Esta posibilidad se basa en tres razones: el rebase de topes de gastos de campaña de la aspirante de Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso Hidalgo; por inequidad en la cobertura de los medios de comunicación, y por una larga lista de irregularidades y agresiones antes y durante la votación, que incluyen homicidios, robo de urnas, al menos 10 balaceras en las casillas, compra de sufragios y golpes a funcionarios de casillas de la coalición Juntos Haremos Historia.
En el recurso de inconformidad presentado por el candidato de esta última coalición, Miguel Barbosa Huerta, ante los magistrados del tribunal electoral de Puebla, uno de los principales elementos para solicitar la anulación electoral de los comicios a gobernador es la existencia “de un laboratorio de la coalición Por Puebla al Frente para manipular y falsificar material electoral”.
En el alegato de 169 cuartillas, cuya copia obtuvo Proceso, se presenta como prueba el acta notarial número 53,069 de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) sobre los hechos ocurridos el 3 de julio en el hotel MM de Puebla, en donde se descubrió el presunto “laboratorio que operaba desde antes del día de la jornada electoral”.
La impugnación ante el tribunal electoral relata: “En el lugar se encontraron sábanas con resultados marcados. De lo narrado en los videos se asegura que esas actas llegaron al Instituto Electoral del Estado para ser contabilizadas. En el interior del hotel se encontraban cerca de 50 personas llenando actas.
“Asimismo, en el lugar se encontró papelería electoral, como actas, boletas, listas de secciones y computadoras con registros de contabilización de votos. Por ello, ciudadanos y ciudadanas reunidos afuera del hotel solicitaron la presencia de la FEPADE; en el lugar ya se encontraba personal de la Fiscalía Estatal, Policía Estatal y Policía Municipal.”
Se agregan como pruebas documentales 18 videos que muestran “los hechos del laboratorio de manipulación de los resultados electorales de la jornada electoral con relación a la elección de gobernador”.
El alegato de Barbosa incluye también una copia del comunicado del presidente municipal de Cuetzalan del Progreso, Óscar Paula Chávez, en el que admite haber otorgado apoyo al Partido Acción Nacional para el traslado de documentación.
Los abogados del aspirante a gobernador de Morena le solicitan al tribunal electoral que el alcalde Paula Chávez “informe a esa autoridad jurisdiccional cuál es la disposición legal a la que hace referencia en el escrito que se exhibe como prueba, los recursos materiales y humanos que empleó en el apoyo que se refiere”.
La lista de más de 20 actos de violencia documentados en la impugnación de Barbosa Huerta incluye varias notas periodísticas, videos y de portales informativos donde se denunciaron descargas de despensas en la colonia el Refugio, homicidios, robo de urnas y 10 balaceras en la jornada electoral, las agresiones en la Junta Auxiliar de Acolihuia, Chignahuapan, en la Sierra Norte de Puebla y en San Andrés Cholula, así como la volcadura de una camioneta del Ministerio Público estatal con boletas.
Entre los lugares donde se registraron al menos 10 balaceras y el robo de urnas –mismos que se transmitieron en vivo en las redes sociales, especialmente en Facebook– está un colegio particular en San Sebastián Aparicio, de donde se sustrajeron nueve. Sucedió lo mismo en la casa de campaña de Guillermo Aréchiga, candidato de Juntos Haremos Historia, en otra casilla de Loma Bella, en Bosque de San Sebastián y en la colonia Amor.
Múltiples anomalías
La primera parte de la impugnación relata las irregularidades en el conteo distrital, que violan el “principio de certeza”, considerado como “el eje rector de los procesos electorales, cuyo cumplimiento es imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía”.
En la sesión del cómputo distrital “se observó un comportamiento atípico en los votos que originalmente se habían asignado en las actas de escrutinio y cómputo y los que se obtuvieron como resultado de las diligencias de recuento en casillas específicas, pues, conforme a las cantidades que se asentaron originalmente, y que fueron capturadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se observó una variación sustancial de votos, después de haber realizado un nuevo escrutinio y cómputo en casillas”.
Esta “variación sustancial” fue resultado de la apertura de casillas específicas y representa “un hecho atípico que rompió con la certeza del contenido del resto de actas”.
El número de votos nulos que arrojaron los cómputos distritales fueron superiores a la diferencia que existe entre la candidata Martha Erika Alonso Hidalgo, del PAN-PRD-MC, y Miguel Barbosa, de Morena-PT-PES. La esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle registró una ventaja de 120 mil 641 votos frente a Barbosa (4.1 puntos de diferencia) para sumar un total de 1 millón 152 mil 978 sufragios frente a 1 millón 30 mil 924 sufragios del morenista. Sin embargo, los votos nulos ascendieron a 128 mil 535.
“Es decir, que el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre los que ocupan primero y segundo lugares. Por consiguiente, existen motivos suficientes para realizar un nuevo cómputo de la elección a gobernador”, afirma la impugnación de Barbosa.
El otro alegato es el presunto rebase de topes de gastos de campaña, que se convierte en una de las causales de nulidad de la elección, ya que el artículo 41 constitucional establece esta posibilidad si la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor a 5% y si se exceden los gastos en 5% del tope autorizado, además de si se recibieron o usaron recursos de procedencia ilícita o públicos en las campañas.
Hasta el martes 17 de junio, el equipo de campaña de Martha Erika Alonso reportó un gasto de sólo 18 millones 43 mil pesos, “lo que hace presumir y genera el indicio de que, al día de la presentación de esta queja, la candidata denunciada había rebasado el tope de gastos de campaña aprobado por el Instituto Electoral Estatal”.
El equipo jurídico de Barbosa, encabezado por el extitular de la FEPADE, Santiago Nieto, argumenta que en la campaña de Alonso existen “grandes cantidades de recursos no reportados”, que ascienden a más de 54 millones de pesos, “sin contabilizar los gastos de campaña anticipada realizados de manera conjunta con el candidato a presidente de la República Ricardo Anaya los días del 6 al 8 de abril de 2018, así como la adquisición de tiempo en radio y televisión, administrada por el INE”.
La cifra de 54.3 millones de pesos gastados por Alonso derivó de recopilar “evidencia audiovisual”, donde se estima que el costo de 140 eventos realizados por la candidata de Por Puebla al Frente, así como lo invertido en la plataforma de Facebook, suponen un total equivalente a esa cantidad.
“Es evidente que el tope de gastos de campaña asignado a la candidata y a la coalición supera por una cantidad exorbitante de dinero lo que fue reportado por ella”; es decir, sólo 18 millones de pesos.
En el caso de los medios de comunicación, también se alega que existió un “uso indebido de la pauta de radio y televisión” porque la esposa de Moreno Valle fue favorecida con la mayoría de los espots, cuando éstos debían destinarse a 26 elecciones a diputados locales y todos los municipios del estado.
Además, “es un hecho evidente, y acreditado con el monitoreo oficial de medios de comunicación elaborado por el Instituto Electoral del Estado de Puebla, que los medios difundieron de manera excesiva y sesgada información y notas a favor de la coalición Por Puebla al Frente” y en contra de Barbosa.
La información oficial del Instituto Electoral del Estado de Puebla es bastante pobre en materia de monitoreo. Su último “informe parcial” –que abarcó del 31 de mayo al 3 de junio– sólo refirió de manera escueta que se registraron 6 mil 127 menciones a los candidatos de las coaliciones en 101 medios estatales monitoreados, pero no señala ningún porcentaje de cobertura para los candidatos a gobernador.
Demanda ante la PGR
De forma simultánea al recurso de inconformidad para pedir la anulación de las elecciones a gobernador, el dirigente local de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, presentó una denuncia de hechos por la sustracción de las boletas y las urnas que se encontraron en el hotel de Puebla, pero también en la camioneta con placas P12-AJX, que presumiblemente fueron sustraídas de una o más casillas.
Las características de la camioneta corresponden a las que en algún momento fueron utilizadas por la Fiscalía General del Estado, “con la finalidad de que dichas urnas, así como las boletas que se encontraban en su interior, sufrieran una afectación en cuanto al cauce legal para el que fueron diseñadas”.
La denuncia acusa a dos personas que presumiblemente actuaron para “interferir en las votaciones, además de obstaculizar el ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales, puesto que se llevaron consigo las urnas que eran utilizadas para recibir los votos de los ciudadanos poblanos”.
Biestro Medinilla solicitó a través de esta denuncia, presentada el lunes 2, que se abra una investigación por violaciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Este reportaje se publicó el 15 de julio de 2018 en la edición 2176 de la revista Proceso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: https://www.proceso.com.mx/543398/puebla-legalidad-electoral-en-vilo