A la par de la crisis sanitaria, Colima enfrenta el virus de la violencia y la inseguridad. La ejecución de siete policías estatales que el gobierno local envió a Jalisco para cuidar a empresarios mineros, así como el secuestro y homicidio de la diputada Francis Bueno Sánchez son el reflejo de la criminalidad que azota al estado. Sin embargo, para el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez la situación no es tan grave y le endosa el problema al gobierno federal.
La ejecución de siete policías estatales que habían sido enviados a Jalisco para cuidar a empresarios mineros, el secuestro y homicidio de la diputada colimense morenista Francis Anel Bueno Sánchez así como la creciente ola de inseguridad y violencia provocaron el enojo de diversos sectores sociales que exigen la dimisión del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.
El coordinador de Morena en el Congreso colimense, Vladimir Parra Barragán, solicitó el miércoles 10 a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar al mandatario por su presunta corresponsabilidad en el caso de los uniformados asesinados por “permitir que elementos de seguridad pública realizaran labores fuera del marco legal, lo que derivó en esas muertes”.
El coordinador de Morena en el Congreso colimense, Vladimir Parra Barragán, solicitó el miércoles 10 a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar al mandatario por su presunta corresponsabilidad en el caso de los uniformados asesinados por “permitir que elementos de seguridad pública realizaran labores fuera del marco legal, lo que derivó en esas muertes”.
