AUTOR: JUAN CARLOS ORTEGA PRADO.
MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno federal se apuntó un tanto a su favor: legalizó a las autodefensas michoacanas. Ahora bien, eso no es tan importante ni tan bueno como el gobierno de Enrique Peña Nieto ha presumido. ¿En qué ha cambiado la situación?
Por supuesto que es tranquilizador saber que al menos 15 mil personas armadas han aceptado plegarse claramente a la legalidad (y a la protección estatal), pero también hay puntos oscuros.
Lo que es necesario es legal, dice un adagio jurídico. Visto el resultado, ese parece ser el argumento que motivó al gobierno. No obstante, es desolador que las policías comunitarias sean necesarias. Indica una renuncia, un debilitamiento enorme del poder estatal, que debe disfrutar del monopolio de la fuerza.
Además, el gobierno no tendría que ser reactivo, ni dar vida de iure a realidades de facto que se le salieron de las manos. No en situaciones tan graves como la michoacana. Debería ser propositivo, ir un paso por delante, es su trabajo. Así que el hecho de dar la bendición jurídica a un ejército civil parece una salida de relumbrón, un anhelo insano de pasar la página cuanto antes.

