A la fecha, solo dos de los tres acusados fueron sentenciados por el feminicidio. Luis Ángel Atayde recibió 73 años de prisión, mientras su hermano Misael, quien al momento de los hechos era menor de edad, fue condenado a cinco años de cárcel.
El tercero de ellos, José Juan “N”, se encuentra en prisión preventiva, y busca un amparo para que cambien al juez a cargo del caso, y que se reponga el proceso de desahogo de las pruebas.
Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que brinda asesoría legal en el caso, la reposición del desahogo de todas las pruebas contra el presunto feminicida es innecesaria, además de que sometería a un proceso de revictimización a la familia de Fátima.
Ximena Ugarte, abogada del OCNF que acompaña el caso de Fátima, explicó en entrevista con Animal Político que, si el Tribunal Superior del Estado de México determina que se repondrá el desahogo de pruebas, esta sería la tercera ocasión en la que la familia tendría que pasar por audiencias en las que volverían a escuchar, de voz de los testigos, lo ocurrido con la joven durante las horas previas a su asesinato, así como la forma en la que fue encontrado su cuerpo.
Revivir el dolor
La primera ocasión, el procedimiento contra José Juan “N” se repuso gracias a un amparo dictado por el Tribunal Colegiado del Estado de México, en el que se determinó que debía incluirse como prueba a favor del acusado un video que presuntamente muestra que se encontraba en otro sitio el día y la hora en que Fátima fue violada y asesinada.
Gracias a ese amparo concedido a José Juan, el proceso de desahogo de pruebas duró nueve meses más, de octubre de 2018 a junio de 2019, tiempo en el que la familia de Fátima tuvo que estarse trasladando en múltiples ocasiones desde Nuevo León –a donde tuvieron que desplazarse a vivir ante las amenazas que sufrieron después del asesinato de Fátima- al Estado de México, para acudir a las audiencias.
“Por eso es que consideramos y señalamos que ellos ya han vivido dos veces el juicio, y nos parece que eso fue doloroso para la familia, además es pesado, porque les implica gastos ya que la familia está desplazada en otra entidad, lo que implica que deben estar yendo al Estado de México cada que hay audiencias”, señaló la abogada.
De acuerdo con Ugalde, como defensores de la familia de Fátima, ella y el OCNF no se oponen a que se vuelvan a valorar las pruebas que sean necesarias, “pero consideramos que hay formas menos lesivas para las víctimas, a efecto de que no tengan que volver a revivir, en este caso por tercera ocasión, todo el juicio”.
“Un juicio es un asunto muy pesado para las víctimas porque les revive de muchas maneras el dolor, el momento, los hechos. Además, en ese caso, existen videos del desahogo de pruebas que ya fueron valorados por la jueza Janet Patiño García”, dijo.
EDOMEX | COMUNICADO | @OCNF exige no revictimizar a familiares de víctimas de feminicidio https://t.co/fCLrDHfaCm pic.twitter.com/05qKMZkGzL— FeminicidioOCNF (@OCNF) January 19, 2020
Lorena, madre de Fátima, visita el Estado de México solo cuando es necesario que acuda a las audiencias por el feminicidio, sin embargo, “es muy difícil, porque tengo que gastar dinero para trasladarme hasta el Estado de México, y por años he tenido que vivir violencia institucional por buscar justicia”, señaló en entrevista.
El amparo 1526/2019, para resolver si se desahogarán nuevamente todas las pruebas del caso, debía celebrarse el pasado 20 de enero, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México lo pospuso hasta el 10 de febrero, debido a que ni la madre de Fátima ni su abogada fueron notificadas acerca de ella.
“Eso también es violencia institucional, es una omisión. Para mí esa es una clara muestra de que Poder Judicial del Estado de México quiere acusar al imputado”, señaló a Animal Político la madre de Fátima.
Para Lorena, a la revictimización de revivir la forma en que Fátima fue violada y asesinada se suma el riesgo que corre cada que ella, su esposo y su hijo deben acudir al Estado de México para las audiencias del caso, ya que debido al proceso contra los feminicidas, fueron amenazados de muerte, al igual que otros de los testigos.
“En este juicio que quieren reiniciar no solo van a violar mis derechos, los de mi esposo y mi hijo, sino también de los vecinos que después de cinco años de los hechos, y de saber cómo está el caso de Fátima, no quieren ir, pues ellos mismos han sido amenazados.
Yo me pregunto, ¿Cuándo va a parar el Poder Judicial del Estado?, ¿Cuándo van a querer investigar y dictar una sentencia?, ¿Cuándo van a tomar en cuenta que Fátima era solo una niña que sufrió sus últimos minutos como no tienen idea?”, cuestionó.
Revictimización y debido proceso
En opinión de Socorro Zúñiga, maestra en Derecho Penal, la reposición del procedimiento es un derecho de toda persona acusada, que se solicita “porque para él o el abogado defensor hubo alguna violación de alguna garantía del debido proceso”.
De acuerdo con la académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM, con ello se revictimizará a la familia, porque se volverá a repetir el proceso, sin embargo, “aunque no nos agrade, si estuvo mal algún desahogo o alguna entrevista, se tendrá que reponer el procedimiento”.
Sin embargo, apuntó que estos procesos no se darían de manera directa. Según su experiencia como litigante en el Estado de México, las entrevistas de testigos, víctimas e imputados se hacen de manera separada, “para que no tengan que verse de frente, por si tienen miedo”.
En el caso de las imágenes que deben volver a evaluarse, estas se desahogan sin familiares y testigos presentes. “Solo se queda la defensa, el Ministerio Público, el detenido y la jueza o juez. Nadie más está presente, porque son fotos impactantes, como forma de proteger a las víctimas”, explicó.
Además, dijo, se brinda apoyo psicológico a las víctimas. “Las mandan a terapia, y si no ellos pueden solicitar ese servicio que es su derecho”.
Según el doctor Elías Polanco Braga, profesor de Derecho en la FES Aragón de la UNAM, la revictimización abarca más que la repetición de las audiencias y desahogo de las pruebas del caso, y no termina simplemente con el apoyo institucional y la reparación del daño de manera económica.
“La víctima sufre cuando se le lesiona el bien jurídico protegido por la ley, y se prolonga su sufrimiento durante el largo procedimiento penal. Todo delito que sufre le deja secuelas y lesiona su psique”, señaló a Animal Político.
A ello se suma que, como en este caso, la víctima debe darse tiempo para interponer la denuncia y seguir las audiencias, pagar un abogado defensor y buscar testigos que la apoyen para probar que existió el hecho que se denuncia.
“Entonces en lugar de reparar el daño hacen sufrir a los afectados, lo que los hace doblemente víctimas”, indicó.
Por ello, el OCNF exigió a las autoridades judiciales del Estado de México que considere la posibilidad de que solo se desahoguen las pruebas en las que exista evidencia que fueron mal evaluadas, y que se busquen maneras menos lesivas para las víctimas.
“Nosotras consideramos que se tendrá que hacer una ponderación del derecho de las víctimas a no ser revictimizadas de nueva cuenta, por tercera ocasión, contra el principio de inmediación. Nos parece que algunas pruebas que ya fueron desahogadas no deben trastocarse, y sobre el único asunto en el que se tendría que reponer el proceso es sobre el video”, señaló Ximena Ugalde.
Actualmente la familia de Fátima no puede tener vida social ni rehacer su vida, pues se encuentran bajo amenaza incluso en otro estado, a donde fueron desplazados por la Comisión Estatal de Víctimas. “Lo único que los sostiene es su anhelo de justicia”, explicó la abogada.
Sin embargo, “para ellos todo este sufrimiento ha valido la pena, porque siguen luchando por su hija, por obtener una sentencia”, sentenció Ugalde.
Estas dificultades, según la mamá de Fátima, “son parte de este caminar. Hay que seguir luchando por la justicia, aunque en realidad parece que se nos niega completamente”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2020/01/feminicidio-fatima-revictimizacion-familia-desahogo-pruebas-ocnf/