El presidente Donald Trump ha firmado en secreto una directiva dirigida al Pentágono para que comience a utilizar la fuerza militar contra determinados cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno ha considerado organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto.
La decisión de implicar al ejército estadounidense en la lucha es el paso más agresivo dado hasta ahora en la intensificada campaña del gobierno contra los cárteles. Señala la voluntad continuada de Trump de utilizar fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad policial para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales.
La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles.
Funcionarios militares estadounidenses han empezado a elaborar opciones sobre la forma en que el ejército podría perseguir a los grupos, dijeron las personas familiarizadas con las conversaciones, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las delicadas deliberaciones internas.
Pero ordenar a los militares que tomen medidas enérgicas contra el tráfico ilícito también plantea cuestiones jurídicas, entre ellas si se consideraría “asesinato” el hecho de que las fuerzas estadounidenses que actúan fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso mataran a civiles —incluso a sospechosos de delitos— que no representan una amenaza inminente.
No está claro qué han dicho los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado sobre la nueva directiva, ni si la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Justicia ha emitido una opinión autorizada que evalúe las cuestiones jurídicas.
Este año, Trump ya ha desplegado a la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera suroeste para cortar el flujo de drogas y de migrantes, y ha incrementado la vigilancia y los esfuerzos de interceptación de drogas.
Cuando volvió al poder en enero, Trump firmó una orden por la que ordenaba al Departamento de Estado que empezara a etiquetar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.
Trump se ha centrado especialmente en las organizaciones venezolanas y mexicanas. En febrero, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua, a la Mara Salvatrucha (conocida como MS-13) y a varias otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras, y afirmó que constituían “una amenaza para la seguridad nacional más allá de la que plantea la delincuencia organizada tradicional”.
Hace dos semanas, el gobierno de Trump incluyó al Cartel de los Soles venezolano en una lista de grupos terroristas globales especialmente designados, y afirmó que el cartel está dirigido por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos cargos de su gobierno.
El jueves, los Departamentos de Justicia y de Estado anunciaron que el gobierno de Estados Unidos duplicaba la recompensa —hasta 50 millones de dólares— por información que condujera a la detención de Maduro, quien ha sido imputado por cargos de narcotráfico. El gobierno volvió a describirlo como jefe de un cártel, y la fiscala general Pam Bondi dijo que “no escapará a la justicia y tendrá que rendir cuentas por sus despreciables crímenes”.
Al preguntarle sobre la autorización de Trump para emplear la fuerza militar contra los cárteles, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, dijo en un correo electrónico que “la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, y por eso dio el audaz paso de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras”.
El Departamento de Defensa declinó hacer comentarios sobre la nueva directiva.
Los ataques militares unilaterales contra los cárteles supondrían una notable escalada en la larga campaña para frenar el narcotráfico, al situar a las fuerzas estadounidenses en un papel de liderazgo en primera línea contra organizaciones a menudo bien armadas y financiadas. Una campaña sostenida probablemente también plantearía otras cuestiones relacionadas con el intento de Trump de utilizar al ejército de forma más agresiva para respaldar una serie de sus políticas, a menudo frente a limitaciones legales y constitucionales.
En el pasado, la participación militar estadounidense en operaciones antidroga en América Latina ha superado ocasionalmente los límites legales. Pero esas operaciones se enmarcaron como apoyo a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
En 1989, el presidente George H. W. Bush envió más de 20.000 soldados a Panamá para detener a su caudillo, Manuel Noriega, quien había sido imputado en Estados Unidos por tráfico de drogas.
Antes de la operación, William Barr, que entonces dirigía la Oficina del Asesor Legal y fue fiscal general en el primer mandato de Trump, redactó un controvertido memorando en el que afirmaba que Bush tenía autoridad para ordenar detenciones de fugitivos en el extranjero sin el consentimiento de Estados extranjeros. La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó la acción de Panamá como una “flagrante violación del derecho internacional”.
En la década de 1990, el ejército estadounidense ayudó a las fuerzas de seguridad antidroga colombianas y peruanas al compartir información —como datos de radar e intercepciones de comunicaciones— sobre vuelos civiles sospechosos de transportar drogas. Pero después de que esos gobiernos empezaran a derribar esos aviones, el gobierno de Bill Clinton interrumpió en 1994 la ayuda durante meses.
La Oficina del Asesor Legal emitió un dictamen en el que afirmaba que los oficiales militares que facilitaban esa información a sabiendas de que se utilizaría para derribar sumariamente esas aeronaves podían correr el riesgo de ser procesados posteriormente. Finalmente, el Congreso modificó la legislación estadounidense para permitir dicha ayuda.
Y la Marina lleva mucho tiempo participando en la intercepción de buques en aguas internacionales sospechosos de contrabando de drogas hacia Estados Unidos. Pero los barcos navales suelen hacerlo como una operación de aplicación de la ley, y trabajan bajo el mando de un oficial de la Guardia Costera estadounidense. En virtud de una ley de 1878 llamada Ley Posse Comitatus, en general es ilegal utilizar a los militares para realizar funciones policiales.
El ejército estadounidense también ha realizado ejercicios conjuntos de entrenamiento antidroga con otros países, entre ellos con soldados colombianos y mexicanos. El ejército también proporcionó equipos y aviones a antiguos escuadrones de la Administración de Control de Drogas que actuaron como mentores y se desplegaron con —y a veces se enzarzaron en tiroteos junto a— oficiales antidroga locales en países como Honduras. El programa finalizó en 2017.
Pero la nueva directiva de Trump parece prever un enfoque diferente, centrado en que las fuerzas estadounidenses capturen o maten directamente a las personas implicadas en el tráfico de drogas.
Etiquetar a los cárteles como grupos terroristas permite a Estados Unidos “utilizar otros elementos del poder estadounidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, lo que sea, para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad de hacerlo”, dijo el jueves Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, en una entrevista con el medio católico EWTN. “Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no como simples organizaciones de narcotraficantes”.
Los especialistas jurídicos dijeron que, según la legislación estadounidense, imponer sanciones a un grupo al declararlo entidad “terrorista” puede bloquear sus activos y dificultar que sus miembros hagan negocios o viajen, pero no proporciona autoridad legal para operaciones de tipo bélico dirigidas contra él con la fuerza armada.
En su primer mandato, Trump quedó cautivado por la idea de bombardear laboratorios de drogas en México, una idea que su secretario de Defensa de entonces, Mark Esper, calificó posteriormente de ridícula en sus memorias, y que provocó la indignación de las autoridades mexicanas.
Sin embargo, la idea de utilizar la fuerza militar arraigó entre los republicanos y se convirtió en tema de conversación en el ciclo electoral de 2024. Trump prometió en campaña desplegar tropas de Operaciones Especiales y fuerzas navales para, según dijo, declarar la guerra a los cárteles.
El contralmirante retirado James E. McPherson, quien fue el principal abogado uniformado de la marina a principios de la década de 2000, dijo que sería “una violación grave del derecho internacional” utilizar la fuerza militar en territorio de otro país y sin el consentimiento de su gobierno, a menos que se cumplieran ciertas excepciones, pero que tales límites no se aplican a los buques sin bandera en aguas internacionales.
También existen limitaciones legales internas. El Congreso autorizó legalmente el uso de la fuerza militar contra Al Qaeda tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero esa autorización no se extiende a todos y cada uno de los grupos que el poder ejecutivo denomina terroristas.
Eso significa que la acción militar contra los cárteles aparentemente tendría que basarse en la afirmación de la autoridad constitucional de Trump para actuar en defensa propia nacional, quizá contra las sobredosis de fentanilo. El almirante McPherson señaló que el gobierno ha impulsado agresivamente interpretaciones amplias del poder unilateral de Trump.
No está claro qué normas de combate regirían la acción militar contra los cárteles. Pero cualquier operación que se propusiera matar a personas por su presunta condición de miembros de un cártel sancionado, y fuera del contexto de un conflicto armado, plantearía cuestiones jurídicas relacionadas con las leyes contra el homicidio y una orden ejecutiva de larga data que prohíbe los asesinatos, dijo Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado y especialista en leyes de guerra.
“Según la legislación tradicional del poder ejecutivo, sería difícil que un narcotraficante cualquiera cumpliera los requisitos para la excepción de defensa propia de la prohibición de asesinato”, dijo.
Como alternativa, el ejército podría llevar a cabo operaciones de captura, y reservar la fuerza letal para la defensa propia si los soldados encontraran resistencia.
Pero las capturas podrían plantear otras cuestiones jurídicas delicadas, añadió Finucane, como el alcance de la capacidad del ejército para retener prisioneros como detenidos en tiempo de guerra sin autorización del Congreso. O, en su lugar, el ejército podría transferir a cualquier prisionero al Departamento de Justicia para su procesamiento en un tribunal civil.
En febrero, el Secretario de Defensa Pete Hegseth despidió a los principales abogados de los servicios militares, o auditores generales militares. Se supone que estos abogados uniformados de tres estrellas deben asesorar de forma independiente y apolítica sobre las leyes internacionales de la guerra y las limitaciones legales internas de las fuerzas armadas.
El gobierno también ha marginado en gran medida a la Oficina del Asesor Legal, la rama del Departamento de Justicia que tradicionalmente actúa como un poderoso guardián del gobierno estadounidense, entre otras cosas al decidir si las políticas propuestas son legalmente permisibles.
A finales del mes pasado, el Senado confirmó a Earl Matthews como asesor general del Pentágono, y a T. Elliot Gaiser para dirigir la Oficina del Asesor Legal. La interpretación de lo que sería legalmente permisible en términos de uso de la fuerza militar contra los cárteles puede ser una primera prueba para los dos recién nombrados.
El impulso para etiquetar a los cárteles como organizaciones terroristas se ha extendido a varios que tienen su base en México, así como a una coalición de bandas haitianas que han contribuido a sumir a su país en el caos.
En abril, Trump propuso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que permitiera al ejército estadounidense combatir a los cárteles de la droga en territorio de su país, pero ella rechazó la idea.
Al anunciar hace dos semanas que iba a imponer sanciones al grupo venezolano Cártel de los Soles, el Departamento del Tesoro acusó al cártel de proporcionar apoyo material al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa en México, de los que dijo que, a su vez, “amenazaban la paz y la seguridad de Estados Unidos”.
Dos días después, Rubio emitió una declaración en la que acusaba a Maduro de robar las elecciones y afirmaba que no era el presidente de Venezuela y que su “régimen no es el gobierno legítimo”.
“Maduro es el líder de la organización narcoterrorista designada Cártel de los Soles, y es responsable del tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa”, dijo Rubio. “Maduro, actualmente imputado por nuestra nación, ha corrompido las instituciones de Venezuela para ayudar al plan criminal de narcotráfico del cártel hacia Estados Unidos”.
La cuestión de cómo combatir a los cárteles que trafican con drogas, personas y otros bienes ilícitos ha animado gran parte de la política interior y exterior de Trump en su segundo mandato.
En un principio, Estados Unidos intensificó los vuelos secretos de drones sobre México para cazar laboratorios de fentanilo, según funcionarios estadounidenses.
El programa encubierto se inició bajo el gobierno de Joe Biden, pero se intensificó bajo el de Trump cuando éste y su director de la CIA, John Ratcliffe, prometieron una acción más agresiva contra los cárteles mexicanos.
La CIA no ha sido autorizada a utilizar los drones para emprender acciones letales, y los funcionarios no prevén emplear esa opción. Por ahora, los agentes de la CIA en México pasan la información recogida por los drones a los funcionarios mexicanos.
Además de los esfuerzos de la CIA, el Comando Norte del ejército estadounidense también ha ampliado su vigilancia de la frontera. Pero el ejército estadounidense, a diferencia de la agencia de espionaje, no entra en el espacio aéreo mexicano. El Comando Norte ha realizado unos 330 vuelos de vigilancia sobre la frontera de Estados Unidos con México, utilizando diversos aviones de vigilancia, como U-2, RC-135 Rivet Joints, P-8 y drones, según funcionarios militares.
