Se acabó la impunidad en Colima: Ricardo Anaya

México, DF. El Partido Acción Nacional consideró que el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que anuló la elección en Colima, sienta un precedente para los procesos electorales que se llevarán a cabo el año próximo.

El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que con esta medida, el Tribunal le dice a todos aquellos que desafían la ley, o que pretenden hacerlo, que se acabó la impunidad.

"Los tiempos cambiaron y ahora sí hay consecuencias. Celebramos que en México se respeten las instituciones, el voto de los ciudadanos y la democracia, y anunciamos que hoy más que nunca, lucharemos para que Acción Nacional obtenga la gubernatura de Colima, y se concrete la alternancia que sus ciudadanos han esperado durante décadas”.

Confió en que el nuevo proceso electoral que se llevará a cabo será ejemplo de transparencia y legalidad.

Jorge Luis Preciado, quien sería nuevamente el candidato, "se ha entregado de corazón a la lucha para sacar del poder a ese PRI que ha tenido dominado a Colima por más de 80 años; trabajaremos intensamente para que el sueño de los colimenses se haga realidad, para cumplirle a la gente desde abajo con trabajo”, concluyó.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

Recaptura de “El Chapo”: Otro show que se le cae a la PGR

Sobre el operativo fallido para atrapar a Joaquín Guzmán Loera en la sierra de Durango, pobladores de Tamazula aseguran a Proceso que en realidad los marinos llegaron a la zona desde mayo pasado e iban en busca de Adelmo Niebla González, un hombre cercano al Chapo; incluso realizaron un primer operativo en la región el 14 de junio. Pero todo falló y la PGR optó por hacer su espectacular anuncio el miércoles 21 y el jueves 22 para dar cuenta de la desarticulación del grupo que desde el exterior del penal del Altiplano coadyuvó en la fuga del capo sinaloense.

Tras su fallido operativo en el municipio de Tamazula, Durango, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) montó un show mediático para difundir que el martes 6 estuvo a punto de reaprehender a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo…

En realidad, los marinos llegaron en mayo pasado e iban en busca de uno de los hombres de confianza del capo sinaloense llamado Adelmo Niebla González, oriundo de ese municipio.

Semanas antes de la fuga del Chapo, el 14 de junio pasado, elementos de Semar incursionaron por primera vez en la zona, lo que provocó desplazamientos de comunidades del llamado Triángulo Dorado del narcotráfico sin que nadie se enterara del terror que sembraron los marinos

Muchos pobladores de Los Medios, Chacoalt, Acachuane y Tobipa optaron por abandonar sus propiedades; en la última de ellas, murieron dos personas, una más resultó herida y cuatro menores –algunos de apellido Niebla– fueron detenidos, según relatan los lugareños.

Cuando inició la búsqueda de Niebla González, conocido como El Señor o El G 3, mayo pasado, la dependencia instaló dos bases de operación en Durango, en la frontera con Sinaloa: una en el municipio de Tamazula y otra en el de Canelas.

A finales de la década pasada, antes de convertirse en uno de los principales operadores del Chapo, Niebla González formó el grupo delictivo denominado Los Memos, que se estableció en Sonoyta, Sonora. Desde ahí controlaba el tráfico de armas y el traslado de cargamentos de droga hacia Estados Unidos; incluso dominaba los mercados de los condados de Maricopa y Casa Grande, en Phoenix, Arizona.


Este es un adelanto del número 2034 de Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

Tribunal Electoral ordena al Consejo General del INE pronunciarse sobre la pérdida del registro del PT y Humanista

Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral revocó la decisión de la Junta General Ejecutiva del pasado 3 de septiembre que le quitaba el registro a ambos partidos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y no la Junta General Ejecutiva de este organismo, quien decide si el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Humanista deben perder o conservar el registro tras no reunir el 3% de la votación emitida el las pasada elecciones del 7 de junio.

Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral revocó la decisión de la Junta General Ejecutiva del pasado 3 de septiembre que le quitaba el registro a ambos partidos, pues resolvió, de acuerdo a un comunicado, “se trata de una situación que puede afectar los derechos fundamentales de votar, ser votado y asociación en materia político-electoral de los ciudadanos”.

Los magistrados Pedro Esteban Penagos López, Constancio Carrasco Daza, María del Carmen Alanis Figueroa y Salvador Nava Gomar votaron ordenar al Consejo General del INE que se pronuncie al respecto, por ser el único facultado.


Mientras que el magistrado Flavio Galván Rivera, se manifestó en contra del proyecto porque a su juicio, más allá de la letra, la Junta General Ejecutiva “sí está facultada para ejercer tal atribución (quitarle el registro a un partido político)”.

El TEPJF ordenó al CG-INE que se pronuncie sobre el registro del PT y Humanista https://t.co/3jgZXQb7jX #Sintesis #Sabado

— TEPJF (@TEPJF_informa) octubre 24, 2015

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caso Ayotzinapa: La “verdad histórica”, basada en torturas

La “verdad histórica” presentada por el procurador Jesús Murillo Karam afirmaba que los 43 normalistas de Ayotzinapa habían sido incinerados en un basurero de Cocula, y para probarlo presentó confesiones de dos de los presuntos asesinos. Sin embargo, los dos supuestos halcones de Guerreros Unidos fueron torturados para que dieran la fantasiosa versión, como parte de una investigación conducida por un hombre inclinado a la invención de delitos y de testigos.

La investigación del ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos el 26 de septiembre de 2014 –pesquisas encabezadas por Víctor León Maldonado– estuvo viciada desde el comienzo.

Las irregularidades comenzaron cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJG, ahora Fiscalía General de Guerrero) detuvo, aparentemente al azar, a los dos primeros sospechosos, quienes presuntamente fueron torturados para obligarlos a firmar declaraciones que atribuían el ataque a policías municipales de Iguala y de Cocula y al entonces alcalde igualteco José Luis Abarca. Esos testimonios fueron el origen de la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los detenidos son Luis Alberto José Gaspar, de 18 años, y el entonces policía municipal Honorio Antúnez Osorio, de 51, aprehendidos en Iguala a principios de octubre de 2014.

Como consta en sus declaraciones preparatorias –de las cuales este semanario tiene copia–, el 25 de noviembre le dijeron al juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas, Guillermo Baltazar, que fueron torturados y obligados en la PGJG a firmar declaraciones prefabricadas.

León Maldonado, responsable de la investigación y quien estuvo en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, tiene antecedentes de haber fabricado cargos en otros casos.

En 2009, cuando era coordinador general en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO) y en vísperas de las elecciones estatales en Michoacán, con falsas acusaciones de delincuencia organizada arrestó a 30 funcionarios públicos. Todos salieron libres vía amparo o con sentencias absolutorias.


Este es un adelanto del número 2034 de Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ/ STEVE FISHER.

Hablan los Abarca: “Llamamos al Ejército y nada…”

La PGR los acusa de tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos y de haber ordenado el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Son el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ambos presos desde noviembre de 2014. Y los dos, en sendas entrevistas con Proceso, se dicen inocentes, denuncian lo que consideran irregularidades en sus detenciones y sostienen que no se dedicaban a ninguna actividad ilícita.

La noche del 26 de septiembre de 2014 la policía municipal pidió el apoyo del Ejército y de la Policía Federal ante la situación de violencia que se estaba manifestando en Iguala, pero ni uno ni otra acudieron, asegura José Luis Abarca, exalcalde de esa localidad y quien lleva casi un año en la cárcel, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos y de haber ordenado en esa fecha la agresión contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Aprehendido el 4 de noviembre de 2014, Abarca habla por primera vez ante un medio informativo en torno a los hechos de aquel 26 septiembre desde el penal federal El Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

La entrevista con Proceso se realizó vía telefónica durante una de las llamadas que, por ley, puede hacer desde un teléfono en la prisión.

El exalcalde afirma que por miedo no salió esa noche a ver qué ocurría en la ciudad: “Si no salieron los que tenían las armas… pues yo me mantuve al margen. De verdad hay mucha seguridad policiaca en Iguala y ese trabajo era de ellos, no del presidente municipal”, señala refiriéndose al 27 Batallón de Infantería, a las policías Federal y Estatal y al Grupo de Operaciones Especiales de la PGR, todos los cuales tienen bases en el municipio igualteco.

Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, están acusados por la PGR de ser los principales responsables del ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y de la desaparición de 43 de ellos la noche del 26 de septiembre de 2014.

A más de un año de ese ataque, la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados busca reunirse con Abarca para conocer su versión.


Este es un adelanto del número 2034 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNANDEZ, STEVE FISHER.

“Sí, a Televisa nos interesa que todos los mexicanos nos vean”

Una carta enviada a Reforma, desplegados en diarios y la lectura de ese mismo texto en sus noticiarios, es la respuesta de la televisora a una nota del rotativo que señaló cómo Emilio Azcárraga "dobló" a los senadores para posponer el apagón analógico hasta diciembre 2016.

Emilio Azcárraga sólo dio su punto de vista sobre el apagón analógico -el cual pidió posponer- y no “dobló” a los senadores que coinciden en posponerlo, manifestó Televisa en una carta enviada al diario Reforma.

Además, la televisora le dedica un desplegado en diarios nacionales, que titula “Reforma miente”, tras la portada del jueves en Reforma, titulada “Dobla televisora a los legisladores“.

El director de información de la televisora, Alejandro Olmos, se refirió a la nota y consideró que los partidos y sus legisladores, a los que supuestamente “dobló” Televisa, ya habían externado sus preocupaciones por los cientos de miles de personas que se quedaron sin televisión en Monterrey, Nuevo León.

“Que haya coincidencia en las opiniones de muchas personas sobre esta preocupación no extraña, pues nadie debiera estar a favor de dejar a cientos de miles, potencialmente a millones, de personas, sobre todo de escasos recursos, sin la posibilidad de ver televisión gratuita.

“Tan sólo en Monterrey, la primera gran ciudad donde ya se dio el apagón, cerca de medio millón de personas ya se quedaron sin poder ver la televisión”, estableció.

La concesionaría también rechazó que se beneficie al quedar bloqueada la liberación de la banda de 700 MHz.

“Eso es falso, pues esa banda está ya prácticamente liberada y el apagón no tendría mayor incidencia en ese sentido.

“Lo que falta para que esa banda se use en nuevos servicios es que haya una licitación pública, la cual aún se encuentra en una fase de estudio. No se anticipa que esa banda pueda usarse antes del 2018, independientemente del apagón”, consideró.

Para la empresa, lejos de beneficiar a las televisoras, si los legisladores deciden posponer el apagón analógico, todas tendrían que mantener dos operaciones que implican duplicidad de costos: la analógica y la digital.

Televisa asegura que en aquellas ciudades del país donde ya se dio el apagón digital, se ha ocupado de que las personas tengan toda la información para instalar las nuevas televisiones o los decodificadores digitales.

“Sí, a Televisa, como seguramente a todas las televisoras, nos interesa que nos vean. Producimos contenidos, damos información, generamos programas de entretenimiento con el propósito de que todos los mexicanos nos puedan ver, si así lo desean.

“Todas las televisoras privadas y las públicas -afiliadas a la RED- han manifestado su preocupación por un apagón que deje a la gente sin poder tomar esa decisión y han propuesto que se retrase”, destacó.

Para la empresa, todos los mexicanos deben poder ejercer su derecho a la información y tener la posibilidad de recibir contenidos de manera gratuita.


La televisora pagó desplegados en diarios de circulación nacional, como La Jornada y El Universal, además de que repite el mismo comunicado en sus programas:

El jueves, el senador Javier Lozano presentó una iniciativa para posponer el apagón analógico en todo el país -programado para concluir el 31 de diciembre de 2015- hasta diciembre de 2016. Senadores del PRI, PAN y PRD han anunciado que respaldarán esa propuesta.

Al respecto,  ex presidentes de la Asociación Méxicana de Derecho a la Información (AMEDI) coincidieron en que subordinar el apagón analógico a los intereses y caprichos de Televisa sería un retroceso “que nos llevaría a la época de preponderancia política de ese consorcio que los ciudadanos y el poder político habían superado”, y posterga la apertura de nuevas opciones en televisión.

El texto firmado por Aleida Calleja, Beatriz Solís Leree y  Raúl Trejo Delarbre señala que “diferir el apagón no resolvería ese problema que, por lo demás, esos medios no plantearon a tiempo”.


En el mismo sentido, el ex comisionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan, tuiteó dos mensajes que resumían todo:

"El apagón para cuando ustedes manden y dispongan" - Senadores a Televisa

— Mony de Swaan (@Mony_de_Swaan) octubre 21, 2015

Si los senadores hubieran defendido nuestro #DerechodeRéplica como defienden su derecho a seguir viendo Laura Bozzo, otro gallo cantaría.

— Mony de Swaan (@Mony_de_Swaan) octubre 21, 2015

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ayotzinapa: Todos supieron lo que estaba ocurriendo

Una serie de grabaciones –en las que se escucha al exgobernador guerrerense Ángel Aguirre y al exfiscal Iñaki Blanco– y una tanda de declaraciones de legisladores federales destrozaron –por si aún quedaran dudas– la versión oficial acerca de la participación del Ejército, la Policía Federal y el Cisen en los ataques contra estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Todas esas dependencias supieron del ataque desde los primeros momentos, negaron la ayuda solicitada y mintieron cuando fueron cuestionadas al respecto.

MÉXICO, D.F: Las secretarías de Gobernación y de la Defensa, así como la Policía Federal –y eventualmente hasta la Presidencia de la República–, supieron desde la misma noche del 26 de septiembre de 2014 del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa. Incluso militares y policías federales negaron, en esos momentos, su apoyo al gobierno de Guerrero.

Lo anterior se desprende de las revelaciones hechas por Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, y por el exfiscal guerrerense Iñaki Blanco, el pasado lunes 12 a los ocho integrantes de la Comisión Especial Ayotzinapa de la Cámara de Diputados.

En sendas entrevistas, dos de los diputados de dicha comisión, Araceli Damián, de Morena, y Víctor Sánchez, de Movimiento Ciudadano (MC), detallan los testimonios de ambos exfuncionarios, quienes entre otras cosas reclamaron que “la Policía Federal hiciera mutis” y “no resguardara” las escenas de los crímenes.

Las declaraciones de ambos legisladores coinciden con una grabación que después se hizo llegar subrepticiamente a la revista Proceso.

Los exfuncionarios guerrerenses también sorprendieron a los legisladores al confesar, primero, que el delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en Guerrero “corroborara”, a las 23:00 horas del 26 de septiembre, “los ataques”; y segundo, que el comandante de la Zona Regional Militar correspondiente a Iguala “sí fue informado” de lo que ocurría, pero a las 22:30 horas.

Las versiones de Aguirre y Blanco contradicen lo dicho por el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien el lunes 5 sostuvo ante los legisladores que “no hubo negligencia” de parte de los militares porque “no recibieron solicitud de apoyo de ninguna autoridad civil”.

Cuando la presidenta de la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, invitó a comparecer al exgobernador, éste condicionó su participación a que el encuentro fuera en privado y no hubiera grabación “en audio, video y sin versión estenográfica”.

En esa conversación con Murguía, previa a la comparecencia, Aguirre Rivero confesó que la noche del 26 de septiembre de 2014 hizo dos llamadas telefónicas para informar lo que sucedía. Una de ellas, al presidente de la República, revela a este semanario un funcionario que pidió la reserva de su nombre. Sin embargo, durante la reunión con todos los legisladores, el exgobernador, “nervioso y con el rostro descompuesto, colorado, rojo, rojo”, rechazó tal versión.

Cienfuegos mintió

El lunes 5, en la reunión del general Cienfuegos con los integrantes de la comisión especial, en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el militar sostuvo que “no recibieron la solicitud de ninguna autoridad civil” para intervenir.

El encargado del área de Derechos Humanos del Ejército, general José Carlos Beltrán Benítez, secundó a su superior: “Hubiera sido muy dasafortunado haberse involucrado”, dijo a los legisladores. “¡Imagínese cómo lo hubiera recibido la sociedad: el Ejército resguarda estudiantes de la Normal de Ayotzinapa! Podría voltear la situación y en lugar de algo benéfico hubiera sido algo contra la imagen del Ejército”.

Diez días más tarde, el exgobernador y el exfiscal de Guerrero echaron por tierra la versión y justificación que dio el Ejército para no intervenir. Así lo revela una grabación subrepticia hecha llegar a esta revista.

En ella se escucha la intervención de la diputada Damián el pasado miércoles 14: “De lo que nos dijo el exgobernador, que a las 10:30 tuvo conocimiento por un subordinado ¿quién fue? (dirigiéndose a Aguirre Rivero)”.

“El secretario general de gobierno y el secretario de seguridad pública”, responde el exfuncionario.

“También nos dice –sigue la diputada– que usted le informó al comandante del regimiento de la zona regional militar…”.

“En Guerrero –interrumpe Aguirre Rivero– existen dos zonas militares y hay una de carácter regional. Me comuniqué con el comandante y le dije los hechos violentos que estaban ocurriendo.”

“¿Pero le pidió usted su apoyo?”, pregunta la legisladora.

“En ese momento que yo hablé con él le informé para que nos pudieran brindar su apoyo. Sí, sí se lo pedí”, responde Aguirre.

Aracely Damián le comenta entonces que el tema “es preocupante” porque el general secretario de la Sedena les aseguró que no hubo petición de ninguna autoridad civil.

La petición de apoyo por parte de las autoridades estatales no sólo se dio en ese primer momento, a las 10:30 de la noche, sino que siguió a lo largo de las horas, o así se desprende de la intervención del exfiscal Iñaki Blanco, quien revela que cerca del amanecer del 27 de septiembre, pasados los ataques contra los estudiantes, se recurrió de nuevo a miembros del Ejército.

En la grabación se escucha una batería de preguntas del diputado Víctor Sánchez de MC, recordándole que el Ejército sostuvo ante legisladores que no fue requerido.

“Requerimos el apoyo de otras instancias y autoridades. Hay cosas que no he podido ventilar porque son parte de la averiguación previa que aún se integra. Cosas que no se han dicho”, responde Blanco.

“Sí lo requerimos (al Ejército), pues estimé que no era oportuno y procedente juntar a las víctimas directas e indirectas con los hasta entonces aparentes victimarios. Instruí al procurador de control regional que concentrara a todas las víctimas y representantes legales en la fiscalía regional, y buscamos dónde concentrar todos los elementos de la policía…

“Yo estimaba que no había condiciones en el cuartel de la policía dado que el cuartel tiene cerca de malla ciclónica. Le pedí al Ejército que me facilitara las instalaciones del 27 Batallón para concentrar a los municipales y la respuesta fue en sentido negativo”, responde.

“¿A qué hora?”, se escucha que se le pregunta.

“En la madrugada del 27. La respuesta fue en ese sentido, negativo”, asienta.

Pero no sólo los militares rechazaron brindar apoyo. También la Policía Federal negó el respaldo al exfiscal, primero para custodiar a los policías en el cuartel civil (con el fin de que no huyeran) y luego para que no los trasladaran a las instalaciones militares.

“Consecuentemente le pedí al entonces encargado de la Coordinación de la Policía Federal, de apellido Cabral, que me facilitara las instalaciones de la PF; la respuesta fue en el mismo sentido: ‘No porque no hay condiciones’. No hay condiciones en cuanto a que no contaban con el número de elementos necesarios para resguardar esas instalaciones.”

La versión del exfiscal refuta la versión del general secretario Cienfuegos Zepeda, pero también la de Murillo Karam, quien el 7 de noviembre, cuando como procurador aseveró que los 43 estudiantes habían sido incinerados en un basurero y sus cenizas vertidas sobre el río de Cocula, a pregunta expresa de la reportera María Idalia Gómez de si ya citó a declarar a integrantes del Ejército y la Policía Federal, negó la participación de los primeros.

Al matadero, y el Cisen lo supo

En entrevistas a medios de comunicación y en su comparecencia ante las dos comisiones legislativas especiales, el general secretario ha sostenido que la participación del Ejército fue limitada y ocurrió cuando supo que había “jóvenes armados” en el hospital Cristina, que los soldados acudieron ahí y, respetando los derechos humanos de los estudiantes, les tomaron fotografías e incluso les ofrecieron una ambulancia para trasladar a uno de los heridos. Que se fueron y al regresar ya no estaban los muchachos.

En la entrevista, ambos legisladores, Damián y Sánchez, relatan que el exfiscal también se quejó del actuar de la Policía Federal: “Hay muchas cosas que no se saben y otras que por el GIEI hoy se saben, como el que la PF acudió con (los jugadores de futbol del equipo) Los Avispones (también heridos en las refriegas), también que elementos de la PF fueron a uno de los lugares (del ataque) e hicieron mutis, se retiraron del lugar en lugar de hacerlo del conocimiento de la autoridad correspondiente”.

En otro momento, Iñaki Blanco narra que a las 0:45 se enteraron por el (centro de control) C4 de los ataques en la carretera Chilpancingo-Iguala y frente al Palacio Municipal: “Cuando llegó el subprocurador ya había elementos de la PF, esto ocurrió posterior a las 0:45, que es cuando nosotros recibimos el reporte del C4. Ya había presencia de la PF y en ningún momento hubo resguardo y preservación del lugar de los hechos conforme al protocolo”.

En cuanto a la participación de la Secretaría de Gobernación, merced a las declaraciones de los exfuncionarios de Guerrero ahora se sabe que el Cisen estuvo plenamente enterado de los acontecimientos, por lo menos desde las 11 de la noche.

De acuerdo con la grabación, Iñaki Blanco –que es quien más habla durante las cuatro horas y media que duró el encuentro con legisladores–, revela que el Cisen le corroboró, desde las 11 de la noche del 26 de septiembre, las agresiones que estaban sufriendo los estudiantes.

Al pedirle el diputado de MC Víctor Sánchez que narrara cómo se enteró de los hechos y lo que hizo paso a paso, el exfiscal detalló que se enteró de lo que estaba pasando justo cuando iba de camino al Distrito Federal para atender un asunto médico familiar.

“Comencé a recibir reportes a las 11 de la noche a través del secretario particular y de otras personas como el secretario general de Gobierno. Hablé con el secretario de Seguridad Pública estatal, Genaro Vázquez, y hablé con el delegado del Cisen, quien me corroboró que tenía reportes de enfrentamientos y balaceras en Iguala. Lo que me inquietó y hace que me regrese es cuando me dicen que al parecer están involucrados en los hechos estudiantes de Ayotzinapa.”

Los miembros de la comisión especial se reunieron también con el titular de la secretaria de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.

El pasado viernes 16, en un corto encuentro de apenas hora y media, el almirante les reveló que la participación de la dependencia a su cargo se dio a petición del entonces gobernador, Ángel Aguirre, quien el 28 de septiembre le solicitó apoyo.

En entrevista posterior al encuentro, la diputada Aracely Damián detalló que el secretario les explicó que el día de los acontecimientos el destacamento de la Marina más cercano estaba a 200 kilómetros de distancia, pues esa dependencia suele operar en la costa.

El secretario explicó que sólo participaron en actividades de búsqueda de los jóvenes, pero la instancia que los coordinaba era la PGR.

Incluso reveló que fue la Marina, a petición de la PGR, la que el 29 de octubre envió a sus buzos a explorar el río San Juan de Cocula. Recuerda la legisladora: “Nos dijo que localizaron a la orilla del río la bolsa con las cenizas y huesos (con los restos de los estudiantes, presuntamente), que al parecer tenía días de haber sido aventada, pues la mitad de ella estaba bajo el fango”.

El almirante aclaró que la bolsa fue entregada a personal de Infantería y quedó a resguardo en lo que llegó la PGR, “pues nunca les notificaron que debería estar el equipo de expertos forenses argentinos. “También nos dijo que el 29, 30, 31 de octubre encontraron en el talud del río huesos enterrados, pero no los tocaron y sólo lo informaron a la PGR”.


Su apoyo concluyó el 6 de noviembre, aseveró la diputada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

CIDH ordena al Estado mexicano abatir rezagos de la etnia Yaqui

HERMOSILLO, Son: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofreció un periodo de cuatro meses al Estado mexicano para acordar una “solución amistosa” con la etnia Yaqui.

De acuerdo con el portavoz “del pensamiento y vanguardia” de la tribu, Ernesto Argüelles, este fallo prevé que el “gobierno civil” defina políticas públicas para abatir los rezagos en materia de derechos de agua, territorio, educación y cultura que padece esta comunidad indígena sonorense.

“El Estado mexicano tiene un plazo de cuatro meses para atender esta recomendación e iniciar un diálogo amistoso con la etnia que lleve a una reconciliación histórica y verdadera”, detalló Argüelles.

De acuerdo con el informe de admisibilidad de la CIDH fechado el 28 de julio de este año, se encontraron argumentos –sin prejuzgar el fondo del asunto- que el estado mexicano violentó nueve artículos de la Convención Americana y siete de la Declaración Americana.

Establece que a partir del 29 de septiembre de 2015, cuando se envió las notificaciones a la etnia sonorense y al gobierno mexicano, se tiene un periodo perentorio de cuatro meses para resarcir de manera “amistosa” los daños ocasionados.

En caso que las partes no concurrieran en un acuerdo, añade el reporte de la Corte, se “proseguirá con el trámite de la petición”, de acuerdo al artículo 40 del reglamento de la CIDH.

La tribu expuso ante la CIDH 21 asuntos que suponen la violación de los derechos humanos en su territorio –aún sin delimitar-. En tanto el Estado mexicano en 11 puntos admite parcialmente los retrasos en los acuerdos tomados con la tribu, y en ningún momento se compromete a cumplirlos.

El portavoz Argüelles adelantó que existe una agenda conformada por la Corte para entregar avances de la relación entre ambas partes y las citas son programadas en Washington D.C.


Esta denuncia fue interpuesta ante la CIDH el 26 de enero de 2006; la Corte pidió ampliar los informes el 19 de julio de 2011; y conminó a una “solución amistosa” entre las partes el 28 de julio anterior, con efectos a partir del 29 de septiembre.

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: MILTON MARTÍNEZ.

Elimina el IMSS comprobación de supervivencia presencial para pensionados

MÉXICO, D.F: Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya no deberán asistir a las oficinas delegacionales de la dependencia para comprobar su supervivencia cada año.

La dependencia publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la autorización del Programa de Mejora para la Comprobación de Supervivencia, propuesto por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales que permitirá a los pensionados acreditar su existencia usar datos derivados de trámites y servicios del Estado y de otras fuentes de información.

Para que los pensionados y asignatarios del país puedan gozar del beneficio de no acudir presencialmente a comprobar supervivencia, deberán contar con sus datos actualizados ante el Instituto, señala el acuerdo publicado en el DOF.

El IMSS instruyó a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, para que de manera directa o por conducto de la Coordinación de Prestaciones Económicas, “dicte las instrucciones y emita los criterios que considere convenientes para la debida aplicación por parte de las Delegaciones, de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo y resuelvan las dudas o aclaraciones que con ese motivo éstas presenten”.

Además pidió a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, reportar semestralmente sobre los resultados y avances del programa autorizado.

El instituto recordó que en su sesión ordinaria celebrada el 22 de julio pasado, dictó el acuerdo ACDO.AS1.HCT.220715/148.P.DPES, del Programa de Mejora para la Comprobación de Supervivencia, propuesto por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, que anula al Acuerdo ACDO-HCT-311007/454.P. (D.P.E.S.) publicado el 31 de octubre de 2007.


El acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación, es decir, este sábado 24.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Por cuarto día consecutivo, la PGR catea y asegura inmuebles en Sinaloa

MÉXICO D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó hoy que desde hace cuatro días realiza diversos cateos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en los que, subrayó, se han asegurado armas de fuego, vehículos e inmuebles.

En un escueto comunicado, la dependencia no detalla cuántos operativos ha realizado en aquella ciudad, en coordinación con personal de Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) y efectivos de la Policía Federal.

Sin embargo, extraoficialmente se sabe que hasta ahora llevan cateadas 11 residencias, entre ellas la de Emma Coronel Aispuro, la actual esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y de algunos otras personas que le ayudar a fugarse de la prisión federal del Altiplano.

El boletín fue acompañado de fotografías que muestran el momento en el personal de la PGR coloca los sellos que indican que dicha propiedad quedó de bajo resguardo de la autoridad federal.

Estas acciones se iniciaron a principios de semana, después de la fallida recaptura del líder del Cártel de Sinaloa en la Sierra Madre, donde se encontraba oculto desde mediados de septiembre último.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.