Mostrando entradas con la etiqueta Desalojo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Desalojo. Mostrar todas las entradas

domingo, 23 de julio de 2017

Previo a visita de Peña, gobernador de BC ordena desalojo de plantón en cervecera de Mexicali

Violentando un amparo y actuando fuera de la jurisdicción estatal, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, ordenó el desalojo del plantón que ciudadanos mantenían a la entrada de la empresa cervecera Constellations Brands en vísperas de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a esa entidad.

La noche del viernes, policías estatales y municipales irrumpieron de manera violenta en el plantón con el fin de permitir el ingreso de seis tanques de 30 toneladas a las instalaciones de la cervecera de origen norteamericano. Dichos depósitos llevaban nueve días varados en la carretera federal.

sábado, 7 de enero de 2017

Desalojo en planta de Pemex: policías atropellados, periodistas y agentes heridos, 30 detenidos

Un hombre a bordo de una camioneta arrolló a un grupo de policías federales que se encuentran resguardando la terminal de almacenamiento de Petróleo Mexicanos (Pemex), en Rosarito.

El vehículo, color amarillo, traspasó de reversa las vallas de los agentes federales y atropelló a varios uniformados, quienes cuidan el acceso a la planta de la paraestatal ante las protestas de al menos 200 personas. 

La camioneta huyó por el boulevard principal de este municipio limítrofe con Tijuana, hacia la autopista Escénica.

De acuerdo con reportes, las corporaciones policiales realizaron un operativo de desalojo en las instalaciones, el cual dejó al menos 30 detenidos y siete policías lesionados, de los cuales uno está grave y fue llevado a las instalaciones de la Cruz Roja.

Durante el desalojo, se reportan también dos periodistas lesionados tras el operativo policíaco. 

El periódico El Universal precisó que su corresponsal Laura Sánchez, quien cubría el plantón, fue golpeada por elementos de la Gendarmería. De la misma manera, elementos policiales arremetieron contra su esposo, Luis Alonso Pérez, también periodista y contra el fotorreportero de Frontera, Jesús Ramas.

El área norte de Playas de Rosarito se encuentra bloqueado a la circulación por las manifestaciones contra el alza de gasolinas y la presencia de corporaciones policiacas. 

Medios locales, como Zeta Tijuana, reportan que son cuatro los agentes heridos, 19 detenidos y un reportero agredido, como informes preliminares.

En otro video que circula en redes, se ve desde otro ángulo el momento en que la camioneta embiste a policías y luego huye.






Fuente: Proceso
Autor: Antonio Heras
http://www.proceso.com.mx/469139/desalojo-en-planta-pemex-policias-atropellados-periodistas-agentes-heridos-30-detenidos-video

jueves, 29 de diciembre de 2016

El Ejército y las policías usaron “fuerza ilegal” contra civiles de Ostula, determina la CNDH

La CNDH emitió una serie de recomendaciones a la Sedena y al Gobierno de Silvano Aureoles luego de que en julio del año pasado se registrara el abuso de fuerza por parte de autoridades locales y federales que cobraron la vida de un menor de edad y dejó un saldo de 10 personas heridas. El 19 de julio de 2015, la captura de un líder comunitario en Santa María de Ostula, en Aquila, Michoacán, causó que los pobladores realizaran bloqueos carreteros, mismos que terminaron en una serie de disparos por parte de federales y militares en contra de los manifestantes. El organismo exhortó al Ejército Mexicano y al gobierno estatal a a reparar el daño a las víctimas, castigar a los responsables, así como tomar las medidas necesarias para prevenir y evitar este tipo de situaciones.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al General Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y a Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, para reparar el daño y tomar medidas necesarias luego de que las autoridades locales y federales incurrieron, en julio del año pasado, en el uso ilegítimo de la fuerza en contra de pobladores que bloquearon la carretera federal en la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, y que dejó un saldo de 10 personas heridas y la muerte de un niño de 12 años llamado Heriberto.


De acuerdo con la recomendación 65/2016 de la CNDH, el uso ilegítimo de la fuerza es “atribuible a personal militar del 65/o Batallón ‘La Placita’, así como a policías de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa (SSP) y los mandos de control que conocieron y toleraron su actuar”.

El 19 de julio de 2015, elementos del Ejército Mexicano -los batallones de infantería 30/o, 65/o y 82/o-, personal de la Secretaría de Marina (Semar), de la Policía Federal, así como elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de Fuerza Ciudadana y de Fuerza Rural -pertenecientes a la SSP-, realizaron un fuerte operativo de seguridad en la comunidad de Santa María de Ostula, en Aquila, Michoacán, con la finalidad de detener a Cemeí Verdía Zepeda, líder comunitario que se ha opuesto al despojo de tierras realizado por las mineras que operan en ese municipio acusado por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

La captura de Verdía Zepeda ocasionó que los pobladores realizaran tres bloqueos sobre la carretera federal 200 Tecomán-Lázaro Cárdenas a la altura de Xayakalan, Duin y Puente de Ixtapilla para impedir el paso de los militares y liberar al detenido.

La Comisión acreditó entonces que “la población civil agredió verbal y físicamente con palos y piedras al convoy de vehículos oficiales. Al respecto, la CNDH reitera y enfatiza que el ejercicio de un derecho, el planteamiento de una inconformidad y el reclamo de intereses particulares, que por legítimos que estos sean o fundada que resulte la reclamación, no puede realizarse ejerciendo violencia, contraviniendo la ley, desconociendo las instituciones o afectando los derechos de terceras personas”.

Por otro lado, los testimonios de los comuneros dan cuenta de que los militares, en su intento para dispersar la manifestación, dispararon contra la población civil ocasionando la muerte de un menor de 12 años e hiriendo por impacto de bala a una menor de seis años y a otras personas. Las autoridades insistieron desde entonces que fueron disparos al aire.


“Se acreditó que 15 militares dispararon, lo que tuvo como resultado 6 lesionados y un fallecido, en tanto que 17 testigos observaron a militares disparar, lo cual fue coincidente con la ubicación de los elementos del 65/o Batallón. No se acreditó que los pobladores del Puente de Ixtapilla dispararan en contra del convoy militar”, señaló la dependencia por medio de un comunicado.

Tras el lamentable suceso, la CNDH inició el expediente CNDH/2/2015/5527/Q, en el que quedó de manifiesto que “en Xayakalan se vulneró el derecho a la legalidad en agravio de alrededor de 50 pobladores, por un militar del 65/o Batallón, quien empleó de modo indebido el uso de la fuerza letal, sin aplicar los protocolos, ya que disparó al aire en dos ocasiones, desde un vehículo en movimiento, lo que constituye un uso ilegítimo de la fuerza conforme al Manual de Uso de la Fuerza, al no observar los principios de legalidad, racionalidad y oportunidad”.

Asimismo, la Comisión señaló que en el bloqueo en Duin “se vulneró el derecho a la integridad personal en agravio de cuatro personas, quienes resultaron heridas por el indebido empleo de armas no letales (gases lacrimógenos, pimienta y bombas de humo) por parte de servidores públicos de la SSP, lo que constituyó un uso ilegítimo de la fuerza”, según refirió la dependencia en un comunicado.

Finalmente, la CNDH advirtió que en el Puente Ixtapilla “se violentó el derecho a la integridad personal en agravio de seis personas y a la vida en agravio de un niño, por el uso ilegítimo de armas letales de 15 militares del 65/o Batallón”.

Por ello, la dependencia exhorta a la Sedena y al Gobernador de Michoacán a reparar el daño a las víctimas directas e indirectas conforme a la Ley General de Víctimas; inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a los agraviados; colaborar en la Averiguación Previa que se instruye ante la Procuraduría General de la República (PGR); denunciar e investigar a los servidores públicos y militares (según sea el caso) para lindar o deslindar responsabilidades; y capacitar al personal de Seguridad Pública y defensa sobre el uso de la fuerza.

En el caso específico del Ejército Mexicano, la Comisión solicita que los elementos de la Sedena documenten sus intervenciones para que haya evidencias de su actuación. En cambio, a la administración estatal pide que reforme el Protocolo o diseñe un Manual que regule la actuación de la fuerza policial para el control de multitudes y uso legítimo de la fuerza.





Fuente: Sin Embargo
Autor: Redacción
http://www.sinembargo.mx/29-12-2016/3130751

sábado, 3 de diciembre de 2016

Trasladan a reclusorio a 17 detenidos en desalojo en Atizapán

Tlalnepantla, Méx. Diecisiete de las 26 personas detenidas el miércoles de esta semana durante el desalojo de 200 personas que tenían invadido dos predios del cerro de Calacoaya, fueron trasladadas al Penal de Barrientos la noche de este viernes. Los nueve restantes fueron puestos en libertad.

La Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) presentó a los civiles ante el juez de control. Diez de ellos por el delito de lesiones dolosas y siete por daño en bienes; los 17 comparten el delito de resistencia a la autoridad.

Sus familiares exigieron la liberación de los detenidos. Acusaron que varios están lesionados y no han recibido atención médica adecuada. Pidieron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).

Ese día, unos mil policías ingresaron a varios domicilios hacia cuyo interior lanzaron gases lacrimógenos, y se llevaron a 26 vecinos detenidos. Incluso allanaron y repitieron sus acciones en viviendas de la colonia San Martín, contigua al de Calacoaya.

Una mujer fue llevada a rastras frente a sus hijos; "hubo exceso de la fuerza pública y exigimos castigo a granaderos que abusaron de su poder", dijo su esposo.

La reportera Iris Velázquez también fue detenida y llevada al Ministerio Público, donde fue puesta en libertad. Fue violentada y golpeada en repetidas ocasiones y le robaron su material de trabajo.





Fuente: La Jornada
Autora: Silvia Chávez González
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/03/trasladan-a-reclusorio-a-17-detenidos-en-desalojo-en-tlalnepantla

lunes, 17 de octubre de 2016

#CDMX Agreden y desalojan a manifestantes del Mercado Agrícola Oriental que protestaban por la apertura de tienda transnacional

La madrugada del día de hoy lunes 17, tipos armados con pistolas, palos y piedras desalojan de forma violenta a locatarios y colonos de la colonia Agrícola Oriental, en la delegación Iztacalco de la Ciudad de México, quienes protestaban durante 111 días en contra de la apertura de una tienda de autoservicio transnacional, que amenaza con quitarles sus fuentes de empleo, así como el abastecimiento de agua potable que ha estado escaseando en la zona.

Además de golpear a las personas que se encontraban en el plantón, se robaron teléfonos celulares, equipo de computo de un medio independiente, carteras, credenciales, además de navajear a una persona y destruyeron las carpas.



Testigos aseguran que fueron decenas de personas que venían de grupos de choque, o porriles, pagados por la corporación Chedraui, y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya que los habían amenazado con anterioridad.

Ante la mirada de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, ingresaron por la fuerza al establecimiento, que fue construido de forma irregular y de manera ilegal, ya que no cumplía con la Ley de Obras Públicas y de Servicios.

Después de lo sucedido inmediatamente, levantaron una denuncia al ministerio público, sin embargo no han obtenido respuesta alguna por parte de las autoridades que brillaron por su ausencia en el lugar de los hechos. Sin embargo se encuentra cercada la zona por grupo de granaderos de la SSP, por lo cual se mantienen en alerta ante cualquier posible represión contra locatarios y colonos de la zona.



* Con información de El Pueblo, Medio Independiente


martes, 30 de agosto de 2016

Desalojo del FAM, acto total de autoritarismo: rector UAEM

Cuernavaca, Mor. Los dos desalojos que sufrieron el pasado lunes integrantes del Frente Amplio Morelense (FAM), por cientos de elementos del Mando Único, confirman que el gobernador es “autoritario, represor, intolerante, antidemocrático y retrógrada”, dijo el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez.

Anoche, los dirigentes de las más de cien organizaciones que integran el FAM y exigen la destitución del gobernador Graco Ramírez, se reunieron en el plantón que sostienen desde las 16 horas del lunes en la calle Gutenberg, en la parte norte del palacio estatal, luego que el gobernador ordenó a los uniformados sacarlos de los corredores públicos de dicho palacio, en donde habían permanecido desde el pasado 16 de agosto cuando miles de morelenses salieron a marchar y a gritar: ¡Fuera Graco!

Vera Jiménez indicó que el violento desalojo “significa que es un acto total de autoritarismo. Por favor, vean: somos ciudadanos, y vean la gran cantidad de policías que están aquí ¿Para impedir qué? Si hemos estado muchos días aquí de manera pacífica y nunca intentamos ingresar al recinto del poder ejecutivo estatal, nunca impedimos el paso de nadie ni la salida de nadie (del palacio estatal).

“Este es un espacio que siempre ha sido público. Estos corredores forman parte de la vida pública de la ciudad, y así ha sido siempre. No entendemos por qué ahora restringen el paso, cuando hemos dado muestras de no generar ningún desorden”, dijo el rector Vera Jiménez.

Desde las cuatro de la tarde que fueron desalojados por segunda vez (la madrugada del lunes fue el primer desalojo), cientos de policías resguardan los pasillos de palacio para impedir que los manifestantes ingresen. Esto, según el rector. demuestra “un ejercicio autoritario del Poder, una intolerancia total, una manera antidemocrática del gobernador y una forma, a todas luces, retrógrada y dictatorial”, recalcó.

Por esta situación, agregó el rector Vera Jiménez, “el gobernador tiene que dejar el cargo porque no cesa de violar los derechos humanos (...). Demandamos que se inicien todos los procedimientos que se tengan que iniciar para que el gobernador sea sometido a juicio político”, concluyó el rector.

Anoche, el rector estuvo en el plantón en donde ofreció un discurso y anunció que someterá a una consulta entre los universitarios si permanece en el cargo; de lo contrario, renunciará, y retó de nuevo al gobernador a someterse a una consulta ciudadana.

Esta mañana los integrantes del FAM permanecieron en el plantón y los trabajadores de la Facultad de Ciencias Sociales, de Temixco de la UAEM, acudieron a dar masajes a quiees están en el plantón, así como medicina tradicional, medicina alternativa, quiropráctica, entre otros métodos relajantes, para los que estuvieron el pasado lunes en los dos desalojos que hicieron los policías del mando único del gobierno del estado.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: RUBICELA MORELOS CRUZ
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/30/desalojo-del-fam-acto-total-de-autoritarismo-rector-uaem

jueves, 11 de agosto de 2016

Chocan vecinos y granaderos en Cuauhtémoc; 7 heridos

Ciudad de México. Un enfrentamiento para evitar un desalojo, entre vecinos y granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, dejó como saldo siete personas lesionadas, tres vecinos, entre los cuales se encuentra un adolescente y cuatro uniformados en la colonia Morelos.

Datos del reporte oficial refieren que el Gobierno de la Ciudad de México cumplimentó una orden de desalojo en el número 130 de la calle de Granada de la referida colonia, en la delegación Cuauhtémoc.

Los vecinos se opusieron y enfrentaron a los uniformados con palos, piedras, tubos y otros objetos para resistir el desalojo. Sin embargo, versiones de los inconformes detallan que las autoridades llegaron a una de las viviendas del inmueble de manera violenta y los empezaron a sacar, ello fue lo que desato la confrontación.

Los habitantes pidieron el apoyo de otros vecinos, porque según informaron el desalojo era ilegal y arbitrario. Aseguraron que cuenta con los documentos que acreditan la propiedad.

Los cuerpos de emergencia acudieron al referido punto para atender a los heridos, no obstante, se hizo el desalojo y un grupo de inconformes bloquearon avenida del Trabajo. La Secretaría de Seguridad Pública hizo un despliegue policiaco, el cual fue retirado tras un acuerdo con los vecinos para empezar un dialogo.





Fuente: La Jornada
Autora: Josefina Quintero
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/11/enfrentamiento-entre-vecinos-y-granaderos-en-cuauhtemoc

jueves, 4 de agosto de 2016

#AlertaCNTE IP: amago preocupante


*NOTA: Nosotros como medio libre no compartimos, ni aceptamos lo que dice la editorial de La Jornada, ya que justifica las acciones de estos malnacidos delincuentes, culpables de atrocidades ocurridas en varios estados donde existe el desplazamiento y el desalojo. Lo cual lo pusimos para que lo analicen y reflexionen sobre cómo le encanta hacer amagos y amenazas los narcoempresarios contra los maestros que luchan contra los intereses de estos desgraciados.

La Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin) amagó ayer con dejar de invertir en las denominadas Zonas Económicas Especiales –ubicadas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz– a consecuencia de los plantones y bloqueos que lleva a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). A decir del organismo cúpula de la industria en el país, las inversiones que pudieran frenarse ascienden a más de 50 mil millones de pesos y cancelarían la creación de 40 mil empleos.

Se trata del más reciente de una serie de posicionamientos de las organizaciones del sector privado en torno al conflicto magisterial, cuyo origen, cabe recordarlo, se ubica en el rechazo de los docentes al carácter punitivo de la reforma educativa. Un día antes, la Confederación Patronal de la República Mexicana interpuso una demanda de amparo frente a las ‘‘omisiones’’ del Estado mexicano,por no haber garantizado los derechos individuales durante las marchas y bloqueos de los maestros, y criticó la excesiva tolerancia de las autoridades frente a tales manifestaciones.

Sin desestimar las afectaciones provocadas por los bloqueos docentes y los daños generados a miles de unidades económicas en las localidades donde éstos se desarrollan –y que requieren, desde luego, el apoyo de las autoridades–, no deja de llamar la atención que un conjunto de organizaciones que durante décadas han demandado interlocución y apertura del gobierno federal soliciten ahora que se actúe en el sentido opuesto ante el conflicto magisterial. En efecto, si algo cabe saludar de la postura del gobierno federal en semanas recientes es el viraje hacia la búsqueda de una solución negociada y consensuada de dicho conflicto, el cual surgió por el empecinamiento gubernamental en aplicar una evaluación educativa cuestionada en los terrenos pedagógico, político y laboral.

Por tardía que haya sido esa postura –lo cual provocó, entre otras cosas, barruntos de estallamiento social con saldos trágicos, como los que se registraron en Nochixtlán– la disposición al diálogo es un escenario preferible a la confrontación, sobre todo en un Estado que se reclama democrático. El hecho de que las autoridades federales hayan pedido ayer al sector empresarial reconocer los avances alcanzados en las negociaciones con la CNTE refleja un saludable interés gubernamental por mantenerse en esa vía y no ceder, al menos en lo inmediato, a actitudes de presión y hasta de chantaje como las que ha expresado el empresariado.

La postura de los órganos cúpula de la iniciativa privada resulta tanto menos comprensible si se toma en cuenta el papel que esas organizaciones reclamaron en el último cuarto del siglo pasado –época en que surgió el Consejo Coordinador Empresarial–precisamente como un contrapeso a las prácticas autoritarias y al hermetismo del régimen político vigente en ese entonces. Las demandas de apertura democrática y diálogo que formularon las cámaras empresariales de los años 70 y 80 del siglo XX contrastan con el reclamo de implacabilidad contra la CNTE y con el amago de rebeldía que formulan ahora frente a los esfuerzos por lograr una salida consensuada al conflicto.

La pluralidad del México contemporáneo –cuya realidad es innegable, lo reconozcan o no las élites políticas y económicas– requiere de que los distintos grupos de interés reconozcan el diálogo como la primera opción y la más deseable para resolver las diferencias.





Fuente: La Jornada
Autor: Editorial
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/04/editorial-ip-amago-preocupante

#AlertaCNTE “Vamos de salida” en el conflicto magisterial: Osorio

El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, pidió al sector empresarial ‘‘ver los avances derivados del diálogo y la negociación que se tiene con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)’’.

Después de que organismos del sector privado criticaron al gobierno federal por no poner fin a los bloqueos de la CNTE, al advertir sobre cancelación de inversiones en zonas estratégicas de desarrollo, presentación de demandas contra ‘‘omisiones’’ del Estado e incluso declararse impedidos para pagar impuestos, Gobernación emitió una tarjeta informativa para subrayar que la problemática se ha ido resolviendo poco a poco.

Antes, en entrevista radiofónica, Osorio aseveró que en el asunto magisterial ‘‘vamos de salida’’, por lo que mostró extrañeza ante los reclamos empresariales, ‘‘como si no hubiéramos avanzado’’, justo en el momento en que se han abierto caminos y restablecido, por ejemplo, el servicio de trenes en Michoacán.

‘‘Entonces actuamos por un lado con el diálogo para buscar resolverlo y también, por otro, con lo que nos da el mandato de ley, que es el uso de la fuerza pública’’, dijo.

‘‘Vamos de salida’’

A pregunta expresa del conductor del noticiero radial, Joaquín López Dóriga, respecto del endurecimiento del sector privado, el funcionario respondió:

‘‘Hemos estado platicando con ellos (los empresarios), pero ahora que ya estamos, nunca estamos de salida, siempre en Gobernación tenemos cosas que arreglar y cosas que atender, pero en este tema vamos de salida y veo de repente estas manifestaciones, estas peticiones como si no hubiéramos avanzado, como si las cosas no estuvieran ya en otra circunstancia totalmente diferente... es la primera vez que los veo organizados y planteando el mismo tema, insisto, cuando ya vamos de salida.’’

El conductor le dijo que son los riesgos de ser precandidato presidencial, y Osorio pidió que lo dejen trabajar y entregar resultados. ‘‘Hay que hacer entonces la petición formal de que ya no salgan las encuestas (de aspirantes presidenciales) para que sigamos trabajando’’.

A través de la tarjeta informativa, el secretario dice: ‘‘Las circunstancias en las que estábamos hace dos semanas son totalmente diferentes. Los resultados del diálogo están a la vista. Se analizó con empresarios de Oaxaca la problemática. Hubo Guelaguetza y se abrieron vías de comunicación’’.





Fuente: La Jornada
Autora: Fabiola Martínez
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/04/politica/004n3pol

domingo, 17 de julio de 2016

El pueblo que secó la plata

TLAHUALILO, DURANGO.- Refugio, de 72 años, cuenta en la sombra de un mezquite que no siempre fue tan pobre. La pensión de junio se le fue entre medicinas para el dolor y un poco de comida. Así que sólo le queda recoger lo poco que da este pedazo de desierto: vainas secas caídas del árbol, que vende como alimento para ganado. Por los 80 kilos que recolectó en tres días le pagaron 100 pesos. En las dos semanas que faltan para acabar el mes se aliviará el dolor de rodillas con alcohol y peyote. “El dolor como quiera aguanta, pero el hambre no”.

El sol de la tarde calienta el aire por arriba de los 40 grados en el pequeño ejido de La Sierrita. Debajo de los árboles los perros se muerden las patas para sacarse las espinas. Cualquier sombra en este desierto es un oasis.

Don Cuco, como le dicen sus vecinos, toda su vida estuvo lejos del interés de cualquier gobierno. Hasta 2012, cuando él y otros 126 ejidatarios fueron desalojados del plantón que tenían afuera de una mina explotada por la compañía canadiense Excellon Resources, y que está en una parte del ejido. Los pobladores protestaban por el incumplimiento del contrato de arrendamiento de sus tierras. Los echaron a golpes. A la empresa la respaldaron el gobernador de Durango, el gobierno federal –que envió al Ejército–, y la Embajada de Canadá en México.

El conflicto pasó a un tribunal agrario, donde el gobierno mexicano es juez y parte. La resolución está prevista para agosto de este año, pero podría alargarse. Durante los cuatro años de enredos legales, la supervivencia de Cuco ha dependido de las vainas dulces que le da el desierto.

– ¿Qué siente que una mina esté sacando millones de una tierra que le pertenece? – le pregunto, mientras recarga su mentón en un bastón de palo.

– Es que somos ricos pobres. ¿Qué ganamos con tener tanta plata?

El ejido de la Sierrita está en la región de La Laguna. Es un lugar que paradójicamente no tiene agua y que está lejos de cualquier sierra. Un desierto en la Altiplanicie Mexicana, conocido como el Bolsón de Mapimí. “Somos un ejido que le dieron lo que sobró”, dice Daniel Pacheco, presidente del comisariado ejidal.

La Comarca Lagunera todavía tenía lagunas en la década de los sesentas. El Barón Humbolt describió al Bolsón de Mapimí como una isla. Pero la construcción de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco secó la zona y la región algodonera prácticamente se acabó. Ahora, La Laguna es un ancho desierto que une a los estados de Durango y Coahuila.

En 1980, 127 pobladores de Tlahualilo que fundaron el ejido recibieron más de 6 mil hectáreas de puro desierto.

Cuco llegó a esta comunidad en esos años, cuando se formó el ejido. Entonces, había más agua y los pobladores trabajaban en las haciendas cercanas que producían melón y algodón. Otros se dedicaron a cortar mezquites para vender la leña en Bermejillo, un pueblo cercano. La gente admite –con cierta vergüenza– que ante la escasez llegaron a cazar ratas de campo para comérselas. Aún no había electricidad en el pueblo, con mecheros y combustible iluminaban las noches. Los ejidatarios llegaron a su nueva tierra, un lugar donde a nadie se le había ocurrido vivir.Foto: José Ignacio De Alba

El conflicto con la minera

En 2004, cuando Excellon Resources llegó a este pequeño pueblo de Durango y les propuso rentar sus tierras para instalar la mina La Platosa, los habitantes pensaron que se iban a hacer ricos. Fueron ingenuos.

En lugar de rentarles 4 hectáreas, como les habían planteado, los representantes de la empresa cambiaron la oferta y les ofrecieron comprar 27 hectáreas por 1 millón 200 mil pesos. Cada uno de los 127 ejidatarios iba a recibir casi 9 mil 500 pesos por vender lo que la propia compañía llama “la mina con el mayor grado de plata del país”.

Daniel Pacheco, presidente del comisariado ejidal, asegura que fueron presionados con la amenaza de que si no vendían les podían expropiar. Tras meses de negociaciones, Excellon accedió a la renta, y ofreció una serie de “cláusulas sociales”: construir una planta tratadora de agua, entregar a los ejidatarios la administración del comedor de la mina y la concesión del transporte, además del pago de un fondo social y becas escolares.

Todos se imaginaron que el desierto se convertiría en un vergel.

Pero después de la firma del contrato, nada se cumplió.

“La mina vende esperanzas”, dice Consuelo, mientras cocina con agua de garrafón.

El agua fue el segundo problema. Excellon cavó tan profundo que encontró un mar de agua subterráneo en este desierto. Un verdadero tesoro. Cada segundo la minera extrae mil 200 litros de agua que es utilizada para riego, pero no en el ejido. Los únicos beneficiados de este tesoro han sido terratenientes cercanos a los que la mina vende agua, entre ellos hay unos ranchos de la compañía de lácteos Lala.

Los terratenientes cercaron grandes extensiones de terreno donde los ejidatarios de La Sierrita iban a que sus animales pastaran. La mina pauperizó la vida en el ejido. En ocho años, Guadalupe tuvo que vender sus 150 chivas, Carlos se quedó únicamente con una yegua, Cuco tuvo que vender sus ocho vacas – ya flacas – por 9 mil pesos. El agua envenenada -dicen aquí- mató a la poca fauna del lugar, ya ni ratas quedan para comer en los tiempos de crisis.

La organización no gubernamental ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), que ha acompañado a los pobladores en sus gestiones con la minera desde 2008, realizó una serie de estudios técnicos que fueron avalados por la Facultad de Química de la UNAM.

“Se demostró que el agua que extrae la mina se encuentra contaminada también por arsénico y plomo”, dice el informe El camino por la defensa de los derechos humanos frente a una minera canadiense. La Sierrita de Galeana, publicado en mayo de 2015 y que es, hasta ahora, el único estudio independiente que se ha hecho sobre el impacto ambiental de la mina en la región.

Si esas no fueran razones suficientes, en noviembre de 2011, Excellon exploró y perforó tierra que no tenía arrendada en el ejido. Los ejidatarios decidieron entonces que ya era tiempo de sacar al inquilino incómodo o, al menos, tener un trato más justo.

El conflicto escaló a tal punto que los pobladores cerraron los accesos a la mina en julio de 2012. Lo que siguió fue una paliza, que comenzó con hostigamientos, patrullajes en el poblado y cateos en casas. Luego fue el desalojo. La empresa, apoyada por las fuerzas del estado, arrasó con el campamento con maquinaria pesada. “El Ejército estaba en los cerros, en las partes altas apuntando hacia los ejidatarios. La Policía Federal llegó con sus armas apuntando a los ejidatarios, con las armas listas para disparar” dice Juan Antonio López, abogado de ProDESC.

Los ejidatarios de La Sierrita fueron expulsados de su propia tierra el 24 de octubre del 2012. Años después descubrirían que la Embajada de Canadá en México también ayudó a ejecutar el despojo.Foto: José Ignacio De Alba
La intervención de la embajada

El 25 de febrero del 2015 la organización canadiense Minning Watch reveló que la embajada de Canadá en México tuvo un papel determinante durante el conflicto de La Sierrita.

Por medio del sistema de transparencia de su país, Minning Watch obtuvo documentos oficiales y correos electrónicos que muestran que el cuerpo diplomático organizó citas entre el CEO de Excellon Resources Brendan Cahill con políticos mexicanos de alto nivel, incluyendo al gobernador actual de Durango, Jorge Herrera Caldera. ¿El motivo? Persuadir a las autoridades mexicanas de deshacer la protesta iniciada por los ejidatarios, aún tolerando el uso de la fuerza.

La misma embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky, participó en el intercambio de correos. El 10 de julio del 2012 envió uno a sus consejeros de asuntos políticos y económicos, David Morgan y Shauna Hemingway, proponiendo espiar a los pobladores durante las mesas de diálogo. Escribió: “creo que debe estar un representante comercial –para escuchar, quizás para recoger alguna información de inteligencia que pueda serle útil a la empresa”.

El 30 de julio Wayne Robson, delegado comercial de la Embajada le escribió a ejecutivos de la minera para decirles: “La Embajada se mantiene a su servicio si en algún momento Excellon requiere mayores vínculos institucionales”. Los correos tuvieron copia al ex presidente mexicano Felipe Calderón, al gobernador de Durango Jorge Herrera, al exsecretario de gobernación Alejandro Poiré y al exsecretario de economía Bruno Ferrari.

El cuerpo diplomático canadiense en México tuvo conocimiento de que el desalojo podía hacerse recurriendo a la violencia. La noche previa a la llegada de policías estatales, federales y militares al primer intento de desalojo del plantón, el delegado comercial intercambió comunicación con los directivos de la empresa, a los que dio sus “buenos deseos”.

Las 250 hojas del informe ayudan a reconstruir lo sucedido entre julio y noviembre de 2012. El futuro de los habitantes de La Sierrita estaba escrito, en correos desde la embajada de Canadá. La llamada “economic diplomacy”.

El desalojo finalmente lo realizó Rob Moore, uno de los gerentes de la mina, “ayudado de golpeadores traídos desde Zacatecas y trascabos de la minera”, dice el abogado López.

En México hay alrededor de 200 compañías mineras canadienses. Es el principal destino de las mineras de ese país. “Canadá sostiene este sistema de impunidad (en México) –dice Jennifer Moore de Mining Watch–. Entender el comportamiento de la embajada de Canadá en México es un importante indicador de cómo operan las misiones en el extranjero”.

El 4 de septiembre del 2012, la Asamblea Ejidal de La Sierrita presentó una demanda de rescisión del contrato de ocupación temporal para terminar la relación con la empresa minera y recuperar sus tierras. Su argumento era que Excellon no cumplió con las “cláusulas sociales” prometidas. La sorpresa de los ejidatarios fue que la minera canadiense también los demandó por incumplimiento del contrato de arrendamiento, al bloquear la entrada a la mina. En los 4 años que lleva el juicio, la empresa ha ganado tiempo y en el negocio de la minería el tiempo es oro. Cada año Excellon se ha embolsado 30 millones de dólares de La Platosa.Foto: José Ignacio De Alba
El pueblo seco

En la Sierrita, el agua llega a veces en septiembre con furia monzónica. La tierra, sedienta y agrietada, parece que la bebe desesperada. Los habitantes andan con los dientes manchados por tomar agua salina. Esa agua envenena la tierra, es tan pesada que después de un par de años de su uso en la agricultura deja la tierra inservible.

Como el agua se está acabando, la gente se está yendo. Muchos se fueron a trabajar a las maquiladoras de Ciudad Juárez, otros a Estados Unidos. José, el hijo de Cuco, es uno de ellos. Dejó la escuela porque no le alcanzaba el dinero para comprar uniforme o útiles escolares y se mudó a Ciudad Juárez donde encontró un futuro más prometedor.

En la escuela del pueblo hay un profesor para todos los grados de primaria y otro para todos los grados de la secundaria. Los jóvenes tienen la mirada puesta fuera de ese lugar sin orillas, mientras los viejos recuerdan cuando se cantaba la canción Cardenche un tipo de música a capela, las composiciones sin instrumentos -porque no había dinero para comprarlos- son coplas de amor. Le llamaron Cardenche en nombre de una espina desértica que al encajarse en la piel no provoca tanto dolor como cuando la desencajan. “Es como el amor”, dice Daniel Pacheco.

Yo me voy a morir a los desiertos / me voy del ejido / a esa estrella marinera

Sólo en pensar que ando lejos de mi tierra / nomás que me acuerdo / me dan ganas de llorar…

Como la música cardenche, otras historias también empiezan a ser olvidadas. La gente aquí cuenta que la División del Norte pasaba por pueblos cercanos a La Sierrita, los álamos de los caminos estaban llenos de federales ahorcados en los árboles, colgados por gente de Francisco Villa. La iglesia de Santiago Apóstol de Mapimí, a 50 kilómetros del ejido, aún está llena agujeros de balas de los revolucionarios.

Hoy, hasta los álamos murieron. De sed.

“El agua que utilizan para el riego de sus parcelas está fuera de las Normas Oficiales Mexicanas para aguas destinadas a sistemas agrícolas y, en específico, presenta altas dosis de calcio y magnesio que se acumulan de manera constante cada vez que se riega la tierra. A partir del proceso natural de evaporación, estos minerales se acumulan y los suelos se han salinizado y han perdido su potencial agrícola”, dice el informe de ProDESC.

Excellon parece aprovechar el abandono de los gobiernos. Después de 4 años de juicio, en agosto habrá una resolución del tribunal. Pero el fin del conflicto está lejos. Cualquiera que sea el resultado las partes van a apelar, y el juicio puede extenderse años.

Mientras tanto, sin agua, el arraigo de los pobladores es improbable .

“Para nosotros, que haya agua es como si hubiera oro”, asegura el comisario ejidal.





Fuente: Animal Político
Autor: José Ignacio de Alba con información de piedepagina.mx
http://www.animalpolitico.com/2016/07/pueblo-seco-la-plata/

A la Corte Penal Internacional, masacre de más de 300 en Coahuila

Recorrer las calles de esta ciudad es caminar por el símbolo del terror. Aquí Los Zetas, en connivencia con las autoridades, exterminaron o desaparecieron a más de 300 personas. A plena luz del día o de noche, sacaron de sus casas a familias completas para después saquear, destruir y quemar sus propiedades, sin que la policía municipal o estatal interviniera.

Ellos entraban a las casas a cualquier hora y cargaban con gente, recuerda una vecina que vive entre las calles Simón Bolívar y Juárez, epicentro de la tragedia y donde cinco años después las viviendas en ruinas permanecen como símbolo de una de las masacres más grandes ocurridas en México en años recientes.

Los habitantes de este lugar todavía viven bajo la ley del silencio. La investigación del caso sigue y aún hay miedo. Son pocos los que se atreven a narrar lo sucedido: Estuvo bien feo, nomás oíamos los gritos de la gente que se llevaban. Quemaron más de 30 casas y otros 30 ranchos. El conteo da más de 300 personas, comenta la dependienta de una tienda de abarrotes, quien recuerda, con un cierto remordimiento, que nadie hizo nada por ayudarlos, ni el alcalde ni la policía municipal o estatal, la Marina o el Ejército, mucho menos los vecinos.

Aquí no fue necesario un Decreto noche y niebla, como sucedió en la época nazi, para la aplicación de prácticas de de-saparición forzada y exterminio, Los Zetas contaban con la complicidad de las clases política y policial que les permitieron finalmente operar en Coahuila: A la familia de esta casa se la llevaron, la dejaron destruida y está frente a la presidencia municipal, a la policía, ante sus narices ocurrió todo y no hicieron nada. ¿Por qué? Porque son los mismos, expresa visiblemente enojada Elizabeth Martínez quien camina por la calle Ramos Arizpe en dirección oriente cruzando la plaza principal.

La mayoría de los secuestros sucedieron en marzo de 2011, pero hay registros de desapariciones masivas entre 2009 y 2015 en Piedras Negras y en toda esta región rica en minería conocida como Los 5 Manantiales, que incluye a los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza.

Durante estos años en Coahuila han gobernado los priístas Humberto Moreira (2005-2011), relevado durante unos meses por Jorge Juan Torres López, uno de los ex mandatarios estatales más buscados por la Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA), acusado de lavado de dinero en aquel país, y cuyas propiedades y cuentas bancarias fueron congeladas por supuestos nexos con el narcotráfico. Y también por el actual gobernador Rubén Moreira.

Los tres están señalados en una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) que los parientes de las víctimas, agrupados en Familias Unidas, preparan a través de la Federación Internacional de Derechos Humanos, integrada por 178 organizaciones de más de 100 países.

“Es una denuncia por crímenes delesa humanidad y de Estado. Ellos están obligados a vigilar por la seguridad de los ciudadanos, son los superiores jerárquicos de las corporaciones policiales”, resalta en entrevista con La Jornada, Ariana Denisse García Bosques, abogada de Familias Unidas, que agrupa a parientes de desaparecidos de la región de Los 5 Manantiales y Piedras Negras.

Ocultamiento de información

Algunos de los testimonios sobre las desapariciones y matanzas masivas refieren la participación de los policías del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de Coahuila, denunciados además por desaparición forzada, ejecución extrajudicial y torturas.

García Bosques asegura que las desapariciones siguen sucediendo: “En los pasados tres meses ha habido doslevantones con tintes de posible secuestro en Piedras Negras, pero el procurador dice que no es así, entonces pensamos que es una desaparición forzada. Hay videos y no se investiga”.

En el caso de Allende, enfatiza, el Estado ha cometido graves errores que podrían constituir delitos por omisión o acción, como entregar tierra en lugar de restos a los familiares.

Hace dos años, el gobernador Rubén Moreira reconoció que las cajas con presuntas cenizas entregadas a familias de desaparecidos de Allende, Piedras Negras y la región de Los 5 Manantiales en realidad no contenían restos humanos, sino tierra.

Se consensó con las familias para hacer una entrega de duelo, por lo que me están diciendo (Armando Luna Canales, secretario de Gobierno, y Homero Ramos Gloria, procurador de Justicia del estado) es tierra del sitio. No se había querido decir por respeto a las familias, en el proceso del duelo hay cosas que son muy importantes y ahí lo que pasó fue una tragedia, señaló el gobernador.

Lo anterior indignó a las familias que no han tenido acceso al expediente judicial, a pesar de que supuestamente ya hay una decena de personas encarceladas por las desapariciones y masacres.

Hay personas procesadas y sentenciadas, aunque con apelación y cabe la posibilidad de que obtengan su libertad. Se habla de otras órdenes de aprehensión, pero no lo hacen del conocimiento de los familiares, es obvio que hay una negativa, advierte la abogada.

Explica que los familiares de las víctimas promueven juicios de amparo y atienden el nuevo sistema acusatorio, a fin de solicitar garantías para que los parientes tengan acceso a los expedientes:

Es evidente que hay un ocultamiento de la información y creemos que es porque han alterado varios hechos y pruebas. Por ejemplo, en 2014 el procurador declaró que habían localizado 4 mil fragmentos óseos y luego dijo que de todos estos no era posible su cotejo con el perfil de ADN de las familias, para concluir después con la entrega de actas de defunción por supuesta localización de partes humanas, pero resulta que en lugar de restos, entregaron tierra.

Sin voluntad de hacer justicia

En estos días se desarrolla un juicio en la Corte Federal de San Antonio, Estados Unidos, contra el narcotraficante de Los Zetas Marciano Millán Vázquez, El Chano, por crímenes cometidos en el municipio de Allende y Piedras Negras. El fiscal Russel D. Leachman presentó 10 cargos en su contra, mientras en Coahuila no se le investiga.

En una de las audiencias, un testigo protegido, también detenido por tráfico de drogas, declaró que Millán Vázquez lo obligó a presenciar cómo asesinaba a un grupo de personas, entre ellas una niña de seis años a quien, frente a sus padres, fue cortando con un hacha mientras le decía a su papá: Así me puedes recordar.

Otro testigo, identificado como J. Rodríguez El Pollo, declaró que Los Zetas le informaron que 300 personas fueron asesinadas a tiros para después ser quemadas, contrario a la versión del gobierno que señala que sólo hubo 28 víctimas.

Para las familias este juicio que se desarrolla en Estados Unidos es muy importante, enfatiza la abogada, porque afirma que no hay voluntad de hacer justicia ni ayudar a las familias, a pesar de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) solicitó los documentos a la gente cercana, nunca hizo nada, ni tampoco las instituciones locales: Nos hemos dado cuenta que una y otra vez, las autoridades de Coahuila cambian la versión de lo acontecido en Allende, expresa García Bosques.

Comenta que para acreditar lo sucedido donde participaron Los Zetascomo crímenes de Estado pretenden demostrar que la participación de las autoridades fue por acción o bien por omisión: “Este grupo de la delincuencia pagaba por acallar o que le dejaran hacer lo que estaban haciendo. Y ellos permitieron que acontecieran todos estos delitos. En su momento tiene que acreditarse esa línea de investigación. Esto va a la CPI porque hay un señalamiento directo entre los autores de estos crímenes de lesa humanidad, incluso nosotras mismas estamos en riesgo”.

Añade: No es posible que el Estado no se diera cuenta. No pueden decir que las autoridades desconocían lo que estaba sucediendo en Allende, en especial Armando Luna Canales, quien ha permanecido en puestos desde 2005 hasta 2015.

Según los testimonios de familiares y vecinos, las víctimas eran sacadas de sus casas y llevadas a inmuebles de seguridad o bien al Centro Penitenciario de Piedras Negras, algo que acredita el crimen de Estado.

Existe la posibilidad de que 150 personas hayan sido introducidas al Centro Penitenciario de Piedras Negras para ser cocinadas, calcinadas y luego arrojadas a un río, según confesiones de detenidos dentro de ese penal. Por testimonios sabemos que esto fue posible, lo que no es prudente es que el Estado se atreva a decir la cantidad de gente que fue introducida sin tener una certeza de qué personas fueron.

Ariana Denisse García Bosques comenta que caminar por las calles de esta región, entre casas quemadas y destruidas, es negarse a olvidar para buscar justicia: Esto es persecución política por intereses, aunque haya sido un grupo de la delincuencia, sabemos las estrategias que un Estado maneja para implantar terror.





Fuente: La Jornada
Autora: Sanjuana Martínez
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/17/politica/015n1pol

jueves, 14 de julio de 2016

Advierten vecinos, maestros y padres de familia que impediran el desalojo de una Escuela Primaria de Melchor Ocampo, EdoMéx

MELCHOR OCAMPO, Méx.- Padres de familia de la escuela primaria “Melchor Ocampo”, ubicada en el primer cuadro municipal, se organizaron para defender el plantel educativo, luego de que supuestamente un particular obtuvo una orden de desalojo.

En junta realizada este día, más de 200 padres de familia de ambos turnos pidieron a los gobiernos estatal y municipal intervenir, ya que existe el rumor de que un particular obtuvo una orden de desalojo, debido a que supuestamente acreditó la propiedad del predio donde se construyó la escuela.

Los padres de familia se reunirán el miércoles con autoridades educativas y la alcaldesa Miriam Escalona Piña, del PAN, para que les informen detalladamente la situación de la escuela.

Mencionaron que el plantel se creó hace 38 años y en 1990 el gobierno del Estado de México publicó en la Gaceta de Gobierno la expropiación del inmueble, construido en un predio de casi 10 mil metros cuadrados, ubicado en la esquina de las calles 16 de Septiembre y 5 de Mayo, en el centro de Melchor Ocampo.

Recordaron que la escuela fue creada por la saturación de la entonces primaria “Amado Nervo”, localizada también en el centro municipal y que todavía funciona.

Dijeron que en caso de que cierre la escuela “Melchor Ocampo” más de mil 400 alumnos se quedarían sin cupo, ya que las otras dos primarias de la cabecera municipal de Melchor Ocampo están saturadas.

Los padres de familia mencionaron que esperarán este miércoles para conocer la situación real en torno al presunto desalojo, aunque advirtieron que no permitirán que un particular tome posesión del predio donde actualmente está la escuela.

Afirmaron que el plantel fue construido con aportaciones de todo el pueblo, por lo que lo defenderán.





Fuente: Noticias de Tultepec y sus alrededores con información de A Fondo Estado de México
https://www.facebook.com/NoticiasdeTultepecyAlrededores/photos/a.352188908284042.1073741828.352169721619294/615014628668134/?type=3&theater

martes, 12 de julio de 2016

Pretenden desalojar una escuela primaria en el municipio de Melchor Ocampo, EdoMéx

PIDEN APOYO AL PUEBLO Y LAS AUTORIDADES PARA EVITARLO

Melchor Ocampo, Méx.- Alrededor de 1,800 alumnos de los turnos matutitno y vespertino de la primaria Melchor Ocampo, ubicada en la calle 16 de septiembre, esquina 5 de mayo, en el municipio del mismo nombre, corren el riesgo de ser desalojados de las instalaciones del plantel.

Esto ocurre debido a que cuando fue construida esa escuela hace unos diez años, no se arregló un litigio de escrituración y ahora los propietarios han obtenido una sentencia favorable en un litigio, por lo que un juez ordenó el desalojo.

Padres de familia están dispuestos a negociar y piden a la sociedad en general su apoyo. Los afectados sostendrán una reunión con la presidenta municipal Miriam Escalona Piña, quien ya ha anticipado que respaldará a los afectados y solicitarán a la SEP su intervención en el asunto.





Fuente: Noticias de Tultepec y sus alrededores
https://www.facebook.com/NoticiasdeTultepecyAlrededores/posts/614620388707558

jueves, 30 de junio de 2016

Chocan vecinos del Peñón de los Baños y granaderos; 6 heridos

Ciudad de México. Un enfrentamiento entre habitantes de Peñón de los Baños, y granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, dejó al menos 6 personas heridas, de las cuales, cuatro son policías.

Los uniformados llegaron a esta colonia, ubicada en la delegación Venustiano Carranza, alrededor de las 8:00 horas para desalojar un predio invadido donde habitaban alrededor de 90 personas.

Aunque inicialmente el desalojo se llevó a cabo sin incidentes, los vecinos de la zona empezaron a lanzar tabiques, estructuras metálicas y otros objetos contra los uniformados a la altura de la calle de Irapuato casi esquina con Fundidora de Monterrey.

Poco después de las 9:00, la lluvia de proyectiles se intensificó, por lo que varios policías sufrieron heridas y requirieron atención por parte de las unidades de emergencia que llegaron al lugar. Los manifestantes heridos se retiraron de la zona por su propio pie.

El enfrentamiento se trasladó al Circuito Interior rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que afectó el paso vehicular hacia este punto.

Los vecinos bloquearon esta vialidad en protesta contra el desalojo, ya que dijeron no fueron notificadas de la acción legal en su contra, por lo que, advirtieron, se manifestarían para revertir esta acción.

Alrededor de las 10:00 horas, los granaderos replegaron por completo a los inconformes y abrieron la vialidad.

Aunque se realizaron algunas detenciones, la Secretaría de Seguridad Pública local no ha informado oficialmente si alguna persona fue trasladada al Ministerio Público por estos hechos.





Fuente: La Jornada
Autora: Mirna Servín Vega
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/30/retiran-bloqueo-en-circuito-interior

sábado, 18 de junio de 2016

Desalojan a unos 300 turistas de centros de hospedaje en Tulum

Unos 300 turistas nacionales y extranjeros fueron desalojados de 20 centros de hospedaje ubicados en la franja costera de Punta de Piedra, municipio de Tulum, por unos 200 guardias de seguridad privada, en las primeras horas de ayer. Los propietarios y trabajadores de los inmuebles que intentaron oponerse al desahucio fueron agredidos con palos y gas lacrimógeno.

La acción fue resultado de la orden que emitió el juzgado segundo civil de Playa del Carmen, debido a una disputa por tierras que data de más de 23 años, entre ejidatarios de la franja costera de Tulum y los grupos regiomontanos Schiavon Magaña y Garza Ponce.

Alonso Ventre, propietario de uno de los inmuebles, dijo que a las 4 horas del viernes los supuestos guardias de seguridad y 25 camiones de mudanzas se apostaron en la zona para iniciar el desahucio de poco más de 300 turistas, por las buenas o la malas.

El grupo de individuos, que portaban machetes, tubos, palos y piedras, sacaron a los huéspedes y posteriormente los muebles; trabajadores y propietarios intentaron oponerse pero fueron agredidos con gas lacrimógeno; se reportó una decena de personas golpeadas.

Lucha encarnizada

Ventre indicó que sin exhibir una orden judicial de desalojo y mucho menos haber sido notificados previamente, los expulsaron; incluso él se enteró hasta cerca de las 8:30 horas, cuando llegó a su hotel porque en la zona no hay buena recepción de telefonía celular.

Representantes de la Asociación de Hoteles de Tulum lamentaron lo sucedido porque en el desalojo resultaron afectados los turistas que se encontraban hospedados, sin que nadie interviniera para reubicarlos.

Hoteleros responsabilizaron, por lo que les pueda pasar, a los empresarios José María Garza Ponce, Agustín Villarreal Elizondo, Esteban Schiavon Magaña y Felipe de Jesús Montemayor Garza, a quienes señalaron de intentar despojarlos mediante escrituras públicas falsas, cuyo origen es un título de propiedad (No. 673) con fecha del 27 de diciembre de 1948.

Explicaron que desde 1993, en tiempos del entonces gobernador Mario Villanueva Madrid, Punta Piedra ha sido escenario de una lucha encarnizada que incluso ha costado vidas, y aunque ha caído en tregua varias veces, nuevamente los grupos regiomontanos intentan por diversas vías apropiarse de lo que no les pertenece.

Hidalio Martínez, comisario del ejido Pino Suárez, donde se ubica la franja de Punta Piedra, afirmó que se trató de un desalojo ilegal sobre terrenos ejidales que cuentan con certificados parcelarios debidamente expedidos por la autoridad federal.

Indicó que es un mandato ilegal, desconoció de qué tipo, pero la policía apoyó al grupo de choque que ingresó para ejecutar la orden. Recordó que ese mismo mecanismo ya lo habían utilizado en otra ocasión. Sin embargo, los certificados parcelarios que poseentienen toda la fuerza para hacerse valer.

Los hoteles desalojados son: Morena del Mar, Villa las Estrellas, Iguana Blue –propiedad de José Loret de Mola–, Uno Astrolodge, Azúcar, Balam, Paraíso, Coqui Coqui, Latente Rosa, Pico Beach, Ak’iin, Casa Géminis, Samasati, Bela, Shambala Petit y Cabañas Caracol.

La mayoría son hoteles boutiques, es decir, pequeños que no exceden la veintena de habitaciones; asimismo, fue desalojada la casa conocida por los lugareños como Cocodrilo y tres propiedades sin identificación.

Ante la nueva arremetida, el presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, el empresario y actor Fernando Palazuelos, señaló que se debe estar atento a cualquier intentona de los grupos regiomontanos, ya que hay pruebas que en su momento se exhibirán de que no tienen ninguna propiedad en la zona.

Los terrenos son del ejido y quieren apropiarse de varios sobre los que ya hay asentados unos 40 hoteles, 70 por ciento construidos sobre los predios que pelean con escrituras falsas, sostuvo el empresario.





Fuente: La Jornada
Autores: Patricia Vázquez y Carlos Águila
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/18/estados/023n1est