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Desaparece adolescente de 17 años en Oaxaca; madre teme que haya sido raptada

De acuerdo con organizaciones, durante la administración del gobernante Salomón Jara, al menos 900 jóvenes de entre 12 y 25 años han desaparecido en Oaxaca.

En Oaxaca, familiares y autoridades buscan a Ana Kareen López Velasco, joven mixteca de 17 años, quién fue vista por última vez el pasado 6 de julio, en la localidad Cerro Verde, San Miguel Huautla, Oaxaca, perteneciente al distrito Asunción Nochixtlán.

Kareen vestía un suéter de color rojo con cierre al frente, una blusa negra y pantalón de mezclilla.

Su madre, Rosalía Velasco García, teme que su hija haya sido raptada bajo engaños de un supuesto trabajo en San Luis Potosí.

Acudió ante la Vicefiscalía en Nochixtlán, donde levantó una denuncia y posteriormente la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Oaxaca emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Ana Kareen.

Su madre explicó que desde su celular recibió mensajes muy raros, que no eran del modo de expresarse de la joven.

Agregó que posteriormente recibió un audio desde su celular, pero fue eliminado enseguida, lo que no pudo escucharlo.

De acuerdo con agrupaciones sociales, en lo que va de la administración del morenista Salomón Jara Cruz, al menos 900 jóvenes entre 12 y 25 años de edad han desaparecido en Oaxaca, por lo que señalaron esto es un signo de alerta que aún no se atiende.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.

La caída de los “Augustos”

Dos fueron los principales contrincantes en la interna de Morena que tuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, antes de salir airosa con la candidatura en sus manos: Adán Augusto López Hernández, quien había sido secretario de Gobernación, y Marcelo Ebrard Casaubón, que venía de la secretaría de Relaciones Exteriores.

Aunque tuvo más competidores, entre ellos Ricardo Monreal Ávila, hasta el verdecologista Manuel Velasco, y el petista Gerardo Fernández Noroña, casi con todos logró conciliar Sheinbaum cuando era candidata. Los premios de consolación incluían escaños en las cámaras legislativas federales para todos: Ebrard, López, Fernández y Velasco como senadores de la República, y Monreal como diputado federal.

De entre todos ellos, tres han respetado el acuerdo con la Presidenta Sheinbaum y aceptado su posición sin estorbar y sumándose a los designios desde Palacio Nacional: Velasco, Fernández Noroña, y Ebrard Casaubón, quien, de hecho, a pesar de haber sido el más reacio a aceptar inicialmente el triunfo de Claudia Sheinbaum en la interna de Morena, rápidamente reculó y fue nombrado secretario de Economía del Gobierno de la República.

Sin embargo, con Adán Augusto López y Ricardo Monreal Ávila no sucedió lo mismo; ambos personajes, especialmente el primero, creyeron que, a pesar de la pobre votación que obtuvieron en la interna, representaban cada uno un grupo de poder, un contrapeso de Morena en relación a la Presidencia de la República.

Adán Augusto López se mareó en su propia ola del tsunami lopezobradorista, y se creyó poderoso. Comenzó a impulsar a un grupo dentro del partido, y a ejercer el poder que creía tener al ser nombrado, como premio de consolación, senador y líder de la bancada de Morena en la Cámara Alta.

La soberbia de Adán Augusto lo llevó a ser el artífice de la maquinación político, jurídica, para extorsionar a los extorsionables e impunes Yunes, para dejar de perseguirlos a cambio de que votara Yunes Márquez a favor de la reforma judicial, traicionara al Partido Acción Nacional y se afiliara a Morena; todo esto en vivo y en directo y para conocimiento de todos los mexicanos.

Acostumbrado a una vida holgada, de relojes caros, camionetas último modelo, vuelos en aeronaves privadas y siendo generoso con su equipo y patrocinadores, aquellos empresarios que le han apoyado, como Fernando Padilla Farfán, quien ha recibido miles de millones de pesos no sólo del gobierno de Tabasco, sino de otros estados como Baja California, por la renta de unidades médicas, tal irregular bonanza alcanzó a la también senadora Andrea Chávez, quien, evidentemente confiada en el poder de López Hernández, le entró a las caravanas de salud, igual con Padilla Farfán, para hacer proselitismo adelantado en el estado de Chihuahua, el mismo en el que espera ser candidata en el 2027 al gobierno estatal.

Llegó a grado tal el exceso en la adelantada campaña de Chávez, que fue motivo discursivo para la Presidenta Claudia Sheinbaum, alejada de los excesos que caracterizan al exsecretario de Gobernación y a su equipo. “Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tiene que haber reglas. No se debe adelantar nada”, dijo en relación a las caravanas de Andrea Chávez en Chihuahua, al tiempo que hizo un llamado a ser un ejemplo.

Otra de las seguidoras de Adán Augusto López, la que de hecho lo apoyó en la interna contra la candidatura de Sheinbaum Pardo, y tiene contratados los servicios del empresario Fernando Padilla Farfán, es la gobernadora de Baja California, Marina Ávila Olmeda, quien a su vez ha caído en desgracia.

Tan reciente como el 10 de mayo pasado, la gobernadora morenista informó a través de sus redes sociales que el gobierno de los Estados Unidos le había revocado su visa de turista para entrar en ese país, al igual que a su esposo, Carlos Torres Torres. Cuando se desató la polémica debido al hecho que nunca antes en la historia del país, la Unión Americana le había revocado la visa de turista a un gobernador en funciones, la Presidenta Claudia Sheinbaum tardó días en posicionarse al respecto, o en “defender” a la gobernadora de Baja California. La única manera que había de rescatarla era una intervención de la mandataria nacional, pero esto no sucedió.

El tercero del grupo de poder al interior de Morena en caer fue el propio líder, Adán Augusto López, a quien dentro del consejo político del partido le reclaman la adhesión de los señalados como corruptos Yunes a Morena, y ahora piden, dentro y fuera del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador, que se separe del escaño en el Senado de la República, debido a la orden de aprehensión que existe contra quien fue su secretario de Seguridad cuando gobernó Tabasco: el prófugo de la justicia y con una ficha roja en la Interpol, Hernán Bermúdez Requena, identificado en investigaciones ministeriales como parte de la célula criminal La Barredora, adherida al Cártel Jalisco Nueva Generación.

De hecho, cuando en febrero de 2025, luego que en octubre de 2024 se iniciara una carpeta de investigación contra Bermúdez por ligas con el crimen organizado, éste se ocultó en el estado de Baja California, gobernado por la seguidora de Adán Augusto López, Marina Ávila, y desde Tijuana, comenzó un proceso legal para buscar un amparo contra la orden de aprehensión.

La lógica de Morena y de otras voces nacionales es que, al igual que Felipe Calderón Hinojosa fue señalado por los morenistas de cómplice, por lo menos, de su secretario de Seguridad, preso en los Estados Unidos, Genaro García Luna, justificando que “era imposible que no supiera de las actividades ilícitas de su colaborador”, Adán Augusto López Hernández está en esa misma situación.

Es imposible que no supiera de las actividades ilícitas, de las ligas con el narcotráfico, de quien fue su secretario de Seguridad, especialmente porque la relación entre Adán Augusto y Hernán data de 1992, y lo ha defendido en cualquier situación pasada, además que inmediatamente a dejar el gobierno de Tabasco por la Secretaría de Gobernación, López Hernández estuvo en una posición que debía saberlo todo. Como responsable de la política interior del país, no es admisible que no estuviese enterado de lo que sucedía en su propio estado.

Durante los primeros días posteriores al anuncio de la orden de aprehensión contra su exsecretario de Seguridad, Adán Augusto López se mantuvo escondido; después salió para asistir al consejo político de Morena, sólo para decir que se trataba de “politiquerías”, cuando tal adjetivo calificativo alcanza el accionar de la Presidenta Claudia Sheinbaum, dado que fue su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien confirma las ligas con el narcotráfico por parte de Hernán Bermúdez, la orden de aprehensión en su contra y la ficha roja en la Interpol para su captura en el extranjero.

El poder de Adán Augusto está cayendo, por sospechas de ligas de corrupción, de abusos, excesos y ahora relaciones con el Cártel Jalisco Nuevo Generación, por parte de quien fue su encargado de Seguridad en Tabasco; y con él, el poder de su grupo va en descenso, y el epicentro del colapso de los augustos, está en el centro del país, en Morena y en Palacio Nacional.

Adán Augusto López Hernández ya no es bien visto en el partido en el poder, y Ricardo Monreal Ávila va en el mismo camino, exhibido recientemente por los excesos en un viaje de lujo a España, con lo que se sumó de inmediato a la lista de morenistas criticados por la Presidenta de la República.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

A un año de la captura de “El Mayo” Zambada y una crisis de violencia, Sheinbaum se compromete a pacificar Sinaloa

Sheinbaum insistió que la estrategia de seguridad que ha implementado su gobierno va a dar resultados. Desde que se desató la violencia en Sinaloa se han registrado alrededor de mil 700 homicidios y 2 mil personas desaparecidas.

A un año de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, que detonó una crisis de violencia en el estado, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se está trabajando y se comprometió a “pacificar Sinaloa”.

“Estamos trabajando y vamos a pacificar Sinaloa, eso va a ser así, se trabaja todos los días. Cuando hay honestidad, estrategia y trabajo, hay resultados en Sinaloa y en todo el país. Por supuesto que se va a pacificar Sinaloa”, aseguró durante la conferencia matutina de este viernes.

Sheinbaum insistió que la estrategia de seguridad que ha implementado su gobierno va a dar resultados.

“Vamos a avanzar en la estrategia de seguridad, estoy convencida de que estamos haciendo lo correcto, lo estamos haciendo bien, están disminuyendo los homicidios y vamos a disminuir todos los delitos”, afirmó.

Asimismo, la mandataria insistió en la responsabilidad de Estados Unidos en la violencia que se desató en la entidad por la forma en que se dio la detención del narcotraficante.

“¿Qué provocaron? Pues lo que ha ocurrido durante este año”, dijo.

En reiteradas ocasiones, Sheinbaum ha solicitado a Estados Unidos que aclare cómo ocurrió la detención de “El Mayo” Zambada y su traslado, pero hasta la fecha no ha obtenido respuestas.

Además, insistió en que la colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos debe darse “sin injerencismos, sin subordinación”, y con respeto mutuo a las soberanías.
El inicio de la violencia en Sinaloa y lo que ha pasado

El 25 de julio de 2024, Sinaloa recibió atención internacional ya que fue asesinado uno de los más relevantes políticos locales, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y fue arrestado “El Mayo” Zambada. Los casos fueron revelados en diferentes horarios, y las indagaciones posteriores reunieron evidencia de que ambos estaban relacionados.

Semanas más tarde estalló una confrontación entre grupos criminales, una lucha por el control territorial entre dos facciones: la de Ismael Zambada y la de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con las autoridades locales y federales se trata de conflicto por una traición entre ambas facciones, marcada por el presunto secuestro de “El Mayo”.

En un año, van alrededor de mil 700 homicidios y alrededor de 2 mil personas desaparecidas; se han documentado más de 100 bloqueos carreteros, el incendio de más de 80 viviendas y negocios comerciales, el desplazamiento forzado de por lo menos 3 mil familias en la región serrana de Sinaloa que colinda con los estados de Durango y Chihuahua, el territorio conocido como “Triángulo Dorado”, según datos de Revista Espejo.

El gobierno federal mantiene un operativo con más de 10 mil elementos en las calles que incluye a la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal Preventiva, pero la violencia no ha parado.

La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que Culiacán, la capital de Sinaloa, es la ciudad en México donde los habitantes se sienten más inseguros, con el 90.8%.

En diciembre de 2023, la percepción era de 43.5% y en septiembre de 2024, cuando la violencia comenzó a subir en la capital, era de 55.7 %.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen a dos personas por secuestro de maestra en Veracruz; gobernadora dice que fallecimiento pudo ser por infarto

La maestra Irma Hernández Cruz fue secuestrada hace una semana y su cuerpo localizado el 24 de julio en un rancho del municipio de Álamo Temapache en Veracruz.

La Fiscalía de Veracruz detuvo a dos personas por el secuestro de la maestra jubilada, Irma Hernández, quien también trabajaba como taxista y su cuerpo fue hallado el 24 de julio.

“Como resultado de labores de investigación de gabinete y campo, las fuerzas de seguridad en coordinación: Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública y Policía Ministerial, llevaron a cabo un operativo en el municipio de Cerro Azul, en el cual fueron detenidos Víctor Manuel “N” y José Eduardo “N”, presuntos integrantes de un grupo delincuencial, quienes son investigados por su posible participación en la privación de la libertad de la víctima identificada con las iniciales I.H.C., docente jubilada y taxista, reportada como no localizada el pasado 18 de julio y cuyo cuerpo sin vida fue localizado el día de ayer”, informó la dependencia en un comunicado.

Durante el operativo, les fueron asegurados vehículos, armas de fuego, cartuchos balísticos, un arma blanca, teléfonos celulares, dinero en efectivo, hierba con características similares a las de la marihuana, así como una sustancia con características similares a las del cristal.

Este viernes, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aseguró que el asesinato de la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández, “no quedará impune” y que se reforzará la seguridad en todo el estado. Sin embargo, en una entrevista radiofónica con un medio local, mencionó que una de las líneas de investigación sobre su fallecimiento es un infarto tras ser víctima de violencia.

“Yo no quiero adelantar, porque esto, pues, le corresponde a la Fiscalía, fue violentada la maestra, ya nos están indicando los forenses que parece ser que a raíz de su violencia le dio un infarto. Todo esto se los estoy comentando tal cual el reporte que nos hacen llegar”, dijo la mandataria.

Esta mañana, en un mensaje en sus redes sociales escribió que la Fiscalía y el Gobierno de Veracruz trabajan en coordinación con las instituciones de seguridad federal para proteger a la población. 

“Todos los días, trabajamos para atender las causas, ofrecer oportunidades a los jóvenes y brindar seguridad a la población en municipios, carreteras y comercios. La extorsión es un delito grave y penado, que priva la libertad y el derecho de los individuos. Vamos a dar con los responsables de este terrible crimen”.


Irma Hernández Cruz fue secuestrada hace una semana y su cuerpo localizado el 24 de julio en un rancho del municipio de Álamo Temapache.

La profesora jubilada fue privada de la libertad el 18 de julio por un grupo de sujetos armados que la interceptó frente al mercado municipal y el sitio de taxis de la ruta Ejido Estero del Ídolo, ante presencia de ciudadanos que circulaban por la zona, lo que desató un operativo de autoridades de los tres niveles de gobierno.

La mujer de 62 años trabajaba como taxista y en días pasados circuló un video en el que se le ve hincada con varios hombres encapuchados y armados atrás de ella mientras la profesora advertía a otros conductores de taxi que no se resistieran al cobro de piso o serían asesinados.

En la entrevista por radio, la mandataria mencionó que el cuerpo fue encontrado dentro de una construcción ubicada en un terreno al norte del estado y que a la llegada de los elementos de la Defensa encontraron armas y otros objetos, por lo que se podía presumir que huyeron momentos antes.

“Soldados entran a un predio que estaba alejado, en la zona norte, cerca de Álamo, y se encuentran vehículos, chalecos, armas. Se percataron (los delincuentes) que estaba llegando el Ejército, la policía, y abandonaron el sitio (…) En una media choza, lamentablemente estaba el cuerpo de la maestra. Fue violentada la maestra, nos están indicando los forenses, que parece ser que a raíz de esta violencia le dio un infarto”.

Autoridades investigan extorsión tras asesinato de maestra en Veracruz

El Gabinete de Seguridad informó que una de las líneas de investigación del asesinato de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada, de 62 años, que trabajaba como taxista y que fue secuestrada en Álamo, Veracruz, es la disputa entre grupos delictivos por el cobro de piso en la zona.

“En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en conjunto con las autoridades locales investigamos una disputa entre grupos delictivos por el cobro de cuotas. Seguiremos trabajando en coordinación para combatir este delito y proteger a las y los mexicanos”, indicó.

Cuestionada sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que desde el momento en que se denunció su desaparición hubo colaboración entre el Gabinete de Seguridad y con la gobernadora de la entidad, Rocío Nahle.

“Hay que ver exactamente la condición en lo que esto ocurrió y sobre todo apoyar para que no haya impunidad, recuerden que hemos estado trabajando desde el primer día en todo lo que tiene que ver con la seguridad en nuestro país y particularmente en el tema de las extorsiones”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ordenan reinstalar memorial de Mauricio Aguilar Leroux, desaparecido en Veracruz

Trabajadores del gobierno federal y del gobierno capitalino recibieron la orden de reinstalar en el Zócalo de la Ciudad de México el memorial de Mauricio Aguilar Leroux, desaparecido desde el 27 de mayo de 2011 en Córdoba, Veracruz, que fue instalado por su esposa Mary Coronado, su hija y familias buscadoras el 23 de abril de 2024 y retirado por las autoridades.

«No les reconocemos el gesto de reinstalarlo, ni les damos las gracias porque simplemente nunca debieron de haberlo retirado. Esperamos que, así como instalaron este, pronto reinstalen los otros cuatro que quitaron», escribió el artista y activista Alfredo López Casanova tras la colocación del memorial del pasado 23 de julio.

Añadió que la reinstalación del memorial «no es cualquier cosa», sino que es «una gran victoria de las familias contra el desprecio y el desdén de las autoridades frente a la crisis humanitaria y el horror cotidiano que vive el país, del cual ellos son responsables junto con los gobiernos pasados».

El 24 de abril de 2024, colectivos y organizaciones denunciaron «el insensible retiro de cuatro memoriales» instalados por las familias de las víctimas de desaparición frente al Palacio Nacional. Los memoriales recordaban a Óscar Antonio López Enamorado, joven migrante hondureño desaparecido en Jalisco en 2010; Antonio Verástegui y su hijo Antonio de Jesús, desaparecidos el 24 de enero de 2009 en Coahuila; Alejandro Alfonso Moreno Baca, desaparecido el 27 de enero de 2011 en Nuevo León; y Marco Antonio Amador Martínez, joven migrante hondureño desaparecido en Tamaulipas el 11 de marzo del 2013.

Los memoriales fueron retirados por militares que custodiaban el recinto presidencial, presuntamente por instrucciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de marzo del 2024, frente a lo cual las familias interpusieron un amparo para solicitar la protección de la Justicia de la Unión al considerar que el retiro de los memoriales violentó sus derechos humanos a la memoria, a la protesta, a la manifestación, a la legalidad y seguridad jurídica.

El mismo día que emitieron el comunicado, las familias exigieron a las autoridades que no cometieran «las mismas violaciones» con el memorial de Mauricio Aguilar, instalado sólo un día antes del pronunciamiento. Sin embargo, el memorial fue retirado.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sergio Gutiérrez Luna y “Dato Protegido”: propiedades omitidas y dudas en sus declaraciones

Una revisión en el Registro Público de Comercio revela inconsistencias en las declaraciones de Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Diana Karina Barreras.

Una investigación en el Registro Público de Comercio revela inconsistencias en las declaraciones patrimoniales y la participación empresarial del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y su cónyuge, la también diputada federal Diana Karina Barreras. 

Las omisiones plantean serias interrogantes sobre la transparencia en la adquisición y posesión de bienes inmuebles, así como la omisión de información relevante en sus registros públicos.

INCONSISTENCIAS EN LAS DECLARACIONES DEL DIPUTADO GUTIÉRREZ LUNA

De acuerdo con la información recabada, el diputado Sergio Gutiérrez Luna ha declarado públicamente poseer únicamente un departamento de 132 metros cuadrados y no participar en ninguna empresa. 

Sin embargo, Gutiérrez Luna es propietario de la empresa Inmobiliaria Zutier S. de R.L. de C.V.

Esta inmobiliaria fue, a su vez, propietaria de dos predios que originalmente pertenecían al gobierno de Hermosillo y fueron adquiridos mediante un proceso de desincorporación en el año 2013.
Uno de estos lotes fue posteriormente vendido por Inmobiliaria Zutier a una persona particular, identificada como una estudiante de 24 años. 

El segundo lote, sin embargo, sigue figurando como propiedad de Inmobiliaria Zutier confirmando la vinculación empresarial del legislador con la posesión de estos bienes que no declaró en su declaración patrimonial.

Adicionalmente, se ha descubierto que el diputado Gutiérrez Luna omitió declarar su sociedad en Inmobiliar Barcarolle, una empresa con sede en Guadalajara, Jalisco, lo que agrava las presuntas inconsistencias en su declaración patrimonial oficial.

DUDAS SOBRE LAS PROPIEDADES DECLARADAS POR DIANA KARINA BARRERAS

Por su parte, la declaración patrimonial de Diana Karina Barreras ha sido objeto de escrutinio. Barreras habría declarado la posesión de dos terrenos que fueron dados de alta en su última declaración de 2024 cuando asumió como diputada federal. No obstante, una revisión exhaustiva en el Registro Público de la Propiedad de su natal Sonora ha arrojado que dichas propiedades no existen bajo su nombre en los registros oficiales. Esta discrepancia levanta serias dudas sobre la veracidad de su declaración y la transparencia en la adquisición de sus bienes.

Las revelaciones generadas por esta investigación sugieren un patrón de ocultamiento o inexactitud en la información patrimonial de ambos personajes públicos. Los hallazgos subrayan la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de que los funcionarios y sus cónyuges presenten declaraciones patrimoniales completas y veraces, conforme a la legislación vigente en materia de transparencia y anticorrupción.

Diana Karina Barreras se ha visto envuelta en una polémica ocasionada por ella misma al acusar a la ciudadana Karla Estrella de violencia de género por una crítica en redes sociales, lo que motivó que el Tribunal Electoral la obligara a ofrecer disculpas públicas durante un mes.

DOCUMENTOS:










FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JORGE GARCÍA OROZCO.

Peso pierde terreno por visita de Trump a la FED; se cotiza en 18.56 por dólar

En el ámbito local, el desempeño del peso se explica también por las expectativas en torno a la política monetaria del Banco de México.

El peso arrancó la jornada del 25 de julio con una ligera depreciación de 0.06%, cotizando alrededor de 18.56 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

El movimiento es impulsado por las declaraciones del presidente Donald Trump. Tras una visita a la Reserva Federal, el mandatario aseguró que no hubo tensiones con el presidente del banco central, Jerome Powell, informando sobre su permanencia en el cargo.

Según el área de análisis de Banco Base, Trump afirmó que “los problemas relacionados a la renovación del edificio de la Reserva Federal no son una razón suficiente para despedirlo”. 

Además, expuso que el mandato de Powell está cerca de concluir y confió en que éste tomará las decisiones adecuadas.

En el ámbito local, el desempeño del peso se explica también por las expectativas en torno a la política monetaria del Banco de México. 

Aunque se espera que el instituto central continúe con los recortes a la tasa de interés, se anticipa que lo haga con cautela.

De hecho, en la primera quincena de julio, la inflación general anual bajó de 4.13% a 3.55%, pero el retroceso fue impulsado principalmente por el componente no subyacente, que cayó de 3.43% a apenas 1.24%. 

En contraste, la inflación subyacente, apenas descendió de 4.28% a 4.25%.

Aranceles recíprocos en el radar

Además del entorno monetario, los mercados operan con cautela a la espera del 1 de agosto. 

Ese día, el gobierno de Estados Unidos tiene previsto aplicar aranceles “recíprocos” más altos a importaciones provenientes de diversos países.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Gobierno de Guanajuato presume reducción del 48% en homicidios dolosos

Sheinbaum aseguró que, entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, se registró una reducción de 19 homicidios diarios.

De septiembre de 2024 a julio de 2025, Guanajuato logró una reducción del 48% en homicidios dolosos, con un promedio diario de 5.7 casos, el nivel más bajo en ocho años, indicó el gobierno de Guanajuato.  

En el marco de la Cuarta Reunión de Gobernadoras, Gobernadores y Mandos Territoriales, la mandataria estatal, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó los resultados que ha tenido la entidad en materia de seguridad.

“Se reconoce el gran trabajo que hemos hecho para reducir significativa y sostenidamente los homicidios dolosos en nuestra entidad”, indicó. 

Asimismo, atribuyó el logro a la estrategia integral CONFIA, basada en la regionalización táctica, la inteligencia operativa, la prevención social y la atención especializada a delitos prioritarios como la extorsión, el secuestro virtual y la violencia de género. 

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, se registró una reducción de 19 homicidios diarios; señaló que este delito se ha reducido específicamente en Guanajuato y Tabasco. 
“Entre septiembre y marzo son 19 homicidios menos diario; es decir, en septiembre del 2024, se cometían 19 homicidios más diariamente, de lo que nos está aportando la cifra preliminar de marzo”, dijo la mandataria federal, en comparación con el registro del sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador.       
Sheinbaum concluyó que ese resultado es “un esfuerzo muy importante de la estrategia de seguridad que estamos siguiendo”.

Pese a que los gobiernos federal y estatal de Guanajuato presumen la reducción en las víctimas de homicidio doloso, la cifra de personas asesinadas en la entidad creció 17.9% en los primeros cinco meses de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024.   

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y mayo del año pasado, se registraron mil 217 víctimas de homicidios en la región, cuando en el mismo periodo de 2025 se contabilizaron mil 435.  

Aunque sí se registró una baja del delito en los últimos dos meses, Guanajuato sigue siendo la entidad con el mayor número de homicidios dolosos en el país, al concentrar el 13.3% de los asesinatos en 2025, además de ser uno de los siete estados que reportaron incrementos anuales en la violencia homicida. 

La reducción en la incidencia de homicidios dolosos ha sido una de las metas prioritarias desde el inicio del mandato de Sheinbaum.  

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que se hacen revisiones periódicas en materia de seguridad en la entidad, por lo que en Guanajuato la finalidad es incrementar las operaciones, revisar la estrategia de seguridad e identificar en qué ayudará la Federación al estado.   

Por su parte, García Muñoz Ledo indicó que algunos de los acuerdos alcanzados en la reunión regional fueron:
  • Fortalecer las mesas de operación, judicialización e inteligencia entre los estados participantes. 
  • Reforzar los operativos regionales coordinados entre entidades federativas. 
  • Atender de manera prioritaria el delito de extorsión, en alineación con el nuevo plan nacional. 
Asimismo, destacó que actualmente, Guanajuato tiene a la policía estatal mejor pagada de México, con un sueldo mensual bruto de 28 mil 502 pesos, como parte del compromiso con la dignificación del servicio público en seguridad.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para garantizar la paz de Guanajuato (...) Estoy segura de que unidos (con el Federal) somos más fuertes. En Guanajuato estamos listos para seguir construyendo ese estado seguro que todas y todos queremos", expresó la gobernadora local.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

A un año de la caída del Mayo: el misterio de Huertos del Pedregal y la guerra que desangra Sinaloa

A un año de la captura del Mayo Zambada, Sinaloa está sumida en una guerra fratricida: más de mil 700 ejecutados, 100 operadores detenidos y una reconfiguración violenta del cártel. Además, persisten dudas sobre la presunta vinculación del gobernador Rocha Moya con el conflicto.

La finca campestre de Huertos del Pedregal luce en abandono. Desde hace un año es así. Unos costales a un costado de la entrada fueron utilizados por militares como una especie de búnker urbano, pero ahora está abandonado. Los sellos de aseguramiento del inmueble están amarillentos. Ha pasado un año desde que en ese sitio Ismael el Mayo Zambada García fuera secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, y llevado contra su voluntad a Estados Unidos, donde se encuentra a la espera de ser juzgado.

Durante medio siglo fue uno de los más importantes capos del narcotráfico en el mundo, y su captura ha dejado tantas dudas que se van quedando atrás con la estela de sangre que ha dejado una guerra que emprendieron los hijos de su compadre, el Chapo Guzmán, con el suyo, Ismael Zambada Sicairos el Mayito Flaco. La fecha oficial de esta guerra es planteada el 9 de septiembre de 2024, pero el motor que la echó a andar se construyó el 25 de julio de ese mismo año.

Con la captura del Mayo, la reconfiguración del cartel de Sinaloa es entre los hijos del Chapo y del mismo Zambada García, aunque hasta ahora el mayor número de bajas han sido del lado de Los chapitos, por lo menos en lo que hace a detenciones reportadas por el gobierno federal.

Especialistas locales del tema no auguraban una disputa interna. Son compadres y sus hijos se conocen desde la cuna. Aquí viven, de aquí son. Eso fue repetido como un mantra, tantas veces hasta que la guerra estalló y al corte ha cobrado más de mil 700 vidas, y, en respuesta, la autoridad federal ha capturado a cerca de 100 operadores y cabecillas de ambos bandos, la mayoría de los Chapitos.

Y el tiempo transcurre. La guerra no se detiene. 

La conclusión de junio lo dejó como al mes más violento en la historia reciente del estado, con 207 homicidios según las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), y en los primeros 22 días de julio la cifra ronda los 131 asesinados, un promedio de seis muertes cada 24 horas que deja a Sinaloa como la entidad con mayor incidencia de este delito durante los últimos tres meses.

Dudas sobre el gobernador

Las muertes por el conflicto entre estas facciones del cártel de Sinaloa comenzaron ese mismo jueves 25 con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador y líder moral del Partido Sinaloense (PAS) y rival político del gobernador Rubén Rocha Moya. Su muerte buscó fincarse como un intento de asesinato por parte de la FGE. Sin embargo, con una carta atribuida al Mayo Zambada y dada a conocer por su abogado Frank Pérez, la investigación cobró otro sentido y se concluyó que fue asesinado en Huertos del Pedregal, en el mismo sitio.
El caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) después de que se consignó que un video en manos de la FGE era un montaje, y no la prueba que Sara Bruna Quiñónez Estrada, entonces fiscal de Sinaloa, buscaba imponer para que el caso fuera investigado como un intento de robo.
Pero a Cuén no lo mataron esa noche de jueves, sino en la mañana en el mismo sitio donde fue secuestrado el Mayo.

Así lo consignó el propio capo en una carta que salió a la luz al domingo siguiente. A partir de entonces la FGR comenzó a verificar cada dicho del Mayo, y cada uno quedó verificado, excepto uno: la presencia del gobernador Rubén Rocha Moya en el sitio.

La carta del Mayo advirtió sobre una reunión a la que acudía para verse con Rocha y dirimir las diferencias que tenía con Cuén. En este cónclave narco también estarían los hijos del Chapo. El gobernador salió al paso para deslindarse. Aseguró estar en Los Ángeles a donde voló con un avión prestado por el empresario Jesús Vizcarra Calderón junto con su familia. Mostró algunos datos del vuelo que partió de Culiacán el mismo día de la reunión, pero ninguna foto del viaje. No existe fotografía alguna de su supuesto viaje vacacional con su familia al sur de California el día en que asesinaron a su rival político y capturaron al Mayo Zambada.



La FGR validó cada uno de los dichos del Mayo excepto sobre la presencia de Rocha en el lugar. Esa versión se siguió diluyendo entre enfrentamientos y levantones junto a la acusación del mismo Cuén, quien en su podcast aseguró que si algo le sucedía, responsabilizaba a Rocha y a su entonces secretario de gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, ahora senador y alfil del gobernador para sucederlo en el cargo en 2027.

Al corte, el caso sigue impune.

Aliados y enemigos

Con la captura de Ismael Zambada la guerra entre las facciones de los herederos del cártel de Sinaloa ha dejado no solamente las más de mil 700 muertes, sino también capturas de operadores de ambos bandos. Entre septiembre del año pasado y mayo último se han detenido a por lo menos 23 operadores de los Mayos y a 72 de los Chapitos, según datos de la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los golpes más recientes han sucedido del bando de los Mayos con el asesinato en Tacuichamona de Jesús Norberto “el 30”, lugarteniente en esa región al sur de Culiacán y la ejecución del comandante Nitro de la Policía Estatal Preventiva, a quien la facción rival lo señalaban de operar para los Chapitos.

En Culiacán y su zona metropolitana se han realizado capturas de diferentes operadores de ambos bandos, sobre todo de los Chapitos, mientras que, en las zonas rurales tanto de la capital como de los municipios de Cosalá y Elota los aseguramientos de laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas son constantes desde febrero de este año. También al sur del estado en Concordia y Rosario.

Sin embargo, a diferencia de los Chapitos, las detenciones en “la Mayiza” han sido de menor impacto o de menos visibilidad pública. Los hijos del Chapo han visto caer a gente como el Panu Óscar Noé Medina González y la Perris Jorge Humberto Figueroa Benítez, y la captura del 200 y del Güerito Cannobio, uno de los principales operadores de esta facción.

Además, en septiembre de 2024 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) advierte en un informe de inteligencia sobre la cercanía del gobernador Rocha y y algunos de sus colaboradores con los Chapitos. Desde ese momento la presencia militar se comenzó a incrementar y en las reuniones del gabinete de seguridad la ausencia del gobernador cada vez es más normal. Más recientemente la celebrada el domingo 19 en Culiacán, encabezada por Omar García Harfuch de la SSPC y Ricardo Trevilla Trejo del Ejército. Rocha sólo los acompañó a una reunión a puerta cerrada con empresarios locales.

Por último, de acuerdo con una comparación realizada con inteligencia artificial, Culiacán y sus alrededores concentran el mayor número de detenciones de alta relevancia, especialmente contra los Chapitos, mientras que los Mayos enfrentan más presión en Culiacán que en otras regiones, cuyas detenciones son menores en número y menos visibles.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Confirma ONU criminalización y detención arbitraria de cinco defensores tseltales en Chiapas

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU confirmó la criminalización y detención arbitraria de los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, que desde 2022 permanecen presos en Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 y fueron sentenciados por delitos fabricados a 25 años de prisión por el Poder Judicial del Estado de Chiapas.

La sentencia contra los defensores fue emitida por una juez estatal en mayo de 2023, a pesar de que tres de los cinco tseltales declararon que, después de su detención arbitraria a manos de la policía municipal de San Juan Cancuc, de la Guardia Nacional y del ejército el 29 de mayo de 2022, fueron entregados a la Fiscalía de Justicia Indígena, «quien primero les fabricó el delito de portación de droga y después los involucró en el homicidio que fueron sentenciados», como denunció el Frayba en 2023.

Los otros dos indígenas sentenciados declararon que fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Especializada el 1 de junio de 2022, a las afueras del CERSS No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, cuando visitaban a sus compañeros y como represalia por haber sido testigos del operativo y privación arbitraria de la libertad.

Frente al caso, el Grupo de Trabajo que integran nueve organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, Front Line Defenders y el Indigenous Peoples Rights International (IPRI), envió una misiva en la que reconoció a los cinco sentenciados como defensores de derechos humanos y denunció que «su criminalización se debe precisamente a su labor de defensa de la tierra y el territorio y al hecho de pertenecer a la etnia tzeltal, discriminación que se extiende incluso a su falta de dominio del español».

En la carta dirigida a las autoridades mexicanas, las organizaciones reiteraron que la detención de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez se realizó sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados de los cargos que se les imputaban. «Tampoco fueron llevados ante un juez una vez fueron arrestados. La orden de aprehensión fue emitida a posteriori, pero antes de que la Fiscalía la solicitara, lo que evidenciaría la parcialidad del Juez en el desarrollo del proceso penal», acotaron.

Añadieron que las pruebas presentadas por la Fiscalía en los dos juicios contra los defensores «muestran incongruencias», entre ellas la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión del protocolo de primer respondiente, deficiencias en la determinación de la causa de la muerte, contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales, ausencia de identificación formal del fallecido, peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no se corresponden con el contenido del dictamen. «A su vez, las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver», destacaron.

Frente a las irregularidades, el Grupo de Trabajo exigió al gobierno mexicano la libertad inmediata de los cinco defensores tseltales y que les conceda el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional, así como que investigue de manera «exhaustiva e independiente» la privación arbitraria de libertad de los cinco individuos y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

COMUNICADO:

Estimadas Señoras y Señores,

Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de los cinco defensores tzeltales criminalizados Manuel Santiz Cruz, Agustín, Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, arbitrariamente detenidos en 2022 y desde entonces presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado (CERSS) n° 5, a la luz de la reciente publicación de la opinión emitida el 4 de abril de 2025 por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca de su caso._

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU realizó una visita a México y al Estado de Chiapas en septiembre de 2023, y tras recibir información sobre el caso de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos al Gobierno de México el 22 de julio de 2024. La respuesta del Gobierno fue recibida el 18 de octubre de 2024. El 4 de abril de 2025 el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que se destacan una serie de deliberaciones referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas contra los cinco detenidos en el marco tanto de su arresto como de su proceso judicial:

• La detención de los cinco se realizó sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados de los cargos que se les imputan. Tampoco fueron llevados ante un juez una vez fueron arrestados. La orden de aprehensión fue emitida a posteriori, pero antes de que la Fiscalía la solicitara, lo que evidenciaría la parcialidad del Juez en el desarrollo del proceso penal.

• No existían razones para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, revelando la aplicación arbitraria de un mecanismo que debe ser la excepción y no la normal.

• Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron sometidos a desaparición forzada durante las 24 horas que siguieron a su detención.

• Los detenidos no tuvieron acceso a un intérprete español – tzeltal ni en el momento de su detención ni en su proceso judicial hasta la reposición de las audiencias.

• Las pruebas presentadas por la Fiscalía en los dos juicios muestran incongruencias como la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión del protocolo de primer respondiente, deficiencias en la determinación de la causa de la muerte, contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales, ausencia de identificación formal del fallecido, peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no se corresponden con el contenido del dictamen. A su vez, las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver.

Además, el Grupo de Trabajo reconoce a los cinco sentenciados como defensores de derechos humanos, y considera que su criminalización se debe precisamente a su labor de defensa de la tierra y el territorio y al hecho de pertenecer a la etnia tzeltal, discriminación que se extiende incluso a su falta de dominio del español.

En consecuencia, solicita que:

• El Gobierno de México ponga en libertad inmediata a Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco y les conceda el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

• El Gobierno de México lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los cinco individuos y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

Existe un marco de obligatoriedad al que el Estado Mexicano se debe adherir ya que, como miembro activo de la Organización de las Naciones Unidas desde 1945, ha asumido compromisos claros en materia de derechos humanos, los cuales incluyen el respeto y la atención a los mecanismos internacionales. En particular, ante las opiniones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, el Estado Mexicano se compromete legal y políticamente a tomar en cuenta sus opiniones y a actuar en consecuencia. Esto se basa en la Resolución 30/30, en la que se solicita a los Estados considerar seriamente las opiniones del Grupo de Trabajo, tomar las medidas necesarias para corregir las situaciones denunciadas e informar sobre las acciones adoptadas. También se basa en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación — a través de sus instancias competentes — vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales. Esto se demuestra argumentado en la sentencia RA (P) 298/2022 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito del Estado de Morelos, la cual resuelve la omisión por parte de las autoridades de proveer medidas de reparación integral en favor de la quejosa.

Cabe señalar que la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y el Relator Especial de Pueblos Indígenas de la ONU emitieron una comunicación conjunta el 9 de octubre de 2024 en la que llamaron la atención del Gobierno Mexicano acerca de la presunta detención arbitraria, uso indebido del derecho penal e imposición de sentencias de forma desproporcionada contra diversas personas defensoras de derechos humanos, incluidos Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez. Recuerda al Estado Mexicano sus obligaciones internacionales y solicita información relativa a los casos objeto de la comunicación. En la respuesta del Estado a la comunicación el caso de los defensores de San Juan Cancún no ha sido abordado.

También queremos expresar nuestra preocupación por las violaciones de derechos humanos que el Movimiento Sueco por la Reconciliación SweFOR ha podido observar en su labor de acompañamiento y documentación, tanto en el marco de la detención como en las audiencias y en sus visitas a la cárcel. Dicha organización estuvo presente durante la detención de Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, pudiendo atestiguar el desproporcionado uso de la fuerza y la actitud intimidatoria de los agentes, que negaron a los detenidos y a sus abogados visionar la orden de aprehensión, conocer los motivos del arresto y conocer sus derechos como detenidos. Durante las audiencias de primera instancia observó los tratos discriminatorios por parte del tribunal hacia las personas tzeltales presentes en el juicio, así como su trato abiertamente amenazante e intimidatorio contra los abogados defensores. A su vez, ha sido sistemática la obstaculización del proceso judicial, que se ha manifestado en constantes cancelaciones de audiencias o en la negación del acceso a observadoras internacionales y prensa. También es remarcable el impacto que SweFOR ha podido contemplar en los cinco defensores a lo largo de sus visitas al penal: la situación de criminalización y las condiciones de vida de la cárcel han derivado en afectaciones médicas cuyo abordaje no ha sido en absoluto facilitado por las autoridades carcelarias, mientras que los cambios en los protocolos de visitas han restringido enormemente las posibilidades de las familias de poder acompañarlos, con el impacto impacto psicológico que ello conlleva. Algunas de estas preocupaciones han sido recogidas en varias misivas enviadas a las autoridades en ocasiones previas.

A las autoridades del Estado Mexicano y del estado de Chiapas solicitamos:

Cumplir con la opinión emitida por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, y que se traduce en la liberación inmediata de Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Augustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez; la investigación de las autoridades responsables de su criminalización, y la reparación integral de todos los daños causados.

Cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos, así como los pactos en los que México es firmante, particularmente la Resolución 30/30 de 2016, aprobada por la Asamblea General de la ONU.

Garantizar la no repetición de la privación arbitraria de la libertad a defensoras y defensores de derechos humanos, así como de otras estrategias de criminalización.

A las representaciones diplomáticas y a la comunidad internacional, solicitamos:

Llamar al Estado mexicano a cumplir con la opinión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y poner en libertad inmediata a Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Augustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez; a investigar a las autoridades responsables de su criminalización, y a la reparación integral de todos los daños causados.

Que se pronuncien públicamente sobre la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca del caso de los cinco detenidos de San Juan Cancuc, e insten a las autoridades estatales y federales a ponerlos en libertad de forma inmediata, a investigar a las autoridades responsables de su criminalización, y a la reparación integral de todos los daños causados.

Instar al Estado mexicano a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y garantías para el debido proceso.

Esperando que esta carta les resulte de interés y motive su actuación, les agradecemos de antemano su atención y quedamos atentas a las respuestas a la presente carta.

Amnistía Internacional | Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic | Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos | Front Line Defenders | Movimiento Sueco por la reconciliación – SweFOR – |
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos |
Servicio Internacional para la Paz, SIPAZ | The Indigenous Peoples Rights International

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

RNR exige al Estado presupuesto para refugios ante ola de violencia

En México, diez mujeres son asesinadas cada día., sin embargo, pese a este contexto de violencia extrema, la Red Nacional de Refugios (RNR) denunció que el Estado no ha publicado la segunda convocatoria del Programa Federal de Refugios, lo que ha dejado fuera a numerosos espacios de protección y ha expuesto al abandono a mujeres y niñas cuyas vidas están en riesgo.

Este retraso no es una excepción, pues en junio, la Red había alertado que, de los 100 proyectos seleccionados en la primera convocatoria del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, solo el 60% de los refugios operados por organizaciones de la sociedad civil había recibido la primera ministración del recurso. Mientras tanto, los refugios gubernamentales aún no contaban con ningún presupuesto asignado.

Ante esta situación, la ONG en su informe semestral 2025, advirtió que los avances del actual gobierno “son mínimos y las respuestas institucionales siguen siendo fragmentadas, tardías y profundamente insuficientes”, especialmente frente a la incertidumbre presupuestal, la escasez de recursos y el nulo reconocimiento institucional que enfrentan los refugios en el país.

De acuerdo con el PEF 2025, el «Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos» fue asignado con 484 millones 740 mil 910 pesos, lo que representa una disminución nominal de 933 mil 088 pesos respecto al 2024. Aunque, al tomar en cuenta la inflación, la reducción real asciende a 21.8 millones de pesos.

No obstante, pese a este panorama desolador, el gobierno mexicano ha declarado en diversas audiencias y comunicados que no ha habido disminución presupuestal para los refugios. La RNR sostiene lo contrario ya que la reducción de recursos se ha registrado desde 2019, y la asignación para 2025 no solo agrava esta situación, sino que obliga a operar con un presupuesto apenas superior al de 2022.

Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR, refirió que el gobierno ha preferido apostar por la instalación de 607 ‘centros libres’ en menos de dos meses con un presupuesto de 754.6 millones de pesos, frente al aletargamiento en el ejercicio del PEF 2025 y las deudas pendientes con los refugios, lo que refleja su indolencia e indiferencia.
“Los refugios no son muros: son alas. Son territorios de dignidad, resistencia y vida. Espacios que salvan vidas, previenen feminicidios y restituyen derechos. Acceder a un refugio no es un favor: es un derecho humano que el Estado debe garantizar por encima de cualquier interés partidista.  Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR.
Todo esto ocurre a pesar de que la demanda de atención ha aumentado de forma alarmante. Durante el primer semestre de 2025, los Centros Externos de Refugios de la RNR registraron un incremento del 502% en la atención a mujeres en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estas cifras muestran el aumento de la violencia y la falta de una respuesta estatal con enfoque de urgencia y responsabilidad.

Durante ese mismo periodo, la RNR brindó acompañamiento integral y gratuito a más de 7,399 mujeres, niñas y niños sobrevivientes de violencias. Del total de mujeres atendidas, el 76% reportó haber sufrido violencia familiar, y en el 87% de los casos sus hijas e hijos también fueron víctimas del mismo agresor. El 29% vivió violencia psicológica, el 16% física y el 4.5% sexual.

Asimismo, la atención a niñas y niños en los Centros Externos de Refugios aumentó un 169%. Sin embargo, la violencia vicaria sigue siendo invisibilizada por el Estado: el 44.8% de las niñas y niños no pudo ingresar a los refugios con sus madres, quedando expuestos a convivir con sus agresores debido a omisiones gubernamentales que los privan de protección y perpetúan el ciclo de violencia.

Respecto a los agresores, el 66.6% eran parejas o exparejas; el 21% mantenía vínculos con instituciones militares o cargos políticos; el 40.5% utilizaba armas de fuego y el 38% tenía antecedentes penales.

Ineficiencia institucional

No solo se ha acusado al Estado mexicano de recortar y retrasar el presupuesto destinado a los refugios; también se le señala por su incapacidad para atender adecuadamente a mujeres víctimas de violencia. De acuerdo con datos de la Red Nacional de Refugios (RNR), del total de mujeres que acudieron a sus espacios, el 7% había buscado ayuda previamente en la Secretaría de las Mujeres, el 6% en fiscalías y el 73% en otras instituciones gubernamentales que no les ofrecieron atención adecuada. En muchos casos, estas instancias no solo fueron omisas, sino que incurrieron en violencia institucional y revictimización.

Clariza, de 23 años, beneficiaria, compartió con la RNR su experiencia:
“Me sentía sin salida, nadie me creía. Te anuncian que es tiempo de mujeres, ¿pero de qué mujeres? ¿Para qué mujeres el acceso a la justicia es real? No solo soy yo; al llegar al refugio mis compañeras me dijeron que se enfrentaron a lo mismo: cuestionamientos de por qué hasta ahora, ‘no tienes daños visibles, entonces será difícil’, ‘tienes que probar lo que dices’ (…). Hoy me felicito por haberlo hecho. Hoy estoy con vida, me creen y mi hija sonríe y ya duerme sin miedo”.
Casos como el de Clariza evidencian no solo el fracaso institucional, sino también quiénes son las que buscan espacios seguros: el 65% de las mujeres que llegaron a los refugios tenía entre 21 y 35 años, lo que demuestra que las juventudes son quienes más recurren a estos lugares en busca de acompañamiento libre de juicios y violencia institucional.

Omisiones ante la CEDAW

Durante las audiencias del décimo informe periódico de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Estado informó que elaboró un nuevo manual de operación para refugios y albergues, con el objetivo de unificar los criterios de atención. Sin embargo, la RNR manifestó su preocupación al no haber sido convocada ni informada durante su diseño, consulta o redacción.

Esta exclusión ocurrió a pesar de los reiterados intentos de diálogo institucional con la Secretaría de las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
“En reiteradas ocasiones hemos comentado la urgente necesidad de actualizar el Modelo de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia y, en su caso, para sus hijas e hijos, y hemos ofrecido nuestra colaboración altruista para que esto sea posible”, señaló la RNR.
Recomendaciones urgentes de la RNR al Estado mexicano

Ante este panorama de omisiones, retrocesos y violencia institucional, la Red Nacional de Refugios (RNR) emitió una serie de recomendaciones que exige sean atendidas con carácter de urgencia. Entre ellas, destacó la necesidad de garantizar un presupuesto justo, suficiente y sin retrasos para los refugios y sus centros de atención externa, incluyendo el pago puntual de honorarios al personal que los conforma. A la par, solicitó la publicación inmediata de la segunda convocatoria del Programa Federal de Refugios, de manera transparente y sin exclusiones.

Asimismo, instó al Estado mexicano a cumplir cabalmente con las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW, en especial aquellas vinculadas con los refugios, la violencia institucional, los feminicidios y el acceso a la justicia. En ese sentido, hizo un llamado urgente a legisladoras y legisladores a comprometerse verdaderamente con una agenda legislativa construida desde la perspectiva de género.

Finalmente, exigió a la Secretaría de las Mujeres la instalación de mesas de trabajo efectivas, así como el acceso transparente a la información relacionada con el nuevo manual de estandarización de atención en refugios.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: PAOLA PIÑA.

Actual Diputado de Morena le abrió Tabasco a Bermúdez Requena, el jefe de “El Mamado”

Jaime Lastra Bastar, quien actualmente es Diputado federal de Morena, fue quien llevó a Tabasco a Bermúdez Requena, en 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari destituyó al Gobernador Salvador Neme Castillo y lo reemplazó con Manuel Gurría Ordóñez, íntimo amigo de Carlos Hank González, una trama de personajes que siguen algunos estando vigentes en la política.

Ulises Pinto Madera, apodado “El Mamado” e identificado como el segundo en la jerarquía del cártel “La Barredora” de Tabasco, era también un mando de la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando Hernán Bermúdez Requena encabezó ese grupo criminal como Secretario de Seguridad Pública estatal, designado por el Gobernador Adán Augusto López Hernández, revelan documentos oficiales.

Se trata de otro caso que vincula el crimen con la política, porque Bermúdez Requena llegó Tabasco de la mano de dos políticos que eran priistas y ahora militan en partidos antagónicos: Jaime Humberto Lastra Bastar, Diputado federal de Morena, y Juan José Rodríguez Prats, exsenador panista, y secretario de Gobierno en 1992.

Rodríguez Prats recuerda lo ocurrido hace 33 años: “Jaime Lastra me fue a ver a la oficina, acompañado de Hernán Bermúdez y ahí me dijo: ‘Juan José, él es Hernán Bermúdez, hemos trabajado a México, es experto en cuestiones de investigación, en cuestiones penales, lo quiero designar mi segundo. ‘Es tu bronca’, le dije’”.


Ese es el origen de Bermúdez Requena en Tabasco, jefe de Pinto Madera, el segundo al mando de “La Barredora” que fue detenido, el miércoles 23, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, un municipio controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que gobierna el parido Movimiento Ciudadano desde que ganó ahí Enrique Alfaro, en 2010.

La declaración patrimonial de Ulises Caballo Pinto Madera, como se le identifica oficialmente en Tabasco, ingresó a la FGE el 1 de junio de 2019 como policía de investigación y estaba adscrito a la Dirección General de la Policía de Investigación, cuyo titular era Bermúdez Requena y el Fiscal era Jaime Humberto Lastra Bastar, amigo de López Hernández durante décadas.

Lastra Bastar, quien actualmente es Diputado federal de Morena, fue quien llevó a Tabasco a Bermúdez Requena, en 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari destituyó al Gobernador Salvador Neme Castillo y lo reemplazó con Manuel Gurría Ordóñez, íntimo amigo de Carlos Hank González, una trama de personajes que siguen algunos estando vigentes en la política.

Cuando Bermúdez Requena fue ascendido a Secretario de Seguridad Pública, el 11 de diciembre de 2019 —a menos de un año de iniciado el gobierno de López Hernández—, “El Mamado” siguió en la FGE y ahí permaneció hasta el 2022, fecha en la que presentó la última declaración patrimonial que el reportero obtuvo y que, pese a ser de 27 cuartillas, toda la información que contiene está clasificada, salvo el nombre, fecha de inicio del empleo y grado de estudios.

Esta declaración patrimonial, presentada el 22 de mayo de 2022, establece que “El Mamado” terminó la carrera de derecho, en marzo de 2017, en la Universidad de las Naciones.
El único antecedente oficial de Ulises Caballo Pinto Madera, alias “El Mamado”, son las declaraciones patrimoniales que presentó como policía federal, a partir de 2002 y hasta 2008, cuando se identificó como suboficial de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública que encabezaba Genaro García Luna.

En esas declaraciones informó que había terminado el bachillerato en la Preparatoria La Salle, y que estaba adscrito a la Comisaría de La Tinaja, Veracruz, con ingresos anuales netos de 143 mil pesos.

Entre 2008, cuando presentó su última declaración patrimonial como policía federal, y el 2019, cuando ingresó como policía de investigación en Tabasco, no hay información de Pinto Madera en archivos oficiales, pero en 2009 se le ubicó en Cancun Quintana Roo como integrantes de los Zetas.

El medio digital Cambio22, de Cancún, publicó en febrero de 2024, que los antecedentes públicos de Pinto Madera se remontan a mayo del 2009, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron en esa ciudad a Rafael del Ángel Vélez Morales y/o José Manuel Figueroa (a) “El Fayo”, encargado de la plaza de Quintana Roo para el Cártel del Golfo de Osiel Cárdenas Guillen y él representaba a “Los Zetas”, su brazo armado.

Al momento de su detención, “El Fayo” procedía del Puerto de Veracruz, a donde fue llamado por los líderes de la Organización para recibir instrucciones respecto de la expansión del área de influencia de dicha estructura criminal en la Península de Yucatán, argumentando que en “próximas fechas recibiría un cargamento de armas, granadas de mano y equipo táctico diverso, para pertrechar e incrementar el número de sicarios”.

Según este medio, “El Fayo estaba acompañado por cuatro personas, entre ellas Ulises Pinto Madera, quien se identificó como elemento activo de la Policía Judicial Federal. El Fayo confesó que recibía la protección de diferentes autoridades del estado logrando establecer el control de las actividades ilícitas relacionadas con tráfico de personas, secuestro, piratería, extorsión y principalmente el narcotráfico y que su fuente principal de ingresos la constituía la extorsión a empresarios y comerciantes de la zona turística de Cancún en las que Ulises Pinto jugaba un papel importante y fue señalado de participar en la autoría del secuestro y ejecución de los hermanos Omar y Joel Reza Martínez el 19 de Enero del 2008 en Cancún”.

La declaración patrimonial de “El Mamado” confirma que después de haber sido policía federal, y presuntamente miembro de “Los Zetas”, asumió como policía de investigación de Tabasco al mando de Bermúdez Requena, conocido del Senador López Hernández desde que ambos eran miembros del Gobierno de Manuel Gurría Ordóñez, como lo recuerda el exdiputado panista Juan José Rodríguez Prats, quien era el Secretario de Gobierno.

Rodríguez Prats aceptó ser el secretario de Gobierno y le recomendó a Gurría que el encargado de Seguridad Pública fuera Jaime Lastra Bastar, quien había trabajado con él en la delegación Venustiano Carranza y era funcionario de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, cuyo procurador era Renato Sales y el jefe de la policía Jorge Obrador Capelini.

El 29 de enero de 1992, Salinas destituyó a Neme y nombró a Gurría, quien le preguntó: “¿Quién ese güerito cachetón? Ese va a ser su director de Seguridad Pública. Entonces yo tomo posesión de la Secretaría de Gobierno y Jaime Lastra toma posesión de la dirección de Seguridad Pública”.

Rodríguez Prats sólo duró cien días como Secretario de Gobierno, debido a la crisis política que había en el estado con las movilizaciones de Andrés Manuel López Obrador, y renunció el 31 de mayo.

Pero antes fue testigo del nivel de relación del actual diputado de Morena y Bermúdez Requena: “Días antes de mi renuncia, Jaime Lastra me fue a ver a la oficina, acompañado de Hernán Bermúdez y ahí me dijo: ‘Juan José, él es Hernán Bermúdez, hemos trabajado a México, es experto en cuestiones de investigación, en cuestiones penales, lo quiero designar mi segundo’. ‘Es tu bronca’, le dije”.

Añade Rodríguez Prats: “Son áreas que son muy difíciles para encontrar el perfil idóneo. Yo ya ni me enteré cuál fue su actuación, porque a los diez días me regresé a México. Me sustituyó Enrique Priego, quien ascendió a Adán Augusto a subsecretario, yo lo había hecho presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje”.

Y fue así que, con López Hernández como Gobernador, Jaime Lastra llegó como fiscal de Tabasco, con Bermúdez Requena como el jefe de la policía y “El Mamado” como su subordinado, los jefes de “La Barredora”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO GÓMEZ.