El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que Maxwell está recibiendo “toda la atención y todas las garantías de la justicia mexicana”.
Durante su visita a Chile, José Antonio Meade se reunió en privado con el padre del estudiante chileno Lawrence Maxwell Ilabaca, detenido durante los hechos violentos ocurridos en el Zócalo de la ciudad de México el 20 de noviembre, para informar sobre la situación jurídica y el procedimiento que se lleva a cabo.
Al respecto, en entrevista con los medios, el canciller aseguró que el estudiante chileno recibe la atención y las garantías de la justicia mexicana, con el apoyo “comprometido, puntual y cercano del gobierno chileno”.
Reconoció que para todos los gobiernos, el hecho de que uno de sus connacionales esté sujeto a proceso fuera de su país, es un tema importante.
En este caso, dijo, México está consciente de esa preocupación de Chile y por ello, “en un diálogo permanente con el canciller (de Chile), se han dado todas las posibilidades para que el gobierno chileno y sus instancias consulares estén en comunicación con su connacional”.
El secretario de Relaciones Exteriores explicó que el estudiante está sujeto a proceso frente a un juez que determinará dentro del plazo legal su situación.
Agregó que en todo caso, “hemos acordado mantener un diálogo permanente, constante, transparente y darle todo el apoyo al gobierno chileno, a través de su embajada y de sus estancias consulares, para que acompañe en este proceso”.
El joven se encuentra recluido en un penal de Veracruz acusado de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio; sus compañeros de la UNAM denunciaron que se trató de una detención arbitraria
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Sin la ayuda del gobierno, familiares de desaparecidos desde hace años encontraron restos óseos en el municipio de Iguala, Guerrero.
Personas que desde hace varios años tienen a algún familiar desaparecido, apoyados por miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), localizaron ayer siete fosas clandestinas en un sitio conocido como La Laguna, en Iguala.
Según reportó Reforma, en dichas fosas se encontraron huesos y cráneos, aunque aún falta que peritos forenses determinen si los restos hallados son humanos.
Dado que el descubrimiento se realizó sin el apoyo de autoridades y expertos forenses, los familiares de personas desaparecidas solamente marcaron con banderines los puntos donde se encontraron los restos.
Se espera que la Procuraduría General de la República (PGR) acepte la propuesta de la UPOEG para llevar a cabo las labores de exhumación de las fosas.
La UPOEG acordó realizar en los cerros de Iguala una segunda etapa de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, a petición de familiares de las víctimas.
No solo Ayotzinapa
Según Bruno Plácido Valerio, integrante de la Unión, estos trabajos de búsqueda no son solamente para localizar a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, sino también a otras personas desaparecidas desde hace años, informó el diario.
Asimismo, Valerio afirmó que la organización Ciencia Forense Ciudadana va a apoyar con equipo técnico para la identificación del ADN de los cuerpos que encuentren en fosas clandestinas.
De acuerdo con la organización forense civil, hasta el momento unas 150 personas han acudido para entregar información y hacerse pruebas de ADN con el objetivo de hallar a sus familiares, reportó El Universal.
Según el testimonio de un vecino de la localidad citado por Milenio, “los mañosos venían a diario a tirar sus cadáveres, a veces en carros, o hasta en motos”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
MÉXICO, D.F: Las Milicias Populares “Basta Ya” (MPBY) que el pasado 6 de octubre irrumpieron en la escena pública con una condena por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, acusaron al gobierno de Enrique Peña Nieto de ‘infiltrar’ las manifestaciones y de orquestar una campaña de desprestigio en contra del movimiento social que apoya a los familiares de los normalistas.
En un comunicado y en un video entregado a esta agencia, el movimiento del que no se tenía mayor información hasta ahora, precisa que no proviene de ninguna otra agrupación guerrillera, como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) o las Fuerzas Armadas Revolucionarias- Liberación del Pueblo (FAR-LP).
“Desde nuestra aparición se nos ha querido ligar o relacionar con otras organizaciones como el ERPI, el EZLN, el EPR y las FAR-LP, aclaramos no somos rama o parte de alguna de estas organizaciones u otra. Ni siquiera tenemos coordinación con ellas. El Estado mafioso intenta ocultar el accionar de nuestra organización y a la vez monta escenas vandálicas con agentes infiltrados para justificar la represión. Viola la autonomía universitaria buscando guerrilleros mientras niega nuestra existencia. Todo es parte de la guerra asimétrica, contrainsurgente, de cuarta generación, que tiene como ingrediente fundamental la manipulación propagandística”, sostiene.
Las Milicias Populares también hicieron llegar un video en el que aparecen tres de sus integrantes, los cuales se hacen llamar “Cecilia”, Rodolfo” y “Martín”. Los tres aparecen con el rostro cubierto, lo mismo que las manos y cualquier parte del cuerpo que los pudiese identificar. En el video, envían un mensaje en el que denuncian las acciones emprendidas por el gobierno de Peña en contra del movimiento social y de las nuevas agrupaciones guerrilleras.
En dicha grabación –la primera en la que se da a conocer una imagen suya– las MPBY reiteran su decisión por la lucha armada y acusan al gobierno federal de militarizar la vida nacional, criminalizar la protesta social para descalificarla y hacer uso de la infiltración de las manifestaciones y el uso de sicarios para reprimir el movimiento gestado en torno de los normalistas desaparecidos de la escuela rural de Ayotzinapa.
Las Milicias Populares vuelven a reivindicarse la explosión en la tienda Soriana ubicada en Valle de Aragón, municipio de Ecatepec, Estado de México, el pasado 12 de noviembre.
Hasta ahora, el grupo sedicioso sólo se había dado a conocer por dos comunicados difundidos el 6 y 10 de octubre último en el estado de Guerrero. En ambos reportes, acusan al Ejército de complicidad en el ataque y desaparición de los normalistas rurales y aseguran que esta acción muestra que el Estado mexicano “creó desarrolló y protege a su propia delincuencia organizada y la usa o desecha según sus propias necesidades económicas y políticas”.
En el nuevo comunicado y en el mensaje grabado que hicieron llegar a Apro, el nuevo grupo guerrillero sostiene que “ante el auge de la insurgencia cívica popular y la reorganización y surgimiento de nuevas organizaciones revolucionarias clandestinas el estado enfila toda su fuerza en varias direcciones”.
Entre ellas, señala, el “bombardeo mediático” con el que intenta “que la rebeldía de los de abajo adopte los puntos de vista de los de arriba”, al mismo tiempo que promueve la no violencia y el pacifismo a ultranza que la militarización, la infiltración y el uso de sicarios.
Señala sobre todo que se está haciendo uso de la “infiltración por lo cual el nuevo reto es “identificar a los agentes gubernamentales disfrazados de activistas”.
Con fecha del 20 de noviembre, el día que se realizaron diversas marchas en el extranjero y en varios estados del país exigiendo justicia para los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre, que en la ciudad de México terminó con la represión policiaca en el Zócalo tras la incitación de provocadores embozados, las milicias sostienen en sus partes informativos que estas “maniobras de infiltración han sido claves para dividir, encarcelar y cooptar al interior de diferentes organizaciones de masas y clandestinas”.
En este sentido, sostienen que esta estrategia de infiltración “busca anular la efectividad política de las organizaciones de abajo, busca justificar la represión, busca desprestigiar a las diferentes formas de lucha popular y en el caso actual busca mantener las protestas dentro de los límites controlables por el sistema y califican de provocadores a todos los que no se limitan a la protesta pacífica permitida y hacen eco de los argumentos exaltantes de un pacifismo y una violencia de los de abajo”.
Precisan en el comunicado: “Los infiltrados, existen y han existido, tanto en las organizaciones de masas, en los sindicatos, en el movimiento estudiantil, por ejemplo, Graco Ramírez, el gobernador perredista de Morelos fue infiltrado en el 68. Algunos son “rojísimos” y otros “nadan de muertito”. Las maniobras de infiltración han sido claves para dividir, encarcelar y cooptar al interior de diferentes organizaciones de masas y clandestinas.
“La infiltración busca anular la efectividad política de las organizaciones de abajo, busca justificar la represión, busca desprestigiar a las diferentes formas de lucha popular y en el caso actual busca mantener las protestas dentro de límites controlables por el sistema. El gobierno estadunidense pide calma y nos exhorta a los mexicanos a no violentarnos. La embestida de las televisoras contra la combatividad popular es infame”.
Recuerda la agrupación que tanto el primero de diciembre de 2012 cuando Peña Nieto tomó posesión, como el día de la quema de la puerta de Palacio Nacional “hubo agentes encubiertos y lo hicieron de manera notoria para luego, intentar hacer creer que la combatividad es indicadora de que se trata de infiltrados, provocadores y de esa manera sembrar desconfianza y desunión al interior de la insurgencia cívica-popular”.
El nuevo grupo guerrillero, que se suma a los cinco ya existentes en varias zonas del país, justifican la lucha armadas.
“La violencia desde abajo siempre ha sido respuesta necesaria cuando ya no queda de otra ante la violencia de los explotadores. Esta violencia no es un fin sino un medio, pasajero y que, dependiendo de la movilización popular organizada y combativa se convierte en un elemento menos importante aunque imprescindible en la resistencia anticapitalista”.
Limitarse a las vías electorales o legales, advierte, sólo beneficiaran a los grupos gobernante, empresariales y militares que han creado un “Estado mafioso”.
Finalmente hacen un llamado a la organización y rechazan la versión del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas fueron incinerados por el crimen organizado.
“Quieren engatusarnos diciéndonos que los 43 desaparecidos son cenizas que el agua se llevó. Lo que en verdad buscan diluir es nuestra indignación. Estén donde estén mantengámoslos vivos, sigamos buscándolos, hagamos que nuestro dolor y coraje se vuelvan lucha organizada, no abandonemos la movilización combativa de masas. Es el momento de arrancarle al Estado la liberación de todos los presos políticos del país y el respeto a las distintas formas de autodefensa con que los pueblos decidan enfrentar a la delincuencia organizada de Estado”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
MÉXICO, D.F: Cuando el presidente Enrique Peña Nieto, arropado por militares, habló el jueves de ley y orden, anticipó lo que horas después ocurriría en el Zócalo de la Ciudad de México: una cargada de la Policía Federal y del DF, propiciada por encapuchados, al final de la manifestación pacífica por la presentación de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa.
“Lo que los mexicanos demandan es que la ley se cumpla (y) que prevalezca el orden”, dijo Peña en un elogioso discurso a las Fuerzas Armadas en el campo militar Marte, en donde tuvo que celebrar el CIV aniversario de la Revolución Mexicana porque el Zócalo de la ciudad de México esperaba la llegada, como fue, de miles de personas que le exigen a su gobierno la presentación con vida de los estudiantes.
Aunque dijo que rechazaba la violencia cualquiera que fuera su origen, la arremetida policial, que dejó numerosos heridos, entre ellos el fotoreportero de la revista Proceso Eduardo Miranda, así como decenas de detenciones arbitrarias, exhibirá más la incapacidad de su gobierno para enfrentar la crisis humanitaria en la que está sumido el país.
Si lo que se pretendía con el operativo iniciado por los encapuchados al final de la manifestación era vincular con la violencia a quienes exigen la presentación con vida de los normalistas, lo único que logró fue evidenciar ante el mundo la agudización de la crisis porque esta manifestación, que confluyó desde tres puntos de la ciudad y después de una jornada mundial de solidaridad, era seguida puntualmente por la prensa internacional.
Son casi ya dos meses desde que agentes del Estado mexicano, representado por policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero, desaparecieron a los estudiantes, supuestamente con el apoyo de un grupo de delincuencia organizada. La indignación no cesa, ni en México ni en el mundo, y la violencia policial la exacerba aún más.
Los anarquistas deben estar también indignados por la usurpación, pues en las redes sociales circularon imágenes de encapuchados en camiones militares o conversando con policías del Distrito Federal, en donde el jefe de Gobierno, el expolicía Miguel Ángel Mancera, no representa ninguna diferencia de fondo respecto del gobierno federal.
Después de la quema de la puerta del Palacio Nacional, el pasado día 9, también al final de una manifestación pacífica por Ayotzinapa, Peña Nieto ha centrado su discurso en la violencia, que le ha servido de pretexto para sugerir, incluso, que hay un intento de desestabilizar a su gobierno.
El presidente se victimiza y advierte también que hay un propósito de “atentar contra las instituciones”, como dijo en su discurso ante los militares. Lo que hay detrás es una justificación del uso de la fuerza.
Es lo peor que puede hacer, fiscalizado como está por la comunidad internacional, ante la exigencia de esclarecer de forma fehaciente lo ocurrido con los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Una respuesta tan extraviada como su decisión de romper lanzas a favor del Ejército ante las críticas, también mundiales, por la ejecución sumaria de presuntos delincuentes por parte de efectivos militares en Tlatlaya, Estado de México, y que es otra de las expresiones de la crisis humanitaria que tiene en la incertidumbre a México.
Aunque se ha dicho que Ayotzinapa es una reedición de la masacre de Tlatelolco, una respuesta autoritaria como la que ocurrió en 1968 sería la más grave torpeza política desde entonces, pues condenaría por siempre a su gobierno, que de por sí parece en picada apenas transcurrido su primer tercio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
MÉXICO, D.F: El músico y escritor chileno Lawrence Maxwell Ilabaca, de 47 años, es el único extranjero de los 11 detenidos tras las manifestaciones del pasado jueves 20 de noviembre en el Zócalo, quienes fueron trasladados a penales de Veracruz y Nayarit.
Según el portal chileno Cooperativa, Ilabaca estudia un doctorado en Letras en la UNAM y tras su detención quedó a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).
Las autoridades mexicanas señalaron que el chileno fue uno de los “más violentos” durante los incidentes, lo cual fue refutado en distintas redes sociales por amigos y políticos que han dado su apoyo al músico y buscan conocer más detalles de su paradero y las pruebas en su contra.
En octubre de 2003 Maxwell Ilabaca obtuvo una beca como escritor novel, como autor de “Daño Estructural”, libro que fue editado en 2005 en Chile.
La PGR lo investiga junto con otros 10 detenidos por asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín, aunque por el momento no hay reportes sobre su estado físico.
Este sábado el canciller chileno Heraldo Muñoz afirmó que Maxwell Ilabaca no tuvo participación alguna en los enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines en al Zócalo.
El chileno sostuvo que efectivamente fue a la marcha, en bicicleta, pero negó haber participado en los choques que desataron los policías, según publica el diario La Jornada.
Muñoz indicó que el cónsul de Chile estaba con este detenido para prestarle el apoyo que se le brinda a cualquier chileno que está en dificultades en el exterior. A través de nuestra dirección consular y hemos estado en contacto desde el momento mismo de la detención.
En un video publicado en YouTube, el Comité de Enlace de la Asamblea General de Posgrado de la UNAM asegura que Maxwell se encontraba en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución cuando fue detenido y golpeado “en circunstancias irregulares”, pero que no participó en los hechos ya que sólo iba como observador.
Aproximadamente 80 personas se manifestaron frente a la Embajada de México en Santiago para exigir la liberación del escritor y músico.
La Embajada de México en Chile dijo que los 11 detenidos gozan de las garantías que la ley mexicana otorga a toda persona sujeta a proceso jurídico, e indicó que las autoridades consulares chilenas fueron debidamente notificadas de la detención de un ciudadano de ese país.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Como en cada sexenio, los estudiantes de las universidades públicas más importantes de México están manifestándose.
José Vasconcelos, rector de la Universidad de México en 1920, dijo en 1929:
“La actual huelga de estudiantes viene a demostrar la fuerza del poder que ejercen estos en la opinión pública”.
Han pasado 85 años y su frase sigue siendo actual.
Los presidentes de México y los rectores de la UNAM y el IPN tratan con cautela los conflictos estudiantiles y esto se ha comprobado múltiples veces después de las palabras de Vasconcelos, y hasta hoy, cualquier medida tomada para reprimir estudiantes continúa causando un impacto negativo en la opinión pública.
Esto se demuestra con los 43 normalistas desaparecidos que resultaron más trascendentes que los más de 20 mil mexicanos reportados en el sexenio de Calderón.
Y de nuevo los estudiantes de las universidades públicas más importantes de la Ciudad de México están manifestándose, rebelándose y retando al gobierno, que no se atreve a reprimir sus reacciones en solidaridad con los 43 desaparecidos.
Vasconcelos lanzó su advertencia después de la primera huelga universitaria, en 1929. Y aunque el presidente Emilio Portes Gil quiso ser radical y no aceptar las peticiones de los alumnos, después de una revuelta estudiantil y 68 días de paro, se otorga la autonomía a la Universidad de México.
Pero la peleada autonomía era parcial.
Sí habría libertad de cátedra, pero el rector sería elegido por el Consejo Universitario de una tercia enviada por el Ejecutivo. Se debería de informar a la Federación sobre el uso del presupuesto de 2 millones 500 mil pesos y el presidente tenía el poder de veto sobre las decisiones del Consejo.
Probablemente el año más critico para la UNAM fue 1933, cuando al tratar de aplicar los principios de educación socialista se impuso la Ley Bassols que suprimía el presupuesto federal a la institución, convirtiéndola en privada y en cambio le otorga un subsidio para subsistir mientras podía mantenerse con las cuotas.
Primera Autonomía y la huelga más larga
La autonomía de la UNAM concedida por Emilio Portes Gil en 1929, tenía reglas que quedaron un poco flojas, con muchas lagunas y amplios márgenes para la intervención del gobierno.
La primera huelga de poco más de dos meses inició con un incidente menor: incorporar un examen escrito como requisito de graduación para los abogados, además de los tres orales y tradicionales, lo que no aceptaron.
En respuesta, el secretario de Educación amenazó con cerrar Derecho y hacer más carreras politécnicas, eso fue suficiente para que en tres días los 10 mil alumnos de todas las carreras estuvieran organizados para la rebelión y la huelga.
Con el tiempo y después de varias memorables revueltas, la fuerza estudiantil logró definir una autonomía más real en 1954.
Autogobierno, independencia ante el Estado y los presidentes de la República, el manejo independiente del presupuesto otorgado por la federación, la extraterritorialidad, (en la práctica es prohibición de que entrara la policía o el Ejército a CU) libertad de cátedra e investigación, libertad de expresión, posibilidad de que maestros o alumnos participaran en política, la tolerancia al vandalismo dentro de los campus y la espacios en el ámbito político, de considerarlo necesario.
Los estudiantes descubrieron su fuerza y poder de intimidar a los gobernantes y siguieron exigiendo.
Entonces se volvió requisito para el perfil del rector un poder de negociación extraordinario, valores académicos, identificación y complicidad con los estudiantes y sobre todo, lo más difícil: aprender a trabajar con Dios y con el Diablo. Conceder al gobierno y conceder al sindicato, al estudiantado y al cuerpo docente.
Hubo muchas huelgas, las más largas de un mes y otras tan cortas que cumplían solo horas. Nuevas leyes orgánicas, más presupuesto, más prerrogativas y más y más autonomía.
Así hasta el triste, trágico y mal administrado octubre de 1968. Año convulso en el que los estudiantes fueron protagonistas y también carne de cañón ante intereses políticos que a la vez que formaban conciencias, exigían renunciar a viejos paradigmas.
Paz y guerra en la UNAM
Juan Ramón de la Fuente aprendió a hablar con Dios y con el Diablo y logró uno de los mejores periodos de la UNAM en paz y con importantes logros académicos.
También ayudó una inyección de dinero que amainó los ánimos al dar marcha atrás al aumento de cuotas que fue la excusa de la huelga, todo debido a la política de austeridad impuesta por Ernesto Zedillo.
Regresó a la simbólica suma de 20 centavos de inscripción.
La UNAM vivió uno de sus mejores periodos y se consolidó como la mejor institución entre los países hispánicos.
Ahora Narro, ante la amenaza de huelga por solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa, no tuvo más remedio que solidarizarse con los estudiantes que protestan ante la afrenta que se ha convertido en un símbolo sangriento y actual de la victimización a estudiantes.
Y todo se complicó aún más cuando un contingente policiaco ingresó a CU atendiendo la supuesta denuncia del extravió de un teléfono celular y abrió fuego contra estudiantes.
Ahora piden la renuncia de Narro y han pospuesto la decisión de un paro universitario en solidaridad con los desaparecidos.
Ya no tienen nada más que pedir respecto a su autonomía, pero defienden su extraterritorialidad, no protestan aumentos de cuotas ni abogan por los rechazados.
Sin embargo piden la renuncia del rector, que no parece solidario, aunque la actitud ahora podría ser diferente pérdida de clases después de su consolidación como una de las mejores universidades del mundo con el lugar 44 entre las 200 punteadas, superando a la Universidad de Madrid y la de Sao Paulo.
Una ‘elite’ de buenos estudiantes
La revocación del pase automático desde los 90 hizo que la entrada a la UNAM se volviera difícil. Actualmente solo ingresa el 8.6 por ciento de quienes aplican a las 100 carreras.
En el último examen de admisión presentaron 126 mil 753 estudiantes y lograron entrar solamente 10 mil 916.
Este filtro ha logrado aplicar métodos de excelencia en los 337 mil 763 alumnos, lo que ha resultado en mejor calificación internacional.
Según la página Web la cuota anual es de 60 a 200 pesos, según la carrera, mil pesos por el examen profesional y 200 pesos de inscripción. Sin embargo muchos de los estudiantes, demostrando su capacidad económica limitada, consiguen beca.
Nunca se ha llegado a igualar la propuesta de Barnes que causó la huelga del 99, que proponía un cobro anual en licenciatura a 2 mil 40 pesos.
Ahora no han tenido más provocación a su estabilidad que la solidaridad con los 43 normalistas legalmente aún desaparecidos.
Amenazan con otra huelga y alegan también, violación a su regla de extraterritorialidad, que según escribía en 2004 Carlos Monsiváis en Letras Libres respecto a la autonomía que incluye la extraterritorialidad de su espacio:
“Se viola la Autonomía no sólo porque la policía y el Ejército proceden con extrema violencia, sino por la ilegalidad multiplicada de las operaciones “relámpago”. Al tiempo que se viola la Autonomía se viola la Constitución de la República”
El poder de las huelgas
Los presidentes y su respuesta a las mayores huelgas
Presidente: Emilio Portes Gil
Rector: Ignacio García Téllez
Concedió la autonomía después de una huelga de 68 días
Presidente: Gustavo Díaz Ordaz
Rector: Javier Barrios Sierra
Reprimió el movimiento estudiantil con la masacre de la Plaza de Tlatelolco. El paro que había iniciado el 30 de julio termina el 25 de noviembre con la promesa de defensa de su autonomía la UNAM organiza su propia policía y ninguna otra puede entrar a CU
Presidente: Ernesto Zedillo
Rector: Francisco Barnés de Castro
Se derogó el aumento a las cuotas después de un año de huelga y haber intervenido la policía dentro del campus y apresado a 700 estudiantes que luego fueron exonerados.
Al coro de ‘justicia’, el grupo puertorriqueño Calle 13 expresó su solidaridad con Ayotzinapa e invitó a siete personas del lugar a hablar en el escenario.
Esta vez no fue el número 13 el protagonista de la noche, sino el 43.
Durante su presentación en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, la galardonada banda Calle 13 mostró su solidaridad con los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
“Obviamente no soy de acá y por más que quiera decir cosas los apoyo de todo corazón (…). Siempre vamos a defender las causas sociales porque así nos criamos desde chiquitos. Yo quiero traer a gente de Ayotzinapa que hable porque ellos son de aquí”, dijo René “Residente” Pérez, vocalista del grupo, antes de pasar al escenario a siete personas que señalaron la responsabilidad del gobierno en el caso.
Varias veces, los asistentes al evento hicieron el ya reconocido conteo del 1 al 43, para terminar con la consigna “¡justicia!”.
Asimismo, el invitado de la agrupación puertorriqueña, el guitarrista de la banda Rage Against The Machine, Tom Morello, dedicó un solo de guitarra a Ayotzinapa, dado que en su guitarra se apreció el número 43.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: STAFF
Senadores de oposición, indignados por el escándalo de la Casa Blanca, señalan que Enrique Peña Nieto “de entrada” violó la ley al no incluir ese inmueble en su declaración patrimonial y demandan la creación de una comisión especial del Senado que investigue todo lo relativo a las finanzas del presidente y su esposa. La indagación propuesta sería amplia: incluiría entre otras cosas las ganancias de Angélica Rivera desde cuando actuaba para Televisa y los contratos obtenidos por el Grupo Higa en el Estado de México y en el resto del país.
MÉXICO, D.F: En medio del escándalo sobre la residencia de Sierra Gorda 150 y los vínculos entre el presidente Enrique Peña Nieto y el Grupo Higa, contratista privilegiado desde que aquél gobernaba el Estado de México, senadores del PAN y del PRD sostienen que la violación a la ley de servidores públicos es del mandatario y no de su esposa, por no incorporar la propiedad del inmueble conocido como Casa Blanca a su declaración patrimonial original y señalan: “Existen claros elementos de conflicto de interés”, “tráfico de influencias” e “inconsistencias” los cuales deben ser investigados por una comisión especial del Senado.
A esta conclusión llegan los senadores Dolores Padierna, del PRD, y Javier Corral y Laura Rojas, del PAN, entrevistados por Proceso en torno al debate legislativo sobre el escándalo por la revelación de la propiedad de la primera dama, Angélica Rivera, su anuncio de que va a ceder los derechos de propiedad de la residencia y la ampliación de la declaración patrimonial de Peña Nieto el miércoles 19.
“De entrada Peña Nieto violó la ley al no declarar la propiedad de su esposa. Y eso ya convierte a la propiedad y al propio mandatario en sujeto de una investigación judicial”, afirma Corral. Rivera “no puede vender o traspasar los derechos de esa casa porque es materia de una investigación sobre un ilícito”, abunda el senador.
El legislador subraya que el artículo 43 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos ordena de la siguiente manera la obligación de declarar los bienes de los cónyuges:
“Las dependencias, entidades e instituciones públicas están obligadas a proporcionar a la Secretaría (de la Función Pública), la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo, relacionada con los servidores públicos, sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos, con la finalidad de que la autoridad verifique la evolución patrimonial de aquéllos”.
Al mismo tiempo, advierte Corral, el artículo 8 en su fracción XII de la misma ley impone límites y restricciones a los beneficios y regalos que reciban los servidores públicos y establece claramente la figura de “conflicto de interés” en este terreno.
Este artículo establece que los servidores públicos deben “abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles e inmuebles mediante la enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos cargos o comisiones para sí”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1986, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Entre noviembre de 2006 y abril de 2009 la empresa Bizjet sobornó a personal de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, la Policía Federal y el gobierno de Sinaloa para obtener contratos de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves. Dos exejecutivos de esa firma aseguran que miembros del Estado Mayor Presidencial recibieron más de 2 millones 200 mil pesos. Uno de ellos, el general de brigada Crisanto García, no sólo sigue en funciones sino que incluso fue ascendido cuando Peña Nieto llegó a Los Pinos.
MÉXICO, D.F: El escándalo sigue girando en torno al presidente Enrique Peña Nieto. Ahora detona en el Estado Mayor Presidencial (EMP). Uno de los involucrados en el caso de corrupción con la empresa estadunidense Bizjet durante el sexenio pasado, el general de brigada Crisanto García, permanece en el selecto grupo de militares encargado de la seguridad presidencial.
Al amparo del jefe del EMP, el general de brigada Roberto Francisco Miranda Moreno, Crisanto García es ahora subjefe de Logística, el tercer mando más importante en esa elitista unidad militar, responsable de la operación y el mantenimiento de las aeronaves a su cargo.
El general García es además responsable de la organización y protocolo de los eventos de la esposa del presidente de la República, de la sección de Transmisiones y de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales (CGTAP) del EMP.
Involucrado desde el gobierno de Vicente Fox en el transporte aéreo presidencial, el militar es señalado también como parte de una red de jefes y oficiales del EMP que durante el sexenio de Felipe Calderón hicieron negocios con autopartes de aviones y helicópteros y fraudes en los contratos de mantenimiento.
Varios de ellos salieron con la llegada del nuevo gobierno, pero el general Crisanto García no sólo permaneció sino que mantiene aún el control del hangar presidencial, con el respaldo del jefe del EMP designado por Peña Nieto, de acuerdo con testimonios de la propia instancia castrense.
Licenciado en administración por la Escuela Superior de Guerra y maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), el general García fue incluido en la investigación que hizo la justicia de Estados Unidos por corrupción y soborno de la empresa Bizjet International Sales and Support para ganar contratos en México y Panamá entre 2004 y 2010.
Desde diciembre de 2000, cuando Fox llegó a Los Pinos, el general ha sido responsable de la administración de bienes materiales y manejo de recursos humanos y financieros en la CGTAP, la encargada de transportar al presidente y a altos funcionarios federales, así como del mantenimiento y operación de las aeronaves. Una de ellas fue el helicóptero que se desplomó y causó la muerte del entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, en Amecameca, Estado de México, en noviembre de 2011.
Durante el sexenio foxista fue director general de la CGTAP y en diciembre de 2006, a la llegada de Calderón, ascendió a coordinador general, cargo en el cual se mantuvo hasta marzo de 2010, cuando fue designado subjefe de Logística del EMP por decisión del entonces jefe de ese órgano técnico militar, el general Jesús Castillo Cabrera.
De acuerdo con el Reglamento Interior del EMP, el jefe de esa unidad administrativa es quien le propone al presidente de la República la designación o remoción, entre otros, del subjefe de Logística. Apenas llegó Enrique Peña Nieto a Los Pinos, el general Roberto Miranda, su jefe de seguridad, ratificó al general García.
Según la acusación penal en Estados Unidos, que se sigue en la Corte federal del Distrito Norte de Oklahoma, tanto la CGTAP como la Policía Federal y el gobierno de Sinaloa fueron sobornados por ejecutivos de Bizjet –compañía con sede en Tulsa, Oklahoma– para obtener contratos de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1986, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
MÉXICO, D.F: Jamás imaginaron que sus buenas intenciones se enfrentarían a tantas y tan ridículas trabas. En 2012 vecinos de la colonia Educación rescataron un diminuto cuarto abandonado; lo arreglaron, sumaron voluntades e instalaron un libro club.
El pequeño espacio de apenas siete metros cuadrados donde actualmente opera el Libro Club Profesor Othón Salazar Ramírez escasamente tiene espacio para un par de anaqueles y que un puñado de personas conviva amontonadas. La intención de los vecinos es ampliarlo para ofrecer talleres, lecturas en voz alta, juegos recreativos y actividades de convivencia principalmente dedicadas a personas de la tercera edad, pues de los 9 mil 500 habitantes de la colonia Educación, muchos son maestros jubilados en situación de abandono.
Tan bien justificado está el proyecto que en 2013 obtuvo el primer lugar en la consulta ciudadana para la aplicación del presupuesto participativo convocada por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), que incluía una dotación de 323 mil pesos. Este año la iniciativa fue aprobada también por el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial del Gobierno del Distrito Federal, con una dotación de 500 mil pesos. Sin embargo, en ambos casos los fundadores del libro club no han podido aplicar los recursos, ante la cadena de obstáculos impuestos por la delegación Coyoacán, dirigida por el perredista Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, a quien ubican como jefe político de Liliana Nolasco Cardelas, quien presidía el Consejo Ciudadano anterior (2010-2013), y mantiene el control sobre la actual administración. Ella, aseguran los colonos, quiere utilizar ese cuarto como oficinas y es la responsable intelectual de bloquear el proyecto.
La colonia Educación fue construida entre 1950 y 1960 para dotar de vivienda digna a profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La mayoría de los maestros ha muerto o se ha jubilado. El servicio de alumbrado público es deficiente, las banquetas están deterioradas y el robo a casa habitación es común.
“Los maestros cuentan con una pensión baja (por el tiempo en que se jubilaron) que les permite vivir modestamente, aunque considerando el incremento anual y constante de la inflación, esos ingresos se ven cada vez más reducidos. Es decir, sus jubilaciones no aumentan al ritmo que lo hace la inflación, situación por la que están cada vez más pauperizados y se ven en la necesidad de hacer actividades que les remunere algún ingreso extra, como tejidos, bordados, elaboración y venta de muñecas, de arreglos navideños, venta de comida y venta de artículos por catálogo.
“(…) Los adultos mayores se encuentran casi totalmente en el abandono tanto familiar como social. En la mayoría de los casos los familiares abusan de esa situación de indefensión o vulnerabilidad de los ancianos”, cita el proyecto del libro club presentado ante el Gobierno del Distrito Federal.
En la colonia no hay casas de cultura, cines ni espacios recreativos; sólo cafeterías, restaurantes pequeños y negocios.
Este contexto motivó a Julieta Fernández Becerril, Marcela Laura Torres Salazar, Araceli Silva Villanueva, Graciela Silva Villanueva y Arturo Carlos Vázquez, vecinos de la colonia y miembros del anterior Consejo Ciudadano, a rescatar en mayo de 2012 el cuarto situado en el camellón de la Avenida Tres esquina con Erasmo Castellanos Quinto.
Cada uno de los voluntarios sacrifica tiempo personal para atender al libro club, que opera de cuatro a seis de la tarde de lunes a viernes y los sábados de nueve a once de la mañana. Prestan de manera gratuita un estimado de 40 libros por semana de entre su catálogo, integrado por mil 350 obras. Les han llegado más donaciones de textos, pero ante la falta de espacio les ha sido imposible incorporarlos.
En septiembre del año pasado, la nueva mesa directiva del Consejo Ciudadano, liderada por Ofelia Sánchez Noguerón pero controlada por la citada Liliana Nolasco Cardelas –según la versión de los entrevistados– intentó apoderarse del espacio para convertirlo en oficinas administrativas. El proyecto de la ampliación del libro club ya había sido aprobado por el IEDF, pero el grupo liderado por Nolasco movió sus influencias sobre el delegado de Coyoacán para que no les fuera aprobado el permiso, acusan los colonos.
Los vecinos denuncian que la animadversión de Nolasco Cardelas hacia su proyecto se debe a que en una asamblea fue exhibida como empleada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de acuerdo con el documento 5000000163413 firmado por la Oficialía Mayor de la VI Legislatura y obtenido mediante el sistema Infomex. La irregularidad radica en que los miembros de los consejos ciudadanos no pueden cobrar como servidores públicos.
A partir de esta denuncia, sostienen los entrevistados, Nolasco Cardelas ha bloqueado una y otra vez la ampliación del libro club.
En mayo de este año se publicó la convocatoria para el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial del Gobierno del Distrito Federal; los vecinos presentaron su proyecto, en el cual explican la necesidad de incrementar la superficie del libro club para efecto de organizar tertulias literarias, teatro guiñol, apoyo a tareas, foros de discusión literaria entre los colonos, ampliar el acervo bibliográfico a cinco mil libros, construir una bodega, sanitarios y accesos para personas discapacitadas.
El proyecto fue aprobado por unanimidad y el GDF liberó 500 mil pesos para ponerlo en marcha. El requisito para iniciar la construcción era contar con el aval de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, La Secretaría de Gobierno capitalina, la de Cultura y la delegación Coyoacán. Todas las dependencias dieron su visto bueno al libro club, excepto la delegación Coyoacán.
Las autoridades de la demarcación arguyeron en el oficio DGJG/0811/14 que el proyecto viola algunos artículos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, entre ellos el siete: “Para efectos de esta ley, se entiende por: ‘IV.- Asamblea: Asamblea Legislativa del Distrito Federal’”.
En una carta dirigida al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, los vecinos objetaron:
“Es a todas luces visto que la Delegación Coyoacán tiene una posición contraria al desarrollo cultural de nuestros vecinos, al derecho humano que tenemos los ciudadanos a todas las manifestaciones de la cultura; pues sin meditar ninguna consulta o analizar nuestro proyecto, sin más, emitió su opinión en sentido negativo”.
Los fundadores del libro club tienen hasta el próximo seis de noviembre para reunir todos los requisitos, o de lo contrario perderán los 500 mil pesos entregados por el gobierno del Distrito Federal. Pueden interponer una prórroga para que el plazo les sea ampliado al 31 de diciembre.
“La educación es una forma de cambiar las cosas, la lectura ofrece muchas habilidades, muchas maneras de poder accionar. No me gusta que Coyoacán tenga reducida la cultura a siete kilómetros cuadrados; están enviando el mensaje de que leer no es importante, nosotros queremos demostrar que lo que vale es ser y no tener”, refuta Araceli Silva Villanueva.
Desde su diminuto centro de lectura, los voluntarios se ponen de acuerdo para intentar darle la vuelta a las nuevas trabas de la delegación Coyoacán. No desisten en soñar con un futuro mejor para su colonia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN PABLO PROAL.
