Así lo determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), máximo órgano fiscalizador en el país, al revisar la totalidad de la deuda pública interna de Baja California que alcanzó los 15 mil 177 millones 319 mil 700 pesos al cierre de 2017.
Los auditores, quienes tuvieron acceso total a la información financiera y presupuestaria de la administración estatal, no sólo encontraron que el Gobierno panista reportó como menor la deuda pública, sino que incurrió en otras prácticas irregulares como pagar 14 millones 600 mil pesos en exceso por concepto de intereses bancarios.
También detectaron desvíos de millones de pesos que fueron adquiridos a través de financiamientos bancarios, pero que el Gobierno estatal “fraccionó y dispersó en hasta seis cuentas bancarias que contenían otros recursos, de los cuales no se identificó su fuente de financiamiento local o federal”.
No fue la única operación de fragmentación de recursos que la administración estatal utilizó. El documento advierte que el Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid desarrolló un esquema para, de manera constante, contratar créditos a corto plazo sin la autorización del Congreso del Estado.
Lo anterior pese a que tan sólo en un año, el total de recursos obtenidos por esta vía fue casi el doble del valor de un crédito que requiere la aprobación de la mayoría de los diputados para ser adquirido por el Gobierno estatal.
A lo largo del informe de más de 150 páginas, publicado el 20 de febrero de 2019 como parte de la entrega reciente de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, se advierte de otros incumplimientos a disposiciones fiscales como la “falta de transparencia y rendición de cuentas” y la “discrecionalidad en la aplicación de los recursos públicos derivados de créditos de corto y largo plazos”.
El análisis de la ASF concluye que las consecuencias de los malos manejos financieros del actual Gobierno encabezado por Vega de Lamadrid pueden convertirse en una herencia para la administración que entrará en funciones el 1 de noviembre de este año.
“El limitado tiempo de acción que tiene el Gobierno de Baja California, los altos niveles de endeudamiento por las obligaciones a corto plazo, la restringida capacidad de pago, liquidez y suficiencia financiera y la relación deficitaria entre el ingreso y gasto, dificultan la obtención de resultados favorables al cierre de la administración”, señala.
De ahí la necesidad “que el Gobierno de Baja California implemente medidas financieras eficaces y extraordinarias que le permitan subsanar las finanzas debilitadas”.
AUDITORES DESCUBREN REPORTES FALSEADOS
Con la Ley de Disciplina Financiera, aprobada en 2016, la SHCP estableció un Sistema de Alertas basado a su vez en la información que entidades federativas y municipios registran sobre sus niveles de endeudamiento.
El modelo, instaurado en junio de 2017, establece que “si el endeudamiento del ente público se ubica en niveles en observación o elevados, enfrentará mayores restricciones con respecto a los posibles destinos de sus excedentes”, entre otras limitaciones.
Pues bien, en la Cuenta Pública 2017, el Gobierno del Estado de Baja California reportó una deuda pública de 11 mil 846 millones 300 mil pesos, pero cuando la ASF practicó la auditoría en la que se basa este reportaje, encontró que la deuda era en realidad de 12 mil 648 millones 500 mil pesos.
La diferencia es de 802 millones 300 mil pesos. De este monto, 784 millones corresponden a los saldos por pagar de dos créditos revolventes a largo plazo. El primero adquirido con Scotiabank por 300 millones de pesos, y el segundo, con Interacciones por un monto de 500 millones de pesos, adquiridos el 13 y 27 de agosto, respectivamente.
La administración estatal no registró estos montos como deuda pública, pero los auditores detectaron la anomalía al revisar el rubro de Documentos por Pagar a Largo Plazo”.
El documento de la ASF detalla que la justificación de personal de la administración estatal cuando les fue informado este hallazgo fue “que los recursos de estos créditos se utilizaron para cubrir insuficiencias de liquidez, por lo que los consideró de corto plazo”.
Una falsedad más: “La ASF verificó que éstos correspondieron a obligaciones constitutivas de deuda pública, destinados a inversión pública productiva que incluyó la autorización de estos créditos por la Legislatura Local, los contratos de financiamiento y la información revelada en el Registro Público Único de la SHCP, así como la normativa contable”, destaca el documento.
De los más de 800 millones de pesos, 11 millones 600 mil pesos corresponden a las liquidaciones de capital de diciembre de 2017 que el Gobierno del Estado reportó como liquidadas al cierre del ejercicio 2017, pero que la ASF encontró se pagaron hasta enero de 2018.
Además, se detectó un crédito suscrito con Banobras por 6.5 millones de pesos bajo el esquema de Bono Cupón Cero, “que no reconoció y fue dispuesto en diciembre de 2017”.
Por último, 100 mil pesos no registrados estaban destinados como pago de un crédito obtenido con Santander, pero se trataba de “un importe mayor en la amortización en el mes de diciembre al efectivamente pagado”.
“ERRORES Y OMISIONES”
La auditoría que se practicó a la deuda pública interna de Baja California es una de las más extensas que realizó el órgano fiscalizador. Revisó la totalidad de este rubro, 15 mil 177 millones 319 mil 700 pesos, para ser exactos.
De esa cantidad, 12 mil 648 millones 569 mil 700 pesos corresponden a la deuda pública como se le conoce, y los 2 mil 528 millones 750 mil pesos restantes, a otras obligaciones de pago como las Asociaciones Público Privadas (APP).
Los casi 13 mil millones de pesos en deuda pública, contable hasta el 31 de diciembre de 2017, corresponden a 23 contratos de crédito con siete instituciones financieras.
El objetivo de esta revisión, según se establece en el documento, fue de fiscalizar “el proceso de contratación de financiamiento, pasivos con proveedores y contratistas, la reestructura y refinanciamiento, la autorización y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, los convenios al respecto, en su caso, y la revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria y financiera”.
Tras revisar estos rubros, la ASF determinó recuperaciones probables por 4 mil 649 millones 949 mil 859 pesos, monto que representa los fondos presuntamente desviados -de ahí que no hayan sido localizados por personal de la Auditoría-, así como pagos en demasía y recursos que no fueron aplicados como lo establece la Ley.
Por este motivo, la ASF concluyó con nueve observaciones que generaron quince recomendaciones, once promociones de responsabilidad administrativa y siete pliegos de observaciones.
Una de las principales anomalías en el manejo de recursos relacionados con la deuda pública, destaca el pago de intereses que efectúo el Estado por 14 millones 600 mil pesos más de los requeridos en créditos a largo plazo, obtenidos con Santander, BBVA Bancomer, Scotiabanky Banamex.
Esto significa que la administración devengó 14 millones 600 mil pesos en intereses que no debió destinar a ello, “por lo que el Gobierno del estado deberá gestionar ante las instituciones financieras la devolución de los intereses pagados en demasía”, establece la ASF.
En lo referente a los intereses generados por créditos quirografarios (que no cuentan con garantía de pago específica), en diciembre de 2017, la administración panista registró varias transacciones por un total de 331 millones 800 mil, cuando en realidad estos intereses fueron por 204 millones 400 mil pesos, una diferencia de 127 millones 400 mil pesos.
En cuanto al pago de honorarios por servicios financieros, bancarios y comerciales integrales, “se verificó que los 5 millones 300 mil pesos registrados fueron menores en un millón 100 mil pesos a los verificados por la ASF de 6 millones 400 mil pesos”, detalla el documento.
Lo anterior porque el Gobierno estatal no registró 900 mil pesos de los honorarios fiduciarios de Scotiabank y reveló un importe menor en 200 mil pesos de los correspondientes a Santander.
Por otra parte, “el Gobierno del Estado no registró la totalidad de los gastos asociados a la deuda pública, en virtud de que se identificaron servicios proporcionados en 2017 por las empresas calificadores Fitch Ratings, la cual calificó al Gobierno del Estado por el periodo de septiembre de 2017 a septiembre de 2018, y a nueve créditos en octubre de 2017 y HR Ratings, el cual calificó en diciembre de 2017 al Gobierno del Estado y al crédito bancario obtenido con Banorte”.
La auditoría también arrojó que la administración estatal no registró el gasto por 11 millones 500 mil pesos de la prima pagada en 2017 por contratación de un instrumento con BBVA Bancomer.
CRÉDITOS POR SALDAR, MÁS SEÑALES DE ALERTA PARA EL ACTUAL Y PRÓXIMO GOBIERNO
Entre sus descubrimientos, la ASF reportó dependencia presupuestaria de las participaciones recibidas del Gobierno Federal y una limitada recaudación fiscal local que representa el 10.4 por ciento del total de los ingresos de 2017.
Además, el Gobierno del Estado mostró “falta de suficiencia financiera, limitada capacidad de pago, liquidez y flexibilidad presupuestaria que conllevó a resultados deficitarios”.
Respecto a los créditos quirografarios de corto plazo, la ASF exhibe “uso elevado, recurrente y creciente”, los cuales afectaron las calificaciones crediticias de 2017 asignadas respecto a 2016.
Ello “impactó de manera negativa en la obtención de créditos con mejores tasas de interés y en el incremento del servicio de la deuda pública”.
Sobre los créditos a corto plazo, la ASF encontró la contratación de ocho créditos de este tipo con los bancos HSBC e Interacciones por 4 mil 535 millones de pesos para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, sin autorización de la Legislatura local.
Sin embargo, la Ley establece que cuando el monto del crédito contratado supere el 6 por ciento de los ingresos totales del Gobierno estatal, que corresponde a 2 mil 682 millones de pesos, sí se debe contar con autorización del Congreso.
“Se verificó que el Estado, para poder disponer de los recursos obtenidos de los créditos y no rebasar el 6 por ciento señalado, utilizaba los recursos de los créditos o de otras fuentes para pagar los créditos que se vencían, y con ello poder disponer de los nuevos créditos de manera inmediata y compensar los recursos utilizados”, se lee en el documento.
Un ejemplo de lo anterior, lo comprobaron auditores al revisar un saldo que en 2016 se encontraba en 2 mil 645 millones 880 mil pesos que en un año sólo disminuyó en 117 millones 100 mil pesos.
“La liquidación de estos créditos constituye riesgos en las finanzas públicas presentes y futuras del Gobierno del Estado”, ya que los créditos a corto plazo deben ser liquidados tres meses antes del cambio de administración estatal, lo cual significa que, para agosto, se deben dejar saldados.
Otros factores que tienen a las finanzas de Baja California en riesgo, son la falta de capacidad de pago, el ritmo de crecimiento de los egresos mayor al de los ingresos, así como las presiones en las finanzas públicas por el pago de pensiones y jubilaciones.
La auditoría practicada a las finanzas de Baja California es una de las más extensas que la ASF realizó para el ejercicio fiscal 2017, se compone de más de 150 páginas y, aunque durante el tiempo que se practicó, a la administración estatal se le notificaron de los plazos para presentar aclaraciones, no solventó lo aquí expuesto.
No obstante, el órgano otorga un plazo de treinta días hábiles a partir de que notifique al ente los resultados de la auditoría, para realizar “las consideraciones que estime pertinentes”. Los cuales comenzaron a contar desde el 20 de febrero de 2019, día en que se publicó la auditoría en la cual se basa el presente análisis.
FUENTE: SIN EMBARGO/SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN/INÉS GARCÍA RAMOS.
LINK: https://www.sinembargo.mx/05-03-2019/3545983