FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Tras meses de agravios y sinsabores por la negligencia de las autoridades estatales, los pobladores de los municipios de La Montaña, la Zona Norte y la región Centro de Guerrero constituyeron sus propios movimientos de defensa civil y arremetieron contra las bandas delincuenciales que operan en ese entorno. El detonante fue el secuestro de Eusebio Alberto García, comisario de Rancho Nuevo en Ayutla, la mañana del sábado 5 de enero. Ahí, en esa localidad enclavada en la Costa Chica –donde la justicia no llega–, se activó el alzamiento civil.
CHILPANCINGO, GRO: Las regiones de La Montaña, Norte y Centro del estado de Guerrero están unidas por un factor: el hartazgo por la creciente violencia en sus localidades y la permanente inacción de las autoridades –e incluso su presunta complicidad– ante la delincuencia.
El secuestro de un comisario municipal el sábado 5 de enero y las constantes extorsiones en la región de la Costa Chica, sobre todo en Ayutla de los Libres y Tecoanapa, movieron a los lugareños a empuñar rifles, pistolas y machetes para enfrentar de manera directa a las bandas criminales que operan en la región. La comunidad decidió desplazar a las autoridades, emprendió una cacería de delincuentes y tomó la justicia en sus manos.
Hasta el cierre de esta edición los integrantes del Movimiento Ciudadano Contra la Delincuencia de Ayutla tenían a más de una treintena de presuntos criminales en diversas casas de seguridad habilitadas por ellos mismos donde los juzgarán, dicen, según los usos y costumbres de los pueblos de la región.
El jueves 17, en la Zona Norte, habitantes de los municipios de Iguala y Teloloapan también tomaron las armas y se cubrieron el rostro con capuchas. Tras instalar un retén sobre la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura del poblado de Ahuehuepan, expresaron su desesperación por los secuestros y extorsiones que comenten bandas criminales sin que nadie las detenga.
Fuentes oficiales aseguran a Proceso que los delincuentes suelen exigir cuotas de cinco millones de pesos a los productores de mango de esa zona –que se disputan La Familia Michoacana y Guerreros Unidos– para dejarlos trabajar.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Tras meses de agravios y sinsabores por la negligencia de las autoridades estatales, los pobladores de los municipios de La Montaña, la Zona Norte y la región Centro de Guerrero constituyeron sus propios movimientos de defensa civil y arremetieron contra las bandas delincuenciales que operan en ese entorno. El detonante fue el secuestro de Eusebio Alberto García, comisario de Rancho Nuevo en Ayutla, la mañana del sábado 5 de enero. Ahí, en esa localidad enclavada en la Costa Chica –donde la justicia no llega–, se activó el alzamiento civil.
CHILPANCINGO, GRO: Las regiones de La Montaña, Norte y Centro del estado de Guerrero están unidas por un factor: el hartazgo por la creciente violencia en sus localidades y la permanente inacción de las autoridades –e incluso su presunta complicidad– ante la delincuencia.
El secuestro de un comisario municipal el sábado 5 de enero y las constantes extorsiones en la región de la Costa Chica, sobre todo en Ayutla de los Libres y Tecoanapa, movieron a los lugareños a empuñar rifles, pistolas y machetes para enfrentar de manera directa a las bandas criminales que operan en la región. La comunidad decidió desplazar a las autoridades, emprendió una cacería de delincuentes y tomó la justicia en sus manos.
Hasta el cierre de esta edición los integrantes del Movimiento Ciudadano Contra la Delincuencia de Ayutla tenían a más de una treintena de presuntos criminales en diversas casas de seguridad habilitadas por ellos mismos donde los juzgarán, dicen, según los usos y costumbres de los pueblos de la región.
El jueves 17, en la Zona Norte, habitantes de los municipios de Iguala y Teloloapan también tomaron las armas y se cubrieron el rostro con capuchas. Tras instalar un retén sobre la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura del poblado de Ahuehuepan, expresaron su desesperación por los secuestros y extorsiones que comenten bandas criminales sin que nadie las detenga.
Fuentes oficiales aseguran a Proceso que los delincuentes suelen exigir cuotas de cinco millones de pesos a los productores de mango de esa zona –que se disputan La Familia Michoacana y Guerreros Unidos– para dejarlos trabajar.
