Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la instrucción que tiene el titular de la UIF, Santiago Nieto, es que en este y todos los casos se presenten todas las pruebas que se acopien en estos casos, es decir, que se envíen todas las pruebas a la Fiscalía General de la República (FGR).
“Es muy importante, aunque ya lo he dicho, el que se sepa que los servidores públicos tienen la instrucción de no guardar ningún expediente, de no archivar ningún expediente, de no meter en los cajones los expedientes porque serían encubridores… El mismo presidente, cada vez que me presentan un expediente de un posible hecho delictivo, instruyo al servidor público que entregue a la FGR”.
“No me lo ha presentado, pero seguramente si ya lo dijo es que tiene el documento. Por lo general me presentan la información y ya lo dije, instruyo a que se le dé curso. Pero aunque no me lo presenten ellos saben que tienen que entregar todos estos elementos de prueba a la FGR, es una directriz general”, reiteró.
De acuerdo con Reforma, entre las supuestas propiedades involucradas se encontraba la venta de un predio de 262.5 hectáreas, ubicado en la carretera Cancún-Tulum, en Quintana Roo, que habría sido valuado por un perito, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en mil 240 millones de pesos. No obstante, la Sedatu lo habría vendido en 61.4 millones de pesos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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