Se trata de recursos que no se ejercieron ni fueron devueltos, o que supuestamente se utilizaron en programas, acciones o servicios irregulares de los que no hay pruebas que acrediten que realmente se llevaron a cabo y por lo tanto tendrían que haber sido reintegrados.
Así lo revelan datos actualizados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), institución que a través de su brazo jurídico alista presentación de diversas denuncias penales por este hecho, tras considerar que a tres años de ocurridos los malos manejos estos siguen sin ser esclarecidos.
Se trataría de un segundo paquete de denuncias que la ASF promueve en contra de la gestión de Lozoya en Pemex ante la Fiscalía General de la República, luego de que en julio del pasado denunció las irregularidades relacionadas específicamente con la adquisición de plantas de fertilizantes en mal estado.
De acuerdo con la información de la ASF, el monto preciso de recursos púbicos pendientes por aclarar durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex asciende a 19 mil 548 millones de pesos, de los cuales más de 17 mil 500 millones corresponden a la filial de PEMEX Exploración y Producción.
Los otros 2 mil 500 millones del presupuesto faltante se distribuye entre el corporativo central de Pemex y las filiales PEMEX Transformación Industrial, PEMEX Refinación, PEMEX Logística, y PEMEX Fertilizantes.
Cabe señalar que, como parte de los procedimientos en este tipo de casos, la ASF ha dado oportunidad a PEMEX y a sus filiales para que una vez que conocieron los resultados de las auditorías financieras y los recursos observados, puedan presentar datos o evidencia que prueba la utilización del dinero o en su caso que procedan con su devolución.
No obstante, y tomando en cuenta que las ultimas irregularidades detectadas en la gestión de Lozoya corresponden al ejercicio fiscal del 2016, suman ya tres años en los cuales no se ha podido documentar la correcta utilización de este dinero o su devolución a la Secretaría de Hacienda.
¿Qué pasó con el dinero?
Los auditores detectaron por lo menos 94 operaciones, acciones u omisiones graves en Petróleos Mexicanos y sus filiales durante la gestión de Lozoya, cada una de las cuales representa un posible quebranto al erario y que, en buena medida, ocasionaron el boquete de recursos que no han sido repuestos ni explicados.
Entre las anomalías hay de todo. Por ejemplo, se detectó un faltante de 18 millones 681 mil pesos en Pemex por concepto de supuestos traslados de más de 3 mil pasajeros en helicópteros de transporte de personal o carga de los que no hay pruebas de haberse realizado.
Los auditores también detectaron pagos reportados de forma injustificada como el de 112 millones de la referida filial en 2016 por un contrato donde las obras no estaban terminadas y por lo tanto no era procedente realizar dicha transacción.
Es ese mismo año PEMEX Exploración y Producción reporto el gasto de 106 millones480 mil pesos para la contratación de 133 maniobristas relacionados con uno de los contratos, sin que haya evidencia creíble del trabajo que habrían realizado.
Otro caso fue el pago reportado por PEMEX Transformación Industrial por un monto de 43 millones 628 mil pesos como parte de obras relacionadas con líneas de suministro de agua y enfriamiento. que en realidad no se llevaron a cabo.
El común denominador en este y otros casos tiene que ver con pagos injustificados, sobrecostos, o sanciones y penalidades a contratistas que no fueron reclamadas y que representan un posible fraude. Todo ello sumado al subejercicio de recursos que tampoco fueron reintegrados.
Ofensiva legal a contrarreloj
Como se detalló ayer en esta nota, Emilio Lozoya cuenta actualmente con dos órdenes de aprehensión giradas en su contra por los presuntos sobornos que habría recibido de las constructoras Odebrecht y Altos Hornos de México para ser favorecidas con contratos. Dichas órdenes dieron paso a le misión de una ficha roja de Interpol en su contra que permitió su localización y detención ayer en España.
Los casos anteriores fueron resultado de las denuncias promovidas por la nueva administración de Pemex con el acompañamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Esta última dice contar además con otras indagatorias en desarrollo.
En tanto la ASF ya promovió desde el año pasado una denuncia penal relacionada con cinco auditorias practicadas a la adquisición de plantas de fertilizantes las cuales, hasta el momento, continúan en integración en la Fiscalía General de la República, sin que hayan sido enviadas a un juez. A dichas denuncias se estarían sumando las otras que presentará la Auditoría por las anomalías ya comentadas.
No obstante, las autoridades mexicanas tienen ahora el reto de agilizar el trámite y posible judicialización de nuevos casos en contra de Lozoya para poder incluirlos en la solicitud formal de extradición que se presentará a España.
Ello ya que el tratado de extradición de México y España – como la mayoría de los acuerdos de esta naturaleza – cuenta con una cláusula denominada de “especialidad” que implica que una persona que es entregada en extradición a otro país solo puede ser juzgada por los delitos por los cuales se pidió formalmente su entrega.
Si la extradición se concretara en las condiciones actuales, Lozoya solo podría ser procesado en México por los presuntos sobornos de Odebrecht y Altos Hornos, que son los casos por los cuales tiene órdenes de captura en curso.
Consultadas sobre este punto, autoridades de la FGR solo confirmaron que se trabaja varios expedientes más con la idea de ser judicializados a la brevedad.
Aceptar extradición es una opción: defensa
Los abogados defensores de Emilio Lozoya en México no descartaron la posibilidad de que su cliente pudiera aceptar el procedimiento de extradición para agilizar su proceso, aunque precisaron que ello dependerá de lo que el mismo decida y de la asesoría que reciba de equipo de abogados que contratará en España.
Explicaron que por lo que han leído en los medios de comunicación la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México tiene pensado acelerar la petición de extradición, por lo que será a finales de la próxima semana aproximadamente cuando el requerimiento formal podría estar listo.
“Lozoya tiene la opción de impugnar la extradición de España o el aceptar regresar a México, por lo que en caso de aceptar el asunto se aceleraría. En caso de impugnarlo el proceso podría alargarse entre 8 meses y un año” indicaron sus defensores.
Familiares, cómplices y fugitivos
El año pasado la FGR solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión no solo contra Lozoya sino contra familiares cercanos y colaboradores que presuntamente participaron en el esquema fraudulento de lavado de dinero para ocultar los supuestos sobornos provenientes de las referidas empresas proveedoras de Pemex.
Entre esas personas se encuentra su hermana Gilda Susana Lozoya Austin y su esposa – de nacionalidad alemana – Marielle Helene Eckes. Ambas cuentan con fichas rojas de interpol y se les considera fugitivas internacionales. Las autoridades tienen pistas sobre su posible desplazamiento en Estados Unidos y Alemania.
Otra que contaba con orden de aprehensión por los mismos hechos es la madre de Lozoya, Gilda Margarita Austin Solís, quien en julio del año pasado fue detenida en Alemania. La señora aceptó ser extraditada de forma voluntaria y el pasado 2 de noviembre un juez en México le permitió continuar su proceso penal bajo arraigo domiciliario.
A finales de abril concluye el plazo que un juez le dio a la FGR para cerrar la investigación en contra de Austin Solis y presentar la acusación formal, aunque de acuerdo con algunas fuentes este procedimiento podría tener una resolución anticipada.
Sobre este punto los abogados defensores indicaron a Animal Político que ellos no tienen la intención de que su cliente acepte responsabilidad alguna a cambio de un proceso mas corto, pero recordaron que la FGR tiene la posibilidad de desistirse de la acusación si así lo considera.
La FGR también obtuvo en su momento una orden de captura en contra del empresario Alonso Ancira Elizondo, cabeza del consejo de administración de Altos Hornos de México. El año pasado Ancira fue detenido en España peor obtuvo el beneficio de la libertad provisional, mientras se lleva a cabo su juicio de extradición que hasta la fecha continúa.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2020/02/sin-aparecer-20-mil-mdp-en-pemex-gestion-emilio-lozoya/