lunes, 2 de marzo de 2020

Firmas ligadas a los “Panama Papers” dotaron de uniformes a la Guardia Nacional


La creación de la Guardia Nacional fue expedita: en noviembre de 2018 el grupo parlamentario de Morena presentó la iniciativa para crear el nuevo cuerpo de seguridad, y para febrero de 2019, el Poder Legislativo ya había aprobado su creación.

Casi con la misma rapidez, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) celebró contratos con empresas de reciente creación para dotar a la nueva Guardia Nacional de ropa y protección.

De la veintena de contratos que otorgó durante el primer año de gobierno la Sedena entre compañías creadas en los últimos meses, destacan tres que fueron ganados por la empresa Hollond Solutions Textile, una firma que tiene raíces en Panamá y que obtuvo contratos para fabricar la ropa de la nueva Guardia Nacional así como para la adquisición de chalecos antibalas.

Hollond fue montada en México el 10 de enero de 2019 por la fima Agorta, una off-shore creada en Panamá. Ganó su primer contrato en junio, y luego siguió otro en octubre y uno más en noviembre, para surtir telas y entretelas así como de chalecos antibalas, por un valor total de casi 8.5 millones de pesos.

El acta constitutiva 99007 registrada en la Notaría 227, radicada en Tlalpan, consigna que Hollond tiene como accionista principal a Agorta S.A., con 99% de la participación.

En el Registro Público de Panamá, Quinto Elemento Lab obtuvo una copia del acta constitutiva de Agorta S.A. (N° 14513, del 14 de agosto de 2012), y descubrió que fue formada por accionistas que, según directorios financieros de Panamá, están asociados a miles de corporativos.

Los fundadores de Agorta fueron Luis Alberto Rodríguez, quien figura en los consejos de administración de más de 14 mil empresas; Hermes Oriel Vargas, socio en más de 1,200 compañías; y Bárbara de Rodríguez, perteneciente a casi seis mil corporativos.

El método se asemeja a un esquema típico en paraísos fiscales, donde despachos especializados prestan sus propios directorios para figurar como consejeros de empresas que ocultan a sus verdaderos propietarios. (El paraíso de los abogados)

De hecho, Luis Alberto Rodríguez representaba a Arias, Fábrega y Fábrega (ARIFA), uno los despachos panameños especializados en el montaje de corporativos de papel, y el nombre de Rodríguez salió a relucir en 2016 en el escándalo de los “Panama Papers”, cuando se descubrió que ERESA, una de las compañías que presidía, la cual recibía transferencias por contratos del gobierno de Valencia, España, pertenecía en realidad a un magnate ibérico del sector de servicios clínicos llamado Vicente Saus. (El patrón de las resonancias en Valencia usa testaferros para una ‘offshore’ en Panamá)

Según los legajos, justo en 2016 el consejo de Agorta S.A. fue sustituido: Arcenio A. Barrios S. quedó como presidente, quien es socio de más de mil compañías; E. Castañeda como secretaria, con récord similar; y Ana María Burnes C. como tesorera, quien es accionista de 600 firmas, de acuerdo con los directorios financieros panameños.

La representante legal de Hollond en México es Teresa Miriam González Hurtado, quien no respondió a las solicitudes de entrevista. El único rastro público relacionado con ese nombre coincide con el de una exasesora de alto nivel de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).






Reportaje publicado en la edición 2261 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO/QUINTO ELEMENTO LAB.
AUTOR: /ESTEBAN DAVID RODRÍGUEZ.