Durante el gobierno de Felipe Calderón, Pemex se asoció de formas desventajosas con Braskem, filial de Odebrecht. Al evaluar la cuenta pública de 2016, la Auditoría Superior de la Federación encontró un contrato plagado de desventajas para la petrolera mexicana y de enormes ventajas para la compradora brasileña, como multas muy disparejas por incumplimiento y la construcción de un ducto especial, así como de un servicio de transporte que beneficia a Braskem pero paga Pemex. Todo ello, debido a que las autoridades mexicanas mintieron sobre su capacidad de producción.