Agrupados en los colectivos La Voz Verdadera del Amate y Vijiketik en Resistencia, los trece indígenas en huelga de hambre (y otros siete que por su precaria condición de salud no son se sumaron al ayuno, pero sí forman parte de la protesta) realizan esta acción en tres cárceles chiapanecas y, tal como explicaron sus familiares en entrevista, “la lucha no es sólo por ellos, sino por todos los indígenas presos injustamente”.
En total, detallaron representantes de ambos colectivos, son 20 presos por los que se demanda la liberación “inmediata e incondicional”, todos con un común denominador: se trata de indígenas que fueron detenidos sin órdenes de aprehensión, torturados para confesar delitos, y que no contaron con traductores o intérpetes durante sus juicios, para poder defenderse.
“A lo largo de este caminar –explica Juan Pablo Nava Gómez, del Grupo de Trabajo No Están Sol@s, que da acompañamiento a las familias de los presos en huelga de hambre– lo que nos hemos encontrado es que el gobierno de Chiapas es muy racista, y en contra de los indígenas usan la tortura como un mecanismo cotidiano para crear chivos expiatorios (personas inocentes, incriminadas para otorgar impunidad a los verdaderos perpetradores)”.
Los casos de los 20 presos en huelga de hambre, detalló, “son casos ejemplificativos, no son excepcionales, sino, por el contrario, son casos que muestran muy claramente este mecanismo, que castiga a indígenas para simular que se hace justicia”.
En los 20 casos, explicó Juan Pablo Nava, “la única prueba que presentaron las autoridades fue la confesión autoincriminatoria de los acusados, no hubo ninguna investigación, y en algunos casos, el Ministerio Público llegó a presentar testigos de los delitos, que terminaron reconociendo que los detenidos no eran los delincuentes verdaderos, y aún así, todos estos indígenas fueron declarados culpables, y han pasado, 10, 12, 15 años en la cárcel, injustamente”.
Alfredo
Alfredo Gómez López tiene en la actualidad 28 años, y aún cuando su edad lo ubica dentro del grupo de población “joven” del país, él se pone fuera de ese grupo. “A mí se me acabó la juventud en la cárcel”, explica.
Hace diez años, Alfredo salió de su casa, en una comunidad tzotzil aledaña a San Cristóbal de las Casas, con la intención de adquirir en dicha cabecera municipal un poco de fertilizante, para la parcela que cultivaba junto con sus padres.
“Somos gente humilde –explica Alfredo–, yo no tenía bronca, iba por mi fertilizando, y venía caminando yo, y entonces me abordan cuatro personas, y me suben a una camioneta, y me tapan mis ojos con una chamarra que traía yo, y me llevan a un lugar donde me dicen que yo me culpara, que haga yo cargo de todos los delitos que ellos me dan”.
En ese momento, explica Alfredo, él era un joven de 18 años que apenas comprendía el español, y entre golpes, detalla “sólo entendía que me decían que había yo matado, (el interrogador) me dio delincuencia organizada, y narcomenudeo, como seis o siete delitos, y me dijo ‘tú tienes que aceptar todo esto, porque tú lo has hecho”.
“Yo no entendía bien el castilla (el español), porque no tengo estudio, pero les dije que no he hecho nada, pero entonces todo fue a base de golpes y tortura, empiezan a golpearme en todo el cuerpo, me dio bolsa de nailon para asfixiarme, hasta dejarme desmayado de tanto golpe… me puso agua con una franela en la nariz… me dio Tehuacán con chile en la nariz igual, pero yo dije que no aceptaba los delitos que me daba, ¿cómo voy a aceptar algo que no hice? Entonces me dijo ‘ah, con esto vas a aceptar’, y fue ahí que me ponen corriente eléctrica en mis partes íntimas, en mis testículos.”
Semiconsciente, señala Alfredo, “sólo sentí que me agarraron la mano y me presionaron el pulgar contra unas hojas, estaba vendado yo de la vista, y me dijeron que no opusiera, que estaba firmando los papeles de mi libertad”.
Fue así como Alfredo terminó “confesando” su participación en un homicidio. Nunca hubo una orden de aprehensión en su contra porque, oficialmente, fue detenido in fraganti, luego de ser señalado por supuestos testigos del crimen.
Sin embargo, aclara Alfredo, “esos testigos nunca se presentaron, y los testigos que yo presenté, que vieron que yo estaba en mi casa, que no estaba en donde dicen que maté, a mis testigos no los aceptó el juez”.
Peor aún, lamenta, aún cuando en ese momento no dominaba el español, durante el juicio nunca contó con la asistencia de un intérprete.
El sistema
Las irregularidades jurídicas mediante las cuales se condenó a estos 20 presos indígenas, explicó el representante del Grupo de Trabajo No Están Sol@s, no se trata de situaciones aisladas o excepcionales, sino sistemáticas, “y la lucha es por todas las personas indígenas que actualmente saturan las cárceles de Chiapas, y que en su mayoría fueron incriminados sin pruebas, o como resultado de actos de corrupción”, en los cuales están involucrados todos los actores del proceso penal: desde el Ministerio Público hasta los jueces penales, pasando por abogados defensores y peritos.
En el caso de Alfredo, por ejemplo, el amparo mediante el cual finalmente obtuvo un auto de libertad absolutoria, diez años después de haber sido encarcelado, se logró luego de que los siete peritos que firmaron supuestos estudios científicos que comprobaban su culpabilidad terminaron retractándose de sus conclusiones.
La corrupción, sin embargo, tiene distintos rostros.
Eva María, mamá de Juan de la Cruz (preso desde hace 12 años) explica que la historia de su hijo es muy similar a la de Alfredo: fue detenido dentro de su vivienda, sin que se presentara orden de aprehensión, y sin que la autoridad contara con orden de cateo.
Se lo llevaron por la fuerza, por un homicidio cometido días antes, aunque formalmente la autoridad informó haberlo capturado in fraganti.
En contra de Juan también la única prueba aportada por las autoridades chiapanecas fue, igualmente, su confesión incriminatoria, extraída bajo tortura.
“Aquel día yo me encontraba enferma en mi casa –narra Eva María–, estaba yo muy mala de la columna, tenía dolores muy fuertes y no me podía levantar, y así llegó mi nuera, llorando, con mis dos nietecitas, para decirme que se habían metido a la casa para llevarse a Juan.”
La familia de este joven indígena tardó tres días en encontrarlo, aunque no por no buscarlo, sino porque las autoridades se tardaron tres días en presentarlo formalmente ante la agencia del Ministerio Público.
Esos tres días, Juan estuvo desaparecido y, finalmente, fue hallado inconsciente, en los separos del MP de San Cristóbal de las Casas.
“Se buscó abogado –explica Eva María–, y nos asignaron abogado de oficio, pero luego él nos dijo que estaba enfermo, y que el expediente lo iba a llevar otro abogado, pero resultó que ese otro abogado al que le dio nuestro caso era particular, y sólo nos sacó dinero, y nunca hizo nada.”
En total, lamenta Eva María, fueron cuatro los abogados que se fueron pasando el caso, todos extrayéndoles todo el dinero que podían, con engaños de lograr rápidamente la liberación de Juan, aunque ninguno promovió, en realidad, ninguna acción jurídica orientada a exhibir las irregularidades en el proceso.
Racismo
Esta práctica de inculpación de integrantes de comunidades indígenas, explicó Juan Pablo Nava, es resultado de un esquema de corrupción penitenciario permitido y fomentado por el gobierno estatal (entonces encabezado por Manuel Velasco, del Partido Verde), mediante el cual se compran y venden los favores del Sistema de Justicia en beneficio de aquellos que pueden pagar, “y como las poblaciones indígenas enfrentan pobreza extrema, pues son sus integrantes los que terminan colmando las cárceles del estado, no por ser culpables, sino porque no importa que sean inocentes”.
Para las autoridades chiapanecas, denunció, “los indígenas son sacrificables, son los que pueden cargar sentencias en vez de los verdaderos culpables, y esto es una clara forma de racismo”.
Facundo Ruiz, hermano de Marcelino, preso en el Cereso 10 de Comitán de Domínguez, narra lo sucedido hace apenas dos semanas, a finales de marzo, como ejemplo de esta política discriminatoria, aplicada por todas las autoridades.
“Hace un mes –explica Facundo–, cuando los compañeros presos iniciaron su huelga de hambre, la Secretaría de Gobierno (del Ejecutivo estatal) nos citó a una mesa de diálogo a las familias, y ahí los funcionarios nos dijeron que iban a revisar los expedientes de nuestros familiares”.
Una semana después, detalla, todas las familias fueron citadas nuevamente en Tuxtla Gutiérrez (capital de Chiapas) supuestamente para presentarles los primeros resultados de la supuesta revisión de los expedientes.
Sin embargo, al llegar las familias a la capital, luego de trasladarse desde distintos municipios indígenas del estado, se les informó que la reunión se cancelaba, porque todavía no revisaban los expedientes.
Molestos, apesadumbrados, los familiares aceptaron volver a sus localidades, en espera de una nueva convocatoria, que llegó una semana después, y al estar nuevamente (por tercera ocasión) en Tuxtla Gutiérrez, a principios de abril, “nos pasaron a una oficina, con varios funcionarios, y lo que nos dijeron es que no valía la pena explicarnos uno por uno lo que ocurría en cada caso, porque no íbamos a entender nada de lo que nos dijeran… no sijeron ‘ustedes no tienen estudio, no tienen conocimiento de leyes, para qué les expilcamos, no vale la pena’, y nos dijeron que nos fuéramos a nuestras casas”.
Efectivamente, subraya Facundo, “somos gente humilde, somos indígenas, no hablamos bien el español porque nuestra lengua madre es el tzotzil, pero sí entendemos, no somos tontos, y entendemos que la forma en la que nos tratan se llama racismo.”
–Luego de que inició la huelga de hambre de los presos, ¿las autoridades federales han mostrado algún interés en la situación que denuncian? –se pregunta a las familias.
–Hasta el momento no –explica Juan Pablo Nava–, y parte de nuestra exigencia es esa, que si el gobierno estatal de Manuel Velasco nos ignora, por racista, pues que el gobierno de López Obrador haga algo, no sólo por los 20 compañeros que están en protesta, sino por todos los indígenas que están injustamente presos en Chiapas. Pero no, tampoco el gobierno de López Obrador han mostrado ningún interés.
Este miércoles, 10 de abril, al conmemorarse el centenario del asesinato de Emiliano Zapata, líder emblemático de la Revolución Mexicana, que reivindicó los derechos de las comunidades campesinas e indígenas más marginadas de México, y que hoy sigue viéndose como símbolo de la lucha contra la desigualdad, también se cumplen 26 días de huelga de hambre de presos indígenas en tres penales de Chiapas.
Ellos son: Abraham y Germán López Montejo (privados de la libertad en el Cereso 14, de Cintalapa; Adrián Gómez Jiménez y Juan de la Cruz Ruiz (en el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas) y Marcelino Ruiz, Valdemar Gómez, Hipólito Jiménez Cruz y Juan Pérez Álvarez (en Cereso 10, de Comitán de Domínguez).
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2019/04/indigenas-presos-chiapas-huelga-hambre/