Mientras Florence Cassez continúa codeándose con la clase política de su país –este lunes sostuvo un encuentro con el expresidente Nicolás Sarkozy, su más acérrimo defensor–, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busca frenar los embates tras su resolución emitida la semana pasada que abrió la puerta a la libertad a la ciudadana francesa luego de siete años en prisión.
Y es que en un sondeo realizado por BGC-Excélsior, 59% de los encuestados opinaron que la decisión mayoritaria de los ministros obedeció a tres razones: la presión del gobierno galo, los arreglos del presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo francés François Gérard Georges Hollande y a que los ministros recibieron dinero.
En una tarjeta informativa, la Corte señaló que la institución “ha aplicado la Constitución y los tratados internacionales, dictando resoluciones que implican la libertad inmediata de personas privadas de su libertad, en casos de violaciones al debido proceso y sus derechos fundamentales”.
La SCJN destacó que no es la primera vez que toman una decisión de esa naturaleza y citó al menos tres casos anteriores al de la francesa, quien había sido sentenciada a 60 años de prisión por secuestro.








