Tras su detención, fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez.

Las autoridades federales le imputan delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, específicamente por la supuesta compra de una casa en 2013 con un valor de alrededor de 40 millones de pesos.

Pastor Medrano nació en Atlacomulco, Estado de México, y tiene una larga trayectoria política en el PRI: fue diputado local en 2005 durante la administración de Arturo Montiel Rojas y también dirigió el partido a nivel local.

Sin embargo, en 2005 fue expulsado del tricolor tras un conflicto interno que estalló cuando la dirigencia estatal lo acusó de promover una consulta entre las bases para elegir al próximo aspirante priista a la gubernatura, una iniciativa que fue interpretada como un desafío directo a la línea oficial del partido.

Más tarde, se unió al gabinete del gobernador Eruviel Ávila, donde ocupó cargos como secretario de Desarrollo Metropolitano y secretario de Movilidad.

Sin embargo, se le acusó de presentar documentación falsa para su registro y el Tribunal Electoral del Estado de México revocó su candidatura.

Después de un tiempo fuera del ámbito político, en 2020 el Partido Encuentro Solidario (PES) lo eligió como su dirigente en el Estado de México, hasta la desaparición de la agrupación política en el año 2021.

El exgobernador también se quedará en prisión debido a que su defensa no logró acreditar que haya cumplido con el plan de actividades del Reclusorio Norte, relacionado con actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas.

“La defensa no aportó medio de prueba que acredite que todas y cada una de las actividades deportivas, culturales y educativas se cumplieron”, agregó.

Durante tres audiencias, tanto la FGR como la defensa legal del exmandatario estatal presentaron pruebas y testigos para argumentar a favor y en contra de Duarte. 

En estas audiencias la FGR argumentó que, entre los años 2019 y 2020, Duarte fue sancionado por haber introducido algunos “objetos ilegales” a la prisión, además de tener otro procedimiento penal por una supuesta desaparición forzada. 

Sin embargo, el argumento de la defensa se ha centrado en el hecho de que si bien las sanciones sí existieron, estas ya cumplieron cinco años, por lo que al no haber reincidido en alguna otra mala conducta, el exgobernador podría solicitar el beneficio de la libertad anticipada.

La defensa también  argumentó que el delito por el cual se le persiguió no fue por desaparición forzada, sino por haber “entorpecido las investigaciones”, lo cual no amerita figura de prisión preventiva oficiosa y, por tanto, podría salir. 

En la última audiencia el debate subió de tono cuando el propio exmandatario estatal tomó la palabra para acusar a la FGR de querer montar un “circo mediático” con su caso.

Hace siete años, la LX Legislatura del Congreso del Estado de Colima determinó multar a Anguiano Moreno, e inhabilitarlo para ocupar puestos públicos durante 14 años, tras el proceso de revisión excepcional al Poder Ejecutivo relacionado con empréstitos autorizados en el Decreto 565 del 21 de septiembre de 2015. 

La actual administración estatal informó que fue notificada por el Legislativo local de que la multa estaba en firme después de que fueran desechados diversos recursos judiciales interpuestos ante diversos tribunales por el exgobernador.

“Ante ello, la Dirección de Recaudación, parte de la Dirección General de Ingresos de Seplafina, dio curso legal a todo un proceso en donde se notificó al exservidor público en cuestión y, desde 2022 comenzó la búsqueda bienes a su nombre que pudieran ser sujetos de embargo”. 

Posteriormente, añadió, “se hicieron las acciones legales correspondientes y con el bien encontrado a nombre del involucrado se procedió a su embargo y posterior adjudicación, en irrestricto respeto a la normativa vigente”. 

El gobierno estatal se manifestó “en contra de la corrupción y la impunidad, a favor del manejo adecuado de los recursos públicos y de que se proceda conforme a derecho ante quienes hacen mal uso del erario”. 

Por su parte, el exgobernador Anguiano Moreno declaró este día que después de tres auditorías realizadas a su administración al concluir su sexenio el Congreso le notificó que no había encontrado ninguna irregularidad. 

En entrevista radiofónica con el periodista Max Cortés, el exmandatario comentó que posteriormente fue realizada otra auditoría sobre un crédito de 638 millones de pesos por el que se aprobó la sanción mediante el Decreto 613. 

Aceptó que durante las últimas semanas de su gobierno solicitó el crédito y fue autorizado por el Congreso, pero los recursos no fueron manejados por él ni sus colaboradores, porque el contrato por el crédito con el banco Interacciones fue suscrito hasta el 16 de diciembre de 2015, mes y medio después de que concluyó su gobierno. 

Además, indicó que el propio Congreso reconoció que no se acreditó que haya existido sustracción de recursos en beneficio de él o de terceras personas, sino que en algunos rubros hubo aplicaciones para fines distintos al autorizado, que fue pagar la nómina.

Ante el señalamiento de que en México la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convirtió en un monopolio a partir del sexenio anterior y que eso podría derivar en un panel internacional por violar el T-MEC, la mandataria federal respondió:  

“Salió en las conversaciones con Estados Unidos, pero no ha sido un tema, es más mucha gente alrededor, incluso congresistas y otros, empresas que lo han planteado. No se viola el tratado, para empezar”. 

En segundo lugar, dijo la mandataria federal, “son decisiones soberanas del pueblo de México. No está a discusión cambiar lo que se aprobó”. 

Habló del nuevo esquema que maneja la Secretaría de Energía que, con la Comisión Federal de Electricidad, es distinto para la iniciativa privada que busque invertir en el sector. 

“Había muchos permisos (...) y CFE decía ‘sí pero no tengo capacidad de conexión a las redes de transmisión’ y no podía dar permiso. La queja es por qué no se tenía esa capacidad de conexión”. 

En ese escenario, la Secretaría de Energía “empezó a decir dónde necesitaba… Dónde necesita el país, el sistema eléctrico nacional”, así como otras características para evitar problemas técnicos. 

“Se hizo concurso y se dijo a ver, ¿quieres participar en el sistema eléctrico nacional como empresa privada?, el país necesita que inviertas aquí y ahí sí te puedo dar el permiso porque hay conectividad con la red de transmisión, lo hicieron y creo que la mitad más o menos participaron”. 

Añadió: “Ya no es a ver dónde quiero, cómo quiero y el pleito de los permisos. Es qué necesita el país (...)  y entonces sí entrarle a participar en este esquema”. 

Por lo tanto, es ya “una dinámica completamente distinta y lo ha tomado bien quienes quieren invertir en el país”. 

La autoridad federal también avanza, aseguró, en poner en orden y apegar a las nuevas leyes a quienes tenían sistemas de autoabasto de energía eléctrica.

Informó que fueron enviados 15 elementos de la policía estatal para hacerse cargo de la vigilancia y además le brindaron seguridad al alcalde. 

De acuerdo con reportes de la prensa local, el 18 de noviembre se registró un enfrentamiento entre un grupo llamado Autodefensas Pueblos Unidos de la Región, que estaría ligado a bandas locales encabezadas por “el Bukanas” y “la Marrana”, e integrantes de la Operativa la Barredora del CJNG. 

La persecución y balacera entre ambos grupos se extendió desde la localidad Paso Carretas, de Atzitzintla hasta el municipio de Mariano Escobedo, en el estado de Veracruz, con saldo de al menos seis muertos, todos pertenecientes al grupo delincuencial que se hace pasar como autodefensa. 

Luego de esto, la Barredora emitió un comunicado escrito en el que se adjudicó este enfrentamiento y acusó que ese grupo delincuencial abatido respondía a las órdenes del alcalde y cometía al menos siete robos diarios de transporte de carga en esa región. 

Cabe señalar que esa zona, en los límites de Puebla y Veracruz, es considerada una de las más peligrosas para los transportistas, pues es cercana a la autopista Puebla-Orizaba y a la zona de Esperanza, Río Blanco y Las Cumbres de Maltrata, donde diariamente se reportan asaltos. 

El Ayuntamiento de Atzitzintla emitió un comunicado en el cual el alcalde, quien fue postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), rechazó las acusaciones en su contra. 

“De igual manera, el Presidente Municipal Constitucional, C. Eduardo Velázquez Medina, aclara de manera firme que no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo o relación con grupos delictivos, cualquier contenido que intente involucrarlo con actividades delictivas es totalmente falso, irresponsable y de carácter amarillista, promovido por adversarios políticos que buscan confundir y dividir”. 

Hieren con arma blanca a alcalde Tianguismanalco

De igual forma, la Secretaría de Seguridad del Estado se hizo cargo de la vigilancia del municipio de Tianguismanalco, luego de que el alcalde Juan Pérez Moral, fue atacado con arma punzocortante la tarde del jueves 20 de noviembre. 

Sánchez González dijo que el edil se reporta como estable en un hospital de Puebla capital, luego de que un sujeto, que fue detenido, le causara una herida en el cuello. 

Hasta ahora no hay información oficial sobre las causas de este ataque, aunque existen versiones de que el motivo fue político. 

Además de Atzitzintla y Tianguismanalco, el gobierno estatal también se tuvo que hacer cargo de la seguridad del municipio de Huixcolotla, luego de que tres policías municipales de esa localidad fueron asesinados igual por el grupo llamado La Barredora del CJNG.

Las organizaciones que integramos el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) expresamos nuestra profunda preocupación ante la persistente violencia que enfrentan personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, así como periodistas en el estado de Michoacán. Entre 2016 y 2025, al menos nueve personas defensoras han sido asesinadas —una contaba con medidas del Mecanismo Federal de Protección y dos con medidas de la Fiscalía estatal—. Asimismo, entre 2006 y 2025 se han registrado ocho periodistas asesinados, tres de ellos ocurridos entre 2022 y la fecha, en presunta relación con su labor informativa. A ello se suma un entorno de agresiones que comprende desplazamiento forzado, ataques físicos, amenazas, hostigamiento, violencia digital y violencia de género.

Las personas defensoras del medio ambiente y del territorio, así como las periodistas que cubren temas relacionados con política y seguridad, enfrentan los mayores niveles de riesgo en Michoacán. Este riesgo se agrava por las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, frecuentemente coludidos con actores estatales o municipales. La violencia afecta de manera diferenciada y desproporcionada a pueblos y comunidades indígenas, así como a mujeres, cuyos territorios, formas de organización y procesos colectivos se ven amenazados por intereses económicos, criminales y políticos.

En 2024, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó 16 agresiones en Michoacán contra personas defensoras del medio ambiente. A ello se suman los ataques ocurridos recientemente el 6 de noviembre en el municipio de Madero, dirigidos contra personas defensoras ambientales, que reflejan la gravedad de la situación y la necesidad urgente de acciones efectivas de protección.

En cuanto a mujeres periodistas, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) ha documentado al menos 78 agresiones entre 2023 y 2025, destacando bloqueo informativo, uso desproporcionado de la fuerza pública, intimidación, amenazas, detenciones arbitrarias y campañas de desprestigio. Las principales personas agresoras han sido funcionarios estatales de la Secretaría de Seguridad Pública y autoridades municipales.

Los recientes asesinatos del alcalde Carlos Manzo y del comerciante Bernardo Bravo evidencian la gravedad de la crisis de violencia que enfrentan múltiples comunidades en Michoacán, una situación que ha sido denunciada durante años. A estos hechos se suman nuevas agresiones: Article 19 documentó tres ataques adicionales contra periodistas en Uruapan y Morelia entre el 1 y el 3 de noviembre de 2025, que incluyen hostigamiento digital y actos de censura que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información.

En este contexto, Michoacán es además la tercera entidad federativa con el mayor número de personas defensoras y periodistas en situación de riesgo que cuentan con medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente, 158 personas están incorporadas: 75 mujeres, 124 personas defensoras y 34 periodistas.

Ante este panorama de violencia, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia anunciado por el gobierno federal en cabeza de la Presidenta Claudia Sheinbaum debe reconocer y atender a personas defensoras de derechos humanos y periodistas como poblaciones con necesidades específicas de protección, dada la gravedad y naturaleza de los ataques que enfrentan, así como su rol fundamental en la defensa de derechos, la información pública y la construcción de paz.

Para eso es indispensable fortalecer la coordinación y diálogo entre el gobierno estatal y federal, particularmente a través del Mecanismo Federal de Protección, y avanzar hacia una ruta integral de prevención, fortalecimiento institucional y presencia territorial, construido en conjunto con la sociedad civil, que permita respuestas oportunas y efectivas ante situaciones de riesgo.

Asimismo, es urgente que la Fiscalía Estatal y el Poder Judicial establezcan un plan de investigación y judicialización de delitos contra personas defensoras y periodistas, garantizando verdad, justicia y reparación.

Finalmente, exigimos la instalación de un diálogo permanente entre las autoridades federales —particularmente de la Secretaría de Gobernación— y las autoridades estatales, así como con personas defensoras y periodistas. Este espacio debe permitir el monitoreo de las acciones emprendidas, fortalecer la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo, garantizar transparencia y robustecer las medidas de prevención y protección para quienes trabajan cada día por la justicia, la verdad y los derechos humanos en Michoacán.

Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC). Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales  (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México