Al confirmarse el descuento ilegal a los trabajadores de Chihuahua para destinarlo a aportaciones del gobierno de esa entidad al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 14.6 millones de pesos durante 2015, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una multa por 36 millones de pesos contra el referido partido. En las indagatorias del organismo se corroboró que el ejecutivo estatal hacía aportaciones en efectivo que eran recibidas por el PRI, que entregaba recibos de la secretaría de Finanzas.
Posteriormente eran cobrados por personal de la secretaria de Hacienda del gobierno de Chihuahua, que realizaba la aportación en efectivo al PRI estatal cuyo secretario de Finanzas, Pedro Mauri Romero Chávez, expedía recibos. Es decir, dijo Murayama, existe claridad del desvío ilegal de recursos públicos por parte de la dependencia y del destino final de los mismos admitidos también de forma irregular en tratándose de un ente prohibido para financiar a los partidos políticos.
En su oportunidad, el consejero Marco Antonio Baños mencionó que también queda acreditado que el PRI nunca hizo un deslinde claro de este “modus operandi” y de la recepción de los recursos en un hecho inadmisible. En consecuencia, se concretaron aportaciones prohibidas al PRI.
Conforme al dictamen aprobado, el gobierno de Chihuahua incurrió en una triangulación financiera que incluía al Servicio Panamericano de Protección, empresa que recibía los recursos y los trasladaba al PRI, como presuntas aportaciones voluntarias de los trabajadores.
“Se logró establecer que los recursos depositados a la cuenta de Serpaprosa –como concepto de compensaciones a trabajadores– para el efecto de cambiar los cheques y reintegrar el recurso en efectivo a funcionarios de la Secretaría de Hacienda de la entidad, para su posterior entrega al C. Pedro Mauli Romero Chávez, en su calidad de secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua”, señala el dictamen aprobado.
Murayama destacó que llegar al gobierno no implica considerar a los servidores públicos como militancia de un partido y utilizarlos como base partidista. Es necesario eliminar esta concepción que se tienen del carácter de funcionarios.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: ALONSO URRUTIA