La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó los artículos de la normativa del Sistema Nacional Anticorrupción que disponen, primero, que las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos serán públicas.
Ello, salvo en aquellos rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales, los que quedarán bajo resguardo de las autoridades competentes.





















