Tal como ha sido advertido por grupos de activistas y periodistas, la Ley de Telecomunicaciones promovida por Enrique Peña Nieto, no sólo pone en riesgo el internet tal como se conoce actualmente, sino también la privacidad de los millones de mexicanos que interactúan diariamente, pues con las bondades de la geolocalización, la web se podría convertir en un dedo inquisitorio para indicar al gobierno la ubicación de quienes considere peligrosos.
Uno de los puntos más criticados en la legislación, es la capacidad de permitir el almacenamiento de los datos de los usuarios sin orden judicial, lo que se traduce en que los proveedores de servicios de internet como Telcel, Iusacell o Movistar, tiene la obligación de guardar información por tiempo indefinido para ser consultada por dependencias tales como el Ejército, la Secretaria de Gobernación, la Procuraduría General de la República, y cualquiera que así lo requiera.
Tal disposición vulnera la privacidad de los ciudadanos, e incluso ha generado pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, el poder violatorio de la reforma a la intimidad de quienes ingresen a la red, no se queda ahí.

