El juicio fiscal que enfrenta Movistar será resuelto por las y los nuevos ministros que integrarán la SCJN a partir del 1 de septiembre, luego de que la actual Corte no alcanzara el quorum necesario.
La empresa de telecomunicaciones Movistar pidió que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera con celeridad el caso de su adeudo fiscal por cuatro mil 442 millones de pesos, pero el máximo tribunal lo turnó a la nueva Corte que iniciará funciones el próximo 1 de septiembre.
El Ministro Javier Laynez Potisek propuso que Movistar pueda deducir el monto tras una fusión corporativa en 2014 con la empresa de comunicaciones Pegaso, de acuerdo con la Ministra Lenia Batres Guadarrama.
Pero en la sesión pasada de la Segunda Sala, donde se abordaría el proyecto, la Ministra Batres no acudió, rompió el quorum necesario para votarlo y solicitó que se debatiera en el pleno de manera pública, lo cual no fue aprobado por la mayoría de los ministros actuales.
Ante la inminencia del término de la presente Corte, solicitaré que todos los asuntos fiscales que aún quedan pendientes de resolver en Salas se aborden en sesiones públicas del Pleno en vez de sesiones privadas en las que son obscuras (e injustificadas, desde mi punto de vista)… pic.twitter.com/ZpVqb80nSg
Finalmente, los nueve ministros electos de la Suprema Corte abordarán el asunto de Movistar en el pleno, dado que la Reforma Judicial también eliminó las salas.
El caso se refiere a la negativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para permitir a Pegaso (Movistar) la deducción de gastos por la fusión realizada en 2014.
El adeudo fiscal fue confirmado en 2022 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pero la compañía impugnó esa resolución.
En enero de 2023, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió a favor de la empresa de telecomunicaciones, por lo que el SAT recurrió a la Corte, que admitió el caso como el amparo 1172/2025.
Por su parte, Movistar interpuso el recurso de reclamación 158/2025 para impugnar la admisión del amparo, asunto que llegó a la ponencia del Ministro Laynez Potisek.
La Presidenta de México insistió en que a la FGR le corresponde informar a detalle por qué no procedieron las denuncias anteriores contra Enrique Peña Nieto.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró la mañana de este miércoles que no existe un pacto de impunidad entre el Gobierno federal que actualmente encabeza y el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), esto al preguntarle por qué no procedieron las investigaciones anteriores iniciadas contra el priista.
"No hubo pacto de impunidad. Es más, hubo una consulta pública de si se juzgaba a los expresidentes. No alcanzó el número suficiente de votos, pero hubo una consulta pública", recalcó durante la "mañanera del pueblo".
Al responder una pregunta expresa de SinEmbargo durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana reiteró que no existe un pacto con Peña Nieto, ni de parte de su Gobierno ni del de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
"No es que haya habido un pacto de impunidad. Lo que dijo entonces el Presidente López Obrador, que es público, es 'a nosotros nos interesa de aquí en adelante'", recordó Sheinbaum.
En 2024 se decretó la gratuidad en todos los servicios de salud y la eliminación de cuotas, sin dar más presupuesto al sector. El Hospital General es uno de los más afectados por la decisión: sin personal, insumos ni medicamentos, en sus alrededores deambulan decenas de pacientes que no pueden ser atendidos.
“Mi esposo está en urgencias desde hace cuatro días porque no hay cama adentro”, dice Librada Flores, de 52 años. Sigue esperando noticias desde la banqueta del Hospital General de México Eduardo Liceaga, en la Ciudad de México, donde llegan pacientes de todo el país que requieren tratamiento especializado y no tienen seguridad social.
Librada cuenta que su esposo, Raúl Morales, de 57 años, es diabético, pero desde hace un mes tiene complicaciones en los pulmones. Esto los ha hecho ir y venir del hospital de Ecatepec al Hospital General. En uno no tienen los aditamentos para tratarlo, luego de drenar sus pulmones, y el otro está saturado.
La mujer relata que días antes, empujando a su marido en silla de ruedas por el hospital, lloró y suplicó como pocas veces en su vida para que lo recibieran. El doctor le mostró el área de urgencias. “Mire, vea, no le estamos engañando, no hay cupo”. Ella, con todo el llanto, le suplicó: “Atiéndamelo aquí, en su silla”.
Librada rememora el momento con tono de alivio: “Le toqué el corazón al doctor. Al final sí me lo recibió”.
Además del gasto que Librada y su familia han hecho para pagar el tratamiento de diálisis y medicamentos que sumaban 3 mil pesos al mes, porque los hospitales públicos no los proveen, ahora que está en este hospital debe comprar hasta la comida para su esposo. “Nos dicen que les traigamos desayuno, comida y cena, porque en urgencias no dan comida”.
Efectivamente, el área de urgencias se enfoca en estabilizar a pacientes ante una emergencia y, dependiendo del estado de salud, se da de alta o se interna. En teoría, no deberían pasar más de 24 horas ahí. Pero la realidad es otra.
En este caso, Raúl necesita atención especializada por el líquido acumulado en sus pulmones y la dificultad para respirar que lo mantienen utilizando tanque de oxígeno. Debía ser internado, pero no hay camas disponibles. Los doctores debían decidir: mantenerlo en urgencias o decirle a la familia que buscaran otro sitio. Optaron por lo primero.
Decir que no hay espacio de atención habla de un problema real porque el tamaño del hospital lo coloca como uno de los más importantes del país. Tiene mil 192 camas instaladas. 808 están en el área de hospitalización y 384 en atención transitoria o provisional.
Pero para hacerlas efectivas también se necesitan médicos, enfermeras, insumos y medicamentos. Pero en este momento todo está rebasado. Por eso, personas como Raúl están en una cama de urgencias y otros más ni siquiera eso: ocupan una silla o fueron enviados a buscar otro hospital.
La gratuidad trajo saturación en el Hospital General de México
En su último año de gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador decretó la gratuidad de los servicios de salud. “La salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo; ya está establecido en la Constitución. (…) Tenemos el compromiso de dejar funcionando el sistema de salud pública y queremos que sea el mejor sistema de salud pública del mundo”, dijo en mayo de 2024.
Esto se traduciría en que nadie pagaría por servicios de salud ni medicamentos porque sería absolutamente gratuito. A diferencia de las cuotas de recuperación que cobraban los hospitales públicos de acuerdo al nivel socioeconómico de los usuarios.
Si bien esos cobros eran mínimos en comparación con cualquier otro sistema privado, había personas de ingresos tan limitados que cualquier cantidad significaba una fortuna. Pero por otra parte, las cuotas significaban ingresos para la operación de los hospitales ante un presupuesto gubernamental siempre insuficiente.
El primer paso de la gratuidad fue la cancelación de las cuotas y la prohibición al personal médico de todos los hospitales públicos de solicitar insumos o medicinas a los pacientes. Además de una campaña de difusión desde la conferencia presidencial y sus redes sociales para informar a la gente que no debía pagar por nada.
Sin embargo, el decreto de gratuidad no vino acompañado de aumento de recursos, sino de recortes.
En el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Hospital tendrá 4 mil 791 millones de pesos de presupuesto. En 2024 tuvo 5 mil 241 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Eso significa que uno de los principales hospitales del país tendrá 449 millones de pesos menos. Aún así, tendría que cumplir la encomienda de recibir a toda persona que solicite el servicio y sin cobrar un solo peso extra.
“La capacidad del hospital está totalmente rebasada”
Aunado a la falta de ingresos propios por las cuotas de recuperación, el resultado es que las carencias cada vez son más graves. Uno de los efectos es la saturación: la demanda se ha incrementado, pero no así los recursos humanos y materiales, explican trabajadores del hospital.
Por eso, en la entrada de emergencias del hospital, donde la desesperación de los enfermos y sus familias es más desgarrador, el personal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) colocó una manta con el siguiente mensaje:
“Informamos a todos los usuarios que la capacidad de atención de la institución está totalmente rebasada, lo que ocasiona condiciones no óptimas para brindar una adecuada atención. Las condiciones bajo las cuales se está trabajando son: capacidad de atención rebasada, falta de insumos básicos, falta de personal y proyectos de reorganización de los distintos servicios aumentando la capacidad de atención con las mismas plantillas de personal y sin la infraestructura adecuada”.
Lo hicieron para buscar comprensión entre los pacientes y sus familias. Para informar que la falta de atención no depende sólo del médico de turno, sino de las herramientas para poder trabajar. Algunas veces lo logran, otras más, cuando la desesperación por la gravedad de los pacientes apremia, los únicos en recibir los reclamos son los médicos.
Y no es la única presión que enfrentan. Poco después de colgar esa manta, una televisora transmitió imágenes de la saturación del área de urgencias. Lo que vino después no fue la solución al problema, sino la amenaza al personal para investigar quién había filtrado los videos y la advertencia de no hablar con medios de comunicación o su trabajo estaría en riesgo.
Ni siquiera el personal sindicalizado se atrevió a desafiar la instrucción después. Quienes estuvieron dispuestos a dar su testimonio para este reportaje lo hicieron bajo condición de anonimato.
Una de las personas trabajadoras del hospital muestra documentación oficial con los requerimientos de insumos de noviembre de 2024 a enero de 2025. En enero, por ejemplo, enlistaron 600 pares de guantes de látex para examinación y 3 mil gasas, pero no entregaron ni una sola.
“¡Gasas! ¡guantes! Es lo más básico entre lo básico. Jamás habían faltado cosas así”, relata la persona trabajadora. Esa semana tampoco les surtieron las 60 piezas de antiséptico solución solicitadas; las 2 cánulas faríngeas, 2 tubos endotraqueales, 10 catéteres, 10 conectores de una vía, los 60 conectores libres de uso de agujas, ni los 600 cubrebocas.
Cada semana siguen acumulándose los pedidos sin surtir, como las 600 jeringas, 10 sondas gastrointestinales, o 10 rastrillos. Mientras que entre las cosas que sí entregaron están 8 paquetes de ropa quirúrgica, y 20 vendas elásticas.
Por eso es que a veces el personal coopera para comprar las cosas más básicas, pero no siempre puede. Ahora, además, se suma otro miedo: si prescriben medicamentos o insumos para comprar por fuera, los usuarios podrían reportarlos porque ahora tienen claro que todos los servicios son gratuitos. Lo que no saben es que la gratuidad no vino con presupuesto.
Y es que en este hospital todo es faraónico, menos los recursos. Atiende especialidades de medicina crítica, obstetricia, oncología, geriatría, neumología, neurología y neurocirugía, salud mental, nefrología, cirugía bariátrica, citopatología, cirugía de columna, y medicina paliativa.
Cada año se realizan 5 mil atenciones en urgencias y 621 mil consultas. En sus 50 quirófanos se realizan 30 mil cirugías, y recibe a 540 estudiantes de medicina y 850 residentes mexicanos y 166 extranjeros estudian posgrado.
Tiene más de 100 años de operación y actualmente, dicen los trabajadores, la vocación y voluntad lo siguen manteniendo. Animal Político pudo entrar al hospital y, efectivamente, el área de urgencias está llena.
Lo mismo hay personas en camas, que en sillas, doblados del dolor, llorando o ensimismados esperando a que médicos o enfermeras los revisen. El personal no para, va de un lado a otro, revisa a uno, al siguiente de la cama, suministran medicamentos; avanzan así cada fila de enfermos. Sus horas de turno están topadas, y las enfermeras tienen que trabajar hasta 10 días sin descanso por falta de personal.
La infraestructura, insiste una de las entrevistadas, cada vez está más deteriorada. Y es que si no hay recursos para medicinas, menos para las reparaciones. Aunque el hospital tiene una torre “nueva” de menos de una década, sin el mantenimiento adecuado también se deteriora. Como muestra, señala los estragos de los temblores, pequeñas grietas que no han sido revisadas, sanitarios clausurados, plafones caídos, pisos levantados.
Mientras que los edificios más antiguos tienen condiciones deplorables. En una área de internamiento, los enfermos que están a unos metros del baño deben soportar el olor pestilente por la falta de registro en la coladera y el mal estado de los retretes. La falta de fumigación, mantenimiento en las tuberías y hasta artículos de aseo ha provocado que las ratas se metan hasta los dormitorios.
Los elevadores no funcionan, otras áreas de internamiento tienen sanitarios clausurados, pasillos sin luz, fugas de agua. Y la farmacia, con faltantes todos los días. Los médicos tienen que usar lo que hay, no lo que requieren para tratar a sus pacientes.
Aún así, esta es la única esperanza para miles de personas que no podrían encontrar atención médica en otro espacio, como Leticia, quien pasa las noches afuera del hospital mientras su sobrino Jorge, con leucemia, es atendido dentro.
“Aquí te atienden muy bien los especialistas, con mucho respeto. Hacen su trabajo con mucha excelencia, enfermeras y enfermeras. De eso no hay ningún problema. La cosa es que falta material para ellos, para que nos atiendan. ¿Qué está pasando, por qué están recortando? O quieren que nos muramos todos aquí, pues?”, reclama Leticia.
Madres buscadoras relatan que tuvieron que abandonar sus hogares por las amenazas de los mismos criminales que desaparecieron a sus familiares, recoge informe de Amnistía Internacional.
“Mi casa fue balaceada, fueron 100 balazos. Estaba con mis hijas, fue espantoso. Nos tiramos al piso y nos tuvimos que salir de la casa. Estoy espantada, no es fácil superar esto. A partir de que pasa esta situación ya no eres libre. Se pierde absolutamente todo, la paz, la tranquilidad, el sueño”.
Este es un testimonio de una madre buscadora que recoge el informe ‘Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las madres buscadoras en México’, que publica este martes Amnistía Internacional, y para el que encuestó y entrevistó a más de 600 mujeres que buscan a sus seres queridos.
En esta investigación, la organización internacional de derechos humanos destaca que realizar las labores de búsqueda que debería emprender el Estado mexicano se está convirtiendo, cada vez más, en una actividad de alto riesgo; especialmente para las mujeres, y especialmente a partir de 2022, cuando se batió el récord de asesinatos de personas que buscan, con 6 casos, todas mujeres. En total, desde 2014 y hasta junio de este año, suman 16 homicidios de personas buscadoras de las que 11 son madres, dos hermanas, dos esposas y una activista.
Además de la violencia homicida del crimen, y de las amenazas, ataques y extorsiones, el informe de Amnistía documenta que las madres buscadoras también están siendo víctimas de desplazamiento forzado por parte de los mismos criminales que desaparecieron a sus seres queridos.
En este punto, Amnistía refiere que hasta 180 buscadoras entrevistadas, el 27 %, dijeron que tuvieron que salir de su casa y cambiar de domicilio por las amenazas; 158 (24 %) tuvieron que mudarse a otro lugar dentro de su misma entidad; y 193 (19 %) se mudaron a otro estado.
“La experiencia del desplazamiento en las mujeres buscadoras varía mucho. Se desplazan en ocasiones con sus familias y en otras deciden hacerlo solas, viviendo lejos de sus seres queridos para buscar protegerles”, señala el informe, que agrega que, adicionalmente, el desplazamiento también puede ser una medida de seguridad utilizada por los mecanismos de protección y las fiscalías, tanto a nivel federal como estatal.
“Si me quedaba, no viviría para contarlo”: buscadora
“Tuve que salir del pueblo porque estuve minutos antes con una compañera que fue asesinada. Empezaron las amenazas: si me quedaba no iba a vivir para contarlo. Tuve que irme por mis propios medios, así que salí con lo que tenía puesto. No le dije a nadie”, señala otro testimonio documentado en el informe.
Las madres buscadoras entrevistadas refirieron varios “efectos nocivos” producto del desplazamiento, como la pérdida de sus trabajos y dificultades para encontrar otros, complicaciones para acceder a otra vivienda, y complicaciones para acceder a servicios de salud o de educación para niños y niñas, principalmente por la falta de documentos oficiales.
También señalaron que sufrieron un deterioro importante de la salud física y mental, y sufrieron estigmatización por haber tenido que dejar su lugar de origen. Asimismo, refirieron haber perdido a sus redes de apoyo.
“Realmente vamos a coincidir todas en que cuando llegas a otro lugar te cambia la vida por completo porque dejas todo. Te quedas sola, dejas tus raíces, tu fuente de empleo, dejas a tus redes de apoyo. Estamos en un entorno desconocido donde nos callan, nos señalan”, apuntó otra madre buscadora en el informe.
Amnistía Internacional señala que cuando el desplazamiento se da como una medida de reubicación por parte de los mecanismos de protección o las fiscalías, las buscadoras indicaron que sufren una falta de apoyo integral en las medidas que le otorgan.
En este punto, las mujeres dijeron que esas medidas se centran básicamente en brindarles un lugar seguro para ellas y sus familias, “pero no hacen derivaciones con otras autoridades que puedan brindar otro tipo de apoyos para minimizar los efectos nocivos del desplazamiento”.
Asimismo, las mujeres alertaron sobre una falta de sensibilización por parte de los y las servidoras públicas, y una falta de enfoque de género y de infancias “que hacen la experiencia del desplazamiento mucho más compleja”.
“Los niños son señalados en las escuelas por tener familiares desaparecidos, peor aún en el desplazamiento. La escuela para ellos es muy tediosa y complicada. Desgraciadamente, no se habla del apoyo que necesitan. Yo también me he enfrentado a cuestionamientos y señalamientos”, comentó una mujer que dio su testimonio.
El informe refiere que, además de estos efectos nocivos en las mujeres buscadoras, el desplazamiento forzado también genera afectaciones en las labores de búsqueda de los seres queridos desaparecidos.
En primer lugar, en los casos de reubicación como medida de seguridad, los mecanismos de protección les prohíben hacer búsquedas en sus estados por no contar con la posibilidad de garantizarles protección durante las mismas.
Y, en segundo lugar, el desplazamiento complica la participación en las búsquedas debido a la falta de redes de apoyo y los roles de cuidado de otros hijos e hijas que no pueden dejar solos.
“Nuestras casas parecen farmacias”: buscadoras afectadas en su salud
Por otra parte, la investigación de Amnistía Internacional advierte que la salud mental de las madres buscadoras está en serio riesgo.
Por ejemplo, el 73 % de las 600 encuestadas reportaron que padecen depresión, estrés, problemas de nervios, ansiedad, tristeza, apatía, sentimientos de culpa, e incluso, algunas de ellas admitieron haber tenido pensamientos suicidas o intentos de suicidio.
Adicionalmente, las mujeres reportaron cambios en el sueño (72 %), cambios en el peso (subidas y bajadas), temblores, y problemas de memoria.
“Nuestras casas parecen farmacias. Compramos miles de cosas porque nuestro cerebro no da. La mayoría somos codependientes para poder dormir”, refirieron las mujeres entrevistadas.
Otra afectación a la salud que mencionaron 89 mujeres entrevistadas, el 13 %, fue el consumo problemático de sustancias luego de la desaparición.
“Si bien los impactos negativos en la salud tras la desaparición de un ser querido son notables, éstas no suelen ser una prioridad para muchas mujeres buscadoras, quienes prefieren dedicar tiempo y recursos a lo más importante para ellas, que es encontrar a su ser querido”, apuntó el informe.
Los resultados de la encuesta se presumieron en el contexto de varias expresiones de dirigentes del PVEM y del PT, por ir solos a procesos electorales locales en los próximos años.
La dirigencia nacional de Morena presumió su posicionamiento en las preferencias ciudadanas, tras publicar una encuesta sobre preferencia y aprobación.
“Ni sumando los porcentajes de toda la oposición, logran alcanzar la preferencia y aprobación que hoy tiene nuestro movimiento”, se lee en el mensaje difundido por la dirigencia nacional de dicho partido en el que se hace eco de la medición realizada por El Financiero.
El estudio demoscópico no incluye a los partidos aliados PVEM y PT, a los que manda al sótano de las preferencias electorales con un 2% de intención del voto, respectivamente.
De acuerdo a los resultados, si hoy fueran las elecciones a diputados federales, la mayoría de la población votaría por Morena, que tendría una preferencia electoral de 51%.
El porcentaje se obtuvo de la cuestión “si hoy hubiera elecciones para diputados federales ¿por cuál partido votaría?”.
A Morena le sigue muy de lejos un porcentaje abstencionista de 12%; luego el PAN, con 9%; el PRI apenas atrás del PAN con 8% y un 5% para Movimiento Ciudadano. Luego seguirían los mencionados PVEM y PT, con el dicho 2% cada uno.
Los resultados de la encuesta se presumieron en el contexto de varias expresiones de dirigentes del PVEM y del PT, por ir solos a procesos electorales locales en los próximos años.
Ni sumando los porcentajes de toda la oposición, logran alcanzar la preferencia y la aprobación que hoy tiene nuestro Movimiento.
Si hoy fueran las elecciones a diputados federales, la mayoría de la población votaría por Morena.
El Tribunal consideró que no hay pruebas suficientes que vinculen a Juan Sánchez Moreno con el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal absolvió a Juan Sánchez Moreno, excomandante de la Unidad Especializada en Cumplimiento a Mandamientos Judiciales de la Policía Judicial de Puebla, de la condena en su contra por siete años de prisión, al considerar que no hay pruebas suficientes que lo vinculen con el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.
Al conceder un amparo liso y llano, el pasado 4 de julio, el tribunal con sede en Quintana Roo ordenó emitir sentencia absolutoria y la libertad inmediata de Sánchez Moreno, quien estaba preso en el Centro Penitenciario Benito Juárez, de esa entidad.
El 13 de abril de 2021 se condenó al excomandante a siete años de prisión, acusado de humillar, intimidar y amenazar a Cacho durante?su traslado de Cancún a Puebla en 2005.
No obstante, su defensa apeló esta sentencia, que derivó en este fallo emitido por el Tribunal Colegiado que consideró que no había “evidencia fehaciente que destruya la presunción de inocencia o demuestre, sin duda razonable, que el acusado instigó a terceros para perpetrar el delito”.
Por: Draco Draculon martes, julio 08, 2025/Comentarios: 0Nacional,
PEMEX
Mediante una reestructura aprobada en mayo último el equipo leal a Octavio Romero Oropeza, actual director del Infonavit, retoma el control en Pemex desplazando a funcionarios de la Secretaría de Energía. El ajuste amplía direcciones, pero reduce vigilancia, mientras resurgen casos de corrupción.
Mientras Octavio Romero Oropeza acapara reflectores en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya se consumó el regreso de su equipo más leal a la empresa del Estado. La gente de “El Oro”, como se le conoce dentro de la estructura, volvió a ocupar las direcciones más influyentes desplazando al reducido grupo de funcionarios que colocó Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, quienes llegaron desde oficinas capitalinas y sin experiencia en el sector energético.
El reacomodo fue aprobado formalmente en mayo último durante la sesión 1036 del Consejo de Administración de Pemex, según consta en el acta publicada en el portal de la propia empresa.
En esa sesión se avaló la llamada “reestructura vertical”, un rediseño institucional que, de acuerdo con la narrativa del gobierno federal, busca “recuperar el carácter público de la empresa” tras la reforma energética de la autodenominada Cuarta Transformación. Sin embargo, el documento revela que con esta reestructura se amplió el número de direcciones ejecutivas de ocho a diez, se redujeron las áreas de vigilancia de tres a dos y se mantuvo intacta la estructura sindical heredada.
De acuerdo con actas internas, declaraciones patrimoniales públicas disponibles en Declaranet y perfiles verificados en plataformas institucionales, Proceso identificó que cuatro de las 10 direcciones ejecutivas –sin contar la Dirección General– quedaron en manos de cuadros vinculados directamente con Romero.
Se trata de funcionarios que ya habían ocupado cargos estratégicos durante su administración y que ahora regresan con mayor peso político, pese a haber estado relacionados con episodios de alto costo operativo y financiero para Pemex.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 0025 de la revista Proceso, correspondiente a julio de 2025
“Lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya formalmente al gobierno de Israel la autorización a través del sistema de asistencia jurídica internacional para que esas afirmaciones queden dentro de un marco legal", dijo Gertz Manero.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), luego de que el diario israelí The Marker publicara que el exmandatario presuntamente recibió 25 millones de dólares por parte de empresarios de Israel, a cambio de beneficios como la venta del software de espionaje Pegasus.
“Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel esta información que dieron, de carácter mediático, la podamos incorporar para poder seguir adelante”, declaró el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.
Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario detalló que desde la administración anterior se presentaron varias denuncias sobre el software Pegasus, que habría sido usado como sistema de espionaje, pero no fueron corroboradas con las pruebas suficientes.
“Lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya formalmente al gobierno de Israel la autorización a través del sistema de asistencia jurídica internacional para que esas afirmaciones queden dentro de un marco legal y no se vaya al mismo vacío de denuncias que no se sostienen”, dijo.
“Tenemos nosotros que darle la judicialidad necesaria para que ese documento quede debidamente establecido como una afirmación pública de unos empresarios de ese país que hicieron una declaración en el sentido de, que a esta persona (Peña Nieto), le dieron esa cantidad de dinero en esa fecha”, comentó el funcionario.
🟥El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, informó que se ha abierto una carpeta de investigación contra Enrique Peña Nieto por presuntos sobornos.
Señaló que es necesario que las autoridades de Israel ratifiquen los señalamientos realizados en el medio The Marker. pic.twitter.com/KbpMV6D3XK
Asimismo, el fiscal reconoció que la relación con las autoridades de Israel no ha sido fácil, pero espera que en este caso de los presuntos sobornos a Peña Nieto haya respuesta rápida.
El medio israelí publicó que dos empresarios, Avishai Neriah y Uri Ansbacher, presuntamente le entregaron al exmandatario 25 millones de dólares a cambió de ciertos beneficios.
“El acuerdo más famoso que negociaron fue la venta de Pegasus, el software del fabricante israelí de ciberataques NSO, a varias autoridades del país”, se menciona en el reportaje del diario.
Peña Nieto niega señalamientos
Enrique Peña Nieto aseguró en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que estaba fuera del ámbito de su competencia el asignar contratos a empresas o prestadores de servicio, por lo que negó haber recibido sobornos por parte de empresarios israelíes para facilitar la venta del software espía Pegasus durante su administración.
“Yo no doy línea ni di línea nunca de asignar contratos a tal o cual proveedor, no es mi tarea. Yo fui presidente, goberné un país, me dediqué a dictar líneas de conducción hacia dónde queríamos ir, a desarrollar proyectos de infraestructura a través de las áreas responsables de hacer las contrataciones”, declaró.
Peña Nieto afirmó que las especulaciones buscan dañar su imagen y son “con dolo y mala fe” ya que en la publicación solo se habla de la disputa de dos empresas y solo insinúa que hubo aportaciones, pero no dice a quién.
“Entiendo que son dos empresas que estaban constituidas antes de que yo asumiera la Presidencia de la República, que prestaban ya servicios al gobierno anterior, seguramente continuaron con mi gobierno, no sé a qué grado, no sé que hayan realizado, no lo sé, sinceramente no lo sé”, insistió.
Nuevos jueces sin experiencia previa en tribunales reciben una capacitación exprés de manera obligatoria en la Escuela Judicial del Estado de México, antes de asumir funciones el próximo 5 de septiembre.
“Yo no tengo esa experiencia completa. Nosotros venimos con otra experiencia: ciertamente administrativa, a lo mejor política, social o de simple postulante”, admite Alejandro Tapia González mientras mueve las manos con nerviosismo y se muerde los labios al hablar. Tiene 67 años, fue regidor, asesor legislativo y catedrático universitario. Estudió Sociología, Educación y Derecho, pero nunca ha trabajado en un tribunal ni ha emitido una sentencia.
Aun así, fue electo como juez mixto del distrito de Chalco con más de 25 mil votos en el Proceso Judicial Extraordinario 2025, y ahora se prepara para ejercer el cargo, tras un curso de capacitación de dos meses y medio, que concluirá a finales de agosto.
Desde que recibió su constancia de mayoría, Alejandro Tapia González fue convocado al curso obligatorio en la Escuela Judicial del Estado de México. Las primeras semanas se enfocaron en contenidos comunes para todos los jueces y magistrados electos. Después, fueron divididos por materia. Él se integró al grupo de capacitación en materia civil, familiar y mercantil, las tres áreas que deberá atender como juez mixto en el distrito de Chalco.
“Nos estamos reencontrando con las leyes, básicamente las de orden adjetivo”, dice. Luego de ese repaso al marco legal que deberán aplicar, en los próximos días comenzarán las simulaciones de audiencias, como parte del entrenamiento práctico.
A pesar del entusiasmo con el que habla del curso, reconoce que la falta de experiencia es un reto. “Cuando otros presumen su currícula, pues me siento chiquito, la verdad. Digo, algunos tienen 15, 20 años, o más de 20 años de experiencia y, pues, voy corriendo atrás de ellos”, afirma.
También admite que la capacitación no es suficiente: “Esto no termina jamás. Es continuo. Porque nuestras leyes presentan muchas contradicciones entre lo que dice el legislador, lo que dice la norma y lo que dice la realidad”.
Aunque insiste en que es un ciudadano común, su trayectoria incluye varios cargos públicos. Ha sido regidor en Valle de Chalco, asesor legislativo en el Senado y en el Congreso local, y director municipal de vinculación y reglamentación. En 2024 buscó una diputación local por el PRI, y en la etapa final del proceso electoral fue visto en eventos de Morena.
Tapia González sabe que estará bajo escrutinio. “Vamos a estar ahora sí que en el ojo del huracán”, dice con firmeza. Asegura que ha sentido la presión desde que fue electo y que la expectativa sobre su desempeño es alta, especialmente entre quienes dudan de la reforma judicial y del perfil de los jueces ciudadanos.
—¿Cuál cree que será su mayor desafío cuando asuma el cargo? —se le pregunta.
—Híjole… pues la falta de experiencia, sin duda. Pero tengo algo que me legitima y que me fortalece: el apoyo de la ciudadanía.
Durante la entrevista, reconoce que no ha tenido tiempo ni de celebrar su triunfo. En lugar de eso, ha estado pensando en cómo enfrentar la carga de trabajo y el peso de las decisiones que tendrá que tomar. Lo hace con honestidad, sin rodeos.
—¿Qué le representa saber que, sin carrera judicial, va a tener en sus manos decisiones que pueden afectar la libertad o el patrimonio de una persona?
—Estoy aprendiendo que esto nos va a comprometer más, y sobre todo en esta etapa de adaptación. Por eso es tan importante estar aquí, preparándonos todos los días.
Asegura que la escuela judicial está haciendo un esfuerzo por brindarles las herramientas necesarias. Él, por su parte, se mantiene en contacto con sus electores a través de redes sociales. “Es una de mis fortalezas”, dice, y muestra con orgullo un video que grabó saludando “desde Toluca” para informar que está en formación. Repite que fue el voto popular el que lo colocó en esta posición y que no va a desaprovechar esa legitimidad.
El nuevo modelo de elección judicial no solo ha generado dudas entre la ciudadanía, también ha provocado fricciones dentro del propio sistema de justicia. Tapia González habla abiertamente del debate que percibe entre quienes fueron electos por voto popular y los jueces formados dentro del Poder Judicial.
“Desde que se abrieron las convocatorias, descubrí el debate entre lo que es la carrera judicial y esta apertura para que el pueblo decida”, explica. “Esto todavía es una de las partes complicadas”, reconoce.
Dice que hay diferencias de visión, pero también resistencias. Asegura que algunos de sus compañeros electos comparten la sensación de no ser reconocidos por quienes hicieron carrera tradicional. “Es un reto porque, insisto, choca un poco”, afirma.
Sin embargo, ve este momento como una oportunidad para acercar la justicia a la gente. “Estamos viviendo un proceso de reforma inédito, y es importante que la sociedad lo entienda igual que nosotros. No sólo como un cambio de nombres, sino como un nuevo modelo”.
Tapia González admite que aún no tiene una estrategia definida para su trabajo como juez. Dice que la está construyendo con base en lo que recogió durante la campaña y con lo que está aprendiendo en la capacitación. “Cada día lo que me transmiten los magistrados, los que son aquí los mentores, me parece de gran importancia”.
Un juez no se forma en dos meses
María del Refugio Elizabeth Rodríguez, directora de la Escuela Judicial del Estado de México, lo dice sin rodeos: un juez no se forma en dos meses. Explica que, en condiciones normales, la formación completa de un juzgador toma cerca de un año: seis meses de preparación académica y tres más para el concurso de oposición. “No puede ser menos de seis meses, más otros tres del proceso de oposición. El proceso completo toma más o menos un año”, detalla.
Pero ante la llegada de jueces electos por voto popular sin carrera judicial, ese proceso se compactó en un curso intensivo de poco más de dos meses. “Fíjate que el diseño inicial tenía horarios de nueve de la mañana a nueve de la noche, con dos horas para alimentos. Pero como muchos trabajan, hubo que ajustar sobre la marcha. Ahorita es de lunes a viernes. Incluso la escuela tendría que entrar en periodo vacacional en dos semanas, y no lo vamos a tener”.
“Un juez no se forma en dos meses. Las competencias para impartir justicia no las da solo la universidad: eso lo enseña una escuela judicial, con práctica, acompañamiento y experiencia real”.
El curso fue diseñado entre enero y abril de 2025, con un tronco común para todos los electos, seguido de módulos especializados por materia. La etapa más exigente será la capacitación en sitio: ahí los nuevos jueces acudirán a juzgados reales, observarán audiencias y practicarán con supervisión directa. “Tendrán un mentor a su lado, pero estarán viendo casos reales, estructuras internas, resoluciones, acuerdos… todo en tiempo real”.
Rodríguez anticipa que ese momento marcará un antes y un después. “Ahí ya no es tanto lo teórico. Yo estoy segura de que van a querer más. Cuando estén frente a una audiencia de control de detención, con minutos para decidir, van a sentir el peso real del cargo”.
La directora reconoce que fue difícil adaptar el curso para perfiles sin experiencia judicial. “Nos tuvimos que preguntar: ¿cómo vinculamos a alguien que no fue formado aquí, que no pasó por un concurso, y que puede tener que tomar decisiones que afectan la libertad de una persona en cuestión de horas?”.
Aunque dice que no todos los jueces electos recibieron con la misma disposición el curso, insiste: “Algunos llegan y dicen: ‘A mí no me eligió el tribunal, yo vengo por el voto’. Pero nuestra tarea es ayudarles a entender el camino”.
También advierte que la capacitación no termina con el curso. “Van a ser evaluados por el Tribunal de Disciplina. Y nosotros, como escuela, estamos obligados a medir nuestros propios estándares y corregir lo que falle”.
Para ella, este primer proceso con jueces electos todavía está a prueba. “Es muy temprano para dar una postura firme. Es el primer ejercicio. Pero de lo que sí estoy segura es de que queremos los mejores jueces”.
“Hay que darles seguimiento, analizar sus resoluciones, y ver qué tan actualizados están. Yo no quiero que se queden solo con lo que aprendieron en la licenciatura. Para ser juez, eso no alcanza”.
A pesar de los ajustes, la escuela sostiene que no basta con ganar una elección para impartir justicia. Rodríguez insiste en que el modelo debe corregirse desde el origen:
“Yo creo que los siguientes candidatos deberían haber pasado previamente por la Escuela Judicial. Ya estamos trabajando en un estándar de competencia que se pueda exigir desde antes de la elección”.
“La preparación —agrega— debe ser condición, no consecuencia. Queremos los mejores jueces, y para eso no basta con ir a votar”.
La Fiscalía acusa a Jesús Antonio de asesinar a Margarita “N”, de 28 años, y a las menores: Meredith y Medelin, dos gemelas de 11 años, y Karla de nueve años.
Jesús Antonio “N” fue vinculado a proceso por el asesinato de su pareja y sus tres hijas menores de edad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) busca la pena máxima contra el imputado.
La FGJES obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Jesús Antonio por los delitos de feminicidio agravado y homicidio infantil en número de tres; tras recabar pruebas periciales, testigos, cateos y la declaración del probable responsable.
Se presume que el señalado le quito la vida a Margarita “N”, de 28 años, con quien tenía una relación afectiva ocasional, así como a sus tres hijas: Meredith y Medelin, dos gemelas de 11 años, y Karla de nueve años.
Los hechos ocurrieron el pasado 3 de julio, alrededor de las 16:00 y 17:00 horas, en el entronque de la carretera 36 con la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, del poblado Miguel Alemán en el municipio de Hermosillo, donde Jesús Antonio “N” viajaba con Margarita “N” y las tres menores de edad.
El imputado le disparó a la mujer con un arma de fuego para después abandonar su cuerpo a lado de la carretera, el cual fue localizado el 4 de junio.
Siguió sobre la carretera 36 con dirección al norte, y tan solo unos siete kilómetros más adelante, se detuvo para bajar a las tres menores de edad y dispararles. El 5 de junio, los cuerpos de las menores fueron ubicados cerca del lugar por el colectivo Buscadoras Por La Paz Sonora.
Jesús Antonio fue detenido el 6 de julio, tras un operativo de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en el cual también se identificó su presunta relación con el narcotráfico.
“Dicho sujeto se dedica a la distribución de drogas y está vinculado con una organización criminal que opera en la capital del estado”, afirmó la Fiscalía de Sonora.
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ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Hermosillo, Sonora, 6 de julio de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que como resultado de las investigaciones por el homicidio de la madre y sus tres menores hijas, en la Comisaría Miguel Alemán… pic.twitter.com/11GBUBlvB4
Después de una audiencia, en la que se presentaron diversas pruebas, el imputado fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.
La Fiscalía buscará que se le imponga la pena máxima como sentencia condenatoria, que podría llegar hasta los 70 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal de Sonora.
Este lunes, durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó “cualquier forma de violencia contra mujeres, niñas y niños” y aseguró que se realizaría una revisión de datos sobre violencia infantil en México.
Las autoridades también decomisaron 64 vehículos, entre ellos motocicletas, tractocamiones, pipas y maquinaria pesada; tres cisternas de diferentes capacidades y contenedores cilíndricos metálicos.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Veracruz, ejecutó un cateo en el municipio de Las Vigas de Ramírez –a unos 50 minutos de Xalapa– donde aseguraron 933 mil litros de hidrocarburo, 64 vehículos, tres cisternas, contenedores metálicos y un predio.
La diligencia se llevó a cabo en la colonia Barrio de la Cruz de La Misión, con la autorización de un juez federal. En ella participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
El cateo se realizó en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, mediante la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quienes brindaron seguridad perimetral en la zona.
Durante la operación se localizaron: 933 mil litros de petróleo crudo, 64 vehículos, entre ellos motocicletas, tractocamiones, pipas y maquinaria pesada, Tres cisternas de diferentes capacidades y contenedores cilíndricos metálicos
El predio y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que continúa con la investigación correspondiente para determinar responsabilidades y deslindar hechos en torno al aseguramiento.
Según las autoridades, los ahora sentenciados operaban en el Rancho Izaguirre como un punto de reclutamiento forzado para el crimen organizado.
El Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Distrito I dictó un fallo condenatorio contra los diez hombres detenidos el 18 de septiembre de 2024 en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, por haber cometido delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición agravada y homicidio calificado.
El proceso judicial inició el 1 de julio con la etapa de juicio oral y concluyó con la deliberación del tribunal tras escuchar los alegatos finales de las partes. Entre los acusados se encuentran Lennin “N” (también identificado como Kevin “N”), David “N”, Gustavo “N”, Christopher “N”, Juan “N”, Óscar “N”, Erick “N”, Luis “N”, Ricardo “N” y Armando “N”.
Según las autoridades, los ahora sentenciados operaban en el Rancho Izaguirre como un punto de reclutamiento forzado para el crimen organizado. En ese lugar, fueron arrestados durante un operativo encabezado por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, tras un reporte de detonaciones de arma de fuego. Al llegar, fueron agredidos, lo que provocó un enfrentamiento. En el sitio se localizó el cuerpo sin vida de una persona y se liberó a otras dos que se encontraban privadas de su libertad.
Previo al fallo, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José Luis Álvarez Pulido, explicó que el juicio había concluido su etapa de desahogo de pruebas el viernes 5 de julio.
“Y se procede con una deliberación que debe ser privada, continua y no puede exceder las 24 horas. Es decir, cerrado el debate, el tribunal se retira para deliberar sobre el caso y anunciará su fallo a las partes cuando esté listo”, detalló el magistrado.
Álvarez Pulido puntualizó que, una vez concluidos los debates, el tribunal tiene un plazo de 24 horas para deliberar en privado y emitir su resolución. Agregó que el Tribunal de Enjuiciamiento tendría un plazo de cinco días para determinar la pena que se impondrá. Sin embargo, se informó que la audiencia de individualización de las penas se llevará a cabo este mismo martes 8 de julio a las 9:30 horas, donde se determinará la sentencia que deberá cumplir cada uno de los acusados, así como las medidas de reparación del daño.
“En caso de que el fallo sea condenatorio, el Tribunal de Enjuiciamiento fija una audiencia dentro de los cinco días siguientes para determinar la pena que se impondrá, así como la reparación del daño. Lo primero es decidir si se emite un fallo condenatorio o absolutorio. La audiencia que está por concluirse se denomina 'Audiencia de debate y juicio'. En caso de condena, lo que marca la ley es que se fije una nueva audiencia en ese plazo, llamada 'Audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño’”, explicó el representante del Poder Judicial.
Este caso está relacionado con los hallazgos realizados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes el 5 de marzo pasado reportaron la localización de indicios de inhumaciones clandestinas en el mismo predio. Tras el procesamiento, se determinó que en este sitio se localizaron 1,844 artículos y prendas de vestir, como ropa, calzado, gorras y mochilas, que podrían pertenecer a víctimas de reclutamiento forzado o desaparición forzada.
Actualmente, suman 16 personas detenidas relacionadas con delitos cometidos en el Rancho Izaguirre: los 10 detenidos en septiembre pasado y ahora condenados, además de tres ex policías del municipio de Tala, incluido el ex jefe de la Policía Municipal, acusados por el delito de desaparición forzada; José Gregorio "N" —alias "Lastra"—, presunto integrante de una célula delictiva vinculada al reclutamiento de personas para el Cártel Jalisco Nueva Generación y responsable del reclutamiento y adiestramiento en el rancho Izaguirre; la mujer arrestada junto con José Gregorio; y el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, vinculado a proceso por delincuencia organizada agravada por su condición de servidor público.
Además 12 servidores públicos, entre los que están ocho funcionarios de la Fiscalía del Estado de Jalisco y cuatro peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) están siendo investigados por omisiones en el procesamiento de evidencias e indicios descubiertos en el rancho Izaguirre. Esa carpeta de investigación ya ha sido judicializada y fue abierta por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco.
El fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que el gobierno de Estados Unidos permitió que el boxeador mexicano viviera y hasta se casara en su territorio, pese a contar con la información de sus presuntos nexos con el narcotráfico.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo este martes en conferencia matutina que Julio César Chávez Jr. será procesado judicialmente en México, cuando sea deportado por autoridades de Estados Unidos, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
“Estamos esperando a que se lleve a cabo la audiencia que el propio gobierno de los Estados Unidos señaló para que lo puedan deportar de forma inmediata, parece que el día de ayer hubo una cierta confusión, porque había dos audiencias, una por unos delitos anteriores que estaban en investigación y la otra que es la de la deportación”.
“Resultó que el lunes ni una ni otra (audiencia) se hizo, vamos a estar pendientes, todo nuestro personal está listo, también lo dimos a conocer, el abogado de esta persona ha estado presentando una serie de amparos que son improcedentes y lo vamos a judicializar en el momento en que llegue”, indicó el fiscal.
Ayer, el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. no se presentó a una audiencia por posesión de arma de fuego y parecía estar desaparecido luego de que su abogado Michael Goldstein revelara al diario USA Today que desconocía si su cliente todavía se encuentra en los Estados Unidos.
Chávez Jr. no asistió a dar su declaración en la que sería su primera audiencia para definir su situación legal tras ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), el pasado jueves 3 de julio en Los Ángeles.
“La obligación era de ellos”
El fiscal Alejandro Gertz Manero afirmó que la obligación de detener al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. era principalmente de las autoridades de Estados Unidos, pues estas se encargaron de presentar las pruebas en su contra.
“Toda la obligación era de ellos, porque estaba ahí, porque ellos lo habían denunciado, porque ellos habían presentado las pruebas y porque ellos sabían lo que estaba ocurriendo, tanto es así que lo detienen”,
“Establecieron que sabían que tenía capacidad para poder vivir en los Estados Unidos, que ahí estaba establecido, que ahí se había casado, que ahí estaba actuando, toda esa información se tenía. ¿Por qué la usaron en este momento y por qué lo hicieron en la forma en que lo hicieron? Esa es una responsabilidad de ellos”.
Las acusaciones hechas para que Julio César Chávez Jr. recibiera órdenes de aprehensión fueron una presunta vinculación con el crimen organizado en México, así como tráfico de armas.
Apenas el año pasado había sido detenido en los Estados Unidos por los cargos de posesión ilegal de armas, sin embargo, salió libre tras pagar una fianza.
Elementos del Gabinete de Seguridad Federal detuvieron a Máximo García Carrillo, alias “Max”, generador de violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el 7 de julio de 2025, en el municipio de Ahuacatlán, en el estado de Nayarit.
García Carrillo era responsable de dirigir enfrentamientos contra “Los Mayos” -una facción del Cártel de Sinaloa dirigida por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, hijo del capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”, preso en Estados Unidos-, en el municipio de Huajicori, con quienes mantienen una pugna por el control de las actividades ilícitas en los poblados de El Riíto, Santa María de Picachos, El Duraznito, San Andrés Milpillas y Quiviquinta.
El presunto delincuente operaba como generador de violencia en los municipios de Tuxpan, Ruíz, Acaponeta y Ahuacatlán, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal. Durante el operativo también fueron detenidos Gabriela Muñoz Sandoval, de 31 años de edad, y José María Alonso Hernández, de 27 años.
La captura se logró tras un reporte ciudadano que informó respecto a personas armadas al interior de un domicilio ubicado en la localidad de Heriberto Jara. Los agentes de seguridad federal iniciaron trabajos de seguimiento e identificaron que García Carrillo utilizaba ese inmueble para actividades ilícitas, por lo que implementaron vigilancias, corroboraron su identidad y fue detenido.
Posteriormente, las autoridades aseguraron un segundo inmueble ubicado en la colonia Demetrio Vallejo, donde fueron hallados prendas tácticas, cartuchos y un sistema de comunicación. En el operativo fueron aseguradas tres armas largas, una pistola, cuatro cargadores, 20 kilogramos de marihuana, dos kilogramos de cocaína, 600 dosis de cocaína y 604 mil pesos en efectivo.
También se decomisaron teléfonos celulares, cinco vehículos, tres motocicletas, prendas tácticas y un sistema de comunicaciones ilegal. El Gabinete de Seguridad Federal calculó que la afectación económica a la delincuencia organizada por la droga asegurada ascendía a 676 mil 665 pesos.
Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), de la Fiscalía General de la República (FGR), para definir su situación legal.
La Jefa del Poder Ejecutivo aseguró que se hará todo lo que haga falta para erradicar el delito de extorsión. "Lo que estamos haciendo ahora es, primero, poner a disposición de la ciudadanía un equipo de trabajo, bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad", detalló. "Lo importante es que una persona que sufre o es víctima de extorsión sepa que estamos ahí para apoyar", destacó desde Palacio Nacional.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará hoy mismo al Congreso de la Unión una iniciativa para darle facultades a fin de expedir una Ley General que homologue el delito de extorsión en todo el país y permita que éste sea perseguido de oficio, es decir, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP).
“Para que la extorsión se persiga de oficio, no debe descansar en la víctima la denuncia”, dijo este martes la mandataria federal al presentar la estrategia contra este delito, pues reconoció que es el único que las autoridades no han podido bajar.
Ernestina Godoy Ramos, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, precisó que la iniciativa contempla modificar el Artículo 73, fracción XXI, inciso A, de la Constitución, para otorgar al Congreso de la Unión las facultades necesarias para legislar en materia de extorsión, a través de una Ley General con un tipo penal único, sus agravantes, delitos vinculados y sanciones.
La funcionaria explicó que esta reforma permitirá al Estado asumir de manera directa la responsabilidad de investigar y perseguir la extorsión como un delito que afecta no solo a la víctima individual, sino a toda la sociedad.
Sheinbaum destacó que, a diferencia de otros delitos que han mostrado una baja, la extorsión no ha disminuido. Por ello, destacó que ya se habilitó el número 089 para recibir denuncias anónimas, sin necesidad de que quien sufra extorsión proporcione su identidad.
El proceso de investigación se activará a partir de estas denuncias, y las unidades estatales y federales que actualmente investigan secuestros también atenderán casos de extorsión.
“Le estamos quitando a la víctima ese peso; ya no descansa en ella la denuncia, quien lo asume es el Estado”, dijo.
La Presidenta aclaró que no se modificarán las penas existentes, y que el delito seguirá siendo de fuero local, pero deberá perseguirse de oficio, como sucede con los homicidios dolosos.
“El tema es cuando hay una denuncia de extorsión, el delito se persiga de oficio., sino que el Estado mexicano se asume como víctima y atiende el delito”, insistió
Por su parte, Omar García Harfuch señaló que actualmente ocho entidades concentran la mayoría de los casos de extorsión: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
La Jueza del caso fijó una nueva audiencia para el 21 de agosto, a la espera de nueva información sobre su paradero y situación legal.
El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. no se presentó ayer a la audiencia programada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, en medio de un proceso de deportación acelerada que enfrenta en Estados Unidos (EU).
Michael Goldstein, abogado de Chávez Jr., declaró el lunes al medio estadounidense USA Today que desconoce el paradero actual de su cliente, quien permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 2 de julio.
La Jueza Neetu S. Badhan-Smith fijó otra audiencia para el próximo 21 de agosto, a la espera de nueva información sobre su situación legal. Hasta el momento, Chávez Jr. no aparece en el sistema de localización de detenidos de ICE, lo que podría deberse a los tiempos de procesamiento internos de la agencia.
El hijo del legendario campeón Julio César Chávez fue detenido la semana pasada por permanecer en Estados Unidos con una visa de turista vencida desde febrero de 2024. Además, enfrenta un proceso penal por portación ilegal de armas y ha sido vinculado con el Cártel de Sinaloa, lo que complica aún más su situación migratoria.
Chávez Jr. fue arrestado en enero de 2024 en Los Ángeles por portar un arma sin permiso. Aunque su abogado ya había anticipado que no podría asistir a la audiencia por estar bajo custodia federal, la ausencia fue formalmente registrada el lunes.
En paralelo, investigaciones tanto en México como en EU lo relacionan con miembros del Cártel de Sinaloa, particularmente con Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, exjefe de seguridad de "Los Chapitos".
Un video difundido por el influencer Markitos Toys, en el que aparece Chávez Jr. junto a vehículos de lujo presuntamente ligados al crimen organizado, se ha convertido en una de las principales líneas de investigación en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó hace unos días que desde 2023 existe una orden de aprehensión contra el boxeador en México, derivada de una carpeta judicializada por delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas, personas y drogas.
Julio César Chávez padre declaró que su familia está preparada para enfrentar el proceso legal en México si su hijo es deportado.
“Vamos a pelear bajo las leyes de México si es que lo trasladan acá”, dijo a la agencia de noticias Associated Press.
Por su parte, el Fiscal Alejandro Gertz Manero reveló el domingo que los abogados del boxeador han intentado obtener amparos para evitar su detención en México, pero que éstos han sido rechazados. “El amparo no procede porque nosotros no lo tenemos en nuestro poder”, afirmó.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de migrantes, como el National Immigration Law Center, han criticado el uso del procedimiento de deportación acelerada, una política que fue ampliada por el Presidente estadounidense Donald Trump.
