Dan formal prisión a siete implicados en fuga de “El Chapo”

MÉXICO, D.F: El titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales dictó la formal prisión a siete implicados en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, ocurrida la noche del sábado 11 de julio.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que, en dos casos, se agrega el delito de fraude procesal con motivo de la evasión de Guzmán Loera del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), encargada de la investigación, fue notificada por el órgano jurisdiccional en torno a que el sábado 24 de dictó formal prisión contra la persona que coordinó las negociaciones para la compra del predio desde donde se construyó el túnel hacia el penal.

Uno de los siete contra quienes se dictó auto de formal prisión es

Edgar Coronel Aispuro, cuñado de Guzmán Loera, a quien la PGR acusa de organizar y supervisar la construcción del túnel por el cual El Chapo logró fugarse del penal del Altiplano.

El miércoles 21, Arely Gómez, titular de la PGR, informó de la captura de las personas que formaron parte del grupo que planificó y organizó desde el exterior la fuga del líder del cártel de Sinaloa.

Además de Edgar Coronel, entre los detenidos se encuentran el abogado Óscar Manuel Gómez Núñez, señalado como el principal operador y organizador de la fuga.

“Como responsable de la defensa de El Chapo, sirvió de enlace con los encargados de la construcción del túnel e, incluso, habría realizado los pagos. Constantemente ingresaba al penal para recibir instrucciones e informar de los avances de la fuga, así como contactar y transmitir órdenes a todos los participantes”, detalló la procuradora.

Héctor Ramón Takashima Valenzuela, El Cachimba, piloto histórico del cártel del Pacífico, es el segundo aviador consignado por la fuga, el primero fue Romano Lanciani Llanes.

Julio César Takashima Valenzuela, hermano de Héctor Ramón, es un mecánico en aviación que reparó la nave de Romano Lanciani Llanes, la cual se averió el día del escape.

Rigoberto Martínez Dávalos y/o Francisco Ramírez León, identificado como el comprador del terreno a quien se le encomendó coordinar las negociaciones para la compra del predio en donde se construyó el túnel hacia el penal.

De acuerdo con la procuradora, Martínez Dávalos es amigo de Guzmán Loera y coincidió con él durante su reclusión en la década de los noventa.

El constructor Lázaro Araujo Burgos, El Juan, fue quien organizó y dirigió la construcción del túnel. Además, es reconocido como el coordinador de la construcción de otros ‘narcotúneles’ en la frontera con Estados Unidos.


Germán Valdez Estrada, El Master y/o El Gordo fue quien violó diversas disposiciones legales para simular jurídicamente, con pleno conocimiento de ello, la disposición del terreno desde donde se construyó el túnel de escape. Además de Calixto Estrada Castillo, dueño original del terreno desde donde se construyó el túnel hacia el penal mexiquense.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

Denuncia ASF ejercicio irregular de fondos federales

México, DF. Por diversas irregularidades asociadas a fondos federales ejercidos por gobiernos de los estados, principalmente en el grupo de educación y apoyo al campo, la Auditoría Superior de la Federación formalizó en días pasados alrededor de 500 denuncias ante la Procuraduría General de la República según lo dio a conocer el titular del organismo Juan Manuel Portal.

En el marco de la Sexta Reunión el Sistema Nacional de Fiscalización, Portal dijo en entrevista que se detectaron diversas irregularidades por lo cual se remitieron los casos a la PGR.

En respuesta a una pregunta de la prensa lamentó que los tiempos que transcurren y entre los que se detectan las irregularidades y se resuelven las denuncias penales sean tan largos, por ello consideró necesario modificaciones legales para acortar esos plazos.

Cuestionado por cuáles son esos organismos y dependencias donde hay mayor irregularidades dijo que por su volumen destacarían Petróleos Mexicanos, el IMSS y sobre todo los gobiernos estatales.

Portal destacó que la reforma en materia anticorrupción permitirá a la Auditoría no solo fiscalizar los fondos federales que se les entregan a las entidades sino que ahora tendrán posibilidades de hacerlo también con las participaciones federales que le son entregadas.

Cuestionado sobre la denuncia sobre el costo de la corrupción que la víspera hiciera el sector empresarial, Portal dijo que se trata de estadísticas consolidadas que diversos sectores han dado sobre la corrupción en México y que revelan la importancia de instrumentar acciones para el control en el ejercicio de los servios públicos.

A su vez, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, destacó que por ahora “brazo” del Sistema Nacional Anticorrupción es el Sistema Nacional de Fiscalización, que ha permitido homologar a nivel nacional prácticas de auditoría y de control de gasto público. Al mismo tiempo se ha vinculado en el seguimiento de algunas reformas estructurales como la que concierne al sector educativo.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: ALONSO URRUTIA.

En Veracruz hay campaña contra joven desaparecida, luego que su madre enfrentó a Duarte

Araceli Salcedo denuncia que dos días después de que enfrentara a Duarte empezaron a circular en internet dos notas en las que se asegura que su hija Rubí estaba relacionada con el cártel de Los Zetas, “lo cual es una absoluta mentira”.

La señora Araceli Salcedo, mamá de una joven desaparecida desde 2012 en Veracruz, denunció el inicio de una “campaña de desprestigio y criminalización” contra su hija a través de medios informativos locales, luego de que reclamó al gobernador Javier Duarte la nula respuesta de su administración ante el secuestro de su hija. “Este señor Duarte quiere ahora limpiar su imagen”, dice la madre veracruzana.

En entrevista telefónica, la señora Salcedo denuncia que dos días después de que enfrentara a Duarte empezaron a circular en internet dos notas en las que se asegura que su hija Rubí estaba relacionada con el cártel de Los Zetas, “lo cual es una absoluta mentira”.

“El domingo –dice la señora Salcedo-, todo eso salió publicado en el periódico El buen tono de Orizaba, a ocho columnas”.

La joven Fernanda Rubí fue raptada el 7 de septiembre de 2012. Cuatro sujetos entraron al bar Bulldog e Orizaba y la sacaron a rastras, sin que nadie respondiera a sus gritos de auxilio.

La Fiscalía estatal informó a la madre de Rubí que su hija fue raptada “por su belleza física”. “Me dijeron (en la Fiscalía de Veracruz) que alguien la mandó pedir”.

El establecimiento del que Rubí fue secuestrada se encuentra a 50 metros de la comandancia de la policía municipal, en un punto rodeado de cámaras de vigilancia. Sin embargo, ninguna autoridad hizo nada por asistir a la joven en el momento en que fue raptada, ni por dar con pistas que permitieran ubicar su paradero o identificar a sus captores.

“Mi hija es una niña deportista, iba a estudiar para chef, ese es su sueño”, cuenta la mamá de Rubí, quien estaba a unas semanas de iniciar sus estudios universitarios cuando fue desaparecida.

No obstante, en su edición del 25 de octubre, el diario El buen tono de Orizaba publicó la nota titulada “Rubí, ligada a Los Zetas”, en la cual asegura que la joven era novia del fundador de la banda criminal de Los Zetas, Raúl Lucio Hernández Lechuga alias el Lucky, y que ésta es la razón por la que fue secuestrada.

Esta nota no presenta ninguna prueba e incurre en varias contradicciones.

Primero asegura que Rubí era novia de Raúl Lucio Hernández el Lucky y más adelante afirma que era novia de Leonel Oviedo el Muerto.

También, el diario asegura que la joven no sólo era novia de un líder de Los Zetas, sino que era integrante activo de este grupo criminal, aunque la identifica con otro nombre: “Abril”.

Finalmente, El Buen Tono remata su nota asegurando que “ninguna madre de una hija normal se iba a esperar tres años para irle a gritar al gobernador (…) si la hija era la amante del líder de plaza de los delincuentes, que ahora no exija justicia”.

Para intentar conocer el origen de esta información, Animal Político se comunicó ayer a las oficinas de El Buen Tono, pero la respuesta fue que no había nadie que pudiera fijar una postura al respecto.

“Esto es un acto de hostigamiento. No se me hace justo que el gobierno quiera revictimizar a mi hija, no se vale”, dice la señora Salcedo.

Araceli explica que el Lucky ni siquiera es mencionado en la investigación de la desaparición de su hija o en alguna otra declaración.

La señora Salcedo se prepara para salir al DF para presentar una denuncia contra El buen tono y otros medios que retomaron la nota, “para que su titular responda ante esta información, los voy a obligar a que presenten las pruebas, que digan de dónde sacaron eso, cuál es su fuente, y que lo sustenten.

“Los del Buen tono son tan estúpidos que dicen que mi hija salía con un delincuente en un momento en el que dicho sujeto llevaba más de un año preso. Esta prensa vendida va a tener que responder por sus mentiras. No se vale que luego de que Duarte no quiso ni siquiera detenerse a hablar conmigo, ahora quieran desprestigiar a mi hija”.

Araceli Salcedo asegura que el gobierno de Duarte no la ha buscado, aunque medios veracruzanos “han repetido hasta el cansancio” que ya pactaron una cita con ella y que Duarte le ofreció una audiencia. “Eso es mentira.  Nunca se han comunicado conmigo, mucho menos me han ofrecido algún tipo de ayuda”.

La señora Salcedo dice que la han hostigado a través de mensajes telefónicos y en redes sociales, “incluso me han amenazado de muerte”, asegura. “Ha habido casos en los que media hora después de haber estado en la Fiscalía me han llamado por teléfono para advertirme que ya saben lo que fui a hacer. Obviamente el crimen organizado tiene gente en el gobierno, y siempre me han hostigado.”


Este es el video del día que encaró a Duarte:



Tras la difusión del video, el gobernador Javier Duarte publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que indica que ha tratado de hablar con la señora Araceli Salcedo; no obstante, la señora indica que no ha recibido ninguna llamada del gobierno estatal.

He tratado de hablar con la Sra Araceli Salcedo para acordar una cita, su tema es de la mayor seriedad como para tratarlo en una banqueta

— Javier Duarte (@Javier_Duarte) octubre 26, 2015

Desaparición forzada: las mentiras de Duarte

Actualmente, el registro oficial de la Secretaría de Gobernación señala que en Veracruz hay 589 víctimas de desaparición forzada, quienes fueron privadas de la libertad en la última década.

Sin embargo, el número real de víctimas es mayor, ya que del registro gubernamental se eliminaron los casos en que las personas agraviadas fueron rescatadas después, ya sea vivas o muertas.

Esta omisión por parte de las autoridades permite mantener las estadísticas de desaparición por debajo de su incidencia real.

En el tema del número de víctimas de desaparición, Javier Duarte ha inventado cifras de víctimas rescatadas.

Así ocurrió en febrero de 2015, cuando el gobernador de Veracruz se presentó ante representantes del gobierno federal y de otros cinco estados para asegurar que “de las 5 mil 717 personas no localizadas al inicio de la actual administración federal en la región sur-sureste (del país), ya fueron ubicadas 4 mil 403 personas”.

En ese momento, además, aseguró que de esas 4 mil 403 víctimas rescatadas, 97% fueron localizadas con vida y, subrayó, “ya se encuentran con sus familias”.

No obstante, todas estas cifras resultaron no sólo equivocadas, sino que fueron literalmente inventadas por el titular del Ejecutivo en Veracruz, tal como pudo comprobar El Sabueso de Animal Político.

En mayo pasado –y luego de cuatro meses de investigación de El Sabueso–, la administración de Duarte reconoció que los resultados presumidos por el gobernador veracruzano no se sustentan en ninguna base de datos oficial o en cualquier otro instrumento de medición gubernamental.

La oficina de Duarte, su dirección de prensa y la Fiscalía general del estado notificaron oficialmente a Animal Político que “no se localizó” ningún reporte que sustentara las cifras divulgadas por el gobernador.

Contrario a lo afirmado por Duarte, actualmente no existe ningún registro de víctimas de desaparición en Veracruz que hayan sido rescatadas. Las 5 mil 717 personas rescatadas de las que habló Duarte sólo existieron en su discurso.

Epílogo: sanción del público

Desde el mismo día en que El Buen Tono publicó la nota contra la señora Salcedo y su hija Fernanda Rubí, la publicación recibió críticas de los lectores veracruzanos, que la calificaron como “miserables chayoteros”, “lamebotas”, periódico “maiceado”, así como “pasquín coludido con Duarte”.

Las ocho veces que El buen tono difundió su nota en Facebook, ésta recibió comentarios reprobatorios, nunca favorables.


Gabriela Juárez Beltrán, por ejemplo, señaló al diario veracruzano: “Me imagino que no saben el dolor de esa pobre madre, porque ustedes no la tienen, vendidos”, mientras que Ale Miranda subrayó que “sólo en México exiges justicia y te bombardean con notas amarillistas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

En México aplicaría un tribunal estilo Bosnia para investigar Ayotzinapa y Casa Blanca

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha dado excelentes resultados en el desmantelamiento de redes mafiosas enquistadas en las estructuras del Estado de esa nación centroamericana… pero sólo ahí. Algunas voces han pedido la creación de un organismo similar para México (especialmente para aclarar los casos Ayotzinapa y Casa Blanca), pero los especialistas advierten: funcionaría mejor un tribunal internacional más cercano a la experiencia de Bosnia.

CIUDAD DE GUATEMALA: El papel clave que ha jugado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, entidad de investigación financiada por la Organización de las Naciones Unidas) en la desarticu­lación de una red de defraudación aduanera conocida como La Línea –escándalo de corrupción sin precedente en la historia reciente del país–, generó un debate en naciones vecinas sobre la idoneidad de solicitar la creación de comisiones externas que contribuyan al desmantelamiento de redes de corrupción y crimen organizado enquistadas en el aparato estatal.

La dimisión del presidente Otto Pérez Molina el 1 de septiembre tras las revelaciones de que él y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, fungían como cabecillas de La Línea, señalamientos por los cuales enfrentan proceso penal, ha suscitado expresiones de admiración por parte de líderes de opinión en el mundo.

“México tiene mucho que aprender. Urge que el investigador de Naciones Unidas, Iván Velásquez, vaya a México, invitado por el Congreso, para entrarle de manera independiente a los casos de la Casa Blanca y de la casa de Videgaray en Mali­nalco”, escribió el periodista mexicano Jorge Ramos en su página de Facebook, poco antes de la dimisión de Pérez Molina.

Una semana después, senadores del Partido Acción Nacional anunciaron que promoverían ante la Organización de Estados Americanos la creación de una comisión internacional contra la impunidad, similar a la CICIG, para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y delimitar responsabilidades.

Aunque diversos sectores de la sociedad mexicana puedan ver en la CICIG un modelo, los expertos advierten que se trata de un organismo creado para el contexto específico de Guatemala, lo cual lo hace difícil de exportar, incluso a países como Honduras y El Salvador, que enfrentan problemas muy similares a los guatemaltecos.

Lo que otros países sí pueden aprender del caso guatemalteco es que nadie es intocable, y si bien no sería factible plantear la creación de una CICIG en México, sí podría plantearse la creación de un ente internacional con un mandato más reducido y específico. “Lo que funcionaría para el caso de Ayotzinapa, en México, sería un tribunal internacional más cercano a la experiencia de Bosnia”, afirma el mexicano David Martínez-Amador, investigador asociado de Insight Crime…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2034 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LOUISA REYNOLS.

Reprueba la CNDH aislamiento de reos en centros penitenciarios

MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en contra del aislamiento en centros penitenciarios, práctica que, dijo, “es utilizada de manera excesiva en cuanto a la aplicación de su duración”, además de que puede causar “daños a la integridad física y psicológica de la población interna”.

De acuerdo con la recomendación general 22 –dirigida a los 32 mandatarios del país, a las secretarías de Gobernación y Defensa, y al titular de la Comisión Nacional de Seguridad–, debe homologarse la medida de aislamiento a estándares internacionales de derechos humanos y aplicarla “como internamiento cotidiano” a reos vinculados a “delincuencia organizada y aquellos que requieran medidas especiales de seguridad”.

La recomendación general se basó en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de 2011 a 2014, en informes sobre la situación de las mujeres en cárceles, así como en el documento titulado “Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana”, elaborados por el mismo organismo, y en cifras oficiales contenidas en el Cuaderno Mensual de Información Penitenciara Nacional, entre otras fuentes.

Del cúmulo de información y visitas realizadas, la CNDH constató que en el último año “la práctica de aislamiento como corrección disciplinaria o como medida de protección fue aplicada a 20 mil 774 internos”.

Al señalar que el Sistema Penitenciario Nacional está integrado por 387 centros de reclusión, de los cuales 285 son estatales, 74 municipales, 11 del Gobierno del Distrito Federal y 17 del gobierno federal, incluidas tres prisiones militares, “observándose en 10 estados de la República el uso del aislamiento, está establecido como un instrumento de sanción en sus leyes de ejecución, mientras que en 22 entidades se encuentra en el reglamento” de los centros penitenciarios.

Sobre los tiempos de aislamiento, la investigación de la CNDH confirmó que el tiempo mínimo establecido en las leyes de ejecución de sanciones en las 32 entidades es de ocho días en Michoacán y de 30 en Colima, Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Veracruz.

En una revisión de los reglamentos internos de los penales en las entidades, el organismo identificó que el tiempo más corto de aislamiento es de cinco días en el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tabasco y Tamaulipas, mientras que el de mayor tiempo de encierro se registra en las cárceles de Colima, reglamento que está por encima de la ley.

El organismo señala que de los 130 centros penitenciarios revisados en el DNSP de 2014, en 85 subsisten irregularidades en la imposición de correcciones disciplinarias, entre ellas la falta de respeto al derecho de audiencia, y “no siempre se realiza la certificación de integridad física”.

Destaca que “durante el cumplimiento de la corrección disciplinaria, el trato a los internos no se apega a condiciones de vida digna; se suspende la visita, así como cualquier tipo de comunicación, sin notificación a los familiares, de la corrección disciplinaria impuesta, violentando el derecho de la legalidad contenido en la Regla 30.2 de la Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos”.

Al afirmar que la mayoría de los centros de reclusión “no cumplen con lo señalado en el artículo 18” de la Constitución, el organismo pudo comprobar que “lo derechos de la población interna que se vulneran como resultado de su aplicación o práctica excesiva” son “los de la salud, la seguridad jurídica, la legalidad y el trato digno”, además de que la “vida y desarrollo se ven trastocados por la falta de servicios, estímulos y contactos con el exterior”.

En el caso de los cárceles femeniles, la CNDH encontró que “en 66 centros se presentan irregularidades en la aplicación de correctivos disciplinarios; específicamente existen casos en los que las sanciones no son impuestas por la autoridad competente, sino por personal de seguridad y custodia, incluso por internas que conforman el autogobierno, y no se respeta el derecho de audiencia o no se notifica la sanción impuesta”.

En su recomendación general 22, la CNDH sugiere homologar las leyes y reglamentos del Sistema Penitenciario Nacional sobre la figura del aislamiento, para que se aplique por un tiempo máximo de 15 días y “siempre y cuando se hayan agotado otras medidas que resulten menos lesivas para las personas privadas de la libertad y de conformidad con lo determinado por el Consejo Técnico Interdisciplinario de la Institución”.

El organismo considera la medida de aislamiento “como internamiento cotidiano, cuando se trate de delincuencia organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad”, en tanto que deben ajustarse los presupuestos y medidas administrativas a nivel federal y estatal, para que “se destinen los recursos humanos, materiales y financieros suficientes” para que el personal penitenciario sea el necesario y cumpla con sus funciones de “reinserción social de los internos y la seguridad del centro”.

La CNDH recomienda la instalación de centros de control de confianza especializados y garantizar que las sanciones de aislamiento garanticen “el derecho a la salud, a la seguridad, a la integridad personal y a la reinserción” de los reos.


De igual manera, sugiere la impartición de cursos de capacitación sobre derechos humanos al personal penitenciario, y que los sitios en los que se aplique la sanción de aislamiento “como sanción, como protección y como internamiento cotidiano”, garanticen “una estancia digna, en lugares adecuados y en condiciones de habitabilidad, donde se les brinde las atenciones debidas por parte de las diferentes áreas técnicas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Con manifestación, policías de Michoacán exigen pago atrasado de dos meses de sueldo

MORELIA, Mich: Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán se manifestaron este lunes para exigir el pago atrasado de dos meses de sueldo a personal operativo y de coordinaciones de comunicación, entre otros.

El grupo de alrededor de 200 inconformes, que lleva poco más de dos meses exigiendo el pago de compensaciones y viáticos, inició un paro de labores a las afueras de la Dirección de Seguridad Pública para expresar su descontento ante dicha situación.

Los manifestantes advirtieron que sólo se retirarán del sitio y retomarán sus labores hasta que sean atendidos por las autoridades estatales y les sean depositados los pagos correspondientes.

La autoridad ha informado el pago será cubierto la próxima semana, pero los manifestantes exigen que les sea depositado este mismo día.


En días pasados, los policías inconformes han reclamado su pago mediante bloqueos y la toma de la Secretaría de Finanzas y también han criticado al exgobernador Salvador Jara Guerrero, actual secretario de Educación Superior, porque nunca se comprometió a regularizar la situación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANO.
FECHA: 26 OCTUBRE 2015.

El Congreso mexicano, el sexto más opaco en América Latina

Una de las coincidencias de opacidad es que si un ciudadano de cualquier país de Latinoamérica quisiera saber cuáles, cuántos y de parte de quién, los legisladores reciben obsequios, no obtendría la información en ningún documento público. Éste es el aspecto más opaco, pues todos los países obtuvieron 0% en este indicador.

El Congreso mexicano tiene bajos niveles de transparencia en materia de normatividad, presupuesto, gestión y rendición de cuentas, por lo que ocupa el sexto lugar entre los nueve países evaluados en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2015.

El estudio, elaborado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, evaluó a Perú, Chile, Ecuador, Guatemala, Colombia, México, Argentina, Bolivia y Venezuela y fue presentado este lunes 26 de octubre en el Seminario “Transparencia y Actividad Legislativa en México: ¿cómo evaluar?”.

Una de las coincidencias de opacidad es que si un ciudadano de cualquier país de Latinoamérica quisiera saber cuáles, cuántos y de parte de quién, los legisladores reciben obsequios, no obtendría la información en ningún documento público. Éste es el aspecto más opaco, pues todos los países obtuvieron 0% en este indicador.

Además existe muy poca información respecto a las asesorías externas que se realizan a los legisladores y pocas veces se registran versiones estenográficas de las sesiones de comisión.

Aunque hay avances de algunos países, los Congresos no producen la información en formatos accesibles, ni datos abiertos para la producción, sistematización y publicación de información parlamentaria, presupuestaria y administrativa.

“Esto demuestra que el problema de los Congresos Nacionales, en materia de transparencia, radica no tanto en sus funciones legislativa, fiscalizadora y representativa, sino en la forma en que funcionan y se rinden cuentas de la gestión en estas instituciones”, detalla el estudio presentado por María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa.

El Índice propone una serie de estándares mínimos de transparencia en lo político, administrativo y legislativo de los Congresos de la región, para conseguir una medición que pude comparar los avances de los países.

La evaluación incluyó cuatro indicadores: Normatividad; Labor del Congreso o Asamblea; Presupuesto y Gestión Administrativa; y Mecanismos de Participación, Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas.

En promedio, los Congresos de Latinoamérica obtuvieron un 40% de Transparencia. Perú (55%) y Chile (53%) tienen niveles de transparencia superiores a 50%, mientras Venezuela (21%) y Bolivia (24%) son los países que se encuentran más rezagados, con cifras inferiores al 25%. Es de destacar que ningún país obtuvo resultados sobre el 70% y México alcanzó un nivel de 37%. 

El Legislativo con avances, pero aún opaco

El primer criterio evaluado fue la “normatividad”, es decir, mide la existencia de una normativa referente a la transparencia legislativa y sus alcances. Sólo Perú (59%) y Ecuador (51%) lograron un índice mayor a 50%, por tener dispositivos legales que fomentan ciertos niveles de transparencia; mientras que Bolivia (30%) y Venezuela (32%) presentan los mayores rezagos respecto del resto de los países Latinoamericanos.

Sobre la obligatoriedad de presentar un registro de intereses, Bolivia y Guatemala no tienen regulación y Perú lo hace en el reglamento del Congreso. Argentina y Venezuela poseen una Ley Nacional para la materia y sólo Chile, Colombia y México lo hacen de forma Constitucional.

Entre los países de la región, sólo Chile, Ecuador y Guatemala obligan por Ley a sus legisladores a informar sobre sus gastos, aunque Guatemala no estipula plazos para esto, y Chile establece ambiguamente “en la época que correspondan”.

El estudio recomienda la existencia de una norma que regule la publicidad y publicación de información y explicite procedimientos y mecanismos estandarizados para el acceso a la información. Así se permite un conocimiento más eficaz sobre el funcionamiento del Congreso.

La segunda dimensión evaluada es “la labor del Congreso o Asamblea”, referente a los mecanismos para que los legisladores publiquen información sobre sus labores en materia legislativa (debates, votaciones), de control político (a las diferentes ramas del poder) y elección de autoridades (selección de altos dignatarios).

Uruguay –que sólo participó en este indicador- obtuvo 67% de transparencia, seguido por Perú(60%), Argentina (57%) y Guatemala (52%). Bolivia (24%) y Venezuela (12%) los más opacos.

Más de la mitad de los países medidos no cuenta con mecanismos para registrar lo sucedido en las comisiones de forma textual. Sólo Argentina (76%), Guatemala (63%), Perú y Uruguay (ambos con 68%) cuentan con versiones estenográficas de las reuniones de comisión. Este aspecto, dice el estudio, es de suma importancia, ya que es en ellas donde suceden la mayor cantidad de modificaciones a los proyectos.

Sobre las versiones textuales de los debates legislativos y las posiciones de los legisladores, Argentina y México se encuentran en la mejor posición con un 80% y 77% respectivamente.

Casi ningún Congreso publica información sobre las asesorías externas que reciben los congresistas (remuneradas o no) por parte de externos. Sólo Uruguay (75%) donde las versiones taquigráficas recuentan todo lo que sucede con fecha, tema, dependencia; Chile (50%), donde se publican en la web el listado con la entidad asesora, solicitante, título, costo y fecha de comienzo y fin.

A todos los Congresos carecen de formatos abiertos y reutilizables para que la información allí producida pueda ser trabajada y analizada por quien lo desee de forma rápida y oportuna. 

Sobre Presupuesto y Gestión Administrativa hubo un menor rendimiento pues los países obtuvieron un promedio de transparencia de 26%. El Congreso chileno fue le único que alcanzó 50% de transparencia.

Cuatro países evaluados publican las propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal durante la discusión del presupuesto (Chile, Guatemala, Perú y Venezuela); mientras que en otros cinco no se hacen públicas (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y México).

El ejercicio presupuestal se publica en la mayoría de los países evaluados (excepto Bolivia y Venezuela) mediante informes periódicos publicados en sus páginas web o documentos impresos. Sin embargo, en Guatemala esta información no puede conocerse por los ciudadanos, y en Chile sólo se hace público en el informe anual.

También se evaluó la transparencia de los recursos asignados a las bancadas o bloques parlamentarios y su ejecución. En Chile, Colombia y Ecuador no poseen un presupuesto propio; mientras que en Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela y la Cámara de Diputados de México esta información no se conoce. Guatemala y el Senado mexicano publican el gasto de las fracciones parlamentarias.

Sobre los Mecanismos de Participación, Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas, Perú (68%), Ecuador (68%) y Chile (65%) obtuvieron los mejores porcentajes. En tanto, Argentina (23%) y Venezuela (27%) no alcanzaron el 30% de transparencia en esta dimensión.

Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú cuentan con medios electrónicos para la solicitud de información pública. Sin embargo, en más de la mitad de los países no existe un mecanismo –interno o externo- mediante el cual se resuelvan los conflictos de acceso a la información.

En cuanto a la existencia de un mandato de consultar a los ciudadanos sobre proyectos de ley o actividades de los legisladores, sólo cuatro países poseen una reglamentación específica al respecto (Ecuador, Guatemala y Venezuela en la Constitución Política, y Perú en un Acuerdo de Consejo).


En tanto, Argentina, Chile, Colombia y México no lo hacen. Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú los ciudadanos pueden solicitar intervención en las comisiones legislativas para emitir su opinión, mientras que en Argentina y Colombia esta posibilidad está abierta, depende en realidad de l presidente de la comisión.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

La orden de cateo a Infraiber fue sólo para ubicar a testigo, pero la PGR se llevó equipo

Un juez federal había concedido la orden solo para localizar al dueño de Infraiber sin embargo los agentes, entre ellos varios ya consignados, se llevaron casi 20 computadoras, teléfonos, papeles y hasta el iPad de un vendedor de vinos de las oficinas (y no preguntaron por el testigo). La empresa afectada ya interpuso una demanda de amparo.

La Procuraduría General de la República (PGR) utilizó una orden de cateo de un juez que era sólo para ubicar a un testigo, para vaciar las oficinas de la empresa Infraiber –empresa que sostiene una disputa legal con OHL– y apoderarse de casi 20 equipos de cómputo, teléfonos celulares y hasta una tableta electrónica de un vendedor de vinos.

Para justificar ese aseguramiento, la PGR dijo públicamente en un comunicado que lo que había cateado era un departamento particular (y no una oficina) en donde encontró múltiples equipos de cómputo, discos compactos y teléfonos que, “al parecer”. eran para intervenir comunicaciones privadas. Todo era material de oficina.

En la operación participaron agentes ministeriales y federales pertenecientes a un área denominada Dirección de Asuntos Especiales de la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR, varios de los cuales ya están consignados por haber sembrado un arma durante la detención de un abogado de Infraiber.

Animal Político tuvo acceso a la orden de cateo que emitió el titular de Juzgado Primero Especializado en Cateos, Arraigos e Intervenciones, Roberto Antonio Domínguez Muñoz. El documento revela las condiciones y limitantes que puso el juez para conceder esta orden que de entrada, la cual ya había sido negada antes por otro juzgado.

Cabe señalar que por este cateo, la empresa Infraiber ya interpuso una demanda de amparo en contra del cateo y su ejecución, y será este miércoles 28 de octubre cuando se realice la audiencia de presentación de pruebas del caso.

¿Qué ordenó el juez?

A principios de septiembre la PGR solicitó formalmente a un juez federal que le concediera una orden de cateo en un domicilio de la colonia Polanco, en la Ciudad de México, que correspondía a la empresa Infraiber. El objetivo era ubicar al dueño de esa empresa, Pedro Topete Vargas, para que rindiera declaración en calidad de testigo.

La PGR argumentó que tenía una orden de localización número 702/UEIDAPLE/I/2015 que no había podido cumplimentar en contra de Topete, relacionada con una denuncia que interpuso OHL por espionaje ilegal a sus directivos con la finalidad de desacreditarlos. El contenido de esas llamadas se hizo público en videos en internet, con señalamientos de posibles actos de corrupción de la constructora española y servidores públicos.

Además, la Procuraduría solicitó al juez que en la orden le diera luz verde para el aseguramiento de computadoras, teléfonos, memorias informáticas de todo tipo, y cualquier equipo bajo el argumento de que pudieran haber sido utilizados en las actividades de espionaje.

El 11 de septiembre, el juez concedió la orden de cateo con la finalidad de que se ubicara a Topete Vargas para que rindiera declaración; sin embargo, no autorizó el decomiso exprofeso de bienes del domicilio, a menos que estos estuvieran relacionados con un delito que se estuviera cometiendo en flagrancia.

“No es necesario que este juzgado autorice la búsqueda y aseguramiento de instrumentos, objeto o producto de delito, así como de bienes que pudieran tener relación con este, y detenga a personas que se encuentren en flagrancia pues cuando esto suceda es obligación del Ministerio Público actuar en consecuencia”, señala la orden revisada por Animal Político.

En la resolución el juez subrayó que los bienes que no tuvieran relación con alguna actividad delictiva debían ser respetados.

¿Qué hizo la PGR?

El mismo 11 de septiembre, aproximadamente a la una de la tarde, una decena de agentes y peritos de la PGR acompañados de la misma cantidad de elementos de la Policía Federal Ministerial fuertemente armados ingresaron a las oficinas de Infraiber, ubicadas en un despacho del edificio ubicado en el 223 de Capos Elíseos, en Polanco.

Fueron cerca de 16 horas el tiempo en que los agentes permanecieron en el edificio. Algunos empleados fueron retenidos más de seis horas en el lugar.

Nueve días después del cateo, la PGR publicó un comunicado titulado “Catea PGR un apartamento en la colonia Polanco y asegura equipo para intervenir comunicaciones privadas”. La dependencia hizo referencia al sitio del cateo solo como un apartamento sin detallar que era el despacho u oficina de empresa alguna.

En el texto del comunicado, la PGR dijo que intervino el lugar por una orden de cateo pero no mencionó cual era el objetivo de la misma; es decir, buscar a un testigo. Por el contrario, dijo que en cumplimiento de la orden aseguró equipos que “al parecer constituyen objetos de la comisión del delito previsto en el artículo 117 del Código Penal Federal (intervención de comunicaciones privadas)”.

La PGR describió lo asegurado como 10 equipos de cómputo portátiles, cuatro computadoras de escritorio, dos grabadoras de audio y video, cinco teléfonos celulares, tres CPU, cinco equipos de radio comunicación, siete tablets, 43 memorias USB, discos compactos, entre otros. Además hizo referencia a un “dispositivo móvil de alta tecnología”.

La PGR no explicó en el comunicado por qué los equipos señalados eran utilizados para trabajos de espionaje o cómo es que estaban relacionados con el mismo.

Jesús Moreno, abogado penalista de Infraiber, dijo en entrevista que los agentes que intervinieron en la oficina nunca preguntaron por el empresario Topete Vargas, motivo principal del cateo. En cambio, subrayó el litigante, se llevaron equipos de cómputo y comunicación como los que hay en cualquier oficina.

“Con tener a simple vista un equipo no puedes determinar que es instrumento de un delito y no había ningún indicio de que estos se utilizaran para algo negativo. Se llevaron hasta teléfonos personales de gente que estaba ahí y que ni siquiera era de la empresa”, dijo el litigante.

El dispositivo “de alta tecnología”, reveló Jesús Moreno, era en realidad un iPad de un vendedor de vino francés que alquila un espacio en el despacho de Infraiber.

Amparo en puerta

Infraiber, a través de su despacho jurídico, interpuso una demanda de amparo en contra del cateo que se realizó en sus instalaciones. El juicio quedó radicado en el expediente 867/2015 del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal.

Moreno explicó que la demanda es, primero, contra la orden de cateo que se concedió ya que si bien el artículo 61 del Código federal de Procedimientos Penales faculta solicitar este recurso para buscar a testigos, en la Constitución se establece que la localización de una persona a través de un cateo solo puede proceder si existe una orden de aprehensión, que no era el caso.

“La otra parte del amparo es contra la ejecución que hizo la PGR. Lo que debió ocurrir es que los agentes llegaran a preguntar por el testigo que buscaban, verificaran que no estaba y se fueran. Pero lo que hicieron fue asegurar todo lo que encontraron pese a que no había delito en flagrancia alguno”, subrayó el abogado.

Hasta ahora la PGR no ha devuelto los equipos asegurados. Infraiber, dijeron sus abogados, tuvo que reemplazar todas las computadoras para que su oficina continuara trabajando. Además, la dependencia se llevó documentos relacionados con la contabilidad de la compañía, lo que también ocasionó que esta tuviera que informar al SAT que no podía cumplir con los informes mensuales.

La averiguación previa que inició la PGR por el presunto espionaje cometido en contra de OHL, y que sirvió de sustento para el cateo, hasta ahora no ha sido consignada.

En el cateo realizado el 11 de septiembre recordó el penalista, participaron agentes y policías adscritos a la Dirección de Operaciones Especiales de la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR.

De acuerdo con los representantes de Infraiber, dichos agentes son los mismos que participaron en la detención de otro abogado de la empresa, Paulo Díez. Un video reveló que durante esa detención los policías le sembraron un arma al litigante. La procuradora Arely Gómez dijo que se consignó a los servidores públicos involucrados en el caso.

El miércoles 28 de octubre está programada la audiencia en la que se presentarán las pruebas correspondientes ante el juez de amparo con las que días después se resolverá si el cateo que se realizó violó o no la constitución.

Piden denunciar a OHL

La empresa Infraiber solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Secretaría de Hacienda que interpongan denuncias penales en contra de la constructora OHL por las irregularidades relacionadas con la contabilidad en la Bolsa de su concesión sobre el Circuito Exterior Mexiquense,

Esto luego de que ayer se hiciera público que la CNBV inició un proceso sancionatorio en contra de la constructora española tras confirmarse mediante auditorias que hay anomalías en los estados financieros de OHL.

Dichas auditorias fueron impulsadas con Infraiber que mantiene una disputa legal con OHL. El origen fue la cancelación de sistemas de monitoreo que Infraiber instalaría en el Circuito Exterior mexiquense, autopista concesionada a la firma española.

“Las irregularidades detectadas por la CNBV no solo generan responsabilidad civil y administrativa, sino que constituyen ilícitos penales que deben ser perseguidos a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” señaló Infraiber en un comunicado.


OHL por su parte rechazó que existan irregularidades en su contabilidad como le notificó la CNBV. La empresa cuenta con un plazo de diez días para responder al proceso iniciado y presentar argumentos sobre sus operaciones financieras.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.

Aureoles visitó zonas dañadas en Michoacán… “Sólo para tomarse la foto”

NUEVO COAHUAYANA, Mich: La gira que realizó el gobernador Silvano Aureoles a la Costa-Sierra Nahua para brindar ayuda a los pobladores de la zona, luego del paso del huracán ‘Patricia’, no dejó satisfecho a nadie: sólo entrego unas cuantas cobijas y despensas, y un paquete de láminas de cartón, y dejó plantados a los alcaldes de este municipio y de Aquila, a quienes había ofrecido recorrer las comunidades afectadas.

“Fue una gira de trabajo insatisfactoria que no cumplió las expectativas de la gente”, reclamaron los pobladores, y aseguraron que el perredista recorrió de manera apresurada los lugares dañados, “sólo para tomarse la foto”.

A las 2 de la tarde de ayer, el mandatario estatal arribó al aeropuerto de El Ranchito y, luego de los saludos de rigor, subió junto con su comitiva a los vehículos para recorrer a toda velocidad la brecha de El Zapotal, con cultivos de plátanos destrozados por ‘Patricia’. Sin detenerse, el gobernador arribó minutos después al pueblo El Ticuiz.

En esa localidad coahuayanense, Silvano Aureoles entró rápido a la casa de una familia damnificada que perdió parte del techo de la vivienda, y le entregó unas láminas, cobijas y una despensa.

Cuando intentaba retirarse, la gente del pueblo lo rodeó y obligó a que escuchara sus peticiones de ayuda para remediar los daños. El perredista se comprometió a enviar gente de diversas dependencias estatales para evaluar las afectaciones y determinar los apoyos.

Enseguida abordó su vehículo y otra vez, a toda velocidad, se dirigió a Boca de Apiza, donde realizó un recorrido para ver las afectaciones en las ramadas. A las 3:30 de la tarde se tomó un tiempo para comer mariscos en La Conchita. Ahí mismo, a petición de periodistas que lo acompañaban, dijo que “afortunadamente los daños son menores”, y subrayó que los medios de comunicación exageraron la nota sobre el fenómeno meteorológico.

También negó que los albergues no hubieran estado listos y afirmó que todas las dependencias de su gobierno, desde antes y a la hora de la emergencia, atendieron a los más de 300 damnificados albergados.

Aureoles destacó que su administración promoverá el empleo temporal para apoyar a las familias que se vieron afectadas, con el fin de que se ayuden mientras se normaliza la situación.

Posteriormente entregó, a mitad de calle, algunas colchonetas y agua purificada donada por Liconsa, y de inmediato partió hacia el crucero de este municipio, donde las fuerzas policiales ya tenían bloqueado el paso.

Ahí, debajo de un árbol, el gobernador platicó con los plataneros, quienes demandaron apoyo, y Aureoles prometió que las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Desarrollo Rural (Sedru), se coordinarán para evaluar las afectaciones y apoyarlos.

Por aproximadamente media hora, la policía mantuvo cerrada la carretera federal México 200, en la costera de Michoacán, para que ahí bajaran los helicópteros en los que viajaba Silvano Aureoles con su equipo.

El mandatario dejó plantados a los alcaldes de Aquila, José Luis Arteaga Olivares, y de este municipio, Porfirio Mendoza Zambrano.

En esos lugares, decenas de viviendas se vinieron abajo y resultaron inundadas cientos de hectáreas de plátano, limón, chile, aguacate y otros productos.


En tanto, la carretera Coalcomán-Chinicuila-Aquila se encuentra cerrada por rocas de hasta de tres toneladas que cayeron sobre la cinta asfáltica, que en muchos tramos quedó cortada a la mitad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS.

Denuncia Yunes a Javier Duarte por “aviadores” en sector educativo

XALAPA, Ver: El diputado panista Miguel Ángel Yunes presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del gobernador Javier Duarte y una veintena de funcionario y exservidores públicos de la Tesorería y de la Secretaría de Educación estatal por presuntamente haber desviado más de 9 mil millones de pesos en la contratación de 2 mil 173 “aviadores”.

Yunes Linares entregó su denuncia en la recepción de la FGE, pero no fue recibido por su titular, Luis Ángel Bravo Contreras.

Irritado, el legislador cuestionó: “¿Qué el fiscal nada más recibe a los denunciantes que son afines al PRI?, ¿estará muy ocupado?, o ¿estará despachando en el Cacharrito? (un restaurante de lujo)”.

En su queja, Yunes Linares insta a la FGE a indagar el destino de los 9 mil millones de pesos que “se robaron” de recursos para la educación y se sancione a los responsables.

Una hora y media después de que presentó la querella, el dirigente estatal del PRI y legislador federal, Alberto Silva Ramos, reviró que el propio Yunes Linares es un “indiciado” de la PGR, pues tiene dos averiguaciones previas abiertas: una por enriquecimiento ilícito cuando fue director general del ISSSTE y otra más por lavado de dinero.

“Él, siendo presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de la Unión, es un indiciado de la PGR; si el PAN quiere que funcione el sistema anticorrupción, tiene en Yunes Linares una buena pieza para comenzar a investigar y sancionar”, fustigó Silva Ramos.

En su querella, Yunes recriminó que aunque el gobernador priista Javier Duarte admitió la existencia de 2 mil 173 empleados en el sector educación que “cobraban sin trabajar”, esos “aviadores” no fueron sancionados ni tampoco fueron investigados los funcionarios que los reclutaron.

“Hay un hecho delictivo, y Duarte está involucrado, de acuerdo con el artículo 108 de nuestra Constitución, los servidores públicos que fueron permisivos con los aviadores deberían alcanzar hasta diez años de cárcel”, expuso Yunes Linares

En la querella, Yunes asegura que hay un desfalco de más de 9 mil millones, lo que equivaldría a cuatro veces el presupuesto total de la Universidad Veracruzana.

“Es una denuncia sólida, hay una confesión de culpa de parte de Duarte, él lo admitió ante los medios, pero no dio los nombres de esos aviadores, y es muy sencillo por qué no los dio, porque sólo son nombres y no hombres, es decir, hay una expedición de cheques de nómina que sólo se los quedaron unos cuantos, expuso Yunes.

Luego advirtió que no debe haber “borrón y cuenta nueva” de este ilícito, pues dijo que el MP investigador debió haber iniciado de inmediato una averiguación previa en contra tanto de los responsables de haber permitido y encubierto esta desviación multimillonaria, como a quienes indebidamente cobraron sueldo sin devengarlo.

La demanda pide sancionar a los extitulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de los dos últimos sexenios, Rafael Murillo Pérez, Javier Duarte de Ochoa ( 2008), Salvador Sánchez Estrada, Antonio Ferrari Cazarín, Tomás Ruiz González –hoy titular de Obras Públicas– Salvador Manzur Díaz –destituido por “mapache” electoral, pero restituido luego como delegado federal de Banobras–, Carlos Aguirre Morales, Fernando Charleston Salinas, Mauricio Martín Audirac Murillo y Antonio Gómez Pelegrín.

La querella involucra a funcionarios menores cuya fama de adinerados es conocida en Veracruz: Edgar Spinoso Carrera, subsecretario de Finanzas y Administración; Gabriel Deantes Ramos, secretario del Trabajo y Previsión Social, y Juan Manuel del Castillo González.

Alude también a los exsecretarios de Educación estatal, entre ellos Víctor Arredondo Álvarez, Edgar Spinoso Carrera –como oficial mayor de la SEV–, Adolfo Mota Hernández –hoy diputado federal–, Flavino Ríos Alvarado –hoy titular de la Secretaría de Gobierno– y a la actual titular de la dependencia Xóchitl Adela Osorio Martínez.

Los priistas afines al gobierno de Duarte y los panistas de la familia Yunes entraron en una vorágine de denuncias y contrademandas por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, propiedades no justificadas con el salario devengado, fraude y malversación de fondos.

Desde que Yunes Linares renunció al PRI en 2004, ha demandado a los tres gobernadores en turno: Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte, y las querellas han sido turnadas a PGR, a la Procuraduría General de Justicia y a la Fiscalía General del Estado; al día de hoy, aunque se han abierto averiguaciones previas, ninguna querella ha procedido satisfactoriamente.

Fernando Yunes, senador panista y vástago de Yunes Linares también demandó al gobierno de Duarte en marzo dl 2013 por una presunta malversación de 5 mil millones de pesos de la cuenta pública federal 2011 y 2012, precisamente en el rubro educativo, además del de salud y seguridad pública.

Incluso, la querella del senador del PAN fue sustentada con observaciones financieras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En contraparte, diputados federales y locales del PRI han demandado ante PGR y ante la FGE tanto a Yunes Linares, como al alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, ambas querellas por enriquecimiento ilícito. Al día de hoy, ambas averiguaciones previas continúan abiertas.

Sobre este tema, el propio líder estatal del PRI, Alberto Silva, hoy arremetió: “Tendríamos que dejarnos de dimes y diretes, la ciudadanía necesita resultados, pero quien hoy está demandando al gobierno de Veracruz es un indiciado”, acusó.

Aunque el tema de los “aviadores” causo polémica a escala nacional, en la SEV era “vox populi” que quienes cobraban sin trabajar eran empleados del SNTE (sección 32 y 56), periodistas y columnistas afines al gobierno, esposas y concubinas de políticos de oposición (PRD y PAN), amigos de líderes regionales de panistas y perredistas, así como militantes de partidos políticos de reciente creación y cooptados por el propio aparato oficial.


Otro claro ejemplo de “aviadores” se dio a finales de 2014, cuando el entonces secretario de Educación estatal Adolfo Mota armó una estructura paralela dentro de la dependencia para crear un “equipo alterno de campaña” que trabajara en el distrito de Xalapa rural, donde este año fue ungido como diputado federal. Todos los empleados de Mota devengaban salario en la SEV.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.