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Chilpancingo vive días de temor: cierran escuelas y negocios; transporte se paraliza

Las calles de Chilpancingo se vieron semi vacías desde temprana hora del lunes debido a la ola de violencia que azota a la capital del estado.

Por segundo día consecutivo, la violencia paralizó Chilpancingo, capital del estado de Guerrero: las escuelas de todos los niveles cerraron, las oficinas gubernamentales trabajaron a medias, la mayoría de los transportistas locales y foráneo suspendieron sus actividades, y muchos comercios de diferentes giros bajaron sus cortinas.

Los ciudadanos se atemorizaron después de que, en medio de un aparatoso operativo de soldados del Ejército, agentes de la Guardia Nacional (GN), policías estatales y ministeriales, una Urvan del transporte público de la ruta Chilpancingo-Chilapa fue incendiada en su base del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, a las 11:00 horas del lunes, una hora de gran actividad y en una zona densamente poblada.

Un día antes, el domingo, el crimen organizado incendió un autobús de la ruta Chilpancingo-Colotlipa, una Urvan de la ruta Chilpancingo-Amojileca y un taxi del servicio local de la capital.

Derivado de ello, ayer, las calles de Chilpancingo desde temprana hora se vieron semi vacías, muchos comercios del centro y del sur de la capital cerraron sus puertas, sobre todo bares y cantinas. En el Gobierno estatal y municipal sólo trabajaron las áreas administrativas y todas las escuelas suspendieron actividades.

El motivo, se argumentó, fue la falta de transporte, aunque en el transcurso del día la gente expresó su temor por la violencia y reprochó la incapacidad de las autoridades para frenarla.


En las calles se vieron patrullajes constantes de soldados del Ejército mexicano, agentes de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales, todos con armas en ristre, lo que, en vez de dar confianza, aumentó la tensión en la población.
“¿Cuándo se va a terminar esto? ¡Por Dios! ¿Cómo es posible que con tanto Gobierno no puedan hacer nada?”, expresó una ama de casa que, sola, a las 8:30 de la mañana esperaba su transporte en la base de las Urvan de la ruta oriente.
Al sur de la ciudad, abajo del puente ubicado frente a Ciudad Judicial, el caos era total; decenas de unidades del servicio de transporte de la ruta del Circuito Azul, donde se ubican los municipios de Mochitlán y Quechultenango, así como de la ruta Chilpancingo-valle de El Ocotito, Tierra Colorada y Coyuca de Benítez hacían base, debido a que por temor se negaron a entrar a sus bases del centro de la ciudad.

Los usuarios, provenientes de distintos municipios y poblaciones eran bajados ahí y la mayoría cargando bolsas, cartones, bultos o bebés, caminaban largos tramos para abordar patrullas, camionetas de Protección Civil o de Bomberos y vehículos particulares que los acercaban a su destino, debido a que las Urvan del servicio público local eran insuficientes.

El director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, Arturo Salinas Sandoval, vigilado por cuatro escoltas y policías estatales a bordo de una patrulla, informó aquí que a esa hora (8:30 de la mañana), estaba trabajando el 30 por ciento de 700 transportistas que prestan el servicio en 10 municipios de las zonas Centro, Costa Grande y Costa Chica.

Una hora más tarde, en declaraciones a otros medios, aseguró que ya estaban trabajando el 40 por ciento, y en ambas entrevistas afirmó que en el transcurso del día el servicio se normalizaría al 100 por ciento, lo que no ocurrió, al contrario, se paralizó el servicio.

También dijo que el Gobierno tenía garantizado el servicio de transporte.


Frente al funcionario la necesidad de transporte de la gente para llegar al centro de la ciudad era evidente: decenas, cientos de usuarios abordaban todo tipo de camionetas oficiales, vehículos particulares y las pocas Urvan locales que llegaban para retornar en ese punto.

Las opiniones de los usuarios eran encontradas, Julia que llegó de Mazatlán dijo que sentía miedo de abordar una Urvan y que mejor esperaría una patrulla para que la acercara al Centro; Juana, quien llegó de Tierra Colorada en un taxi, se dijo indignada. “Nosotros qué culpa tenemos de sus problemas, pero el Gobierno es cómplice de todo esto”, señaló.

Una joven estudiante de una escuela particular que aseguró sí abrió expresó impotencia: “¿Qué podemos hacer? Ya caminé como medio kilómetro, ya se me hizo tarde y aún no sé hasta qué hora voy a llegar”.

Cuando la movilidad comenzaba a normalizarse, a las 11 de la mañana, una Urvan de la empresa Transportes Guerrerenses de la Montaña que tienen su base en el interior del tianguis del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla fue incendiada por presuntos sicarios.

Las Urvan de Transportes Guerrerenses de la Montaña cubren la ruta Chilpancingo-Chilapa.

El ataque ocurrió en una zona densamente poblada por comerciantes y consumidores, sin embargo, no hubo personas lesionadas.

Fue incendiada a pesar de la excesiva vigilancia militar y policial que comenzó desde la mañana del lunes en distintos puntos de la capital.

En reportes policiacos se informó que minutos antes de las 11:00 horas la unidad 35 de la empresa Transportes Guerrerenses de la Montaña fue interceptada cuando llegaba de Chilapa al sitio ubicado en la calle Abasolo, a unos 100 metros de la transitada y muy vigilada avenida Insurgentes.

Los atacantes rociaron gasolina a la unidad y le prendieron fuego. En minutos las llamas consumieron totalmente el vehículo y el humo se pudo ver desde distintos puntos de la capital. La noticia se viralizó mediante las redes sociales, lo que aumentó el pánico no sólo entre los transportistas, sino entre los usuarios y en la población en general.

Al lugar llegaron decenas de militares, agentes de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales, así como ministeriales para acordonar la zona e iniciar las investigaciones.

“Ya para qué cabrones, vayan y busquen a los delincuentes”, se oyó gritar a un comerciante que vendía ilamas, plátanos, aguacates y yerbasanta en una carretilla.


El hecho se dio, asimismo, en medio de un intenso operativo de fuerzas estatales y federales para restablecer el orden.
“No puede ser que con tantos militares y policías no puedan con ellos, seguro son cómplices y la gente que se joda”, reprochó otra comerciante que cuando se le solicitó una entrevista formal evadió enojada: “pregúnteles a ellos (a los militares), a ver qué le responden”, dijo y siguió espantando las moscas de sus verduras.
Por el nuevo atentado las unidades de las rutas del Circuito Río Azul, del valle de El Ocotito, Tierra Colorada y Coyuca de Benítez, que hasta esa hora llegaban hasta el puente, frente a Ciudad Judicial, se replegaron hasta la entrada a Petaquillas.

Además, pararon actividades las unidades de la ruta Chilpancingo-Chilapa, que hasta las 11:00 de la mañana, cuando incendiaron la Urvan, seguían dando el servicio de manera normal y también suspendió su servicio la ruta de la capital a Atoyac.

El servicio local de Urvan y taxis igualmente paró casi en su totalidad; después de las 12 del día sólo algunas unidades se vieron circulando, la mayoría vacías de pasajeros.

Paran labores transportistas ante los constantes hechos de violencia

El miedo en la población se sustenta en los hechos recientes, del miércoles al viernes ocurrieron enfrentamientos en las comunidades de la sierra de Chilpancingo, con un saldo que aún no han informado las autoridades, aunque los pobladores aseguran que los muertos pueden ser de cinco hasta 15, “pero ahora ya cada quien se lleva a sus difuntos”, dijo un vecino de Rincón de Alcaparrosa, el día del bloqueo en la Autopista del Sol en demanda de seguridad.

En tanto que, la tarde del viernes pasado un vendedor de pollo fue asesinado a tiros en su comercio dentro del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, y en menos de 24 horas, un repartidor del mismo producto fue ejecutado en el área de descarga de ese centro de abasto.

Ese mismo día fue hallado un cadáver atado en la carretera federal en Carrizal de la Vía y el domingo fueron incendiadas las tres unidades del transporte público.

Derivado de ello, la Asociación de Transportistas de Petaquillas a la que pertenecen más de mil integrantes de agrupaciones que prestan el servicio en los municipios de la región Centro del estado anunciaron un paro de labores a partir de las 12 del día de ayer ante la falta de seguridad.

En conferencia de prensa a la una de la tarde, abajo del puente de la entrada a Petaquillas, el líder de una de las agrupaciones, Ángel Espíritu declaró que no ven garantías de seguridad. “El grito es de todos: ¿dónde está la seguridad?”, clamó.


Informó que se retiraron de sus bases de Chilpancingo para no arriesgar a los choferes y a usuarios: “No hay garantías de seguridad a donde vamos de compras, a donde vamos a hacer nuestros mandados, en nuestros trabajos y escuelas, nomás es una pantomima cuando dicen que nos ponen seguridad, al final no funcionan los operativos”.

El dirigente transportista informó que son mas de mil unidades del servicio de transporte las que se suman al paro y que participan 35 sitios que prestan el servicio en los municipios de Coyuca de Benítez, Juan R. Escudero (Colorada), Chilpancingo, Mochitlán, Quechultenango, Mártir de Cuilapan (Apango), Tixtla y Chilapa.

Ángel Espíritu demandó una audiencia con la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pues dijo que no sólo es la situación de inseguridad lo que quieren plantearle, sino también el mal estado en que se encuentran las carreteras y calles, así como la modernización del transporte.

En la tarde se constató que en el centro de la capital cerraron antes del anochecer los comercios de distintos giros que se encuentran en la calle Emiliano Zapata, donde hay varios bares que igual no abrieron sus puertas. En esa calle han ocurrido constantes hechos de violencia.

A las 17:30 horas, el Gobierno del estado informó de un nuevo operativo con la participación de 300 soldados del Ejército mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal.

El director de Comunicación Social, René Possetl Aguirre, dio a conocer que se trata de un operativo de seguimiento, y que los elementos van a recorrer diversas colonias de la capital y los filtros que se encuentran en las cinco entradas a la capital “ante los últimos acontecimientos ya por todos conocidos”, dijo.

En 48 horas, cuatro unidades de transporte público incendiadas

En el incendio de la camioneta tipo Urvan de la ruta foránea Chilpancingo-Chilapa no se reportaron lesionados.

El ataque provocó la suspensión del servicio en las rutas foráneas y urbanas.

Taxistas consultados informaron que recibieron la orden de que durante el lunes y martes debían de dejar de prestar el servicio o de lo contrario se harían acreedores de una multa.

En 48 horas cuatro unidades del transporte público han sido incendiadas con un saldo de cuatro personas lesionadas en lo que parece una confrontación entre los grupos delictivos "Los Ardillos" y el Cártel de la Sierra o "Los Tlacos" por el control del municipio de Chilpancingo, según fuentes de seguridad.

Además, dos comerciantes de pollo fresco han sido asesinados en la principal central de abasto el viernes y sábado.

El nuevo hecho de violencia se registró ayer lunes alrededor de las 11 de la mañana en la base de la empresa Transportes Guerrerenses de la Montaña y las Dos Costas ubicada en la calle Abasolo entre las calles Roberto Nájera e Ingeniero Arturo Alvaradejo, a una cuadra de la avenida Insurgentes, junto al mercado central.

De acuerdo a reportes de la Policía, la unidad marcada con el número 35 acababa de arribar a la base procedente de Chilapa. El conductor bajó el pasaje cuando hombres armados lo amagaron y empezaron a rociar de gasolina al vehículo para inmediatamente prenderle fuego.


Los agresores huyeron con rumbo desconocido mientras transportistas y comerciantes del mercado trataron de apagar a cubetazos de agua la Urvan que resultó totalmente calcinada.

Minutos después arribaron al lugar bomberos de Protección Civil, policías estatales, policías ministeriales, agentes de la Guardia Nacional y agentes de la Sedena.

Se reportaron crisis nerviosas de los pasajeros, mientras que el conductor resultó ileso.

Durante el día fueron reportadas falsas alarmas en diferentes colonias, así como amenazas a los conductores.

Tras el incendio de la Urvan de la ruta Chilpancingo-Chilapa, el servicio a ese municipio de la Montaña baja fue suspendido en sus dos sitios de ambos municipios.

Mientras que de manera paulatina la circulación del servicio local fueron disminuyendo hasta suspenderse completamente.

Supervisa Evelyn filtros de seguridad en la capital rodeada de agentes fuertemente armados

La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó en redes sociales que supervisó filtros de seguridad en Chilpancingo, tras cinco días de enfrentamientos en la sierra, tres asesinatos y cuatro vehículos del transporte público quemados.

Después de medio día la mandataria publicó fotografías suyas en el punto de revisión en las salidas de Amojileca y de Petaquillas, acompañada del Secretario de Seguridad pública, Daniel Antonio Ledesma Osuna, armado y con cargadores de armas largas y cortas en una pechera táctica que llevaba encima, así como del Subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros. Fue notorio el resguardo policiaco y militar de agentes fuertemente armados.

Enfatizó que “desde ayer (domingo) he girado instrucciones para reforzar la estrategia de seguridad en la capital, con la estrecha coordinación entre el Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”.

En la tarde mediante un video grabado en la zona militar informó de las acciones implementadas en el municipio de Chilpancingo, “con el propósito de garantizar la seguridad de las familias y el funcionamiento normal del transporte público”.


El domingo y ayer la mayoría de los camiones y Urvan del transporte público local y foráneo suspendieron los servicios para evitar agresiones.

Salgado Pineda aseguró que “de forma de inmediata se desplegó un operativo interinstitucional” de la Defensa Nacional (Defensa- antes Sedena-) a través del Ejército y Guardia Nacional, con la Policía federal y estatal.
“Entre las acciones en la capital -detalló-, se brinda seguridad en 10 bases de Urvan, en las colonias Javier Mina, en los sitios de Filo de Caballos, Colotipla, Petaquillas, Ocotito y la base ubicada en el puente de la Cipatli”, en ese punto, frente al reclusorio, hicieron parada las rutas del Circuito Río Azul ante la falta de garantías de seguridad para entrar a la ciudad.
Tampoco lo mencionó, pero en la base de Urvan de la colonia Javier Mina mataron en febrero de 2024 a un conductor e hirieron a un transeúnte, tras el intento de las autoridades de reactivar el servicio público luego de una serie de asesinatos de conductores.

La Gobernadora también dijo que se están realizando recorridos permanentes en rutas de Urvan, taxis y mixtas, así como en mercados, “que cubre pasillos, estacionamientos, área de descarga”, dicha mención, por los asesinados de un distribuidor y un vendedor de pollo el sábado y domingo en el Baltazar R. Leyva Mancilla.

También dijo que se reforzó la movilidad con personal de Tránsito estatal en puntos estratégicos, como el puente Cipatli, frente al reclusorio, en Tierra Prietas y en el Parador del Marqués, además de los filtros de seguridad en entradas y salidas de la ciudad.

Éstos en el crucero de Chichihualco, La Cinca-Petaquillas, la salida de Amojileca y la colonia PRD, así como puntos móviles en el viejo y nuevo libramiento a Tixtla, al este y norte de la ciudad; en Zinnia y Llanos de Tepoxtepec, al poniente, y en Tierras Prietas.


Asimismo, hay bases interinstitucionales en comunidades cercanas como Tlahuizapa, Coacoyulillo, Renacimiento, Agua Hernández, Carrizal de Pinzón, Jaleaca de Catalán, Omiltemi entre otras.

En esa área, comisarios y el Ayuntamiento de Chilpancingo denunciaron la presencia de grupos armados.

El Subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros llamó a los actores políticos y sociales a ser prudentes y estar atentos a los comunicados oficiales de las las autoridades. Insistió en fomentar la cultura de la legalidad.

La Gobernadora subrayó que “la presencia de las Fuerzas Armadas es permanente y responde, por supuesto, al mandato de proteger a la gente, de mantener el orden y de garantizar que la capital del estado siga su vida cotidiana en tranquilidad”.

También estuvieron en la transmisión el Comandante de la 35 Zona militar, Jorge Pedro Nieto Sánchez; el coordinador de la Guardia Nacional, Oscar García Ponce de León; y de su Gabinete, Ledesma Osuna y Rodríguez Cisneros.

FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ZACARÍAS CERVANTES, LUIS DANIEL NAVA, LOURDES CHÁVEZ.

Hombre detona arma tras discusión en Metro Centro Médico; la SSC lo detiene

Tras una discusión a las afueras de la estación del Metro Centro Médico, un hombre habría disparado al suelo, por lo que fue detenido por la SSC-CdMx.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron este martes a un hombre de 54 años que, presuntamente, realizó disparos al exterior de la estación Centro Médico, de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, tras una discusión con otro ciudadano.

El incidente fue reportado cerca de las 7:30 horas por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, quienes alertaron sobre detonaciones en avenida Cuauhtémoc y Eje 3, en la colonia Roma Sur. Policías capitalinos acudieron de inmediato al punto señalado.
En el lugar, un hombre solicitó apoyo y relató que momentos antes había discutido con otro sujeto en las escaleras del Metro Centro Médico. Según su versión, el implicado sacó un arma y disparó hacia el suelo.

Los uniformados desplegaron un operativo en la zona y lograron ubicar al presunto responsable. Tras realizarle una revisión preventiva conforme al protocolo policial, le encontraron un arma de fuego, tres cargadores y 28 cartuchos útiles, además de una credencial vigente de una dependencia federal militar.

En un comunicado, la SSC-CdMx dio a conocer que el detenido fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Previamente, precisó, se le informaron sus derechos constitucionales.

La dependencia capitalina reiteró su compromiso con la atención oportuna de emergencias y la protección de la ciudadanía, así como con el respeto a los protocolos de actuación policial en todos los casos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tras reportajes de EMEEQUIS, Fiscalía rechaza información, pero baja velocidad de la pipa

El 15 de septiembre, Bertha Alcalde dijo que el vehículo iba a una velocidad del “orden de los 50 kilómetros por hora”. Hoy ajustó a la baja: entre 44 y 46 kilómetros por hora. Y vuelve a señalar que el video de EMEEQUIS no es del lugar del accidente, cuando siempre se aclaró que era de 37 segundos antes.

Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México, sostuvo este martes, al igual que la Presidencia de la República, que los videos presentados por EMEEQUIS el 18 de septiembre, sobre la velocidad de la pipa del Puente de la Concordia, no corresponden al momento del accidente.  

Sin embargo, una vez más, no se presentaron apoyos gráficos para desmentir el material de EMEEQUIS, como la trayectoria de la pipa. Sin embargo, Alcalde sí realizó modificaciones a su versión de los hechos, tras varios días de silencio luego de la publicación de los reportajes de esta casa editorial. 

El primer gran cambio es que bajó la velocidad de la pipa. El 15 de septiembre, dijo que el vehículo iba a una velocidad del “orden de los 50 kilómetros por hora”, cuando el límite del tramo donde ocurrió el accidente es de 40 k/h.

En la conferencia de hoy, no obstante, cambió la versión de los hechos, bajando la velocidad del vehículo y no utilizando la frase “exceso de velocidad”, durante su exposición: 

“De acuerdo a los registros de telemetría GPS proporcionados por la empresa propietaria, se acreditó que el tractocamión ingresó a la curva a una velocidad de entre 44 y 46 kilómetros por hora, lo que coincide con los cálculos realizados por peritos en mecánica y tránsito terrestre”.
Incluso aclaró que la pipa redujo la velocidad: “En un lapso de tiempo, la velocidad se redujo progresivamente hasta que la unidad quedó detenida después del impacto, fue entonces cuando ocurrió la fuga”. 

Alcalde se tomó unos minutos para desacreditar los materiales presentados en exclusiva por EMEEQUIS: “Es muy importante poder brindar certeza a la ciudadanía en relación a algunos señalamientos que se han difundido en medios y redes sociales: en relación a un video difundido en redes sociales y por algunos medios de comunicación, que muestran al vehículo a velocidad moderada”.


En el primer video 37 segundos antes de la explosión, se observa que la pipa va a velocidad normal.


En el segundo video se observa la nube de gas y posterior explosión.

“Este video no corresponde al momento del accidente, este registro ocurrió antes de la curva donde sucedieron los hechos y no refleja la velocidad real al momento del siniestro; tanto los videos privados como del C5 fueron analizados y se tomaron en cuenta los cálculos que hicieron nuestros peritos en relación a la velocidad, y como ya mencionamos, esto se adiciona a la propia información que se brindó al GPS que tenía este vehículo”.

Las afirmaciones hechas por la fiscal son engañosas, ya que EMEEQUIS aclaró en todo momento en su reportaje publicado el 18 de septiembre que el video fue grabado 37 segundos antes de la explosión, en las cercanías del Puente de la Concordia, poco antes de que la pipa se incorporara a las curvas donde finalmente volcaría.
Usuarios de redes calcularon con herramientas de física la velocidad de la pipa en 36 km por hora usando otro video (con tendencia a desacelerar).

Cabe destacar que el pasado 24 de septiembre, la sección “Detector de Mentiras” de Presidencia intentó desacreditar los materiales presentados por EMEEQUIS, sin presentar evidencia gráfica o mapas para respaldar sus dichos. Esa versión fue desmentida en la nota Presidencia miente en su “desmentido”: videos de EMEEQUIS sobre pipa en Iztapalapa son reales. 

Durante el recorrido hecho por los periodistas Maricarmen Gutiérrez Romero y Miguel Ángel Teposteco Rodríguez, se obtuvieron los videos al preguntar a testigos sobre su experiencia antes y durante de la explosión. Ahí, comerciantes de baños públicos proporcionaron los dos materiales publicados en el reportaje de EMEEQUIS.

Ambos reporteros verificaron el recorrido de la pipa en el lugar de los hechos, para asegurarse que el vehículo no tuviera tiempo de acelerar después del tramo grabado. Además, cruzaron varias veces, tanto a pie como por vehículo, la zona de la explosión.

Por si fuera poco, los cronómetros del primer y segundo video corresponden al tramo temporal donde ocurrió la explosión, con apenas unos segundos de diferencia, como se explicó en el título de la nota. La cámara de seguridad del puesto de baños públicos marcó que a los 2:14:47 segundos, la pipa cruzó la avenida, a unos metros del primer puente que antecede a la curva donde ocurrió la explosión. A las 2:15:24, en el segundo video, se puede ver la primera nube de gas y unos segundos después la explosión. 

En otro de los reportajes de EMEEQUIS, La Concordia en Iztapalapa: 38 accidentes en seis años, se muestra el largo historial de accidentes del Distribuidor Vial de la Concordia, así como los incidentes que han ocurrido en la curva donde sucedió el accidente. En ese material también se señaló la falta de letreros para advertir sobre la curva y los daños que existen a los muros de contención de la vía, previo al accidente del 10 de septiembre.

FUENTE: EMEEQUIS (ESPECIAL).
AUTOR: MARICARMEN GUTIÉRREZ ROMERO, MIGUEL ÁNGEL TEPOSTECO.

CDMX paga sobreprecio de 460% en medicamentos para atención psiquiátrica

El gobierno capitalino, que encabeza Clara Brugada, adquirió medicamentos hasta cinco veces más caros a una persona física que infla los precios muy arriba del precio comercial.

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México compra medicamentos para atención psiquiátrica con sobreprecios de hasta 460%.

Documentos oficiales en poder de EMEEQUIS revelan que el gobierno capitalino, que encabeza Clara Brugada, adquirió medicamentos a una persona física que infla los precios muy arriba del precio comercial.

El Diazepam 10 mg/2 ml de la marca GI fue comprado por la dependencia capitalina en 1,140 pesos por unidad. Ese medicamento tiene un precio comercial de 177 pesos en Farmacias del Ahorro, y hasta 201 pesos en Farmacias Benavides. 

Sí se toma el precio máximo comercial de 201 pesos, resulta un sobreprecio de 939 por cada una de las 15 cajas que se solicitaron. Los 939 pesos representan un cambio porcentual de 467% más entre los dos precios. Es decir, se pudieron comprar 5.6 cajas de Diazepam (Ortopsique) con el precio comercial.

El 1 de abril de 2025, José David Méndez Santa Cruz, director general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, y Norma Belén Meza Cortés, firmaron el contrato SEBIEN/CRMS/025/2025 por 90 mil 503 pesos para la “Adquisición de Medicamentos para los Centros de Asistencia e Integración Social Cascada, Azcapotzalco y Cuemanco”.

Imagen el contrato y los precios:




Norma Belén Meza Cortés señaló una vivienda particular en la colonia Jardines de Morelos Sección Elementos, Ecatepec, Estado de México, como domicilio fiscal.

Se estableció un una vigencia del contrato del 2 de abril al 31 de diciembre de 2025, y la entrega de los fármacos en la calle Tlaxcoaque No. 8 Torre 8 Piso 1, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

En el mismo contrato se pidieron cajas de Olanzapina 10 mg, 14 Tabletas,  marca GI por cada una se pagaron 283.10 pesos, En Farmacia GI tiene un precio de 64 pesos, es decir, 219.10 pesos menos, por lo que el gobierno de Clara Brugada pagó un sobreprecio de 342%.

El contrato del gobierno capitalino y la persona física está repleto de sobreprecios. Otro son las cajas de Biperideno 2 mg Caja con 50 Tabletas que se adquirieron en 475 pesos, en la farmacia de tienda Chedraui se puede adquirir por 125 pesos, es decir, 350 pesos menos y se compraron 18 cajas. Que representa un sobreprecio del 280%.

Imagen El Diazepam se consigue en 201 pesos y el gobierno CDMX lo paga en 1,140:


El Clonazepam 2 mg de la marca GI fue comprado por la dependencia capitalina en 157.70 pesos por unidad; ese medicamento tiene un precio comercial de 64.01 pesos en Farmacias Guadalajara. 

Lo que equivale a un sobreprecio de 146.3%, es decir, que se pudieron comprar 2.4 cajas en lugar de una sola con la proveedora.

También se solicitaron cajas de Haloperidol 5mg/ml y por cada una se pagaron 1,278 pesos, en Farmacia del Ahorro este medicamento tiene un precio de 818 pesos, es decir, 460 pesos menos, por lo que se pagó un sobreprecio de 56%. 

Compraron 15 cajas por 19 mil 170 pesos, con ese dinero se pudieron adquirir 23 cajas de medicamento.

Adquirieron cajas de Clindamicina con Ketoconazol Óvulos Vaginal por 147.85 pesos, y en farmacias comerciales de marca genérica, como se pide el contrato, se ofrecen desde 91 pesos la caja.

Imagen La Olazanpina se consigue mucho más barata en precio comercial:


La dependencia también adquirió Fluconazol 150 mg/1 Cápsula a 118 pesos la caja; en Farmacias del Ahorro este medicamento tiene un precio de 67 pesos la caja o dos cajas por 99 pesos.

Por cada caja de Risperidona 2 mg con 40 Tabletas de la marca GI, la Secretaría de Bienestar de la CDMX pagó 532 pesos. En la tiendas Chedraui este medicamento puede comprarse en esa carca a 199 pesos, es decir, 333 pesos menos, por los que el gobierno de la Ciudad pagó 167% más.

Además se adquirieron cajas de Olanzapina 10 mg solución inyectable a un precio de 813.15 pesos la caja, en Farmacias Guadalajara cada unidad tiene un precio de 457.30 pesos, es decir, 355.85 pesos menos, 77.8% de sobreprecio.

La titular de la Sebien es Araceli Damián González, quien fue nombrada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Estos son apenas unos ejemplos de cómo el gobierno que encabeza Clara Brugada adquiere medicamentos con sobreprecios de más del 400%.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: ALEJANDRO ALATRISTE.

Vinculan a proceso a presunto líder de 'Los Tanzanios' y a mujer detenida con él

El juez de control ordenó la prisión preventiva para ambos y fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Juan Manuel “N”, alias “El Chuki” o “El Chacal”, presunto líder del grupo criminal “Los Tanzanios”, así como de Julieta “N”, detenida junto con él, por su presunta participación en el delito de narcomenudeo.

Ambos fueron detenidos el pasado 18 de septiembre mientras se encontraban a bordo de un vehículo en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc. Durante una inspección realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se encontraron envoltorios de plástico con posibles narcóticos, lo que derivó en su detención.

Tras la presentación de los datos de prueba por parte de la Fiscalía, un juez de control determinó vincularlos a proceso y ordenó la prisión preventiva para ambos. El plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria es de un mes.

Juan Manuel “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, mientras que Julieta “N” fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

De acuerdo con el comunicado de la FGJCDMX, “Juan Manuel ‘N’ es señalado como líder de ‘Los Tanzanios’, grupo delictivo vinculado con la distribución de droga y otras actividades ilícitas como homicidio, extorsión, secuestro y cobro de derecho de piso”.

La institución subrayó que este resultado forma parte de los “esfuerzos permanentes de la Fiscalía CDMX para combatir a los grupos delictivos que operan en la ciudad y garantizar la seguridad y tranquilidad de sus habitantes”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

CDMX: Asesinato en Micky’s Hair Salón de Polanco

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, corroboró que se trató de una agresión directa y descartó un posible robo.

La noche del lunes, la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue escenario de un ataque armado en el Micky’s Hair Salón Masaryk, ubicado en la calle Moliere, cerca de la emblemática avenida capitalina Presidente Masaryk.

Este ataque directo terminó con la vida de Miguel Ángel de la Mora Larios, un reconocido estilista originario de Jalisco, de acuerdo con Milenio. 

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), agentes tomaron conocimiento de una agresión directa con disparos de arma de fuego en contra de un hombre de 28 años de edad, trabajador de una estética localizada en la calle Moliere y casi esquina con la avenida Presidente Masaryk.


El ataque se registró poco antes de las 22:00 horas, cuando al menos dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al lugar, uno descendió, disparó contra la víctima y ambos huyeron.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, corroboró que se trató de una agresión directa y descartó un posible robo. 

“Sobre el homicidio en Masaryk sabemos que no se trató de un asalto, sino de un ataque directo,” comentó el funcionario en sus redes sociales, enfatizando que trabajan coordinadamente para dar con los responsables.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exigen a Fiscalía de Tabasco la presentación con vida de familia desaparecida

La Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto mantuvo a la familia luego de localizarla y a pesar de anunciar la liberación de los cuatro, incluidos niños, estos no han vuelto a su domicilio.

Parientes de la familia Méndez Velázquez, desaparecida desde el jueves 25 de septiembre en Villahermosa, Tabasco, exigen a la fiscalía estatal que los presenten con vida, luego de que presuntamente fueron retenidos en sus instalaciones tras su hallazgo.

En entrevista con Aristegui Noticias, María Guadalupe Velázquez Bolainas, mencionó que su hermana Verónica desapareció junto con su esposo Guadalupe Méndez Bautista y sus hijos, Anyi Michel de 13 años y Ángel Guadalupe, de 7 años, vecinos de la colonia Tomás Garrido, en Comalcalco.

La familiar reportó que los Méndez Velázquez dejaron su domicilio luego de desayunar, sin que falten pertenencias o indicios de algún viaje.

La entrevistada denunció que no pudieron presentar la denuncia de desaparición de inmediato, porque les dijeron que tenían que esperar 72 horas y por ello no se generaron las cuatro fichas de búsqueda.
Entonces yo, el domingo, me presenté a meter la denuncia de desaparición y no trabajaron, me dijeron que hasta el día lunes.
Cabe destacar que, según el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, las autoridades en México deben iniciar la búsqueda de inmediato, sin esperar 72 horas, especialmente cuando se trata de mujeres, niñas, niños o adolescentes, para garantizar su seguridad y cumplir con los derechos humanos.

María Guadalupe indicó que este lunes 29 de septiembre fueron contactados por personal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) para notificarles el hallazgo de sus familiares y que acudieran a la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto.

Acudieron primero a esa oficina, pero les dijeron que ahí no estaban y les dijeron que buscaran en el área de Alerta Amber, pero no obtuvieron información sobre su paradero.

Posteriormente, les proporcionaron un número de contacto, que era el mismo desde el que se les informó el hallazgo y les dijeron que debían esperar en Fiscalía para recibirlos; después de eso, la mujer dijo que pudo verlos pasar nada más.

“Marcamos y nos dijeron que estaban en una delegación y qué esperábamos en fiscalía, porque ahí nos los iban a entregar, y ciertamente si, pasaron, pasó mi cuñado, mi hermana, mis dos sobrinos y la persona con la que andaban”.

Esta última persona, dijo María Guadalupe, estaba en calidad de detenido, pero desconoce la causa.

Sin embargo, la familiar agregó que les explicaron que su familia fue retenida debido a que pudieran ser víctimas de un posible secuestro, porque recibieron llamadas solicitando rescate y les enviaban números de cuentas para depositar dinero.

“Fuimos a Alto Impacto, dimos la evidencia que teníamos, las fotos que teníamos y ahí comenzaron la investigación y nos dijeron que tenían 72 horas para determinar qué pasó, porque mis familiares parecían idos, los niños estaban bien, pero estaban sucios”.

Incluso, supieron que no coincidían las versiones que daba la persona con la que la familia estaba acompañada, ni lo que decían los niños.

Aunque la Fiscalía notificó que los desaparecidos habían sido liberados alrededor de las 20:00 horas y 21:00 horas del lunes, hasta el momento no han llegado a su domicilio. 

“No sé por qué algunas radios y en redes publicaron que ya estaban en su hogar, porque no es así, la última vez que los vimos fue en la oficina de Alto Impacto, pero hoy martes no han vuelto”, aseguró María Guadalupe.

Además, María Guadalupe dijo que les proporcionaron un número telefónico desde esa oficina para que pudieran monitorear a sus familiares, pero no responden. 
Marcamos a ese número y nos manda a buzón, no se sabe nada de ellos hasta ahorita.
La familia solicitó a la Fiscalía General del Estado de Tabasco que aclare oficialmente el estado de salud y el paradero de Verónica Velázquez, Guadalupe Méndez y sus hijos, cuya desaparición se mantiene vigente para su familia, hasta poder hablar con ellos.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: KARINA CANCINO.

Corrupción en Morelos: empresas que incumplieron con Cuauhtémoc Blanco fueron contratadas por IMSS-Bienestar y actual gobernadora

El incumplimiento de contratos que les asignó el gobierno de Morelos con Cuauhtémoc Blanco no impidió que la nueva gobernadora, Margarita González Saravia, y el IMSS-Bienestar hayan contratado de nueva cuenta a empresas de la red que formó Joan Christian Carmona Barón, consejero estatal de Morena.

Jennifer tiene 20 años y vive en Coatetelco, Morelos, donde cuida a su suegra de 75 años. La llevó a la clínica comunitaria para revisar sus niveles de azúcar, pero la enfermera no pudo hacerlo: no tenía tiras para medir la glucosa. No es la primera vez que enfrenta carencias. Cuando sus hijos enferman de diarrea y los lleva a consulta, no le dan ni Loperamida, un medicamento básico que cuesta menos de 30 pesos en farmacias.

Coatetelco es un municipio rural donde 8 de cada 10 personas viven en pobreza y no tienen seguridad social. La carretera por la que se llega está rodeada de campos de cultivo y es común que ovejas, caballos o vacas se atraviesen por el camino.

Jennifer toma un mototaxi a las 6 de la mañana para bajar del cerro en el que vive y, después de media hora de camino, ser de las primeras en llegar a la clínica comunitaria. Ahí espera hasta cuatro horas para que un médico la reciba.

El centro de salud de Coatetelco es la única opción en su comunidad. Es de un solo nivel. Tiene consultorios, pero la gente se queja de que no hay personal médico. La farmacia es un cubículo pequeño donde una trabajadora despacha los pocos medicamentos que hay.

Ante las carencias y para no perder tiempo, la familia de Jennifer compra por su cuenta Glibenclamida y Metformina, el tratamiento para controlar la diabetes de su suegra, con los 200 pesos de salario al día que su esposo gana como campesino. Las medicinas cuestan entre 350 y 500 pesos, por eso no siempre puede comprarlas. “En veces, pues no tenemos lo suficiente y hasta dejamos luego así por no haber dinero” (sic), dice la joven.

Las carencias no sólo están en los municipios más pobres de Morelos. También en la capital del estado, Cuernavaca, comúnmente llamada “ciudad de la eterna primavera”, rodeada de casas veraniegas y spas.

José Luis Flores va al Hospital General de Cuernavaca cada tres meses a recoger una caja de Sitagliptina, un medicamento para tratar la diabetes que padece su madre. Este día, como el anterior, le dijeron que no había. Se fue con las manos vacías y la preocupación de cómo hará para comprar la medicina que cuesta 1,500 pesos.

“Hay mucho desabasto de medicamento”, lamenta. “Vengo aquí desde hace un año y casi siempre falta. Nos afecta porque lo debemos comprar, es un desfalco a la economía de la familia”, dice José Luis, dedicado a vender galletas en las calles de Cuernavaca.

Hace tres meses tuvo que suspender el tratamiento de su madre porque no juntó el dinero para la Linagliptina. Esto la afecta a tal grado que cada vez es más frecuente que el aumento en su nivel de azúcar los obliga a salir corriendo en busca de algún médico.


IMSS-Bienestar contrata a empresa que incumplió con entrega de medicamentos

La clínica comunitaria de Coatetelco y el Hospital General de Cuernavaca tienen algo en común: la empresa que debe surtir sus farmacias es C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación S.A. de C.V.

Se trata de la misma empresa que en 2023 incumplió con la entrega de medicinas y material de curación a más de 200 hospitales y clínicas de salud de Morelos, durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Aun así, Servicios de Salud de Morelos pagó al menos 207 millones de pesos, según señaló la Auditoría Superior de la Federación.

A pesar de ese antecedente, nuevamente tiene un contrato por 32 millones de pesos que esta vez le fue entregado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del IMSS-Bienestar, en una adjudicación directa.

De acuerdo con el contrato número CE-MOR-SERV-011-2025, la empresa debió hacer la recolección, almacenamiento y distribución de medicamentos en las farmacias de más de 200 hospitales, lo que se conoce como “última milla”, entre el 22 de abril y el 30 de junio de 2025.

Así consta en el documento firmado por Jair Jiménez Gil, coordinador estatal de los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar en Morelos, e Iván Herrera Espinosa, titular de la jefatura de Servicios Administrativos y Finanzas. Sin embargo, los pacientes comprueban el desabasto cada vez que van por sus medicinas y no se las entregan, como relatan las personas entrevistadas.

Entre los faltantes están fármacos básicos, como Linagliptina, Trayenta y Eritropoyetina, para atender la diabetes; la Loperamida, básica para el dolor de estómago, o el Losartán, fundamental para controlar la presión. Uno de los pacientes se quejó incluso de que no hay jarabe para la tos.

En los recorridos realizados por Animal Político en el Hospital General de Cuernavaca, el Hospital de la Mujer de Yautepec y las clínicas comunitarias de Yautepec y Coatetelco, se comprobó que las farmacias de las unidades médicas tienen los letreros de C&M y los trabajadores usan batas con el logo de esta empresa.

Además, continúa dando servicios al gobierno federal. En su página de Facebook ofrece trabajo eventual para Rutas de la Salud, el programa de Claudia Sheinbaum para distribuir medicinas que arrancó el 19 de agosto en Morelos, con 24 camionetas que repartirían 416 mil medicamentos en 204 centros de salud y unidades médicas de los 36 municipios del estado.

Animal Político buscó al IMSS-Bienestar para tener más información del tema. En una nota informativa, la dependencia descartó que hasta ahora haya tenido un problema en la distribución de medicamentos con C&M, y señaló que la contratación de esta compañía se dio porque el gobierno no cuenta con la infraestructura necesaria para recibir y distribuir las medicinas para los hospitales.

Red de empresas favorecidas con millones de pesos en contratos

C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación es parte de una red de tres empresas creadas entre 2019 y 2022, y que a los pocos meses de su constitución comenzaron a recibir contratos millonarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Santek Health S.A. de C.V. y Comercializadora Manhos S.A. de C.V. son las otras dos empresas que forman parte de la red. Ambas fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación por haber incumplido contratos en 2023.

Además de incumplir sus contratos, la red de empresas tiene en común que tres de sus integrantes han sido accionistas y representantes legales de Farmacéutica Medikamenta S.A. de C.V., otra compañía propiedad de Joan Christian Carmona Barón, consejero estatal de Morena y precandidato a una diputación federal en 2023, como reveló Animal Político este 29 de septiembre.

Carmona Barón es primo hermano de Héctor Barón Olivares, exdirector de los Servicios de Salud de Morelos, institución que benefició a la red de empresas con contratos por al menos mil 161 millones de pesos durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco.

Santek Health, otra empresa que incumplió y sigue siendo contratada

Santek Health S.A. de C.V., otra empresa de la red beneficiada durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, ha sido favorecida también por la administración de Margarita González Saravia, actual gobernadora de Morelos.

De acuerdo con la Auditoría, esta empresa incumplió con el servicio integral de anestesia a hospitales de Morelos en 2023. A pesar de eso, en el primer año del gobierno de González Saravia recibió siete contratos por hasta 84 millones de pesos.

Entre el 1 y 3 de octubre de 2024, unos días después de que asumiera como gobernadora, Servicios de Salud de Morelos contrató nuevamente a Santek Health a través de tres adjudicaciones directas por hasta 49 millones 215 mil pesos, para servicios por dos meses. Los contratos fueron firmados por la titular, Jacqueline Hernández Ruiz.

En el primer semestre de 2025 recibió otros cuatro contratos por 34 millones 830 mil pesos. Dos de ellos, para realizar hasta 1,036 servicios integrales de anestesia por mes, que incluye proveer equipo, insumos y recursos humanos.

Los servicios deben ser prestados en el Hospital General de Jojutla, Cuernavaca, Axochiapan, Cuautla, Temixco y Tetecala; los hospitales comunitarios de Puente de Ixtla, Ocuituco y Jonacatepec; y el Hospital Comunitario de Hospital de la Mujer de Yautepec.

Otros dos contratos son para realizar hasta 315 servicios para laparoscopía y endoscopía (cirugías de mínima invasión para detectar afectaciones o tumores en el aparato digestivo) en el Hospital General de Cuernavaca, en las áreas de cirugía general, oncología, ginecología, urología y cirugía pediátrica.

Ambos servicios fueron incumplidos por Santek Health, como comprobó la Auditoría Superior de la Federación. Del contrato por anestesias de 2023 cobró 37 millones de pesos, pero no hubo ninguna evidencia de que haya realizado el servicio.

Tampoco hay prueba de la realización de los 11 mil servicios de laparoscopía y endoscopía que debía realizar en 2022, y por los que recibió otros 37 millones de pesos del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.


“No hay material ni medicinas”, lamentan pacientes de Morelos

Cristina Pérez, mujer de 59 años y trabajadora del hogar, acompaña a su esposo, de oficio albañil, una vez a la semana al Hospital General de Cuernavaca para que reciba su diálisis y medicamento contra la diabetes, aunque no siempre le brindan una atención completa.

“Nos dijo la enfermera de diálisis que no hay material, se tiene que comprar, pero es muy caro. Ojalá Dios quiera y llegue porque hay mucho paciente que necesita la diálisis”, dice Cristina sentada en una jardinera del Hospital General de Cuernavaca, donde espera a que le den información de su esposo.

La falta de insumos para diálisis no es la única carencia. “Los medicamentos caros son los que hacen mucha falta”, señala Cristina, quien debe comprar la Trayenta, medicina para controlar el nivel de azúcar, que cuesta entre 1,800 y 2,100 pesos. También debe conseguir la Eritropoyetina, con un costo de entre 1,300 y 1,800 pesos, para evitar que se agrave el problema de diabetes de su esposo de 60 años.

“Yo trabajo dos días a la semana y me dan 700 pesos, y si las inyecciones cuestan mil y pico tengo que ver cómo comprarlas porque son tres veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes se las tienen que poner a mi esposo”, comenta Cristina.
A un lado de la entrada principal del Hospital General de Cuernavaca se encuentra una farmacia donde Cristina hace fila para recibir sus medicinas. Dentro del módulo de abasto hay un letrero con el nombre de C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación, la compañía encargada de este espacio. El trabajador que se encarga de surtir las recetas también tiene una bata con el nombre de la empresa.

La ventanilla se llena especialmente en las mañanas, cuando la mayoría de la gente acude a sus citas médicas. Cristina pasa hasta dos días fuera del hospital mientras dializan a su esposo, lo que le quita tiempo para trabajar y es un problema para ella: los gastos de los medicamentos corren por su cuenta, ya que su pareja era albañil y ahora no puede hacer trabajos pesados por la mala condición de sus riñones.

“Que nos ayuden a enviar el medicamento porque en realidad hay muchas personas que sí lo necesitamos porque somos de bajos recursos, no tenemos la capacidad de estarlo comprando”, pide Cristina a las autoridades.

Población pide garantizar abasto de medicamentos

Abimael Cabañas, joven de 20 años, acudió al centro de salud de Yautepec para que atendieran a su bebé de cuatro meses por una enfermedad del estómago. El médico que revisó a la pequeña le recetó el antibiótico Metronidazol, aunque no lo tenían en la farmacia y tuvo que conseguirlo en una privada. Cuando no le dan las medicinas que requiere gasta alrededor de 500 pesos para conseguirlas, dinero que en ocasiones debe pedir prestado.

“He venido en varias ocasiones por cuestiones de salud y al ir por la medicina no la tienen. A veces son algunos medicamentos un poco básicos, como jarabe para la tos para niños y a veces no lo tienen”, comenta Abimael.

Aurelia, su suegra, lo acompañó. Ella es paciente del mismo lugar desde hace diez años por la hipertensión que padece, y ha sido testigo de la escasez de medicamentos como Losartán y Nifedipino, necesarios para tratar la presión arterial.

Ella usa su Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para comprar los medicamentos que no le dan en el centro de salud. Gasta unos 80 pesos en sus medicinas cuando hay escasez.

“A veces uno no tiene el dinero, pero hay que comprar la medicina porque es lo lógico, hay que tomarla aunque ahorita está todo muy caro”, menciona Aurelia, mujer viuda que solo tiene una hija que la apoya.

Desde hace cuatro años, Eva Vergara es otra paciente del centro de salud de Yautepec, al que acude una vez al mes por su padecimiento de hipertensión y diabetes. De los medicamentos que ella utiliza, el Nifedipino para la presión arterial es el que más escasea. A veces se lo dan dos veces seguidas y en su tercera visita ya no se lo entregan.

La farmacia del centro de salud tampoco tuvo insulina en noviembre y diciembre de 2024. Eva, mujer de 58 años, tenía una reserva que le ayudó a sentirse bien en ese periodo. Cuando no le dan sus medicamentos gratuitos gasta unos 250 pesos para conseguirlos.

Aunque actualmente hay desabasto, Eva considera que hace cuatro años, cuando empezó a acudir al centro de salud de Yautepec, la falta de medicamentos era más evidente.

Ella, como otros pacientes, pide a las autoridades garantizar el abasto de medicinas: “Es importante surtir el medicamento para nosotros que tenemos una enfermedad que ya no se nos va a quitar. No nada más soy yo, mucha gente acude aquí o a otros lugares y si no hay medicamento, pues hay que comprarlo. Me gustaría que lo tuviéramos siempre, pero si no se puede ¿qué le podemos hacer?”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Corrupción en Morelos: cómo el gobierno de Cuauhtémoc Blanco pagó millones a empresas que dejaron sin medicamentos a pacientes

Durante el gobierno del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco se adjudicaron contratos por 323 mdp a empresas ligadas a un consejero estatal de Morena; el incumplimiento de las empresas dejó sin medicamentos y servicios básicos a pacientes de 238 hospitales y clínicas.

El gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos entregó 323 millones de pesos a una red de tres empresas integradas por socios del consejero estatal de Morena, Joan Christian Carmona Barón, para la compra de medicinas y servicios a hospitales, pero los contratos no se cumplieron.

Esto afectó a pacientes de 238 clínicas y hospitales del estado que no recibieron antibióticos, oncológicos, ni los servicios de anestesia indispensables para realizarles cirugías. Tampoco hubo mantenimiento ni reparación para las máquinas de Rayos X, incubadoras, ventiladores y desfibriladores para el corazón.


El monto desviado es sólo una muestra. Las tres empresas que incumplieron servicios recibieron 20 contratos del gobierno de Blanco por hasta 1 mil 161 millones de pesos entre 2022 y 2023, según consta en los documentos oficiales.

Animal Político confirmó que las empresas beneficiadas, Santek Health S.A. de C.V., Comercializadora Manhos S.A. de C.V. y C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación S.A., conforman una red en la que las mismas personas tienen cargos o acciones en ellas.



Además, tres de sus integrantes han sido accionistas y representantes legales de Farmacéutica Medikamenta S.A. de C.V., propiedad de Joan Christian Carmona Barón, precandidato a una diputación federal en 2023 por Morena, y quien como consejero pudo participar en la elaboración del proyecto político del partido en la entidad.

Carmona Barón es primo hermano de Héctor Barón Olivares, exdirector de Servicios de Salud de Morelos, quien firmó 11 de los 20 contratos entregados a las tres empresas de la red, como confirman los documentos y actas de nacimiento obtenidas por este medio. 

También es dueño de tres empresas de verificentros junto con José Ceja Vega, antiguo socio de Cuauhtémoc en Blanco Sport S.A. de C.V., una proveedora de alimentos y bebidas constituida en 2003. En ella figuraba como apoderado legal Edgar Riou Pérez, quien luego fue secretario particular del exfutbolista en la gubernatura de Morelos.

Aunque Carmona Barón no ocupaba un cargo público, fuentes que pidieron anonimato lo señalan como un “operador” del mandatario. Gerardo Becerra Chávez Hita, asesor Anticorrupción y exdirector de Análisis Estratégico de Morelos, atestiguó que se reunían en su oficina en Palacio de Gobierno para hablar de temas del sector salud.

“Yo lo vi unas dos o tres veces (en la oficina de Blanco). Pensé que era asesor en salud pública del gobierno porque sabía que Christian era representante de la farmacéutica Nadro en Morelos”, dijo Becerra Chávez sobre las reuniones que ocurrieron en 2019, cuando la red de empresas se empezó a constituir.

Respecto a los servicios que las empresas debían cumplir, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó los almacenes de los hospitales de Morelos, entrevistó al personal y verificó documentos, con lo cual comprobó el incumplimiento en al menos cinco contratos por medicinas y servicios médicos. Aún así, el gobierno de Blanco les pagó 323 millones de pesos.

Aunque la Auditoría ocultó los nombres de las compañías en sus reportes, Animal Político obtuvo los contratos y confirmó que se trata de esta red de empresas que comenzaron a recibir contratos entre cinco y ocho meses después de ser constituidas, en algunos casos con irregularidades, como simulación de competencia o que no se dedicaran a los servicios contratados.

Por ejemplo, Santek Health se dedicaba a la sanitización de inmuebles e importación de productos, pero en 2022 ganó contratos para dar servicios de laparoscopía y endoscopía, cirugías de mínima invasión para detectar incluso tumores en el aparato digestivo.


Las medicinas y servicios debían llegar a clínicas comunitarias de los municipios con mayor pobreza, como Coatetelco o Xoxotla; Hospitales Generales, como el de Cuernavaca o Jojutla, y de especialidades, como el Hospital del Niño Morelense, de la Mujer de Yautepec, o la Unidad Médica Especializada de Hemodiálisis. 

Los recursos que recibió esta red de empresas provenían del gobierno federal, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y de la compra consolidada que hizo el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), institución que sustituyó al Seguro Popular, programa transexenal eliminado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al acusar supuesta corrupción.

Animal Político buscó a Cuauhtémoc Blanco, Cristian Carmona, Héctor Barón y a las tres empresas involucradas para pedirles entrevista y aunque se les informó sobre cada uno de los hallazgos de la investigación, sólo Cristian Carmona declinó emitir postura, de los demás no se tuvo respuesta.

Cuauhtémoc Blanco, de futbolista a gobernador de Morelos

Cuauhtémoc Blanco no era político. Su experiencia se había concentrado en el futbol, con 22 años de carrera como jugador profesional e ídolo popular como capitán en la Selección Nacional en Mundiales y del equipo América. 

En 2015 ganó la presidencia municipal de Cuernavaca con el Partido Socialdemócrata y en 2018 se convirtió en gobernador de Morelos con la promesa de encarcelar a su antecesor, Graco Ramírez, por presuntos hechos de corrupción. Su discurso lo apoyó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien, previo a las elecciones del 2018, dijo: “Vamos a combinar ‘la cuauhtemiña’ con la ‘pejemoña’ para golear y banquear, el primero de julio, al equipo de los malandros”.

Al concluir su periodo en agosto de 2024, Blanco enfrentó numerosos señalamientos de presuntos hechos de corrupción. Funcionarios del gobierno de Margarita González, su sucesora, han encontrado irregularidades en la Comisión Estatal de Seguridad, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Obras, el Fondo para la Competitividad y el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo.

Actualmente es diputado plurinominal por Morena y, pese a la acusación de abuso sexual en contra de su media hermana, la mayoría de su partido, Morena, impidió su desafuero, lo que le permitió evadir el proceso judicial. 

La red de empresas

Tres personas que han formado parte de Farmacéutica Medikamenta S.A. de C.V., propiedad de Joan Christian Carmona Barón, también han estado en las empresas Santek Health, Comercializadora Manhos y C&M Distribuidora de Medicamentos, la red que recibió los contratos del gobierno de Blanco. 

Una de ellas es Josefina Mayela Márquez Salcedo, socia directa de Carmona Barón. Ambos constituyeron Farmacéutica Medikamenta en febrero de 2018 y en enero de 2020 crearon  la empresa Dirección y Administración de Salud. También fue representante legal de C&M Distribuidora de Medicamentos, según consta en el padrón de proveedores del 2024 de la Secretaría de Salud del estado de Guerrero.


En tanto, Yomalli Bahena Campos firmó como representante de Medikamenta en un proceso de contratación de Chihuahua en 2022, y aparece como accionista de Comercializadora Manhos. En 2023 se enlistó como representante legal de la misma en el padrón de proveedores de Chihuahua, registrando como contacto un correo de Santek Health.

Otro vínculo es Óscar Velazco Arce, accionista de Santek Health hasta 2024, y quien firmó como apoderado legal de Farmacéutica Medikamenta en un contrato con el Instituto Chihuahuense de Salud en 2022.

Mientras que Edgar Omar García Díaz, apoderado legal para actos de administración de Santek Health y Comercializadora Manhos desde 2024, se registró en el padrón de proveedores de Chihuahua en 2024 y 2025 como representante de Comercializadora Manhos con un correo de Santek Health.

Gobierno de Morelos paga y no recibe los servicios médicos

Santek Health S.A. de C.V., Comercializadora Manhos S.A. de C.V.  y C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación S.A. de C.V. fueron creadas entre 2019 y 2022, respectivamente, y a los pocos meses de operación comenzaron a recibir contratos millonarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Las tres empresas firmaron contratos por 1 mil 161 millones de pesos, en montos máximos. Sin embargo, hubo irregularidades en las asignaciones. 

Comercializadora Manhos S.A. de C.V., fue constituida el 26 de marzo de 2022. Recibió su primer contrato por adjudicación directa siete meses después de su creación para dar mantenimiento a equipo médico.

Siete meses más tarde recibió un segundo contrato por el mismo servicio, y en febrero de 2025, la Auditoría Superior de la Federación reveló que no hubo evidencia de que la compañía haya cumplido con el segundo contrato.

Santek Health S.A. de C.V. tuvo una historia parecida. Fue constituida el 23 de agosto de 2021. A cuatro meses de su creación recibió su primer contrato por adjudicación directa para dar el servicio integral de anestesia en hospitales, que incluía proveer equipo, insumos, e incluso recursos humanos.

Un año después, la compañía recibió un segundo contrato similar. En febrero de 2025, la Auditoría exhibió que Servicios de Salud de Morelos no entregó pruebas de que se hubieran realizado los 11 mil servicios de anestesias pagados en dicho contrato. 

Simulación de competencia y contratos recibidos sin objeto social

A estas contrataciones recurrentes se suma la competencia simulada entre las mismas empresas en procedimientos de contratación.

Servicios de Salud de Morelos invitó a Santek Health y Comercializadora Manhos a participar en los procedimientos de contratación 006-22-ADQ y 008-22-ADQ. Un documento obtenido mediante solicitud de información muestra que ambas empresas también participaron en las licitaciones de los contratos SSM/ADQ/010/2023 y SSM/ADQ/011/2023. 

En estos procedimientos Santek Health obtuvo contratos por 2 millones 920 mil pesos, mientras Comercializadora Manhos tuvo tres por 8 millones 53 mil pesos.


Estos contratos fueron para la adquisición de material de limpieza, material de laboratorio, productos químicos, accesorios y suministros médicos para el Laboratorio Estatal de Salud Pública, para el Departamento de Epidemiología y para el Departamento de Salud Reproductiva de la Infancia y la Adolescencia.

Aunado a esto, las dos compañías recibieron contratos por servicios que no estaban contemplados en sus objetos sociales, es decir, en la lista de actividades económicas que podían realizar.


El 22 de mayo de 2023, Santek Health añadió a su objeto social que podía dar servicios de anestesia y de cirugías de mínima invasión, sin embargo, para ese entonces ya había recibido cuatro contratos por los que podría recibir hasta 110 millones de pesos. 

Por su parte, Comercializadora Manhos agregó a su objeto social el 6 de febrero de 2024 que podía prestar servicio de mantenimiento preventivo correctivo a equipo médico, aunque para esa fecha ya había recibido dos contratos de hasta 162 millones de pesos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Gobierno debe 40 mil mdp a farmacéuticas; en proceso de pago, dice Sheinbaum

Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), atribuyó el desabasto de medicamentos en hospitales del país a la deuda estimada en 40 mil millones de pesos que mantiene el Gobierno Federal con las farmacéuticas y problemas de logística.

En declaraciones a medios nacionales, el dirigente empresarial expuso que un censo validado por la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) con poco más de 50 laboratorios, tenía el registro de adeudos que superan los 20 mil millones de pesos, “pero cuando se analiza el monto total de otros laboratorios, se estima que el monto está por arriba de los 40 millones de pesos”.

Pese a que las bases de la licitación dicen que se va a pagar en máximo seis meses, “estamos viendo que están tardando hasta un año y medio en pagarles”, señaló.

Devlyn dijo que además de la deuda del gobierno los almacenes de Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) “están llenos”, lo que ha impedido que las empresas puedan concretar las entregas.

La declaración del ejecutivo ocurrió luego de que se diera a conocer que 32 empresas que participaron en la compra consolidada 2025-2026 han tenido retrasos en la entrega de medicamentos e insumos médicos al sistema de salud público.

Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “no hay ningún problema para pagar las deudas. Se está haciendo una revisión y hay pláticas con todas las empresas para ver la manera en que se van a ir saldando las deudas, sobre todo de 2024, que todavía hay algunos pagos que se tienen que hacer”.

A propósito de las declaraciones de Devlyn, aseguró: “Cuando te comprometes, ganas una licitación y tiempos de entrega, tienes que cumplir con el contrato que estableciste con el Gobierno de México, con alguna de las instituciones de salud, independientemente de la deuda”.

Sin precisar el monto que adeuda el Gobierno Federal ni la razón de ello, la mandataria afirmó que “sí se va a pagar la deuda, pero ellos también tienen tiempos de entrega de los medicamentos”.

Por otro lado, Sheinbaum Pardo explicó que la adquisición de medicamentos procedentes de la India y China se debe a que “hay muchísimos medicamentos que no se producen en México” y 80 por ciento de las bases para fabricar los medicamentos más comunes están en la India.

Para la compra consolidada del próximo año, se dará una calificación mayor a quien tenga plantas en México, aunque no sea del medicamento que se adquiere, pero sea algún otro medicamento para fortalecer el Plan México, indicó en su conferencia matutina.

A pregunta expresa de una reportera sobre una manta colocada en el cerco del Hospital General de Mexicali el 22 de septiembre en la que se leía: “SEÑOR RUSO. Dejando en claro quién tiene el poder en Mexicali queremos pedirle su apoyo para surtir el hospital de insumos y medicamentos y así dejar claro que usted no tiene nada que ver con el desvío de recursos y mal uso del erario público manejado por la gobernadora Marina del Pilar AO” [sic], Sheinbaum Pardo indicó que será “en todo caso” el Gabinete de Seguridad el que tendrá que contestar, con base en la investigación, cuál es el origen de la manta.

Aseguró que el abasto de medicamentos y centros de salud “está por encima del 90 por ciento”, y que en caso de que falte un medicamento hay esquemas para completarlo; “y no hay ningún conocimiento de algún mal manejo en el estado de Baja California”, añadió.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JULIETA ARAGÓN.