FUENTE: ALER (http://produccioninformativa.aler.org/)/ Libera Radio.
22-01-2014
"Las reformas impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el marco del Acuerdo Trans Pacifico, en materia de educación, salud, trabajo, energía, entre otras, implican un retroceso sin precedentes en los derechos humanos y entregan a las grandes corporaciones las tierras y el subsuelo del país a costa de la vida y el futuro del pueblo mexicano", dijo hoy la red de organizaciones del MOVIAC.
Indicó que la reforma energética implica la entrega de la tierra y los territorios de las comunidades indígenas y campesinas al capital privado privilegiando sus actividades de lucro por medio del aprovechamiento comercial de los bienes comunes naturales y de la apropiación de grandes extensiones de tierra. Y que privilegia también las ganancias de las empresas sobre la alimentación de la población y la protección y garantía de los derechos humanos.
Recordaron que el artículo transitorio octavo constitucional establece: "que las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden público, en virtud de su carácter estratégico. Y por esa razón tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas".
22-01-2014
Indicó que la reforma energética implica la entrega de la tierra y los territorios de las comunidades indígenas y campesinas al capital privado privilegiando sus actividades de lucro por medio del aprovechamiento comercial de los bienes comunes naturales y de la apropiación de grandes extensiones de tierra. Y que privilegia también las ganancias de las empresas sobre la alimentación de la población y la protección y garantía de los derechos humanos.
Recordaron que el artículo transitorio octavo constitucional establece: "que las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden público, en virtud de su carácter estratégico. Y por esa razón tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas".
