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miércoles, octubre 15, 2025

Juan Ramón de la Fuente se reúne con Marco Rubio en EU; abordan seguimiento a cooperación en seguridad

El canciller mexicano viajó a Estados Unidos para reunirse con Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump. Ambos países han acordado cooperar en temas comerciales y de seguridad fronteriza.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, se reunió este miércoles en Washington D.C. con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Esta reunión se llevó a cabo en el marco de la visita que realizó el funcionario estadounidense a la Ciudad de México, en la que tuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum y en el que acordaron cooperar en materia de seguridad.

Mediante un comunicado, el Departamento de Estado señaló que ambos países continúan mejorando la cooperación en los objetivos de seguridad, entre los que destacó el desmantelamiento de organizaciones terroristas extranjeras.

“Que amenazan a ambos países mediante el tráfico de fentanilo y armas. Ambos (De la Fuente y Rubio) también discutieron el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, el fin de la inmigración ilegal y la promoción de la prosperidad económica”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que esta visita se realizaría en seguimiento a los mecanismos de cooperación establecidos entre México y Estados Unidos.

Ambos gobiernos acordaron en septiembre reafirmar la cooperación de ambos países en materia de seguridad con el objetivo de “desmantelar el crimen organizado transnacional”.

Los gobiernos de México y Estados Unidos también destacaron, en un comunicado conjunto en septiembre, la colaboración para atender la migración irregular en la frontera.

Grupo de alto nivel

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron en septiembre pasado la instalación de un grupo de alto nivel que se reunirá regularmente para compartir información de inteligencia y estrategias para combatir a los cárteles de la droga.

“Los carteles son una amenaza a la seguridad de México y de Estados Unidos y por eso tiene toda lógica cooperar y trabajar en conjunto”, dijo entonces Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

“Sé que muchas ocasiones se habla de que se han formado grupos (pero) este es un grupo de alto nivel, esto es un grupo para poner en vigor lo que hemos acordado en conjunto (la cooperación) y no hay gobierno en este momento que esté cooperando más con nosotros en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México”.

El gobierno de Estados Unidos, que encabeza el presidente Donald Trump, impulsa una estrategia de seguridad en contra de los cárteles del narcotráfico, con la que busca reducir las muertes en su territorio por consumo de drogas ilegales , como el fentanilo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Yaquis de Sonora resisten contra divisiones del gobierno y un Plan de Justicia fallido creado por AMLO

El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui impulsado por AMLO prometía saldar una deuda, pero abrió nuevas heridas en una lucha que no conoce descanso. Aun así, los yaquis están dispuestos a llegar “hasta donde tope” por su dignidad y el derecho al agua.

“En la danza del venado, vibra la sangre y su raza. Esa historia es tu pasado, pasado que nunca pasa”. Rodrigo Gotogopicio canta con nostalgia los versos de “Yaqui de Oro”, una melodía que un integrante de la tribu yaqui de Sonora compuso y compartió con sus compañeros cuando era más joven.

El capitán del pueblo de Vícam camina al lado de lo que queda de uno de los brazos del Río Yaqui. El agua está estancada, con algas, y cada año disminuye su volumen, pues en 2010 empezó la construcción y operación del mega proyecto Acueducto Independencia que extrae el recurso hídrico para entregarlo a la ciudad de Hermosillo.

“[El río] Da agua a los animales, para el riego, para el mar. Los animalitos beben del agua, lo necesitamos mucho”, comparte Gotogopicio.

“Se miraba muy bonito cuando corría el agua”, recuerda mientras señala donde pasaba el río. “Mucha gente antes lavaba en los ríos, antes no había llaves, y tenían que venir al río”.

Desde su resistencia, los yaquis han resaltado que son ellos y ellas quienes deben hablar por el agua, las montañas, las piedras y el mar que no tienen voz para defenderse a sí mismos de la explotación humana.

El cuerpo de agua es vital para los ocho pueblos que conforman la tribu yaqui. Ha sido un eje central de la lucha por el territorio que han desempeñado desde los tiempos del porfiriato, y más recientemente contra los embates del Gobierno mexicano.

Aunque la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, quienes dieron el beneficio de la duda a la iniciativa, hoy señalan que la política gubernamental no ha atendido sus demandas y necesidades, pero sí ha generado divisiones. En 2021 registró el asesinato de uno de sus miembros más activos, Tomás Rojo.

Los yaquis, bajo acecho desde el porfiriato

La bandera yaqui se compone por tres franjas verticales de color azul, blanco y rojo. El rojo representa la sangre que derramaron los indígenas cuando se levantaron en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, a finales del siglo XIX, tras abusos e intentos de colonización. Durante ese periodo, el Estado lanzó una embestida del Ejército contra los yaquis: los vendió como esclavos y los deportó a la Península de Yucatán.

Después llegó un periodo de relativa paz, representado en el símbolo de su nación con el color blanco. Con el gobierno de Lázaro Cárdenas, la tribu pudo recuperar parte del territorio sonorense que había perdido y empezar a reconstruir su comunidad, que para ese momento ya había fundado asentamientos en otros estados de la República, como Veracruz y Yucatán, mismos que aún se mantienen.

“La política, de cualquier partido, a los indígenas nos ha tratado mal. Nos han pisoteado los derechos, y parece que nos quieren acabar los usos y costumbres”, acusa César Cota, miembro de la tropa yoreme.

“Hemos andado en muchas partes, todos siempre defendiendo nuestro territorio: el agua, las montañas, el mar. Esas no hablan, por eso dicen los viejos, ‘pero nosotros hablamos por ellos’. Ellos están ahí: el agua corre, las piedras no se mueven. El mar ahí está, pero no habla. Por eso, nosotros debemos hablar por ellos”.

El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui provoca divisiones

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se propuso un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, con el cual el presidente prometió restituir tierras y aguas a la tribu, además de pedir perdón por los crímenes cometidos en su contra por gobiernos anteriores. La estrategia consistía en rehabilitar y entregar el Distrito de Riego 018 para que los yaquis tuvieran derecho a agua para sus hogares, el ganado y la siembra, además de la construcción de una universidad, rehabilitación de escuelas, modernizar la infraestructura, mejorar las instalaciones de servicios de salud, entre otras acciones, para atender la deuda con los pueblos.

La noticia fue recibida por los pueblos con opiniones divididas: algunos se acercaron al oficialismo, otros se limitaron a aceptar la iniciativa con críticas y recelo. Entre quienes vieron buena voluntad del exmandatario, hay quienes se sienten decepcionados y traicionados.

Recuerdan cuando López Obrador los visitó en el pueblo de Pótam, durante su tercera campaña presidencial en el 2018, y prometió hacer justicia a la tribu yaqui.

“Sí, llegó a ser presidente. Sí, hizo el Plan de Justicia para los Yaquis, y todo estaba bien, pero debajo de ese plan había un propósito: un nuevo decreto que nos iban a imponer”, rememora Cota a inicios de octubre de 2025, en el marco de la Caravana por el Clima y la Vida, una iniciativa de organizaciones y colectivas para reunir exigencias de pueblos que defienden la autonomía y el territorio.

La serie de decretos presidenciales y políticas implementadas por López Obrador entregaron tierra, agua y vivienda a los yaquis, pero en el 2021 y 2022, explica Cota, el Gobierno mexicano impulsó acuerdos con algunas autoridades yaquis para la asignación de agua a la comunidad, lo cual provocó divisiones en la tribu.

El nuevo Ministro Presidente fue operador del Plan de Justicia Yaqui

Además del despojo de territorio, con la construcción del Acueducto Independencia se violó el derecho de la tribu yaqui al agua.

El hecho fue escalado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en 2013 emitió un fallo histórico en contra de la Autorización de Impacto Ambiental con la que se había permitido la magna obra y señaló que no se había llevado a cabo una consulta informada a la tribu para su realización.

Las y los magistrados de la entonces Primera Sala ordenaron al Estado realizar la consulta y detener las operaciones del acueducto, lo cual no fue acatado.

Divididos, los yaquis que se mantienen críticos contra el Estado no confían en que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pueda resolver a favor de sus pueblos. Además, la Suprema Corte ahora está presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, quien fungió como abogado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el sexenio de López Obrador.

Aguilar, quien resultó electo a inicios de junio en las elecciones judiciales, fue fundamental para la creación y posterior implementación del Plan de Justicia Yaqui.

“Ese personaje es el que hizo daño a nosotros, la tribu”, remarca Cota. “Dice que es indígena, pero trabaja a favor del Gobierno. (…) Ahora, nuestros amparos [contra el plan], es lo que estamos diciendo: ‘¿dónde van a quedar, con esa nueva Suprema Corte?’ Si la misma persona que nos hizo daño, como a otros indígenas del sur, ahora está allá adentro. ¿Dónde vamos a quedar nosotros?”.

La lucha por el agua y el territorio

Así como los yaquis llevan más de cien años en lucha por el respeto a sus usos y costumbres, su territorio y el agua, el Estado mexicano ha continuado con la criminalización de sus representantes.

El 27 de mayo de 2021, el líder yaqui Tomás Rojo fue reportado como desaparecido. El activista fue uno de los principales voceros en la lucha contra el Acueducto Independencia en 2010, por lo que incluso fue falsamente acusado de varios delitos. Dos semanas después de su desaparición fue localizado sin vida en una fosa.
Fernando Jiménez fue detenido arbitrariamente en septiembre de 2014, bajo los cargos de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad. Fue encarcelado injustamente durante 11 meses. A más de 10 años de los hechos, el asesinato de Rojo es un recordatorio de que la lucha continúa.

“Sigo en el mismo lugar, con la misma gente, se podría decir, ya que algunos ya no se encuentran con nosotros”, dice Jiménez. “Sigo al pie de la letra todo lo que aprendí de mi compañero, que en paz descanse, Tomás Rojo Valencia”.

Para él, el Plan de Justicia Yaqui ha sido un instrumento para ensartar “un golpe mortal” a la tribu y su movimiento, por lo que ha hecho un llamado a que se revisen los acuerdos oficiales hechos por el Gobierno federal que contemplen el respeto al territorio y derechos del agua de los yaquis.

En ese sentido, Agustín Molina, Capitán del Pueblo de Pótam, resaltó que la tribu yaqui continuará peleando por sus derechos.

“Vamos a seguir hasta donde debamos para defender nuestros derechos. Esos niños que andan ahí, jugando”, dice señalando a los miembros más pequeños de la tribu, “mañana o pasado no van a tener un futuro, como nosotros lo tuvimos cuando nuestros antepasados nos heredaron este pedazo de territorio”.

“Por eso vamos a seguir adelante, hasta donde tope y hasta donde tengamos que llegar”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.
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Vuelven los acordeones al TEPJF: magistrado propone confirmar sanciones a candidatas

La presidenta Sheinbaum se ha pronunciado en contra de las sanciones del INE y la mayoría de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral ya tumbó un proyecto anterior de Reyes Rodríguez

El tema de los “acordeones” repartidos durante la elección judicial irrumpirá de nuevo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en torno a un proyecto de resolución del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que plantea confirmar sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra dos candidatas que fueron beneficiadas por estas “guías de votación” atribuidas a partidos políticos, sobre todo del oficialismo.

El proyecto de resolución de Rodríguez establece que los acordeones –en este caso, acordeones difundidos en sitios de Internet con nombres que sugieren su cercanía con la llamada Cuarta Transformación– representaron un “beneficio indebido” con “un recurso que no fue propio” para los candidatos que aparecieron en ellos; el criterio aplica para quienes se deslindaron de la propaganda y para quienes no salieron electos a pesar de figurar en las guías.

Resulta poco probable que la Sala Superior apruebe el proyecto del magistrado cuando lo discuta: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha pronunciado en contra de las sanciones del INE, y la mayoría de magistrados de la Sala Superior del TEPJF, ya tumbó un proyecto del magistrado Rodríguez que pretendía declarar la nulidad de la elección debido al reparto de acordeones.

En el caso del proyecto de resolución relativo a las sanciones del INE, Rodríguez contempla desechar unos recursos presentados por dos candidatas a jueza de distrito, quienes aparecieron en acordeones pero no resultaron electas, y a quienes el INE impuso una amonestación pública.

Este proyecto marca desde ahora la postura de Rodríguez respecto a la decisión del INE de sancionar –económicamente– a los ahora integrantes del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) que aparecieron en acordeones y fueron electos; esta determinación del árbitro electoral causó molestia en el gobierno y en Morena, donde se minimiza el papel de los acordeones en la votación y se asegura que la elección judicial fue “todo un éxito”.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, han insistido en el peso que??los acordeones tuvieron en los resultados de la elección.

Tanto el Consejo General del INE como la Sala Superior del TEPJF se han dividido respecto a las controversias que surgieron en el atropellado camino de la elección judicial, el cual culminó con una tasa de abstención de más del 87% durante los comicios del pasado 1º de junio.

En ambas instituciones, las presidentas –Guadalupe Taddei Zavala en el INE y Mónica Soto Fregoso, en el TEPJF-- impidieron las iniciativas que señalaban irregularidades o los múltiples problemas que derivaron de la implementación de la reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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Brugada presenta reforma contra el despojo ante el Congreso de la CDMX

La iniciativa busca actualizar la tipificación del despojo para incluir modalidades actuales de este ilícito, como el uso de violencia física o moral, simulación de actos jurídicos, suplantación de identidad y documentación falsa.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma al Código Penal, Código Civil, Ley Registral y Ley del Notariado, con el objetivo de fortalecer la prevención y sanción del delito de despojo en la capital. 

La iniciativa busca actualizar la tipificación del despojo para incluir modalidades actuales de este ilícito, como el uso de violencia física o moral, simulación de actos jurídicos, suplantación de identidad y documentación falsa.

También, propone sanciones más severas para casos que involucren a personas vulnerables, como adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad, así como para despojos cometidos en coordinación con servidores públicos, notarios o grupos organizados. 

Entre las modificaciones destaca la presunción de mala fe, para quienes presenten títulos o contratos sospechosos, la inversión de la carga de la prueba y la creación de mecanismos de recuperación acelerada de inmuebles, incluyendo medidas provisionales de suspensión de ventas o construcción hasta que se determine la legítima posesión.  

También se busca establecer un “blindaje” al Registro Público de la Propiedad para evitar el uso de escrituras apócrifas. 
Actualmente, en el artículo 237 se imponen de cinco a diez años de prisión y de cien a quinientas unidades de medida y actualización (UMA) al que, de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca.  

Con la iniciativa, dichas penas podrían aumentar de seis a 11 años de prisión y de 200 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).  
Además, la propuesta contempla agravantes que permitirían aumentar las sanciones en casos específicos, de siete a 11 años de prisión y de mil a 4 mil UMA:
  • Comisión del delito contra adultos mayores o familiares directos.
  • Participación de servidores públicos o notarios en el proceso de despojo.
  • Uso de suplantación de identidad, simulación de actos jurídicos o documentación falsa.
  • Despojo en predios declarados como áreas naturales protegidas.
  • Involucramiento de grupos organizados o asociación delictuosa.
  • Actos de violencia física o psicológica durante el despojo.
La mandataria destacó que la reforma responde al deber del Estado de garantizar seguridad jurídica y proteger los derechos de propiedad de los ciudadanos, así como a la necesidad de prevenir conflictos que puedan escalar a violencia física o social.  

Según datos de la Fiscalía Especial para este delito, actualmente existen más de 500 carpetas de investigación abiertas por despojo en la Ciudad de México, lo que refleja la magnitud del fenómeno.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.
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Caen "Chupón" y otro hombre por agresión contra Erick Yair, joven desaparecido en Oaxaca

C.M.L.M. y U.F.C.R. alias el “Chupón”, continuaran bajo proceso por el delito de lesiones calificadas con ventaja, cometido en agravio de Erick Yair P.L., quien se encuentra reportado como “no localizado”, caso en el que la víctima realizó una denuncia por agresiones, previo a su desaparición.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvo a otras dos personas implicadas en la agresión y posterior desaparición del joven Erick Yair P.L., donde existe la presunta responsabilidad de los elementos de la Policía Municipal de San Agustín de las Juntas, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO). 

Con la detención de C.M.L.M. y U.F.C.R. alias el “Chupón” suman tres las personas implicadas en la desaparición Erick Yair, toda vez que E.A.M.L., alias el “Talibán”, quedó vinculado a proceso por este caso.

De igual forma, la Fiscalía adelantó que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (FEMCO) retomó el caso para determinar la posible responsabilidad de los elementos de la Policía Municipal de San Agustín de las Juntas en estos hechos, al tratarse de funcionarios públicos. 

Por lo pronto, C.M.L.M. y U.F.C.R. alias el “Chupón”, continuaran bajo proceso por el delito de lesiones calificadas con ventaja, cometido en agravio de Erick Yair P.L., quien se encuentra reportado como “no localizado”, hechos ocurridos en el municipio de San Agustín de las Juntas, caso en el que la víctima realizó una primera denuncia por agresiones, previo a su desaparición. 

De acuerdo con el expediente penal por este caso, el 15 de abril de 2025, la víctima denunció que se encontraba en su domicilio en inmediaciones del municipio de San Agustín de las Juntas, donde arribó un grupo de mototaxistas de la zona, quienes agredieron físicamente a la víctima. 

En su declaración, detalla que al lugar llegaron dos patrullas de la Policía Municipal de San Agustín de las Juntas, cuyos elementos detuvieron a la víctima, lo trasladaron y posteriormente lo entregaron a un grupo de civiles. 

La investigación revela que la víctima fue agredida físicamente, logrando identificar a sus agresores y el vehículo en el que lo trasladaron, que correspondía a un taxi del sitio de San Agustín Obispo. 

Derivado de la denuncia por estos hechos, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, que permitieron obtener una orden de aprehensión en contra de C.M.L.M. y U.F.C.R. alias el “Chupón”, por el delito de lesiones calificadas con ventaja. 

El mandato judicial fue cumplimentado por elementos de la AEI, por lo que C.M.L.M. y U.F.C.R. alias el “Chupón”, quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica. 

En tanto que, derivado de los datos de prueba aportados por la FGEO, en audiencia, el juez de la causa dictó vinculación a proceso en contra de E.A.M.L. alias “Talibán”, por su probable responsabilidad en este caso, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada definitiva, otorgando un mes para el cierre de la investigación complementaria. 

Asimismo, la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y la Sociedad, intensifica los trabajos ministeriales para la búsqueda y localización de Erick Yair P.L.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
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Senado concreta aprobación de la Ley de Amparo; aplicará en juicios ya iniciados

Luego de la polémica por las acusaciones de ser anticonstitucional, el Senado avaló los cambios realizados por la Cámara de Diputados en la reforma al amparo para que aplique en juicios ya iniciados.

Unas horas después de haberla recibido de la Cámara de Diputados, el Senado avaló la reforma a la Ley de Amparo y la turnó al Poder Ejecutivo para que sea promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los senadores avalaron los cambios que establecen que las etapas procesales terminadas, o que hayan generado derechos adquiridos, se regirán por las disposiciones vigentes al inicio de los respectivos procesos, mientras que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto estarán sujetas a las reglas nuevas.

Los votos de la coalición encabezada por Morena permitieron que la minuta fuera discutida como un asunto urgente, luego de que la Cámara de Diputados la aprobara durante la madrugada de este miércoles.

El Senado no hizo cambios respecto a la versión que esta madrugada aprobó la Cámara de Diputados. De acuerdo con el dictamen y la mayoría morenista, la modificación busca precisar que la reforma no tiene efectos retroactivos, pues “se trata de una ley procesal” que únicamente aplicará a actuaciones futuras y no afectará derechos adquiridos.

Oposición acusa simulación

Representantes de la oposición acusaron que la mayoría morenista sólo maquilló la retroactividad. Argumentaron que la reforma permitirá al gobierno cobrar créditos fiscales en litigio por más de dos billones de pesos, lo que afectaría principalmente a pequeñas y medianas empresas.

Por parte del PRI, la senadora Carolina Viggiano, sostuvo que las reformas restringen el interés legítimo, lo que impedirá que colectivos, comunidades indígenas, ambientalistas o personas vulnerables interpongan amparos.

“Esta ley es más poder al poder y menos acceso a la justicia al ciudadano. Esa es la realidad, aunque le llamen como le llaman, pero el propósito del oficialismo es muy claro. Quebraron al país y ya no saben cómo y de dónde tener recursos. Por eso siguen con este asunto de la retroactividad para cobrar los créditos fiscales que están pendientes”.

La legisladora advirtió que la reforma limita la suspensión del acto reclamado, lo que dejará sin protección a los ciudadanos frente a embargos, cancelación de permisos o bloqueos de cuentas.

Desde Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales insistió, como sucedió el 1 de octubre cuando fue votada inicialmente en esta Cámara, que se trata de la “Ley del desamparo”. La vicecoordinadora de su bancada afirmó que el nuevo texto es una “maroma legislativa”, que contradice las propias declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ignoran una vez más lo dicho por la presidenta de la República. Y lo que están proponiendo con este nuevo texto es que las disposiciones de las presentes reformas sean aplicadas a los asuntos que actualmente están en trámite”.

El senador panista Ricardo Anaya insistió que la reforma terminó con una herramienta que servía a un ciudadano a defenderse de abusos de autoridad.

“Le dieron la estocada final al amparo”, advirtió.

El legislador insistió que la reforma viola el artículo 14 constitucional, que implica que sí habrá aplicación retroactiva de la ley.

Es falso, dijo, el principio del artículo que establece que la ley de amparo es procesal.

Morena rechaza que sea retroactiva

Senadores de Morena defendieron la aprobación del dictamen y aseguraron que la modificación en los artículos transitorios atiende las observaciones hechas por especialistas y responde a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara rechazó que la ley tenga dedicatoria y sostuvo que su objetivo es modernizar los procedimientos judiciales para hacerlos más ágiles y eficaces.

“Se trata de una ley procesal. No hay retroactividad ni persecución política, sólo el propósito de garantizar que los juicios de amparo se desarrollen con mayor certeza jurídica”, afirmó.

El curso de la reforma

La reforma fue aprobada por el Senado inicialmente el pasado 1 de octubre y la remitió a la Cámara de Diputados, quienes hicieron ajustes a los artículos transitorios, principalmente lo relacionado con la posible retroactividad de su aplicación.

Otros cambios que hicieron los diputados y que avaló el Senado este miércoles aplicaron en la fracción tercera del artículo 128, que modifica el término interés público por el de “disposiciones de orden público”, con la intención de eliminar ambigüedades que podrían generar interpretaciones que vulneren el amparo, según explicó Laura Itzel Castillo en la presentación del documento.

La versión aprobada suprimió la frase que señalaba “de ejecutarse el acto se pueden causar daños de difícil reparación”, a fin de armonizar el texto con los principios constitucionales de progresividad y acceso efectivo a la justicia.

En cuanto al artículo 129, ajustaron que se considerará contrario al interés social o a disposiciones de orden público continuar con actividades o servicios que requieran autorización federal, cuando no se cuente con la misma, por lo que suprimieron la referencia a casos de revocación o suspensión de permisos.

Aplicación en etapas concluidas

La aplicación de la reforma en juicios ya iniciados fue establecida en el artículo tercero transitorio.

“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”.

Así, la reforma incluyó las sugerencias que hizo Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia, en una conferencia presidencial, tras la aprobación inicial de la reforma por el Senado y las críticas desatadas por la retroactividad:

En el transitorio, los legisladores establecieron que la Ley de Amparo es procesal, que se prevea que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos y se rigen por las normas vigentes al momento de su actuación y que señalara que acorde con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del decreto regirán por las nuevas disposiciones, sin que implique aplicación retroactiva —de forma explícita— ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.
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Trabajadores del SAT vuelven a bloquear vialidades en exigencia de aumentos; despliegan policías

La presidenta Sheinbaum dijo que ya se mantiene una mesa de trabajo con los trabajadores del SAT que iniciaron un paro en exigencia de aumentos salariales y mejores condiciones laborales.

Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) continúan este miércoles 15 de octubre con el paro de labores iniciado el martes, y por el cual cerraron diversas vialidades en la Ciudad de México (CDMX), en exigencia de un aumento salarial y mejores condiciones laborales.

“En virtud de que el SAT no ha realizado el comunicado oficial en el cual se cumplan las peticiones de todo el personal de enlace, ¡nos mantenemos en protesta!”, señala un breve comunicado publicado en redes sociales.

Durante la mañana se registró un bloqueo en la a calle Majuelos, alcaldía Xochimilco, el cual se retiró tras unas horas, informó la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno.

A la vez, los manifestantes bloquearon ambos sentidos en Viaducto y Troncoso, en exigencia de que sus demandas sean atendidas por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) fueron desplegados en la zona.

De acuerdo con la SSC, en la zona “solo hay personal de Tránsito para los cortes y desvíos en la circulación”, pero en videos difundidos en redes sociales por medios de comunicación y usuarios también se se puede apreciar a agentes con equipos antimotines.

La protesta, iniciada el martes, se llevó a cabo bajo la modalidad de “brazos caídos” y portando ropa negra o roja. Esto significa que los trabajadores permanecen en sus puestos sin realizar sus actividades; no obstante, algunos llevaron a cabo cierres en distintas avenidas de la CDMX.

De acuerdo con el SAT, la atención se brindó “de manera normal” en 155 de los 162 módulos a nivel nacional. Únicamente se suspendieron operaciones en los ubicados en Chihuahua, Chihuahua; Celaya, Guanajuato; Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco, así como en las sedes Oriente y Sur de la CDMX.

También se informó que se brindaron 59,248 atenciones y se reagendaron, vía correo electrónico, 3,258 citas en todo el país, lo que representa el 5 % del total de citas programadas.

“Esta institución mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores en un marco de respeto y responsabilidad”, indica el comunicado.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que las protestas corresponden a 400 trabajadores de los 25,000 que integran el SAT, y aseguró que se mantiene una mesa de trabajo, con el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para revisar las demandas, entre ellas el aumento salarial.

“Se va a revisar. En el gobierno hay tabuladores de salarios, entonces no es fácil subirle el sueldo a un trabajador de una institución si no se le sube a todos, ¿verdad? Estamos viendo la posibilidad de reclasificar; se están analizando algunas opciones, pero tienen que entrar en diálogo el director del SAT o su equipo con estos trabajadores, que realmente son muy pocos”, mencionó.
¿Qué exigen los trabajadores del SAT en paro?

A través de redes sociales, las y los trabajadores del SAT explicaron que el personal adscrito no ha recibido aumentos salariales, lo que, según explicaron, ha provocado que su salario nominal “sea muy ajustado para alcanzar a cubrir todas las necesidades básicas del día a día”.

Además, el paro en el SAT se hace en exigencia de:
  • Instalaciones dignas para desempeñar su trabajo.
  • Respeto a sus horarios laborales.
  • Salarios justos.
  • Apoyo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
En una comunicación publicada en redes se señala que los propios trabajadores deben aportar recursos como bolígrafos, engrapadoras, tablas para escribir, gomas, clips, entre otros.

Además, se denunció que las y los trabajadores que laboran en campo tienen que realizar los traslados a los domicilios de los contribuyentes con recursos propios sin que les sean reembolsados por el SAT.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Oficina de José Merino viola la autonomía del Órgano de Administración Judicial

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones registró el dominio oaj.gob.mx, con lo que tiene los derechos de administración y puede darlo de baja, renovarlo o cancelarlo. El OAJ debe ser autónomo, independiente e imparcial.

La página del Órgano de Administración Judicial (OAJ) fue registrada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), a cargo de José Merino, pese a que no es su atribución y se trata de un organismo que forma parte de un poder independiente, con autonomía técnica y de gestión, responsable de la administración del Poder Judicial.

De acuerdo con la proveedora Akky Online Solutions, SA de CV, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones registró el dominio oaj.gob.mx el 29 de agosto último, tres días antes de la instalación del nuevo organismo, que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal.

Esto a pesar de que el Órgano de Administración Judicial debe ser, según la reforma del Poder Judicial, autónomo, independiente e imparcial.

La Agencia de Transformación Digital, que depende del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene la atribución de proporcionar el servicio de hospedaje de sitios web a las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, pero no está prevista esa atribución para el Poder Judicial.

De acuerdo con su reglamento, la agencia que encabeza José Merino puede administrar exclusivamente los servicios de internet de las dependencias del gobierno.


Anteriormente, el Poder Judicial había registrado el extinto dominio del Consejo de la Judicatura Federal (cjf.gob.mx) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación administra el suyo (scjn.gob.mx).

Con este movimiento, la Agencia de José Merino tiene los derechos de uso y administración del nombre del dominio y puede darlo de baja, renovarlo o cancelarlo.

Al cuestionar a la ATDT sobre el motivo por el que registró el dominio del organismo judicial, el área de comunicación social lo justificó diciendo que así están todos los portales, incluido el del Senado y la Cámara de Diputados. Sin embargo, en una revisión de sus dominios, ambos fueron registrados por ellos mismos: senado.gob.mx por el Senado de la República y diputados.gob.mx por la Cámara de Diputados.

Por su parte, el Órgano de Administración Judicial no respondió a la consulta de esta reportera sobre la razón por la que no registró su propio sitio web.

El dominio .gob.mx es una extensión reservada para el uso exclusivo de las instituciones del estado mexicano y es operado por Registry .MX / NIC México. Según la página de la entidad de carácter académico y técnico, dependiente del ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey), puede registrar un dominio .gob.mx cualquier funcionario acreditado del gobierno federal, estatales y municipales, además de organismos descentralizados, desconcentrados, autónomos y paraestatales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN.
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El “paraíso ecológico” de Armenta, enredado en violaciones ambientales

El gobierno de Puebla insiste en construir parques en la Malinche, el Izta-Popo y en el Pico de Orizaba aduciendo que busca el rescate y preservación de esas cimas, así como impulsar la educación, protección y el respeto por el medio ambiente... pero en un área natural protegida.

El gobernador morenista Alejandro Armenta Mier presenta su propuesta de construir un parque dentro del área natural protegida (ANP) de La Montaña Malinche, como un proyecto de preservación y educación ecológica, aunque desde su arranque su administración ha transgredido y desacatado leyes en materia ambiental.

El 4 de junio último el gobierno poblano ingresó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un nuevo estudio de impacto ambiental del llamado Ecoparque Tlalli Malinche, en la cual también pide autorización para “rehabilitar” el camino que va de la localidad de San Miguel Canoa al predio donde propone ese recreativo, pese a que esa obra se licitó, contrató e inició varios meses antes, desde principios de este año.

Es decir, solicita permiso para intervenir un área natural protegida, cuando en esa reserva ya se usó maquinaria pesada, se removió vegetación y tierra y hasta se inició la colocación de pavimento, con lo cual violentó disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y del programa de manejo del Parque Nacional La Montaña Malinche (PNMM).

Por ello, la obra fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde finales de abril último. El gobierno armentista no respetó la clausura, continuó con los trabajos y negó públicamente que ese camino estuviera dentro de la poligonal del Parque Nacional.

Armenta Mier, quien se autodefine como un “amante de la naturaleza” y suele encabezar campañas de donación de arbolitos, ha insistido en que su plan de construir parques en la Malinche, el Izta-Popo y en el Pico de Orizaba busca el rescate y preservación de esas cimas, así como impulsar la educación, protección y el respeto por el medio ambiente.

“Estamos cumpliendo todos los requisitos. Nosotros no violentamos la ley, nos apegamos al derecho y somos estrictamente respetuosos de las normas ambientales y de la aplicación del uso del suelo”, defendió el mandatario al insistir, además, en que sus propuestas se ciñen a la “bioética social y al humanismo”.

En el primero de esos tres proyectos, ubicado en la Malinche, lanzó la licitación OP- SPFA-LPE-2025-005 cuando apenas habían transcurrido 45 días del sexenio y firmó un contrato con la empresa Toscana Universal Construcciones y Acabados para cimentar, por 69.8 millones de pesos, un camino de 9.7 kilómetros hacia el predio del pretendido parque, aunque hasta la fecha éste no ha sido autorizado por la Semarnat.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 28 de la revista Proceso, correspondiente a octubre de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
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Madruguete de la 4T: aprueba Ley de Amparo con reserva que reenciende el debate de la retroactividad

El diputado morenista Hugo Eric Flores Cervantes presenta a las dos de la mañana una modificación que la oposición califica de “trampa”. La discusión vuelve al Senado

Tras 14 horas de debate, los diputados de la Cuarta Transformación aprobaron la reforma a la Ley de Amparo en lo general y particular.

Sin embargo, también avalaron en la discusión en lo particular una reserva propuesta por el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, que reenciende la polémica sobre el carácter retroactivo de la iniciativa.

Por ahora, la reforma vuelve al Senado para su nueva discusión.

De madrugada, a las dos de la mañana, el diputado morenista Flores Cervantes presentó una reserva a la Ley de Amparo para que ésta se aplique a las etapas pendientes de resolverse de los juicios que actualmente están en curso.


La reserva fue aprobada por 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones.

“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos.

“Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”, detalla la reserva.

El diputado morenista enfatizó que la nueva redacción del artículo es un tema de derecho procesal que deriva de una disposición constitucional y reiteró que no es violar un derecho constitucional aprobando la irretroactividad de la ley como “maliciosamente” sostuvo la oposición, sino es un tema de materia y trascendencia procesal, “es derecho procesal puro”, sostuvo.

Cambio de redacción

Con esta reserva aprobada por los legisladores oficialistas retoman la controversial reserva aprobada en el Senado sobre retroactividad de la Ley de Amparo, pero ahora se cambia la redacción para que la reforma sí se aplique a los juicios que ya están en curso, pero solo a las etapas que están pendientes de resolverse.

La reserva propuesta por Hugo Eric Flores retomó las recomendaciones que el 3 de octubre hizo el ministro en retiro Arturo Zaldívar, que ahora como coordinador general de Política y Gobierno sugirió de manera ‘respetuosa’ para clarificar el Artículo Primero Transitorio a la Ley de Amparo:

“Que se diga también que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor de este Decreto de Reformas se regirán por las nuevas disposiciones, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”, dijo.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que con una ‘trampa’ regresa la retroactividad de la reforma, ya que, resaltó, la ley se aplicará a juicios en proceso.
“Dicen que no es retroactiva, pero al darle la naturaleza de ley procesal, es una trampa para hacer las leyes retroactivas... Quieren pasar la trampa a las cuatro de la mañana, cuando nadie los ve. Están engañando a los mexicanos y a la comunidad jurídica”, explicó en entrevista en sala de prensa.
La diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández, resaltó que el transitorio está “más manoseado que una moneda en un camión”. Como si todo el contenido de la reforma no fuera lo suficientemente grave “quieren venir hoy a distraernos, otra vez, con este transitorio”, reclamó.

“Lo primero que hay que dejarle bien claro a la gente es que este transitorio, tal cual como está puesto, es de la autoría de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy, la presidenta no va a poder negar que es la autora y artífice absoluta de la idea de perjudicar en retroactivo a todos los mexicanos y mexicanas. Es ella, es ella y nadie más”, denunció.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.
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Gobierno de EU multará con 5 mil dólares a quien cruce ilegalmente la frontera

David Arizmendi, vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, advirtió, el 15 de octubre de 2025, que cruzar la frontera de forma ilegal tendría graves consecuencias legales, incluida multa de 5 mil dólares y prisión.

“Se aplicará una nueva multa de 5 mil dólares a toda persona que cruce ilegalmente a los Estados Unidos. Respeta la ley, si cruzas ilegalmente, enfrentarás graves consecuencias”, dijo el portavoz de la sede diplomática, en un video publicado en su cuenta de la red social X.

Un día antes, la Embajada de EE. UU. en México publicó otro mensaje, también en X -antes Twitter-, en el que advirtió que Estados Unidos arrestaría a inmigrantes ilegales que hubieran reingresado ilegalmente a dicho país, disposición aplicable a cualquier persona mayor de 14 años de edad.

“Reingresar ilegalmente a los EE.UU. después de haber sido deportado tiene graves consecuencias legales, incluida la cárcel. Ni lo intentes; fracasarás y podrías terminar en la cárcel. #NiLoIntentes”, señaló la sede diplomática, que enlistó las posibles penas: dos años por ingreso ilegal, 10 años si fuiste deportado por delito grave y hasta 20 años por deportación tras un delito grave con agravantes.

“Los polleros y sus grupos criminales utilizan sus redes sociales para difundir falsas esperanzas. No te dejes engañar, no arriesgues tu vida por una mentira”, señaló Arizmendi, en otro video, también publicado en X, mensaje replicado por los diversos consulados de EE. UU. en México.

Por otra parte, el Gobierno estadounidense también informó que a partir del jueves 16 de octubre de 2025, aplicaría una tarifa de mil dólares a los nuevos beneficiarios del “parole”, un tipo de permiso de residencia temporal concedido especialmente a migrantes por razones urgentes humanitarias.

El 7 de octubre de 2025, la Administración encabezada por el presidente Donald Trump presumió que durante el recién concluido Año Fiscal 2025, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP, por sus siglas en inglés), registró el menor número de arrestos de migrantes cruzando irregularmente la frontera con México, desde 1970.

Al dar a conocer cifras preliminares para el Año Fiscal en curso, que abarcó de octubre de 2024 a septiembre de 2025, el epartamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), atribuyó la caída en los arrestos de migrantes a las duras medidas en la frontera implementadas por Trump, desde su regreso a la Casa Blanca.

“Hemos tenido la frontera más segura en la historia de EU y nuestras cifras de fin del año lo muestran […] Hemos roto un nuevo récord con el menor número de arrestos [de migrantes] en la frontera sur [con México], en 55 años”, dijo Kristi Noem, titular del DHS.

Según la Administración encabezada por Trump, el total de migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza de EE. UU. al intentar cruzar irregularmente la frontera con México durante el Año Fiscal 2025, fue de 237 mil 565, el nivel más bajo registrado por la corporación fronteriza desde 1970, cuando hubo 201 mil 780 arrestos.

Noem aseguró que los números para el Año Fiscal 2025 pudieron incluso ser más bajos, de no ser porque durante los últimos meses del anterior Gobierno del ex presidente Joseph Biden -de octubre de 2024 a enero de 2025- los arrestos fueron todavía superiores a los registrados con Trump.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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Héctor Astudillo, ex gobernador priista de Guerrero, ahora de MC, confirma que EU le quitó su visa

Héctor Antonio Astudillo Flores -gobernador de Guerrero desde el 27 de octubre de 2015 al 14 de octubre de 2021, y quien renunció, el 31 de enero de 2024, luego de 40 años, a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, confirmó, el 15 de octubre de 2025, que el 31 de julio del mismo año, el Gobierno de Estados Unidos le quitó su visa.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva -en Radio Fórmula-, el actual coordinador nacional de Enlace Político del Movimiento Ciudadano (MC) -desde el 9 de enero de 2025-, dijo que había comenzado el trámite de un nuevo documento migratorio.

El también ex senador y ex diputado federal, entre otros cargos, atribuyó el retiro de su visa estadounidense, a unas declaraciones que realizó, 10 días antes, respecto a los aranceles impuestos al jitomate, por parte de la Administración encabezada por el presidente Donald Trump.

Asimismo, el también tres veces diputado local y dos veces alcalde de Chilpancingo de los Bravo, comentó que su documento migratorio estadounidense tenía al menos 37 años de antigüedad, además de que recordó que estudió su Maestría en una universidad de EE. UU. y fue promotor del voto migrante. Por último, negó ser parte del crimen organizado.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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Señalamientos, pruebas y sanciones a veces

"Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al Gobierno de los Estados Unidos y a partir de ahí justifican su inacción contra la delincuencia organizada que exhiben y nada más".

Hace unos días, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que su Gobierno no había recibido ninguna prueba contundente por parte de los Estados Unidos contra tres instituciones financieras sobre las que el vecino país emitió órdenes a través de la Red de Aplicación de la Ley a Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), y señaló de participar principalmente en lavado de dinero proveniente del tráfico de opioides por parte los cárteles mexicanos, a los que ya ha catalogado como organizaciones terroristas.

La Presidenta deslizó el comentario de que tampoco la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habría encontrado indicios de actividades ilícitas, y aunque la mandataria no presentó pruebas de ello, el hecho se confirma al no haber una investigación judicial contra tales instituciones financieras.

La que sí intervino a los tres señalados, CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, fue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; a algunas las multó por faltas administrativas, y al tiempo las tres instituciones financieras han tenido cambios o estragos debido al señalamiento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pero no por una investigación del Gobierno mexicano.

El IPAB informó, en el caso de CIBanco, S.A., que a partir del 10 de octubre inició proceso de liquidación. En agosto, Intercam anunció a sus usuarios la venta de sus activos a Kapital Bank, y Vector Casa de Bolsa, transfirió su cartera de activos y clientes a Finamex Casa de Bolsa.

La Presidenta Sheinbaum defendió desde el inicio a las instituciones financieras, una maniobra que pudo tener origen político (de hecho, no impactó en la economía mexicana el señalamiento de las tres instituciones), dado que una de ellas fue fundada por un exfuncionario, Alfonso Romo, además morenista, además amloista. La línea presidencial tampoco impactó en el futuro próspero de las instituciones financieras, ya diluidas o en proceso de serlo.

Un importante funcionario federal que conoce de los entresijos para integrar investigaciones y carpetas en la UIF, refirió que lograr la información de las instituciones financieras para elaborar un diagnóstico inicial con pruebas, puede tomar como mínimo, un mes, para lograr las respuestas de las entidades financieras. En este caso han transcurrido poco más de tres meses, y si bien el Gobierno de la República no ha informado de los resultados de las investigaciones, son las propias instituciones las que han notificado a sus clientes, inversionistas y usuarios, de los pasos que han seguido, primero para garantizar los recursos de cada uno, y posterior para informar del nuevo camino que tomarán.

Es decir, sin las pruebas de los Estados Unidos ni del Gobierno de la República para demostrar lo contrario, llegó el fin de las tres instituciones señaladas. Pero no este es el caso de otros nombrados por departamentos de los Estados Unidos. En el caso de Ismael Zambada García, "el Mayo", por ejemplo, la Presidencia de la República sigue solicitando pruebas y contexto de la aprehensión del capo del Cártel de Sinaloa, a más de un año de su aprehensión y cuando el propio narcotraficante ya entregó una carta de culpabilidad al Departamento de Justicia de la Unión Americana, con el objetivo de alcanzar una sentencia que no conlleve la pena de muerte. En México sin embargo, "el Mayo" sigue tan impune como siempre, y su detención sí impactó en la seguridad del país, al iniciar una narcoguerra entre las distintas facciones del CDS que parece no tener fin.

Recientemente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a otros mexicanos, por ser parte de una red de protección y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, entre quienes se encuentra una morenista, la Diputada federal por Baja California, Araceli Brown y dos empresarios, Candelario Arcega y Jesús González Lomelí. A los tres, cuando no ha transcurrido ni un mes de la mención por parte del vecino país, les han sido congeladas sus cuentas en México, y buscan recuperar sus activos con la presentación de amparos.

No hay un protocolo en México, ni en materia de investigación ni de sanción para personas señaladas en los Estados Unidos, mientras a unos se les defiende, a otros se les congelan cuentas, lo que sí, en todos los casos prevalece la falta de investigaciones para imponer sanciones más allá de las administrativas.

Hace unos días y a propósito de las inundaciones en el Estado de Veracruz, la Presidenta Claudia Sheinbaum justificó que ya no existía el Fondo de Desastres Naturales porque había habido mucha corrupción en el pasado, y que esta estaba documentada. La cuestión es que no presentó pruebas y a saber no se denunció la documentada corrupción cuando se tiene en poder del Gobierno de la República.

Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al Gobierno de los Estados Unidos y a partir de ahí justifican su inacción contra la delincuencia organizada que exhiben y nada más.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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Mara Lezama y la UE impulsan cooperación para transformar sargazo en desarrollo

La Gobernadora Mara Lezama está implementando acciones para aprovechar el sargazo en una oportunidad para la transformación de la economía de la entidad en un modelo de desarrollo sustentable con oportunidades sociales y económicas.

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió el día de hoy con Josef Síkela, Comisario Europeo, y el Secretario de cambio climático y desarrollo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) José Luis Samaniego Leyva, para abordar el fortalecimiento en materia de economía circular y aprovechamiento sostenible del sargazo.

La Gobernadora destacó que la entidad se consolida como un referente mundial en innovación ambiental al transformar un desafío ecológico, como lo es el problema de la acumulación de sargazo en las costas, en una oportunidad de desarrollo sustentable.
“El sargazo es un fenómeno natural que no podemos evitar, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. En Quintana Roo elegimos actuar con responsabilidad, innovación y visión de futuro”, subrayó la Gobernadora.
El Secretario de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Oscar Rebora Aguilera, indicó que el estado cuenta con la primera planta piloto de biogás en México el cual ya cuenta con certificaciones correspondientes.
El funcionario estatal explicó los múltiples beneficios ambientales, económicos y sociales de este proyecto. Entre estos se encuentran el aprovechamiento energético, la disminución de emisiones de gases contaminantes, el financiamiento por captura de carbono, la generación de empleo verde y la producción de fertilizantes orgánicos, entre otros.

Las proyecciones de este tipo de plantas estiman que dos de estas podrían procesar hasta 300 toneladas de sargazo por día, lo que permitiría consolidar un círculo virtuoso de detección, monitoreo y atención.
“Nuestro compromiso es brindar certeza y seguridad a quienes invierten en proyectos sustentables. En Quintana Roo hay reglas claras, acompañamiento técnico y voluntad política para hacer de la economía circular una realidad”, afirmó.
La Gobernadora recordó que la estrategia estatal contra el sargazo incluye la colaboración de la Secretaría de Marina, la Agencia Espacial Europea y el sector privado. Derivado de esta colaboración, Quintana Roo cuenta con el primer Centro de Monitoreo Satelital de Sargazo de América Latina que proporcionará pronósticos sobre esta alga y las afectaciones que ocasiona su acumulación.

Mara Lezama reiteró que la cooperación con la Unión Europea representa una alianza estratégica para fortalecer la economía verde y el desarrollo sustentable de la región.
“Cuando los gobiernos, las empresas y la sociedad trabajan juntos, los desafíos dejan de ser amenazas para convertirse en oportunidades. En Quintana Roo, con la fuerza de su gente y el respaldo de nuestra Presidenta, la transformación avanza”, concluyó.
En el encuentro participó el Embajador de la Unión Europea en México, Francisco André; el director para América Latina y el Caribe de la Dirección General de la Cooperación Internacional, Félix Hernández Chao; el jefe de Cooperación de la Unión Europea en México, Esteban Agne; así como autoridades federales y estatales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 14 OCTUBRE 2025.
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Claudia reporta 66 muertos y 75 desaparecidos por lluvias; censan más de 13 mil casas

El Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó un nuevo balance con los resultados más relevantes de las acciones emprendidas para atender la emergencia provocada por las fuertes lluvias que cayeron del 6 al 9 de octubre en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz; van más de 13 mil viviendas censadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la mañana de este miércoles que hasta el momento se tienen confirmados 66 muertos y 75 desaparecidos por las lluvias que devastaron a cinco estados del país.
"Son 66 personas que lamentablemente fallecieron y todavía no hay localizadas 75 personas. Se está en contacto con los familiares, sabiendo en qué lugares estaban ubicadas y hablando con personas cercanas, ya con las personas que están en el lugar para poder tener mayor información", dijo.
Sheinbaum Pardo recordó que primero se proporcionaron los datos que tenían los gobiernos de los estados y que posteriormente se actualizaron con los reportes que se recibieron a la línea 079, habilitada para solicitar ayuda en la búsqueda de algún ser querido.
"Primero dimos los datos que se tenían por parte de los gobiernos de los estados. Pusimos el número 079, ahí se reporta, y a través de llamadas telefónicas con personas conocidas o ya directamente en el punto, se busca a la persona y 103 ya fueron localizadas", precisó.


Respecto a la situación de la Universidad Veracruzana, explicó que "hasta ahora solamente hay dos estudiantes lamentablemente fallecidos y no hay ninguna otra información". "Bueno, no hay ningún otro dato, de acuerdo a la información recabada por la propia Universidad, de algún estudiante no localizado y repetimos para todos aquellos familiares que por razones de la contingencia atmosférica y de las lluvias intensas no encuentran a algún familiar, por favor, que llamen al 079".

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Cae sujeto con más de 100 mil tabletas de fentanilo en CDMX

Fue remitido al Reclusorio Preventivo Sur, donde ya fue vinculado a proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Manuel “A” por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de fentanilo.

Se le identifica como Manuel Israel Ángel Muñoz, alias “Rompe”.

De acuerdo con la dependencia, la acción fue resultado de trabajos de coordinación entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades de Estados Unidos, que permitieron identificar a una persona presuntamente relacionada con la entrega del estupefaciente.

Agentes federales realizaron un operativo en una plaza comercial de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, donde detuvieron al sospechoso.

Durante la revisión, se le aseguró una mochila con 103 mil 319 tabletas de fentanilo.

El Ministerio Público Federal presentó las pruebas ante un juez de Distrito con sede en el Reclusorio Preventivo Sur, quien determinó la vinculación a proceso.

Se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Reforma fiscal permitiría censura digital y afectar privacidad: Artículo 19

Los contribuyentes que proporcionen servicios digitales (…) deberán permitir a las autoridades fiscales, en forma permanente, el acceso en línea y en tiempo real, afirmó la organización en un análisis.

La organización Artículo 19 señaló en un comunicado que la aprobación del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, que incluye reformas al Código Fiscal de la Federación, vulnera derechos digitales de la ciudadanía.

La organización destacó que dentro de la legislación sobresale el Artículo 30-B, que establece que las autoridades Fiscales pueden ingresar a la información de contribuyentes permanentemente.

“Los contribuyentes que proporcionen servicios digitales (…) deberán permitir a las autoridades fiscales, en forma permanente, el acceso en línea y en tiempo real únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”.

Artículo 19 advirtió que “el acceso en línea y en tiempo real, aunque se señale que será ‘para el cumplimiento de las obligaciones fiscales’, es en sí mismo un acto de molestia sin garantías de debido proceso y una interferencia descontrolada en el derecho a la privacidad”.

La organización agregó que la disposición “permite una invasión total y permanente de la información de la ciudadanía sin necesidad de probar que existen razones reales para acceder a ella”.

Además, carece de “salvaguardas y control judicial que inhiban o eviten intrusiones arbitrarias”.

Sobre las sanciones, el artículo prevé que el incumplimiento “dará lugar al bloqueo temporal del acceso al servicio digital”, lo que, según Artículo 19, “se traduce en la potencial restricción de acceso y uso de determinadas plataformas digitales (…) donde las personas ejercen derechos humanos”.

La organización insistió en que la medida “es incompatible con el derecho a la libertad de expresión, por ser una medida de censura por medios indirectos (…) y constituye una medida extrema de censura previa prohibida expresamente por el artículo 7 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Finalmente, Artículo 19 urgió a los legisladores a considerar alternativas menos lesivas en estas reformas.

“Exigimos que se consideren medidas menos lesivas a fin de lograr efectivamente una tributación justa, equitativa y proporcional hacia las empresas, mientras se garantiza la protección de los derechos de las y los usuarios en línea”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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