martes, 21 de mayo de 2019

Rosi Orozco disfrutaba no una, ni dos: al menos 5 propiedades que recibió de gobiernos anteriores

Rosi Orozco, presidenta de la organización Unidos Contra la Trata, afirmó esta mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que el departamento que le retiró el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador era usado para proteger a las víctimas y que la otra casa que le retirarán, ubicada en Las Lomas, la habita ella, que ha pagado renta por su uso y que ya hay un acuerdo para deshabitarla el 30 de junio. Orozco aseguró que su fundación ha ayudado a mucha gente y que ella puede demostrar que se ha acabado parte de su patrimonio ayudando a víctimas. Pero en 2017, la entonces Senadora panista Adriana Dávila Fernández reveló que aparte de los contratos que diversos gobiernos federales otorgaron a Orozco, había otras propiedades que ella usaba bajo la máscara de ser una activista en contra la trata.

Una investigación del Senado de la República, realizada desde 2017, reveló que Rosi Orozco no sólo recibió de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Miguel Ángel Mancera Espinosa diversos contratos y apoyo político, además un departamento lujoso, y al menos cuatro propiedades más, cuyo destino hoy es incierto.

Esta mañana, el nuevo director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, habló de una propiedad que estaba en poder de Rosi Orozco, la cual ya se le retiró. Se trata de un departamento lujoso de más de 22 millones de pesos y que se localiza en Bosques de las Lomas. Además, el Gobierno de México tiene en la mira una segunda propiedad que está en poder de la Fundación Camino a Casa, que fundó Orozco.

“Es un departamento que está en Bosques de las Lomas que tiene un valor aproximado de 22 millones de pesos y que anteriormente lo tenía Rosi Orozco con la fundación Camino a Casa, son las que tenía esta fundación. Tiene todavía otra propiedad que creo es de más alto valor y que estamos en camino ya a su recuperación para también darle un destino para el Consejo o la Estrategia para las adicciones”, detalló la mañana de este martes Rodríguez Vargas.
La presidente de la organización Unidos Contra la Trata afirmó esta mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que el departamento era usado para proteger a las víctimas y que la otra casa, ubicada en Las Lomas, que van a retirarle la habita ella, que se ha pagado rentado por su uso, y que ya hay un acuerdo para deshabitarla el 30 de junio.
“Tenemos años de ayuda, el departamento siempre fue usado como hoy, en otro lugar en donde está una de las chicas venezolanas, para que protejamos a personas que están en riesgo. La casa, nosotros nos cambiamos desde que recibimos amenazas, a una calle que tiene tres casetas, a ocho cuadras de donde vivíamos. Hemos pagado más de 5 millones de renta”, dijo. “No es un regalo, nadie nos la dio”, aseguró en entrevista con Radio Fórmula.
Detalló que “el departamento hace tiempo que se les dejó, la casa ya había un acuerdo de que se entregaba”, y dijo que el próximo 30 de junio la deshabitarán.

Aseguró que su Fundación ha ayudado a mucha gente y que ella puede demostrar que se ha acabado parte de su patrimonio ayudando a víctimas pues no ha recibido ayuda de ningún Gobierno. “Voy a tener que buscar una lugar protegido, ahora estoy en un caso muy grave, protegiendo a las chicas venezolanas”, aseveró.


Orozco destacó que está de acuerdo en la lucha del Gobierno de López Obrador en acabar con la corrupción y que ha estado colaborando con él: “Si se va a vender esta casa para el bien del pueblo, qué bueno. Durante muchos años yo pagué para el bien del pueblo”, sostuvo.

Sin embargo, la entonces Senadora panista Adriana Dávila Fernández reveló en 2017 que aparte de los contratos que diversos gobiernos otorgaron a Orozco, había otras propiedades que ella usufructuaba bajo la máscara de ser una activista en contra la trata.

En noviembre de 2017, la entonces presidenta de la Comisión de Trata del Senado, Adriana Dávila detalló, en entrevista con SinEmbargo, que Rosi Orozco y su familia de poseer al menos 11 millones 524 mil pesos en cinco inmuebles que el Sistema de Administración de Bienes (SAE) le otorgó a sus fundaciones.


Además de haberse visto beneficiados con contratos públicos de adjudicación directa del Gobierno Federal, del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, y de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera Espinosa. Los contratos, según Dávila Fernández, se habían otorgado entre 2015 y 2017 y ascendía a 13 millones 930 mil 333 pesos. La investigación se realizó desde la Comisión de Trata del Senado y se entregó al entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.


“Yo la estoy acusando de extorsionadora y explotadora, no de tonta. Evidentemente abre empresas con nombres de otra naturaleza que luego están vinculadas entre sí. Este dinero podría servir para la reparación del daño de víctimas, en lugar de que estemos ensalzando a una especie de Dios en materia de trata de personas”, dijo Adriana Dávila a SinEmbargo en 2017.
De acuerdo con la investigación realizada por la entonces Senadora, el Gobierno mexicano le dio a las fundaciones Fundación Camino a Casa y Comisión Unidos contra la Trata, de la familia Orozco de la Garza, cinco inmuebles y un vehículo valuados en 11 millones 524 mil pesos.


A continuación los contratos que recibieron esos años:



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://www.sinembargo.mx/21-05-2019/3584248