Los cinco medios de comunicación nacionales contra los que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) inició una queja por publicar las imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, continúan sin sanción.

La Conavim promovió en febrero pasado una queja ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, de la Secretaría de Gobernación, por la difusión de información e imágenes del crimen de Ingrid Escamilla Vargas en diversos medios impresos. La razón de la queja fue que atentaron “contra la dignidad de las mujeres, denigran y causan perjuicio a la sociedad en general”.

Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el 22 de mayo del 2019, habría adjudicado contratos a algunas de las 23 empresas que forman parte del consorcio del que es propietaria su familia, todo ello en plena pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).

Se trata de dos contratos con el IMSS, uno con el Banco del Bienestar y dos con el gobierno del estado de Puebla, según un reportaje titulado ‘Zoé Robledo. Funcionario y contratista del gobierno de AMLO’, realizado por el medio digital Latinus, que encabeza el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez.

Los académicos Felipe Ignacio Echenique March y Juan Manuel Sandoval Palacios, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), interpusieron una denuncia contra los megaproyectos federales del Tren Maya y el Corredor Transístmico «ante la inevitable e irremediable destrucción de un indeterminado número de bienes nacionales denominados monumentos arqueológicos».

En la denuncia, los miembros del INAH indicaron que la destrucción en la Península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec sería resultado de «la simulación, omisión, negligencia y usurpación de funciones que han llevado a cabo distintos funcionarios públicos», quienes han violado la Constitución y la Ley General de Bienes Nacionales, entre otras, para imponer los megaproyectos.