(Ottawa/San Cristóbal de las Casas) Documentos divulgados por el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (DFAIT por sus siglas en inglés) en respuesta a una solicitud bajo la ley de acceso a la información revelan que las autoridades de Canadá pusieron recursos públicos al servicio de Blackfire Exploration, una empresa minera de ese país, a pesar de vínculos con sospechosos del asesinato de un dirigente local, la clausura de la mina y alegatos de corrupción ampliamente divulgados.
“Según nuestro análisis de estos documentos, pocos días después de que se circulase en las más altas esferas del gobierno canadiense un informe condenatorio sobre la empresa Blackfire, las autoridades canadienses solicitaron asesoramiento para la empresa sobre cómo demandar al estado de Chiapas bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por haber clausurado la mina,” comentó Rick Arnold quien participó en una misión de observación en Chiapas en 2010. “Es como si para el gobierno canadiense no fuesen importantes las vidas de las personas, sólo los mezquinos intereses comerciales.”



