La primera iniciativa consiste en una recopilación de documentos digitalizados sobre los movimientos sociales, presupuestada en su totalidad en 37 millones de pesos –a la que el organismo destinó 3 millones– y la segunda, una intervención artística de Yael Bartana, en el patio del CCUT, con un costo de 3 millones de pesos, monto cubierto en su totalidad por la CEAV.
De acuerdo con el documento, disponible en la página de internet de la CEAV, el proyecto se le presentó a Rochín en febrero, en marzo formalizó el cofinanciamiento y el 25 de mayo se emitió la resolución con el objetivo de “abonar al derecho a la verdad, pero también contribuir a que los procesos de justicia continúen, sentando las bases para generar la participación de las víctimas”.
“No estamos diciendo nada novedoso simplemente como un órgano del Estado mexicano, estamos reconociendo hechos conocidos por toda la sociedad que incluso se encuentran en los libros de texto”, advierte Rochín tras señalar que la CEAV tiene un registro de entre 70 a 80 víctimas del movimiento estudiantil, que sumadas a las 450 de la “guerra sucia”, y las indirectas, alcanzan unas mil de ese periodo.
Si bien en el texto del documento no hay referencia a reuniones o consultas con víctimas, Rochín asegura que fue producto de “conversaciones muy intensas”, con grupos que pedían “una disculpa pública del más alto nivel” de los tres poderes de la Unión, o que se incluya el nombre de los agraviados de 1968 en el memorial que tiene la CEAV a un costado del Campo Marte.
El comisionado presidente, quien dice que desde que llegó a la CEAV, en 2014 –primero como parte de un órgano colegiado–, buscó que se reconocieran los abusos cometidos contra el movimiento estudiantil, agrega que cuando era candidato para presidir el organismo en 2017, tras la reforma a la Ley General de Víctimas, se comprometió ante el Senado a atender a las de 1968 y a las de la “guerra sucia”.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: GLORIA LETICIA DIAZ