En un lapso de apenas un mes (de mayo a junio de 2025), Pemex registró ante autoridades aduanales la salida a Cuba de 39 embarques de hidrocarburos con valor superior a los 850 millones de dólares, que equivale a alrededor de 16 mil millones de pesos.

Ese monto es cercano al valor del petróleo que Pemex reportó haber enviado a la isla en los dos años previos: 1,000 millones de dólares de julio de 2023 a septiembre de 2024.

Los registros de plataformas de comercio exterior, como Veritrade, muestran que entre el 29 de mayo y el 27 de junio de 2025 se registró ante aduanas el envío a Cuba de 10 millones 230 barriles de petróleo crudo y 132.5 millones de litros de productos identificados como turbosina, aceite diésel y gasolina regular. Estas operaciones se realizaron a través de Gasolinas del Bienestar SA de CV, filial de Pemex creada para exportar hidrocarburos a la isla.

Los cargamentos de petróleo a Cuba continuaron en julio de 2025, según consta en rastreos de seguimiento satelital consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Además, un registro satelital muestra que este lunes 11 de agosto el barco petrolero Sandino, de bandera cubana, permanecía anclado frente a la terminal marítima que Pemex tiene en la Laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos, desde donde se cargan los embarques de petróleo y sus derivados. El buque había zarpado del puerto de La Habana el pasado 27 de junio.

ORIGEN DE LA PUBLICACIÓN: https://contralacorrupcion.mx/pemex-incrementa-envio-de-combustible-subsidiado-a-cuba/

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD.

Debido a que ya se va, el magistrado Edgar Humberto Muñoz Grajales no quiso esperar a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer el caso y dar carpetazo. De esa manera, un tribunal colegiado rechazó por mayoría los amparos interpuestos por el periódico Vanguardia y aprobar el embargo de bienes por un supuesto adeudo mercantil.

De acuerdo con el medio de comunicación, el embargo favorece a los intereses del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, quien hasta ahora no se ha pronunciado.

Sin embargo Muñoz Grajales señaló que fue un crédito tramitado para una remodelación y García de la Fuente complementó que también fue para una reestructura “que sí se hizo” y que no se trata de una institución bancaria y se entregó un certificado de la liberación de los recursos, pero Treviño de la Garza reiteró su postura de que sí se están violando los derechos de los promoventes del amparo.

“Me llama la atención que la parte quejosa señala que la Sala Civil tuvo que presumir cuándo se entregó, según esto, cómo se dispuso de las cantidades que fue el 7 u 8 de diciembre de 1994, pero se tenía que dar el aviso por parte del banco. No bastaba la inscripción en el Registro Público de la escritura pública; ése era un requisito, pero había otro independiente conforme al clausulado del contrato y que era el aviso y este aviso se está presumiendo, no está demostrado, y por ello es que reitero que con hay una ejecutividad por parte del título ni en sus anexos, los cuales tienen contradicciones en cuanto a fecha de disposición y otros que se manejen por concepto de violación”.

El viernes 15, el periódico Vanguardia señaló en su ejemplar impreso y espacios digitales insiste que el caso fue fabricado para favorecer a Moreira Valdés.

“Hoy en Vanguardia atravesamos por uno de esos momentos en los cuales el ejercicio del periodismo crítico pasa factura. Un tribunal federal, colocado de espadas al ideal de justicia que debiera animar su actividad, pero comprometido con los intereses personales de un exgobernador de Coahuila, dictó en nuestra contra la sentencia de última instancia, en un caso mercantil construido de forma artificial con el único propósito de golpearnos económicamente y, de forma ulterior, silenciarnos”.

También reitera que fue una sesión vergonzante para el sistema judicial, porque se avaló un criterio deformado para construir la demanda mercantil y en eso participó el Poder Judicial de Coahuila. La derrota judicial los lleva a perder bienes materiales, pero no el compromiso de hacer periodismo, publicó el diario en su postura.

El cambio en la política de seguridad de Donald Trump frente a su vecino del sur fue evidente desde el día que tomó posesión por segunda vez como presidente de Estados Unidos. Ese 20 de enero último el republicano firmó una avalancha de órdenes ejecutivas entre las cuales destacaba la que declaró un estado “de emergencia nacional” en la frontera con México. Eso implicó el envío masivo de tropas a la franja limítrofe.

En los cinco meses que han pasado desde entonces el Pentágono cuadruplicó el número de militares emplazados para custodiar la línea divisoria binacional, que hoy llegan a 10 mil y cuentan con equipo de combate y vigilancia transfronteriza como helicópteros Black Hawk, drones espía Predator B y unos 100 vehículos Stryker todoterreno que fueron usados en las guerras en Irak y Afganistán.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció 10 millones de dólares de recompensa por información que lleve a la captura y condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

En su cuenta oficial de X, la dependencia de seguridad estadunidense ofreció ayer esa medida y advirtió sobre su “peligrosidad”, pese a su mirada “ardiente” o “intensa”.

Antes de dejar sus puestos en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para asumir funciones en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), magistrados electos intentaron mantener en sus puestos a 87 juzgadores federales, aunque en un juzgado o tribunal diferente, a pesar de que entre ellos estaban candidatas y candidatos que participaron en la pasada elección judicial y que perdieron al no obtener los votos suficientes de la ciudadanía. 

La intención de mantener a estos juzgadores dentro del llamado “nuevo” Poder Judicial de la Federación (PJF) provino de la Comisión de Adscripción que está conformada por la consejera Celia Maya -quien presidirá el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que sustituirá en parte de sus funciones al CJF- y el consejero Bernardo Bátiz -quien preside actualmente la Comisión y resultó electo también como magistrado del TDJ-; así como el consejero Sergio Molina, quien compitió para ser ministro de la Corte y perdió. 

Lo anterior ocurrió incluso pasando por alto lo estipulado en los artículos segundo y décimo transitorios del decreto de reforma judicial, publicado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que estableció en la Constitución que las personas juzgadoras que actualmente desempeñan un cargo serían sustituidas por las personas que resultaran electas, tomando protesta de su cargo ante el Senado el 1 de septiembre de 2025.

La semana pasada, la Comisión de Adscripción presentó ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) -órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los juzgados y tribunales federales del país que desaparecerá producto de la reforma judicial- una propuesta cuyo objetivo era analizar los perfiles de 87 personas juzgadoras para adscribirlas a diversos órganos jurisdiccionales del país.

Como segundo problema grave, la consejera acusó un “trato desigual entre los solicitantes”, pues las propuestas no incluían, por ejemplo, a todas las personas juzgadoras que solicitaron permanecer hasta 2027 incluso por situaciones extremas, solicitudes que en su momento fueron rechazadas. 

Aunque la consejera no puso en duda a las personas que aparecieron en la lista, señaló que la selección se realizó a partir de nombres solicitados por una integrante de la Comisión a consejeros afines a la propuesta. 

Como tercer y último problema, la consejera señaló que se pretendía tomar una decisión “sin convicción y consenso”, pues al no existir un dictamen técnico ni acuerdo sobre la situación se generó una “situación de inoperancia del voto”. 

En estos casos, lo usual es retirar el asunto para estudiarlo posteriormente, pero al rechazarse esta petición, señalando que “el conocimiento personal de las 87 personas juzgadoras era suficiente para proceder”, la votación quedó en vilo. 

“La lista de personas beneficiadas con el cambio fue mostrada únicamente a quienes votarían a favor, a las restantes consejeras no se nos informó sobre la situación particular de cada juez y/o magistrada, lo que derivó que en la votación final no se alcanzara la mayoría calificada que requiere de cinco votos a favor, pues la votación cerró con 4 votos a favor y 3 en contra”. 

Luego de la resolución del Pleno del CJF, el periódico La Jornada entrevistó a la consejera Maya que aseguró que la mayoría calificada no se alcanzó “no porque se considerara una mala idea, lo que pasó es que unos pensaron que no se puede hacer la designación porque la reforma es tajante y dice que los que pierden se retiran. Yo creo que no es así”.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para detener a Zhi Dong Zhang, presunto narcotraficante de origen chino que operaba con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dong Zhang fue detenido en octubre de 2024, pero se fugó de prisión domiciliaria el pasado 11 de julio de este año en la Ciudad de México. Está acusado por tráfico de drogas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Publica Ciudadana (SSPC), es señalado por autoridades estadounidenses por tener alianzas con otras organizaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa.

En su segundo periodo como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en menos de un año, ya recibió a 50 líderes criminales de alto perfil y ha impuesto sanciones contra integrantes y redes financieras de al menos cuatro organizaciones criminales.

La ofensiva combina la designación de cárteles como organizaciones terroristas, la oferta de recompensas millonarias y la inmovilización de activos.

El pasado 12 de agosto, México entregó a 26 presuntos líderes criminales a Estados Unidos, por motivos de seguridad nacional, entre los nombres de las personas entregadas al Departamento de Justicia de EU, destacan Abigael González Valencia, líder del grupo criminal conocido como “Los Cuinis”; Servando Gómez, “La Tuta”, los exlíderes de “Los Caballeros Templarios”; Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, importantes miembros del equipo de seguridad de “Los Chapitos”; y Juan Carlos Félix Gastelum, también conocido como “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, entre otros.

En exigencia al gobierno y para que hayan condiciones de seguridad, organizaciones civiles y empresariales lanzaron una convocatoria para una marcha el domingo 7 de septiembre en la capital de Sinaloa, afectada desde hace casi un año por la violencia provocada por el choque de facciones rivales del crimen organizado.

En rueda de prensa, el chef y activista Miguel Taniyama mencionó que este tipo de manifestaciones son urgentes y sirven para visibilizar la crisis de inseguridad que se vive en la ciudad y que ha costado el cierre de negocios y pérdidas de empleos en la ciudad.

El gobierno del estado de Jalisco reconoció por primera ocasión su “responsabilidad institucional en la violación de los derechos humanos de víctimas directas e indirectas de las desapariciones”, en específico por un caso de desaparición en el que hay 4 víctimas involucradas ocurrido hace 15 años, el 30 de septiembre de 2010. 

El reconocimiento se realizó en cumplimiento de la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que acreditó violaciones al derecho a la justicia, a la verdad, y a la integridad personal, atribuibles a servidores públicos de los estados de Jalisco y Zacatecas, ya que las víctimas desaparecieron en las fronteras estatales de estos estados.

En menos de 48 horas, las fuerzas federales y estatales tomaron el control de la seguridad pública del municipio de Putla Villa de Guerrero y detuvieron a cuatro policías y asegurar armas irregulares en la comandancia, informó la Fiscalía General de Oaxaca. 

En conjunto con las secretarías de la Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Centro de Control, Comando y Comunicación (C4), implementaron la Operación Sable en Putla Villa de Guerrero, donde tomaron el control de la seguridad de dicho municipio.

En siete meses del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos ha recibido de México a más de 50 líderes criminales de alto perfil y ha impuesto sanciones contra integrantes y redes financieras de al menos cuatro organizaciones criminales. La ofensiva combina la designación de cárteles como organizaciones terroristas, la oferta de recompensas millonarias y la inmovilización de activos.

El gobierno de Donald Trump ha puesto en el centro de su estrategia un énfasis creciente en extradiciones o entregas exprés de capos y medidas económicas que buscan cortar fuentes de financiamiento, desde el narcotráfico hasta el fraude a turistas estadounidenses. Todo eso mientras mantiene las presiones arancelarias y comerciales sobre México.

En este contexto, en un hecho inédito, en febrero pasado, el gobierno de México entregó a 29 capos, entre ellos Rafael Caro Quintero. Pero el pasado 12 de agosto, en un hecho similar, otros 26 narcos fueron enviados, incluido Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, y Abigael González Valencia, “El Cuini”.

El pasado 12 de agosto, México entregó a 26 presuntos líderes criminales a Estados Unidos, por motivos de seguridad nacional, entre los nombres de las personas entregadas al Departamento de Justicia de EU, destacan Abigael González Valencia, líder del grupo criminal conocido como “Los Cuinis”; Servando Gómez, “La Tuta”, los exlíder de “Los Caballeros Templarios”; Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, importantes miembros del equipo de seguridad de “Los Chapitos”; y Juan Carlos Félix Gastelum, también conocido como “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, entre otros.

El 13 de agosto, un dron estadounidense sobrevoló el municipio de Tejupilco, Estado de México, para apoyar investigaciones de autoridades locales contra grupos de extorsionadores. El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que el vuelo fue solicitado y que no se trató de una operación militar como se había especulado.

Tras el asesinato de un adolescente de 15 años en la comunidad de Juntas del Humaya, Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que sí existen casos de menores reclutados por grupos criminales en Sinaloa, aunque —dijo— no de forma generalizada.

Rocha señaló que su administración trabaja en acciones para evitar que adolescentes sean cooptados por organizaciones delictivas, asegurando que uno de los ejes es atender la pobreza y la falta de oportunidades.

El caso que originó estas declaraciones ocurrió el pasado 14 de agosto, cuando sujetos armados ingresaron por el patio a una vivienda en Juntas del Humaya y dispararon contra un joven de 15 años, quien murió en el lugar. De acuerdo con autoridades de seguridad, la víctima presentaba impactos de arma de fuego en cabeza y tórax.

Se trataba de Pavel N, de 15 años de edad y de quien, de acuerdo a testimonios de familiares, se dijo que el joven presentaba autismo.

Menores son reclutados por el narco

Más de 40 empresas de seguridad privada, que formaban parte del padrón heredado por el exgobernador y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, operaban en Morelos sin los permisos correspondientes, informó Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

“La administración anterior entregó un padrón de 183 empresas de seguridad privada. Después de revisar los expedientes, constatamos que 43 empresas no contaban con el permiso vigente para operar en Morelos”, detalló el secretario.

México y Guatemala admiten la necesidad de reforzar la respuesta contra el crimen organizado en la frontera, la repatriación directa de migrantes, así como la conexión con el Tren Maya entre ambos países e incluir a Belice. 

En un mensaje conjunto la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Bernardo Arévalo abordaron los temas que van a colaborar.

Durante la gestión de Carlos Alberto Treviño Medina como director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya detenido en Estados Unidos por el caso Odebrecht (de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum), el huachicol alcanzó niveles que no se habían visto en años previos, así los confirman reportes enviados  entre 2017 y 2018 por la petrolera a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

“En los últimos años hemos experimentado un incremento en el robo y el comercio ilegal de los combustibles que producimos”, reconoce Pemex en el documento de 2018.

También fue implicado Eduardo León Trauwitz, general responsable de combatir este delito desde la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex. 

León Trauwitz, hoy radicado en Canadá y bajo proceso legal para su extradición, presentó durante su gestión documentos internos que buscaban posicionar a la petrolera como víctima de la expansión de la delincuencia organizada. 

Incluso, en el libro blanco sobre la “Estrategia de salvaguardia” de Pemex 2012-2018, la oficina a su cargo sostuvo que el incremento del huachicol entre 2016 y 2017 “estaba proyectado” y que posteriormente comenzaría a disminuir.

Carrera marcada por la alta administración