por ciento. En 2023, el impuesto era de 1.5 pesos por litro y en 2025 es de 1.65 pesos por litro. Sin embargo, la nueva propuesta incluye para 2026 un IEPS a las bebidas azucaradas de 3.08 pesos por litro.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Cámara de Diputados aprueba reforma a Ley Federal de Derechos y la turna al Senado

En una discusión que no estuvo exenta de controversias, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el dictamen de reforma a la Ley Federal de Derechos, la cual busca actualizar las cuotas por servicios migratorios, el acceso a áreas naturales protegidas y servicios de telecomunicaciones, entre otras cosas.

En un pleno legislativo marcado por el debate presupuestal, la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, con miras a fortalecer las finanzas públicas para el ejercicio fiscal 2026.

La votación en lo general obtuvo 355 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, mientras que en lo particular hubo 352 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones, reflejando un respaldo mayoritario, pero no exento de controversias.

El proyecto, impulsado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y turnado como parte del Paquete Económico 2026, busca actualizar las cuotas por servicios públicos federales que han quedado rezagadas por la inflación acumulada.

Entre los cambios destacados se encuentran ajustes en los cobros por servicios migratorios, inspección y vigilancia a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como por el acceso a áreas naturales protegidas. Además, se incorporaron exenciones clave, como el pago de derechos por servicios de telecomunicaciones para comunidades afromexicanas y personas involucradas en actividades de protección civil, reafirmando el compromiso con la equidad social y la sostenibilidad ambiental.
Dichas modificaciones pretenden alinear los derechos con el impacto real del uso de bienes públicos, sin generar nuevos gravámenes, según la fundamentación oficial.

Durante la discusión del dictamen, legisladoras y legisladores de todas las bancadas presentaron distintas propuestas de modificación, cada una de las cuales fue discutida debidamente; sin embargo, terminaron por ser desechadas. Reservas a artículos como el 8, 11, 18-A y otros quedaron en los términos originales, lo que generó críticas de la oposición.

Por parte de Morena, la Diputada Alma Delia Navarrete defendió la reforma propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al afirmar que las modificaciones planteadas tienen como objetivo fortalecer la capacidad del Estado, y mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a las y los mexicanos.
"¿Quieren que todo sea regalado, que se desgasten nuestros monumentos, que no se cobre por derechos, que todo mundo pase y haga lo que quiere en México, cuando se están solamente preservando los recursos que ayudan a la Administración de este pueblo y de este Gobierno?", planteó.
En cambio, desde la oposición, legisladoras y legisladores como Noemí Luna, del Partido Acción Nacional (PAN), y Jericó Abramo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticaron que la reforma a la Ley Federal de Derechos estuviera "llena de incrementos" sin que se diera atención a temas como la seguridad fronteriza, el desabasto de medicinas y la falta de comunicación en comunidades rurales.
"Aumentan las cuotas de entrada a los museos y zonas arqueológicas. Nos dicen que es para invertir y proteger a los visitantes, pero la verdad es que los turistas nacionales, las familias mexicanas también quieren conocer su historia", señaló la panista.
La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) también expuso posiciones en contra al sostener que "Morena con esta reforma busca empatar esa deficiencia que tenemos en los derechos, llevándose, déjenme decirlo así, entre las patas a todos los ciudadanos de este país", según indicó el Diputado Eduardo Gaona.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen de reforma fue turnado al Senado de la República para su debida discusión y votación.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Colectivo denuncia la desaparición de buscadora María de los Ángeles en Sinaloa

El colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa exigió a las autoridades la búsqueda inmediata y el regreso con vida de María.

María de los Ángeles Valenzuela, buscadora integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, fue privada de la libertad en Mazatlán, Sinaloa, el 14 de octubre. Este miércoles, familiares, colectivos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de la entidad urgieron a las autoridades acelerar la búsqueda con vida.

María buscaba a su padre, Manuel Valenzuela, desaparecido en El Castillo el 15 de noviembre del 2024, y a su primo, desaparecido el 12 de febrero de este año en la misma localidad.

La madre de María presenció la privación de la libertad de su hija el 14 de octubre, que, de acuerdo con lo que narró, ocurrió cuando iba de regreso a su casa después de acudir a la tienda.

“Un carro blanco se acaba de llevar a mi hija María de los Ángeles Valenzuela. En la Colonia Allende en Mazatlán. Apóyenme a difundir para poder encontrarla. Cualquier información es valiosa”, escribió el martes en sus redes sociales.


El colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa exigió a las autoridades la búsqueda inmediata y el regreso con vida de María.
“No es posible que quienes buscamos verdad y justicia sigamos siendo perseguidas y silenciadas. ¡No más violencia contra las buscadoras!”, exigieron en sus redes sociales.
El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, ofreció esta tarde una conferencia de prensa en la que urgió a la aparición con vida de María de los Ángeles Valenzuela.

“María de los Ángeles Valenzuela desaparece en la presencia de la madre, se la llevan y hasta hoy no tenemos noticias de ella. ¿Por qué hablamos de gravedad? Porque resulta que hoy, las personas que buscan a desaparecidos también son desaparecidas […] Decirles de manera abierta, a quien haya realizado ese acto delictivo, que regresen sana y salva a María de los Ángeles y por otra parte, plantearle a la autoridad a que realicen todas las diligencias que correspondan para el caso buscando regresar con vida a María de los Ángeles Valenzuela”, expuso.


La Red Nacional de Defensora de Derechos Humanos también se pronunció, exigió a las autoridades su búsqueda con vida, brindar atención y protección integral a su familia e integrantes de su colectivo.

Se hace un llamado a las autoridades a garantizar su derecho a ser buscada en vida para su pronta localización, así como, brindar atención y protección integral a su familia e integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Juan Ramón de la Fuente se reúne con Marco Rubio en EU; abordan seguimiento a cooperación en seguridad

El canciller mexicano viajó a Estados Unidos para reunirse con Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump. Ambos países han acordado cooperar en temas comerciales y de seguridad fronteriza.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, se reunió este miércoles en Washington D.C. con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Esta reunión se llevó a cabo en el marco de la visita que realizó el funcionario estadounidense a la Ciudad de México, en la que tuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum y en el que acordaron cooperar en materia de seguridad.

Mediante un comunicado, el Departamento de Estado señaló que ambos países continúan mejorando la cooperación en los objetivos de seguridad, entre los que destacó el desmantelamiento de organizaciones terroristas extranjeras.

“Que amenazan a ambos países mediante el tráfico de fentanilo y armas. Ambos (De la Fuente y Rubio) también discutieron el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, el fin de la inmigración ilegal y la promoción de la prosperidad económica”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que esta visita se realizaría en seguimiento a los mecanismos de cooperación establecidos entre México y Estados Unidos.

Ambos gobiernos acordaron en septiembre reafirmar la cooperación de ambos países en materia de seguridad con el objetivo de “desmantelar el crimen organizado transnacional”.

Los gobiernos de México y Estados Unidos también destacaron, en un comunicado conjunto en septiembre, la colaboración para atender la migración irregular en la frontera.

Grupo de alto nivel

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron en septiembre pasado la instalación de un grupo de alto nivel que se reunirá regularmente para compartir información de inteligencia y estrategias para combatir a los cárteles de la droga.

“Los carteles son una amenaza a la seguridad de México y de Estados Unidos y por eso tiene toda lógica cooperar y trabajar en conjunto”, dijo entonces Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

“Sé que muchas ocasiones se habla de que se han formado grupos (pero) este es un grupo de alto nivel, esto es un grupo para poner en vigor lo que hemos acordado en conjunto (la cooperación) y no hay gobierno en este momento que esté cooperando más con nosotros en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México”.

El gobierno de Estados Unidos, que encabeza el presidente Donald Trump, impulsa una estrategia de seguridad en contra de los cárteles del narcotráfico, con la que busca reducir las muertes en su territorio por consumo de drogas ilegales , como el fentanilo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Yaquis de Sonora resisten contra divisiones del gobierno y un Plan de Justicia fallido creado por AMLO

El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui impulsado por AMLO prometía saldar una deuda, pero abrió nuevas heridas en una lucha que no conoce descanso. Aun así, los yaquis están dispuestos a llegar “hasta donde tope” por su dignidad y el derecho al agua.

“En la danza del venado, vibra la sangre y su raza. Esa historia es tu pasado, pasado que nunca pasa”. Rodrigo Gotogopicio canta con nostalgia los versos de “Yaqui de Oro”, una melodía que un integrante de la tribu yaqui de Sonora compuso y compartió con sus compañeros cuando era más joven.

El capitán del pueblo de Vícam camina al lado de lo que queda de uno de los brazos del Río Yaqui. El agua está estancada, con algas, y cada año disminuye su volumen, pues en 2010 empezó la construcción y operación del mega proyecto Acueducto Independencia que extrae el recurso hídrico para entregarlo a la ciudad de Hermosillo.

“[El río] Da agua a los animales, para el riego, para el mar. Los animalitos beben del agua, lo necesitamos mucho”, comparte Gotogopicio.

“Se miraba muy bonito cuando corría el agua”, recuerda mientras señala donde pasaba el río. “Mucha gente antes lavaba en los ríos, antes no había llaves, y tenían que venir al río”.

Desde su resistencia, los yaquis han resaltado que son ellos y ellas quienes deben hablar por el agua, las montañas, las piedras y el mar que no tienen voz para defenderse a sí mismos de la explotación humana.

El cuerpo de agua es vital para los ocho pueblos que conforman la tribu yaqui. Ha sido un eje central de la lucha por el territorio que han desempeñado desde los tiempos del porfiriato, y más recientemente contra los embates del Gobierno mexicano.

Aunque la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, quienes dieron el beneficio de la duda a la iniciativa, hoy señalan que la política gubernamental no ha atendido sus demandas y necesidades, pero sí ha generado divisiones. En 2021 registró el asesinato de uno de sus miembros más activos, Tomás Rojo.

Los yaquis, bajo acecho desde el porfiriato

La bandera yaqui se compone por tres franjas verticales de color azul, blanco y rojo. El rojo representa la sangre que derramaron los indígenas cuando se levantaron en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, a finales del siglo XIX, tras abusos e intentos de colonización. Durante ese periodo, el Estado lanzó una embestida del Ejército contra los yaquis: los vendió como esclavos y los deportó a la Península de Yucatán.

Después llegó un periodo de relativa paz, representado en el símbolo de su nación con el color blanco. Con el gobierno de Lázaro Cárdenas, la tribu pudo recuperar parte del territorio sonorense que había perdido y empezar a reconstruir su comunidad, que para ese momento ya había fundado asentamientos en otros estados de la República, como Veracruz y Yucatán, mismos que aún se mantienen.

“La política, de cualquier partido, a los indígenas nos ha tratado mal. Nos han pisoteado los derechos, y parece que nos quieren acabar los usos y costumbres”, acusa César Cota, miembro de la tropa yoreme.

“Hemos andado en muchas partes, todos siempre defendiendo nuestro territorio: el agua, las montañas, el mar. Esas no hablan, por eso dicen los viejos, ‘pero nosotros hablamos por ellos’. Ellos están ahí: el agua corre, las piedras no se mueven. El mar ahí está, pero no habla. Por eso, nosotros debemos hablar por ellos”.

El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui provoca divisiones

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se propuso un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, con el cual el presidente prometió restituir tierras y aguas a la tribu, además de pedir perdón por los crímenes cometidos en su contra por gobiernos anteriores. La estrategia consistía en rehabilitar y entregar el Distrito de Riego 018 para que los yaquis tuvieran derecho a agua para sus hogares, el ganado y la siembra, además de la construcción de una universidad, rehabilitación de escuelas, modernizar la infraestructura, mejorar las instalaciones de servicios de salud, entre otras acciones, para atender la deuda con los pueblos.

La noticia fue recibida por los pueblos con opiniones divididas: algunos se acercaron al oficialismo, otros se limitaron a aceptar la iniciativa con críticas y recelo. Entre quienes vieron buena voluntad del exmandatario, hay quienes se sienten decepcionados y traicionados.

Recuerdan cuando López Obrador los visitó en el pueblo de Pótam, durante su tercera campaña presidencial en el 2018, y prometió hacer justicia a la tribu yaqui.

“Sí, llegó a ser presidente. Sí, hizo el Plan de Justicia para los Yaquis, y todo estaba bien, pero debajo de ese plan había un propósito: un nuevo decreto que nos iban a imponer”, rememora Cota a inicios de octubre de 2025, en el marco de la Caravana por el Clima y la Vida, una iniciativa de organizaciones y colectivas para reunir exigencias de pueblos que defienden la autonomía y el territorio.

La serie de decretos presidenciales y políticas implementadas por López Obrador entregaron tierra, agua y vivienda a los yaquis, pero en el 2021 y 2022, explica Cota, el Gobierno mexicano impulsó acuerdos con algunas autoridades yaquis para la asignación de agua a la comunidad, lo cual provocó divisiones en la tribu.

El nuevo Ministro Presidente fue operador del Plan de Justicia Yaqui

Además del despojo de territorio, con la construcción del Acueducto Independencia se violó el derecho de la tribu yaqui al agua.

El hecho fue escalado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en 2013 emitió un fallo histórico en contra de la Autorización de Impacto Ambiental con la que se había permitido la magna obra y señaló que no se había llevado a cabo una consulta informada a la tribu para su realización.

Las y los magistrados de la entonces Primera Sala ordenaron al Estado realizar la consulta y detener las operaciones del acueducto, lo cual no fue acatado.

Divididos, los yaquis que se mantienen críticos contra el Estado no confían en que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pueda resolver a favor de sus pueblos. Además, la Suprema Corte ahora está presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, quien fungió como abogado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el sexenio de López Obrador.

Aguilar, quien resultó electo a inicios de junio en las elecciones judiciales, fue fundamental para la creación y posterior implementación del Plan de Justicia Yaqui.

“Ese personaje es el que hizo daño a nosotros, la tribu”, remarca Cota. “Dice que es indígena, pero trabaja a favor del Gobierno. (…) Ahora, nuestros amparos [contra el plan], es lo que estamos diciendo: ‘¿dónde van a quedar, con esa nueva Suprema Corte?’ Si la misma persona que nos hizo daño, como a otros indígenas del sur, ahora está allá adentro. ¿Dónde vamos a quedar nosotros?”.

La lucha por el agua y el territorio

Así como los yaquis llevan más de cien años en lucha por el respeto a sus usos y costumbres, su territorio y el agua, el Estado mexicano ha continuado con la criminalización de sus representantes.

El 27 de mayo de 2021, el líder yaqui Tomás Rojo fue reportado como desaparecido. El activista fue uno de los principales voceros en la lucha contra el Acueducto Independencia en 2010, por lo que incluso fue falsamente acusado de varios delitos. Dos semanas después de su desaparición fue localizado sin vida en una fosa.
Fernando Jiménez fue detenido arbitrariamente en septiembre de 2014, bajo los cargos de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad. Fue encarcelado injustamente durante 11 meses. A más de 10 años de los hechos, el asesinato de Rojo es un recordatorio de que la lucha continúa.

“Sigo en el mismo lugar, con la misma gente, se podría decir, ya que algunos ya no se encuentran con nosotros”, dice Jiménez. “Sigo al pie de la letra todo lo que aprendí de mi compañero, que en paz descanse, Tomás Rojo Valencia”.

Para él, el Plan de Justicia Yaqui ha sido un instrumento para ensartar “un golpe mortal” a la tribu y su movimiento, por lo que ha hecho un llamado a que se revisen los acuerdos oficiales hechos por el Gobierno federal que contemplen el respeto al territorio y derechos del agua de los yaquis.

En ese sentido, Agustín Molina, Capitán del Pueblo de Pótam, resaltó que la tribu yaqui continuará peleando por sus derechos.

“Vamos a seguir hasta donde debamos para defender nuestros derechos. Esos niños que andan ahí, jugando”, dice señalando a los miembros más pequeños de la tribu, “mañana o pasado no van a tener un futuro, como nosotros lo tuvimos cuando nuestros antepasados nos heredaron este pedazo de territorio”.

“Por eso vamos a seguir adelante, hasta donde tope y hasta donde tengamos que llegar”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

Vuelven los acordeones al TEPJF: magistrado propone confirmar sanciones a candidatas

La presidenta Sheinbaum se ha pronunciado en contra de las sanciones del INE y la mayoría de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral ya tumbó un proyecto anterior de Reyes Rodríguez

El tema de los “acordeones” repartidos durante la elección judicial irrumpirá de nuevo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en torno a un proyecto de resolución del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que plantea confirmar sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra dos candidatas que fueron beneficiadas por estas “guías de votación” atribuidas a partidos políticos, sobre todo del oficialismo.

El proyecto de resolución de Rodríguez establece que los acordeones –en este caso, acordeones difundidos en sitios de Internet con nombres que sugieren su cercanía con la llamada Cuarta Transformación– representaron un “beneficio indebido” con “un recurso que no fue propio” para los candidatos que aparecieron en ellos; el criterio aplica para quienes se deslindaron de la propaganda y para quienes no salieron electos a pesar de figurar en las guías.

Resulta poco probable que la Sala Superior apruebe el proyecto del magistrado cuando lo discuta: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha pronunciado en contra de las sanciones del INE, y la mayoría de magistrados de la Sala Superior del TEPJF, ya tumbó un proyecto del magistrado Rodríguez que pretendía declarar la nulidad de la elección debido al reparto de acordeones.

En el caso del proyecto de resolución relativo a las sanciones del INE, Rodríguez contempla desechar unos recursos presentados por dos candidatas a jueza de distrito, quienes aparecieron en acordeones pero no resultaron electas, y a quienes el INE impuso una amonestación pública.

Este proyecto marca desde ahora la postura de Rodríguez respecto a la decisión del INE de sancionar –económicamente– a los ahora integrantes del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) que aparecieron en acordeones y fueron electos; esta determinación del árbitro electoral causó molestia en el gobierno y en Morena, donde se minimiza el papel de los acordeones en la votación y se asegura que la elección judicial fue “todo un éxito”.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, han insistido en el peso que??los acordeones tuvieron en los resultados de la elección.

Tanto el Consejo General del INE como la Sala Superior del TEPJF se han dividido respecto a las controversias que surgieron en el atropellado camino de la elección judicial, el cual culminó con una tasa de abstención de más del 87% durante los comicios del pasado 1º de junio.

En ambas instituciones, las presidentas –Guadalupe Taddei Zavala en el INE y Mónica Soto Fregoso, en el TEPJF-- impidieron las iniciativas que señalaban irregularidades o los múltiples problemas que derivaron de la implementación de la reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Brugada presenta reforma contra el despojo ante el Congreso de la CDMX

La iniciativa busca actualizar la tipificación del despojo para incluir modalidades actuales de este ilícito, como el uso de violencia física o moral, simulación de actos jurídicos, suplantación de identidad y documentación falsa.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma al Código Penal, Código Civil, Ley Registral y Ley del Notariado, con el objetivo de fortalecer la prevención y sanción del delito de despojo en la capital. 

La iniciativa busca actualizar la tipificación del despojo para incluir modalidades actuales de este ilícito, como el uso de violencia física o moral, simulación de actos jurídicos, suplantación de identidad y documentación falsa.

También, propone sanciones más severas para casos que involucren a personas vulnerables, como adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad, así como para despojos cometidos en coordinación con servidores públicos, notarios o grupos organizados. 

Entre las modificaciones destaca la presunción de mala fe, para quienes presenten títulos o contratos sospechosos, la inversión de la carga de la prueba y la creación de mecanismos de recuperación acelerada de inmuebles, incluyendo medidas provisionales de suspensión de ventas o construcción hasta que se determine la legítima posesión.  

También se busca establecer un “blindaje” al Registro Público de la Propiedad para evitar el uso de escrituras apócrifas. 
Actualmente, en el artículo 237 se imponen de cinco a diez años de prisión y de cien a quinientas unidades de medida y actualización (UMA) al que, de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca.  

Con la iniciativa, dichas penas podrían aumentar de seis a 11 años de prisión y de 200 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).  
Además, la propuesta contempla agravantes que permitirían aumentar las sanciones en casos específicos, de siete a 11 años de prisión y de mil a 4 mil UMA:
  • Comisión del delito contra adultos mayores o familiares directos.
  • Participación de servidores públicos o notarios en el proceso de despojo.
  • Uso de suplantación de identidad, simulación de actos jurídicos o documentación falsa.
  • Despojo en predios declarados como áreas naturales protegidas.
  • Involucramiento de grupos organizados o asociación delictuosa.
  • Actos de violencia física o psicológica durante el despojo.
La mandataria destacó que la reforma responde al deber del Estado de garantizar seguridad jurídica y proteger los derechos de propiedad de los ciudadanos, así como a la necesidad de prevenir conflictos que puedan escalar a violencia física o social.  

Según datos de la Fiscalía Especial para este delito, actualmente existen más de 500 carpetas de investigación abiertas por despojo en la Ciudad de México, lo que refleja la magnitud del fenómeno.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Caen "Chupón" y otro hombre por agresión contra Erick Yair, joven desaparecido en Oaxaca

C.M.L.M. y U.F.C.R. alias el “Chupón”, continuaran bajo proceso por el delito de lesiones calificadas con ventaja, cometido en agravio de Erick Yair P.L., quien se encuentra reportado como “no localizado”, caso en el que la víctima realizó una denuncia por agresiones, previo a su desaparición.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvo a otras dos personas implicadas en la agresión y posterior desaparición del joven Erick Yair P.L., donde existe la presunta responsabilidad de los elementos de la Policía Municipal de San Agustín de las Juntas, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO). 

Con la detención de C.M.L.M. y U.F.C.R. alias el “Chupón” suman tres las personas implicadas en la desaparición Erick Yair, toda vez que E.A.M.L., alias el “Talibán”, quedó vinculado a proceso por este caso.

De igual forma, la Fiscalía adelantó que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (FEMCO) retomó el caso para determinar la posible responsabilidad de los elementos de la Policía Municipal de San Agustín de las Juntas en estos hechos, al tratarse de funcionarios públicos. 

Por lo pronto, C.M.L.M. y U.F.C.R. alias el “Chupón”, continuaran bajo proceso por el delito de lesiones calificadas con ventaja, cometido en agravio de Erick Yair P.L., quien se encuentra reportado como “no localizado”, hechos ocurridos en el municipio de San Agustín de las Juntas, caso en el que la víctima realizó una primera denuncia por agresiones, previo a su desaparición. 

De acuerdo con el expediente penal por este caso, el 15 de abril de 2025, la víctima denunció que se encontraba en su domicilio en inmediaciones del municipio de San Agustín de las Juntas, donde arribó un grupo de mototaxistas de la zona, quienes agredieron físicamente a la víctima. 

En su declaración, detalla que al lugar llegaron dos patrullas de la Policía Municipal de San Agustín de las Juntas, cuyos elementos detuvieron a la víctima, lo trasladaron y posteriormente lo entregaron a un grupo de civiles. 

La investigación revela que la víctima fue agredida físicamente, logrando identificar a sus agresores y el vehículo en el que lo trasladaron, que correspondía a un taxi del sitio de San Agustín Obispo. 

Derivado de la denuncia por estos hechos, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, que permitieron obtener una orden de aprehensión en contra de C.M.L.M. y U.F.C.R. alias el “Chupón”, por el delito de lesiones calificadas con ventaja. 

El mandato judicial fue cumplimentado por elementos de la AEI, por lo que C.M.L.M. y U.F.C.R. alias el “Chupón”, quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica. 

En tanto que, derivado de los datos de prueba aportados por la FGEO, en audiencia, el juez de la causa dictó vinculación a proceso en contra de E.A.M.L. alias “Talibán”, por su probable responsabilidad en este caso, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada definitiva, otorgando un mes para el cierre de la investigación complementaria. 

Asimismo, la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y la Sociedad, intensifica los trabajos ministeriales para la búsqueda y localización de Erick Yair P.L.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Senado concreta aprobación de la Ley de Amparo; aplicará en juicios ya iniciados

Luego de la polémica por las acusaciones de ser anticonstitucional, el Senado avaló los cambios realizados por la Cámara de Diputados en la reforma al amparo para que aplique en juicios ya iniciados.

Unas horas después de haberla recibido de la Cámara de Diputados, el Senado avaló la reforma a la Ley de Amparo y la turnó al Poder Ejecutivo para que sea promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los senadores avalaron los cambios que establecen que las etapas procesales terminadas, o que hayan generado derechos adquiridos, se regirán por las disposiciones vigentes al inicio de los respectivos procesos, mientras que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto estarán sujetas a las reglas nuevas.

Los votos de la coalición encabezada por Morena permitieron que la minuta fuera discutida como un asunto urgente, luego de que la Cámara de Diputados la aprobara durante la madrugada de este miércoles.

El Senado no hizo cambios respecto a la versión que esta madrugada aprobó la Cámara de Diputados. De acuerdo con el dictamen y la mayoría morenista, la modificación busca precisar que la reforma no tiene efectos retroactivos, pues “se trata de una ley procesal” que únicamente aplicará a actuaciones futuras y no afectará derechos adquiridos.

Oposición acusa simulación

Representantes de la oposición acusaron que la mayoría morenista sólo maquilló la retroactividad. Argumentaron que la reforma permitirá al gobierno cobrar créditos fiscales en litigio por más de dos billones de pesos, lo que afectaría principalmente a pequeñas y medianas empresas.

Por parte del PRI, la senadora Carolina Viggiano, sostuvo que las reformas restringen el interés legítimo, lo que impedirá que colectivos, comunidades indígenas, ambientalistas o personas vulnerables interpongan amparos.

“Esta ley es más poder al poder y menos acceso a la justicia al ciudadano. Esa es la realidad, aunque le llamen como le llaman, pero el propósito del oficialismo es muy claro. Quebraron al país y ya no saben cómo y de dónde tener recursos. Por eso siguen con este asunto de la retroactividad para cobrar los créditos fiscales que están pendientes”.

La legisladora advirtió que la reforma limita la suspensión del acto reclamado, lo que dejará sin protección a los ciudadanos frente a embargos, cancelación de permisos o bloqueos de cuentas.

Desde Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales insistió, como sucedió el 1 de octubre cuando fue votada inicialmente en esta Cámara, que se trata de la “Ley del desamparo”. La vicecoordinadora de su bancada afirmó que el nuevo texto es una “maroma legislativa”, que contradice las propias declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ignoran una vez más lo dicho por la presidenta de la República. Y lo que están proponiendo con este nuevo texto es que las disposiciones de las presentes reformas sean aplicadas a los asuntos que actualmente están en trámite”.

El senador panista Ricardo Anaya insistió que la reforma terminó con una herramienta que servía a un ciudadano a defenderse de abusos de autoridad.

“Le dieron la estocada final al amparo”, advirtió.

El legislador insistió que la reforma viola el artículo 14 constitucional, que implica que sí habrá aplicación retroactiva de la ley.

Es falso, dijo, el principio del artículo que establece que la ley de amparo es procesal.

Morena rechaza que sea retroactiva

Senadores de Morena defendieron la aprobación del dictamen y aseguraron que la modificación en los artículos transitorios atiende las observaciones hechas por especialistas y responde a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara rechazó que la ley tenga dedicatoria y sostuvo que su objetivo es modernizar los procedimientos judiciales para hacerlos más ágiles y eficaces.

“Se trata de una ley procesal. No hay retroactividad ni persecución política, sólo el propósito de garantizar que los juicios de amparo se desarrollen con mayor certeza jurídica”, afirmó.

El curso de la reforma

La reforma fue aprobada por el Senado inicialmente el pasado 1 de octubre y la remitió a la Cámara de Diputados, quienes hicieron ajustes a los artículos transitorios, principalmente lo relacionado con la posible retroactividad de su aplicación.

Otros cambios que hicieron los diputados y que avaló el Senado este miércoles aplicaron en la fracción tercera del artículo 128, que modifica el término interés público por el de “disposiciones de orden público”, con la intención de eliminar ambigüedades que podrían generar interpretaciones que vulneren el amparo, según explicó Laura Itzel Castillo en la presentación del documento.

La versión aprobada suprimió la frase que señalaba “de ejecutarse el acto se pueden causar daños de difícil reparación”, a fin de armonizar el texto con los principios constitucionales de progresividad y acceso efectivo a la justicia.

En cuanto al artículo 129, ajustaron que se considerará contrario al interés social o a disposiciones de orden público continuar con actividades o servicios que requieran autorización federal, cuando no se cuente con la misma, por lo que suprimieron la referencia a casos de revocación o suspensión de permisos.

Aplicación en etapas concluidas

La aplicación de la reforma en juicios ya iniciados fue establecida en el artículo tercero transitorio.

“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”.

Así, la reforma incluyó las sugerencias que hizo Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia, en una conferencia presidencial, tras la aprobación inicial de la reforma por el Senado y las críticas desatadas por la retroactividad:

En el transitorio, los legisladores establecieron que la Ley de Amparo es procesal, que se prevea que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos y se rigen por las normas vigentes al momento de su actuación y que señalara que acorde con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del decreto regirán por las nuevas disposiciones, sin que implique aplicación retroactiva —de forma explícita— ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

Trabajadores del SAT vuelven a bloquear vialidades en exigencia de aumentos; despliegan policías

La presidenta Sheinbaum dijo que ya se mantiene una mesa de trabajo con los trabajadores del SAT que iniciaron un paro en exigencia de aumentos salariales y mejores condiciones laborales.

Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) continúan este miércoles 15 de octubre con el paro de labores iniciado el martes, y por el cual cerraron diversas vialidades en la Ciudad de México (CDMX), en exigencia de un aumento salarial y mejores condiciones laborales.

“En virtud de que el SAT no ha realizado el comunicado oficial en el cual se cumplan las peticiones de todo el personal de enlace, ¡nos mantenemos en protesta!”, señala un breve comunicado publicado en redes sociales.

Durante la mañana se registró un bloqueo en la a calle Majuelos, alcaldía Xochimilco, el cual se retiró tras unas horas, informó la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno.

A la vez, los manifestantes bloquearon ambos sentidos en Viaducto y Troncoso, en exigencia de que sus demandas sean atendidas por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) fueron desplegados en la zona.

De acuerdo con la SSC, en la zona “solo hay personal de Tránsito para los cortes y desvíos en la circulación”, pero en videos difundidos en redes sociales por medios de comunicación y usuarios también se se puede apreciar a agentes con equipos antimotines.

La protesta, iniciada el martes, se llevó a cabo bajo la modalidad de “brazos caídos” y portando ropa negra o roja. Esto significa que los trabajadores permanecen en sus puestos sin realizar sus actividades; no obstante, algunos llevaron a cabo cierres en distintas avenidas de la CDMX.

De acuerdo con el SAT, la atención se brindó “de manera normal” en 155 de los 162 módulos a nivel nacional. Únicamente se suspendieron operaciones en los ubicados en Chihuahua, Chihuahua; Celaya, Guanajuato; Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco, así como en las sedes Oriente y Sur de la CDMX.

También se informó que se brindaron 59,248 atenciones y se reagendaron, vía correo electrónico, 3,258 citas en todo el país, lo que representa el 5 % del total de citas programadas.

“Esta institución mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores en un marco de respeto y responsabilidad”, indica el comunicado.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que las protestas corresponden a 400 trabajadores de los 25,000 que integran el SAT, y aseguró que se mantiene una mesa de trabajo, con el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para revisar las demandas, entre ellas el aumento salarial.

“Se va a revisar. En el gobierno hay tabuladores de salarios, entonces no es fácil subirle el sueldo a un trabajador de una institución si no se le sube a todos, ¿verdad? Estamos viendo la posibilidad de reclasificar; se están analizando algunas opciones, pero tienen que entrar en diálogo el director del SAT o su equipo con estos trabajadores, que realmente son muy pocos”, mencionó.
¿Qué exigen los trabajadores del SAT en paro?

A través de redes sociales, las y los trabajadores del SAT explicaron que el personal adscrito no ha recibido aumentos salariales, lo que, según explicaron, ha provocado que su salario nominal “sea muy ajustado para alcanzar a cubrir todas las necesidades básicas del día a día”.

Además, el paro en el SAT se hace en exigencia de:
  • Instalaciones dignas para desempeñar su trabajo.
  • Respeto a sus horarios laborales.
  • Salarios justos.
  • Apoyo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
En una comunicación publicada en redes se señala que los propios trabajadores deben aportar recursos como bolígrafos, engrapadoras, tablas para escribir, gomas, clips, entre otros.

Además, se denunció que las y los trabajadores que laboran en campo tienen que realizar los traslados a los domicilios de los contribuyentes con recursos propios sin que les sean reembolsados por el SAT.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Oficina de José Merino viola la autonomía del Órgano de Administración Judicial

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones registró el dominio oaj.gob.mx, con lo que tiene los derechos de administración y puede darlo de baja, renovarlo o cancelarlo. El OAJ debe ser autónomo, independiente e imparcial.

La página del Órgano de Administración Judicial (OAJ) fue registrada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), a cargo de José Merino, pese a que no es su atribución y se trata de un organismo que forma parte de un poder independiente, con autonomía técnica y de gestión, responsable de la administración del Poder Judicial.

De acuerdo con la proveedora Akky Online Solutions, SA de CV, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones registró el dominio oaj.gob.mx el 29 de agosto último, tres días antes de la instalación del nuevo organismo, que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal.

Esto a pesar de que el Órgano de Administración Judicial debe ser, según la reforma del Poder Judicial, autónomo, independiente e imparcial.

La Agencia de Transformación Digital, que depende del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene la atribución de proporcionar el servicio de hospedaje de sitios web a las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, pero no está prevista esa atribución para el Poder Judicial.

De acuerdo con su reglamento, la agencia que encabeza José Merino puede administrar exclusivamente los servicios de internet de las dependencias del gobierno.


Anteriormente, el Poder Judicial había registrado el extinto dominio del Consejo de la Judicatura Federal (cjf.gob.mx) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación administra el suyo (scjn.gob.mx).

Con este movimiento, la Agencia de José Merino tiene los derechos de uso y administración del nombre del dominio y puede darlo de baja, renovarlo o cancelarlo.

Al cuestionar a la ATDT sobre el motivo por el que registró el dominio del organismo judicial, el área de comunicación social lo justificó diciendo que así están todos los portales, incluido el del Senado y la Cámara de Diputados. Sin embargo, en una revisión de sus dominios, ambos fueron registrados por ellos mismos: senado.gob.mx por el Senado de la República y diputados.gob.mx por la Cámara de Diputados.

Por su parte, el Órgano de Administración Judicial no respondió a la consulta de esta reportera sobre la razón por la que no registró su propio sitio web.

El dominio .gob.mx es una extensión reservada para el uso exclusivo de las instituciones del estado mexicano y es operado por Registry .MX / NIC México. Según la página de la entidad de carácter académico y técnico, dependiente del ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey), puede registrar un dominio .gob.mx cualquier funcionario acreditado del gobierno federal, estatales y municipales, además de organismos descentralizados, desconcentrados, autónomos y paraestatales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN.

El “paraíso ecológico” de Armenta, enredado en violaciones ambientales

El gobierno de Puebla insiste en construir parques en la Malinche, el Izta-Popo y en el Pico de Orizaba aduciendo que busca el rescate y preservación de esas cimas, así como impulsar la educación, protección y el respeto por el medio ambiente... pero en un área natural protegida.

El gobernador morenista Alejandro Armenta Mier presenta su propuesta de construir un parque dentro del área natural protegida (ANP) de La Montaña Malinche, como un proyecto de preservación y educación ecológica, aunque desde su arranque su administración ha transgredido y desacatado leyes en materia ambiental.

El 4 de junio último el gobierno poblano ingresó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un nuevo estudio de impacto ambiental del llamado Ecoparque Tlalli Malinche, en la cual también pide autorización para “rehabilitar” el camino que va de la localidad de San Miguel Canoa al predio donde propone ese recreativo, pese a que esa obra se licitó, contrató e inició varios meses antes, desde principios de este año.

Es decir, solicita permiso para intervenir un área natural protegida, cuando en esa reserva ya se usó maquinaria pesada, se removió vegetación y tierra y hasta se inició la colocación de pavimento, con lo cual violentó disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y del programa de manejo del Parque Nacional La Montaña Malinche (PNMM).

Por ello, la obra fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde finales de abril último. El gobierno armentista no respetó la clausura, continuó con los trabajos y negó públicamente que ese camino estuviera dentro de la poligonal del Parque Nacional.

Armenta Mier, quien se autodefine como un “amante de la naturaleza” y suele encabezar campañas de donación de arbolitos, ha insistido en que su plan de construir parques en la Malinche, el Izta-Popo y en el Pico de Orizaba busca el rescate y preservación de esas cimas, así como impulsar la educación, protección y el respeto por el medio ambiente.

“Estamos cumpliendo todos los requisitos. Nosotros no violentamos la ley, nos apegamos al derecho y somos estrictamente respetuosos de las normas ambientales y de la aplicación del uso del suelo”, defendió el mandatario al insistir, además, en que sus propuestas se ciñen a la “bioética social y al humanismo”.

En el primero de esos tres proyectos, ubicado en la Malinche, lanzó la licitación OP- SPFA-LPE-2025-005 cuando apenas habían transcurrido 45 días del sexenio y firmó un contrato con la empresa Toscana Universal Construcciones y Acabados para cimentar, por 69.8 millones de pesos, un camino de 9.7 kilómetros hacia el predio del pretendido parque, aunque hasta la fecha éste no ha sido autorizado por la Semarnat.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 28 de la revista Proceso, correspondiente a octubre de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.